Carta abierta a la ciudadanía de Rosario y a su futura intendenta –Mónica Fein- ante los recientes dichos de la misma
Como miembros de la sociedad rosarina y militantes de organizaciones sociales que luchan y laburan todos los días por un futuro digno, manifestamos públicamente nuestra preocupación ante las recientes declaraciones de la futura intendenta de Rosario, Mónica Fein debido al carácter persecutorio y evasivo de sus declaraciones ante diversos medios locales.
Vivimos desde hace décadas en el país en una situación social angustiosa, para nada deseable pensando en el futuro de nuestros pibes, siendo los desocupados, los pobres, la gente de los barrios y las villas los que más padecemos esta crisis estructural de la dignidad humana. En la región de Rosario las cosas no son diferentes y usted lo sabe señora Fein: la desocupación y la indigencia alcanzan porcentajes de dos dígitos y es la ciudad con más villas miserias del país (según últimos datos de la EPH del INDEC). Convivimos con esta dolorosa realidad en nuestros hogares ubicados en marginados barrios de asentamientos de la zona norte de la ciudad (Nuevo Alberdi, Empalme Granero, la Travesía, Ludueña), pasando por la zona oeste (Belgrano, Fisherton Pobre, Santa Lucía, Godoy, Cabin 9, Los Humitos, Villa Banana, Villa Urquiza, Villa Itatí) hasta los de la zona sur de la ciudad (Las Flores, la Granada, Molino Blanco, San Martín Sur, el Mangrullo).
Sin embargo no queremos darnos por vencidos y dejarnos estar. Tampoco queremos que el hambre que sentimos y la desesperación de ver nuestros chicos sin futuro nos lleven a hacer locuras. La delincuencia, las drogas y la prostitución están a la orden del día en nuestra realidad marginal como escape o alternativa, pero sabemos que por ahí no debemos encarar. Como agravante los hogares donde vivimos hacen que toda la vida sea más pesada y sin mucho que perder. Los mismos están construidos con los peores materiales que se pueden usar sufriendo el frío invernal y el calor húmedo veraniego de esta ciudad como nadie. Encima los terrenos ociosos donde estamos no nos pertenecen según el Estado y tenemos miedo a ser desalojados todos los días. Venimos de generaciones sin trabajo, hemos nacido en hogares sin nada que tener ni nada que perder y sin embargo deducimos que debemos alcanzar algún día la dignidad y no vivir discriminados como perros. Cuando vamos con nuestros carros al centro para trabajar dicen que ensuciamos (con nuestra imagen) el centro o que nuestros caballos están hambrientos cuando no se fijan si nosotros mismos lo estamos. Montones de realidades nuestras usted señora Fein se niega a ver. También se niega a reconocer que decidimos organizarnos para hacer frente a la situación en lugar de estar relegados al sistema clientelar de los punteros de los políticos. Igualmente se niega a reconocer que nos organizamos sin ser rebaño de ningún pastor, nadie nos tiene sometidos por ningún plan señora Fein. Salimos con un nombre porque no aguantamos más estar fuera de todo y cada día caernos más sin existir, siendo solamente estadísticas.
23 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
El mercado mundial dicta un único cultivo, una única cultura y un único modo de pensar y actuar
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
Día Internacional de lucha contra las plantaciones de monocultivos de árboles: 21 de septiembre
Unión de Asambleas Ciudadanas
El 2011 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques. Como lema de la difusión se subraya la frase: “Los bosques para la gente”, pero cabe preguntarse al menos por un momento: ¿a qué gente se refieren?
En todas partes del mundo, millones de hectáreas de tierra productiva están siendo rápidamente convertidas en desiertos verdes presentados bajo el disfraz de “bosques”. Las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos – eucalipto, pino, palma aceitera, caucho, jatrofa y otras especies – que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida, destruyendo los ecosistemas junto a la red de relaciones de todos los seres vivos que los habitan, ocasionando la pérdida de miles de especies.
La tierra cultivable, crucial para la soberanía alimentaria de las comunidades locales y de los pueblos en general, es convertida en monocultivos de árboles que producen materias primas para exportación. Los recursos hídricos son contaminados por los pesticidas y agotados por las plantaciones, al tiempo que los suelos se degradan, multiplicándose plagas y enfermedades innumerables. Las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente, y van desde la pérdida de los medios de vida y el desplazamiento hasta la represión e incluso casos de tortura y muerte. Si bien las comunidades sufren en su conjunto, las plantaciones, tienen impactos diferenciados de género, siendo las mujeres las más afectadas. Esta forma de mercantilización de la naturaleza empobrece el medioambiente y a los pueblos para enriquecerse sólo unos pocos.
Día Internacional de lucha contra las plantaciones de monocultivos de árboles: 21 de septiembre
Unión de Asambleas Ciudadanas
El 2011 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques. Como lema de la difusión se subraya la frase: “Los bosques para la gente”, pero cabe preguntarse al menos por un momento: ¿a qué gente se refieren?
En todas partes del mundo, millones de hectáreas de tierra productiva están siendo rápidamente convertidas en desiertos verdes presentados bajo el disfraz de “bosques”. Las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos – eucalipto, pino, palma aceitera, caucho, jatrofa y otras especies – que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida, destruyendo los ecosistemas junto a la red de relaciones de todos los seres vivos que los habitan, ocasionando la pérdida de miles de especies.
La tierra cultivable, crucial para la soberanía alimentaria de las comunidades locales y de los pueblos en general, es convertida en monocultivos de árboles que producen materias primas para exportación. Los recursos hídricos son contaminados por los pesticidas y agotados por las plantaciones, al tiempo que los suelos se degradan, multiplicándose plagas y enfermedades innumerables. Las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente, y van desde la pérdida de los medios de vida y el desplazamiento hasta la represión e incluso casos de tortura y muerte. Si bien las comunidades sufren en su conjunto, las plantaciones, tienen impactos diferenciados de género, siendo las mujeres las más afectadas. Esta forma de mercantilización de la naturaleza empobrece el medioambiente y a los pueblos para enriquecerse sólo unos pocos.
10 de septiembre de 2011
Las relaciones con China agravan al modelo neoextractivista
"América latina-China: sus relaciones económicas en un mundo globalizado, 1980-2010"
por Carlos M. Tur Donatti
América latina acepta una relación comercial asimétrica que poco la beneficia y evoca pasadas servidumbres
El excepcional ascenso económico de China, en la época de la globalización neoliberal, contrasta agudamente con el nuevo papel subordinado que América Latina está asumiendo en la renovada división internacional del trabajo que se ha impuesto en las últimas décadas. Mientras China nos vende una amplia gama de manufacturas y comienza a instalar sucursales bancarias, nosotros exportamos soya, minerales y energéticos, aceptando una relación comercial asimétrica que poco nos beneficia y evoca pasadas servidumbres.
Están resurgiendo relaciones de explotación-subordinación nada novedosas para nuestros países, que podemos denominar con toda propiedad neocoloniales, en la que China emerge como un creciente poder imperialista. Hace un siglo y medio, Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, redujeron a nuestros países al papel de economías subordinadas hasta la gran crisis de 1929. Los cincuenta años posteriores fueron de industrialización sustitutiva y de estados interventores y benefactores en los países mayores; medio siglo que concluyó con la década perdida de los años ochenta, desencadenada la crisis por el endeudamiento externo y la imposibilidad de afrontarlo. La salida impuesta a América Latina por el hegemónico capital financiero norteamericano y europeo parece tener hoy paradójicamente a un país en particular beneficiado, China. ¿Nos conviene la situación de estos últimos años?, ¿en qué nos beneficia sumar a nuestra dependencia una metrópoli más?, ¿cómo reaccionan ante esta nueva realidad nuestros movimientos sociales, empresas y gobiernos? Un interrogante se impone de forma abrumadora, ¿cuáles son los caminos alternativos en defensa de nuestros intereses?
por Carlos M. Tur Donatti
América latina acepta una relación comercial asimétrica que poco la beneficia y evoca pasadas servidumbres
El excepcional ascenso económico de China, en la época de la globalización neoliberal, contrasta agudamente con el nuevo papel subordinado que América Latina está asumiendo en la renovada división internacional del trabajo que se ha impuesto en las últimas décadas. Mientras China nos vende una amplia gama de manufacturas y comienza a instalar sucursales bancarias, nosotros exportamos soya, minerales y energéticos, aceptando una relación comercial asimétrica que poco nos beneficia y evoca pasadas servidumbres.
Están resurgiendo relaciones de explotación-subordinación nada novedosas para nuestros países, que podemos denominar con toda propiedad neocoloniales, en la que China emerge como un creciente poder imperialista. Hace un siglo y medio, Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, redujeron a nuestros países al papel de economías subordinadas hasta la gran crisis de 1929. Los cincuenta años posteriores fueron de industrialización sustitutiva y de estados interventores y benefactores en los países mayores; medio siglo que concluyó con la década perdida de los años ochenta, desencadenada la crisis por el endeudamiento externo y la imposibilidad de afrontarlo. La salida impuesta a América Latina por el hegemónico capital financiero norteamericano y europeo parece tener hoy paradójicamente a un país en particular beneficiado, China. ¿Nos conviene la situación de estos últimos años?, ¿en qué nos beneficia sumar a nuestra dependencia una metrópoli más?, ¿cómo reaccionan ante esta nueva realidad nuestros movimientos sociales, empresas y gobiernos? Un interrogante se impone de forma abrumadora, ¿cuáles son los caminos alternativos en defensa de nuestros intereses?
2 de septiembre de 2011
La lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados es por la vida y el agua de todos nosotros, los de abajo de hoy y mañana
“El cerro es nuestra vida y lo vamos a defender”
Los riojanos conocieron ayer la noticia de la firma del convenio de la empresa estatal EMSE, creada por el gobierno de Luis Beder Herrera con la minera canadiense Osisko Mining Corporation para explorar y explotar el Cerro El Famatina. Luego de que trascendiera esta información, las asambleas riojanas comenzaron a movilizarse y organizarse para demostrar que su oposición a la megaminería contaminante será mantenida con firmeza.
Por Analía Rodríguez - Red Eco y Radio La Retaguardia.
“No hay más vuelta que darle: a los niños de nuestros pueblos si les preguntás de dónde viene el agua que sale de la canilla ellos te señalan el cerro y te dicen de ahí. Nuestro niños y nosotros estamos convencidos de que el cerro es nuestra fuente de vida y lo vamos a defender hasta dando nuestras vidas si es necesario”, así lo señalaba en el programa La Retaguardia, Gabriela Romano de la Asamblea de Chilecito, ayer por la noche. Lo hacía luego de finalizado el escrache al Intendente de dicha localidad, Lázaro Fonzalida, uno de los funcionarios que participó de la conferencia de prensa realizada ayer por la mañana cuando fue anunciada la firma del convenio.
Mientras se desarrollaba el escrache, en la localidad de Famatina, como en muchos otros lugares de la provincia, se realizaba una asamblea en la que los habitantes definían las acciones a seguir. En primer lugar, planifican convocar a una asamblea el sábado por la tarde en la plaza principal, allí planean paralizar completamente todas las actividades de la localidad. La idea es que ninguna entidad pública de Famatina funcione hasta que no se eche atrás el convenio firmado ayer. A su vez, anunciaron que retomarán el corte de Peña Negra y comenzarán a distribuir un documento para informar a la población y alertar de los últimos acontecimientos. Este corte sostenido a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, impidió desde marzo de 2007 el acceso de los vehículos de la empresa minera Barrick Gold al campamento que mantenía en el cerro Famatina.
Si bien la noticia del convenio resultó inesperada, no sorprendió a los riojanos. Su actual gobernador fue reelecto el último fin de semana de mayo con el 65% de los votos. En 2007 obtuvo el cargo de Gobernador con un discurso fuertemente antiminero, sin embargo poco a poco fue mostrando que se trataba sólo de un recurso electoralista.
Lo que destacan los riojanos es que más allá de este triunfo electoral, ese voto no representó un aval para que avancen los proyectos mineros. Los asambleístas destacan que en una encuesta realizada en toda la provincia, más del 70% de la población se opuso a la megaminería contaminante y saqueante.
La Rioja es una provincia donde el agua es un recurso escaso. El suministro de agua corriente se encuentra racionado por turnos en muchas zonas, lo que empeora cuando se producen profundas sequías. ¿Podrán aceptar los riojanos que una empresa utilice millones de litros diarios para extraer oro? Para los/as integrantes de las asambleas autoconvocados de la provincia la respuesta es simple: NO.
Durante la conferencia de prensa, Berder Herrera afirmó que “Osisko es la primera productora de oro de Canadá, el país que más cuida el medio ambiente en el mundo”. Pero en un comunicado difundido por las asambleas riojanas ayer manifestaron: “Uno de los proyectos de Osisko es MALARTIC en Abitibi Gold Belt a 25 kilómetros de Val-d’Or, Quebec, Canadá. La mina destruyó el territorio y a pesar de las denuncias del mismo pueblo, los vecinos fueron obligados a dejar sus casas y trasladarse a otros lugares perdiendo todo lo que habían construido hasta el momento. Hay fotografías que lo prueban y la misma Asamblea de Chilecito lo ha comprobado viajando al lugar de los hechos en abril de este año. Son aterradores los testimonios de los habitantes canadienses contando cómo destruyeron el pueblo y la policía los obligó a irse mientras grandes camiones trasladaban sus casas a otros lugares. Imaginémonos que si eso hacen en su país, lo que pueden llegar a hacer acá”.
El comunicado finaliza denunciando la complicidad de los funcionarios públicos del gobierno de Beder Herrera en la entrega del Famatina y de otros tantos cerros. A su vez, los responsabilizan de lo que pase en la provincia de La Rioja.
En consonancia con esto último, Karina Díaz Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Famatina, manifestó a La Retaguardia: “Acá ya no hay convenios ni legalidad que valga. Las leyes ya no nos interesan como pueblo, nuestra lucha es legítima y la lucha por nuestra vida y nuestra fuente de agua está por arriba de todo. Así que hemos decidido defendernos y lo vamos a hacer. Para eso necesitamos que todo el pueblo argentino tome conciencia de lo que nos está pasando, esta entrega sistemática de los bienes comunes, esta entrega vergonzosa y leonina que hacen nuestros funcionarios. Hacemos responsable al gobierno de la provincia de La Rioja y al gobierno Nacional de las consecuencias de los que ellos mismos provocan”.
Actividades previstas y contactos Viernes - movilización en localidad de Nonogasta. _Contacto: 03825-15-406-261 - Colectivo El Hormiguero Sábado - Por la mañana: plenario regional en Patquía. Contacto 03822-15-510-466 -Radio Voces // Por la tarde: asamblea y movilización en Famatina Domingo - movilización en Chilecito. Contacto: 03825-15-406-261 - Colectivo El Hormiguero
Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4421
1 de septiembre de 2011
Solidaridad con la voluntad de"agua, tierra, trabajo y justicia" de la resistencia al modelo extractivo
Defendamos la vida por Frente Riojano de Organización Popular
Desde el FROP vemos con preocupación cómo el gobierno de Beder Herrera hace un análisis simplista de la Democracia, llegando a la conclusión de que el aval que dice haber conseguido en las elecciones de Mayo le da el poder y la impunidad de hacer del futuro de los riojanos lo que quiera, inclusive vender nuestro agua -lo más preciado para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones- a través de un convenio de explotación minera con la empresa Osisko.Pensemos que a lo que el gobierno llama “aval social” -67% de los votos- fue conseguido en elecciones, impregnadas de trampa y corrupción, como por ejemplo la participación de más de mil 500 candidatos del oficialismo y que, a partir de las colectoras, todas las cabezas de lista llevaban a Beder Herrara como candidato a gobernador. A esto le sumemos el despilfarro de plata que se hizo, de los espejitos de colores que significan las laptops para los más chicos de la casa, entre otras maniobras. Con todo esto Beder consiguió (de mano de las cuentas oficiales: Tribunal Electoral) más de 100 mil votos en una población de 310.000 habitante (según el censo 2010).En este marco estamos convencidos que el convenio firmado el pasado miércoles 31 de agosto para explorar –y posteriormente explotar- el Famatina, NO TIENE el aval de la mayoría del pueblo de La Rioja, el cual por lo menos desconfía de la afirmación del gobierno que asegura que “la explotación será responsable”; como también desconfía de que vaya a cuidar el agua de los riojanos, mineral que necesitamos para vivir.
Las acciones que ha desarrollado el gobierno, en la forma que ha tejido su trampa para buscar el consenso necesario -el 67% de las elecciones de mayo y el triunfo en las primaria- y que hoy dice estar refrendando, contó con la complicidad y el aparato del gobierno nacional, responsable del diseño de explotación de recursos y bienes comunes en Argentina. En este sentido destacamos que gobierno de los K, hoy gestionado por Cristina Fernández de Kirchner, está parado sobre gran parte de la legislación que dejo como herencia el neoliberalismo, como por ejemplo la Ley de minería.
Frente a esto denunciamos la responsabilidad de todos los funcionarios públicos como cómplices de la entrega y la mentira en la que hoy nos emerge el gobernador, quien firma que el convenio firmado con Osiska a dejar a los riojanos un 30% de regalías de la explotación. Miente Beder Herrera cuando dice que van a cuidar el medio ambiente, miente cuando dice que van a generar trabajo, mienten cuando dice que lo avala la mayoría del pueblo. Miente, como mintió en 2007 cuando él mismo decía que en La Rioja no habría minería por que los riojanos intuíamos que no iba a ser posible la explotación minera y el desarrollo agrícola, porque en nuestra provincia el agua es limitada y escasa.
Porque confiamos en la gente de nuestro pueblo, en su lucha cotidiana y silenciosa, porque confiamos en nuestra gente trabajadora, solidaria y comprometida, en sus trabajadores públicos, privados y los del campo; en nuestros campesino que hacen de la jornada de todo los días la esperanza del mañana. Confiamos en los estudiantes siempre rebeldes e inquietos, y tantas veces olvidados por nuestra sociedad; confiamos en los profesionales y comerciantes, en las mujeres y madres que destellan el día con su simpleza haciendo de la supervivencia diaria espacios de lucha cotidiana, compañeras en la crianza de nuestros changuitos.A todos y todas, convocamos a pronunciarnos de cualquier forma, llamando a un medio de comunicación, discutiendo en el barrio, charlando en el trabajo, movilizándose en la calle, etc., porque será la única forma de parar el atropello en el que pretenden embaucarnos este mal gobierno poniendo en riesgo nuestra agua, vital elemento para la vida.
Por agua, tierra, trabajo y justicia
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=1859 01.Sep.11 :: Argentina
Desde el FROP vemos con preocupación cómo el gobierno de Beder Herrera hace un análisis simplista de la Democracia, llegando a la conclusión de que el aval que dice haber conseguido en las elecciones de Mayo le da el poder y la impunidad de hacer del futuro de los riojanos lo que quiera, inclusive vender nuestro agua -lo más preciado para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones- a través de un convenio de explotación minera con la empresa Osisko.Pensemos que a lo que el gobierno llama “aval social” -67% de los votos- fue conseguido en elecciones, impregnadas de trampa y corrupción, como por ejemplo la participación de más de mil 500 candidatos del oficialismo y que, a partir de las colectoras, todas las cabezas de lista llevaban a Beder Herrara como candidato a gobernador. A esto le sumemos el despilfarro de plata que se hizo, de los espejitos de colores que significan las laptops para los más chicos de la casa, entre otras maniobras. Con todo esto Beder consiguió (de mano de las cuentas oficiales: Tribunal Electoral) más de 100 mil votos en una población de 310.000 habitante (según el censo 2010).En este marco estamos convencidos que el convenio firmado el pasado miércoles 31 de agosto para explorar –y posteriormente explotar- el Famatina, NO TIENE el aval de la mayoría del pueblo de La Rioja, el cual por lo menos desconfía de la afirmación del gobierno que asegura que “la explotación será responsable”; como también desconfía de que vaya a cuidar el agua de los riojanos, mineral que necesitamos para vivir.
Las acciones que ha desarrollado el gobierno, en la forma que ha tejido su trampa para buscar el consenso necesario -el 67% de las elecciones de mayo y el triunfo en las primaria- y que hoy dice estar refrendando, contó con la complicidad y el aparato del gobierno nacional, responsable del diseño de explotación de recursos y bienes comunes en Argentina. En este sentido destacamos que gobierno de los K, hoy gestionado por Cristina Fernández de Kirchner, está parado sobre gran parte de la legislación que dejo como herencia el neoliberalismo, como por ejemplo la Ley de minería.
Frente a esto denunciamos la responsabilidad de todos los funcionarios públicos como cómplices de la entrega y la mentira en la que hoy nos emerge el gobernador, quien firma que el convenio firmado con Osiska a dejar a los riojanos un 30% de regalías de la explotación. Miente Beder Herrera cuando dice que van a cuidar el medio ambiente, miente cuando dice que van a generar trabajo, mienten cuando dice que lo avala la mayoría del pueblo. Miente, como mintió en 2007 cuando él mismo decía que en La Rioja no habría minería por que los riojanos intuíamos que no iba a ser posible la explotación minera y el desarrollo agrícola, porque en nuestra provincia el agua es limitada y escasa.
Porque confiamos en la gente de nuestro pueblo, en su lucha cotidiana y silenciosa, porque confiamos en nuestra gente trabajadora, solidaria y comprometida, en sus trabajadores públicos, privados y los del campo; en nuestros campesino que hacen de la jornada de todo los días la esperanza del mañana. Confiamos en los estudiantes siempre rebeldes e inquietos, y tantas veces olvidados por nuestra sociedad; confiamos en los profesionales y comerciantes, en las mujeres y madres que destellan el día con su simpleza haciendo de la supervivencia diaria espacios de lucha cotidiana, compañeras en la crianza de nuestros changuitos.A todos y todas, convocamos a pronunciarnos de cualquier forma, llamando a un medio de comunicación, discutiendo en el barrio, charlando en el trabajo, movilizándose en la calle, etc., porque será la única forma de parar el atropello en el que pretenden embaucarnos este mal gobierno poniendo en riesgo nuestra agua, vital elemento para la vida.
Por agua, tierra, trabajo y justicia
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=1859 01.Sep.11 :: Argentina
22 de agosto de 2011
El modelo extractivo de Argentina y Unasur que los diversos de abajo resisten
La minería a cielo abierto en Latinoamérica por Martín Mantxo (Ecologista)
Latinoamérica es uno de los principales proveedores de recursos minerales para el metabolismo industrial mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes beneficios de esta explotación, los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar. Pero también cada vez es más fuerte la oposición popular.
Este octubre hemos asistido a un fenómeno mediático alrededor del rescate de 33 mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados en una mina. No es de extrañar que un accidente así ocurra en un país que aún no ha ratificado el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Antes del rescate, en Chile ya habían fallecido otros 32 mineros este mismo año, con los que el total de fallecidos en minas se eleva a 200 en toda Latinoamérica entre enero y octubre de 2010 [1].
Hoy día América Latina continúa siendo víctima de la leyenda del El Dorado y de aquella locura que empujó a los conquistadores a cometer tanta atrocidad. El continente sigue siendo origen de materias primas básicas y de buena parte de los minerales en los que se ha basado nuestro sistema económico.
Tras épocas de imperialismo, de neoliberalismo, de esporádicos intentos de nacionalización con resultados diversos… por ahora la extracción de minerales se mantiene mayoritariamente en manos extranjeras, más en concreto de grandes compañías estadounidenses, canadienses o chinas, junto a muchas europeas, y cómo no, españolas. Así se denunció y probó, por ejemplo, en el último Tribunal de los Pueblos celebrado en Madrid el pasado mayo.
Por toda Latinoamérica el pueblo se alza contra la minería, sobre todo contra la de cielo abierto, que es la que más problemas ambientales y destrucción causa. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que éste fue uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica. Como en el caso del petróleo, la crisis hace que se exploten yacimientos en espacios naturales, de difícil acceso o en malas condiciones, o con minerales de baja ley o poco concentrados.
A causa de nuestra capacidad tecnológica, del petróleo barato y sobre todo de mucha codicia y poca sensatez, se ha impuesto una forma de minería, la minería a cielo abierto –hoy por hoy la más utilizada en Latinoamérica–, que consiste en arrancar todo el terreno, horadando más y más, para luego triturar los materiales y seleccionar lo requerido. Se configuran así paisajes dantescos, con cráteres de kilómetros de diámetro.
La minería a cielo abierto, además de ser responsable de un impacto directo como el del cráter que produce haciendo desaparecer todo lo existente con anterioridad (bosques, hábitats, acuíferos, etc.), y de otros impactos indirectos relacionados con su dependencia energética, también causa contaminación por filtraciones o derrames (sobre todo en actividades asociadas a la minería de oro y plata), pues a menudo se separan los minerales con productos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, que luego provocan graves contaminaciones y envenenamientos. Otro impacto asociado a esta minería es el gran consumo de agua para limpiar el mineral, y el gasto de energía por el gran volumen y masa de los materiales que se mueven.
Una de las minas más grandes del mundo, en Colombia, es la gran explotación de carbón de Cerrejón [2], en pleno territorio Wayúu. Ocupa una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo que hace que el pueblo wayúu esté totalmente condicionado por la actividad minera. En el Estado español importamos carbón colombiano para las centrales térmicas: 2,24 millones de toneladas en 2009 (casi el 17% del total importado) [3].
Nueva amenaza: la minería de frontera
Las transnacionales mineras se expanden en busca de nuevos territorios. No sólo hacia los más remotos e inhóspitos sino que también se actúa sobre otros que por legislación todavía se encontraban exentos de actividad minera. Éstos pueden ser espacios protegidos o también zonas como las fronterizas, en las que cada Estado mantiene franjas de no acceso o de seguridad junto a la frontera. En los últimos años, las grandes transnacionales mineras han conseguido que los gobiernos firmen tratados entre ellos y concedan permisos, poniendo con ello nuevas zonas en explotación. La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones en un espacio de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se considere de interés nacional. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.
Quizás el caso más conocido sea el de Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, de la canadiense Barrick Gold, una trasnacional demanda en nueve países de cuatro continentes por atentados contra el medio ambiente. Este proyecto pretende extraer oro bajo ese glacial de los Andes, amenazando un espacio declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este junio también hubo movilizaciones en la República Dominicana contra esta compañía por otro proyecto en Cotuí. La Barrick ha conseguido un acuerdo con el Gobierno dominicano para embolsarse nada menos que el 95% de los beneficios.
El pasado 30 de septiembre se celebró en Chile, en la sede de la histórica CUT (Central Unitaria de Trabajadores), un Tribunal Ético específico contra la minería de frontera por el riesgo enorme que está suponiendo como nueva forma de extracción de recursos. Como otros tribunales de los pueblos, éste tenía como objetivo recopilar datos y poner todos estos casos en un mismo contexto, a la vez que servir de plataforma para que trascendiera una denuncia conjunta.
En las zonas limítrofes entre países, las mineras eliminan las restricciones creando territorios binacionales bajo su control. Hasta ahora se han planteado otros cuatro proyectos en la cordillera de Los Andes, amenazando los glaciares: El Pachón de Xstrata, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, y en trámite está el proyecto Cerro Cuadrado, de otra empresa canadiense. Los proyectos transfronterizos entre Guatemala y El Salvador (Mina Cerro Blanco, de Goldcorp), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima para Bolivia, Paraguay y Brasil), o los de Perú y Ecuador (aquí las concesiones se han triplicado en 5 años), donde destacan dos casos simbólicos: la mina de oro Afrodita (canadiense) y la de cobre de Río Blanco. Entre Guatemala y México nos encontramos la mina Marlin de Montana (Goldcorp) que afecta a 18 comunidades indígenas, o la Blackfire Exploration de barita en Chiapas, donde fue asesinado el lider anti-minero Mariano Abarca.
Una oposición que no cesa
Sí, el activismo minero se castiga duramente. Porque es un activismo de mucho nivel. Porque la actividad se multiplica como una epidemia y porque, como decimos, los impactos son drásticos y enormes los beneficios para las empresas. Pero las movilizaciones persisten pese a esa represión.
El 26 de octubre se realizó en Uspallata (Argentina) otro tribunal contra el proyecto megaminero de oro y cobre San Jorge. A mitad de noviembre (este artículo se escribe antes) se celebrará también en Andalgalá (Argentina) el 14º Encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas por ser este lugar de resistencia de un pueblo que ha conseguido, tras batallas campales, la paralización del proyecto mega-minero Agua Rica, y que lucha contra otra existente en La Alumbrera.
En octubre se realizaron consultas en Guatemala, en Santa Cruz del Quiché y en San Miguel Uspantán. En ambos casos, como en otros antes (Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz), se rechazó unánimemente la explotación minera y también las instalaciones petroleras e hidroeléctricas. En el primero participaron 87 comunidades y 186 en el segundo [4]. La consulta de San Miguel Uspantán se realizó pese a las coacciones, intentos de bloqueo por parte del mismo alcalde, y la intimidación con un gran contingente de policías antidisturbios, vuelo de aviones y helicópteros. Y eso que además de ser una práctica antigua y tradicional, la consulta está amparada por la legislación guatemalteca.
También se reunieron este octubre en Lima activistas organizados en la red CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), una de las redes más asentadas y constantes. Ahí declararon que “durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee”, exigiendo el cese de “actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la existencia de la vida, y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro planeta”. En Perú la minería representa el 60% de sus exportaciones, pero, además, es el origen de la mayoría de sus conflictos sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria.
En Ecuador la organización y coordinación de los afectadas por la minería continúa. El 9 de octubre se reunieron en Pallatanga (Chimborazo) convocados por el Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de este cantón, representantes de comunidades, organizaciones y autoridades para continuar “la resistencia contra las transnacionales mineras a pesar de la represión, persecución y criminalización que implementa el Estado y el gobierno para proteger a las corporaciones saqueadoras de minerales”. La actividad de las grandes mineras ha sido objeto del mayor conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y la ciudadanía ecuatoriana.
Notas (…)
Fuente original: http://www.ecologistasenaccion.org/article19964.htmlFuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132866 Otro mundo es posible/ 21-08-2011
Latinoamérica es uno de los principales proveedores de recursos minerales para el metabolismo industrial mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes beneficios de esta explotación, los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar. Pero también cada vez es más fuerte la oposición popular.
Este octubre hemos asistido a un fenómeno mediático alrededor del rescate de 33 mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados en una mina. No es de extrañar que un accidente así ocurra en un país que aún no ha ratificado el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Antes del rescate, en Chile ya habían fallecido otros 32 mineros este mismo año, con los que el total de fallecidos en minas se eleva a 200 en toda Latinoamérica entre enero y octubre de 2010 [1].
Hoy día América Latina continúa siendo víctima de la leyenda del El Dorado y de aquella locura que empujó a los conquistadores a cometer tanta atrocidad. El continente sigue siendo origen de materias primas básicas y de buena parte de los minerales en los que se ha basado nuestro sistema económico.
Tras épocas de imperialismo, de neoliberalismo, de esporádicos intentos de nacionalización con resultados diversos… por ahora la extracción de minerales se mantiene mayoritariamente en manos extranjeras, más en concreto de grandes compañías estadounidenses, canadienses o chinas, junto a muchas europeas, y cómo no, españolas. Así se denunció y probó, por ejemplo, en el último Tribunal de los Pueblos celebrado en Madrid el pasado mayo.
Por toda Latinoamérica el pueblo se alza contra la minería, sobre todo contra la de cielo abierto, que es la que más problemas ambientales y destrucción causa. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que éste fue uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica. Como en el caso del petróleo, la crisis hace que se exploten yacimientos en espacios naturales, de difícil acceso o en malas condiciones, o con minerales de baja ley o poco concentrados.
A causa de nuestra capacidad tecnológica, del petróleo barato y sobre todo de mucha codicia y poca sensatez, se ha impuesto una forma de minería, la minería a cielo abierto –hoy por hoy la más utilizada en Latinoamérica–, que consiste en arrancar todo el terreno, horadando más y más, para luego triturar los materiales y seleccionar lo requerido. Se configuran así paisajes dantescos, con cráteres de kilómetros de diámetro.
La minería a cielo abierto, además de ser responsable de un impacto directo como el del cráter que produce haciendo desaparecer todo lo existente con anterioridad (bosques, hábitats, acuíferos, etc.), y de otros impactos indirectos relacionados con su dependencia energética, también causa contaminación por filtraciones o derrames (sobre todo en actividades asociadas a la minería de oro y plata), pues a menudo se separan los minerales con productos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, que luego provocan graves contaminaciones y envenenamientos. Otro impacto asociado a esta minería es el gran consumo de agua para limpiar el mineral, y el gasto de energía por el gran volumen y masa de los materiales que se mueven.
Una de las minas más grandes del mundo, en Colombia, es la gran explotación de carbón de Cerrejón [2], en pleno territorio Wayúu. Ocupa una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo que hace que el pueblo wayúu esté totalmente condicionado por la actividad minera. En el Estado español importamos carbón colombiano para las centrales térmicas: 2,24 millones de toneladas en 2009 (casi el 17% del total importado) [3].
Nueva amenaza: la minería de frontera
Las transnacionales mineras se expanden en busca de nuevos territorios. No sólo hacia los más remotos e inhóspitos sino que también se actúa sobre otros que por legislación todavía se encontraban exentos de actividad minera. Éstos pueden ser espacios protegidos o también zonas como las fronterizas, en las que cada Estado mantiene franjas de no acceso o de seguridad junto a la frontera. En los últimos años, las grandes transnacionales mineras han conseguido que los gobiernos firmen tratados entre ellos y concedan permisos, poniendo con ello nuevas zonas en explotación. La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones en un espacio de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se considere de interés nacional. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.
Quizás el caso más conocido sea el de Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, de la canadiense Barrick Gold, una trasnacional demanda en nueve países de cuatro continentes por atentados contra el medio ambiente. Este proyecto pretende extraer oro bajo ese glacial de los Andes, amenazando un espacio declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este junio también hubo movilizaciones en la República Dominicana contra esta compañía por otro proyecto en Cotuí. La Barrick ha conseguido un acuerdo con el Gobierno dominicano para embolsarse nada menos que el 95% de los beneficios.
El pasado 30 de septiembre se celebró en Chile, en la sede de la histórica CUT (Central Unitaria de Trabajadores), un Tribunal Ético específico contra la minería de frontera por el riesgo enorme que está suponiendo como nueva forma de extracción de recursos. Como otros tribunales de los pueblos, éste tenía como objetivo recopilar datos y poner todos estos casos en un mismo contexto, a la vez que servir de plataforma para que trascendiera una denuncia conjunta.
En las zonas limítrofes entre países, las mineras eliminan las restricciones creando territorios binacionales bajo su control. Hasta ahora se han planteado otros cuatro proyectos en la cordillera de Los Andes, amenazando los glaciares: El Pachón de Xstrata, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, y en trámite está el proyecto Cerro Cuadrado, de otra empresa canadiense. Los proyectos transfronterizos entre Guatemala y El Salvador (Mina Cerro Blanco, de Goldcorp), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima para Bolivia, Paraguay y Brasil), o los de Perú y Ecuador (aquí las concesiones se han triplicado en 5 años), donde destacan dos casos simbólicos: la mina de oro Afrodita (canadiense) y la de cobre de Río Blanco. Entre Guatemala y México nos encontramos la mina Marlin de Montana (Goldcorp) que afecta a 18 comunidades indígenas, o la Blackfire Exploration de barita en Chiapas, donde fue asesinado el lider anti-minero Mariano Abarca.
Una oposición que no cesa
Sí, el activismo minero se castiga duramente. Porque es un activismo de mucho nivel. Porque la actividad se multiplica como una epidemia y porque, como decimos, los impactos son drásticos y enormes los beneficios para las empresas. Pero las movilizaciones persisten pese a esa represión.
El 26 de octubre se realizó en Uspallata (Argentina) otro tribunal contra el proyecto megaminero de oro y cobre San Jorge. A mitad de noviembre (este artículo se escribe antes) se celebrará también en Andalgalá (Argentina) el 14º Encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas por ser este lugar de resistencia de un pueblo que ha conseguido, tras batallas campales, la paralización del proyecto mega-minero Agua Rica, y que lucha contra otra existente en La Alumbrera.
En octubre se realizaron consultas en Guatemala, en Santa Cruz del Quiché y en San Miguel Uspantán. En ambos casos, como en otros antes (Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz), se rechazó unánimemente la explotación minera y también las instalaciones petroleras e hidroeléctricas. En el primero participaron 87 comunidades y 186 en el segundo [4]. La consulta de San Miguel Uspantán se realizó pese a las coacciones, intentos de bloqueo por parte del mismo alcalde, y la intimidación con un gran contingente de policías antidisturbios, vuelo de aviones y helicópteros. Y eso que además de ser una práctica antigua y tradicional, la consulta está amparada por la legislación guatemalteca.
También se reunieron este octubre en Lima activistas organizados en la red CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), una de las redes más asentadas y constantes. Ahí declararon que “durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee”, exigiendo el cese de “actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la existencia de la vida, y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro planeta”. En Perú la minería representa el 60% de sus exportaciones, pero, además, es el origen de la mayoría de sus conflictos sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria.
En Ecuador la organización y coordinación de los afectadas por la minería continúa. El 9 de octubre se reunieron en Pallatanga (Chimborazo) convocados por el Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de este cantón, representantes de comunidades, organizaciones y autoridades para continuar “la resistencia contra las transnacionales mineras a pesar de la represión, persecución y criminalización que implementa el Estado y el gobierno para proteger a las corporaciones saqueadoras de minerales”. La actividad de las grandes mineras ha sido objeto del mayor conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y la ciudadanía ecuatoriana.
Notas (…)
Fuente original: http://www.ecologistasenaccion.org/article19964.htmlFuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132866 Otro mundo es posible/ 21-08-2011
15 de julio de 2011
II. La violación de los derechos humanos en las cárceles completa a la que rige en los territorios sometidos al modelo extractivo
Informe sobre cárceles bonaerenses
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol
lavaca
(...)Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son: • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…)
No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema. Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos. Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial. Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.(...)
Fuente: http://lavaca.org/notas/mas-muerte-tortura-hacinamiento-y-descontrol-informe-sobre-carceles-bonaerenses
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol
lavaca
(...)Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son: • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…)
No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema. Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos. Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial. Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.(...)
Fuente: http://lavaca.org/notas/mas-muerte-tortura-hacinamiento-y-descontrol-informe-sobre-carceles-bonaerenses
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