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3 de febrero de 2013

I. Construcción, desde los diversos de abajo, del país mirando a sus necesidades e intereses


Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

02 de Febrero de 2013

 

El Paraná No Se Toca - El Río Nos Une 

Día internacional de los humedales

Nuestra región del delta del Paraná representa el final del mosaico de humedales más grande del mundo, que se inicia en el Mato Grosso brasilero y culmina en el estuario del Río de la Plata.
Hace 42 años, un 2 de febrero, a orillas del mar Caspio, en una pequeña ciudad iraní llamada Ramsar, se firmó un tratado internacional en pos de la defensa de ecosistemas particulares, que mixturan ambientes terrestres y acuáticos. Estos ecosistemas son conocidos como humedales.
Nuestra región del delta del Paraná representa el final del mosaico de humedales más grande del mundo, que se inicia en el Mato Grosso brasilero y culmina en el estuario del Río de la Plata. El delta del Paraná es una gigantesca llanura de inundación de 17 mil kilómetros cuadrados pero, a pesar de ser tan vastos e importantes, el Estado nacional sólo protege el 0,3 por ciento de este territorio.
Además de contribuir a la captura de gases de efecto invernadero, de purificar el aire, de aminorar los impactos de sequías e inundaciones, de brindar materiales de construcción, remedios y alimentos a las personas que viven en ellos, de ser reservas de agua dulce para las generaciones futuras, los humedales son vitales para proteger y purificar el agua dulce que actualmente consumen millones de personas. Basta con mencionar algunas ciudades que dependen de estos humedales para obtener agua potable: Asunción del Paraguay, Cuiabá, Corumbá, Concepción, Formosa, Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Reconquista, La Paz, Goya, Victoria, Paraná, Diamante, Rosario, Coronda, Villa Constitución, San Nicolás, Escobar, Capital Federal.
La filosofía Ramsar, aquella idea que empezó a discutirse en gran parte del Planeta Tierra desde el 2 de febrero de 1971, gira en torno al concepto de "uso racional" de los humedales.
Argentina adhiere a los puntos de dicha convención, pero hace un año, el día 30 de enero de 2012, los habitantes que compartimos el delta fuimos alertados de un intento de mega atropello ambiental que buscaba cambiar la estructura natural de las islas para acomodarla a la lógica de los agro-negocios: el gobierno entrerriano sancionó la ley 10.092, que pretendía privatizar las islas fiscales (públicas, de todos) para entregárselas a una sociedad anónima arrocera por cien años, con el objeto de que las reservas superficiales de agua dulce fueran monocultivadas con arroz for export. La ley se votó a oscuras, sin difusión, pero este intento de acto de salvajismo ecológico fue destapado por los medios y, cuando la noticia salió a la luz, la presión social, mediática y política no tardó en hacerse masiva, unificada y contundente. Es aquí cuando desde las redes sociales nace nuestro grupo, El Paraná No Se Toca, que todavía guarda los ecos de aquella lucha y luce en su información de portada: este es un grupo de autoconvocados que se formó por la indignación en relación a la sanción de una ley que concesionaba, durante 99 años, tierras fiscales de las islas entrerrianas a una S.A. dedicada al cultivo de arroz.
La presión contundente y el camino vertiginoso que llevaba estos hechos hacia un bochorno nacional como fue el de Famatina, logró que el intento de mega atropello ambiental encabezado por Sergio Urribarri fuera detenido súbitamente, haciendo que se derogara la ley 10.092.
Una vez detenido el intento de reemplazar la biodiversidad de las islas por monocultivos de arroz, las relaciones entre los actores de distintas regiones del delta se fortalecieron y El Paraná No Se Toca logró ser parte de la red de organizaciones ambientalistas que ya estaba trabajando en todo el delta del Paraná. Desde entonces se estableció un estado permanente de alerta ambiental, pues a pesar de dar marcha atrás con la ley 10.092, el gobernador entrerriano seguía ostentando en su discurso la palabra "soberanía" frente a las presiones de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Soberanía que, para esta gente, parece significar "entregar lo que es de todos a unos pocos que mucho tienen".
Entre los protagonistas de las marchas de principio de 2012, muchos que ya se conocían desde hace años y otros que por primera vez se acercaban al río, se decidió armar un grupo de autoconvocados en Rosario, seguir manteniendo el nombre de El Paraná No Se Toca, pero agregándole la consigna de El Río Nos Une, para mostrar la solidaridad que existe entre las personas que compartimos el delta pues, a pesar de pertenecer a tres provincias diferentes, los humedales del Paraná forman una gran comarca que interrelaciona a la gente de la isla y de ambos márgenes del valle de inundación: Diamante-Coronda, Gaboto-Las Cuevas, Victoria-Rosario, Ibicuí-Baradero, Zárate-Villa Paranacito.
Desde entonces, desde El Paraná No Se Toca comenzamos una lucha contra los terraplenes ilegales que se multiplican por decenas en las islas del Departamento Victoria, y en la cual hemos sido testigos de la corrupción, la necedad y/o la cobardía de los funcionarios públicos, que en algunos casos son socios de estos empresarios para destruir la isla en pos de multiplicar cabezas de ganado y en otros son amenazados mediante intimidatorias cartas documentos. Corrupción y cobardía es lo que se encuentra al golpear las puertas de las dependencias públicas entrerrianas.
2 de febrero, día de los humedales. Como dijimos en un principio, la filosofía Ramsar gira en torno al concepto de "uso racional" de los humedales pero, ¿se puede hacer un uso racional cuando se corta un curso de agua, se prohíbe la entrada a quienes trabajaron de la pesca en esos espejos de agua por generaciones? ¿se puede hacer uso racional cuando no se respeta la ley, cuando se obra con impunidad feudal y se aprovecha la condición de "político" para entregar humedales a amigos y parientes, desatendiendo al ecosistema y a su poblador histórico?
Los humedales están en riesgo, y con ellos el legado cultural de los pueblos originarios y de nuestros compatriotas isleros; con los humedales en riesgo también peligran las especies naturales que sobreviven en el río de la vida, entre las pampas agropecuarias de la soja.
Qué vamos a hacer con nuestro gran Paraná, con sus humedales, con sus reservas de agua dulce en superficie, con los reservorios de flora y fauna… todo eso que llamamos simplemente "la isla". ¿Vamos a permitir que pocos se lleven para sus arcas lo que ha sido de muchos por miles de años? Está en peligro la isla, está en peligro su gente, está en peligro el agua.
Pero podemos salvar este complejo ecosistema que por suerte todavía tiene gran parte de su territorio sano. Se puede salvar, estamos a tiempo, trabajamos para eso, y cada día somos más.
El Paraná No Se Toca — El Río Nos Une, en el Día Internacional de los Humedales. 2 de febrero de 2013.

Centro de Protección a la Naturaleza
Campaña "Paren de Fumigarnos!"
Belgrano 3716 - CP 3000 - Santa Fe - tel. 0342 4531157
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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

16 de diciembre de 2012

El pago de la deuda pública externa y la promoción de invertir en YPF prueba cómo el gobierno CFK privilegia a dos herramientas de la acumulación gran capitalista


Petróleo, gas y deuda pública en debate
Por Julio C. Gambina (Rebelión)

La semana cerró con dos noticias muy celebradas.
Una remite a la cancelación del vencimiento de deuda pública del cupón PBI por 3.502 millones de dólares, los que fueron depositados en las cuentas de los acreedores.
La otra noticia responde a la colocación de deuda de YPF por 150 millones de pesos colectados entre pequeños inversores locales.
Es un buen interrogante consultar sobre los motivos de la algarabía, para lo cual conviene ir por parte y considerar cada uno de los temas.

Pagos de la deuda
La deuda pública se paga rigurosamente, y ni hablar de auditar o investigar las legitimidades, de una deuda que históricamente acredita un fallo judicial de junio del 2000, con evidencias de múltiples ilegalidades e irregularidades, con responsables identificados fehacientemente. El fallo del Juez Ballesteros duerme en algún lugar del Congreso Nacional, el poder encargado de “resolver” los problemas de la deuda externa.
Un problema adicional es el uso de las reservas internacionales para cancelar deuda. Con datos del BCRA, verificados en la fecha en el sitio en internet, el 2011 mostró una pérdida de reservas de 5.814 millones de dólares, y hasta el 7/12/2012 eran 979 millones los dólares resignados en este periodo, sin contar la cancelación del viernes 14/12 por 3.502 millones de dólares, que deja la reservas en un nivel escasamente encima de los 43.000 millones de dólares.
Son más de 10.000 millones de dólares perdidos en dos años y asignados preferencialmente a los acreedores de la deuda pública, cuando se mantienen las restricciones al acceso de divisas para el público en general.
Muchos argumentan: “¿y qué pretenden, acaso no pagar como sostenía la izquierda a la salida de la dictadura, hace 30 años?”
A propósito del embargo de la Fragata Libertad y el fallo reciente del juez estadounidense, ahora en suspenso, un conjunto de personalidades y organizaciones, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz 1980, insisten con la denuncia y la necesidad de investigar, auditar la deuda, y juzgar a los responsables, y mientras tanto, suspender los pagos.
Es que bien vale señalar que es mucho el esfuerzo social por pagar a los acreedores de la deuda pública y postergar derechos previsionales o sociales, educativos o de salud, entre otros muchos que demandan los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina.
Además, el llamado desendeudamiento oculta la continuidad de un problema estructural y condicionante de la política económica, que la justicia extranjera trajo a la realidad de la consideración política por estas horas. Como si fuera poco, la presión del Club de París y de los Organismos internacionales no afloja, reavivando la hipoteca sobre el trabajo social en el país.
Aunque se insista en cancelar sin investigar, el problema persistirá y condicionará a cualquier gobierno, presente o futuro, profundizando las penurias sociales y postergando derechos socioeconómicos largamente escamoteados.

Endeudar a YPF
Más del doble de ofertas realizaron inversores entre 1.000 pesos a 250.000 pesos, en pocos días de oferta de una colocación de bonos de YPF que ofrecían una renta de 19%, entre 5 ó 6 puntos más que un plazo fijo en la banca.
Consignemos primero que hace muy poco, Bolivia se endeudó en el sistema financiero mundial a tasas menores al 5%, e incluso fue criticado por los cuantiosos recursos ociosos en reservas internacionales y aún en liquidez bancaria de fondos públicos no utilizados.
Pero aún con las críticas al gobierno boliviano, el costo del dinero en préstamo es de un cuarto del que expresa el financiamiento a la primera empresa en la Argentina, en un momento de valorización de sus activos, sea por la rentabilidad presente o las expectativas que genera la potencial explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Existen quienes argumentan que YPF ofrece una salida a pequeños inversores con liquidez y con escasa oferta financiera atractiva, pues la tasa de interés pasiva está alejada del movimiento de los precios. Claro que ese atractivo para los inversores es un costo de financiamiento para la empresa parcialmente expropiada por el Estado.
¿Si ese es el costo de la gran empresa petrolera, cuál es el que deben soportar las pequeñas y medianas, aún las grandes?
La política financiera de la petrolera, es cierto que en magnitudes pequeñas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial), induce una pauta elevada de tasas activas para el resto del sector productivo, cuando el diagnóstico generalizado apunta a reclamar financiamiento para la inversión productiva de los más chicos del aparto productivo local.
Son reflexiones válidas para lo que se viene en materia de endeudamiento de YPF, pues desde la próxima semana se licitarán bonos por 4.500 millones pesos (unos 920 millones de dólares al cambio oficial) en diferentes modalidades. Unos estarán atados a la cotización del dólar (que viene duplicando el ritmo de devaluación respecto al año anterior) y con una tasa de 6,25%, es decir, se ajusta por tipo de cambio más esa tasa, con lo cual, la variabilidad se define por la evolución de la divisa estadounidense por la vigencia del título en los próximos 4 años. Otros bonos en pesos y por 6 años, pagarán intereses ajustables por la tasa BADLAR, que viene en alza según informa el BCRA, y que en la actualidad cotiza por encima del 15%.
Se trata de crédito caro, en un plan de endeudamiento de la petrolera por 3.000 millones de dólares en títulos en el marco de inversiones a lograr por 37.000 millones de dólares hacia el 2017, y poder materializar en sociedad la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Entre esos socios inversores, además de los minoristas de esta semana, se sumarán los mayoristas a captar desde el lunes 17/12, y la confirmación de inversores de capital, entre los que despuntan la familia Bulgheroni asociado a los capitales chinos, y la estadounidense Chevron, demandada en la justicia argentina por 19.000 millones de dólares por daño ambiental en Ecuador, derivado de explotación petrolera entre 1965 y 1990 por la Texaco, adquirida por la transnacional estadounidense.
Como siempre insistimos, además de la cuestión financiera, bien vale la pena discutir el destino de los hidrocarburos en cuestión, pero eso es otra discusión.

La hipoteca
En años de la dictadura, YPF fue la empresa estatal más endeudada, algo increíble en momentos de alza de los precios internacionales del petróleo. La explicación está en el papel del Estado al servicio de los intereses de las clases dominantes, lo que definió la política económica desde 1975/76, con el endeudamiento como mecanismo privilegiado para consolidar la dependencia argentina al capitalismo mundial.
En los 90 no solo se privatizó a YPF, sino que la deuda profundizó las reformas estructurales diseñadas para la extranjerización en tiempos de terrorismo de Estado. Esa es la hipoteca que pende sobre nuestra sociedad y que condiciona el desarrollo.
Ahora YPF es de gestión estatal por la expropiación parcial, apenas administrando el 30% de la actividad hidrocarburífera, y configura aún una asignatura pendiente para revertir la situación gestada en los 70´ y en los 90´.
La petrolera totalmente estatal y la investigación de la deuda pública continúan siendo una asignatura pendiente para el programa de independencia necesario para discutir modelo productivo y de desarrollo para satisfacer necesidades insatisfechas del pueblo argentino.
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales UBA. Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=160884

12 de diciembre de 2012

La Unión de Asambleas Patagónicas argumenta en contra del sistema extractivo y en favor de la democratización económica, social, política y estatal


Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
11 de diciembre de 2012 

Comunicado de la 5ta Asamblea UAP

Viedma, 9 de Diciembre de 2012

Las organizaciones que conformamos la Unión de Asambleas Patagónicas, reunidas en Asamblea, los días 8 y 9 de diciembre de 2012 en Viedma, Río Negro, denunciamos y rechazamos la complicidad del Estado y los gobiernos municipales y provinciales con las corporaciones nacionales y transnacionales, que avanzan en un sistema extractivo que destruye nuestros ecosistemas y expulsa a las comunidades. En un marco de respeto, solidaridad y alegría:

DECLARAMOS

-          Que somos hijos e hijas de la tierra y como tales la defendemos con lazos comunitarios

-          Que reconocemos a los ecosistemas como límites naturales

-          Que no aceptamos la concepción de este sistema que atenta y destruye nuestra naturaleza para sostener un modelo de consumo irracional en crisis, poniendo en riesgo el futuro del planeta.
-          Que no aceptamos el rol de medios masivos de comunicación que callan nuestras voces, y destacan las mentiras de las corporaciones
-          Que no aceptamos la utilización del agua para las producciones extractivas mineras e hidrocarburíferas no convencionales
-          Que rechazamos el proyecto de ley de semillas,  que legaliza la manipulación genética y la apropiación de la biodiversidad
-          Que repudiamos la represión, las desapariciones y  asesinatos impunes  en democracia, de personas, particularmente jóvenes de pueblos originarios

DENUNCIAMOS
-          En el mes de la traición, el rol entregador y cipayo de los legisladores de Río Negro a un año de la derogación de la ley anticianuro 3981 en un acto de obediencia debida con el modelo extractivo nacional, haciendo oídos sordos a la voluntad de su pueblo
-          la complicidad de los estados provinciales y nacional, que permiten el avance de las mega empresas, que no cumplen con los pasos establecidos por las leyes ambientales, que obligan a la aprobación de estudios de impacto socio ambiental en audiencias públicas,   y a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias
-          la conformación de supuestas sociedades del estado con destino a la explotación minera y petrolera que resultan funcionales a los intereses privados
-          la acción represora de los funcionarios y legisladores chubutenses (Buzzi, Eliceche, Yahuar, entre otros), integrantes de la OFEMI, por medio de un grupo de choque de la UOCRA, habilitados por  una zona liberada, que  el 27 de noviembre golpearon a hombres, mujeres  y niños que se manifestaban en contra de la megaminería
-          el deliberado retiro del estado como estrategia para favorecer la instalación de las mineras, desalentando las actividades de las economías regionales tradicionales y genuinas, por ejemplo en el caso de Calcatreu, donde el DPA otorga el uso de agua a la minera en plena emergencia hídrica en desmedro de los productores de la Línea Sur
-          el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y en chacras frutícolas de Allen (decreto 1541/11)
Teniendo en cuenta que los delitos ambientales son de lesa humanidad, nos declaramos en alerta permanente en defensa del agua y la tierra, presupuestos esenciales para la vida.
“Si la vida que  tenemos no es digna, dignidad es luchar para cambiarla”

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
-          Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la megaminería de Viedma y Carmen de Patagones
-          Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Bariloche contra la megaminería
-          Asociación Civil Árbol de Pie – Bariloche
-          Asociación Ecologista Piuké – Bariloche
-          ATE Viedma
-          Bloque ARI Río Negro
-          FASP ­ Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Puerto Pirámides, Madryn
-          ENDEPA – Pastoral Aborigen, Trelew
-          FM La Tribu
-          Foro Permanente por una Vida Digna - Viedma y Carmen de Patagones
-          Fundación Uñopatún
-          Juventud CTA Chubut
-          Quebracho Río Negro

UNIÓN DE ASAMBLEAS PATAGÓNICAS –

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 


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Contra el Saqueo y la Contaminación

27 de noviembre de 2012

IV. Luchas abajo por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la democracia real


Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012 

LA UAC declara el estado de alerta máxima por la situación actual de Chubut
Atendiendo la situación que se vive en Chubut, denunciada recientemente por la Unión de Asambleas Chubutenses, donde se pretende habilitar la megaminería a pesar del expreso rechazo de los pueblos de la provincia, la UAC, en su plenario de San Juan decidió multiplicar fuertemente el estado de alerta máxima declarado desde Patagonia. Las Asambleas de todo el país apoyan a las comunidades del sur entendiendo que esta situación se replica en todas las provincias integrantes de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), haciendo responsables de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir a todos los gobiernos de las mismas.
Por esto, a continuación reproducimos e invitamos a difundir y reenviar el comunicado redactado en Trelew por las asambleas el 10 de noviembre pasado:

La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el día 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que:  Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut.
Comunicado/Documento de la Unión de Asambleas Chubutenses
Entendemos que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de nuestra provincia.
Por ello, advertimos:
1) La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.
Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país.
Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.
En forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:
a) El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto –tal como él mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira provincial.
b) El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.
c) El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.
Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.
Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero y jefes de comunas Mario Pichiñan, Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la población.
En el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.
Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que muchos están haciendo.
Trelew, Chubut, 10 de Noviembre de 2012.

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Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012 

Es delito utilizar agroquímicos fuera de la Ley

Santa Fe, 25 de noviembre de 2012

Legisladores a contramano                        
AAPRESID y la Sociedad de la Tierra Plana
Frente al contrapunto originado entre la agrupación política "PARES" y los voceros del agronegocio agrupados en Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), motivado en una propuesta de modificación del Código de Faltas provincial difundida por la Diputada Mónica Benas que apunta a sancionar específicamente las fumigaciones con agroquímicos "sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general” (1), desde la campaña Paren de Fumigarnos y los pueblos fumigados de Santa Fe afirmamos que nos hallamos frente a un falso debate.
Que los minúsculos grupos nacidos en los 90, promotores del modelo de agricultura tóxica y la siembra directa, contra toda evidencia, salgan a defender su comercio, es ya un clásico. Sus “razones” no van más allá de clichés y criterios anticientíficos cercanos a las que sostiene la Sociedad de la Tierra Plana (2) y no habrá evidencia que la creencia no pueda negar. La responsabilidad de la siembra directa en las recientes inundaciones, en palabras de responsables del Ministerio de Aguas de la provincia (3) es otro perjuicio económico que afrontará el erario público para seguir manteniendo artificialmente un negocio de pocos a costa de la salud y la vida de muchos.
El llamado de algunos referentes a desconocer las leyes (4) tampoco sorprende y se alinea con la conducta de sus socios de difundidas EXPOsiciones AGROpecuarias.-
Pero es por lo menos llamativo que mientras desde los pueblos fumigados se insiste en promover la condena penal de quienes atentan contra la vida y la salud de los habitantes de la provincia, en línea con la más moderna doctrina jurídica que tuvo su punto máximo en los procesamientos dictados en Córdoba por aplicación del Régimen Penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos nº 24.051, desde ámbitos legislativos se proponga rebajar esas conductas a la categoría de contravención.
Sin necesidad de agregar nuevas figuras, el Código de Faltas en su actual redacción contiene disposiciones dentro de las cuales bien podría quedar aprehendido el comportamiento de quienes realicen fumigaciones en violación a las disposiciones que regulan el uso de agroquímicos, entre otras, la de los artículos 57 (violación de normas de seguridad e higiene), 134 (emisión de gases y sustancias nocivas), 135 (utilización indebida de productos peligrosos) o 137 (atentado a ecosistemas), apuntando que las sanciones por aplicación del mismo han sido prácticamente nulas en comparación con las numerosas denuncias de violaciones registradas en los últimos años y no por falta de regulación.
El equívoco queda a la vista a partir de la jurisprudencia apuntada, que sentó la Cámara de Acusación provincial de Córdoba en el caso del barrio Ituzaingó Anexo disponiendo el procesamiento de los imputados por fumigaciones con agroquímicos (glifosato y endosulfán) realizadas en violación a leyes y ordenanzas -dos de los cuales resultaron posteriormente condenados- desde cuyo antecedente la discusión se encuentra en el ámbito del Derecho Penal por aplicación de la ley de Residuos Peligrosos que prevee penas de prisión de 3 a 10 años, agravadas si de la violación resultara la enfermedad o muerte de alguna persona.
Resulta paradójico que desde la institucionalidad, a la hora de aplicar leyes penales vigentes, la propuesta sea incorporar nuevas figuras, sin embargo frente a la necesidad de contar con normas que acentúen las regulaciones considerando especialmente el astronómico incremento de los litros/kg de agroquímicos utilizados y la constante introducción de productos cada vez más tóxicos, se sostenga que alcanzaría con aplicar la ley existente 11.273, pronta a cumplir 18 años.
Cuando la población reclama mayor protección, en línea con los principios que informan el derecho ambiental, tal como prescribe el art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, nuestros legisladores parecen transitar en sentido contrario.
El próximo jueves será la última sesión del senado provincial y los pueblos fumigados, como lo vienen haciendo desde hace dos años, intentarán que sus representantes se dignen responder el reclamo popular prohibiendo las imprevisibles fumigaciones aéreas y restringiendo las terrestres al menos 800 metros, avalado por miles de firmas y acorde a las constataciones realizadas por el Ministerio de Salud Provincial y los centenares de estudios científicos que bien harían en consultar quienes se lancen a opinar, de fácil acceso ya que fueron formalmente presentados por mesa de entradas del Senado; esta vez con la esperanza adicional de que los senadores, cuanto menos, hagan honor a la emblemática y gastronómica fecha que popularizó a los días 29 de cada mes.-
Campaña “Paren de Fumigarnos”.
Movimiento de Pueblos Fumigados – Santa Fe
Referencias:




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