La impunidad de destinar 40% del presupuesto 2011 al pago de 'deuda' (II)

La deuda argentina y el fallo del año 2000
Por: Alejandro Olmos Gaona
Cuando después de 18 años de moroso trámite el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero, emitió su sentencia, estableciendo que la deuda contraída durante la dictadura militar era mayoritariamente ilegal y que en las operaciones se había contado con la complicidad del FMI, se “olvidó” por decirlo de alguna manera, de decretar la nulidad absoluta de aquellos actos ilegales, tal como lo determina el artículo 1047 del Código Civil de la Nación. Además de ello tanto la legislación civil como el derecho administrativo contemplan que los actos ilegales e ilícitos son nulos de nulidad absoluta así como todas sus consecuencias.

A los efectos de obviar esa significativa omisión un grupo de calificados profesionales del derecho y la ciencia económica integrado por el Embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los Dres. Julio González, Néstor Forero y Graciela González, y el Lic. Héctor Giuliano, se presentaron al Juzgado Federal Nº 2 donde tramitó la referida causa, actualmente en forma interina a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, para solicitar se decretara la nulidad de los por lo menos 477 actos ilícitos decretados en la sentencia del año 2000. Cabe apuntar que las referidas personas, fueron designadas por el referido Juez para integrar un grupo de trabajo que apoyara las investigaciones llevadas a cabo en sede judicial, junto con el Dr. Omar Miliano, actual funcionario del Banco Central de la República Argentina.
Como respuesta a la petición, que se encontraba extremadamente fundada en la legislación y en la doctrina, el Juez Martínez de Giorgi destituyó a los presentantes, y no se expidió sobre la presentación efectuada.
Sin tener conocimiento de esta resolución, los diputados Fernando Pino Solanas, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Cecilia Merchán, Claudio Lozano y Victoria Donda se presentaron al tribunal haciendo suya esa petición, y solicitaron una audiencia al Juez , en razón de que en la Cámara de Diputados se había emitido dictamen para la creación de una Comisión Investigadora de la deuda pública desde 1976 hasta el último canje efectuado recientemente, sin que hasta la fecha el Juez se haya expedido sobre el tema.
Indudablemente la reacción del Tribunal es coherente con la actitud que ha venido teniendo la justicia federal sobre la problemática del endeudamiento público desde 1982, cuando mi padre iniciara su denuncia. El trámite duró 18 años, porque a la falta de interés del juzgado de investigar debidamente los hechos, se sumó la irresponsabilidad de los organismos del Estado como el Ministerio de Economía y el Banco Central a los que nunca les interesó colaborar con la investigación. A ello se agrega que en la causa donde se investiga el endeudamiento desde 1983 hasta la culminación del Plan Brady (1994), el tribunal se limitó a acumular pruebas y tomar algunas declaraciones, estando el expediente prácticamente inactivo desde hace años, junto con otra denuncia iniciada por Daniel Marcos y por mi en el año 2006, para que se investigara la deuda hasta el último canje hecho por el Dr. Kirchner en el año 2005. A tales hecho cabe agregar la extrema gravedad de no haber tramitado una causa por infracción a la Ley Penal cambiaria, donde habría más de 21.000 involucrados entre empresas y particulares, que le fuera enviada por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6.
Entre las particularidades con las que se ha manejado ese Juzgado en todas las causas de la deuda, está la de que toda su tramitación fue confiada únicamente a un Secretario Adjunto, el Dr. Juan Carlos Foerster, cuya manifiesta incompetencia en la materia puede observarse a través del examen del seguimiento de las diversas causas, además de la negligencia en la producción de pruebas fundamentales para demostrar la ilicitud de todas las negociaciones posteriores al año 1983. Y resulta extremadamente preocupante ante esta forma de proceder, el riesgo que pueda correr la voluminosa masa probatoria acumulada durante tantos años, que aún precariamente, ha demostrado la fraudulencia de la deuda desde 1976 hasta hoy.
Fuente: http://www.argenpress.info/ 24-09-2010

La impunidad de destinar 40% del presupuesto 2011 al pago de 'deuda'

Un nuevo perfil para la deuda pública argentina
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.

Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.

Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.

Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.

Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.

Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.

Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.

Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010

Se justifica que el canje es progresista. Pero los banqueros festejan y el país se endeuda.

Economistas de Izquierda (EDI) transcurridos diez meses de su surgimiento, declaran: "consideramos oportuno reflexionar sobre el sentido de nuestro agrupamiento. (…) “El EDI es hijo de las protestas de diciembre y proclama su colaboración con todas las organizaciones populares”, comentó acertadamente una periodista1. Nuestro espacio forma parte del conglomerado de organismos surgidos al calor de esa rebelión. Por eso, en un encuentro barrial, un vecino describió al EDI como una “asamblea de economistas”, es decir como un agrupamiento gestado en el clima de autoconvocatoria, deliberación activa e intervención popular que ha predominado en los últimos meses.

Nuestra peculiaridad ha sido recoger la preocupación colectiva que existe por la elaboración de un proyecto económico superador de la catástrofe social. Los planteos del EDI no son elaboraciones imaginarias de un grupo de expertos, sino que retoman las reivindicaciones y propuestas de lucha discutidas por la población movilizada. Estos programas expresan un elevado nivel de deliberación popular, un nítido giro a la izquierda y una gran preocupación por la viabilidad de las propuestas.
TRES DETERMINANTES
La existencia del EDI refleja tres procesos claves de la situación argentina: la rebelión popular, el descrédito del régimen político y la radicalización de amplios sectores de la población(…)".

Economistas de Izquierda (EDI), en "Los banqueros festejan. El país se endeuda. ¿Se ha vuelto progresista pagar la deuda?: Consideraciones sobre el canje y sus implicancias", explican: "El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.


Una vez más
Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.


Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Sólo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad sólo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.


Una justificación innecesaria
El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros.

En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.
Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”.

Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.
Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.
Pretextos y fantasías

Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible. Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.
Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.
No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.


Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.
Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.


Pugnas políticas y coincidencias de fondo
El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.
Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.
La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.
Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.

• Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.


• Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.

Nuestra perspectiva
Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para generar una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.

La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.
Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.
En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.
Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000.
La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.
Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.
Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda".
Buenos Aires, abril de 2010
EDI: Economistas de Izquierda
Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina, Jorge Sanmartino.
Adhieren: Alejandro Olmos Gaona, Guillermo Almeyra , Hugo Calello, Susana Neuhaus, Sergio Arelovcih,
Siguen firmas…
Fuente: http://www.argenpress.info%20/15-4-2010

"Nuevo Encuentro" juega en la vieja política para el embaucamiento popular

El bloque de Diputados encabezado por Martín Sabbatella presentó un proyecto para crear por ley el Fondo de Desendeudamiento Argentino. Y quien se presentaba como dirigente identificado con necesidades e intereses populares se suma a los Kirchner en que el problema de fondo es "debatir si se paga con Reservas o con ajuste".


Eduardo Lucita (LA ARENA), en "Argentina: La pesada deuda externa no nació por casualidad", nos aclara: "(…) En diciembre del 2001 la deuda era de 143.300 millones de dólares, llegó a 191.300 millones en 2004, en el 2005 luego del canje quedó reducida a 149.800 millones. La quita efectiva fue de 42.000 millones. ¿Cuánto es ahora la deuda? Según el informe del Ministerio de Economía al 31 de diciembre del año pasado era de 147.200 millones de dólares, sin tener en cuenta los bonos que no ingresaron al canje (29.800 millones), no obstante que se le pagó por adelantado al FMI unos 10.000 millones y se hicieron otros pagos. No puede haber dudas: más pagamos más debemos.

Cambios en la composición
Normalmente la deuda era mayoritariamente externa y emitida en divisas, lo que cambió radicalmente luego de la reestructuración del 2005. Al día de hoy, según el informe citado, de los 147.200 millones de dólares el 46% está en pesos (de éstos el 60% ajustable por CER) y el resto en monedas de otros países. El 47,5% es deuda externa, el resto interna. De ésta, alrededor del 46% es intraestatal (con ANSES, BCRA, Banco Nación). El resto es deuda interna privada, que está en manos de los bancos, de los ahorristas del corralito, de jubilados que ganaron juicios, de proveedores del Estado. Probablemente muchos de estos tenedores han malvendido sus bonos a los bancos.

Como se ve, la deuda interna pesa cada vez más sobre el total de la deuda pública y esto la hace más compleja. Tampoco es un fenómeno sólo local, es también el caso de Colombia, Brasil, México, incluso Venezuela.

En este contexto es que aparece la reapertura del canje, aprobada por la oposición de derecha, y el pago con reservas. Es una estrategia de conjunto de pagar para volver a los mercados voluntarios de crédito, se espera que a mejores tasas y condiciones. En rigor es desendeudarse para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento.

En última instancia no es muy novedoso, lo que sí aparece como novedad es el ropaje progresista con que se intenta revestir el pago. Tradicionalmente todos los gobiernos pagaban la deuda casi en silencio, como con culpa, en todo caso le echaban la culpa a otros y ellos no tenían más remedio que "honrar la deuda". Esta es la primera vez que se hace campaña a favor del pago, y esto se muestra como progresista.

Suspender los pagos
Quienes no somos participes de "honrar estas deudas" no aceptamos que se pague sin saber qué se paga, sin saber si se debe o no pagar. Sostenemos que no se puede seguir pagando, que es imperiosa la suspensión unilateral de los pagos hasta tanto una investigación profunda actualice la de Alejandro Olmos e incorpore el análisis de la nueva composición y un censo de la misma. Porque tal vez la solución no será igual para los distintos tenedores de deuda.

No se debe seguir dilapidando recursos. Argentina es un país que generación tras generación viene produciendo enormes excedentes económicos que finalmente son sustraídos del proceso local, porque la burguesía está siempre líquida, siempre dispuesta a sacar dinero del país. Por el contrario hay otro camino. El país puede autofinanciarse, recurrir a la capacidad de ahorro interno, bastaría con poner un freno definitivo a la fuga de capitales; controlar eficazmente los bancos que son los canales que facilitan la fuga; intervenir en el comercio exterior; poner en marcha un reforma tributaria que rompa con la regresividad de la política impositiva actual; revisar la política de subsidios y reformular el presupuesto nacional.
Recursos hay. Sólo se necesita decisión política para ponerlos al servicio de las reales necesidades de la Nación".

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
http://www.argenpress.info/2010/04/argentina-la-pesada-deuda-externa-no.html

El bloqueo al debate de la estafa y del regresivo régimen tributario

Intervención de Pino Solanas en sesión del Congreso del 17 de marzo

Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Solanas.- Señor presidente: lamentablemente, a esta hora estamos abriendo quizá uno de los debates mayores que nos permite tratar el decreto 2010. Ese debate mayor se vincula con el tema que ha ocasionado la frustración de millones de argentinos y de una generación y media de compatriotas. Me refiero a la cuestión de la deuda, que se originó durante la dictadura, se renegoció con el Plan Brady, continuó con el blindaje y el megacanje y siguió con la negociación que entablaron Kirchner y Lavagna en 2005.
No es ni un problema técnico ni económico, sino político, que se ha llevado el esfuerzo del pueblo argentino, representado por aquello que debió servir para la calidad de vida, para el bienestar, para tener un hospital que trate al enfermo y lo opere a horas de realizar su pedido –no cuatro, cinco o seis meses después-, para poder inscribir a esos cientos de miles de chicos que hoy no pueden concurrir a la escuela, para hacer una fuerte inversión en ciencia y técnica en las universidades, para reconstruir la infraestructura de transporte, para hacer exploración de recursos naturales y petroleros, para tener crédito blando para las pymes, para contar con la seguridad social para el ciento por ciento de los trabajadores, etcétera.
Estos son los problemas concretos del pueblo argentino vinculados con la deuda. Hay un pueblo argentino que mira azorado esta crisis institucional. Pasaron varios meses hasta que se abrieron las sesiones del Congreso y todavía no se discutió sobre el monstruo, que devora el trabajo argentino.
No sólo no se quiere discutir acerca del monstruo sino que hay algo peor e inadmisible: el monstruo lo ha identificado la Justicia Federal Argentina en dos causas que se encuentran en el Juzgado Federal Penal N° 2 de la Capital Federal, más la que se ha abierto por el megacanje, causa firmada por la doctora Carrió, Graciela Ocaña, Mario Cafiero y Alfredo Bravo.
La deuda no es, como dice la presidenta, algo del pasado, que se debió tratar al comienzo de la democracia. Esto sería como decir que la causa de los desaparecidos y los delitos del terrorismo de Estado no se pueden investigar porque hubo amnistía y son cosa del pasado.
Tengo razón en plantear esta cuestión de la deuda que hizo desaparecer el ahorro nacional, porque hoy la deuda está más viva que nunca. Todos aquí saben que la deuda es un delito económico de acción continuada. Sigue siendo delito por más que este Parlamento haya tratado pagos de la deuda. Lo dice claramente el Código Civil argentino, y la naturaleza de los ilícitos no los cambia nadie, ni siquiera el Parlamento.
En consecuencia, señor presidente, esta es una tragedia. El interbloque Proyecto Sur apela a la responsabilidad de los legisladores de abrir el debate profundo que este Parlamento se niega a dar, porque le ha dado la espalda a la investigación de la deuda y se la da también al tratamiento puntual de todos los asuntos de la deuda pública, que es una obligación constitucional.
Señor presidente, ¿quién esconde el detalle de lo que quieren pagar? Me refiero al decreto 298, la modalidad de ese pago, la comisión, el porcentaje, los plazos, la vergüenza del banco inglés Barclays mezclado con la explotación petrolera de las Malvinas y haciendo el canje de deuda. No seamos hipócritas.
A este fondo, en el año 2010, no se lo puede denominar Fondo del Bicentenario. ¡Es una vergüenza para la causa de Mayo! ¡Es ofender a los Belgrano, los Moreno y los Castelli dictar un decreto a cinco días de haber finalizado el período de sesiones ordinarias, sin necesidad ni urgencia, para endeudarnos más!
Digo que es una catástrofe, porque de lo que no se quiere hablar es de la catástrofe económica y social que ha ocasionado a la Argentina la política del desarrollo con endeudamiento. Para colmo se ha avalado una deuda que, según la investigación del juez Jorge Ballesteros en la causa Alejandro Olmos, detectó 477 ilícitos, grandes estafas. ¿De quién? De todos los bancos que operaban en Argentina, nacionales y extranjeros. Todos: Citi, Boston, Morgan, Italiano, Español, Francés, locales, Galicia, los que quieran, más todos los grupos económicos.
Esos ilícitos luego se multiplicaron en las sucesivas renegociaciones. ¡Cómo es posible que el cínico decreto del Bicentenario quiera pagar y arreglar con los fondos buitres, cuando en el año 2005 se hizo una ley cerrojo para que los que quedaban afuera no tocaran más! Los mismos fondos buitres están siendo investigados hoy por tres causas penales. ¿No es eso interrumpir la continuidad jurídica? ¿No es eso reírse de la Justicia argentina?
Digo que esta es una catástrofe porque a veces las cifras no demuestran nada. Los 6.500 millones de dólares de 2010 equivalen a apenas menos que todo el presupuesto nacional de educación más todo el presupuesto nacional de salud del año 2010. ¡Cómo podemos tratar esto así, livianamente, mintiendo a derecha y a izquierda que iba a haber dinero para provincias!
Bien lo demostró el diputado Lozano analizando en serio el presupuesto y planteando la primera denuncia seria de que este presupuesto para el 2010 era una tomadura de pelo a todos los argentinos. Sinceremos el discurso.
Cuando digo catástrofe me refiero, por ejemplo, a que para reconstruir Chile hacen falta 30.000 millones de dólares. Y nosotros, en estos pocos años, pagamos 40.000 millones de dólares. Hemos pagado casi 150.000 millones de dólares de deuda en 26 años, con muy mala inteligencia el canje fue atado a la inflación del CER y pudrieron las estadísticas públicas que confecciona el INDEC.
Hoy la Argentina debe más de 170 mil millones de dólares si incluimos los pagos a los holdouts y al Club de París. Nadie de la dirigencia argentina se animó a aprovechar la jurisprudencia internacional más favorable al interés de la Nación. Me refiero a la jurisprudencia que utilizan los Estados Unidos en Irak para no pagar las deudas de Saddam Hussein, la teoría de la deuda odiosa de William Taft.
Esto nos ha costado una generación de argentinos. Por eso no queremos discutir tanto el pasado sino qué destino vamos a dar a nuestros hijos y nietos teniendo en cuenta que los pagos de la deuda están programados hasta más allá del año 2080.
Creo que pretenden sacar los 6.500 millones para tomar otros 15 mil, porque este año los servicios de la deuda insumirán 22 mil millones de dólares.
Nos hemos acostumbrado a pedir en lugar de mirar lo que sucede aquí. Se quiere ocultar el otro monstruo que configuran los favores, las desgravaciones y exenciones impositivas y los subsidios escandalosos, como los otorgados a Robertito Urquía, pobrecito, que este año tiene más de mil millones de pesos en subsidios.
En los presupuestos de todos estos años hubo alrededor de cuarenta mil millones de pesos de desgravaciones impositivas. ¿Y los aportes patronales? Nadie dice que en 1993 Cavallo los disminuyó en un 50 por ciento y no hemos tenido la dignidad de reponerlos al ciento por ciento, exceptuando las pymes.
Nosotros queremos discutir estas cosas; no pretendemos solo denunciar. Esto es escandaloso por muchos motivos, pero en particular porque oculta la mayor estafa, la mayor defraudación de toda la historia nacional.
En este año del bicentenario esta fuerza va a tirar todos los parches, tocará todas las puertas y mirará de frente a todos para que tengan la dignidad, la honradez y el coraje de auditar la deuda pública argentina. Es mentira que eso no se puede hacer.
En la actualidad el Congreso brasilero audita los últimos 30 años de su deuda, y todos se llenan la boca con Lula. El gobierno ecuatoriano de Correa auditó la deuda con investigadores internacionales y nacionales, y fue un ejemplo.
¡Que nadie nos cambie el discurso! Es mentira que esta fuerza habla de no honrar las deudas; queremos democratizar la democracia y las instituciones. Pretendemos más calidad institucional en el Parlamento, en la justicia y en toda la vida nacional. Las deudas se pagan, pero cuando hay litigio y la propia justicia las está investigando, los pagos se consignan. No se paga así, no se le da un cheque en blanco a la presidenta porque lo pide disfrazado de Fondo del Bicentenario, mientras nosotros ni nos enteramos a quién paga.
Redondeando, señor presidente, nuestra propuesta es auditoría general de la deuda, acotada en el tiempo –entre diez y doce meses‑, con los recursos necesarios para hacer esa auditoría en la comisión bicameral y consignar los pagos de deuda ad referéndum del resultado de la investigación ya sea en el Banco de Basilea o en el que se determine.
Nosotros creemos que esto no es suficiente. Hay que sentar las bases para una reconstrucción en la Argentina. No nos oponemos al uso de las reservas, porque los grandes países en desarrollo –Brasil, China, India y Sudáfrica‑ las usan para relanzar su estructura económica. Acá hay que crear el Fondo Nacional de Desarrollo para relanzar la industria petrolera, recuperar el ferrocarril para todos los provincianos y reconstruir la flota marítima y fluvial.
Debemos convocar rápidamente al ministro de Economía y Finanzas Públicas para que concurra a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a fin de analizar una ley complementaria del presupuesto 2010. Este espacio tiene las propuestas, aunque no es momento para tratarlas.
Queremos que se hable de lo que no se ha hablado. Primero, de la auditoría general de la deuda. Segundo, de cómo es posible que luego de todas las medidas y ajustes fiscales que debe tomar la Argentina, no se llegue a una solución respecto de la renta financiera en juego, de las brutales exenciones a las petroleras y las mineras, y de los bancos que ganaban el 51 por ciento en 2008 cuando todo el sistema bancario quebraba. Los bancos deben financiar y cofinanciar los agujeros fiscales con un bono fiscal a diez años a tasa fija.
Queremos discutir esas medidas concretas, pero no es posible que el pueblo argentino siga pagando con ajuste social por el endeudamiento y la complicidad por la estafa de la deuda.
Fuente: http://www.psamdp.com.ar/notas_noti.htm

El bloqueo al debate sobre el mecanismo central de empobrecimiento

Editorial "Deuda y Rapiña" de la revista Sudestada:
"Resulta curioso observar que, más allá de un escenario mediático que deja traslucir confrontación y polémica, en un aspecto no hay discusión. En un elemento central de la vida económica de nuestro país, no hay diferencias entre gobierno y oposición: la deuda externa debe pagarse, afirman unos y otros.

Lo que los divide, en todo caso, es el origen de los recursos que deben ser utilizados para tal fin. Es más, aquéllos que desde hace décadas propugnan el no pago de la deuda como la única opción razonable para interrumpir un mecanismo bicentenario de rapiña en Argentina son señalados ahora, por unos y otros, poco menos que como anacrónicos agitadores de izquierda.

Más allá del oportunismo de un sector, que busca debilitar la gestión a través de una constante campaña de desgaste encabezada por los grandes monopolios de prensa; y de la manipulación del otro, que persigue la continuidad del modelo económico de décadas pasadas, explotando el recurso punteril y clientelista para controlar el clima social en los barrios. Todos coinciden en “honrar” una deuda ilegítima, asumida por genocidas o personajes nefastos de la historia local que hoy gozan de los usufructos de una maniobra que entrega los recursos generados por los trabajadores a la usura de los grupos financieros internacionales.
Como sucedió con quienes criticamos la nefasta decisión de adelantar el pago de la deuda al FMI (mientras la mitad del país sigue bajo la línea de la pobreza y las condiciones laborales empeoran), otra vez se escucharon voces que aducen, con hipocresía, la supuesta “funcionalidad” de la crítica. No menos cierto es que en esta disputa muchos supuestos “compañeros” terminan hoy asociados a maniobras de gestión que confirman el modelo contra el cual alzaron su voz años atrás. Ahora, en cambio, insisten en advertir sobre la amenaza de la derecha reaccionaria, como si hubiese modo de justificar la entrega y la rapiña sólo por el hecho del signo político de quien proponga la aberración de seguir pagando una deuda fraudulenta con la miseria de millones.
Si bien tampoco conviene subestimar un clima político que en el continente está signado por el golpe en Honduras, la instalación de bases militares en Colombia y la ofensiva contra los gobiernos de Paraguay, Venezuela y Bolivia; pretender cajonear convicciones y barrer los principios debajo de la alfombra no parece la mejor manera de presentar batalla contra el avance estratégico del imperialismo en América Latina. ¿Hace falta, acaso, recordar que el reclamo del no pago de la deuda forma parte de la identidad de más de una generación de compañeros? ¿Hace falta señalar que para implementar la lógica del endeudamiento sistemático hubo 30.000 desaparecidos que pagaron el precio de oponerse a ese modelo? ¿Será una medida ocasional o será otra más en una larga lista que exige el disciplinado apoyo de muchos, cómplices ahora también de la entrega y la rapiña?

Bolivia hoy
Hay un proceso en marcha en el vecino país. Un camino elegido por la mayoría absoluta del pueblo boliviano, que hoy asoma como un modelo inequívoco de dignidad y justicia después de siglos de explotación e impunidad. En ese camino es válido contraponer opiniones, generar polémicas, intercambiar ideas entre compañeros de la misma Patria Grande. Para conocer, para discutir, para aprender. Por eso, la idea de convocar nuevas miradas sobre el presente, que incorporen también un balance de gestión desde el 22 de enero de 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia, hasta hoy, y que señalen los desafíos que se abren a partir de este nuevo período.
En un país arrasado por la codicia de los miserables, hay una puerta abierta que apuesta al cambio, con sus formas y sus tiempos. En un país de ricas tradiciones culturales, es importante insistir en el concepto de “proyecto en disputa”. Bolivia, hoy, vive ese "proyecto en disputa” con el pueblo en las calles y diversos sectores intentando hegemonizar un proceso contradictorio y cambiante, mientras la derecha no pierde sus mañas y desde sus privilegiados barrios ricos espera el tropiezo, persigue el desgaste, apuesta a la crisis.
Aquí esta Bolivia, ante los ojos del mundo".
Fuente: http://www.revistasudestada.com.ar/web06/article.php3?id_article=655

Deuda pública externa, razones para bloquear su debate entre los de abajo

Reflexiones sobre la deuda externa de Miguel Teubal (en Argumentos de 5-6-05): Uno de los componentes más importantes del modelo o “régimen de acumulación” implantado en nuestro país desde mediados de los años 1970 a esta parte lo constituye la política de endeudamiento externo. En efecto, la deuda externa crece ininterrumpidamente a partir de entonces, constitu-yéndose sin duda en uno de los condicionantes más importantes de sucesivas estrategias económicas.
La deuda externa puede ser considerada parte de políticas que se adoptan en función de proyectos que impulsan diferentes actores sociales y económicos en determinadas coyunturas históricas. A comienzos de los años 1970 se planteaba la necesidad de impulsar una nueva estrategia exportadora basada en exportaciones de productos manufacturados no tradicionales, que pudiera darle nuevo oxígeno a la política de industrialización por sustitución a las importaciones desarrollada hasta ese momento. Por aquel entonces nuestro país era uno de los más industrializados de América Latina, tenía uno de los ingresos per-cápita más altos del continente y un desarrollo científico-tecnológico substancial. Se consideraba, por ejemplo, que
su industria electrónica se hallaba en ese momento a la par de la de Corea del Sur.
Como consecuencia, una estrategia basada en las exportaciones de productos manufacturados equiparable a las desarrolladas por los NICs (nuevos países industrializados) de Asia y el Brasil en América Latina, habría sido una respuesta a la presunta crisis que se avisoraba en ese momento. Desde ya se trataba de una estrategia mucho más generadora de empleo que el modelo basado fundamentalmente en las tradicionales exportaciones de productos primarios,
agropecuarios, y petróleo.
Sin embargo, después del corto periplo de Ber Gelbard por el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Cámpora y Perón, esta estrategia exportadora quedó relegada. Tras el golpe militar de 1976 queda definitivamente enterrada y comienza la aplicación de otro modelo y estrategia económica pivoteada fundamentalmente sobre intereses especulativos y financieros y grandes grupos económicos. Se trata del modelo denominado de “valorización financiera”.

En este contexto se da impulso al aumento de la deuda externa que se despliega plenamente.
¿Porqué fue relegada esa nueva estrategia exportadora a que hacemos referencia, una estrategia que podría haberle dado un nuevo impulso al proceso de industrialización o, por lo menos, hubiera posiblemente evitado la extrema desindustrialización y demás tendencias regresivas inherente a las estrategias adoptadas por sucesivos gobiernos desde mediados de los años setenta a esta parte?
Durante los años 1960 persistían diversas estrategias económicas enfrentadas entre sí. Por una parte, una estrategia que podríamos denominar como “desarrollista” basada en intereses de una burguesía industrial, aliada, en algunos sentidos, con sectores sindicalistas, ambos interesados en potenciar el mercado interno en base a procesos de industrialización por sustitución a las importaciones para lo cuál se proponían medidas proteccionistas y promocionales de diversa
naturaleza. Frente a estos sectores se configuraba una alianza de sectores agrarios y de la oligarquía terrateniente, con el capital extranjero que planteaba la necesidad de lograr la plena liberalización de la economía. Sus argumentaciones se basaban en la idea de que el sector agropecuario tenía ventajas comparativas respecto de otras actividades económicas y que cualquier “intervencionismo estatal” generaba ineficiencias inconvenientes para la evolución económica del país.
La estrategia exportadora industrialista que se avizoraba en ese momento significaba un enfrentamiento con los tradicionales intereses oligárquicos del sector agropecuario y con los del capital extranjero. Asimismo, se insinuaba que habría de favorecer el avance de la clase trabajadora que era considerado perjudicial para esos intereses tradicionales (véase Minsburg, 1987; Teubal, 1993). ¿Qué mejor idea que sustituirla por argumentos neoliberales que en última instancia habrían de privilegiar a intereses financieros?
Etapas en el proceso de endeudamiento
La primera etapa del endeudamiento externo fue quizás la más importante. El gobierno militar que asume en 1976 impulsa la necesidad de que las empresas públicas y el sector privado se financien mediante recursos “genuinos” provenientes del exterior. Se trata del período de la “bicicleta financiera” que inaugura una nueva era en el quehacer económico de nuestro país. La deuda externa pasa de 6 a 7.000 millones de dólares en 1976 a 46 mil millones al finalizar la dictadura militar en 1983. Se trata de una deuda “odiosa” (contraída durante una dictadura militar) e “ilegítima” (gran parte de los capitales que ingresan pertenecían a nacionales que
los tenían depositados en el exterior). Se trataba de una deuda que, tras la crisis de 1981/82 y la consiguiente devaluación, es traspasada al estado.

El gobierno de Alfonsín no cuestiona ese endeudamiento. Por el contrario, lo legitima. A partir de entonces comienza el periplo de negociaciones con el Fondo para que sea pagado. Para ello el gobierno emite títulos públicos (el festival de bonos) que son tomados por el antiguo establishment que ya había traspasado su deuda al estado. La deuda externa sigue creciendo hasta alcanzar más de 63 mil millones en 1989. Esta etapa concluye con la crisis de 1989 tras el “golpe económico” que comienza ese año y que habría de generar las hiper inflaciones del período 1989-1991.
Finalmente la tercer etapa de la deuda comienza con la Convertibilidad en 1991 bajo el gobierno de Menem siendo impulsada por Cavallo. Se consolida con el Plan Brady, un nuevo estratagema según el cuál, gran parte de la deuda es transferida de los grandes bancos acreedores a pequeños ahorristas anónimos (pensionistas de los países industrializados fundamentalmente). Asimismo, el esquema de la convertibilidad posiblita la aplicación extrema del modelo neoliberal
en nuestro país, basado en las privatizaciones, y desregulaciones extremas (fundamentalmente del mercado laboral) y una apertura al exterior en particular para el sector financiero. Se trata de un modelo que requiere para su sustentabilidad del aumento continuo de la deuda, que alcanza unos 146 mil millones en 1999.

La crisis que comienza a partir del año 1998 y que se manifiesta plenamente en los años 2001/2002 es la culminación de este modelo. Los intentos por evitar el fin de la convertibilidad e incluso el default (blindaje y megacanje)fueron desastrosos. Una gran parte de la actual deuda que supera los 190 mil millones de dólares fue contraída en ese período. Pero no pudo estabilizarse la economía ante el embate de la fuga de capitales, motorizados por los amigos del
poder, como numerosas investigaciones han sacado claramente a la luz.

Para qué sirvió la deuda externa
En estos días se ha debatido mucho en torno a la nueva estrategia del canje de la deuda privada, llevada adelante por el gobierno de Kirchner, como para hacer más manejable el pago de los servicios de la deuda en el futuro y salir del “default” en términos más “sustentables”. Se habla mucho de ligar el pago de los servicios de la deuda a la sustentabilidad del modelo y fundamentalmente al crecimiento de la economía. No cabe duda, se han adoptado, por lo menos en lo que hace a la retórica, nuevos criterios para enfrentar la negociación de la deuda que modifican a los anteriores. Pero es evidente que no se ha “resuelto” el problema de la deuda, y que ésta continúa siendo un factor importante a considerar para la evolución futura del país.

Se estima que después del canje la deuda pasaría de los 190 mil millones de dólares, 112% del PBI, a 122 mil millones, 70% del PBI. Esto significa que si antes de este canje todo niño nacía en el país con una deuda de 5000 dólares a sus espaldas, en la actualidad nace debiendo “sólo” 3800 dólares.
Para ubicar la coyuntura actual en cierta perspectiva, podríamos preguntarnos
¿para qué sirvió la deuda externa en el pasado? Desde ya sabemos que tuvo bastante que ver con la crisis actual. Pero aún así, y haciendo oídos sordos por el momento a su carácter odioso e ilegítimo, podemos reiterarnos la pregunta del acápite de esta sección: ¿para qué sirvió la deuda? ¿Qué finalidad tuvo más allá de favorecer los negocios financieros de unos pocos, aquí y en el exterior? ¿Para promover qué tipo de actividades? En fin: éstas preguntas también pueden relacionarse estrechamente con aquella que se pregunta acerca de sus consecuencias económicas y sociales.

Los medios tienden a impulsar un cierto sentido común sustentado por “expertos” que nos indica que para que el país crezca y se desarrolle necesitamos abrirnos al capital extranjero y al mundo financiero en general. Y que no “integrarse al mundo” es ir en contra de la modernidad y la globalización, procesos éstos que son inexorables en el mundo contemporáneo. Pero existen algunos datos contra fácticos que matizan o contradicen este sentido común. Por una parte, como lo destaca frecuentemente Aldo Ferrer, la mayor parte de la inversión en el país es de origen local, no internacional, y la que más empleo genera es la que realiza la mediana y pequeña empresa.

Por otra parte, cabría preguntarse acerca de la reciente expansión económica desarrollada en el país. Ésta precisamente se realizó con gran parte de la deuda privada en default (no la del FMI y de otros organismos internacionales a quienes se han remitido en el período post-default 11.500
millones de dólares), sin acceso a nuevas fuentes de endeudamiento externo, y sin
la aplicación de las políticas de ajuste de rigor en otros períodos. Se trató efectivamente de un período en el que “vivimos con lo nuestro”. Podría vislumbrarse que ésta situación de crecimiento económico no se debió a la pura casualidad (aunque la crisis redujo las importaciones y el alza de los precios internacionales de algunos “commodities” incidieron significativamente sobre el valor de las exportaciones y sobre la balanza comercial favorable que tuvo el país
en años recientes) sino a que no fueron aplicadas las políticas de ajuste al estilo de Menem y de la Rúa.
El período clave de endeudamiento externo fue durante la dictadura militar.
Según diversos estudios la deuda fue utilizada para financiar: la copa mundial de fútbol, para prepararse para la guerra con Chile, para construir alguna que otra autopista y la extensión de la red gasífera. Pero el grueso del endeudamiento externo de ese período, 31 mil millones de dólares tuvo como destino las actividades financieras y la fuga de capitales.
Una vez legitimado ese endeudamiento externo bajo Alfonsín, Menem y de la Rúa, la deuda siguió creciendo como una bola de nieve: sirvió para financiar los
negocios financieros de los grandes bancos y grupos económicos, la fuga de
capitales y para cubrir baches en la balanza de pagos que, a causa de la
convertibilidad y la deuda ya acumulada, se hizo con nuevo endeudamiento
externo.

Existe una estrecha correlación entre el aumento de la deuda externa y de
los depósitos de argentinos en el exterior. Asimismo, la necesidad de hacer frente a la deuda requirió cada vez más endeudamiento. La fuga de capitales que se
potenció durante la reciente crisis fue también financiada en parte directamente por el FMI (Calcagno y Calcagno, 2005).

Está claro que el país no se endeudó para industrializarse, para aumentar el empleo o para mejorar las condiciones de vida de la población. Nada tuvo que ver la deuda externa con el desarrollo de la economía nacional o el bienestar social de la población en general. Todo lo contrario: sirvió para financiar un modelo altamente regresivo, excluyente para la mayoría de la población. Sus principalesbeneficiarios fueron los grandes intereses financieros y los dueños de los depósitos en el exterior.
Tal cuestión plantea de por sí una cuestión de justicia: el pago de la deuda (si es que debería realizarse) lo deberían hacer los que fueron sus principales
beneficiarios; debería provenir fundamentalmente de aquellos depósitos existentes
en el exterior, que casi superan al PBI de un año.
Sin embargo, el problema no es sólo quien paga la deuda, sino por qué seguir
endeudándose. No me quedan en claro las ventajas económicas y sociales de seguir “integrándonos a la economía financiera internacional” portándonos “tan bien” como lo hicimos durante la década de los noventa, si en el pasado nos fue tan mal con ello. Pero quizás aquí entran a tallar, no tanto la problemática económica,
sino otras cuestiones netamente políticas.
Fuente: http://argumentos.fsoc.uba.ar/n05/articulos/implicancias_reflexiones.pdf