Para enderezar rumbos precisamos discutir al capitalismo imperialismo que nos domina y a su gestión actual destapando:
1. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de sometimiento a la globalización financiera o imperialismo
Percatémonos que la democracia centrada en "honrar la deuda" o en "el desendeudamiento" es representativa de los intereses de los grandes capitales imperialistas y los locales. Estos son quienes han ganado como nunca con el modelo extractivista en plena expansión desde 2002. Constituyen el poder económico e imperialista que impulsó la aplicación del terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Desde 1984 hasta hoy se despliega este proceso de acumulación oligopólica de riquezas por desposesión y violación de derechos mediante la transnacionalización económica . En la actualidad el poder empobrecedor de las corporaciones imperialistas se refuerza debido a que sus motores productivos emplean poca mano de obra y estiman a las grandes mayorías como población sobrante e incluso estorbo. Porque tienen carácter exportador y optimizador de su Mercado con lo cual atienden al consumo suntuario.
Tomemos conciencia sobre que los gobiernos constitucionales desde 1983 no rompieron con lo establecido y planificado durante la dictadura genocida convirtiendo el legado de esta última en responsabilidad fundamental del Ejecutivo. Tampoco los gobiernos K rompieron con el neoliberalismo implantado mediante dictadura genocida. Como la propia Presidenta calificó, fueron y son pagadores seriales en ese sistema premeditadamente organizado para la perpetuidad en el empobrecimiento del país y los diversos de abajo y en el desmantelamiento de los bienes comunes tanto sociales como naturales.
Sepamos a qué costo se paga la deuda externa pública que se impuso con Estado terrorista, hoy oculto como prueban la segunda desaparición física de Jorge Julio López, la mediática y la delegación gubernamental de la investigación a la policía bonaerense (así como el tardío reconocimiento gubernamental de la desaparición forzada). Reflexionemos sobre cómo el pago de la estafa empobrece al país y a los de abajo:
"(...)A diferencia de los vencimientos de capital, que no se pagan sino se refinancian íntegramente, los intereses sí se abonan y forman parte del Gasto Público Corriente.(7)
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto en 2014 está previsto pagar por este concepto 77.300 M$ (12.200 MD).
Es el 9.0 % del Gasto Público Total (859.000 M$), el 10.1 % del Gasto Público Corriente y el 16.9 % - prácticamente el 17 % - del Gasto de la Administración Central, lo que quiere decir que casi 1/5 de las erogaciones del Gobierno Central se destinan al pago de intereses (sin contar los cupones PBI).
Comparativamente a las otras jurisdicciones del Presupuesto 2014 los gastos por intereses a pagar en el año - los 77.300 M$ citados - son muy elevados frente a los de Interior/Transporte (29.500 M$), Seguridad (36.300 M$), Defensa (35.100 M$), Educación (45.700 M$), Ciencia/Técnica (5.600 M$), Salud (16.300 M$) y Desarrollo Social (48.800 M$).
La partida presupuestaria para el pago de Intereses es fuertemente creciente dentro del Gasto Total y constituye el rubro de gasto con mayor aumento en el ejercicio: su incremento contra el 2013 es del 73.2 % (44.500 versus 77.300 M$), lo que supera ampliamente el aumento general de gastos del Presupuesto 2014, que es del 19.2 % (721.200 versus 859.500 M$).
Es decir, que el aumento del gasto por pago de intereses es de casi 4 veces (3.8) el aumento del promedio general de gastos en el presupuesto 2014.
Para tener una idea gráfica del costo comparativo y alternativo de los intereses de la Deuda Pública - los 12.200 MD en el año - hay que considerar que este importe significa un promedio de 33.4 MD por día: 1.4 MD por hora que pasa de nuestra vida (estimativamente, el costo equivalente a la obra civil de una sala médica asistencial)".
Sigamos el artículo:
Argentina: Deuda pública y Presupuesto 2014
Por: Héctor Giuliano (20-09-2013)
(...)Paralelamente a este Proyecto de Ley de Presupuesto, el PEN envió al Congreso otro proyecto que prorroga una vez más la ley de Emergencia Pública y varios impuestos conexos que vienen rigiendo en forma “transitoria” desde hace diez años o más (como el caso del Impuesto al Cheque) y sin los cuales la lógica práctica del Modelo K no podría sostenerse.
Este estado continuado de Emergencia Pública, unido a las facultades extraordinarias y discrecionales que las leyes anuales de presupuesto conceden al Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete no sólo desdibujan el sentido del presupuesto sino que determinan a la vez un descontrol fiscal en su cumplimiento.
Formalmente la Argentina se encuentra todavía bajo régimen legal de Emergencia Pública y el proyecto de Presupuesto 2014 - lo mismo que los anteriores - mantiene y actualiza esa delegación de facultades extraordinarias al PEN que le permiten seguir usando tal procedimiento de excepción, que rige desde la caída de la Convertibilidad, hasta fin de su mandato en Diciembre de 2015.(...)Leer
2. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de empobrecimiento del país y de los diversos de abajo.
La postconvertibilidad se funda en la precarización tanto del trabajo como de la vida en la mayoría de los de abajo arranca de una enorme transferencia de ingresos desde los de abajo hacia el poder económico imperialista mediante la pesificación asimétrica. Ha sido exitosa por profundización de la transnacionalización económica que resulta tanto en mayor desigualdad social como en agravación del mal vivir entre los diversos de abajo. A este proceso de empobrecimiento se suma:
Veamos significados y sentidos de la pobreza en expansión:
SOMOS EL 34,5% en Negro
Por una Década sin Precarización del Trabajo y de la Vida
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Extracto del Documento Político
En la Argentina de la “década ganada” el PBI creció a tasas chinas durante años. El comercio exterior generó un ingreso de 300.000 millones de dólares en los últimos 10 años, que fueron en gran medida para darle dólares a quiénes siguen pagando la deuda externa ilegítima o a quienes los fugan. En estos años ya se pagaron 173.000 millones de dólares, y se busca abrir una y otra vez los canjes de deuda para pagar hasta la última moneda. A pesar de los gigantescos pagos, sigue creciendo y ya supera los 200.000 millones. Toda esa riqueza, que se llevan en gran parte otros, la producimos nosotros y nosotras.
Los trabajadores y trabajadoras sabemos que el 34,5% de los asalariados no estamos registrados ni registradas.
Pero este número del 34.5% de empleo no registrado, en negro, no dice nada sobre toda la variedad de situaciones laborales cotidianas con las que nos enfrentamos. Quienes trabajamos en estas condiciones somos mucho más que el 34,5%. Somos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras del país!
Mientras que para rastrear algunas de esas condiciones de trabajo ni existen datos, para algunas pocas hay números terribles: De 18 millones de personas que trabajan o quieren trabajar, los sobreocupados son 5 millones, los subocupados son 1 millón 700 mil, los desocupados 1 millón 250 mil. Sobran horas para trabajar, pero falta el trabajo!!!
Precarización contractual, salarial y en el proceso de trabajo son parte de nuestro lenguaje cotidiano que se afirmó en esta última década como la condición que nos impusieron con las reformas laborales neoliberales de los años 90s, y contra las que hoy día seguimos peleando.
Así vivimos la precarización...
La precarización salarial: Cuando nos niegan un salario digno, nos pagan una parte por fuera de lo que figura en el recibo, o nos la pagan de menos. Cuando un funcionario, una facultad, un intermediario se queda con una parte de lo que deberíamos llevarnos como salario..
La precarización contractual: relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad monotributistas, contratos temporales, subcontratación y tercerización, periodo de prueba, encuadramiento colectivo fraudulento, o inexistente.
La precarización en el proceso de trabajo: turnos rotativos, extensión de la jornada de trabajo, falta de condiciones y elementos de seguridad, flexibilidad de las tareas y puestos de trabajo. Todo esto es la forma que tiene el capitalismo en nuestro país de arrancarnos la máxima plusvalía. Es una situación estructural del sistema en este momento histórico, son las condiciones que se dan en la producción y que se nos imponen desde mediados de los 70s. Mientras nuestros puestos de trabajo están listos para cualquier ajuste, los precios no dejan de subir. Lo intentan ocultar con la intervención del INDEC, nos dicen que la inflación apenas es del 10% por año, pero sabemos que es mucho más alta, y golpea especialmente los precios de los alimentos y otros bienes básicos. La canasta básica ya se encuentra cerca de los $8300 (Estadística y Censos CABA), y se pretende que sea un gran logro que el salario mínimo sea de $3300!!!
La precarización no afecta sólo al trabajo sino también todas nuestras condiciones de vida.
Viviendas precarias y un enorme déficit habitacional en todo el país, donde nuestras familias viven hacinadas y faltan servicios básicos esenciales.
Un sistema de salud deficiente, hospitales donde falta personal y presupuesto hasta para insumos básicos, mientras hacemos largas colas en las madrugadas para sacar turnos para dentro de meses.... Un sistema educativo fragmentado y totalmente desfinanciado, donde el Estado nacional terceriza a las provincias la educación. Donde el plantel docente tienen que hacer enormes esfuerzos por superar el rol del “contenedor” dentro del aula de chicos que vienen cruzados por mil dramas puertas afuera de los colegios. Un transporte público digno del movimiento de ganado, pésimos transportes por los que les subsidian cada vez más, son decenas de miles de millones de pesos en estos últimos años.
La inversión en las propias industrias todos estos años fue bajísima, lo sentimos en las condiciones de seguridad que faltan en miles de empresas. Lo vemos con la baja productividad que se esconde el pedido de devaluación con el que quieren licuar otra vez nuestros salarios.
El Estado no sólo es cómplice de esta situación. La convalida día a día: Es el mayor precarizador del país. También, un número importantísimo de trabajadores precarizados que hace más de una década están condenados prácticamente a la subsistencia con salarios cercanos a los 2000 pesos por mes, a merced del manejo punteril y clientelar de los gobiernos municipales, provinciales y de Nación. A pesar de dicha situación un amplio espectro de organizaciones sociales se viene organizando, exigiendo al Estado soluciones para todas los reclamos de los trabajadores precarizados, y la puesta en marcha de programas de empleo al servicio de las necesidades de los barrios más humildes a través de obras básicas de infraestructura.
La precarización generalizada no sería posible sin el acuerdo de la mayoría de las direcciones sindicales, que miran para el costado cuando precarizan a los trabajadores y trabajadoras de sus gremios. La lucha contra las burocracias sindicales es la bandera que levantamos con Mariano Ferreyra, presente acá hoy, y siempre. A tres años de su asesinato, seguimos la lucha por justicia, no aceptamos ningún tipo de rebaja a la pena que le corresponde a Pedraza y todos los culpables, la perpetua.
Montones de experiencias de colectivos, compañeras y compañeros van marcando un camino de lucha en todo el país contra las ganancias empresarias que crecen a costa del desprecio de nuestras condiciones de trabajo y de vida:(...) Leer
3. La relación de la democracia con la dictadura genocida en la imposición de un modelo de ciudad y campo que expulsa, excluye y sume en la inseguridad abajo.
Otros sectores urbanos nos advierten porqué el sistema capitalista avanza arrasando con la vida y las posibilidades mayoritarias de buen vivir.
CONVOCATORIA: Juicio Ético y Popular a
las Corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires
29 agosto 2013
Movimientos populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y educación popular, radios comunitarias, activistas feministas, de derechos humanos, estamos promoviendo la realización de un “Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires”, inspirados en los Juicios Éticos y Populares a las Transnacionales realizados en el año 2011, como parte del proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente.
Quienes venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional, y con la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos.
En los últimos años se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo, y también su articulación -que tuvo por un lado su expresión en el enfrentamiento a las leyes del pacto Pro-K, y por otro lado en la denuncia de las distintas modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta-. Hemos denunciado que el modelo, tanto en la Ciudad como en el país, representa la concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes, el extractivismo -que reproduce una política de saqueo neocolonial-, la sojización del campo, el control represivo de la población, y el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las relaciones, como modalidad para ganar voluntades para los proyectos del gran capital.
Argentina es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se ejemplifica en la Cordillera de los Andes, con la megaminería y la entrega a la Barrick Gold, en el campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos (que afecta a la salud de la población también en las ciudades), y la expansión del agronegocio –que benefician a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc.), en la explotación petrolera con los acuerdos realizados con transnacionales como Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza.
En la Ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada, apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad; en la construcción de redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas del saqueo; en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que se extiende el agronegocio; y en general, en la organización colonial, capitalista y patriarcal del territorio urbano, de acuerdo con un modelo mal llamado de “desarrollo”, que es el que hoy domina en Nuestra América.
Si nos preguntamos ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes “no caben” en el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación? ¿Quiénes acceden al espacio público? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos? ¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren por causas evitables? Si nos preguntamos éstas y otras preguntas sobre la vida cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se benefician de la Ciudad, de sus negocios, de su mercantilización: las grandes corporaciones ligadas al poder político. Y quiénes son los sacrificados y sacrificadas: el pueblo pobre.
Entre los “ganadores”, que en estos años se han llenado de súper ganancias, nos encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la Ciudad, que es propietaria de 16.250.000 m2 de la tierra de Buenos Aires, entre edificios, shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, la Boca y Recoleta juntos. Si se agregan las propiedades en el resto del país, IRSA es propietaria de 21 millones de m2.
Para permitir e incluso promover ese “desarrollo”, y esa apropiación desenfrenada, son ninguneados los mecanismos previstos en la Constitución local, así como las diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana en las decisiones de planificación urbana, incumpliéndose así derechos humanos fundamentales.
El gobierno de la Ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización del suelo, sin concebir al suelo urbano como un bien social, común y estratégico, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, para el conjunto de la ciudadanía.
Frente a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que necesita del consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una lógica diferente: la del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, y en general la satisfacción popular en torno al hábitat, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del capital.
El gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional se han enfrentado en distintos temas que afectan la vida de quienes vivimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con el traspaso del subte, de las tierras fiscales donde se asientan barrios populares, el traspaso de la jurisdicción del puerto, el manejo del juego, las competencias de la policía, por nombrar solo algunos de los temas. Pero han acordado la entrega de las tierras públicas a las grandes corporaciones, y el desarrollo inmobiliario indiscriminado. Las leyes votadas en la Legislatura a fines del 2012, como parte del Pacto PRO-K (avalado por el PRO, Radicales, el Frente Para la Victoria y sus aliados), son un claro ejemplo.
Por ello, entendiendo que los gobiernos actuales de Ciudad y Nación promueven las súper ganancias de las corporaciones transnacionales y locales, y la entrega del territorio como espacios de acumulación del capital, es que decidimos llevar adelante este Juicio Ético Popular a las Corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial y patriarcal, antes que del cuidado de las personas, las poblaciones, las generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las consecuencias de dicho “orden”. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética, es señalar los límites de su accionar, y los intereses a los que sirve.
Es desde esta perspectiva, basada no en los marcos actuales de la legalidad, sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, que se ha constituido este Juicio Ético Popular, que tiene un sentido profundamente humano: la salvaguarda de la vida, y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e implicancias.
Sostenemos que el Derecho a la Ciudad, no es simplemente, el derecho de acceso a una vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino también el derecho a transformar la Ciudad en algo radicalmente distinto: en un espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación; y no de la destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos, en la naturaleza. Leer