Ejemplos de predominio de los negocios inmobiliarios en la provincia Buenos Aires:
1)16/05/2011
EL PARQUE PEREYRA AMENAZADO POR UNA AUTOPISTA
La Unión de Trabajadores de la Tierra en defensa de la vida y el territorio
Tras cortar el Camino Centenario durante la tarde del domingo, la Unión de Trabajadores de la Tierra del Parque Pereyra resolvió convocarse junto a otras organizaciones sociales del lugar para una nueva protesta el domingo 29 en la Autopista Buenos Aires - La Plata, en defensa del Parque, principal pulmón verde entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata.
La autopista Presidente Perón, proyecto impulsado por el ejecutivo nacional, se propone unir Vicente Lopez con el Puerto de Ensenada. La traza 4 de dicha autopista partiría el Parque Pereyra en 2, por lo que una asamblea vecinal presentó en el 2010 un recurso de amparo y realizó diversas medidas de lucha, logrando que se solicite un estudio ambiental antes de avanzar con las obras en la zona.
2)Avellaneda: Scioli puso en marcha el cuestionado proyecto Nueva Costa del Plata, de Techint
El Gobernador y el intendente Ferraresi firmaron la convalidación provincial del proyecto inmobiliario que impulsa la multinacional Techint y que es muy cuestionado por vecinos de las zonas costeras del Río de La Plata. Estuvo presente el Ministro de Desarrollo Social, Álvarez de Olivera.
El acto central, con el emplazamiento simbólico de la piedra fundamental, se realizó a las 9.30 en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en la salida kilómetro 9, acceso a las oficinas del Ceamse, en Wilde.
El emprendimiento que fue duramente resistido por vecinos y organizaciones ambientalistas, propone el desarrollo de una zona urbana costera con equipamiento residencial, comunitario, educativo y comercial.
Además de Avellaneda, el proyecto abarcará la zona costera de Quilmes, donde se concentrará la mayor densidad de edificios, mientras que en Avellaneda habrá más espacios verdes.
La convalidación le sirve a Techint para comenzar en breve con el megaemprendimiento, y en este caso, también con el establecimiento de una de las sedes de la recientemente inaugurada Universidad Nacional de Avellaneda.
Scioli llegó acompañado del Secretario de Desarrollo Social provincial y ex Intendente de Avellaneda Baldomero "Cacho" Alvarez de Olivera. Estuvo presente además el actual Jefe Comunal Jorge Ferraresi y los presidentes de los clubes Independiente y Racing, además de otros funcionarios provinciales y locales.
Para el inicio de obras en la fase quilmeña, aún falta que sea convalidada la rezonificación del sector costero, algo que probablemente sucederá a partir del año que viene. No obstante, sigue vigente la resistencia ambientalista al proyecto en ese distrito.
En total, serán cerca de 232 hectáreas destinadas a este mega-proyecto, con una inversión que supera los 50 millones de dólares. La urbanización será monumental, sólo comparada con la zona de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires.
Además, Scioli anunció que en 3 años estaría finalizada la Universidad de Avellaneda, prioridad dentro del proyecto. El Intendente Ferraresi elogió a Álvarez de Olivera ya que en su gestión comenzó el ambicioso proyecto
http://www.lanoticia1.com/noticia/avellaneda-scioli-puso-en-marcha-el-cuestionado-proyecto-nueva-costa-del-plata-de-techint-1121010565.html 07-12-2010
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Sábado 05 de Marzo de 2011
(Ambiente Sur) Mientras varios medios anunciaron el relleno iniciado o inminente de terrenos costeros en el Partido de Avellaneda por parte de la multinacional Techint, la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental no tiene conocimiento de esta actividad, y aclara que Techint “no ha presentado los estudios de impacto ambiental del proyecto Nueva Costa del Plata”. Por lo tanto cualquier relleno o limpieza de vegetación es ilegal para la Provincia.
El ingeniero Federico Jarsún, Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, explicó hoy jueves 3 de marzo a Ambiente Sur que lo que Techint ha presentado es una “línea de base” ambiental. Esto es una descripción ambiental del área. No ha presentado los estudios de impacto ambiental que son necesarios para la aprobación del proyecto y las obras.
Finalmente queda así ratificado desde el organismo de evaluación ambiental de la Provincia lo que las organizaciones de la comunidad han venido diciendo desde el primer momento sobre el llamado “Proyecto Techint”. Lamentablemente, el Gobernador Scioli ha cometido el error grosero de rezonificar por decreto en diciembre los terrenos en cuestión correspondientes a Avellaneda, lo cual entorpece el proceso de protección de estos valiosos humedales costeros.
Al firmar un cambio de uso del suelo en esta zona sin haber realizado previamente el ordenamiento territorial de los bosques provinciales, el Gobernador incumplió la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, un aspecto que la Asociación Civil Ambiente Sur estará analizando legalmente en los próximos días. De hecho, el expediente iniciado por Ambiente Sur en agosto, a raíz de la protección que la Ley 26.331 asegura al área, no ha sido resuelto en la Provincia. Es más, hasta el momento los dictámenes en el expediente de los organismos intermedios provinciales son todos ellos favorables a la protección del área a través de una figura legal provincial. Para la Dirección de Recursos Naturales, por ejemplo, “el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley Marco Ambiental 11.723 en especial sus artículos 5, 7 y 9 así como la Ordenanza Municipal 9348/02 del Partido de Quilmes, brindan argumentos suficientes para convalidar el pedido obrante en fojas 1 a 3 de la Asociación Civil Ambiente Sur, por lo que el organismo competente debería abstenerse de autorizar la rezonificación a uso urbano de los terrenos ribereños de bosques y humedales localizados en los partidos de Avellaneda y Quilmes”. Con conceptos casi idénticos se pronunciaron otras dependencias de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible.
Ing. Ftal. Jorge Trevin (Secretario) y Dra. Silvia Mozeris (Presidente ) de la Asociación Civil Ambiente Sur
3)Los perjuicios del Vial Costero
El proyecto privilegia el desarrollo inmobiliario en una zona muy sensible de Vicente López. Está inserto en el único ambiente natural del partido, tiene serias fallas de conectividad e incrementará la contaminación.
Por Victor Bardeci. Agrupacion vecinos de Vicente López
Desde la Agrupación de Vecinos de Vicente López, entidad cívica no partidaria de la cual formo parte, nos oponemos a la concreción del llamado proyecto del Vial Costero, producto de una política implementada por las autoridades municipales que privilegia el desarrollo inmobiliario en un área muy sensible del partido. El proyecto, que va desde Av. General Paz hasta la calle Paraná, se alinea con las ideas nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que luego de algunas modificaciones formó parte del Esquema Director Urbano del 2006. Este código propone incrementar alturas, usos y densidades, creando así demandas de equipamiento que la zona no está en condiciones de satisfacer. De este modo, las autoridades entran en contradicción con sus propios actos anteriores, que disponían que la costa de Vicente López tenía como destino ser un espacio verde público para la recreación de los vecinos, toda vez que el Gobierno Municipal, a través de los años, mostró al Parque de la Costa como un logro de primer orden de su gestión e invirtió importantes sumas de dinero para su concreción. A pesar de eso, en la actualidad nuestro municipio es el que cuenta con menos espacios verdes del área metropolitana: no llega a 1 m2 por habitante, cuando las recomendaciones nacionales e internacionales sugieren entre 10 y 15 m2/h. El Vial Costero está inserto en el único ambiente natural que posee el partido y satisface necesidades regionales de zonas de esparcimiento. Altera profundamente este espacio al introducir una masa de unos 2.000 vehículos en circulación constante en horas pico, con la consiguiente polución sonora y atmosférica.
1)Vialidad Nacional intentó destrabar el conflicto subdividiendo el tramo 4 para evitar el recurso de amparo, pero esa modificación no aleja la Autopista del parque donde residen, desde hace 50 años, vecinos, quinteros y pequeños productores organizados. Esta semana, el juez Armella autorizó el inicio de las obras, y la reacciòn popular se hizo notar a través de un corte de ruta en el Camino Centenario y Santa Rosa, en Villa Elisa, una de las principales vías que unen la Capital Federal con la Ciudad de La Plata.
"Detrás del apuro por empezar ya mismo con la construcción de la Autopista sin escuchar el reclamo de los vecinos y los habitantes del Parque, se esconden negociados inmobiliarios y políticos", explican desde la Unión de Trabajadores de la Tierra. "Una autopista que corte
el Parque sería el argumento ideal para que desembarquen proyectos de construcción de Countries como sucedió en la zona norte o en Ezeiza, y eso desplazaría a los pequeños productores y destruiria el parque que el pulmón verde más importante de la zona al sur del conurbano", agregan.
Para el domingo 29 de mayo se proponen realizar una lucha aún más contundente convocando a otras organizaciones, asambleas vecinales y vecinos autoconvocados de Villa Elisa, cortando la Autopista Buenos Aires - La Plata.
Para informarse o solidarizarse,
la Unión de Trabajadores de la Tierra difunde el mail coopereyra@gmail.com, o el
celular de uno de sus integrantes, Ariel: 0221-15-5434035
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/05/16/p6461
2)TECHINT y Nueva Costa del Plata: La Costa y la Plata como Costo
03/01/09 Por Jorge Trevin
Los gobiernos municipales de Avellaneda y Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, tratan de presentar la urbanización de sus últimas áreas verdes como una mejora. En Avellaneda hasta se la expone como la única posibilidad para acceder a la Costa. Es difícil, sin embargo, entender cómo para acceder a algo habría que regalarlo o destruirlo. O explicar cómo es que quienes apoyados en las acciones y la complicidad del Estado nos prohibieron y nos prohíben ese acceso son ahora, para el mismo Estado, la solución necesaria.
Había una vez una Costa
Había una vez una Costa que satisfacía en gran medida las necesidades de recreación de una población creciente. Las playas y las quintas eran los grandes espacios verdes del sur del Gran Buenos Aires, y recibían a miles de pobladores de Avellaneda, Quilmes y otras localidades. En algún momento, alrededor de los años sesenta, se hizo evidente la necesidad de una planificación e infraestructura que nunca llegó.
Hacia fines de los setenta los militares de la Dictadura crearon el CEAMSE, asignándole poderes casi gubernamentales de manejo y administración de territorio. Los objetivos eran un delirio, básicamente una supuesta mejora ambiental a través del relleno con basura de terrenos bajos e inundables. Una metodología considerada obsoleta y dañina hasta en los mismos manuales sobre relleno sanitario, que ya en aquellos años proponían evitar esos ambientes naturales. Sobre el relleno y los desperdicios vendría la planificación y el uso de un “nuevo” territorio.
Las contradicciones técnicas o científicas, es sabido, nunca fueron impedimento para sumar socios cuando hay mucho dinero de por medio. Por lo mismo, probablemente, CEAMSE encontró por aquellos días a TECHINT, y se formó una pareja que habría de costarle mucho a mucha gente, y particularmente a la gente de Avellaneda y Quilmes.
Tierra a cambio de incumplimiento
CEAMSE y TECHINT firmaron el 11 de octubre de 1978 un contrato “para la recuperación, forestación y urbanización en la zona costera del Río de la Plata, incluyendo las tareas de forestación”. Al día siguiente el presidente de CEAMSE, Guillermo Laura, le decía a La Prensa, “Durante veinte años, que es el plazo de la contratación, le entregamos al contratista los residuos de la ciudad, y al cabo de ese tiempo, mil quinientas hectáreas de bosques deberán ser asignadas a Cinturón Ecológico para ser destinadas a recreación pública”.
En septiembre de 1998, en cumplimiento de ese contrato, TECHINT debía entregar a CEAMSE más de mil hectáreas forestadas e incorporadas en una compleja red de infraestructura vial, comunitaria y deportiva, con caminos con pavimentos flexibles asfálticos, iluminados, locales de guardabosques, un club náutico con todas sus instalaciones, dos cementerios parque de veinte hectáreas, y una larga lista de instalaciones deportivas, campo de golf, canchas de fútbol, rugby, tenis, básquet y otros deportes.
Alrededor de 1993, muy cerca de la fecha de entrega, y con tres cuartas partes del periodo contractual ya concluido, CEAMSE y TECHINT comenzaron una serie de modificaciones del contrato que permitieron la desviación total y el abandono de los objetivos originales. La excusa fue el inicio de la “expansión vertical”, un eufemismo para denominar a las montañas de basura de más de veinte metros de altura. Las modificaciones terminaron eliminando prácticamente todas las obligaciones del contratista que fueran más allá del simple enterramiento de basura.
La costosa infraestructura que debía entregar TECHINT en 1998 ya había sido en parte pagada con las tarifas de la basura, que comenzó a cobrar con el primer camión recibido en 1978. El contrato original fijaba que el contratista debía recibir “COMO TOTAL Y ÚNICA RETRIBUCIÓN las tarifas y el tercio de la tierra RECUPERADA en los montos, forma y plazos establecidos en la documentación contractual” (Cláusula primera del Contrato, ratificado en puntos 1.1.1 y 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones que es parte del Contrato). Es inexplicable entonces cómo TECHINT terminó recibiendo la mayor parte de un área costera no rellenada del orden de las 300 hectáreas. Esto es doblemente insólito. Por un lado, porque el pago en tierras estaba relacionado en el Contrato original al cumplimiento de las obligaciones de construcción de infraestructura ya mencionados, obligaciones que le fueron lavadas. Y por otro lado, porque es claro en el Contrato que la “recuperación” sólo se preveía a través del relleno. Esto está claro en los puntos 1.7 y 1.7.1 del Pliego, en los cuales el concepto de “superficie a rellenar” se equipara inequívocamente con el concepto de “área dentro del cual el Contratista llevará a cabo su trabajo”, y vuelve a ratificarse en los puntos 3.3.1 y 3.3.2.
Como si esto fuera poco, una vez que se decidió eliminar las obligaciones contractuales mencionadas, reconocer como recuperadas tierras que no lo fueron, seguir adelante con el pago con tierras, e incluir en el mismo aquellas que no debían ser transferidas, los directores de CEAMSE entendieron, además, que a SYUSA, la compañía de TECHINT a cargo del relleno, le correspondería en pago MÁS DE UN TERCIO de las tierras “recuperadas”, en oposición a lo previsto en varios instrumentos legales, que incluyen el Contrato en varios puntos, el Acta de Constitución de CEAMSE, el Convenio del 6 de mayo de 1977, la Ley provincial 8.981, la Ordenanza de la Ciudad de Buenos Aires 33.691, y hasta un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 3.457 de 1977. A tal fin, CEAMSE inventa en abril de 1993 el concepto de “hectárea recuperada equivalente”. El concepto es asombroso, como es también asombroso que se exprese como hectáreas computadas como “área f” (forestada). ES SABIDO QUE TECHINT NO FORESTÓ NINGUNA HECTÁREA. La “hectárea recuperada equivalente” surge de relacionar el tonelaje de basura dispuesto por hectárea en la nueva modalidad (montañas) con el tonelaje originalmente previsto, que era mucho menor.
Está claro que de haberse, por algún mecanismo, instrumento o negociación, “blanqueado” en lo pretendidamente formal tal abrupta redefinición del pago total correspondiente a SYUSA y TECHINT, esa tarea no pudo haberse realizado sino a costa de un perjuicio evidente a los intereses de la sociedad, el Estado y el mismo CEAMSE por parte de quienes fueron designados precisamente para defender y proteger dichos intereses.
¿Termina aquí la crónica de la administración nefasta de nuestros intereses y por la cual estamos hablando hoy del negocio inmobiliario de TECHINT en nuestra Costa? Lamentablemente no. El festival de beneficios para TECHINT que representaron los cambios contractuales resultó en la incapacidad de CEAMSE de disponer de una cantidad suficiente de tierra no rellenada, o sea, no destruida por TECHINT, para entregarle a TECHINT. Por un acuerdo del 23 de abril de 1993, sin embargo, las partes “solucionan” el problema acordando la entrega adicional de más de cien hectáreas rellenadas con residuos. Pero deciden “compensar” a TECHINT por el “sacrificio” entregando 1,2 hectáreas rellenadas con residuos por cada hectárea devengada. Asombroso. Primero se viola la obligación de entregar a TECHINT únicamente tierra rellenada (y otras obligaciones más). Y cuando luego se encuentra que no existe suficiente superficie de tierra no rellenada para entregar, no se tiene más remedio que entregar algo de tierra rellenada (la única que debió haberse entregado, si es que el pago hubiera sido procedente). Y se decide bonificar a TECHINT por este “sacrificio”.
Tierra a cambio de contaminación
Como hubiera sido fácilmente anticipable, la estrategia técnica y ambientalmente errónea del relleno de humedales con basura, más la relación simbiótica entre CEAMSE y TECHINT, más las condiciones de Dictadura existentes en los críticos primeros años, más el engendro institucional que conformaba y aún conforma la CEAMSE, que se asume ya sea como el propio Estado o como una sociedad regida por el derecho privado, según y cuándo le convenga, todo ello tenía que resultar irremediablemente en un desastre ambiental de proporciones gigantescas. Y eso es lo que efectivamente sucedió, en forma adicional al desmanejo económico y administrativo ya descrito.
No sería posible tratar la problemática de la catástrofe ambiental que dejan CEAMSE y TECHINT en Avellaneda y Quilmes sólo como parte de una nota dedicada a un negociado inmobiliario. Es demasiado extensa y compleja. Por lo tanto los siguientes son apenas unos párrafos que tratan de resumir los aspectos principales, sin hacerle justicia a la magnitud del desastre.
La cuestión de la contaminación se puede encuadrar también en el marco de los incumplimientos, si se tiene en cuenta que tanto el Contrato TECHINT-CEAMSE como todos los instrumentos legales que crearon la CEAMSE expresan un objetivo de mejora ambiental.
TECHINT rellenó con basura humedales y bajos inundables, áreas en las cuales la contaminación se transmite con la mayor facilidad, y vecinas a centros de alta población, factores críticos a evitar según cualquier texto básico sobre relleno sanitario. Luego de años de mentiras y ambigüedades, finalmente CEAMSE aceptó que las celdas de relleno jamás se impermeabilizaron, por lo cual contaminan a los acuíferos semi-confinados Pampeano y Puelche y las aguas superficiales de la región. El supuesto manto continuo de arcilla impermeable que luego se adujo que existía tampoco existe, y esto es claro hasta en un estudio de 1994 de Brown and Caldwell, una empresa que ha sido socia de TECHINT en varios proyectos. La falta de impermeabilización crea asimismo dificultades graves para cualquier intento serio de tratamiento de los líquidos de la basura, los lixiviados, que son cien veces más contaminantes que los líquidos cloacales. A su vez, la falta de solución al problema de los lixiviados que saturan las montañas de basura establece dentro de las montañas las condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno) que favorecen la producción de gases orgánicos no metánicos. Entre estos hay varios cancerígenos reconocidos, como el benceno, que promueve el desarrollo de tipos específicos de leucemia. El semanario quilmeño “El Suburbano”, en una extensa nota sobre la situación en las Torres de Wilde y áreas aledañas, titulaba el 8 de mayo de 2001 “Preocupación vecinal por la cantidad de casos de leucemia en la zona”. La organización Madres de las Torres se formó precisamente como respuesta a ese problema.
La supuesta remediación que dice estar llevando a cabo la CEAMSE merece un párrafo o dos. Ni la planta trucha de tratamiento de lixiviados adyacente al Canal Santo Domingo, ni el negocio de la quema de gas metano para la venta de bonos de reducción de emisiones de carbono son programas de remediación. Tienen precisamente el efecto contrario, al hacerse pasar como tales y frenar el diagnóstico oficial del desastre y su remediación real. La planta de lixiviados sólo recoge algunos metros cúbicos de los líquidos que drenan en pozos y zanjas conectados a los cursos de agua que rodean el relleno, y que desbordan a los mismos con cualquier lluvia. Se los recoge con un camión atmosférico y manguera, se los “trata” como si fueran líquidos cloacales, por simple decantación, y sus barros resultantes se vuelcan, aunque Ud. no lo crea, nuevamente en el relleno. La presencia de fenoles, metales pesados y otros compuestos tóxicos es ignorada en este “proceso”. La gran mayoría de los lixiviados drena a las napas y los cursos de agua y satura las montañas de residuos.
La planta de quema de metano quema una muy pequeña parte de lo que fabrica el relleno, que es literalmente, ante la falta de remediación, una monumental fábrica de gases. Si se encarara seriamente la remediación de los lixiviados, se “secarían” las montañas, reduciendo las condiciones anaeróbicas, produciendo más dióxido de carbono, menos metano, y menos gases tóxicos y cancerígenos. Pero esto no sería tan bueno como negocio, ya que la inversión para la remediación real es superior, y habría que reelaborar el negocio de los bonos, que ahora con algunos caños y un mechero es tan fácil.
Nueva Costa del Plata, un error que se repite
El Proyecto Nueva Costa del Plata, que como proyecto elaborado ya veremos que no existe, es la versión 2008 del planeamiento desastroso de 1978, y que se presentaría paradójicamente como la corrección de aquel. Esto ya es por sí mismo asombroso. Que además el protagonista sea el mismo, TECHINT, sugiere que algo que va mucho más allá de la ignorancia y la tozudez de algunas autoridades podría estar fogoneando la propuesta.
El proyecto fue y es una sucesión de maquetas coloreadas por TECHINT que comenzó en los noventa y se prolongó hasta hoy, sin precisiones sobre las obras y actividades de desarrollo ni mucho menos sobre los impactos urbanos y ambientales. El cambio de “Costa del Plata” en abril de 2008 a “Nueva Costa del Plata” seis meses más tarde tuvo como objetivo el acomodar de alguna forma la maqueta al desconocimiento sobre el límite de la línea de ribera, desconocimiento que hasta hoy subsiste.
A raíz de la audiencia pública convocada en Avellaneda en noviembre, varios tratamos de informarnos sobre el proyecto en la Defensoría del Pueblo, donde se anunció que dicha información estaba disponible. Sin embargo, el documento presentado como un supuesto estudio ambiental, entregado por TECHINT al Defensor del Pueblo pocos días antes, el 29 de octubre, declaraba la imposibilidad de definir las demandas ambientales del proyecto, debido a los “muy escasos datos factuales del proyecto y ninguno de las actividades de desarrollo”. La evaluación de los costos ambientales del proyecto requiere información sobre indicadores de demanda, obras y procesos inducidos por estas, pero según el documento entregado por TECHINT “estos datos no están disponibles en la documentación del proyecto y de plan maestro que a la fecha se tiene”.
Sería muy largo enumerar las indefiniciones, ya que casi todo está indefinido. Como botón de muestra vaya, sin embargo, el aspecto del relleno necesario para llevar a cota 4,88 metros las más de 50 hectáreas netas de construcción y otras áreas de caminos y adyacencias. El material de relleno necesario se estima (no por parte del “proyecto”, que no estima nada) en 4 a 5 millones de metros cúbicos de tierra o de refulado del lecho del río. Ninguna de las dos opciones está definida, y en cualquiera de los casos involucran impactos ambientales y urbanos enormes, que requerirían su tratamiento como un proyecto en sí mismo, y una evaluación de impacto ambiental específica. La utilización de refulado conlleva además el riesgo de la incorporación de contaminantes. El uso de tierra o tosca significaría la entrada y salida de aproximadamente quinientos mil (500.000) camiones de ocho metros cúbicos al lugar, sobre lo cual no se han definido los accesos ni la infraestructura requerida ni el impacto o los barrios afectados.
En todo caso, y como lo expresaran en un comunicado de prensa reciente varias organizaciones de Avellaneda y Quilmes, cualquier urbanización de la selva marginal eliminará nuestros últimos espacios verdes, instalará una barrera artificial entre el río y la ciudad, agravará la problemática de las napas, aumentará la frecuencia e intensidad de inundaciones, afectará los servicios de cloacas, agua y luz que ya hace décadas carecen de desarrollo estructural apropiado, y de hecho restringirá, no facilitará, el acceso libre a la ribera. Estas son certezas que sobreviven aún en la ausencia de un proyecto definido.
La falta de precisiones elementales lleva a muchos a pensar que la obtención del cambio de zonificación es en realidad EL ÚNICO PROYECTO DE TECHINT. Otros factores también apuntan a esto, incluyendo declaraciones bastante claras de ejecutivos de TECHINT al respecto. Decía hace pocos días Ernesto Rona, de TECHINT, a un medio de Quilmes, “nosotros vendemos el lote, que está debidamente zonificado, y el comprador deberá construir en función de las restricciones y normativas que la Municipalidad definió”. Más claro agua (no de CEAMSE y TECHINT). En el mismo sentido van declaraciones de otros representantes de TECHINT, que hablan de un plazo de quince años para la construcción. Esto es técnicamente inexplicable, y contradictorio con la desesperación por “cerrar” la zonificación en el mismo momento en que tanto Avellaneda como Quilmes están supuestamente abocados a la elaboración de sendos planes estratégicos urbanos.
La “zonificación como proyecto” tendría una lógica de negocios aparentemente perfecta para TECHINT. El origen de la propiedad es más que oscuro, y con la zonificación actual como reserva de tierra vacante, no urbana, cualquier expropiación para hacer una reserva natural, el uso lógico de esa área, se facilitaría por el bajo costo. De hecho el pago en tierras de CEAMSE a TECHINT se hizo sobre la base de ese precio vil. El mero cambio de zonificación a categoría urbana es una lluvia de muchos millones de dólares sobre los activos de TECHINT. En un cálculo rápido de medio millón de dólares por hectárea rezonificada, el regalo a TECHINT es de unos cien millones de dólares. Un monto como para hacer mover intereses poderosos, y en realidad la única inversión que está a la vista, una inversión pública, no privada, que “internaliza” en TECHINT el valor social real de esa tierra. Un concepto a tener en cuenta en un proyecto que algunos presentan como “necesario” por la supuesta inversión privada aparejada.
Por otro lado, sin embargo, el proceso reciente y la irritación de la gente y organizaciones de la comunidad, incluyendo muchas no ambientalistas, muestra que TECHINT podría estar repitiendo el mismo error que cometió en los últimos años del entierro de basura, cuando se aferró a esa actividad en medio de una condena pública que crecía día a día: El error de TECHINT de embarcarse en una actividad ajena a sus capacidades centrales, económicamente pequeña si se tienen en cuenta los ingresos anuales del grupo, y que acarrearía inevitablemente un nivel de desprestigio del cual ningún esfuerzo de relaciones públicas va a separarlo. www.ecoportal.net
Jorge Trevin es ingeniero forestal, experto en recursos naturales y secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur, de Avellaneda.
3)El Vial Costero Disminuye espacios públicos verdes y altera la calidad de los que queden, ya que sufrirán las consecuencias de lindar con el vial.La concreción del Vial originó además la eliminación del Campo de Deportes y el Circuito de Bicicross, zonas muy concurridas por los vecinos. Y en espacios hoy destinados al esparcimientos se licitarán nuevas actividades comerciales que restarán lugares verdes para la comunidad. Toda obra pública de este tipo debe ser inscripta en el contexto de la región en que se inscribe, ésta no lo está, ya que no genera conexión ni con la Ciudad Autónoma ni con San Isidro cuyas autoridades sostienen que no poseen información de la misma y no desean obras de estas características en su costa. Tiene serias fallas de conectividad, principalmente para con los vehículos provenientes del norte, que no pueden acceder: no se les facilitan giros a la izquierda en Av. Libertador, con lo que dicha avenida verá afectado el flujo de circulación, justamente, lo que según se dice, se quiere fomentar con este vial.
El proyecto prevé un bulevar con dos carriles de circulación y uno de estacionamiento, con rotondas y semaforización en los cruces. El acceso es por Av. Libertador y termina a 5.000 m, nuevamente en Av. Libertador. No tiene continuidad ni con la CABA, ni con San Isidro. El municipio argumenta que es parte de un proyecto mayor, pero no se conoce ningún plano ni estudio serio de cómo continuar el camino, que sería una parte de algo que no se sabe ciertamente qué traza seguirá.
El trazado actual beneficia exclusivamente al centro comercial existente en el extremo sur -la única rotonda para camiones está justo detrás de su playa de acopios- y a los emprendimientos de desmesurada densidad- permitidos por las modificaciones mencionadas al COU, que no poseen la necesaria capacidad de estacionamiento. La continuidad de la traza es sumamente incierta, ya que deberían expropiarse tierras en que se asientan, por caso, el Círculo Militar, el Círculo Naval, el Puerto de Olivos , el Círculo Policial, el Club Náutico Olivos, la reserva ecológica, el colegio Lincoln y el Barrio El Ceibo.Además, en el caso del Puerto de Olivos, ya está en marcha -vía Gobierno de la Provincia- un estudio sobre su remodelación integral, que no tiene conexión con la obra en cuestión. Es decir, que estos dos proyectos que deberían tratarse en conjunto, se desarrollan por separado.
Por si todo lo expuesto fuera poco, hay otras irregularidades. En primer lugar no existe a nivel regional un Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, por lo que cada municipio trabaja en forma individual.
La obra fue licitada y adjudicada en forma previa al dictado del acto administrativo por el cual la autoridad ambiental provincial se expidiera respecto de la declaración de impacto ambiental, violándose de esta manera el art. 23 de la ley 11.723.Contraviniendo la legislación provincial la obra no fue suficientemente explicitada a los vecinos, y quienes formularon observaciones por escrito no recibieron respuesta por parte de la autoridad ambiental, quien, a nuestro criterio, por la envergadura e impacto de la obra debió convocar a audiencia pública (art. 18 ley 11.723).Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud califican de ciudades enfermas a aquellas que no brindan los suficientes espacios verdes a su población y priorizan el transporte automotor individual. No queremos que el Vial Costero enferme a Vicente López.
11 May 2010
edant.clarin.com/suplementos/.../a-02193817.htm
16 de mayo de 2011
7 de mayo de 2011
La seguridad campesina e indígena no depende de tener propiedad social sobre las tierras sino de erradicar al modelo extractivo
La protección nacional de las tierras ruralesUn grupo de dirigentes del Frente Nacional Campesino (FNC) inicia el 4 de abril una marcha por las provincias del Chaco, Santa Fe y Buenos Aires con la intención de solicitarles a las autoridades nacionales sendas leyes para suspender los desalojos de familias indígeno-campesinas y "poner freno" a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Entrevista a Benigno López (36), referente del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).
P: ¿Cómo recibieron la noticia de la remisión que hizo el Ejecutivo al Congreso de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales?
R: Hay dos coincidencias. La necesidad de limitar la superficie nos parece algo positivo. La Presidenta también estuvo mencionando la necesidad de crear un catastro, un registro nacional del dominio y la tenencia de las tierras rurales en la Argentina. Nos parece un paso necesario e imprescindible.
P: ¿Tuvo el FNC alguna participación en la elaboración del proyecto?
R: No. Del proyecto presentado por la Presidenta, ninguna participación.
P: La ley establece el límite de toda titularidad extranjera sobre la propiedad de las tierras rurales. ¿Por qué se fija en el 20%?
R: Suponemos que son hipótesis que maneja el Ejecutivo, ya que datos precisos no existen. Lo del 20% de la superficie para los extranjeros, la verdad, hay que estudiarlo más porque nos parece demasiado cuando hay tantos campesinos que no tienen tierra, que no tienen reconocimiento. Es una injusticia muy seria, profunda, que un grupo de empresarios, de personas, tenga millones de hectáreas y otros miles de campesinos no tengan tierra.
P: De ser aprobada la norma, las tierras rurales de una misma persona extranjera no podrán superar las 1.000 ha. ¿Que sucederá con aquellos propietarios que denuncien titularidades por superficies mayores?
R: Lo que pasa es que dijeron que esta ley no se aplica para los que ya tienen propiedad, sino para los que van a comprar. No es retroactiva y esa es la parte que más nos preocupa, ya que existen millones de hectáreas en manos de extranjeros y de grupos nacionales que concentran gran parte de los recursos estratégicos de nuestro país.
P: ¿Y qué ocurre con la propiedad de la tierra entre los campesinos e indígenas? En las reuniones que mantuvieron durante los últimos días, pequeños productores del Chaco, por ejemplo, comentaron que la mayoría de ellos sólo cuenta con un permiso de ocupación expedido por el Instituto de Colonización.
R: Nosotros estamos con esta marcha del Frente Nacional Campesino solicitando formalmente a las autoridades del Ejecutivo nacional y también a las autoridades del Congreso, a los diputados y senadores, que se fijen un poco más en la situación de los pequeños productores agropecuarios y de los pueblos originarios, ya que en algunos casos no cuentan ni siquiera con una autorización de ocupación. En otros casos, sí tienen esas autorizaciones, que son la precarización de la tenencia de tierras. Es urgente, en estos doscientos años de injusticia, avanzar hacia la propiedad social de la tierra de campesinos y pueblos originarios.
P: Por la información que se conoce de estos encuentros que tuvo el FNC con productores y campesinos del Chaco surge que detrás de la transferencia de tierras, las usurpaciones y los privilegios, hay corporaciones vinculadas al agronegocio que no distinguen las banderas nacionales.
R: Sí, por supuesto. Una parte muy importante de las corporaciones vinculadas a los agronegocios que se están apropiando de grandes extensiones de tierras son nacionales y otras son corporaciones extranjeras. Lo que sí hay es una connivencia, una complicidad del poder político local de las distintas provincias argentinas con estos grupos empresarios: hay dividendos muy importantes de por medio para que estas tierras queden en manos de estas corporaciones en perjuicio de los pueblos originarios y campesinos. De lo contrario esto no se puede dar. Esta complicidad es política, judicial y policial.
URL: http://www.autistici.org/ocrn/2011/Benigno-Lopez.html del Newsletter del OCRN Vol. 2, Nro. 9 - 04 Mayo 2011
ISSN 1853-4139
Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales.
Editores
Ezequiel Miodownik
Raquel Schrott
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"Soja sí, indígenas no" por Darío Aranda
"(...)Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
"(...)Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra (...)".
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra (...)".
01 Mayo 2011
http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/
http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/
12 de abril de 2011
Honduras, como Colombia, ejemplifican que la seguridad de los 'inversores' va agravando la criminalización de la pobreza y del disenso o reclamo
El poder de facto y los crímenes de lesa humanidad en Honduras Por Ricardo Martínez Martínez (Rebelión) En Honduras se aplica una política sistemática de persecución estatal y destrucción física de activistas sociales y sus organizaciones, orientada a diezmar los descontentos masivos que provoca el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo y la dictadura impuesta desde hace casi dos años. Se trata de un mecanismo de regulación sistémica violenta en una segunda fase del endurecimiento del Estado (después del golpe de 2009), como dispositivo de dominación y concentración del uso de la fuerza para imponer un proyecto de liberación de mercados y limitación/desaparición de los derechos sociales y laborales. Una respuesta total sin concesiones a las movilizaciones sociales que crecen como la espuma. El eje donde reside la trasmutación del poder de facto es el Consejo Hondureño de Empresas Privadas--Ejército--Gobierno de Facto que sostiene a Lobo/Micheletti--Embajada de los Estados Unidos. Es una clásica dictadura de intereses en un país de la periferia, que funge como garante de las libertades económicas de las empresas trasnacionales, aquellas locales pero articuladas a los circuitos del comercio internacional, los órganos del monopolio de la violencia (policías, ejército, inteligencia), los terratenientes poderosos y la clase política golpista de utilidades compartidas con sectores de países centrales como los Estados Unidos. La tipología del “delito” que aplica esta dictadura es calificada como “sedición y manifestación ilícita”, conceptos acuñados por gobierno dictatoriales pretéritos en el continente, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile y Paraguay, bajo la máxima de que “todos los disidentes son criminales, todos deben ir a los tribunales”… Y si no es así, a los cementerios. El uso de las corporaciones castrenses y policiales van de la mano de la aparición de estructuras clandestinas paramilitares (dead squads) que suman decenas de activistas asesinados o desaparecidos, así como familiares de estos, y periodistas críticos ultimados con lujo de violencia, colocando a este país centroamericano entre los más inseguros para el gremio de la información en el continente. En octubre de 2009, una comisión de la ONU informó sobre la posibilidad de ingreso a Honduras de paramilitares colombianos, ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para sembrar el terror en el marco del golpe de Estado y proteger grandes propiedades de terrenos de los finqueros y magnates locales. La existencia de los escuadrones de la muerte es denunciada por las organizaciones de los derechos humanos y por los movimientos sociales y de resistencia. Estas estructuras del terror paramilitar se mueven con la cobertura de los aparatos de seguridad del régimen de Porfirio Lobo. Los métodos usados por todo el aparato represivo son las acciones espectaculares contra gremios de trabajadores y sectores críticos, control de territorios para cercar las movilizaciones en las calles, toques de queda en regiones consideradas críticas, choque frontal con las fuerzas opositoras y esparcimiento del miedo a través de un manejo sistemático de propaganda que garantice la represión con bajo o sin costos políticos para los ejecutores. Los niveles de coerción se combinan con el uso manipulado de las leyes, el ejercicio del Estado de derecho a conveniencia de los gobernantes y la criminalización de las disidencias que igual justifica su detención individual o masiva, lo mismo que su “acción punitiva”, y acciones ilegales de grupos paramilitares que a la sombra del Estado realiza acciones de represión selectiva. Se trata de un nivel sistemático de persecución con métodos planificados de las instancias del gobierno de facto, lo que indica la existencia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados como la desaparición forzada ya documentada ampliamente. En Honduras se cometen crímenes de Estado que deben ser investigados y enjuiciados, y la comunidad internacional debe proseguir cerrando canales diplomáticos a Honduras, mientras el gobierno no desista de sumar violaciones a las garantías individuales de sus ciudadanos. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) publicó un informe sobre la violación de los derechos humanos en el contexto del Paro Cívico Nacional y las movilizaciones de los 65 mil profesores del magisterio que se desarrollaron en las últimas semanas. En grados diversos, la represión desatada abarcó todo el territorio nacional. Entre el 29 y 30 de marzo fueron detenidas 51 personas en San Pedro Sula, sobre todo estudiantes y profesores universitarios, 11 personas heridas de bala y una más con un objeto contener de gases de dispersión. En la capital Tegucigalpa se registraron sobrevuelos de helicópteros en la Universidad y el ataque de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército lanzando bombas lacrimógenas al interior del campus y dejando como saldo varios desmayados y afectados por los gases. En el departamento de Valle también la policía y el ejército lanzaron gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban, adultos mayores, niños y niñas. Un bebé de dos meses de nacido fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial después de sortear a la policía que impedía a los padres prestar ayuda médica. En el departamento de Cortés se detuvieron a otras 17 personas con lujo de violencia. La organización civil detalla allí que cinco personas fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo). En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias fueron desalojadas violentamente por las fuerzas represivas, luego de permanecer por siete años en un predio recuperado para vivir y generar proyectos autosustentables. La represión generalizada, además de un intento por cerrar la pinza del poder ilegitimo de Lobo, busca “estabilizar” con el silencio de los sepulcros a la nación centroamericana y orientarlo hacia la profundización sostenida del desmantelamiento de los derechos de la población trabajadora, aplicación de políticas de corte neoliberal administrativo, despojo de tierras a la población campesina para entregarlas a finqueros e instaurar un Estado “menos político y más administrativo”, una noche de invierno de dictaduras, un Estado pinochetista de nuevo tipo. Fuente: http://www.rebelion.org/ América Latina y Caribe/ 12-04-2011
Las fuerzas armadas y policiales latinoamericanas al servicio de EE.UU. y de la criminalización de la pobreza, interpela para erradicar la impunidad
La intervención latinoamericana en Haití por Raúl Zibechi (Rebelión) El 25 de marzo, en el local del sindicato de trabajadores del CASMU -AFCASMU- en Montevideo, la Coordinadora por el retiro de tropas de Haití realizó un debate sobre la situación actual en la hermana república de Haití y la presencia de tropas uruguayas allí. La exposición central estuvo a cargo Raúl Zibechi, periodista del semanario Brecha. Damos a conocer aquí su intervención -que introduce nuevos temas en el debate- para ser difundida entre todos. La intervención de la MINUSTAH en Haití, o sea la invasión militar de la isla, es un parteaguas en la historia reciente del continente. Lo habitual, desde hace cinco siglos, era la intervención de potencias del Norte, Europa primero, luego de los Estados Unidos, que acostumbraron invadir, colonizar y dominar los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina. Se cuentan por decenas, tal vez cientos, las ocupaciones, agresiones y ataques que han sufrido los más diversos países de nuestro continente. Es la historia del colonialismo y del imperialismo. Pero lo de Haití es algo diferente. Es cierto que participan países de varios continentes bajo la bandera de la ONU, pero eso no es lo fundamental. Aquí lo decisivo, lo verdaderamente nuevo, es que se trata de una invasión comandada por Brasil (que como saben tiene el comando militar de las tropas) y es ejecutada por un conjunto de países entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Peru y Guatemala. La mayor parte de los soldados que están en Haití provienen de países cuyos gobiernos están administrados por fuerzas políticas que se dicen de izquierda o progresistas, y en algunos casos se proclaman como revolucionarios. En efecto, la mayor parte de los 8.700 militares pertenecen a países con esos gobiernos progresistas (4.435). Eso merece alguna explicación: Para Brasil la MINUSTAH es muy importante porque le permite colocarse como gran potencia y postularse como miembro permanente del Consejo de Seguridad ONU. Es la primera vez que encabeza una misión militar, y lo hace en un continente en el que busca convertirse en la potencia dominante. Brasil definió un nuevo papel en el mundo bajo los dos gobiernos de Lula: articular un polo sudamericano que le permite jugar un papel de gran potencia en una región donde representa más o menos la mitad de la población y la mitad del PIB. ¿Porqué ese camino? Según los propios diseñadores de esta estrategia de integración, para evitar una crisis interna, ya que sostienen que si el país no se expande (exportando capitales, realizando grandes obras de infraestructura que benefician a sus empresas…) ingresaría en una fase de conflictos internos. Dicho de un modo más claro: la expansión hacia la región es el modo, ya probado en otros períodos históricos, que evita a las clases dominantes el doloroso camino de realizar reformas (como la reforma agraria) que eliminen algunas flagrantes desigualdades. Expandirse como potencia regional (¿imperial?) es el modo más ventajoso para esas clases de evitar conflictos internos. Brasil está en un período de crecimiento y expansión. Las fuerzas armadas se están reforzando con un potente rearme que incluye la construcción de submarinos convencionales y nucleares, una flota de cazas de quinta generación, nuevas armas sofisticadas como misiles, además de carros de combate, navíos de superficie y aeronaves de transporte. Se está en proceso de creación de una más amplia industria militar brasileña con el objetivo de conseguir independencia tecnológica de las potencias del Norte para defender la Amazonia y los nuevos campos petrolíferos del litoral oceánico. A su vez, aparecen nuevas y más potentes multinacionales brasileñas, fruto de la fusión entre grandes empresas y la expansión de otras financiadas por el banco nacional de fomento (BANDES), el mayor banco de ese tipo del mundo, y con fuerte presencia de los sindicatos a través de los fondos de pensiones que ellos controlan. Petrobras, Embraer, Odebrecht, Itaú, Vale, Brasil Foods, y otras, son los nuevos nombres de la alianza entre el capital “brasileño”, el Estado gobernado por el PT y la dirigencia de algunos grandes sindicatos como el de los bancarios de Sao Paulo, en su ambicioso proyecto de expansión regional, continental y global. La participación y dirección en la ocupación militar de Haití se inserta en ese gigantesco proyecto. El ex comandante de la MINUSTAH, general José Elito Siquiera, actual ministro del Gabinete de Seguridad del gobierno de Dilma Rousseff, dijo años atrás que en Haití están empleando las misas tácticas de control y gestión militar de las barriadas periféricas que ya pusieron en práctica en Rio de Janeiro (O Estado de Sao Paulo, 15 de diciembre de 2007). Esta afirmación muestra otra faceta de la intervención en Haitì. Digamos que es la cara oculta de la MINUSTAH. Para el caso de Uruguay, ¿habrá algún interés similar? Desgraciadamente los militares uruguayos no tienen siquiera el nivel de honestidad intelectual de los militares brasileños. Podrían decir que están allì para “ganar unos mangos”, y no estarían exagerando sino sincerando una situación que todos conocemos. Pero Uruguay no tiene siquiera una hipótesis de conflicto como Brasil, país que se propone en serio defender la Amazonia y el petróleo de una posible invasión estadounidense. Por lo tanto, se acumulan las preguntas. ¿Será que un día nos despertaremos con una ocupación militar de barrios “peligrosos”, como sucedió en Chacarita, pero a manos de efectivos que ya tienen la “experiencia” de haber trabajado en barrios similares en Puerto Príncipe? Fuente: http://www.rebelion.org/ América Latina y Caribe/ 12-04-2011
11 de abril de 2011
La Unasur (que tiene entre sus principios rectores la democracia) acepta a Colombia y posiblemente a Honduras
Colombia que está haciendo tratativas para el ingreso de Honduras a Unasur, es un estado terrorista al servicio de EE.UU.. Leamos dos notas en Rebelión (11-04-2011) acerca de qué está sucediendo, además de grandes desplazamientos y masacres de los pueblos originarios y de matar a los candidatos de la Unión Patriótica: 1)EFE: Varias ONG internacionales se manifestaron este 9 de abril ante la embajada de Colombia en Bruselas para solicitar información al Gobierno colombiano sobre las desapariciones forzadas que ocurren en ese país y, más en concreto, sobre la de la activista Sandra Viviana Cuéllar. 2) "En memoria de Henry Ramírez Daza, en el primer aniversario de su asesinato" por Colectivo de Colombianos/ as Refugiados/ as en Asturias “Luciano Romero Molina” Pachakuti.org El 11 de abril se cumple un año del asesinato del sindicalista colombiano HENRY RAMIREZ DAZA, quien estuvo refugiado en Gijón el año 2003 acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia. A balazos, en la sala de su casa y delante de su familia le cobraron esa noche de domingo su lucha contra la corrupción en Ambalema, pueblo del que era concejal y del que aspiraba a ser alcalde. Días antes de ser asesinado Henry había denunciado que el Ministerio del Interior le quitaba el esquema de seguridad por considerar que su nivel de riesgo era bajo. Con Henry fueron 52 los sindicalistas asesinados el año pasado en la democracia colombiana que continúa siendo un matadero de sindicalistas y de opositores sociales y políticos.
1)Amnistía Internacional, la Coordinadora belga para Colombia y los comités Libertad de Bélgica informaron en un comunicado que han convocado la protesta, "para obtener respuestas claras ante el escándalo de las desapariciones forzadas y la aparente impunidad de que se benefician los autores de esos crímenes". Indicaron que han solicitado una entrevista con el embajador colombiano en la capital belga, Carlos Holmes Trujillo, para obtener información sobre casos como el de Cuéllar, activista sobre el medio ambiente, de 26 años y desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali. "Nunca aclaradas o sancionadas, las desapariciones forzadas son uno de los grandes escándalos de la realidad de los derechos humanos en Colombia", destacan las organizaciones. Según indican, "las cifras oficiales rondan los 32.000 casos, de los cuales cerca de 1.130 en los últimos tres años", entre los que destaca gran número de militantes asociativos, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Desde su punto de vista, en los últimos 20 años "ha quedado demostrado que los servicios de seguridad del estado han participado de una manera o de otra en esos crímenes, cometiéndolos directamente o tolerando que los cometieran grupos paramilitares". Los representantes de las ONG pedirán ante la embajada colombiana "respuestas precisas" a preguntas como qué medidas ha adoptado el Gobierno de ese país para garantizar la reaparición con vida de Cuéllar, o qué acción lleva a cabo para arrestar y llevar ante la justicia a los responsables de los secuestros. (...) 2)La campaña para acabar con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y arrasar con la acción y con la libertad sindical se refleja en cerca de 3.000 sindicalistas asesinados, en miles de amenazados de muerte y perseguidos, hostigados, apresados ilegalmente, desplazados o desaparecidos con absoluta impunidad y con grave responsabilidad de la fuerza pública y de los grupos narco paramilitares, que siguen existiendo y delinquiendo en el país. Hace un mes la VII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos visitó cuatro regiones de Colombia afectadas por el conflicto interno. En el sur del Tolima, en un pueblecito cafetero de la cordillera Central llamado La Marina, los sindicalistas campesinos de ASTRACATOL denunciaron ante la delegación asturiana las amenazas contra sus dirigentes y afiliados. Hace menos de una semana a 400 metros de una base militar asesinaron a dos de ellos: Héctor Orozco y Gildardo García. A diario asesinan o persiguen a muerte a sindicalistas colombianos y eso no es noticia ni dispara alarmas en los consejos de seguridad internacionales. Dudamos que pasara lo mismo si estos hechos ocurriesen en otros países. En cambio sí que recibe despliegue el discurso falso del gobierno colombiano que afirma que el país está en etapa de post conflicto y que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavarse las manos para que los Estados Unidos y la Unión Europea, más interesados en los negocios que en los derechos humanos, firmen sin cargos de conciencia sendos tratados de libre comercio, como si allá no pasara nada, como si las pruebas de la matanza antisindical presentadas el año pasado en la 99 asamblea de la OIT, fuesen mentiras. Hay miles de sindicalistas amenazados de muerte por defender el carácter público de la educación y de la sanidad, a otros los persiguen por exigir que se cumpla la ley laboral, a millares los matan por defender los territorios y la economía campesina. Sobre todo están matando a quienes se oponen al saqueo de las riquezas del país por las multinacionales. Hay un genocidio sindical en curso que los verdaderos poderes de este mundo no dejan ver. Indignación sentimos ante tanta crueldad impune. Aunque diezmado por el terror y por la persecución, el movimiento sindical colombiano sigue luchando por el bienestar de las gentes y por la soberanía nacional. Algunos de estos sindicalistas acaban de llegar a Asturias a refugiarse temporalmente del terror para continuar su lucha por una Colombia en paz y con justicia social, como la soñaron Henry Ramírez y Luciano Romero, ambos sindicalistas acogidos por la solidaria Asturias, ambos asesinados. Aunque el nuevo gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos haya bajado el tono agresivo de su antecesor Alvaro Uribe Vélez y tenga una actitud más respetuosa con los sindicalistas y con los defensores de los derechos humanos, por ahora solo hay buenas palabras. Seguimos sin ver el fin del terror y de la impunidad que vienen diezmando al sindicalismo colombiano. Hace un año: http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/henry.html
1)Amnistía Internacional, la Coordinadora belga para Colombia y los comités Libertad de Bélgica informaron en un comunicado que han convocado la protesta, "para obtener respuestas claras ante el escándalo de las desapariciones forzadas y la aparente impunidad de que se benefician los autores de esos crímenes". Indicaron que han solicitado una entrevista con el embajador colombiano en la capital belga, Carlos Holmes Trujillo, para obtener información sobre casos como el de Cuéllar, activista sobre el medio ambiente, de 26 años y desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali. "Nunca aclaradas o sancionadas, las desapariciones forzadas son uno de los grandes escándalos de la realidad de los derechos humanos en Colombia", destacan las organizaciones. Según indican, "las cifras oficiales rondan los 32.000 casos, de los cuales cerca de 1.130 en los últimos tres años", entre los que destaca gran número de militantes asociativos, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Desde su punto de vista, en los últimos 20 años "ha quedado demostrado que los servicios de seguridad del estado han participado de una manera o de otra en esos crímenes, cometiéndolos directamente o tolerando que los cometieran grupos paramilitares". Los representantes de las ONG pedirán ante la embajada colombiana "respuestas precisas" a preguntas como qué medidas ha adoptado el Gobierno de ese país para garantizar la reaparición con vida de Cuéllar, o qué acción lleva a cabo para arrestar y llevar ante la justicia a los responsables de los secuestros. (...) 2)La campaña para acabar con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y arrasar con la acción y con la libertad sindical se refleja en cerca de 3.000 sindicalistas asesinados, en miles de amenazados de muerte y perseguidos, hostigados, apresados ilegalmente, desplazados o desaparecidos con absoluta impunidad y con grave responsabilidad de la fuerza pública y de los grupos narco paramilitares, que siguen existiendo y delinquiendo en el país. Hace un mes la VII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos visitó cuatro regiones de Colombia afectadas por el conflicto interno. En el sur del Tolima, en un pueblecito cafetero de la cordillera Central llamado La Marina, los sindicalistas campesinos de ASTRACATOL denunciaron ante la delegación asturiana las amenazas contra sus dirigentes y afiliados. Hace menos de una semana a 400 metros de una base militar asesinaron a dos de ellos: Héctor Orozco y Gildardo García. A diario asesinan o persiguen a muerte a sindicalistas colombianos y eso no es noticia ni dispara alarmas en los consejos de seguridad internacionales. Dudamos que pasara lo mismo si estos hechos ocurriesen en otros países. En cambio sí que recibe despliegue el discurso falso del gobierno colombiano que afirma que el país está en etapa de post conflicto y que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavarse las manos para que los Estados Unidos y la Unión Europea, más interesados en los negocios que en los derechos humanos, firmen sin cargos de conciencia sendos tratados de libre comercio, como si allá no pasara nada, como si las pruebas de la matanza antisindical presentadas el año pasado en la 99 asamblea de la OIT, fuesen mentiras. Hay miles de sindicalistas amenazados de muerte por defender el carácter público de la educación y de la sanidad, a otros los persiguen por exigir que se cumpla la ley laboral, a millares los matan por defender los territorios y la economía campesina. Sobre todo están matando a quienes se oponen al saqueo de las riquezas del país por las multinacionales. Hay un genocidio sindical en curso que los verdaderos poderes de este mundo no dejan ver. Indignación sentimos ante tanta crueldad impune. Aunque diezmado por el terror y por la persecución, el movimiento sindical colombiano sigue luchando por el bienestar de las gentes y por la soberanía nacional. Algunos de estos sindicalistas acaban de llegar a Asturias a refugiarse temporalmente del terror para continuar su lucha por una Colombia en paz y con justicia social, como la soñaron Henry Ramírez y Luciano Romero, ambos sindicalistas acogidos por la solidaria Asturias, ambos asesinados. Aunque el nuevo gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos haya bajado el tono agresivo de su antecesor Alvaro Uribe Vélez y tenga una actitud más respetuosa con los sindicalistas y con los defensores de los derechos humanos, por ahora solo hay buenas palabras. Seguimos sin ver el fin del terror y de la impunidad que vienen diezmando al sindicalismo colombiano. Hace un año: http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/henry.html
4 de abril de 2011
El Mercosur ("un espacio de paz y democracia") tiene tratado de libre comercio con el estado terrorista de Israel
El Mercosur cumplió 20 años y cambió la relación entre países La constitución del Mercado Común del Sur (Mercosur) transformó las relaciones entre los cuatro países que lo conforman, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, señaló un comunicado conjunto de las cuatro cancillerías, a 20 años de la firma del tratado de integración. (...) Finalmente, el comunicado ubica al bloque como "un espacio de paz y democracia, una potencia energética en expansión y corresponde al territorio agrícola más productivo del mundo"(...)" 26-03-2011 http://www.elargentino.com/nota-131743-El-Mercosur-cumplio-20-anos-y-cambio-la-relacion-entre-paises.html La Cámara baja aprobó un tratado de libre comercio suscripto en 2005.En su sesión de este miércoles, los diputados convirtieron en ley un tratado de libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel, concluido en Montevideo, Uruguay, el 8 de diciembre de 2005.La norma fue suscripta por 146 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones, correspondientes a bloques de centroizquierda que cuestionaron en general las características de "libre comercio" incluidas en el tratado.Defendió el proyecto el kirchnerista sanjuanino Ruperto Godoy, quien recordó que la norma ya había sido ratificada por los parlamentos de Paraguay, Uruguay y Brasil. “Resta nuestro país, por eso celebro que podamos aprobarlo en esta sesión", señaló el legislador.Apuntó Godoy que “estamos planteando este tratado los 4 países que lo integran. Estoy absolutamente convencido que será beneficioso para la industria y el sector exportador".La aprobación del TLC tiene lugar poco antes de la visita del canciller Héctor Timerman a Israel, previsto para los primeros días del próximo mes de abril. 17-03-2011 http://itongadol.com/noticias/val/55113/convenio-entre-mercosur-e-israel.html
1 de abril de 2011
El funcionamiento policial que concuerda con el modelo de acumulación de riquezas y privilegios
"Destinos al sur" por Claudia Rafael (APE) “Hay finales anunciados. Historias que por sí solas desgajan una fotografía impecable del futuro y parecerían esbozadas por los chamanes del continente que deambulan marcando -con solo mirar- qué sino tocará a cada mortal. Como si hubiera una Moira repartidora de fatalidades, ciertos destinos aparecen como controlados desde el nacimiento hasta la muerte e, inclusive, mucho más allá aún. Esa categoría parece adquirir por un instante apenas el documento de Silvia de los Santos y Verónica Heredia, las abogadas de Amicus (Clínica Jurídica y Social Patagónica) que patrocinan a doña María Leontina Millacura Llaipén desde la desaparición de su hijo, siete años y medio atrás. Cuando hablan del muchacho y su grupo de amigos, las abogadas advierten que “ellos pertenecen a un grupo vulnerable, al que no se les garantiza el libre y pleno ejercicio de los derechos. Es el grupo de niños, niñas y adolescentes de sectores populares y/o empobrecidos de la sociedad que deambulan en la calle. Estos niños, niñas y adolescentes se convierten en adultos, despojados ya de todo derecho, incluso de su dignidad. Por esta situación es que, en el marco de la violencia policial, ingresan al sistema penal como única respuesta del Estado a su situación de vulnerabilidad, la que, en este marco, se agrava”. Esa definición -de perfecto manual de estos tiempos- insinúa cuál será la triste sombra que acompañará los pasos de esos jóvenes. Que fueron paulatinamente engullidos por una oscuridad desde la que no asoman respuestas. Sólo la perversidad más honda de un sistema desigual pueden darlas. De otro modo, cómo se logra comprender no sólo la desaparición de Iván Eladio Torres el 2 de octubre de 2003 en manos de la policía de Chubut sino además la muerte violenta de seis testigos de la causa. El sexto fue su amigo y cuñado, Juan Pablo Caba, que murió apenas una semana atrás en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, tras una agonía de dos semanas después de que lo balearan en “confuso episodio”, eufemística y típica definición de los policías a la prensa patagónica. Antes, David Hayes había sido asesinado en la alcaidía en la que estaba detenido y también Walter Mansilla, Dante Caamaño, Gastón Vera, Luis Alberto Gajardo. Varios de ellos testigos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iván era chileno, como su mamá, como sus hermanos Marcos y Valeria. Ninguno de ellos y de sus amigos había sabido deletrear el rosario de derechos que las convenciones y leyes dicen asegurar a los chicos. Ninguno sabía de largas horas en el pupitre de un aula ni tampoco de techos dignos. Ninguno podía contar historias cotidianas de sus padres asalariados y menos aún, del derecho eterno de los niños a la felicidad, convidada ausente a la mesa de sus días. Iván era chileno y seguramente llegó a esa ciudad pesquera en la que el petróleo y las riquezas fluyen de lo que da la tierra en busca de un puñado luminoso de azules en la piel y en el futuro. La historia misma de Comodoro, la capital nacional del oro negro que quedó asociada para siempre a la vida de una Argentina en la que todavía YPF y Gas del Estado eran sinónimos de soberanía y patrimonio fue conociendo -como lo haría Iván- de despojos y desmadres. Iván había nacido a la vida en el mismo año en que los Videla y los Massera se sentaban en el sillón de los poderosos de la patria. Mientras él pujaba por salir del útero hecho nido del cuerpo de María Leontina, tantos en esta tierra que no era todavía la suya, eran devorados por los despojadores para ser colocados eternamente en las tinieblas de la desaparición forzada. Como harían otros con él mismo 26 años más tarde. A él, Iván Eladio, que vivía en una casita de pobrezas viejas y que trabajaba a veces como ceramista; otras como durlero, como techista o como albañil. A él que amaba andar por las calles y las plazas, que sabía una y mil veces lo que era ser prepoteado por los hombres de uniforme que le gritaban “documentos” y cacheaban contra una pared cualquiera. A él que tenía entradas de sobra en la comisaría por “averiguación de antecedentes y medios lícitos de vida” o que sabía qué significaba un simulacro de fusilamiento. A él que -cuentan y se lee en los expedientes- se hermanaba “con sus pares, niños, niñas y jóvenes que deambulaban en la calle”. Pero las lecciones fueron definitivas para Iván aquel 2 de octubre. Ese día -mientras esperaba a un par de amigos que ayudaban a desarmar un castillo inflable- fue levantado por el móvil 469 de la plaza del centro, fue llevado a la comisaría primera y ya se perdió para siempre todo rastro suyo. Sólo las voces de otros detenidos describieron -como otros presos lo hicieron con los últimos instantes de Luciano Arruga en una comisaría de Lomas del Mirador- qué ocurrió con Iván. Cómo lo golpeaban, dónde exactamente cayó desmayado, de qué manera varios policías lo “sacaron a la rastra” hasta una escalera que da a la unidad regional y cómo otro policía limpiaba la sangre del calabozo. Tal vez en él, en ellos, pensaba Gelman cuando escribió que los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tiene método. Siete jóvenes ya no caminan por las calles de Comodoro Rivadavia. Ya no respiran ese aire del golfo que llena los pulmones hasta estallar de vida. Ya no desarman castillos inflables ni sienten el sabor imborrable de un helado de fresas en un enero tórrido. Sus vidas ya no son. Y sus días irremediablemente ya no forman parte de las hojas de ningún calendario. Fuente: http://www.argenpress.info/2011/03/destinos-al-sur.html
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