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20 de diciembre de 2017

II. Un desafío central de la humanidad amenazada de extinción por el sistema mundo capitalista.

El llamado de Brasilia

28 de noviembre de 2017
Miembros de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y de su capítulo de América del Norte (SOCLA-NA) se reunieron en Brasilia el Lunes 11 de Septiembre de 2017 antes del VI Congreso Latinoamericano de Agroecología.
Este encuentro también reunió a científicos e investigadores de otras organizaciones como la ‘Asociación Brasileña de Agroecología' (ABA), 'IFOAM - Organics International', 'Food First’, 'Agricultura Familiar e Agroecología' (ASPTA), ‘La Red de Agroecología Cuba-Estados Unidos’ (CUSAN) y de Universidades de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suecia y España quienes endorsaron la presente Declaración. Miembros de la ‘Vía Campesina’ y ‘Agroecología Europa’ contribuyeron a las discusiones que condujeron al texto final.
Contexto:
La Revolución Verde, símbolo de la industrialización agrícola, no sólo falló en garantizar una producción de alimentos segura y abundante para todas las personas, sino que también puso a los sistemas agrícolas y alimentarios actuales en un camino insostenible de múltiples crisis, incluida la contaminación ambiental, la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida extrema de biodiversidad, servicios ecosistémicos debilitados, la erosión de los medios de vida rurales y la expropiación y la pérdida de campesinos, pueblos indígenas y agricultores familiares.
Estos impactos también afectan a los ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes a través de contaminación acuática y atmosférica.
Además, la agricultura industrial contribuye con alrededor del 25-30% de las emisiones de GEI, alterando aún más los patrones climáticos y comprometiendo la capacidad del mundo para producir alimentos en el futuro.
La industria agroalimentaria fomenta el hambre al rebajar los precios que reciben los agricultores y destruye la viabilidad económica de los sistemas alimentarios locales.
Las actividades económicas extractivistas como la minería comercial, el fracking y otras, así como los conflictos armados, exacerban los problemas en el campo. Además, este sistema ofrece cada vez más alimentos procesados de baja calidad nutricional, altos en sal, azúcar y grasas, con énfasis en cantidades excesivas de carne y productos lácteos, todos los cuales contribuyen a las epidemias de enfermedades relacionadas con la dieta y la obesidad que afectan actualmente a billones de personas. A la luz del cambio climático, la concentración corporativa y financiera y el aumento de los costos de energía, podemos esperar una continuación de la volatilidad de los precios de los alimentos, la desnutrición y el hambre.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que para 2030, el 60% de la población urbana mundial vivirá en ciudades, mientras que más del 56% de los pobres del mundo y el 20% de las personas desnutridas se concentran en las ciudades. Hoy, para una mega ciudad con 10 millones de personas o más, se deben importar más de 6.000 toneladas de alimentos cada día, viajando un promedio de 1,000 kilómetros.
Los monocultivos promovidos por la agricultura industrial se han expandido dramáticamente en todo el mundo; sólo un puñado de especies de cultivos y variedades dominan los 1.500 millones de hectáreas de tierras agrícolas del planeta. La drástica reducción de la diversidad de plantas y animales ha puesto a la producción mundial de alimentos en gran riesgo, debido a la extrema vulnerabilidad a las plagas, enfermedades y la variabilidad climática asociada con la uniformidad genética. El sistema alimentario industrial globalizado no es sostenible ni equitativo, no solo no satisface las necesidades alimentarias de los pobres, sino que también ha perdido la confianza de los consumidores del norte.
A pesar de estos desarrollos, los campeones de la Revolución Verde invocan un temor neo-maltusiano de sobrepoblación para justificar la intensificación agrícola y la industrialización al afirmar que "Alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 requerirá un aumento del 70% en la producción mundial de alimentos". Esta posición ignora el hecho de que ya producimos suficiente comida para 10 mil millones de personas, sin embargo, más de una de cada siete sufre hambre.
No menos del 50% de los alimentos del mundo es proporcionado por productores de pequeña escala en menos del 25% de la tierra cultivable. La mayoría de los alimentos que se consumen hoy en día en el mundo se deriva de 5,000 especies de cultivos domesticados y 1,9 millones de variedades de plantas locales cultivadas por campesinos sin agroquímicos o semillas genéticamente modificadas. Este contexto crea un "impulso" para el desarrollo y la ampliación de la agroecología tal como la practican los agricultores campesinos y familiares.
Hay un número creciente de estudios e informes que sugieren que una transición a una agricultura agroecológica no sólo proporcionaría a las familias rurales beneficios sociales, económicos y ambientales significativos, sino que alimentaría al mundo de manera equitativa y sostenible.
- Para descargar el artículo completo (PDF) haga clic en el enlace a continuación:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_llamado_de_Brasilia

Indaguemos argumentos sobre porqué la lucha por la reforma agraria integral para la soberanía alimentaria debe ser de carácter anticapitalista.

 

Soberanía alimentaria: un diálogo crítico

2 de agosto de 2017

Apuntes sobre su recorrido intelectual en los estudios agrarios críticos, la construcción de conocimiento campesino y la incorporación de perspectiva de género a la propuesta política de la soberanía alimentaria.
La recopilación de trabajos que aquí se presenta aborda cuestiones relacionadas con las políticas alimentarias. Es decir, con cuestiones relacionadas con quién obtiene qué alimentos, cómo, qué cantidad, con qué propósito y qué implicaciones conlleva. Concretamente, es una recopilación que tiene que ver con el concepto de un proyecto político basado en la soberanía alimentaria, por lo tanto, la mayor parte de estos trabajos también tienen que ver con aspectos y cuestiones vinculadas a los movimientos agrícolas, alimentarios, medioambientales y sociales que construyen y hacen avanzar la soberanía alimentaria. Todas las autoras y autores que participan en esta recopilación defienden la justicia social y tienen un compromiso profundo con las personas empobrecidas y las personas que sufren varias formas de opresión. Todas las personas que escriben en estos trabajos están comprometidas con la idea de una alternativa o alternativas a lo que tenemos ahora mismo.
Descargue el documento (PDF) a continuación:

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Argentina - Trelew: Jornada de Soberanía Alimentaria y Energética

20 de agosto de 2017

Las y los invitamos el días 24 de agosto a la Jornada de "Soberanía Alimentaria y Energética" que se desarrollará en la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco - Trelew.

Hablar de Soberanía Alimentaria es hablar también de soberanía política, energética y territorial. Es por eso que en esta oportunidad nos convocamos a compartir y pensarnos desde estos tres pilares fundamentales a desarrollar por cualquier pueblo que pretenda ser soberano.
La semilla como punto sustancial a partir del cual se desarrolla la vida y la libertad.
Nuestra alimentación como base cultural, de crecimiento, de desarrollo y salud de los pueblos.
La energía como recurso estratégico que hace posible el desenvolvimiento de todo el accionar de una sociedad.
Para acompañar esta jornada contaremos con los aportes y participaciones de:
- "Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad" Carlos Alberto Vicente (GRAIN, Biodiversidad de América Latina y el Caribe).
- "Sistemas de alimentación en pugna" Marcos Ezequiel Filardi (Abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA).
- "Energía nuclear, una historia de engaños, ocultamientos y abandono" por Silvana Buján (Bios Argentina- RENACE)
¡Las y los esperamos!
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales
Radio Sudaca
Instituto de investigación histórica y social
Recordemos el año 2008 de enfrentamiento del gobierno CFK con la Mesa de Enlace para tener presente su falsedad encubridora de poner el país, junto a la Sociedad Rural, en subordinación a: "La ola de la globalización económica de la última década que ha llevado a los diferentes gobiernos de los países en vías en desarrollo a aplicar un modelo Capitalista y Neoliberal como la única opción política para 'mejorar sus economías'. La visión dogmática de considerar a las leyes del mercado como el único instrumento de reactivación económica, le ha significado a éstos países altos costos sociales y ambientales, cuyo resultado ha sido un mayor incremento de la brecha social y la consolidación de pequeños grupos económicos".  El Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2020 y su promoción de Monsanto prueban el nefasto compromiso de Cristina F. de Kirchner con el sistema global de los agronegocios.

Globalización, soberanía alimentaria y agroecología
31 de octubre de 2008

 
Por Alexander Galindo Murcia
Podemos decir ahora, los mayores beneficiados de la globalización han sido las grandes empresas transnacionales, que apoyándose en los acuerdos de la OMC y el GATT han logrado penetrar y controlar con mucha facilidad las economías de los países en vías de desarrollo. Nuestros gobiernos ávidos de inversiones y "captación de divisas" facilitaron política y normativamente para que la nueva colonización económica se implemente sin límites.
Podemos citar una serie de ejemplos de sus impactos negativos en todos los rubros de la actividad productiva; lo que ha logrado el modelo es destruir la base productiva de las naciones y el control absoluto del mercado. Los grandes perdedores de esta "ola de la globalización económica" son sectores productivos nacionales que empujados a la competitividad del mercado, sin gozar ningún tipo de protección terminaron fuera del mercado, generando desempleo y altos niveles de inseguridad social.
Las repercusiones de mayor impacto se han producido en el sector rural, la política alimentaría de los países basada principalmente en la importación de alimentos subsidiados ha tenido efectos directos no sólo en la seguridad alimentaría, si no también en nuestra propia soberanía alimentaría. Las secuelas del neoliberalismo a este nivel han sido desastrosas, agudizando la pobreza rural y acelerando la migración del campo a las ciudades de grandes grupos humanos sin esperanzas. En este escenario el sector más vulnerable son las mujeres, por que tienen que enfrentar el desafío permanente de resolver su sobre vivencia.
En la agricultura, el modelo esta sustentado en los principios y prácticas de la "revolución verde" y biotecnologia el cual causa un "crecimiento económico desigual" dentro de los productores. Bajo estas condiciones existe un " modelo de agricultura capitalista" que se beneficia de los recursos de inversión, tecnología, crédito, entre otras y otra la "agricultura campesina" que históricamente ha sido abandonada y desplazado hacia tierras marginales, sin acceso a los bienes y servicios productivos que les permita su desarrollo y competitividad.
Hoy en día con el apogeo de la globalización, la OMC considera que " la alimentación debe ser considerada como una mercancía", con esta visión evidentemente la seguridad alimentaría deja de ser prioritaria, en consecuencia será difícil que los países pobres puedan librarse del hambre y la miseria. Además se realizan acuerdos donde se consideran: mejorar el acceso al mercado por la vía de las importaciones, reducir el apoyo doméstico para la agricultura y reducir las subvenciones para la agricultura de exportación. Estos cambios realmente sólo favorecerán a los países desarrollados del Norte y a las grandes transnacionales.
Estos acuerdos también afectaran directamente la base productiva de más del 70% de pequeños productores en América Latina, que a pesar de ser los mayores proveedores de alimentos para la población, serán desplazados del mercado por la dificultad de competir con los alimentos importados (subsidiados).
Muchos países han logrado mejorar su productividad, pero no han logrado mejorar sus ganancias, con los precios que genera la liberalización del mercado, ni siquiera han podido recuperar sus inversiones. La causa principal de esta situación es la cada vez mayor importación de alimentos como la soya, trigo, maíz, entre otros, que vienen sustituyendo con mucha facilidad a los alimentos nacionales. Pero, el problema no termina a este nivel, los acuerdos imponen el modelo, que homogeniza los sistemas de producción, la especialización es planteada como una orientación para competir, se deja de lado la diversificación productiva que es la base para la seguridad alimentaría.
Todo ello, tiene repercusiones a la seguridad y soberanía alimentaría, el cual debe ser compatible con la equidad social, cultural y de género en la producción, el acceso y la distribución de alimentos apropiados. Este enfoque implica una dimensión cultural, educativa y productiva, que debe estar en función de rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura campesina. Lamentablemente estas premisas de la «soberanía alimentaría», no son implementadas ni comprendidas por los gobiernos; se acepta las directivas de las instituciones multilaterales para implementar el modelo, que les impone el ajuste estructural de la economía y la liberalización.
Esta situación empuja a los gobiernos a desarrollar programas de ayuda alimentaría, a través de comedores populares, que muchas veces es utilizado políticamente por los gobernantes de turno para mantenerse en el poder, en este sentido la pobreza empuja al asistencialismo, la manipulación y no genera procesos creativos para mejorar la base productiva.
La defensa de la «soberanía alimentaría» pasa por evitar la importación masiva de los alimentos, aprovechar los alimentos nacionales y estimular la diversificación productiva y alimentaría de la población. Para ello se requiere estabilidad productiva y autonomía de los grupos locales, también se requiere confiabilidad en la calidad de los alimentos, conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas. Es importante incorporar la dentro de esta causa las iniciativas de las personas y las organizaciones a ejercer sus derechos sociales para lograr su propia seguridad y soberanía alimentaría. Por ello La Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia UNAC y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura UITA, consideran necesario realizar seminarios, Foros, Encuentros, para generar espacios de debate, reflexión y el desarrollo de propuestas para enfrentar los efectos de la globalización en los países en vías de desarrollo y en especial Colombia.
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ACTA reproduce a continuación el documento colectivo:
No nos patenten la vida.
Campaña contra la privatización de
las semillas en Argentina.
 6 de septiembre de 2014
“Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.
A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.
En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.
En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.
Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.
Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.
En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.
- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.
Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata.
Individuales: Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.
Internacionales: Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil).
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2015
 

I. Un desafío central de la humanidad amenazada de extinción por el sistema mundo capitalista

La Vía Campesina responde a 

la COP23

con un llamado por 

la Agroecología Campesina

15 de noviembre de 2017

"Campesinos/as, pequeños/as productores/as y pueblos indígenas alimentan al mundo y enfrían el planeta" es la afrimación que el movimiento campesino internacional La Vía Campesina llevó a Bonn, Alemania, para posicionarla en la agenda de las reuniones sobre el clima de la COP 23 – tanto en el espacio oficial como en la Cumbre Climática de los Pueblos en la que se congregaron los movimientos sociales para definir estrategias alternativas al capitalismo y su crisis climática.
Según el grupo ETC, los campesinos/as y pueblos indígenas son los únicos proveedores de alimentos para el 70 por ciento de la población mundial, y utilizan solo el 30 por ciento de los recursos naturales del planeta para llevar comida a todas las mesas.
"Ningún producto químico ha tocado jamás nuestros suelos. Nos hemos aferrado a nuestras semillas tradicionales que resisten muchos de los desafíos climáticos que enfrentamos", explicó Michaelin Sibanda, un pequeño campesino del Foro de pequeños/as campesinos/as ecológicos de Zimbabue (ZIMSOFF). "Sabemos que para tener alimentos saludables y ecosistemas saludables, necesitamos tener un suelo saludable."
Los principios agroecológicos ayudan a preservar el agua, los suelos y las semillas. Pero, para La Vía Campesina, la agroecología también es política: "Está comprobado que hay resiliencia en la agroecología y que la resiliencia también es resistencia — se relaciona con la manera en que nos organizamos colectivamente y unidos presentamos propuestas concretas de cambio sustentadas por el trabajo y las luchas en nuestros diferentes territorios", explicó Jesús Vázquez, un joven miembro de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica en Puerto Rico. En septiembre de 2017, Puerto Rico fue devastado por dos huracanes consecutivos que socavaron severamente todos los aspectos de la vida en la isla, incluida la producción de alimentos. Vázquez continua:
"En el contexto de estos huracanes, hemos sido testigos de que las prácticas agroecológicas son más resistentes a los fenómenos meteorológicos extremos, aportan resiliencia. Muchas raíces y tubérculos han superado el desastre. Muchos/as campesinos/as y agricultores/as están ya de vuelta en los campos plantando y cultivando a pesar de que la Secretaría de la Agricultura dice que la agricultura está completamente devastada en toda la isla. Estamos aquí para recordarles a los gobiernos que el cambio tiene que ser sistémico."
Las propuestas de La Vía Campesina y de sus aliados para abordar la crisis climática van a la raíz del problema: el control de las corporaciones sobre la toma de decisiones y los procesos resultantes de acaparamiento de tierras y aguas, criminalización de los/las campesinos/as y violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro transnacionales utilizadas para la producción de alimentos. "En las negociaciones sobre el clima, los gobiernos están proponiendo soluciones falsas. Las llamamos falsas porque estas propuestas no producen un cambio real, sino que refuerzan las ganancias corporativas", dijo Fanny Metrat de la Organización campesina francesa Confédération Paysanne. "Las personas que promueven los mercados del carbono, geoingeniería, la llamada agricultura climáticamente inteligente son las mismas que están promoviendo también la producción ganadera intensiva en emisiones y una agricultura industrial basada en las exportaciones, que requiere cantidades masivas de combustibles fósiles. Es una gran contradicción", afirmó.
En la COP23, destacan claramente las contradicciones. El gobierno alemán, gran promotor de la economía verde, que se ha posicionado como punta de lanza de los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, amplia al mismo tiempo su producción de carbón — el combustible fósil más sucio del planeta. La delegación internacional de miembros de La Via Campesina se ha unido a las 4000 personas de la marcha y acción de desobediencia civil Ende Gelände (Aquí, y no más lejos) contra la empresa minera más importante de Alemania, KWE, fortaleciendo el mensaje de que la acción más importante para enfrentar la crisis climática es mantener los combustibles fósiles en el suelo.
Bernd Schmitz de la Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), la organización miembro de agricultores/as de La Via Campesina en Alemania, subraya la necesidad de cambios en Alemania. Dirigiéndose a los periodistas, Schmitz declaró,
"Las consecuencias del calentamiento global se sienten en todo el planeta. En Alemania, hemos tenido sequías extremas en ciertas regiones y lluvias extremas en otras. ¡Este año, debido a tormentas severas de granizo, hemos perdido casi toda la producción de frutas en algunas regiones de Alemania! El gobierno es demasiado lento para responder ante el problema. La AbL sostiene que la agricultura a pequeña escala, que incluye una cadena alimentaria local y una producción de alimentos ecológicos, ayudaría a resolver el problema. Este sistema usa menos energía fósil, lo cual reduce la emisión de gases de efecto invernadero peligrosos. Los/las pequeños/as agricultores/as de todo el mundo necesitan urgentemente apoyo para alimentar a la población y mantener sus medios de subsistencia en el contexto del cambio climático."
La Via Campesina se ha unido a otras comunidades que están en primera línea, incluso a comunidades afectadas con sede en los Estados Unidos que están dentro de la delegación It Takes Roots, y también a pescadores/as y campesinos/as de la Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua. Un representante del contingente de África occidental de la Convergencia, Massa Koné, de Mali, fue claro acerca de la importancia de trabajar con los aliados para hacer frente al cambio climático y a las múltiples injusticias: "Como organizaciones de base, tenemos perspectivas similares sobre los problemas y lo que necesitamos hacer frente a ellos. La Vía Campesina permite que se escuche la voz de nuestras comunidades. Nuestro llamamiento al cambio de sistema es urgente porque el daño va en aumento. Los bienes comunes, incluidos la tierra, los bosques y el agua deben ser protegidos y restituidos a los pueblos. Necesitamos trabajar juntos con nuestros aliados para estar preparados/as para el cambio climático."
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Contactos:
Bernd Schmitz : +49 17 73 56 55 59 [schmitz@abl-ev.de]
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15 de noviembre de 2017

II. Los de abajo y a la izquierda sin fronteras necesitan romper con la visión de recursos naturales.

La lucha contra la ola de expropiaciones 
de tierras
tras una crisis alimentaria global
24 de octubre de 2017

Por Boaventura Monjane (El diario)

- Los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles han desencadenado la nueva ola de expropiaciones de tierras en África del Sur
- Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales
- El Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo para denunciar a nivel regional los abusos de las empresas.
La influencia y la impunidad empresarial en África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.

En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

La resistencia local contra el poder empresarial en África es relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales.

En agosto de este año el Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un protagonismo rural comprometido y resolutivo.
La reunión del tribunal se celebró en el marco de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura de la impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con independencia de las autoridades estatales
En una sesión de audiencias ante un respetable jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales (ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos
El repertorio de contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de solidaridad entre las distintas luchas de la región.
En este contexto, la celebración del Tribunal Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no sólo ofrece a las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.
En la sesión del tribunal en Johannesburgo, ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación de capital de las ETN destruye sus medios de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.
En la mayoría de los casos que se presentaron, las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas. Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y amenazados con la cárcel.
ProSavana es un programa agrícola trilateral propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.
En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique (UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.
La aceptación de la investigación supone el reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.
Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.
Ante el tribunal, declararon que temían los efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el estado no pudo demostrar las acusaciones.
Volviendo a Mozambique, los miembros de la comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental, una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la presa.

En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas, limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.

El Centro de Apoyo e Investigación para Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.
El bosque es una fuente de sustento importante para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas comunidades.

Muchas de las compañías que invierten en tierras y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las economías locales de los países en los que operan.
La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.
Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.

Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con los abusos perpetrados por esas empresas.

Un “desarrollo” destructivo
Las expropiaciones de tierras y recursos en África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de tierras para la minería, la agricultura y el turismo.
El acaparamiento de recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.

Cientos de miles de campesinos y pueblos indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la “globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados globales.
Ese programa neoliberal sobre el desarrollo, que trató de lidiar con los déficit a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales forman parte de ese programa.

Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones monocultivo, los megaproyectos y las minas.
Mientras tanto, la desigualdad económica crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven (15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica, la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa de desempleo juvenil del 54%.

Despojar a los indígenas de sus tierras
El resultado de todo lo anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias.
Los movimientos sociales critican su modelo de producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.
Existen nuevas estrategias para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir alimentos y luchar contra la pobreza.
Con el pretexto de la escasez del agua destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así, los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los campesinos se ven privados del agua.
A raíz de la actual crisis alimentaria global, muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
La demanda de tierras es tan grande que ha dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua, privándoles de su sustento.
Como consecuencia del abandono que sufre la agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias explotaciones.
El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo para que sus familias cuiden de ellos.

El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene, alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están movilizando para resistir esta ola neoimperialista.

Boaventura Monjane es un periodista y activista social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental.
Traducción: Patricia Campo.

I. Los de abajo y a la izquierda sin fronteras necesitan romper con la visión de recursos naturales.


Al menos el 4 0% de los conflictos internos están vinculados a la explotación 
de los recursos naturales de gran valor
En guerra permanente
15 de noviembre de 2017

Por Nora Fernández (Rebelión)

El 6 de Noviembre se celebró el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente por la Guerra y los Conflictos Armados, fue una decisión aprobada por las Naciones Unidas el 2001 que se basó en los efectos que sobre el medio ambiente tienen la guerra y los conflictos armados, generalmente no incluidos en nuestros recuentos de daños de guerra que se limitan al número de víctimas humanas. Sabemos que los conflictos armados incluyen estrategias de guerra como la quema de cosechas, la tala de bosques, el envenenamiento del aire, del agua, del suelo y la destrucción de ciudades y de infraestructura para lograr ventaja militar. Ya los romanos contaminaban los suelos de sus enemigos con sal inutilizándolos para la agricultura y hambreando y debilitando a sus enemigos. La guerra favorece y facilita, además la explotación del medio ambiente al aumentar la necesidad de sobrevivir a cualquier precio.
Las Naciones Unidas, en su programa del Medio Ambiente (UNEP en inglés), encontraron que durante los pasados 60 años por lo menos el 40% de los conflictos internos han estado vinculados a la explotación de los recursos naturales de gran valor (madera, diamantes, oro, petróleo) o escasos (el suelo fértil y el agua). Descubrieron, además, que los conflictos relacionados a recursos naturales tienen el doble de probabilidades de repetirse. Por esa razón fue que adoptaron el 2016 una resolución que reconoce el papel que los ecosistemas saludables juegan en la reducción de los conflictos armados. Las Naciones Unidas han reafirmado, por todo esto, su compromiso con la paz y con estrategias en su favor (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development –Transformando nuestro mundo: Agenda a favor del Desarrollo Sustentable 2030) (1).
Pero a pesar de los compromisos por la paz, la guerra se impone como estrategia de expansión. Esfuerzos que documentan los costos humanos y ambientales ayudan a entender que la paz es la única opción, estos esfuerzos son particularmente importantes en tiempos en que una ideología guerrerista se expande y la guerra es aceptada como permanente y se promueve un proyecto globalizador que además genera consenso a favor del uso de armas nucleares en los conflictos armados.
La guerra cuestionada
Estados Unidos y el resto de occidente favorecen una estrategia de guerra permanente, contra humanos y naturaleza, alimentando un ciclo autodestructivo doloroso y en extremo peligroso porque incluye la creciente aceptación del uso de materiales nucleares. Los materiales nucleares implican al plutonio y uranio empobrecido pero también bombas de capacidad variada, muchas con capacidad atómica muy superior a las de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas que Estados Unidos usó contra Japón tenían entre 15 y 21 kilotones y generaron un hongo nuclear que no alcanzó los 10 mil metros de altura, que no es poca altura, un avión comercial de pasajeros viaja a una altura de 10 a 15 mil metros. Pero la capacidad atómica hoy ha aumentado en cien, mil y más veces, por ejemplo, la bomba atómica norteamericana B83 tiene mil kilotones y un hongo nuclear que llega a los 20 mil metros de altura y la Castle Bravo tiene 15 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 30 mil metros de altura pero la bomba atómica rusa “Bomba del Zar” es un gigante, con 50 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 40 mil metros de altura. (2)
La perspectiva de guerra permanente de la mano con un proyecto globalizador (antaño: imperialista) impone, o trata de imponer, los intereses de un grupo dominante. En sus 500 años de dominio occidente no ha sido ni flexible ni abierto, ni ha tomado responsabilidad sobre sus acciones, siempre los malos han sido otros, los sin Dios, los con otro Dios. Vistos como los “elegidos,” los “civilizados,” hemos impuesto nuestro modelo a los “salvajes.” En América, África o Asia, los “salvajes” han sufrido los esfuerzos civilizatorios occidentales traducidos en opresión, genocidio, esclavitud. La arrogancia occidental entiende al resto como amnésicos que olvidan los males sufridos y agradecen las imposiciones, occidente mira con los ojos del dominador.
La globalización se vende como panacea pero es un proyecto injusto, opresivo, esclavizador que contribuye a la explotación de niños, mujeres y hombres y a la destrucción y explotación ecológica. Se impone con un doble discurso (antaño: hipocresía) que dice favorecer la “diversidad” (de género, sexual, racial, étnica) al tiempo que termina con los derechos humanos y los derechos laborales y sociales establecidos. Se trata de explotar más y mejor, no de alcanzar igualdad socio-económica o justicia social. El proyecto alimenta pirámides paralelas a la del hombre blanco adinerado. Pirámides que al tiempo que permiten que unas pocas mujeres, que unos pocos hombres no blancos, alcancen cúspides corporativas, mantienen intactas las estructuras del poder. Se globaliza a favor del ilimitado enriquecimiento de una élite global corrupta, mientras jugosas migajas benefician a sus intermediarios. Es aceptable tener billonarios no blancos, y hasta mujeres billonarias, siempre que el control y el poder queden en manos de los más ricos. La naturaleza de la carrera a la cima se encargará de que los “diferentes” que lleguen no sean demasiados y al fin, llegan ricos, y los ricos no tienen más foco que acrecentar su fortuna y velar por sus intereses.
La misma élite que usa el militarismo ha logrado, generalmente, tener a las Naciones Unidas a su servicio y promover desde allí también su agenda. El poder se reinventa imponiendo su nueva-vieja ideología totalitaria a partir de los años 80. Con el fin del período de pos-guerra termina también la primavera de los 60. Es el “adiós” a los hippies, a los izquierdistas, a los críticos. Y el “hola” a la policía militarizada vestida a lo Darth Vader, a las computadoras, celulares y juegos cibernéticos, a los entretenimientos masivos con sueldos millonarios, a los políticos de pacotilla que nos mienten, a los feminismos acomodados y jeans de diseño, tacones altos y uñas y pestañas postizas, a la comida basura que crea obesos, y al crédito, o mejor dicho a la deuda -a muy alto costo para los pagadores de intereses pero gratis para los bancos prestamistas que reciben el dinero al 0%.
La guerra como estrategia ha sido cuestionada hasta por los propios militares. Ya en 1933, el Major General Smedley Butler, el soldado más condecorado de los Estados Unidos, la vio como vehículo para el enriquecimiento de unos pocos, su discurso se hizo libro. La guerra es un chantaje, dijo, un fraude, que beneficia a los menos y que pagan, dolorosamente hasta con sus vidas los más. Smedley Butler, que se alistó en los Cuerpos de Marina en 1898, peleó en la Primera Guerra Mundial y predijo que habría una Segunda guerra y que otras guerras la seguirían, porque las guerras son un buen negocio para el círculo interno que las promueve. Smedley Butler entendió que era imposible terminar con la guerra desde Ginebra, hablando. Smedley Butler argumentó que para terminar con la guerra es necesario terminar con el negocio de la guerra, con sus ganancias, permitir que los soldados –quienes tienen que pelear, decidan si debe haber o no guerra, y limitar a las fuerzas militares a la defensa del país, terminar con las acciones extraterritoriales. (3)
Estados Unidos y la guerra permanente
En Estados Unidos la guerra ha sido cruenta. En la Guerra Civil de 1861-1865 y según el censo anterior a esta (1860) murieron el 8% de todos los varones blancos de entre 13 y 43 años de edad, incluyendo el 6% en el Norte y el 18% en el Sur. Esta guerra destruyó la riqueza del Sur y no menos del 40% de la riqueza del Norte y su efecto económico perduró hasta el siglo 20. No es sino hasta la guerra con Vietnam que en Estados Unidos surge resistencia masiva contra la guerra de conscripción. Pero el concepto de guerra permanente se re-impone con la ofensiva de George Bush (padre) en 1991 contra Irak y con los posteriores golpes de la administración Clinton. El 2003 la administración Bush (hijo) adopta el ataque “preventivo” con aprobación del Congreso aunque no cuenta con la aprobación de las Naciones Unidas y Kofi Anan lo cuestiona describiendo esta política como “un acto ilegal de guerra.” De todas formas la estrategia se impone. Para el 2015, y luego de las invasiones a Irak (2003) y Libia (2011), Barack Obama (presidente desde el 2009) comenta en un discurso en la base de la Fuerza Aérea en Tampa (Florida) que su presidencia es de tiempos de guerra basados en una autorización extendida 15 años atrás por el Congreso. Dice que las “democracias no deben operar en estado de guerra autorizada permanente…no es bueno para nuestros militares…no es bueno para nuestra democracia.” Pero Obama no cambia esto. (4)
El presidente entrante, Donald Trump, se estrena en su cargo lanzando MOAB –la madre de todas las bombas, sobre Afganistán. Es una bomba (no nuclear) de 10 toneladas, pintada de color naranja brillante parece una nave. Brian Williams, reportero de MSNBC, comenta por televisión que verla le recuerda las palabras de Leonard Cohen: “Soy guiado por la belleza de nuestras armas. ” (5) Su comentario arrogante sale al mundo. No es moral olvidar la capacidad destructiva de una bomba y deshumanizar a quienes van a recibir su impacto. Ese año Trump aumenta el presupuesto militar en un 5% y comenta que “la pelea es maravillosa.” Washington y la Prensa navegan en un mar militarista.
La huella ecológica del militarismo y de la guerra
Naturalmente, se trata también de ignorar la huella ecológica militar que en el caso de los Estados Unidos es enorme dentro y fuera del país. Estados Unidos tiene 4127 instalaciones militares (del total unas 860 fuera del país) que ocupan 7,7 millones de hectáreas. La cabeza del Departamento de Programas Ecológicos del Pentágono, Maureen Sullivan, explicó el 2014 que lidiaba con 39 mil sitios contaminados, con un costo estimado de US $ 27 mil millones. El ex congresista por Michigan, John D. Dingell, quien fue congresista por 60 años y sirvió en la Segunda Guerra Mundial, argumentó con preocupación que prácticamente todos los sitios militares de Estados Unidos están seriamente contaminados. Barry Sanders, prestigioso jefe de investigación nominado dos veces para el Pulitzer, ha dicho que la guerra contra el terror es una guerra contra el planeta. Y el antropólogo norteamericano David Vine, en su libro “Base Nation” (2015), argumenta a favor de suprimir las bases de ultramar, que juegan un papel en la expansión de Estados Unidos y mantienen una perspectiva racista, generan daños ecológicos y accidentes, y cuyo personal ha causado crímenes serios por lo que, no sólo son costosas, sino que perjudican a los Estados Unidos y al mundo. (6)
La contaminación ambiental del militarismo es enorme. El departamento de Defensa de los Estados Unidos por si solo produce más basura que las 5 mayores corporaciones químicas de los Estados Unidos, incluyendo uranio empobrecido, petróleo, pesticidas, herbicidas, plomo y radiación producida durante la manufactura, el testeo y el uso de armas. Miles de kilos de micro partículas radioactivas altamente tóxicas, por ejemplo, contaminan el Oriente Medio, Asia Central y los Balcanes. Las minas y bombas de racimo están diseminadas en áreas extensas desde el fin de la guerra. El 2009, 34 años del fin de la guerra de Vietnam, la contaminación por dioxina en Vietnam era 300 o 400 veces mayor que lo normal, resultando en severos defectos de nacimiento y cáncer en la tercera generación de afectados. Irak, un exportador de alimentos, importa hoy el 80 por ciento de sus alimentos debido a que la guerra y las políticas militares desde la guerra causaron desertificación. (4)
Abandonando Kuwait el ejército de Irak incendió más de 600 pozos petroleros, entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo se volvieron humo junto con 70 a 100 millones de metros cúbicos de gas natural. Las nubes cubrieron casi 26 mil kilómetros cuadrados, bloqueando el sol y matando miles de personas por inhalación del humo agrio. Además 60 millones de barriles de petróleo se filtraron en el suelo envenenando cerca del 40% del agua subterránea, y cerca de 6 millones de barriles se filtraron al mar formando un enorme derrame petrolero que destruyó peces, pájaros y mamíferos locales y terminó con la pesca del camarón. De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos cada galón (3,8 litros) de gasolina produce 19 libras (8.6 kg) de CO2, las fuerzas armadas enviaron 400 millones de libras (cerca de 180 millones de kilos) de gases de efecto invernadero a la atmosfera diariamente. (4)
Los costos de la guerra “contra el terror” son un terror
El Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos (Watson Institute for International and Public Affairs) de la Brown University ha completado un detalle estimando los costos humanos de esta guerra, incluyendo a los soldados americanos que mueren directamente bajo el fuego enemigo, a los subcontratistas y los aliados, a sus oponentes y a la población civil muerta directa o indirectamente en ella o por ella. Sus cálculos ascienden a 1. 261.000 personas hasta el 2016, la gran mayoría de ellos son civiles y 14.000 son soldados y contratistas. Los costos financieros no se limitan a los costos humanos, sino que incluyen también los tratamientos a los soldados que regresan a los Estados Unidos y completas papeles para recibir asistencia debido a daños físicos, emocionales o sicológicos, que no siempre se completan de inmediato pero que son inevitables y que para Marzo del 2014 ascendían a 970 mil pedidos formales de asistencia. Además la guerra ha causado millones de personas desplazadas indefinidamente que viven en condiciones muy precarias; el número de refugiados afganos, iraquíes y pakistaníes se calcula en 7.6 millones. Gran parte de los dineros supuestamente destinados a esfuerzos de reconstrucción y ayuda humanitaria se han perdido, robado o han sido usados fraudulentamente en proyectos no sustentables. En Afganistán han desaparecido ecosistemas, fauna y flora, los suelos sufren desertificación, la foresta desaparece, el 85% de las aves migratorias han desaparecido del área. En Irak la infraestructura ha sido devastada, incluyendo los servicios de salud y educación. Las promesas de democracia tampoco se han cumplido, en Afganistán los señores de la guerra controlan el poder y la sociedad continúa segregada en términos de género y etnicidad. (4)
El mito de que la guerra es buena para la economía es falso, las guerras destruyen también las economías. De acuerdo a Paul Krugman (Nobel en Economía) la guerra es cara y causa daños económicos serios incluso al ganador. Joseph Stiglitz (Nobel en Economía) está de acuerdo con Krugman y explica que la Segunda Guerra Mundial no sacó al mundo de la gran depresión como se dijo, sabemos que esto es falso y que la paz es mucho mejor para la economía que la guerra. Dean Baker (economista) explica que los modelos económicos muestran que los gastos militares desvían recursos que deberían haber tenido usos productivos y al hacerlo enlentecen el crecimiento económico y reducen el empleo. Joshua Goldstein explica que la guerra termina con la riqueza, deprime la economía, afecta negativamente los mercados, por lo que impide el desarrollo económico y desarma la prosperidad. En tiempos de guerra los precios y las ganancias aumentan pero los salarios y su poder comprador bajan, explicó James Galbraith el 2004 diciendo que “rufianes, especuladores y gente bien conectada se hace rica. La gente trabajadora y los pobres sobreviven como pueden.” Se produce además un deterioro en los ahorros debido en parte a mecanismos invisibles como la inflación impositiva. O sea la guerra es terrible para la mayoría de la gente y solo una bonanza para unos pocos. (4)
Los gastos militares del mundo el 2016 fueron de US $1 300 millones, el 2% del PIB mundial. Estados Unidos gastó un poco menos del 50% del gasto total del mundo, US $611 mil millones, lo siguieron Francia, Reino Unido, Alemania e Italia que juntos gastaron US $173 mil millones, China gastó US $215 mil millones. El presupuesto de Obama para el 2017 dedicó el 63% a gastos militares (parte de esta suma bajo gasto discrecional) y el de Trump para el 2018 aumentó los gastos militares en un 5% alcanzando al 68% del total presupuestado. En Canadá los gastos militares también han aumentado a partir de 1999 y para el 2010-2011 se alcanzó el mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Canadá no figura entre los 15 mayores, sus gastos militares fueron de US $15 mil millones, invierte alrededor del 1.2% de su PIB (Producto Interno Bruto) pero como miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tiene el compromiso de invertir el 2% de su PIB. (4), (7)
Justamente porque la guerra es un evento funesto para la humanidad se hace crucial cuestionarla abiertamente como estrategia fallida. La guerra se presenta como última solución, estrategia de último recurso, pero no es solución ni es aceptable. Facilitar la paz es la única solución. Es relevante reflexionar sobre, y tratar de implementar, las recomendaciones que el General Smedley Butler hizo a los Estados Unidos: terminar con el negocio que es la guerra y favorecer políticas defensivas no intervencionistas. Es suicidio aceptar la guerra permanente asociada a un proyecto globalizador que valida el uso de armas nucleares, un acto criminal contra la vida del planeta que puede ser única en el universo todo y sagrada. No es válido rendir homenaje a los millones de víctimas de la guerra en ceremonias que no desafían las perspectivas dominantes sobre la guerra como un inevitable, que no despiertan la conciencia a la acción por la paz. Promover la paz como única solución a los problemas de la humanidad es crucial. Hoy, a los daños de guerra a humanos y a otras especies, se suman los daños al medio ambiente y el despilfarro de recursos naturales esenciales para la supervivencia de la humanidad. Es prioritario decir no a la guerra y al militarismo y terminar con la glorificación de la muerte para beneficio del poder.
Referencias

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234072

II. La importancia de los aportes ecológicos e indígenas para la revolución.

Por qué apoyar a Marichuy
11 de noviembre de 2017

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)

La vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy Patricio Martínez (MPM), se presenta a las elecciones presidenciales de 2018 con el objetivo de organizar los pueblos, las comunidades, la población trabajadora y la izquierda anticapitalista para una lucha que supera ampliamente el proceso electoral. Su candidatura confía sólo en la unificación de las fuerzas del pueblo mexicano, que hasta ahora libran una lucha dispersa, y apuesta a la elevación del nivel de conciencia de los oprimidos cuya mayoría actualmente aún comparte la ideología de sus explotadores.

Marichuy tiene conciencia de que carece de una máquina electoral y de que enfrenta la hostilidad de todos los “factores de poder” (bloque empresarial, prensa y medios de comunicación del capital, conservadores y oportunistas que buscan ventajas personales en las instituciones estatales, organismos represivos del Estado capitalista, oligarquía gobernante al servicio del capital financiero y del imperialismo estadounidense).

Su propuesta, surgida de los más pobres y apoyada por éstos y por los más conscientes, no busca ocupar posiciones de poder en el Estado capitalista sino crear poder popular cambiando la subjetividad de las mayorías trabajadoras, organizando y reuniendo las fuerzas de éstas, elevando la moral y la autovaloración de los oprimidos para llevarlos a la lucha social y a cambiar el país.

Su participación en el proceso electoral es lo opuesto del electoralismo, de las promesas preelectorales que “se olvidan” al día siguiente de las elecciones, de los programas-que-jamás-se-ejecutarán, de la hipocresía y del engaño electoral, del engaño para conseguir votos que expresan todo el desprecio de quien los obtiene por quienes incautamente se los dan y es lo contrario de la compra de votos por limosnas que quitan toda dignidad a los que venden su ciudadanía por un plato de lentejas.
Por eso, en primer lugar, hay que darle una firma para afianzar su derecho a presentarse en las elecciones organizadas por y para el capitalismo como candidata anticapitalista, mujer trabajadora y exponente avanzado de los indígenas.
La mera obtención de más de un millón de firmas para validar su candidatura sería ya de por sí un gran triunfo organizativo y político porque demostraría que hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que luchan contra la discriminación racial y contra la opresión de las mujeres y que, por eso mismo, son capaces de firmar para hacer respetar el derecho ajeno dejando momentáneamente de lado las diferencias de opiniones políticas partidarias.
El logro antes de diciembre de la cantidad de firmas que exige el INE será posible por el apoyo de los anticapitalistas, como la Organización Política de los Trabajadores (OPT), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Nueva Central de los Trabajadores (NCT) pero, sobre todo, por el de grupos organizados de trabajadores y de oprimidos y demócratas consecuentes presentes sobre todo en MORENA y, en mucho menor medida, entre los simpatizantes de otros partidos y con el apoyo militante de vastos grupos de estudiantes en todo el país que así rendirían homenaje concreto a los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas del terrorismo de Estado.
Firmar el pedido de la candidata indígena no obliga a nadie a dejar de lado otras opciones porque Marichuy no compite con nadie en el campo electoral ya que ese no es su terreno de lucha y porque tiene plena conciencia de que la oligarquía que controla el país como agente del capital financiero internacional jamás reconocería un candidato que no sea “de la familia” y, mucho menos aún, uno anticapitalista que, para colmo, movilizaría a las mujeres y a los indígenas y tendría, por lo tanto, gran simpatía en toda América Latina e incluso en Estados Unidos. Compite, en cambio, y mucho, en la disputa por las mentes y los corazones de los oprimidos, contra el hecho aberrante de que existan pobres que aceptan la ideología de quienes los hunden en la pobreza y explotados que creen que su explotador es su benefactor.
En sus banderas MPM se define anticapitalista. La recolección de firmas para su campaña, sin embargo, ganaría en fuerza e ímpetu y tendría mucho mayor eco si a esa fundamental definición general le agregase la exigencia de un plan nacional de trabajo para reducir la desocupación y el trabajo informal y la emigración y recibir a los compatriotas expulsados por Trump.
Sería necesaria asimismo la reivindicación de un aumento general de salarios del 50 por ciento (dada la caída de los salarios reales y el hecho de que la mayoría de los trabajadores no gana tres salarios mínimos), la exigencia de un sostén a la agricultura familiar y ejidal y de una amplia protección legal a los trabajadores mexicanos emigrados perseguidos por Trump y la demanda de priorizar la educación pública, favoreciendo a los más pobres desde la primaria hasta las Universidades.

El capital es internacional e internacionalista debe ser el anticapitalismo. No es posible un gobierno solamente de indígenas pues éstos son una minoría y necesitan aliados fraternos entre los campesinos y trabajadores de todo tipo. Por eso, para hacer alianzas, hay que definir por cuál gobierno futuro se combate.
Es fundamental además organizar la oposición a la preparación de guerras imperialistas – que implican en todos los países una represión a los movimientos sociales y la eliminación de las conquistas históricas de los trabajadores- y defender los países que debilitaron la cadena del imperialismo y que, como Cuba o Venezuela, son hoy blanco del Pentágono. El silencio refuerza los planes agresivos del capital.
El programa selecciona y forma los cuadros y da conciencia de sí mismos a los habituados a recibir todas las ideas de quienes les oprimen. Precisar el programa anticapitalista, por eso, es indispensable para lo que vendrá en los próximos años. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233922