"Ataque a la vida y criminal desconocimiento de los pueblos indígenas" por el capitalismo extractivista hasta de gobiernos progresistas.

Decreto del Arco Minero del Orinoco

Un ataque a la vida y 

un criminal desconocimiento 

de los pueblos indígenas

23 de mayo de 2016

Por Edgardo Lander (Rebelión)

La explotación minera -sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco- significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Todo esto por decisión presidencial, con ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”.

Lejos de representar una mirada estratégica alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, constituye este decreto una decisión de profundizar el extractivismo y acentuar dicha lógica rentista. Los casi 112 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) del Arco Minero incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua y territorios de pueblos indígenas. Todo esto amenaza con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en este decreto:

El régimen previsto en este decreto tiene como objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. (Artículo 4)

La gran minería es incompatible con la preservación ambiental

No hay ninguna tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes.

En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produce necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de deforestación generados por la explotación ilegal del oro, la ganadería y la explotación maderera, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica deforestadora.

El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares. ¹

Para la explotación del oro se utilizan agentes altamente contaminantes de suelos y aguas, especialmente cianuro y mercurio. La vida acuática de los ríos de esta zona ha venido siendo contaminada por la actividad minera desde hace décadas, poniendo en peligro la salud tanto de los habitantes de la zona como de quienes viven río abajo. Mucha de la población de esta región presenta en la actualidad elevados niveles de contaminación mercurial. El proyecto del Arco Minero, en lugar de responder a la urgencia de tomar medidas para reducir estos niveles de toxicidad, tendría como resultado una expansión masiva de ésta.

La explotación de oro a cielo abierto exige escavar inmensos volúmenes de terreno por cada unidad de oro extraída. Las nuevas tecnologías de la minería a cielo abierto hacen rentable (para las empresas, claro está), la explotación cuando el oro se encuentra en concentraciones hasta de un gramo por tonelada de material removido, esto es, una relación de un millón a uno. De mantenerse esta relación, para extraer durante los próximos 70 años las siete mil toneladas de oro que han sido anunciadas por el gobierno, sería necesario remover unos siete mil millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsénico y otros tóxicos, que alterarían dramática e irreversiblemente todo el ambiente de la zona. Dados estos volúmenes, toda afirmación en el sentido de que se podría recuperar el territorio a su estado original no pasan de ser una irresponsable fantasía.

Una vez que estos inmensos volúmenes de material son removidos y triturados, el método más eficiente para la recuperación del oro es la lixiviación con cianuro lo que requiere grandes lagunas tóxicas que si no están bien impermeabilizadas contaminan los suelos y las y aguas subterráneas. Como lo ha demostrado la experiencia internacional, estas lagunas pueden derramarse con catastróficas consecuencias.

Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país como el Convenio de Diversidad Biológica . De acuerdo al artículo 127 de la Constitución :

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. [...]

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Todo esto se deja a un lado en las políticas definidas en el decreto. En primer lugar, pese a estas expresas normas constitucionales, el territorio abierto a la explotación minera incluye Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, Reservas Forestales como Imataca, Monumentos Naturales y lugares sagrados de los pueblos indígenas.

De acuerdo al Artículo 129 de la Constitución:

Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. (...)

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

Las decisiones sobre la apertura de casi 112 mil kilómetros cuadros a la minería en gran escala, y la convocatoria a empresas mineras transnacionales se ha realizado antes de la realización de estudio alguno de impacto ambiental. De acuerdo al Presidente del Banco central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con150 empresas nacionales y transnacionales, “ quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán”. ² Se desconoce el contenido de estos acuerdos. De acuerdo al Artículo 10 del Decreto:

El Plan de Desarrollo Específico de la Zona deberá ser elaborado en un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la publicación del presente Decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Para el mes de agosto del año 2016 debería estar finalizado el “Plan de desarrollo específico”, lo que requeriría, necesariamente, la evaluación de los impactos ambientales. Si esto se contempla hacerlo en tan breve tiempo, es posible imaginar la poca profundidad y baja calidad de los estudios previstos.

Los pueblos indígenas

En la amplia franja de territorio denominada Arco Minero del Orinoco habitan diversos pueblos indígenas, entre otros: Warao, E´Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanemá. Sus territorios, las condiciones materiales de la reproducción de sus vidas, serían devastados por esta explotación minera, produciéndose así un etnocidio en gran escala. Además de los impactos ambientales, en estos territorios se incrementaría la escala de los fenómenos socio-culturales que han venido acompañando a la actividad minera en estos años: violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, para militarismo y represión policial y militar.

Esto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela :

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Se violan igualmente los derechos garantizados en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional ( Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos.

El Ejecutivo Nacional no consultó el Decreto del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indígenas afectados, tal como lo obliga el Art. 120 de la Constitución, “de buena fe” y “en el idioma” de cada uno de éstos, tal como lo pauta el Art. 11 del Cap II de la LOPCI, por la sencilla razón de que no los reconoce, que se niega a reconocer a los Pueblos Indígenas, como lo demuestra el hecho incontestable de que el 15 de diciembre de 2016 se cumplirán quince años de la negativa del Ejecutivo Nacional a demarcar las tierras y hábitat de los pueblos indígenas que habitan en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. La Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Constitución le concede al Ejecutivo Nacional, para la Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas, un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de ésta el 15 de diciembre de 1999. De acuerdo a la Constitución, la Demarcación de Tierras y Hábitat de los cuarenta y dos Pueblos Indígenas reconocidos en el texto constitucional debería haber concluido el 15 de diciembre de 2001. Desde esa fecha hasta el presente, la no demarcación de las Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas es una violación al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna. Si el Ejecutivo Nacional hubiese honrado la Constitución, y en estos tres últimos lustros hubiese reconocido a los pueblos indígenas en el hecho concreto de la demarcación de sus Tierras y Hábitats, el Decreto del Arco Minero no hubiera sido posible. El asalto a los yacimientos mineros era un objetivo latente, y a ese objetivo de rapiñar los yacimientos minerales en tierras ancestrales indígenas no le convenía que hubiese Demarcación, y por eso no la hubo. El Ejecutivo Nacional podrá decir que ha entregado más de dos millones de hectáreas, pero no puede afirmar que haya un solo pueblo indígena que haya sido demarcado en sus tierras y hábitat ancestrales. El Ejecutivo Nacional ha repartido parcelas al peor estilo de la Reforma Agraria pero no ha demarcado a pueblo indígena alguno.

Con el objeto de una compresión integral de lo que todo esto significa, presentaremos una comparación histórica relativamente reciente, que nos ilustre. Para el Ejecutivo Nacional del 2016, presidido por Nicolás Maduro, los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio de los 112.000 Km cuadrados delimitados en el Decreto del Arco Minero del Orinoco, parecen ser los mismos “irracionales” que, para el Ejecutivo Nacional que gobernaba entre 1964 y 1969, presidido por Raúl Leoni, eran los warao cuando, también de manera inconsulta, le cerró a este pueblo su Caño Manamo, para beneficio exclusivo de las empresas Iron y Orinoco Mining Companies, de manera que pudieran sacar, tanto en el invierno como en el verano, sus barcos cargados con el mineral de hierro del Cerro Bolívar. El cierre del Caño Manamo le causó a hombres, mujeres y sobre todo niños y niñas warao -como resultado de la salinización- la pérdida de sus aguas y tierras trayéndoles así la muerte por hambre, sed y desesperación

Se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

Sin embargo, el daño más profundo de esta puñalada que es el Decreto del Arco Minero del Orinoco, tiene que ver con la muerte del sueño del país multiétnico y pluricultural que, de acuerdo al Preámbulo de la Constitución, íbamos a ser algún día. El Decreto del Arco Minero del Orinoco implica la obligatoriedad de tener una única racionalidad, una única cultura: la occidental capitalista, la que determina insoslayablemente que, como en esos 112.000 Km cuadrados hay oro, diamantes, coltán, uranio, hierro, cobre, bauxita y tierras raras, entonces lo único racional que puede hacerse es extraerlos y convertirlos en mercancía, aún cuando esa extracción mate al aire, al agua y a la vida en su conjunto.

Esa violación de la Constitución, que nos obliga a todas y todos las y los venezolanos, a tener la racionalidad de la Bolsa de Toronto, es la derogación del proyecto de país que habíamos decidido ser el 15 de diciembre de 1999, cuando aprobamos en Referéndum esa Constitución. 

El agua

El agua ha pasado es las últimas décadas a ser un asunto crecientemente crítico para el presente y futuro de la humanidad y de una amplia gama de formas de vida en el planeta. A la vez que se incrementa sostenidamente la demanda de agua, para una elevada proporción de la humanidad, el acceso a ésta se está haciendo cada vez más difícil. El cambio climático está modificando los patrones de lluvia y de sequía. Igualmente se está reduciendo la disponibilidad de agua para centenares de millones de personas, como consecuencia del derretimiento de los glaciares, y la disminución correspondiente de su capacidad para almacenar agua dulce. Actividades humanas como el uso masivo de agrotóxicos y el fracking están reduciendo el volumen de agua disponible mediante niveles irreversibles de contaminación.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de acceso sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo. Este lago, del cual las ciudades de Maracaibo, Cabimas y otros pueblos de ambas costas tomaban su agua hasta bien entrado el siglo XX, fue, y continua siendo sacrificado (¿impacto colateral?) a la explotación petrolera. El Canal de Navegación, construido para permitir la entrada de grandes buques petroleros, ha permitido por décadas la entrada de agua salada. Esto, junto con la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento han venido, durante décadas, lenta pero seguramente, matando al mayor lago de toda América Latina. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en la cuenca del río Orinoco?

De acuerdo a las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se espera que en las próximas décadas en el territorio venezolano se produzca un incremento de la temperatura y una reducción del volumen del agua de lluvia. La sequía de los últimos años que ha afectado los volúmenes de agua que llegan a la represa del Guri podría ser un anticipo de lo que pronto se convertirá en la nueva normalidad.

Toda la zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de agua en la zona.

La crisis eléctrica

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se produce en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, como se ha señalado arriba, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, las actividades mineras río arriba de estas represas, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementarían los procesos de sedimentación de estas represas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. La totalidad de las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

Incentivos a corporaciones públicas, mixtas y privadas

Está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado:

Artículo 21. En el marco de la política económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo del proyecto.

Militarización de la zona y la llamada prevalencia del “interés general” sobre el “interés particular”

Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinación con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia petrolera tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto N° 295 con Fuerza y Rango de Ley de Minas, el articulo 109 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Minas, y el artículo 40 del Decreto N° 1.395 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas.

El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares”. Se entiende por “intereses generales”, la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un “interés particular”, y por lo tanto sujeto a que los “organismos de seguridad del Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como “particulares”? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución ³ , y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos “gremiales”, y por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

¿Qué implicaciones tiene esto para los que sería sin duda el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a “sus normativas” entendidos igualmente como “intereses particulares” que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el “interés general” de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) , adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. ⁴ Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. ⁵ Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, las fuerzas armadas lejos de representar la defensa de un hipotético “interés general” en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aun mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano. De este modo se decreta la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras como las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como “revolucionario” y anti-capitalista, ha decretado la subordinadinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

Por todas estas razones es urgente denunciar y luchar hasta lograr su total derogación.

De entre la Plataforma ciudadana por la Nulidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco:

Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutiérrez, Juan García, Edgardo Lander, Gustavo Márquez, César Romero, Santiago Arconada.

Caracas mayo 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212546

II. Nuestro trabajo subsumido en el capitalismo devasta. El progresismo ha reforzado el rumbo. En los de abajo está encaminar buenos vivires-convivires.

Declaración final de la 1ª Conferencia 

celebrada el 23 y 24 de abril de 2016

en Wan – Kurdistán del norte

El 23 y 24 de abril 2016, en la ciudad de Wan (Van) se ha celebrado la primera Conferencia del Movimiento de la Ecología de Mesopotamia (Mesopotamian Ecology Movement – MEM) con la participación de 100 delegados de las provincias Amed (Diyarbakir), Dîlok (Gaziantep), Riha (Sanliurfa), Merdîn, Muş, Wan, Elih (Batman), Siirt, Dersîm y Bedlîs (Bitlis), así como activistas de Turquía de los siguientes movimientos y grupos: Revista Gaya, Plataforma Anti-Nuclear, Resistencia Verde, Periódico Verde, partido de Izquierda Verde, el Mar Negro en Rebelión, Defensa de los Bosques del Norte, Campaña por el Derecho al Agua, el municipio de Ovacik Dersîm, la ICOR de Alemania y el grupo del Kurdistán del este Chiya Verde. Incluyendo representantes de las organizaciones DTK, KJA, HDK y HDP, en total 170 personas han acudido a la primera gran reunión de la MEM desde su fundación.

La Conferencia en Wan ha sido organizada en un periodo de intensas luchas políticas llevadas a cabo por personas en Kurdistán por la libertad y el autogobierno que pueden cambiar significativamente el futuro de la región, pero que exigen muchas víctimas.

Basandose en la Trinidad Ciudad-Clase-Estado y el método de la dominación-acumulación de capital, la Modernidad Capitalista crea una vida sin aliento e improductiva para la sociedad, como también enfrenta a la naturaleza a todo tipo de destrucción. En nombre del sistema hegemónico existente del Estado-nación y sus gobiernos, dispersan el carácter solidario de la sociedad e imponen desempleo, pobreza, una malsana nutrición industrial con OGM (Genetically modified organism) y la devastación social y cultural del pueblo.

Enormes proyectos destructivos como el GAP (proyecto de Anatolia suroriental), la presa de Ilisu, la presa de Munzur, la Vía Verde, la mina de Cerattepe, el Kanal Istanbul, se desarrollan y realizan con el objetivo de permitir la tala de bosques para la construcción, la comercialización de las aguas, la mercantilización de la tierra, el control de la naturaleza y las personas, así como promover el consumo de combustibles fósiles, lo que no es otra cosa que la alienación y el desplazamiento de las personas de su naturaleza original y de la vida.

Actualmente el régimen en Turquía ejerce una brutalidad sin precedentes en la historia reciente del Kurdistán y de Medio Oriente, que tiene una nueva dimensión pérfida. Cientos de miles de personas de Sur, Nusaybin, Hezex, Kerboran, Farqin, Şırnak, Gever, Silopi y Cizre son desplazados forzosamente de sus ciudades, las cuales están bajo una destrucción sistemática. Mientras tanto, la opinión pública mundial mantiene silencio sobre la destrucción de la naturaleza, las ciudades y el resto de las masacres.

La mentalidad monista y de negación del Estado-nación, el ilimitado sistema de beneficio-competición y el carácter de dominación de la Modernidad Capitalista han llevado al mundo al grave estado actual. Los desastres sociales se transforman en desastres ecológicos y viceversa. La sociedad y la humanidad tienen que decir basta a este desarrollo. Si esta situación continúa llegaremos a un punto del que no será posible retornar nunca más. En este sentido también el aumento de una resistencia ecológica es muy importante.

A pesar de la mentalidad y las prácticas destructivas es posible retornar. Es necesario intensificar la lucha ecológica contra las guerras y la eliminación de áreas de la vida y de nuestros valores culturales y sociales, que se destruyen y explotan a través de numerosos proyectos como presas, plantas de carbón, minería. En esta línea la lucha ecológica tiene que hacerse y difundirse bajo la máxima: “Vamos a comunalizar nuestras tierras, aguas y energía para la configuración de la vida democrática libre”. Es el momento de defender la Nación Democrática contra el Estado-Nación, la economía comunal basada en el anti-capitalismo y el anti-monopolismo contra el capitalismo de rápido lucro que busca una lógica de gran industrialismo; la agricultura orgánica, las ciudades y aldeas ecológicas, la industria ecológica, la energía y tecnología contra la agricultura y las políticas energéticas impuestas por la Modernidad Capitalista.

Con la conciencia de que la lucha ecológica es la referencia para la liberación de la humanidad entera sabemos que cada acción puede acercarnos a un individuo libre y a una sociedad libre. Entendemos que nuestra lucha para alcanzar nuestra naturaleza y nuestra realidad social, las cuales son los fundamentos de la justificación de nuestra existencia, es una contribución importante para la liberación de todas las personas y toda la naturaleza de nuestro mundo. Con una gran emoción, que sentimos profundamente, tomamos nuestra posición en esta lucha.

Nuestro paradigma, el heraldo de una edad brillante del siglo XXI y los próximos milenios, es el de una  sociedad radicalmente democrática, comunitaria, ecológica y de mujeres libres. En este sentido la lucha de la Ecología no está más allá de cualquier lucha, sino que es la esencia vital del paradigma de la vida libre. Sin la ecología la sociedad y la naturaleza no podrían existir. La Ecología es como la esencia y la formación dialéctica universal de milenios, teje dialécticamente todos los procesos de entidades conectadas entre sí, como los anillos de una cadena.

En este sentido la lucha contra la Modernidad Capitalista es la lucha para el desarrollo social, democrático y de mentalidad libertaria, que lucha para convertirse en un sujeto social contra las décadas de mentalidad estatista. Esto sólo podrá desarrollarse con una entidad social, con una lucha por la libertad, con una postura en contra del sistema que pone al Individuo-Sociedad-Naturaleza al servicio de los intereses de la hegemonía de la Renta-Capital.

En el Medio Oriente, la historia de la ecología no ha sido escrita como no fue escrita la historia de la mujer. Igual que para las mujeres libres es necesario conocer la historia de la mujer, para una sociedad ecológica es necesario conocer la historia de la ecología. En este sentido, abriendo academias de ecología, es necesario tomar una conciencia ecológica en los programas de todas las esferas sociales y de la educación académica como una parte esencial. Así como organizamos nuestras propias asambleas, la responsabilidad de garantizar una organización de la esfera social y unos estudios institucionales con una sensibilidad y conciencia ecológica es fundamental. En lo referente a la construcción de la sociedad democrática y ecológica, han sido acordados puntos importantes en la Conferencia. Al mismo tiempo que las decisiones que se han adoptado en la Conferencia, una contribución intelectual, organizativa y operativa ha sido dirigida a los movimientos ecológicos globales. Algunas de las decisiones que se han tomado son:

– Establecer una coordinación estratégica intelectual, organizativa y operativa con los movimientos de ecología nacionales e internacionales para mejorar las discusiones comunes y acciones contra la explotación y destrucción ecológica.

– Luchar contra la destrucción mental, física e ideológica en temas vitales para la vida como la energía, el agua, los bosques, el suelo, la urbanización, la agricultura de semillas, la tecnología; basándose en las políticas aprobadas del Movimiento Ecológico de Mesopotamia en la Conferencia, aumentar la lucha dentro de la construcción dirigida de una nueva vida.

– Luchar contra el sistema que destruye los asentamientos urbanos, quema los bosques en el Kurdistán; tratar públicamente la devastación ecológica en Kurdistán y las devastaciones de la guerra.

– Planificar acciones con otros movimientos de ecología contra la destrucción de las ciudades del Kurdistán; para asegurar la participación activa en plataformas de solidaridad que se han establecido en estas ciudades.

– Desarrollar un modelo ecológico para Kurdistán.

– Estar más presentes en los medios impresos y digitales y establecer academias de ecología.

– Llevar a cabo luchas legales en paralelo a las campañas y acciones actuales.

– Ampliar las estructuras organizativas propias en todo el Kurdistán y Medio Oriente.

Fuente: Hasankeif girsimi
Traducido por Rojava Azadi

difusión de Rojava Azadi Madrid
Colectivo por la revolución social de Rojava ~Kurdistán paz y libertad
enlace:
https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2016/05/11/declaracion-de-la-primera-conferencia-del-movimiento-de-la-ecologia-de-mesopotamia/

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/05/11/kurdistan-1ra-conferencia-del-movimiento-de-la-ecologia-de-mesopotamia

I. Nuestro trabajo subsumido en el capitalismo devasta. El progresismo ha reforzado el rumbo. En los de abajo está encaminar buenos vivires-convivires.

Los peligros del Arco Minero del Orinoco:

un breve análisis desde la economía ecológica

12 de mayo de 2016

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

En numerosas ocasiones se ha invocado la "irreversibilidad" de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.

Como respuesta a esta crisis, el gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no sólo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO . En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una re-lectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no sólo las nefastas consecuencias que este mega-proyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia:

a) Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del "mercado", sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema de abierto muy complejo.

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socio-ecológico que éste conllevará.

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA sólo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos en un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería éste un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

b) El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera. Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL ; o el país que más CO₂ per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial .

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela en los últimos años.

Conviene pues, evaluar tres elementos:

·         El primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removida para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

·         El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo vinculado al american way of life (teléfonos inteligentes, aires acondicionados, automóviles y motos, junto a otros electrodomésticos), se produce una paradoja entre el "bienestar" y la sostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social y de domesticación de la población, a este tipo de consumos. Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo –y de cambios en las expectativas en los modo de vida–, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (más de un tercio del total, según informe MPPEE 2013).

·         El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

c) Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no sólo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para reivindicar la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

Nosotros planteamos aquí el análisis no solo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no sólo afectaría la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Esto puede ser especialmente dramático en relación a los suelos del Escudo Guayanés, que dada su notable fragilidad, podría pasar muchas décadas para que pudieran recuperarse, para recobrar sus ciclos vitales, si acaso alcanzaran a hacerlo.

Un buen ejemplo de las consecuencias económicas de la merma de la productividad ecológica está en el agua. En las discusiones y análisis sobre el actual déficit energético en Venezuela, normalmente prevalecen argumentos sobre las fallas en la capacidad instalada (hidroeléctrica y termoeléctrica), o bien los efectos del fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní –curvas generales en descenso–, el cual alimenta la represa del Guri. Una de las razones de este decrecimiento ha sido la deforestación que se ha producido en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el país, y por tanto para la vida en las ciudades y los sectores industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

d) Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centrales de la economía global, o bien permita que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: el impulso a las exportaciones (no solo minería, sino gas, pesca, entre otras). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de recesión o depresión económica, el capital internacional buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

e) Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse donde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años –de ahí la relación entre extractivismo y endeudamiento público, y la importancia actual de una auditoría de todas las cuentas nacionales.

No tiene sentido hablar de "expansión" y "crecimiento" sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza? ¿Cuánto de ella no, y por qué? A la luz de esta crisis, ¿qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas? ¿Qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar? ¿Para qué será usado? ¿Qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

f) Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión, planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo? ¿Qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada? Y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al “american way of life” sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto de lo que consideramos deseable, sino también referentes que se adecúen a la crisis ambiental global, y a las potenciales consecuencias que esto tendrá. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos, y por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.

* Emiliano Teran Mantovani   es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212183

II. Mi crítica a dos ejemplos de actividad periodística del progresismo e izquierdismo.

2) Un enorme esfuerzo y valiosa iniciativa de agruparse:

Nace el Consorcio de 

Periodismo de Investigación Autogestivo

9 de mayo de 2016

Por lavaca 

La publicación de la lista completa de los involucrados en los Panamá Papers, que se concretará el 9 de mayo, representa una oportunidad para constatar qué información priorizaron publicar los medios argentinos, y cómo ese recorte pudo influir en la repercusión y percepción pública de esa información.

Para hacer ese análisis, conformamos el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo, coordinado por la revista MU, el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), que nuclea a 26 universidades del país.

Como primera tarea, el Consorcio elaborará informes en base al análisis del listado de los Panamá Papers, con el objetivo de:

• Clasificar y hacer accesible la información sobre funcionarios, políticos, empresarios y medios argentinos involucrados.
• Analizar la diferencia entre el contenido total del listado y lo publicado por los medios argentinos antes de hacerse pública la información.

Estos informes serán públicos y de libre reproducción.

Los Panamá Papers

Lo que llamamos Panamá Papers comenzó en 2015 cuando el periódico alemán Süddeutsche Zeitun fue contactado por John Doe, el nombre de fantasía de la persona que dio origen a esta investigación de película. El diario alemán decidió compartir esa abrumadora cantidad de información con el ICIJ, un consorcio de periodistas con sede en Washington fundado con un objetivo: mantener con vida el periodismo de investigación, casi extinguido en la práctica de los medios comerciales. El consorcio realizó una primera clasificación del material. El resultado fue sintetizado por el ICIJ : “La investigación permite ver cómo fluye el dinero negro a través del sistema financiero mundial”.

En Argentina, los Panamá Papers fueron confiados a dos medios que son socios en varios negocios: el diario La Nación y TN, del Grupo Clarín. El 3 de abril de 2016, según lo acordado por el Consorcio, se publicaron en todo el mundo las primeras revelaciones. Argentina tuvo así el extraño protagonismo global de integrar la lista con su presidente, Mauricio Macri y su crack futbolístico, Lionel Messi. Con el correr de los días, además, diferentes fuentes periodísticas ajenas a Panamá Papers aportaron pruebas que vinculaban a importantes funcionarios de gobierno con sociedades offshore.

La edición argentina de los Panamá Papers fue la única criticada por el diario alemán, titular de la reveladora información y, por lo tanto, uno de los que mejor conoce la diferencia entre lo que contienen esos documentos y lo que aquí se publicó. A estas críticas se sumó también el diario francés Le Monde. ¿Qué objetaban? El sesgo de la edición.

Desde el primer día de la publicación, distintos medios –entre ellos lavaca– advirtieron que tanto La Nación como Clarín tenían sociedades offshore en Panamá. Finalmente, el 11 de abril La Nación lo admitió. Clarín, en tanto, ya había sido confrontado con la existencia de sociedades offshore durante una de las tantas interpelaciones que originó su entorpecimiento de la aplicación de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El comportamiento de la prensa argentina precipitó la decisión del diario alemán y el ICIJ de hacer pública toda la lista de los Panamá Papers. Será el próximo 9 de mayo cuando en todo el mundo se difunda lo que todos queremos saber.

¿Cómo hacer ese análisis?

La respuesta es el ejemplo del diario alemán Süddeutsche Zeitun. Se trata de un periódico local que se enfrentó con una tarea que excedía sus posibilidades y recursos. Recurrió entonces a la experiencia y trabajo de un consorcio de periodistas. Y este, al trabajo de muchos más.

En Argentina no existe tal ámbito y por eso nos propusimos crearlo. Por iniciativa de lavaca, el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo será un espacio abierto coordinado por la revista MU, el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), que nuclea a 26 universidades de gestión pública y privada de todo el país.

Este será el primer trabajo conjunto de un Consorcio comprometido con el periodismo profesional autogestivo. Un espacio integrado por periodistas y docentes que demuestran que para desarrollar una investigación profunda lo más importante no son los recursos económicos de los medios comerciales.

http://www.lavaca.org/notas/nace-el-consorcio-de-periodismo-de-investigacion-autogestivo/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212050

Preguntémonos si "el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo" no podría ser más útil a la causa de la autodeterminación de los pueblos de Argentina que dedicarse a destapar la corrupción de personas o "corpos" en vez de asumirla como funcionamiento inherente al capitalismo.  No es indispensable probarla en documentos financieros porque está implícita en la actividad de promover la criminalidad del extractivismo y del desmantelamiento del Estado social e incluso promulgar la ley que exime al Estado de sus responsabilidades.

El Consorcio sigue la lógica binaria y aprecia derrotar la indiferencia frente a la denuncia sobre Macri pero no le interesa ayudar a la instalación de la deliberación de las mayorías sobre las consecuencias del capitalismo en el país y el mundo. Es facilitar la comunicación con las grandes ciudades de quienes están abriendo caminos a los buenos vivires-convivires al resistir el avasallamiento de derechos suyos y de la Madre Tierra. Es investigar sobre la IIRSA o sobre los acuerdos de privatización y mercantilizan crecientes

Ahora necesitamos, abajo y a la izquierda, cambiar de raíz a nuestra percepción del sistema de vida y trabajo. En ese empeño está:

 Campaña mundial contra la civilización del petróleo

2 de enero de 2006

Una invitación a un diálogo para juntar nuestras luchas y lanzar una Campaña mundial contra la civilización del petróleo.

En estos últimos diez años, en Oilwatch hemos construido una red fuerte y activa de resistencia a los impactos negativos de la industria del petróleo y del gas sobre los pueblos y su medio ambiente ya que al cabo de décadas de extracción de hidrocarburos el balance es siempre negativo. Con organizaciones miembros en más que 50 países, somos dedicados de desarrollar estrategias globales de las comunidades afectadas por actividad petrolera y de apoyar los procesos de resistencia de las comunidades que no quieren ver sus territorios afectados, trabajar por la sustentabilidad y los derechos colectivos.

 

Hemos trabajado duro en el intercambio de información sobre las operaciones de las compañías petroleras en cada país, sus prácticas de operación y los distintos movimientos de resistencia y campañas internacionales contra compañías específicas. También, Oilwatch busca aumentar la conciencia ambiental a nivel global desentrañando los impactos que tiene la actividad petrolera sobre los bosques tropicales y sobre las poblaciones locales, estableciendo además el vínculo con la destrucción de la biodiversidad, con el cambio climático, con la violación a los derechos humanos. 

Durante estos mismos años, sabemos que su organización ha desarrollado su propia red de resistencia en su lucha para trabajadores y familias trabajadoras en todo el mundo. 

Nunca como ahora se han visto tan claro, miradas a la distancia nuestras luchas, resulta difícil no mirar la profunda conexión que cada una de estas guarda entre sí. 

La defensa de la salud y de la alimentación, la lucha para trabajos que nos respetan y tiene un futuro para nuestras familias, la lucha por fuentes de energía sanas, por una agricultura sustentable y soberana, la lucha por la descontaminación y contra el calentamiento global, la búsqueda de una química verde asociada a nueva política de materiales, la lucha contra las empresas transnacionales que explotan nuestro labor y expropian los recursos naturales y el uso sustentable de nuestras naciones, la lucha por la soberanía nacional y por la paz en el mundo... depende en gran medida de que seamos capaces de arrinconar de forma unificada a la industria petrolera y a la civilización que le sostiene. 

Nunca como hasta ahora se han visto tan claros y cercanos los límites del modelo de desarrollo actual basado en los hidrocarburos. 

Nunca como ahora se ha entendido mejor la relación del petróleo y las redes de poder que controlan el mundo, ni se han sido tan evidentes las relaciones del petróleo con las principales desgracias que afectan a la humanidad.
Nunca como ahora se ha entendido mejor la relación del petróleo y las redes de poder que controlan el mundo, ni se han sido tan evidentes las relaciones del petróleo con las principales desgracias que afectan a la humanidad.

·         Tras las peores guerras del último siglo y del que comienza,

·         Tras el despilfarro económico de industrias y recursos financieros,

·         Tras la inestabilidad y empobrecimiento de muchas naciones,

·         Tras incontables golpes de Estado, dictaduras y manipulación de democracias,

·         Tras el secular sometimiento de los trabajadores,

·         Tras la deuda financiera internacional de los últimos treinta años,

·         Tras las industrias químicas más riesgosas,

·         Tras la extinción implacable de incontables pueblos indígenas,

·         Tras la contaminación del agua dulce del mundo, el agua de los siete mares y del aire de las ciudades,

·         Tras la destrucción de numerosos bosques.

·         Tras la acumulación de cantidades descomunales de basura química y de plásticos.

·         Tras el cambio climático, que incluye ciclones, inundaciones y huracanes cada vez mas peligrosos.

·         Tras la aparición y masificación de numerosas enfermedades degenerativas.

·         Y, por ende, tras la extinción de la vida del planeta y como principal causa de muertes humanas en el mundo. 
 

Está el petróleo.

El siglo XX fue el siglo del envenenamiento y de la muerte masiva de la gente y de la vida del planeta. Este envenenamiento es el producto no sólo de los desechos producidos durante la extracción de crudo, sus derrames por tierra y mar y su acidificación de las lluvias. Son además consecuencia de los agroquímicos, los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), los combustibles, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los fármacos, los desechos hospitalarios y otros compuestos que se producen a partir del petróleo y que se descargan y se acumulan en el planeta... y están matando a la Tierra y nosotros. Mientras, confrontaba y exterminaba a miles de culturas tradicionales, de usos y costumbres sanas y ecológicas. Sólo unas cuentas han logrado sobrevivir, de manera cada vez más aislada, empobrecida e indefensa. 

En el siglo XX las peores amenazas a la soberanía de las naciones y de los pueblos han salido de las guerras e intrigas por petróleo. Pues los grandes imperios definen sus principales formas de poder económico y militar en tomo a la posibilidad de tener en su propio suelo oro negro, o de lograr en otras regiones el acceso seguro al mismo. Este se erigió como la era del poder supremo de las transnacionales, en donde con la presión, la manipulación y la corrupción, también se empuja a la renuncia de las soberanías nacionales. Por ello mismo, uno de los pasos más osados de las naciones del sur fue la constitución de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). Para el Sur del mundo el modelo petrolero significó hacer perpetuo el intercambio desigual, la dependencia tecnológica, el endeudamiento, y el empobrecimiento. Como consecuencia, la deuda ecológica del Norte con el Sur, que se inició con la conquista, se incrementó. 

Se construyó una sociedad que basó su desarrollo y acumulación en la adicción al petróleo y dio lugar a que éste literalmente invada los campos, las mentes, la estética, las calles, el aire, los mares. 

Y mientras esto ocurría, hemos aceptado sufrir por separado cada una de estas agresiones. O peor aun, enfrentados unos contra otros: como trabajadores contra comunidades indígenas, como habitantes de un país en guerra con otro, como trabajadores petroleros contra comunidades indígenas, como pueblos del norte y el sur, como empobrecidos de las ciudades contra indígenas y campesinos, como enfermos de consumo contra pacifistas, como los que proponen contra los 
que critican….y así sucesivamente. 

La crisis de la civilización petrolera ya llegó a su cima. Pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa mientras los rasgos más decadentes de la crisis se subrayan de forma cada vez más letal. 

Entre tanto, resulta evidente que la transición a una nueva civilización, requiere de la creación de alternativas técnicas, científicas, ambientales y culturales que no son completamente evidentes. Así como de nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales apropiados muy complejos, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados. 
No es suficiente entonces, el tránsito hacía energías alternativas, seguramente en manos de las transnacionales, sino el tránsito a otro tipo de sociedad. 

Para nosotros, la lucha de las comunidades campesinas, de pescadores e indígenas, que dan una batalla frontal contra la globalización y el neoliberalismo, al defender su derecho a vivir en sus tierras, con autonomía, sin agresiones físicas, culturales, ambientales, poniéndose al margen incluso de los que se consideran "símbolos del progreso", nos señala un camino claro. Pero hace falta escuchamos entre todos, para poder pensar en soluciones que consideren de forma global los problemas de todos. 

¿Cuáles son las organizaciones y redes que podemos iniciar una colaboración positiva en una lucha contra la civilización petrolera? ¿Cuáles son los movimientos locales y globales más importantes que no podemos ignorar en nuestro esfuerzo? ¿Cuáles los convenios internacionales y agendas que mejor podríamos aprovechar en este proceso? ¿Cuáles las nuevas iniciativas que podríamos y deberíamos inventar? 

Para responder a estas y otras necesidades Oilwatch invita a las redes amigas a iniciar un diálogo para juntar nuestras luchas v lanzar una Campaña mundial contra la civilización del petróleo. 

Les invitamos a compartir sus opiniones, reflexiones e ideas que aclaren este concepto, y para que podamos construir un camino juntos, así podremos fijar estrategias de trabajo 
coordinado y una campaña común, donde podamos ver reflejadas cada una de las luchas que hoy llevamos por separado y donde todas y cada una de nuestras batallas cobren una nueva dimensión. 

tegantai@oilwatch.org. 
www.oilwatch.org

Fuente: http://www.oilwatchsudamerica.org/documentos/26-declaraciones/507-campana-mundial-contra-la-civilizacion-del-petroleo.html