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15 de febrero de 2014

I. Aval a la impunidad de ayer y hoy del poder económico imperialista por creencia generalizada o sentido común de que el capitalismo puede reformarse.

El economista de izquierda Claudio Katz entrevistado por Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info) desarrolla su propuesta de una gran campaña entre los de abajo por establecer el monopolio estatal y por participación de los trabajadores en el control de las cadenas formadoras de los precios.

(…)CK: He visto muchos trabajos circulando en estos días, de muchos compañeros y de analistas que me perece que hacen muy bien en poner el acento ahí, en reconstituir el monopolio estatal del comercio exterior con alguna versión actualizada de la Junta Nacional de Granos o algún otro organismo, no importa tanto el nombre.
Así como Venezuela maneja la renta petrolera, Argentina necesita controlar la renta sojera. No puede ser que 10 grupos exportadores controlen el 80% de la cosecha y nos hagan este chantaje de exportadores y acopiadores que retienen la soja esperando una mayor devaluación. Hay que cortar por ahí y me parece muy bueno cómo se está empezando a discutir el tema.
Creo que hay que aplicarlo rápido, antes que el Banco Central se quede sin reservas. No es cuestión de andar pulseando con esto hasta abril, cuando nos quedemos con la mitad de las reservas que tenemos actualmente. Hay que aplicarlo efectivamente. Tiene que ser monopolio estatal del comercio exterior manejando toda la comercialización privada, no en paralelo con las cooperativas o los grupos exportadores. Lo más importante es que hay que aplicarlo bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad. No se puede repetir lo de YPF. No podemos expropiar un día y varios meses después pagarle U$S 5000 millones de indemnización. Si vamos por ese lado son medidas que terminan agravando el problema porque irritan a los poderosos y no despiertan la confianza popular, entonces estamos en el medio del escenario agravando una situación y sin resolverla.

Creo que hay que lanzarse urgente a una gran campaña por la nacionalización, por el monopolio estatal del comercio exterior y a partir de ahí ir al plan integral. Porque todo el mundo dice: ‘no se necesitan parches, hay que ir a un plan integral’, pero el problema es de qué tipo.

Que los empleados de comercio tengan inmunidad estatal para controlar la remarcación
El
 plan que necesitamos, arrancando por el control de las divisas, de los dólares del comercio exterior, tiene que ponerle un techo efectivo a este alocado aumento de los precios. Hay que ir a un control de precios real. Todos estos experimentos de precios cuidados, administrados, negociados, son vías por las que no vamos a ningún lado. Hay que hacer una fiscalización directa de los costos, de la comercialización y las formadoras de precios.

Creo que la novedad tiene que ser que los trabajadores tengan atribución para controlar directamente en las fábricas y en los puestos de comercialización. Una idea que escuché el otro día a un compañero y me pareció excelente: que los empleados de comercio tengan inmunidad estatal para controlar la remarcación. Cuando a un empleado de comercio de ordenan ‘remarque’, tenga la posibilidad de contestar: ‘Yo aquí estoy haciendo un acto que va contra la ley’. Tiene que tener la posibilidad de decir eso y hay que aplicar la Ley de Abastecimiento. No puede ser que las cadenas puedan hacer este chiste de dejar algunos precios formalmente controlados, en realidad de productos desabastecidos, mientras todo lo demás se dispara sin ningún control. Hay que aplicar la Ley de Abastecimiento y prohibir ese tipo de acciones y que no vengan con el cuento que es inviable, ineficaz y solo el mercado puede fijar los precios. Si es así nos vamos a morir de hambre porque lo va a hacer para favorecer a los grupos dominantes y la mayoría de la población va a volver a lo que hemos sufrido en 1975, 1989 y 2001 y no queremos.

Control real de precios y de cambio en serio. Hay una gran campaña contra el cepo cambiario, pero los que la hacen quieren liberar el mercado cambiario, una devaluación más grande. Que el dólar se vaya de $ 8 a $ 12 y quieren hacer un dólar financiero como ya hay varios que lo están pidiendo, completamente libre. Una devaluación que vaya marcando un ritmo que no sabemos en dónde termina.

La izquierda y los sectores progresistas no debemos temer al uso de la palabra control de cambios. Necesitamos un control y no la liberación y ese control tiene que ser en serio, transparente, priorizar el uso de las divisas en función de las necesidades del país y no el capricho irracional que ha imperado en los últimos meses donde se regalan divisas para cualquier cosa. Se derrochan en turismo, en pago de la deuda, en subsidios a los grupos económicos.

Entonces, monopolio del comercio exterior con control de precios y cambio y, obviamente, esto sólo es factible si el sistema bancario, por donde transita todo este proceso está controlado por el Estado. Si hay una banca nacionalizada que impida que los bancos hagan esta política dual de aceptar formalmente las regulaciones que emanan del Banco Central y, en los hechos, ser los artífices de todo el desmadre económico que ha comenzado.
Estamos en una situación muy seria, muy complicada, la Argentina es nuevamente el centro de la atención mundial, no casualmente el New York Times, el Wall Street Journal, los grandes grupos de presión están poniendo el foco.
 Leer

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Para discutir esta propuesta tengamos en cuenta al siguiente artículo:

Control de precios y capitalismo “razonable”

Por Rolando Astarita
Por estos días, en Argentina, circula la idea de que se puede frenar la inflación con un adecuado control de precios del Estado, ayudado por el pueblo. Con matices, la propuesta del control de precios es un común denominador de la izquierda local: partidarios del “socialismo de Estado”, nacionalistas de izquierda, sindicalistas progresistas, economistas de izquierda y toda clase de “amigos del pueblo” son entusiastas defensores de la idea. Algunos se consideran cercanos a Marx; otros, más prácticos, se inspiran en la experiencia chavista. Sin embargo, a todos los une la convicción de que es posible poner al Estado (¿y al gobierno?) al servicio del control de precios, y en un sentido beneficioso para los explotados y oprimidos. Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner también convocó a la tarea; y en la misma vena, los integrantes de la kirchnerista Carta Abierta se ofrecieron a ir a los supermercados, planilla en mano, a combatir a la antipatria. Podemos decir entonces que estamos ante un “frente de unidad de acción”, de hecho, para imponer el manejo de los precios y torcerle la mano a los “oligopolios y especuladores” (que son cipayos, para colmo). En todo esto subyacen ideas concatenadas. Así, se piensa que:
a) los precios son manejados a voluntad por un “puñado de formadores de precios”, los grandes grupos económicos concentrados;
b) de manera que la inflación y la devaluación es obra de esos grupos (el sistema capitalista no tiene que ver en esto);
c) pero, felizmente, el Estado (incluso cuando se admite su carácter capitalista) puede ubicarse por encima de las contradicciones de clase, a condición de que el pueblo “presione”;
d) de manera que los precios pueden manejarse convenientemente, siempre que exista la presión necesaria desde el polo Estado + pueblo;
e) además, dada la concentración de la economía, basta controlar al puñado de grandes grupos para acabar de raíz la inflación.
Los más optimistas agregan que con el control de precios, y algún otro control (del comercio exterior, por ejemplo) se podrían aumentar los salarios, sin que se escaparan el dólar ni la inflación, con lo que resultaría una economía que, si bien capitalista (no todo es perfecto en la vida), sería bastante aceptable para los asalariados.

Propuesta sin bases sólidas
El principal problema del programa anterior es que está en las nubes. Es la visión característica del pequeño burgués que sueña con un capitalismo “razonable” (cuya clave de bóveda son las ganancias “razonables”), en que los trabajadores, con un poco de presión, y la colaboración del Estado, no padezcan las calamidades que derivan de las contradicciones objetivas del actual modo de producción. Son varias las razones que llevan a concluir que esta propuesta es pura ilusión ideológica.

  • En primer lugar, la tesis de que los precios son decididos a voluntad por un grupo de oligopolios no tiene sustento, ni empírico ni teórico (ver, por ejemplo, notas sobre la tesis del monopolio, aquí); no sucede a nivel mundial, y Argentina no sale de la regla. 
  • En segundo término, la explicación de la inflación argentina por acción de los oligopolios tampoco se sostiene (ver aquí y aquí). 
  • En tercer lugar, el Estado no está por encima de las clases sociales; y en los conflictos fundamentales se ubica decididamente del lado del capital. Más en particular, y como he explicado en la nota anterior (aquí), el objetivo de hacer competitivo al capitalismo argentino vía devaluación y caída del salario es compartido por prácticamente todos los capitales afectados a la producción de bienes transables, sin distinción de grandes, medianos o pequeños. 

Todos ellos apuestan hoy a que los salarios aumenten por debajo de los precios y del dólar, de manera de consolidar una redistribución regresiva del ingreso, desde los asalariados al capital de conjunto. En esto el gobierno K no está solo, lo acompaña casi todo el arco burgués, incluida la burguesía “no monopolista, no especuladora”.

Por otra parte, están la historia y la evidencia empírica. Han habido muchas experiencias de controles de precios, y los resultados nunca fueron los que pretenden sus defensores. Al vuelo, cito algunos casos: el control de precios del franquismo, en España; el de Onganía, con su plan de estabilización; el de Nixon, en EEUU, en los años 1970; el de Perón en 1973-4. Y por estos días, en Venezuela. ¿Cuál ha dado resultado? Se puede admitir que por un lapso de tiempo los controles lograron, a veces, moderar la inflación, pero nunca torcieron la tendencia, que termina imponiéndose. Nótese también que los controles no son patrimonio exclusivo de gobiernos izquierdistas.

Pero además, los controles de precios no solucionan ningún problema que tenga que ver con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los capitales no invierten -y en tanto esté vigente el modo de producción capitalista, la inversión es decisión de los capitalistas-, el control de precios es impotente para revertir la situación. Lo sucedido en Argentina en la última década en energía o ferrocarriles, para tomar dos casos importantes, es ilustrativo. Más clara todavía es la experiencia en Venezuela, del capitalismo estatal dirigido por el chavismo (véase aquí, por ejemplo).

¿Colaboración de clases para un capitalismo “razonable”?
Sin embargo, y esto es lo más importante, la propuesta que estoy analizando sí tiene un sentido político e ideológico, y éste es negativo. Es que una vez aumentada la diferencia entre precios (y dólar) y salarios, los controles sirven para desactivar los reclamos sindicales e inducir a los explotados a “cooperar” con el Estado, el gobierno y el capitalismo “no cipayo, no monopólico, no especulador”. En las condiciones de dominio del sistema capitalista, llamar a los trabajadores a que pongan el hombro, es convocar a la colaboración de clases. Lamento que gente de izquierda, que incluso se considera marxista, esté embarcada en esta campaña.

Vinculado a lo anterior, y desde un punto de vista ideológico general, la propuesta también inculca la idea de que el sistema capitalista puede funcionar bajo una suerte de “control de los trabajadores”, provisto que estos ejerzan la conveniente presión. Estamos ante la ilusión de que los capitalistas “se van a portar bien” si están bajo la atenta vigilancia de activistas y militantes populares. Es la perspectiva de un capitalismo idílico, que nunca existió, ni puede existir. Subrayo: no puede existir porque en el sistema capitalista rige la propiedad privada. En tanto subsistan estas relaciones de producción –propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio- será imposible manejar los precios y el mercado. Los precios, en última instancia, son regidos por los tiempos de trabajo socialmente necesarios; no son una creación artificial. Al lector interesado en profundizar, le recomiendo leer el capítulo 1 de El Capital. Este texto es para pensar política sobre bases científicas, y poder ver por detrás del fetiche mercantil.

Por otra parte, en la medida en que las economías se hacen más complejas, en que aumenta la interdependencia, se pone más en claro que el control tiene patas extremadamente cortas. Para que esto no quede como afirmación dogmática, hagamos un sencillo ejercicio. Tomemos la idea, que se repite a cada rato, de que los precios deben establecerse según una ganancia “razonable” (expresión del ministro de Economía argentino; también del presidente Maduro).

Pero… ¿cuánto es “razonable”? ¿10%, 20%, 25%? ¿Cómo se calcula esa tasa de ganancia “razonable”? ¿Por qué del 20% y no del 10% o del 30%? Además, ¿es tasa de rentabilidad sobre capital invertido, o se calculan precios teniendo en cuenta los márgenes de venta? En cuanto al capital invertido, ¿cómo se lo calcula? ¿A costos de reposición, o a precios históricos? Además, ¿se tratará de una tasa de ganancia igual para todas las ramas, o habría diferenciaciones, según las perspectivas de crecimiento de las ramas? Dentro de las ramas, ¿las tasas de ganancia deberían ser iguales para todas las empresas, sin importar su productividad? ¿Y qué se hace con las que gozan de economías de escala? En lo que atañe a los salarios, ¿deben adecuarse de manera que todas las empresas tengan las mismas tasas de rentabilidad, o al revés, hay que partir de salarios iguales (digamos, para los trabajos simples) en todas las ramas? Pero en este último caso, las tasas de ganancia no podrían igualarse. Y si se decide por la primera opción, los salarios no pueden ser iguales. ¿Cómo se arreglan estos embrollos desde el Estado “popular capitalista”? Menudos problemas, pero hay más. Por caso, las amortizaciones; ¿las establecemos iguales para todos los capitales? ¿Y a qué tasa? ¿Hay que buscar una  “razonable”? Por otra parte, ¿cuántos son los beneficios que se permiten redistribuir a los accionistas, y cuántos los que se reinvierten? ¿Cómo se establece esa división? ¿También tiene que ser “razonable”? ¿Es igual para todas las ramas?

Advirtamos que con esto sólo estamos en los inicios del asunto, porque también hay que determinar cuál es la tasa de interés “razonable” que deberán pagar las empresas por endeudarse (¿y cómo se diferenciarán estas tasas, si las tasas de ganancia no convergen?); y las tasas de interés “razonables” para los consumidores; así como las rentas inmobiliarias “razonables” (afectadas por locaciones desiguales); como las primas “razonables” para los seguros. Sin olvidarnos, por supuesto, del tipo de cambio “razonable”. Al respecto, ¿habrá que adecuarlo por tipo de producto, para que todo esté “razonablemente” parejo para el pueblo? Y no nos olvidemos de los impuestos internos, ni de las tarifas aduaneras, que también deberían ser adecuados, para que nada se salga del cuadro “razonabilidad”. Y la lista sigue: ¿cuáles son los márgenes “razonables” de los intermediarios comerciales? ¿De las comisiones de las agencias inmobiliarias? ¿Y las tarifas “razonables” por servicios de abogados, médicos, contadores, etc., etc.? ¿Y del sector financiero?

Sin embargo, alguien podría argumentar que, aun reconociendo las dificultades del asunto, si se establecieran los precios “razonables”  de los “grandes formadores de precios”, todo lo demás se ajustaría por obra de los “mercados populares”, controlados por militantes populares, con la colaboración de capitalistas populares, bajo la supervisión del Estado popular y sus funcionarios populares. Claro que en ese hipotético caso habría que detectar a los “formadores de precios”. Y aquí se tropieza con la interdependencia entre las ramas. Para verlo, tomemos una matriz de insumo producto, conformada por 300 ramas, donde cada una provee insumos básicos (lo que los economistas llaman una matriz no descomponible). Esto es, la industria del petróleo, por caso, recibe insumos de las ramas del acero, de la de máquinas herramientas, del pan, del vestido y otros bienes de consumo (porque el petróleo contrata obreros), del gasoil; y a su vez, la industria del petróleo provee, directa o indirectamente, insumos a todas las demás. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo individualizar las, supongamos, 10 industrias formadoras de precios? Para bajarlo a tierra: cuando YPF, bajo control del Estado “nacional y popular”, aumenta las naftas un 40% en un año, ¿lo hace porque es formadora de precios, o porque los precios de los insumos se le imponen? La realidad es que en un sistema de interdependencia, cada empresa (y cada rama, en última instancia) de la matriz básica es “formadora” porque a su vez recibe precios “formados”.

Pero además, lo anterior todavía es estático, no es más que un “corte transversal”. El sistema capitalista es dinámico; constantemente están cambiando las productividades por sectores, las tecnologías, las necesidades; la competencia externa se hace sentir, las clases sociales son dinámicas, y también los conflictos. ¿Cómo se mantiene todo esto en un equilibrio que permita la reproducción de las razones cuantitativas “razonables” establecidas? ¿De qué manera los controles populares pueden operar sobre esto, en tanto las decisiones de inversión continúan en manos de los capitalistas? Claro que en el mundo del reformismo, el capitalismo con precios bajo control popular (y comercio exterior, tipo de cambio y bancos convenientemente vigilados), habrá eliminado la anarquía de la producción (¿o la ley del valor no impone una regulación anárquica?)  y con ella, también las crisis. Es el sueño supremo. Como decía Marx, quieren eliminar los males del sistema, sin acabar con el sistema. Sobre esta tontería se construye toda la propuesta.

Superación del mercado, una cuestión social y política
Naturalmente, con esto no estoy diciendo que el mercado no se puede superar. El mercado se puede superar, pero ésta es una tarea histórica, que solo podrán acometer sociedades altamente evolucionadas, que hayan dejado muy atrás la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción. En tanto esto no suceda, el mercado no puede superarse. Incluso una revolución socialista, en la que los trabajadores efectivamente tengan poder, deberá avanzar muy lentamente en su ofensiva contra el mercado. No es una cuestión técnica; tampoco se trata de un obstáculo que se pueda saltar con “apoyo popular” o “movilización popular” en tanto estemos en los marcos del sistema capitalista. Ni siquiera el régimen de la URSS, con cientos de miles de empleados abocados a la planificación (burocrática), y estando la industria, el transporte, la banca, el comercio y buena parte de la producción agrícola nacionalizadas, pudo eludir los rigores de la ley del valor trabajo. ¿Cómo se puede sostener entonces que se pueden manejar los precios desde el Estado capitalista? Alguna vez Lenin dijo algo tan simple como fundamental: para controlar hay que tener poder. Si no tengo poder, no controlo. Los capitalistas controlan porque tienen poder económico, y ese poder económico se asienta en la propiedad privada. El Estado, en tanto subsista esa base, no puede no ser capitalista. Y el mercado no puede no responder a las leyes de la producción capitalista. No hay “control” popular por encima o por fuera de estas constricciones. Un análisis materialista tiene que empezar por la base. Son las contradicciones sociales las que mueven, en última instancia, a las clases sociales. Estamos en el ABC del marxismo.

Una vez más, repito lo que dije alguna vez en este blog: hay que aprender a luchar sin ilusiones (aquí).  No se gana nada prometiendo paraísos que sólo existen en la imaginación. Aunque quienes prometen sean personas bienintencionadas y deseosas de ayudar a la humanidad. No es una cuestión de voluntad, sino de relaciones sociales objetivas.

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Control de precios y capitalismo “razonable”
Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/



26 de enero de 2014

IV. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2)


Declaración del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
2/12/2013.
En el marco de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, y de la confluencia que estamos llevando a cabo organizaciones de diverso tipo en el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, convocamos a marchar hacia el Ministerio de Agricultura el lunes 2 de diciembre .
La empresa Monsanto, una transnacional vinculada a crímenes de guerra, que nació como empresa química, siendo parte del grupo de empresas que produjo el agente naranja utilizado por Estados Unidos para la guerra de Vietnam, busca abrir nuevas plantas en Argentina. En 2012 anunció la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, a 12 Km de la capital cordobesa, de una de las plantas más grandes de América Latina de experimentación con semillas transgénicas.
 
Este nuevo desembarco de Monsanto se da en el marco de una política agropecuaria que tiene su núcleo principal en los agronegocios con la soja transgénica como su principal exponente, como queda reflejado en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2) que impulsa el Gobierno Nacional. Este plan requiere, para alcanzar sus objetivos en cuanto a volumen y superficie, profundizar los violentos desalojos de comunidades campesinas e indígenas, seguir desmontando, destruyendo  ecosistemas, acrecentando así el saqueo de bienes comunes. Consecuentemente nos preguntamos si la riqueza de nuestros suelos debe ser destinada para la alimentación animal, los agrocombustibles y para la generación de divisas para continuar pagando una Deuda Externa ilegitima y fraudulenta, o debería ser para garantizar la alimentación adecuada de nuestro pueblo y de las futuras generaciones.
 
Pese a todo, Monsanto se encuentra hoy con la férrea resistencia de un pueblo que busca ejercer su soberanía, que quiere decidir quién tiene el poder para determinar qué se hace en su territorio. Así es que en Malvinas Argentinas se bloquea la entrada de camiones a la planta de esta empresa desde mediados de septiembre de este año. Frente a esta resistencia los gobiernos no han hecho otra cosa que reprimir, por medio de las fuerzas de seguridad o utilizando patotas al servicio del poder empresarial. Así fue que luego de varios hechos de represión a la asamblea y al acampe, han amenazado y luego agredido físicamente a Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó Anexo, referentes en la lucha contra los agrotóxicos que han logrado el primer fallo donde se declara como un delito la fumigación en las zonas periurbanas. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre una patota de la UOCRA atacó el bloqueo rompiendo parte del campamento y golpeando a varios de los participantes del acampe. Esto se realizó con la presencia cómplice de la policía de la provincia que solo actúo dispersando con balas de goma no a las patotas, sino a quienes se encontraban en el acampe.
 
Con el fin de profundizar este modelo agrario se requiere reformar la Ley de Semillas, garantizándole a las semilleras transnacionales la posibilidad de cobrar regalías indefinidas por el uso de la misma, prohibiendo de este modo el uso propio de las semillas para futuras cosechas y el intercambio de las mismas entre agricultores, lo cual generará mayor dependencia para los productores agropecuarios, y se constituirá en un nuevo impedimento para la soberanía alimentaria.
 
Es por ello que también se quiere elaborar una legislación nacional que regule la aplicación de productos fitosanitarios (agrotóxicos) que marque un piso menor al que ya establecen  varias ordenanzas municipales, proponiendo metrajes irrisorios (100 a 200 metros); desoyendo los reclamos de las poblaciones del interior y los resultados de múltiples informes científicos y  asegurando una mayor superficie para el agronegocio, incluso en los bordes de nuestros pueblos.
 
Esto se agrava si tenemos en cuenta que el Ministro recientemente designado para Agricultura, Ganadería y Pesca es Carlos Casamiquela, del INTA, quien públicamente ha manifestado su apoyo a la iniciativa en Malvinas argentinas diciendo: “Tratar de parar el avance tecnológico es complicado; el avance tecnológico trae una serie de beneficios impresionantes al conjunto de la sociedad. Yo escucho las críticas a algunos modelos de producción, pero la Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas”.  Se olvida de que tenemos cerca de 14 millones de personas, entre pobres e indigentes, que difícilmente están bien alimentadas o que ni siquiera comen gracias al actual modelo productivo. Y por otro lado de que los forrajes no alimentan personas sino que se utilizan para alimentar ganado o hacer agrocombustibles en el exterior.
 
También en la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno Nacional se pueden ver algunos hechos que ponen más trabas para lograr la Soberanía Alimentaria. Con esta reforma no se garantizará “el acceso al agua potable” (un derecho que sí contemplaba en el anteproyecto y fue suprimido), ya que los agronegocios afectan a diario los cursos de agua (ríos-humedales-acuíferos), al igual que la mega minería. Además esto ocurre a días de haberse firmado el acuerdo con Chevron para extraer  gas y petróleo no convencional  mediante fractura hidráulica.
 
El intento de poner en discusión la función social de la propiedad, fue desoído, la habilitación de formas contractuales que afectan directamente al trabajo digno en el campo, la restricción al acceso de la propiedad comunitaria por parte de las comunidades indígenas sin personería jurídica, y otros temas por demás preocupantes.
 
Por último sostenemos que estamos frente a un modelo impuesto en todo nuestro continente tanto a consumidores como a productores. La avanzada de las empresas como Monsanto, Syngenta y otras semilleras transancionales no es algo que solamente sucede en Argentina, sino que viene sucediendo en toda Latinoamérica. En Colombia por ejemplo, mediante la resolución 970 de 2010, se controló el uso de las semillas, criminalizando las semillas criollas, y privatizándolas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales la propiedad intelectual. Esta fue una de las prioridades de EEUU al firmar el TLC con nuestro hermano país, obligando a garantizar la seguridad jurídica para dichas empresas. En Paraguay,  la intensa presión empresarial tuvo como resultado el golpe de estado institucional al presidente Lugo ante el temor de las clases dominantes de una posible reforma agraria y la recuperación de tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y que habían sido adquiridas ilegalmente por empresarios y Chile sufre la intensa presión para reformar su ley de Propiedad de semillas al haber firmado un TLC con EEUU.
 
Por estos motivos es que convocamos a concentrarnos el lunes 2 de diciembre a las 17 hs en el Acampe frente al Congreso y marchar hacia las 18 hs. al Ministerio de Agricultura.
- No más agresiones y criminalización de la protesta social.
- Fuera Monsanto, su ley de semillas y sus agrotóxicos, de Argentina y de Latinoamérica.

Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
Articulamos en el FLSAA:  Agrupación Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Barricada TV; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA UNLP); Centro de Educación Agroecológico ASHPA; Colectivo Documental Semillas;  Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha; Corriente Nacional Emancipación Sur (Proyecto Sur Pcia. de Bs.As); Corriente Unidad Sur (CUS); Central de Trabajadores Argentinos (CTA);  Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Espacio Chico Mendes; Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Marea Popular; Mishkila Alimentos; Movimiento Estudiantil Liberación UNLP; Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); MPR Quebracho; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER); Proyecto Squatters; Red Tacurú;  Buenos Aires para Todos en Unidad Popular; Usina Cultural del Sur Almagro y Pompeya.


El carácter genocida del PEA2 
nos interpela a actuar ya

RENACE INFORMA
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
13 enero 2014
 
ACCIÓN URGENTE:
 
Argentina a punto de aprobar nuevo transgénico resistente al 2,4D uno de los componentes de Agente Naranja. Si desea ayudar a detener esta aprobación, dirija una carta al Gobierno Argentino solicitando el rechazo al permiso para el cultivo comercial de este evento, o cualquier cultivo transgénico resistente al 2,4 D.
 
Necesitamos urgentemente su apoyo

Argentina está a punto de aprobar la soja transgénica GM 444Ø6 - DAS - 6 desarrollada por Dow AgroSciences Argentina SA, que confiere tolerancia al herbicida 2,4 - D, al glifosato y al glufosinato de amonio, a partir del dictamen positivo que ha dado la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) en diciembre del 2013.

El 2,4 D es uno de los componentes del Agente Naranja, un defoliante utilizado durante la guerra estadounidense contra Vietnam.

Actúe ya desde
 


20 de enero de 2014

DOCUMENTO DEL GRR GRUPO DE REFLEXION RURAL


06 de ENERO de 2014

HAMBRE DE PAN… DE VERDAD Y DE RESPETO
 (…)Como grupo humano y activista movido  por fuertes motivaciones sociales y especialmente morales, como Grupo de Reflexión Rural de la República Argentina que se propone generar nuevos pensamientos, proponemos que la Iglesia, y particularmente el Vaticano, establezca los debates necesarios acerca de cómo combatir el hambre en el mundo a partir del pensamiento inspirado de Francisco, pero recomendaríamos que esos debates sean encarados a partir de análisis críticos sobre las causas sistémicas que lo generan, y que se eviten las miradas urbanas y superficiales, cuando no meramente académicas, que son las que pareciera, suelen primar cada vez que el tema sale a debate.

Comencemos reconociendo que, en el mundo globalizado, los alimentos que el hombre necesita para vivir y desarrollarse han devenido en francas mercancías. Su producción y comercialización corresponden cada vez más, a gigantescas empresas guiadas tan sólo por el lucro y la ganancia que han terminado apoderándose de la mesa familiar y de todo lo que comemos.  La antigua capacidad de cada uno de proveer a su propia alimentación ha sido gradualmente reemplazada por entidades e instituciones encargadas de “dar de comer”. Así, de esa manera, lo que en el mandato bíblico pudo ser una situación absolutamente excepcional, se ha convertido en atribuciones propias del mercado, cuando no también, de los mismos gobernantes que utilizan esta capacidad del Estado de dar de comer para generar políticas que asistencializan e invalidan a los necesitados y  les expropian el poder que tuvieran alguna vez, cuando fueron autónomos en proveer a su propia alimentación o a una parte significativa de ella.

Esos alimentos mercancías son hoy gracias a las empresas corporativas que guían los mercados, objetos de procesos de escala gigantesca.  A la producción masiva de animales en encierro, sometidos a una crueldad funcional inaudita, se le suma la alimentación con balanceados industriales y el uso intensivo de fármacos, hormonas y antibióticos de todo tipo, de tal manera que, más que alimentarnos terminan enfermando a quiénes los consumen. Lo mismo ocurre con los cereales, con las legumbres y en general con todos los frutos de la tierra producidos ahora, en escala industrial y abrumadora mediante  brutales procesos de agriculturización que deterioran y envenenan los suelos con ingentes cantidades de agrotóxicos. Este sistema es guiado por visiones cada vez más tecnocráticas, con fertilizantes químicos y semillas genéticamente modificadas. Que el hambre en el mundo no vuelva a ser excusa para alimentar nuevamente desde estrados académico religiosos el hambre insaciable de ganancias de los nuevos poderes corporativos Biotecnológicos…

Creemos, asimismo, que no es propicio abordar el tema del hambre comenzando con ilustraciones sobre las nefastas consecuencias del consumo desproporcionado de comida en algunos lugares del Planeta en que la norma sería la disipación y el desenfreno. Esa mirada a fuer de sesgada y urbana, pone siempre el énfasis en el desperdicio en destino e ignora o invisibiliza los modos de producir y los desperdicios en origen. Y con esto nos referimos a la ruralidad en desmedro de cosmovisiones urbano fabriles cada vez más hegemónicas. Una perspectiva semejante basada en los desperdicios, más allá de que aquellas situaciones de hiperconsumismo impliquen explícitas profanaciones y desprecio por los seres humanos y por el trabajo del hombre en general, podrían colaborar a sugerir soluciones a partir de mejores distribuciones de las mercancías producidas por los grandes conglomerados corporativos.

Estamos convencidos de que esa mejor distribución, aún de poderse lograr, tampoco solucionaría el problema del hambre y de la desnutrición que enfrenta la humanidad. El crimen del mundo globalizado es la  industrialización masiva de alimentos, su creciente encarecimiento, el que obligue a la ingesta inexorable de comida chatarra, el que conduzca a la apropiación de las materias primas y de los territorios, al uso generalizado de publicidad y de packaging suntuario, y al concepto de valor agregado, cuando en definitiva, lo que se agrega son solamente costos y precios por gastos de energía y enormes traslados que, al fin y al cabo, sólo garantizan la monopolización de la producción de alimentos en manos de la agroindustria, pero nunca una mayor calidad nutricional ni ecológica.

Por todo ello, pensamos que será consecuente con nuestras creencias religiosas y o sociales, tanto como con nuestros intereses de poder comer alimentos sanos y nutritivos, si en el debate de la Iglesia, y de Caritas particularmente, se encara a los alimentos como productos de la Cultura, frutos del trabajo y de la correspondencia humana con el mundo natural que, en definitiva, refiere al milagro de la Creación. Así entendido, salta a la luz que hasta aquellos que tienen más dinero para consumir e inclusive, que pueden permitirse desaprovechar los alimentos que compran en exceso, guiándose por las publicidades y el afán de consumir y que eligen por las marcas aquellos alimentos industrializados que proveen los supermercados suelen sufrir, también, las epidemias modernas propias del consumismo y de la ingesta de comida chatarra.  

Nos parece importante enfatizar que las miradas que se aferran a las consecuencias inmediatas  y que desconocen las causas profundas del hambre en el mundo, como aquellas otras que se engañan creyendo que la incorporación de tecnologías que prometen aumentar al infinito las actuales producciones,  podrían resolver el problema, resultan ser, a corto plazo, absolutamente funcionales al sistema implantado y no hacen sino agravar la situación de aguda desprotección y vulnerabilidad alimentaria en que permanece sumergida gran parte de la población del Planeta.

Recordemos el modo en que Caritas Argentina respondió a la angustiante hambruna vivida en el país a partir de la debacle económica de finales del año 2001. Luego del saqueo de los supermercados, y cuando el hambre era un fantasma que recorría  insomne las periferias urbanas de indigencia, en los comedores de Caritas Argentina se distribuía como alimento para los pobres y desesperados la misma soja transgénica que se exportaba para los cerdos de China y de Europa. ¡Qué paradoja tan siniestra aquella! Esa misma soja que necesitada de territorios vacíos, que forzó los desplazamientos indígenas y campesinos, que contribuyó a su pobreza, a su hambre y a su dependencia de políticas asistenciales, se distribuía entonces entre ellos, como único alimento… Y se distribuyó, además, de manera porfiada por años y bajo justificaciones caritativas, pese a que públicamente numerosas voces incluso oficiales, denunciaran la indiscutida peligrosidad de la ingesta de Soja, especialmente por parte de menores, de embarazadas, de ancianos y de sujetos con defensas disminuidas, como los enfermos.  

Esas bolsas de soja  GM las donaban los productores agrarios para apagar las llamas del desorden social, pero ocurría que, era la misma soja causante de la catástrofe que se vivía, tanto del desempleo masivo en la agricultura, cuanto del despoblamiento de enormes sectores rurales obligados a emigrar a los cordones urbanos de extrema pobreza.  Ese daño no solo no ha sido revisado, sino que permanece en la oscuridad de lo que no se menciona, de lo que se prefiere olvidar... Pero no es barriendo bajo la alfombra lo que nos  avergüenza el modo en que podremos aportar a resolver el hambre en el mundo. Todo lo contrario, el silencio sobre aquellas actividades benéficas que daban por cierto que los OGM podrían ser una comida válida para los pobres y hambrientos de la Argentina en estado de emergencia, se encuentra avalada  todavía por prominentes miembros de las Academias Pontificias que, lamentablemente, están convencidos, pese a las repetidas evidencias de lo contrario, de que  las propuestas de la ciencia empresarial y de las Corporaciones Biotecnológicas, podrían resolver los problemas alimentarios de la Humanidad.

Para aclarar nuestra reflexión sobre cómo encarar el debate del hambre, proponemos indagar críticamente al libre comercio y a la creciente especulación financiera sobre el precio de los alimentos, así como a la aparición de fondos buitres en las Bolsas de Cereales y comodities,  que desvirtúan terriblemente el poder de compra de los países periféricos. Deberíamos considerar los riesgos a que nos someten las Corporaciones Biotecnológicas con los OGM nunca suficientemente investigados. Nos debemos un debate acerca de  la actual agricultura química adicta al derroche de agua y de petróleo, al patentamiento de las semillas, al acaparamiento empresarial de tierras o landgrabbing,   la especulación de mercado y al rol de las instituciones transnacionales como las causas del hambre y de otras tales como el éxodo a las periferias urbanas y la megalopolización compulsiva del planeta.  No quedan fuera de estas consecuencias, el tráfico de seres humanos, las epidemias de obesidad y otras enfermedades propias del llamado Progreso, la aceptación generalizada de la explotación humana sobre otros humanos y el imperio de la diversidad sobre la certeza de cuanto nos es común como seres humanos. Y para concluir esta penosa lista de situaciones atroces y como si no bastara con lo expuesto, se suma el Cambio Climático y la devastación creciente de la Naturaleza por parte de las Corporaciones transnacionales...


Debemos volver a sistemas de agricultura natural, debemos revisar de manera radical los criterios de urbanización así como contemplar el retorno de las sociedades a una necesaria ruralidad como camino para la recuperación de lo humano con arraigo a la tierra, a una Cultura con mayúscula y a  la producción de alimentos sanos. Necesitamos repoblar los campos con familias y multiplicar los mercados de cercanías, mercados dónde no exista un  descarte que no sea inmediatamente reciclado de manera ecológica, mercados a granel y sin packaging, y en un mundo dónde el petróleo se termina o encarece, sin cadenas de frío, largos costosos transportes, ni mayores gastos energéticos. Necesitamos que cada ser humano recupere su capacidad e inventiva para producir al menos una parte mínima de lo que consume, que podamos recuperar los patrimonios culturales, tanto como las antiguas  tradiciones culinarias y las especies alimentarias autóctonas, que podamos rescatar los herbarios medicinales y las semillas locales. Debemos lograr que la Agricultura y los alimentos salgan de la OMC. y dejen de ser mercancías para la especulación... Leer

III. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020



“Cambiar el modelo”

Por Darío Aranda
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el mayor espacio continental que reúne a campesinos, indígenas y trabajadores del campo. Cada cuatro años la CLOC renueva su Secretaría Operativa. Este año, por primera vez, la conducción quedó bajo responsabilidad de argentinos: Diego Montón y Deo Carrizo, ambos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En el Día Internacional de la Lucha Campesina, Diego Montón repasó las luchas del continente, el papel de las multinacionales y los gobiernos, y los desafíos en la Argentina.
–¿Cuáles son los problemas comunes en la región?
–La agudización del modelo extractivo, de saqueo minero y avance agroindustrial. Con lamentables pérdidas humanas en todo el continente. Se subordina la agricultura a la lógica de las multinacionales. El acaparamiento de tierras, los procesos de reforma agraria frenados, el avance de nuevas semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos de manera indiscriminada. Y es cada vez más notoria la pérdida de autoabastecimiento de alimentos. En Brasil y Argentina los asesinatos de campesinos comienzan a ser más frecuentes.

–¿Cuál es la estrategia de la CLOC?
–Articular todas las luchas que ya existen, continentales y locales, fuerte apuesta a la comunicación, desarrollo de la autodeterminación política, apostar a la diversidad continental. También la formación, con escuelas e institutos. Y la articulación con otros movimientos sociales.

–¿Cómo interpretan que sea en este momento político de la región cuando más avanza el modelo extractivo?
–Falta que se consoliden nuevos proyectos de desarrollo. Existe una gran colonización y tiene que ver con la enorme fuerza del capitalismo en el continente. Los gobiernos, en su gran mayoría, no han logrado provocar cambios estructurales en las instituciones, en los Estados, y la dinámica de acumulación del capital les sigue siendo afín. Nuestra estrategia global debe romper esas dinámicas y lograr cambios estructurales. Desde la CLOC planteamos una lucha frontal a la ofensiva de las transnacionales, pero también las alternativas: agroecología, soberanía alimentaria, reforma agraria integral.

–El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en conmemoración del asesinato de 19 campesinos en Brasil. ¿Cómo lo conmemoran?
–Se harán movilizaciones en todo el continente y en todo el mundo, ya que es una jornada de lucha internacional de la Vía Campesina. El MNCI moviliza en diez provincias, con distintos tipos de actos, y también habrá marchas a la Embajada de Paraguay en reclamo por la liberación de los presos políticos de la Masacre de Curuguaty, donde no hay ni policías ni funcionarios imputados, pero sí campesinos presos, incluso una compañera embarazada.

–Hace dos años, un 17 de abril, fue la primera vez que organizaciones campesinas presentaron en el Congreso nacional el proyecto de freno a los desalojos. Tuvo apoyo de muchos sectores, muchos del oficialismo. ¿Por qué no se aprobó?
–En el Parlamento no ha habido convencimiento, probablemente en el Ejecutivo tampoco, porque si no se hubiera aprobado. Pero valoramos el espacio amplio que armó esa ley y que incluso instaló el tema de la tierra en el Parlamento.

–En ningún caso de asesinatos en el campo hubo condena de funcionarios de primera línea. ¿Cómo entienden ese silencio y la alianza del Ejecutivo nacional con gobernadores que ustedes cuestionan en las provincias?
–Tiene que ver con la dinámica de la democracia y la política de hoy. El sistema institucional no se construyó sobre valores éticos que son los que nosotros defendemos. Y cuando se entra en la disputa del poder del Estado hay reglas que no se dicen pero que tienen que ver con esa dinámica de construcción de poder electoral. Con el asesinato de Cristian Ferreyra tuvimos la solidaridad de mucha gente del Gobierno. También es cierto que ni la Presidenta ni ministros se expresaron públicamente sobre el tema. Y tiene que ver con las alianzas electorales.

–En los comunicados del MNCI queda explícita la denuncia a las corporaciones extractivistas. ¿Cuál es la caracterización que hacen del Gobierno?
–Creemos que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los derechos humanos. Sin embargo, en la política agropecuaria y el uso de bienes naturales el Gobierno está condicionado por los intereses de la coyuntura inmediata y por el desarrollo de planes como el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario), donde gran parte de la academia y la ciencia proclaman y difunden las políticas de las transnacionales. Desde el Ministerio de Ciencia se impulsan cada día cosas más aterradoras, la bioexportación, formas de “economía verde” que son mercantilizar la naturaleza en beneficio de las corporaciones. Hay una gran contradicción del Gobierno y esa contradicción comienza a aflorar, dentro y fuera del Gobierno.

–¿Cómo interpretan esa contradicción?
–Es sostenido el aumento del precio de los alimentos y que sólo se resolverá modificando el modelo, con soberanía alimentaria. El rol geopolítico como proveedor de commodities, el uso indiscriminado de agrotóxicos, el desmonte masivo, la expulsión de campesinos, el crecimiento de ciudades superdesequilibradas. Son todos límites que hay que cambiar. Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218195-2013-04-17.html


II. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020

Buenos Aires, 4 de enero de 2014 
La CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), es el órgano técnico que dentro del procedimiento administrativo - regulado por la Res. SAGyP Nro 763/11 - se le asigno la competencia para dictaminar sobre la seguridad ambiental de los Órganos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM). En el mes de Diciembre de 2013, en el marco de dicha competencia y conforme las prescripciones de la Res. SAGyP Nro 701/11) la CONABIA emitió su dictamen recomendando a la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación dar por completada la Segunda Fase de Evaluación de la soja  genéticamente modificada DAS-444Ø6-6, concluyendo rutinariamente "que los riesgos derivados de la  liberación de este organismo vegetal genéticamente modificado (OVGM) en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de soja no GM."

Se trata de la soja GM DAS-444Ø6-6 presentada por la empresa Dow  AgroSciences Argentina S.A. que confiere tolerancia a los  herbicidas 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato.  El OVGM en cuestión  ha sido ensayado a campo en Argentina desde 2010 hasta 2012 y - según reza el documento de decisión - para tal fin fueron solicitados y evaluados por la CONABIA nueve (9) permisos para experimentación y/o liberación confinada al medio agropecuario, lo cual da cuenta que no se han comprendido todas las bioregiones del país (que superan las 15).

Acceso al dictamen de la CONABIA:
http://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/50-EVALUACIONES/___favorable/_archivos/Doc_Dec_%20Soja_DAS-44406-6-2.pdf

Siendo que en el proceso administrativo de aprobación de OVGM conforme a la regulación vigente,  desatiende abiertamente el orden publico ambiental, al no prever la participación ciudadana y no efectuar un debido e integral estudio de impacto ambiental de los OVGM; a lo que se suma la falta de intervención de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) en virtud de las competencias asignadas por el Decreto Nro 22/2011; el CELMA realizó una presentación ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, impugnando el documento de Decisión de la CONABIA, solicitando que se ponga a disposición de la ciudadanía en general los estudios sobre seguridad ambiental e inocuidad alimentarias presentados por la empresa Dow AgroSciences Argentina S.A. a fin de ser evaluados y estudiados, y consecuentemente se realice una convocatoria a audiencia pública y se proceda a darle intervención a la SAyDS. Asimismo se le requerirá a esta ultima repartición, que asuma las competencias asignadas por el PEN en materia de Biotecnología.

La CONABIA en el dictamen de marras continúa soslayando solapadamente los graves riesgos a la biodiversidad y salud humana que representan  el uso del  glufosinato de amonio y el 2,4D. Cabe destacar que esa relativización se ve favorecida por la actual reglamentación que al normativizar los criterios de analisis del impacto de los OVGM  circunscribe los estudios de los riesgos a una matriz muy acotada denominada “agroecosistema”.

El agroecosistema es un subecosistema (una parcela agrícola manejada por el hombre para el desarrollo de la actividad agrícola, en el caso que nos interesa, para el desarrollo de la agrobiotecnología) muy diferente al medio ambiente o ecosistema donde coexisten varios agroecosistemas (transgénicos y orgánicos) con otros subecosistemas (ecosistemas acuáticos de agua dulce, ecosistemas urbanos, ecosistemas suburbanos, ecosistemas terrestres (llanuras, praderas, bosques nativos o implantados, matorrales y herbazales).

Por lo tanto para que exista una correcta y debida evaluación de impacto ambiental de los ovgm, los análisis de riesgos deben realizarse considerando la interacción del agroecosistema sometido a la agrobiotecnología con los subecosistemas lindantes (agroecosistema sometido a la actividad orgánica, ecosistema suburbano (que seguramente comprende quintas con hortalizas, jardines, casas residenciales etc.) ecosistemas urbanos y ecosistemas acuáticos de agua de dulce (ríos, lagunas) etc.-


La Resolución SAGyP Nro 701/11 normativiza una evaluación de riesgos acotada exclusivamente al agroecosistema como si se tratara de un compartimento estanco, completamente aislado; sin subecosistemas lindantes, ignorando los efectos de la contaminacion cruzada y los riesgos del ovgm en relacion a los objetivos no blancos, propios de cada subecosistema, y los productos y subproductos asociados (en el caso el Glufosinato, 2,4-D y el Glifosato), lo cual resulta absolutamente irrazonable, e importa una abierta desproteccion de la biodiversidad, en clara violacion al art 41 de la Constitución Nacional.

Sob
re el Glufosinato de Amonio.
El glufosinato de amonio  es un pesticida tóxico, y su utilización representa un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana : según estudios realizados en la Unión Europea, el Glufosinato de Amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida.

Hay  evidencias claras e inobjetables en contra del glufosinato que han motivado que la Unión Europea disponga la prohibición de la  extensión de la licencia de comercialización de dicho pesticida a partir del último 13 de Noviembre de 2013.

Concretamente la Unión Europea en el Reglamento de Ejecución 365/2013 con fecha 22 de abril de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa glufosinato dispuso: "Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n o 1107/2009,los Estados miembros modificarán o retirarán, si procede, las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa glufosinato a más tardar el 13 de noviembre de 2013.".-

La decisión de la Unión Europea obedece a un reporte de la EFSA "Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria" realizado en el año 2005. (EFSA 2005. Conclusion regarding the peer review ofthe pesticide risk assessment of the active substance glufosinate finalised:14. March2005 EFSA Scientific Report 27: 1-81.)

En efecto en su reporte la EFSA llego a las siguientes conclusiones en relación al glufosinato de amonio:
1) Los niveles de residuos tóxicos en patatas fumigadas con glufosinato representaban un riesgo grave para los niños de corta edad;
2) Se habían identificado altos riesgos para los mamíferos;
3) Los agricultores que utilizaban glufosinato en maíz transgénico se vieron expuestos a niveles tóxicos no seguros, incluso con el uso de indumentaria protectora; y se había identificado un alto riesgo para insectos y plantas silvestres, incluso fuera del los terrenos fumigados, lo cual podría con llevar una seria pérdida de biodiversidad.

El estudio de la EFSA del año 2005 concluye de modo determinante que “el efecto crítico del glufosinato de amonio es un efecto profundo sobre la toxicidad reproductiva”.

Sobre el 2,4,D
En relación al 2,4 D el reporte con base científica divulgado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México
(RAPAM) http://www.rap-al.org/articulos_files/El_2,4-D.pdf es contundente:
·         El 2,4-D es altamente tóxico y mutagénico para muchas plantas no destinatarias. El 2,4-D es un regulador del crecimiento vegetal e imita a las hormonas naturales del crecimiento de las plantas, las auxinas. Causa un rápido crecimiento celular y las plantas mueren cuando sus sistemas de transporte son bloqueados y destruidos por este crecimiento anormalmente acelerado2. Interfiere con los procesos de crecimiento normal de las plantas. 
·         El 2,4-D es tóxico para la mayoría de los cultivos de hoja ancha, especialmente algodón, tomates, remolacha y árboles frutales.
·         Tiene toxicidad aguda para los peces. Ciertas formulaciones de 2,4-D son altamente tóxicas para los peces e invertebrados acuáticos. La forma de butoxietanol es la más tóxica para los peces. Se descubrió que es genotóxica y también citotóxica para el bagre (Clarias batrachus). Se comprobó además que el 2,4-D altera la maduración de los oocitos en el anfibio Xenopus laevis, lo que puede causar disminución de la fertilidad y declinación de la población.
·         Es especialmente tóxico para las tortugas. El estudio (1975-84) de una población de tortugas Testudo hermanni, cerca de Olimpia (Grecia), que había sido fumigada con 2,4-D y 2,4,5-T, detectó síntomas de envenenamiento (ojos hinchados, descarga de fluidos por la nariz, inmovilidad) en las tortugas. La tasa de supervivencia de las tortugas era significativamente menor en las áreas afectadas, con un 34% de mortalidad extra, aproximadamente, por año.
·         Las especies animales también son susceptibles a niveles variables de absorción cutánea (en laboratorio, todas las mediciones de absorción en ratones, ratas y conejos tienden a ser más altas que las tasas humanas, en tanto que los monos reccius proporcionan datos que se mantienen en el mismo rango que los humanos). Los resultados de algunos estudios muestran que los perros son más sensibles a la toxicidad del 2,4-D y por lo tanto la posibilidad de riesgos de salud es también mayor58. El 2,4-D reduce la eclosión exitosa de los huevos de las aves, causa defectos congénitos y destruye el alimento de las aves y el hábitat donde anidan. 
·         El 2,4-D tiene toxicidad aguda para las lombrices de tierra (el 2,4-diclorofenol, producto de la descomposición del 2,4-D, es 15 veces más tóxico para las lombrices de tierra que el propio 2,4-D) y daña a insectos benéficos como las abejas y los insectos depredadores. 
·         Cuando se alimentó a abejas melíferas con dosis moderadas de 2,4-D, se redujo gravemente la producción de camadas; sin embargo, a niveles menores de exposición, vivieron significativamente más que los controles. La LD50 de la abeja melífera es 11,5 microgramos/abeja.
·         El uso masivo del 2,4-D en los cultivos de trigo en la Argentina ha determinado una selección de las malezas a favor de aquellas monocotiledóneas, de hoja fina, no vulnerables al herbicida. Uno de los casos de mayor impacto se relaciona con la Avena guacha – Avena fatua – dado que al usarse continuamente 2,4-D, que combatía a las malezas de hoja ancha pero no a ella, le permitió ampliar su nicho ecológico y con ellos su impacto en la producción. Lógicamente esta situación determinó un mayor uso de otros herbicidas.

CELMA, 4 de Enero de 2014.-

I. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020

¿QUIEN GOBIERNA?

El pasado 14 de enero vecinos de la localidad de Hersilia denunciaron la presencia de un vehículo fumigador esparciendo agrotóxicos aproximadamente a 200 metros del ejido urbano, siendo que la misma cuenta con una ordenanza que prohíbe hacerlo a menos de 800 metros. La actividad ilegal no fue detenida por la policía. Al finalizar sin inconvenientes la macabra tarea, el vehículo comenzó a retirarse con luz de luna por un camino alternativo donde sí fue interceptado por las autoridades.

La acción policial no pudo ocultar, sin embargo, la completa falta de instrucción del personal acerca del modo de encarar situaciones como la relatada, no obstante la frecuencia de su ocurrencia, o de cómo tomar muestras o preservar la prueba, mucho menos de la tipificación de la conducta de quien esparce productos contaminantes como los llamados "fitosanitarios" al ambiente (aunque la ley 24051, aplicable al caso, supere ya los 20 años de vigencia).

Denuncias similares se registraron en lo poco que va de enero en otras localidades como Alvear, Arroyo Seco, Desvío Arijón, San Fabián, Humberto Primo, Barrancas, Ibarlucea o aun en San Nicolás (Bs. As.), sin más alternativas para las víctimas que pedir auxilio a otras víctimas, con sus hijos afectados a cuestas o ellos mismos portando graves enfermedades. Casi no hay autoridad que los atienda. 

La ola de calor que invadió la pampa no fue obstáculo para que los empresarios agropecuarios fumigaran a diestra y siniestra, no obstante que TODOS los trabajos científicos (aun de los operadores mejor pagos de las multinacionales) desaconsejan dicha actividad con temperaturas superiores a los 25º porque buena parte de las gotas se evaporarán antes de tocar el suelo. No hay que esforzarse para imaginar el tamaño de las nubes tóxicas cuando las temperaturas se acercan a los 40º como en estos días.
Al mismo tiempo y bajo la misma pasiva mirada de la administración se exhiben sin pudor montañas de bidones usados con restos de veneno evaporándose, diseminados "a campo" cuando no en medio de ríos, arroyos o cunetas, que "sólo ven" los vecinos o medios y periodistas comprometidos. 
Campea la indiferencia -cuando no la negación- en la mayoría de Jueces, Fiscales y Funcionarios electos mientras crece la epidemia de enfermedades, mortales en muchos casos, provocada por los agrotóxicos, con la misma cerrazón mental con la cual, años atrás, los voceros de las tabacaleras negaban la peligrosidad del cigarrillo, con el agravante que fumar es una decisión propia.
Muy distinta es la disposición a la hora de atender los "reclamos" de los agronegociantes, como pudo verse recientemente en Funes (Santa Fe), cuyas autoridades, sin sonrojarse, aplazaron "hasta marzo" la aplicación de una ordenanza que aleja las fumigaciones 500 metros del radio urbano, por pedido de los "productores" (para poder terminar con las fumigaciones de la campaña de soja transgénica, debe leerse). 

La salud puede esperar, como bien sabemos los pueblos fumigados. Alcanza con ver las escasas pero elocuentes estadísticas realizadas por médicos de pueblo, facultades de ciencias médicas y ministerios de salud, aunque "rebatidas" ¡por ingenieros agrónomos y ministerios "de la producción"! 

La falta de compromiso con la salud de parte la administración santafesina en general queda nuevamente evidenciada y aquél modesto proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los Pueblos Fumigados con firma de cinco legisladores (Tessa, Mascheroni, Urruty, Rico y Di Bert) cobra relevancia hoy, cuando se denuncian fumigaciones aéreas o poblaciones enfermando con "mosquitos" cerca de las viviendas, en tanto prohibía las primeras y alejaba 800 metros las segundas e igualmente imponía a las empresas productoras ser receptoras de los envases usados -residuos peligrosos- que las mismas introdujeron al ambiente.
No es casual, entonces que dicho proyecto "duerma" desde hace 8 meses en la comisión de agricultura, integrada por agronegociantes que ni siquiera atinan a excusarse, no obstante el evidente conflicto de intereses. 

Lo hasta aquí expuesto sobre las acciones y omisiones de las fuerzas de seguridad, de los distintos poderes ejecutivos y sus dependencias como de las cámaras legislativas en temas tan sensibles para la población y de indudable relevancia, plantea una pregunta inquietante: ¿Quién gobierna realmente?

CAMPAÑA PAREN DE FUMIGARNOS – SANTA FE.

Santa Fe, 18 de enero del 2014.

Para mas información:

María Victoria Dunda – 3415114002 -
Horacio Brignone – 3406647930 -
Carlos A. Manessi – 3426145532 -

Fernando Albrecht – 3491509043 -