Crisis estructural y civilizatoria del capitalismo contemporáneo que está mundializado.

Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestas

Polis [Revista Latinoamericana], 27 | 2010

Por Humberto Márquez Covarrubias

La estrategia de acumulación mundial centralizada, la llamada globalización neoliberal, desplegada en las últimas tres décadas y media, articula nuevas modalidades de generación y apropiación de riqueza que le permite a los monopolios y oligopolios transnacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinaria: 1) una nueva división internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata (Delgado y Wise y Márquez, 2009); 2) la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera (Mora, 2009); 3) la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos (Petras, 2005);4) la sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada (Delgado y Wise y Márquez, 2009), y 5) la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y explotación del “capital humano”, es decir, la pretensión de  subsumir realmente el trabajo científico-tecnológico (Mora, 2009), donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados. (...)

 

Debate sobre la crisis del capitalismo

Hoy en día, el capitalismo afronta una severa crisis de alcance mundial que ha sido motejada, de manera reduccionista, como una crisis financiera que hizo eclosión en Estados Unidos, nada menos que el centro del sistema capitalista mundial, debido a la desregulación del sistema financiero y a la codicia y especulación del capital financiero, que en la búsqueda de mayores ganancias se desprendió de la llamada economía real y recurrió a instrumentos financieros como la titularización, sucuritización, bursatilización, es decir, lo que se ha dado en llamar la financiarización. (...)

Aunque el neoliberalismo, en tanto proyecto de clase, brinda buenos resultados en su propósito de concentrar capital, poder y riqueza en pocas manos. Los teóricos del ciclo económico encuentran dificultades serias para explicar la trayectoria mecánica del capital, por lo que infructuosamente esperan una quinta ola expansiva (Beinstein, 2009). Desde el sistema-mundo y del análisis geopolítico, se anticipa el derrumbe de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial (Wallerstein, 2005; Arrighi, 2007), y el advenimiento de una nueva era comandada por una gran potencia, como la Unión Europea o Japón, o por potencias emergentes como Brasil, Rusia, India y, principalmente, China. Otros autores identifican una severa crisis estructural ante la caída generalizada de la tasa de ganancia y la imposibilidad de recomponer una ciclo de valorización de largo aliento (Vasapollo, 2008). Desde una visión más abarcadora, la crisis cimbra al sistema capitalista mundial en su conjunto y articula la crisis de valorización y con una multiplicidad de crisis, como la alimentaria y la energética (Petras, 2009; Veltmeyer, 2009; Beinstein, 2009; Bartra, 2009). Más aún, se postula la idea de crisis civilizatoria para evidenciar el riesgo no sólo del proceso de valorización de capital sino de la organización de la sociedad contemporánea y la existencia de la vida humana en diversos ámbitos del planeta. (...)

Conclusión

(...)Bajo este modelo civilizatorio basado en la “destrucción creativa”, la vida humana se convierte en un recurso desechable, que se puede destruir en aras de alcanzar los mayores beneficios posibles para el capital, al final de cuentas existe una vasta reserva laboral de trabajadores en el mundo que pueden suplir a los desechados. En el plano laboral, se implementan modelos de gestión laboral que conducen a la explotación extenuante del trabajo inmediato, lo cual incluye la disminución salarial, la inseguridad laboral, la mayor intensidad, incluso la extensión de la jornada laboral; también las políticas de subcontratación y las políticas de flexibilización y precarización laboral.

Las formas de explotación laboral se han diversificado, no sólo se trata del asalariado, sino también del informal, infantil, femenil, entre otras. Se trata de un ataque sistemático y permanente en contra de los trabajadores y sus familias, lo que obra en condiciones de exclusión económica como productores, trabajadores y consumidores. Esto redunda en un deterioro dramático en sus condiciones de vida y trabajo. Otro capítulo nefasto de la destrucción, en este caso abrupta, de la vida humana es la violencia estatal, las guerras de conquista, que con el objetivo de apropiarse de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el agua, se destruyen vidas, infraestructuras, sociedades. En suma, para subsistir, este modelo civilizatorio se ve compelido a destruir capitales, empleos, infraestructuras, culturas, poblaciones. Sólo un nuevo sistema civilizatorio, basado en otros principios societales, detendrá esta loca y frenética carrera de destrucción compulsiva.

• La respuesta pragmática a la crisis que en los hechos se está imponiendo, encabezada por el Estado, se orienta por la necesidad de rescatar al sector financiero y las grandes corporaciones que incurrieron en las prácticas especulativas. Bajo esta operación, se encubre las pérdidas, fraudes y especulaciones del gran capital, mediante la canalización de ingentes recursos públicos, pero también mediante la transferencia de excedente social de los países periféricos hacia los centrales, como sucede con el trasvase de ganancias de las sucursales a las matrices de los grandes bancos privados. Por añadidura, se refuerza la ofensiva en contra de los trabajadores, mediante programas de despido o profundización de la precarización laboral. En tanto, los desposeídos, desempleados, migrantes y trabajadores precarizados no merecen mayor atención. En ese contexto, el llamado a contener la especulación voraz de los financistas mediante la regulación es un llamado moral para regularizar la dinámica de acumulación capitalista, pero no va al fondo de la crisis.
    
• La respuesta crítica a la crisis debe de tomar en cuenta su carácter sistémico y la debacle civilizatoria que concita. En contraposición a la idea burguesa de poner en el centro las necesidades de valorización del capital, sin reparar en los sacrificios humanos y ambientales que esto representa, se plantea la necesidad de comenzar por desarticular los férreos controles del capital sobre el poder, la naturaleza, el dinero, el conocimiento, la información y, en general, la humanidad. Dicha proposición es de gran calado, y nos remite a la idea de cambiar de rumbo para construir un mundo donde quepamos todos, como proclaman los movimientos sociales alternativos. En esa inteligencia, emergen, cuando menos, cuatro criterios básicos para, más allá de las preocupaciones coyunturales de la crisis financiera, construir una alternativa de desarrollo crítico orientada a generar el bien común social: 1) colocar en el centro el objetivo de mejorar sustancial las condiciones materiales y subjetivas de la mayoría de la población.  En primera instancia se trata de garantizar la producción y reproducción de la humanidad en simbiosis con el entorno planetario; 2) generar cambios estructurales, políticos e institucionales que trastoquen el sistema de acumulación y poder organizado por la globalización neoliberal; 3) promover la configuración de un sujeto colectivo de la transformación social, puesto que el gran capital no tiene ante sí un agente colectivo que le dispute el comando de la estrategia de acumulación y uso del excedente social. Esto requiere construir el poder popular, impulsar la democracia formal combinada con la democracia directa y articular a sectores sociales diversos que compartan este cometido; y 4) como criterio estratégico de factibilidad, entendido como la posibilidad de realización concreta de un desarrollo alternativo crítico, se impone la necesidad de impulsar un proyecto en pauta posneoliberal. Entre sus tareas iniciales, se puede enunciar la reconstrucción del Estado, con la intervención de los movimientos sociales, de forma tal que se organice alrededor de un poder que “mande obedeciendo”. Pero también promover la intervención del mercado según los requerimientos sociales. Además es menester recuperar la soberanía política de los países periféricos y subdesarrollados y la construcción de nuevas modalidades de integración regional bajo pautas de solidaridad, complementariedad y solidaridad.

No obstante, es importante tomar nota de que la crisis no ha significado, por sí sola, un descarrilamiento del modelo neoliberal, ni la fulminación de su fundamento teórico —la economía neoclásica y neoliberal—, ni siquiera ha contenido las operaciones especulativas. Todo lo contrario, se refuerzan los mecanismos de poder, se le confiere el respaldo político al FMI, a la vez que el neoclacisismo neoliberal sigue siendo el pensamiento dominante en las universidades y centros de investigación, y los programas de ajuste estructural continúan influyendo en gobiernos de derecha, centro y centroizquierda, y los financistas siguen acumulando ganancias. No obstante, hay experiencias alentadoras en algunos países de América Latina que intentan construir una ruta alterna al neoliberalismo. Leer

"Las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común".

 Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC, GRAIN | 06 August 2013 | Biodiversidad - Jul 2013

 

(...)Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.

Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles”.

La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con sus problemas, mientras  los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.

Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.

El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras  formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.

Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. 

Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.

 

Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.

 

Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura independiente.

Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.

 

El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.

 

Sumisión, porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.

 

Fragmentación y encono, porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y sumisión.

Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato.

Desarraigo, porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio.  No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región.  Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. Se extrema la urbanización salvaje.

Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de  transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo,  a su derecho a existir.

 

Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros en algún lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios.

Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.

Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.

 

Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo válidas.

• La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
• La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales;  propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
• Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar  las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
• La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades,  agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
• Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Según datos de GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión planetaria inaceptable.

Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4768-territorialidad-subsistencia-y-vida-digna-documento-de-contexto-general-de-las-denuncias-ante-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos

 

Colombia ejemplifica la posibilidad de unión de los diversos de abajo por la vida y la dignidad humana

 El rol político de los movimientos sociales

Por José Luis Ropero de la Hoz (Rebelión)

Un derecho fundamental de todo ciudadano es la libertad de asociación, facultad engranada a la libertad de expresión y locomoción. Si falta uno de estos elementos, cualquier discurso resultará vacuo y cualquier ley, injusta o ineficaz.

Pretender que un movimiento social prescinda de plantear una posición política es desconocer que los grandes sucesos, conmociones y transformaciones de una nación, siempre tienen una amplísima base popular. El ejemplo clásico está en las luchas por la independencia, incluso desde la Revolución de los Comuneros, primera muestra articulada de una conciencia nacional colombiana (o neogranadina por aquellas épocas), donde los diferentes gentilicios, ya se sentían compatriotas.

También fueron movimientos políticos los que a principios del siglo XX emprendieron los comerciantes y asalariados del banano en las plantaciones del Magdalena, cuando sólo ellos sentaron posición de soberanía frente a la explotación del extranjero y la corrupción de las autoridades; o qué decir de los maestros del Caribe emprendiendo la Marcha del Hambre en 1966, todos estos movimientos sociales fueron propuestas políticas nacidas desde la base del pueblo, defendidas hombro a hombro por los trabajadores y reprimidas por la dirigencia oficial.

Hoy en Colombia confluyen los más diversos sectores de la sociedad, contrario a lo expresado en la prensa pagada por el presupuesto nacional, agricultores, mineros, transportadores, estudiantes, madres comunitarias y maestros, están unidos por mucho más que un subsidio o un aumento salarial, los enlaza el deseo de vivir en un país justo y soberano.

Varios son los pliegos de peticiones que a todo pulmón y con gran sustentación se defienden en este país, desde la plaza pública hasta las universidades; lo sorprendente es que las exigencias de los diferentes grupos sociales son complementarias entre sí, o qué decir de lo planteado por la Mesa de Interlocución Agraria Nacional:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Mientras tanto el gobierno nacional se atreve a expresar sin vergüenza que en este país no hay ningún paro; ¿será que por repetir mil veces una mentira esta se convertirá en verdad?

Claro, las amenazas no se hacen esperar para quienes expresan con orgullo su apoyo a las causas del bien común, como las anunciadas por la banda mercenaria “Los Rastrojos”, en contra de connotados dirigentes comunitarios, sindicales y políticos.

Es por esto sociedad colombiana, que se hace necesario comprender que los asuntos públicos nos competen a todos y que el simple hecho de exigir la prevalencia del interés general, implica manifestar una posición política; como es política también la decisión de no hacer nada.

(*) José Luis Ropero de la Hoz es Director del Instituto Ecojugando

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173636&titular=el-rol-pol%EDtico-de-los-movimientos-sociales-

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"Todos somos campesinos"

Por Elizabeth Jiménez (El Espectador)

“Todos somos campesinos” podría ser una frase de cajón, mediática u oportunista, en un paro agrario. Pero en Colombia, por sus raíces y antecedentes históricos, cobra total vigencia y credibilidad.

Hacia los años 40, el 70% de la población colombiana vivía en el campo y sólo el 30% comenzaba a poblar las ciudades. Esa proporción se invirtió de manera exacta hacia los años 90. Hace poco más de un siglo, en 1905, sólo había 100 mil habitantes en Bogotá. Ahora son cerca de nueve millones. Fue precisamente la precariedad agraria la que llevó a los campesinos a poblar otras zonas y a dejar el azadón por el palustre, el campo por la ciudad.

La mayoría de los colombianos que ahora pueblan las grandes ciudades, son de ascendencia campesina. Sus bisabuelos y abuelos vivieron en el campo, muchos trabajado la tierra, pescando o pastoreando animales. Basta con escuchar las conversaciones espontáneas y las arengas en las manifestaciones desde hace dos semanas, en apoyo al paro campesino, donde han brillado por su ausencia las pancartas de grupos políticos u organizaciones determinadas. Ha habido una mezcla evidente de ciudadanos de diferentes estratos sociales, vestimentas, edades, tendencias, gritando las mismas consignas “Colombia, afirma, su herencia campesina”; “Amigo, soldado, su abuela está en el campo”; “Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país”.

Marchas, ‘plantones’, ‘cacerolazos’ nocturnos o rituales chamánicos con velas y silencio (como el que se realizó hace dos días en Bogotá) han congregado desde dos mil hasta cien mil personas en diferentes lugares de Colombia, de forma pacífica y sin que nadie oculte su rostro. Estos eventos distan en forma, tamaño e intención de los actos vandálicos protagonizados por unos cuantos encapuchados que se han enfrentado a la fuerza pública, con actos de violencia de parte y parte, que no consiguen opacar el apoyo masivo y pacífico del ciudadano común desde dentro y fuera del país, de manera virtual o presencial, demostrando la cohesión de la sociedad colombiana en apoyo al campesinado colombiano.

En los encuentros, que se han extendido por horas, se ha destacado la abundante presencia de niños y jóvenes luciendo ruanas, bailando música campesina y cantando arengas, lo que ha confirmado que a pesar de las alocuciones presidenciales de los primeros días, los ciudadanos no lograron convencerse de que el paro no existe. Por el contrario, se volcaron a las calles a demostrar que el tema alimentario les concierne a todos y que los campesinos no están solos.

Internet o “los infiltrados” (Ver video)

La columna “Tener una semilla es un delito”, del colaborador de este diario, Dharmadeva, publicada hace unos días, ha sido compartida por más de 64 mil personas. El primer plantón, que citó a las personas al mediodía del pasado domingo 25 de agosto, fue convocado apenas unas horas antes, a través de las redes sociales. La gente “corrió” a agolparse en cercanías de la casa presidencial, recorrió la carrera octava y se congregó en la Plaza de Bolívar. El ‘cacerolazo nocturno’ del día siguiente, el 26, fue promovido a través de Facebook y Twitter y fue de allí de donde los grandes medios lo replicaron. Al principio iba a ser sólo en Bogotá, Cali y Medellín, y resultó haciéndose en quince ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país, con las plazas principales a reventar, con todos los participantes golpeando, con cucharas metálicas o de madera y sin pausa, desde ollas viejas, hasta elegantes sartenes de teflón. Entre las seis de la tarde y las diez de la noche no se presentó ningún brote de violencia en todo el país.

Sin embargo, desde el 29 de agosto se acentuaron algunos enfrentamientos, especialmente en áreas urbanas; han resultado heridos campesinos, ciudadanos comunes, periodistas y policías. Mientras el Gobierno firmó acuerdos con los campesinos en Nariño el domingo 3 de septiembre, en Neiva y Florencia hubo fuertes disturbios al día siguiente. Durante los primeros brotes de violencia, en la primera semana del paro, murió un joven a la entrada de Ciudad Bolívar y en Boyacá, un policía. Estos hechos, rechazados por la comunidad y expuestos con todo el despliegue por los medios televisivos del país, son apenas una parte frente a los videos divulgados por los mismos ciudadanos colombianos a través de Youtube y compartidos masivamente en las redes sociales. En ellos quedaron en evidencia los supuestos abusos de la policía en Medellín con reporteros que cubren el tema y los del Esmad (policía antidisturbios) con los campesinos, especialmente de Boyacá. Había tantas pruebas audiovisuales que el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, se vio abocado a ofrecer excusas por estos abusos y aseguró que investigaría a los agentes implicados.

El apoyo cívico ha sido tal y las razones del paro tan evidentes, que el mismo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, no temió pronunciarse frente al país: “La gente en Colombia se está cansando de vivir miserablemente”.

Sin embargo, en Colombia ha sido una constante preguntarse “qué” y no “por qué”. Esto lo analizó claramente el columnista de El Espectador William Ospina hace unas semanas con respecto a los campesinos del Catatumbo. “Aquí se pregunta ¿Quién está detrás del bloqueo de esas vías?, en vez de preguntarse ¿por qué las están bloqueando? Cuando en otros países están tratando de identificar las causas, en Colombia están tratando de encontrar un culpable”.

El fiscal general de la Nación y el presidente aseguraron que las marchas están infiltradas por agentes armados ilegales. Las investigaciones ya están en marcha. Sin embargo, para muchos ciudadanos comunes este argumento resulta un chivo expiatorio, como lo argumenta una señora mayor, de clase media, bogotana, entrevistada en el corto documental Mi tierra no se vende, uno de los más sensibles e íntimos que se han compartido por Youtube sobre el paro. El periodista le pregunta: “Señora, el presidente dice que el paro está lleno de infiltrados, ¿usted es una infiltrada?”. A lo que ella responde entre risas: “¡Sí, el paro está infiltrado de gente con dignidad! No como ellos, que están vendido el país”.

En medio de la crisis social y política resulta desconcertante ver los primeros anuncios televisivos promoviendo las próximas elecciones, que serán en un año, lo que da validez a argumentos de analistas y dirigentes para insistir en el tema de los infiltrados, como lo sostiene el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo : “La inmensa mayoría de las peticiones de los campesinos son justas y válidas, pero tampoco podemos desconocer que hay políticos oportunistas pescando en el río revuelto de la justa protesta social. Detrás del vandalismo y las acciones delincuenciales que han surgido paralelas al paro hay sectores interesados en crear un clima que le genere dificultades al gobierno”.

El antropólogo y analista Alfredo Molano, que ha contado la historia reciente de Colombia a través de sus columnas y libros, al presenciar los primeros bloqueos de los campesinos en el Cauca, comentó: “Los gobiernos, con el incumplimiento sistemático y deliberado de los acuerdos que firman con los campesinos y con el cumplimiento estricto de los acuerdos que firman con EE. UU., Europa, Corea, han obligado a la gente a las vías de hecho, a enfrentarse con las fuerzas armadas, para luego argumentar con cinismo que los labriegos están siendo utilizados por la guerrilla. Desprecian a la gente al mostrarla como una masa estúpida, ignorante y maleable, susceptible siempre de ser manejada por los agentes del mal, y por eso son capaces de firmar los TLC pensando sólo en los intereses de los “agentes del bien”.

¿Prosperidad para quién?

El eslogan de este gobierno, “Prosperidad para todos”, cada día se desdibuja más. La implementación desde gobiernos anteriores de políticas de globalización se ha venido en contra de todo el campesinado a pesar de tener unas de las tierras más fértiles del mundo. En los años 80 los cafeteros le dieron riqueza al país, con sus propias maneras asociativas de negociar. Sólo tres décadas después esa prosperidad se vino abajo. Fueron ellos quienes comenzaron toda esta movilización por la dignidad del campo desde hace unos meses. Hace apenas un año nadie hubiera imaginado que se verían por las carreteras de Colombia vallas publicitarias puestas por los mismos agricultores, invitando a la gente a que no consuma papa, pollo o arroz importado. Poco previsible con todos los beneficios con los que ‘pintaban’ el TLC y mucho menos pronosticable dada la abundancia y la calidad de estos productos nacionales.

Las denuncias y foros para precisar el alcance de un hecho registrado en el documental 9.70, de la joven realizadora Victoria Solano, visto multitudinariamente por Youtube, en el que se muestra a agentes de la policía obligando a unos campesinos arrojar 62 toneladas de semillas de arroz en Campo alegre, Huila, encendió la polémica. El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) argumentó que realizó el decomiso y destrucción porque “gran parte de las semillas de arroz (producto de semilla modificada y no nativa) estaban contaminadas y empacadas en costales de harina y fertilizantes, lo que podría significar un riesgo fitosanitario”.

La presión alrededor de este debate fue tal, que este miércoles 4 de septiembre el presidente Santos y los voceros de los campesinos de los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca lograron avanzar en la mesa de diálogos: “el Gobierno Nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 de 2010 a las semillas nacionales y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas con delegados de la presente mesa, en la estructuración de una nueva propuesta sobre semillas certificadas que no afecten al productor agropecuario”. Sin embargo, la petición del sector agropecuario al gobierno de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, sigue en vilo.

Los agricultores esperan que este acuerdo se cumpla, pues el incumplimiento de la palabra del Gobierno con base en acuerdos pactados en marzo fue lo que provocó que comenzara este paro, que hoy cumple 19 días. Eso lo afirmaron, a la periodista Cecilia Orozco, líderes agrarios. César Pachón, dirigente parero: “En el paro pasado, cuando nos invitaron a negociar, firmamos un acta de compromiso con el Gobierno y ¿qué sucedió después? Nada. Continuamos en crisis profunda. Por eso estamos en las vías”.

Y Luis Gonzaga, representante de los cafeteros en Caldas: “El 25 de febrero de este año iniciamos un paro que supuestamente llegó a feliz término el 8 de marzo con un acuerdo que avalaron el vicepresidente Garzón y varios ministros. El Gobierno y la Federación aseguran ahora que el pacto se está cumpliendo porque el PIC (Protección de Ingreso Cafetero, ayuda de $145.000 por cada carga de 125 kilos de café) le está llegando al productor. Pero no es el único problema que se comprometieron a resolver. A las 4 o 5 multinacionales que tiene el monopolio de importación de fertilizantes no se les controla el precio que ponen en Colombia. Los cafeteros colombianos terminamos pagando precios al doble o al triple de lo que lo pagan los del resto del continente”.

Cada vez los líderes, campesinos y ciudadanos están más informados y alertas con lo pactado. Toda la información que surge es consultada por internet. Algunos medios alternativos o videos aficionados logran más visitas y credibilidad que los canales tradicionales.

Las personas que apoyan a los campesinos de Colombia desde dentro y desde fuera, en países como Chile, Alemania o hasta Emiratos Árabes, quieren estar informadas. Uno de los artículos más compartidos vía internet fue el publicado durante los primeros días del paro por el diario El País, de España, sobre el análisis de la actitud del presidente Santos frente al Paro Agrario:

“La respuesta del Gobierno ante el paro ha sido errática. Mientras el Ministro encargado de la Agricultura se reúne con los campesinos, el de Defensa acusa a las Farc de haber infiltrado las protestas. El discurso de Santos ha sido ambivalente. Mientras que durante los primeros días promovió la protesta social, también permitió el uso de la fuerza contra campesinos y estudiantes. Santos, con sus diferentes discursos sobre el paro, ha causado más desconfianza que tranquilidad”, dijo el medio español.

Durante más de dos semanas de paro (particularmente en la primera), las manifestaciones masivas de ciudadanos en Colombia y el mundo evidencian que los dirigentes colombianos se encuentran frente a una ciudadanía menos maleable, con más poder y decisión para autoconvocarse en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, sin requerir de la violencia.

Una ciudadanía que ve la unidad de todos como algo posible, que exige la verdad y las negociaciones justas, con dos valiosos argumentos: tener uno de los países más ricos en recursos naturales y contar con la convicción de no querer permitir que la pobreza y miseria masiva del campesinado colombiano siga siendo algo natural.

Fuente original:  http://www.elespectador.com/noticias/nacional/todos-somos-campesinos-articulo-444716
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173556&titular=%22todos-somos-campesinos%22-

"Los medios frente a la represión en Neuquén y el acuerdo Chevron-YPF".

La represión llevada a cabo en Neuquén puso nuevamente en cuestión los enfoques de los medios masivos nacionales: Clarín pasó de definir los hechos como “incidentes” a denominarlos “represión” desde una acotada perspectiva. Página12 se preocupó por atacar algunos de los cuestionamientos de la “oposición”, apelando a las voces oficialistas. Ambos produjeron un recorte tanto de los sectores que realizaron las críticas, como del contenido de las mismas. Allí la importancia de los medios alternativos, como en este caso 8300.com.ar, para dar lugar a otras voces y reproducir sus reclamos. 

Por Red Eco Alternativo.

Página 12 trató el tema en tres notas. Las características de las mismas se centraron, primero en la simplificación de las posturas “opositoras”. Reduciéndolas al tema puntual del tratado YPF- Provincia de Neuquén, olvidó que dentro de los sectores contrapuestos a la medida también se cuestionó el mismo proceso de estatización de la petrolera, así como la política energética llevada a cabo por el gobierno. “La oposición cuestionó no sólo los plazos que prevé el acuerdo entre la provincia e YPF sino la imposibilidad de conocer el convenio entre YPF y Chevron”, aparece en una de las notas. Para contrarrestar estas posturas en la edición de ese mismo día apareció una nota con el comunicado de YPF donde justificó la existencia de cláusulas “confidenciales” (no secretas como se dice comúnmente) ya que la empresa es una sociedad anónima y se rige por la “Ley de Sociedades Comerciales y de los reguladores y accionistas”. Además se menciona que dichas cláusulas son para “proteger” a la empresa, y recuerda la enorme inversión a realizar por la multinacional Chevron.

Por otra parte, en una de las notas se desacreditó la actitud de la mayoría de los legisladores opuestos a la medida de abandonar el recinto parlamentario frente a la enorme represión que se llevó a cabo mientras se sesionaba. Estos legisladores pidieron que se levantara la sesión y al encontrarse con la negativa de la mayoría oficialista decidieron abandonar del recinto. En esa misma nota, donde apenas esbozan una descripción de la represión policial, aseveran que “si la totalidad de los opositores hubiese permanecido en sus bancas, igual (el oficialismo) habría conseguido más de dos tercios de los votos, pese a que solo necesitaba mayoría simple”.

Clarín, por su parte, emitió una primera nota titulada “Tras los incidentes, aprobaron en Neuquén el acuerdo YPF-Chevron”. Si bien en notas posteriores cambian el “incidentes” por “represión”, puede observarse la matriz desde la cual comúnmente enfoca las luchas sociales. A su vez también aquí podemos notar una reducción de las posturas políticas de oposición a la medida tomada por el gobierno. Eso pone en evidencia, como señalamos en notas anteriores, que la finalidad del diario es más bien golpear al gobierno y solo a este fin responde el enfoque parcial de las luchas de ciertos sectores de la sociedad.

En este sentido hay una nota titulada “Un acuerdo a medida y poco transparente” dónde lo primero que señala es la existencia de los acuerdos secretos generando la idea de un estado corrupto y “esto es lo que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar”. Luego critica la expropiación de Repsol-YPF, y señala la necesidad de generar las “condiciones para la inversión privada pero con reglas claras”. El impacto ambiental es dejado para el último lugar: no se critica la técnica del fracking, sólo se pide la creación de un “cuerpo especializado en el área petrolera” que regule la explotación.

El medio provincial: 8300, el caso del periodismo independiente

8300.com.ar, medio alternativo de la provincia de Neuquén, realizó una cobertura completa del conflicto. Su intervención nos permite enfocar las limitaciones de los medios masivos nacionales y a su vez tematizar la importancia de los medios alternativos.

Desde este medio se informó casi a en forma simultánea lo que iba sucediendo en la manifestación. De hecho, fueron reconstruyendo el armado policial previsto desde los días anteriores: la clara decisión premeditada por parte de la gobernación de la provincia de impedir el acercamiento al recinto legislativo. La represión policial y la utilización de balas de plomo contra los manifestantes que dejaron un herido, fue abordada en primer lugar por el sitio. En este sentido frente al acompañamiento episódico y fuertemente intencionado de Clarín (como señalamos más arriba), 8300 dio lugar a los manifestantes desde las diversas agrupaciones, sindicatos o partidos políticos. Sí en un primer momento tanto los medios provinciales como los nacionales se refirieron a “enfrentamientos” o “incidentes” con la policía, la importancia de 8300 radica en dar muestra de la manera en que fueron aconteciendo los hechos desde la óptica de los sectores reprimidos.

Notas de referencia: (…)

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6609

"Un nuevo Estado empresario...conjuga sus intereses con los del capital privado trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU."

Más allá de la dicotomía entre lo público y lo privado, el Estado empresario.

Por OPSur

Tras 10 años de búsquedas infructuosas, el kirchnerismo parece haber encontrado una fórmula propia para el manejo del sector hidrocarburífero. La ambigüedad de YPF -que por momentos pretende emular a su antecesora estatal y por otros asume su carácter privado, según lo determine la coyuntura- y las expectativas en la explotación no convencional, delinean la nueva perspectiva gubernamental, cuyo modelo promueve la exportación de bienes comunes al tiempo que la compatibiliza con la promoción de una industrialización dependiente y sectores extractivos (megaminería, complejo agroexportador).

En este escenario, el acuerdo con Chevron es el primer paso para lograr el “autoabastecimiento”, necesario a su vez para garantizar la continuidad del crecimiento macroeconómico y poner fin al abultado drenaje de divisas derivado de la importación de gas. En simultáneo, y siguiendo el esquema planteado tanto en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera -por la que se expropió el 51% de las acciones de la empresa a Repsol- como en el Plan Quinquenal de YPF, la exportación aparece como un objetivo complementario. Cubrir la demanda actual y exportar, una lógica que no ve a los hidrocarburos por fuera de la ecuación económica, aunque ahora, se argumente que buena parte de lo producido se destinaría a infraestructura social y al fortalecimiento del Estado al tiempo que se genera desarrollo industrial local del sector.

En este sentido el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es contundente: aspira a transformar a Argentina en potencia petrolera. Es decir, que si las expectativas y las valorizaciones en torno a los recursos no convencionales se cumplieran, Argentina se convertiría en un exportador neto de hidrocarburos. La llegada de más trasnacionales para que se sumen al juego e inyecten capital es, por ende, central. YPF, el Estado empresario, tendría entonces un rol protagónico en tanto coordinador del sector, beneficiario de una parte de la renta y mediador entre los múltiples intereses (principalmente trasnacionales-distintos niveles estatales, pero también capitales nacionales, locales y demandas comunitarias).

Así, las últimas medidas del Gobierno Nacional que dirige YPF S.A. no delinean ni una reprivatización de la empresa, ni la vuelta al neoliberalismo de la década de los 90′; pero, por otro lado, tampoco garantizan soberanía y autoabastecimiento, como tradicionalmente fueron entendidos. Es un nuevo formato de acumulación. YPF S.A. no sólo obtendrá un beneficio, sino que además es el motor y el garante en el pretendido desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales. Es un juego de beneficios económicos compartidos que conjuga los intereses del Estado Argentino, trasnacionales y el Departamento de Estado de EE.UU. –que promueve a nivel global el desarrollo de los no convencionales. Ganancias que ocasionarán pasivos que afectarán a los habitantes y de los que el responsable, en última instancia, será el Estado.

Vaca Muerta en sentido amplio

Más allá de las posibilidades reales, la intención de transformar a Argentina de país con petróleo a país petrolero es un proyecto de larga duración. Objetivo que necesitará de un Estado rector/inversor que garantice la infraestructura, el capital humano y la licencia social.

Por otro lado, convertir al país en una potencia no convencional implica una modificación integral y radical del mapa hidrocarburífero nacional. Más allá de Vaca Muerta, se evalúa desarrollar varias cuencas de no convencionales: algunas se superponen con las ya existentes, otras como la Chacoparanaense y Claromecó, comprenden territorios que han tenido otros desarrollos productivos. Son varios los proyectos de expansión territorial sobre los que, en la actualidad, se evalúa si son técnica y económicamente explotables.

Un nuevo Estado empresario, que conjuga sus intereses con los del capital privado trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU., demostrará su efectividad en la sesión de la Legislatura neuquina del 28 de agosto. En paralelo, una movilización en la que confluyen distintos sindicatos, comunidades mapuches, organizaciones sociales, la Multisectorial contra el Fracking y la iglesia, denunciará el acuerdo para la explotación de no convencionales. Con el resultado de esa confrontación habrá terminado otro round en la disputa por el futuro del fracking en el país.

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/08/27/el-estado-empresario-y-las-trasnacionales-en-la-legislatura-neuquina/

IV. Ocupación integral de todos los territorios y Estado represor

Acuerdo Neuquén-YPF:

¿El nuevo piso para las demandas corporativas?

El acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF S.A., firmado el 24 de julio y aprobado por el gobernador mediante decreto 1208/13, espera ser ratificado por la Legislatura provincial a fines de agosto. Si esto ocurre, la petrolera accederá a la nueva área no convencional ‘General Mosconi’ bajo los beneficios del decreto nacional 929/13. La única empresa que figura es YPF, que invertirá más de mil millones de dólares para asentar las bases de la explotación no convencional en el área, mientras la estadounidense Chevron aparecería en escena de ser aprobada el Acta Acuerdo por la legislatura neuquina, cosechando ‘los beneficios’ que recibiría el sector corporativo. 

Por OPSur

Acuerdos y política

El acuerdo se enmarca dentro de los principios de la política hidrocarburífera establecidos por el kirchnerismo a partir del control de YPF: la integración del capital público-privado nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales con el objetivo prioritario de lograr el autoabastecimiento y saldos exportables.

Si bien el objetivo estratégico en materia energética es el autoabastecimiento nacional, las reglas de juego hasta ahora demarcadas permiten dilucidar que lo se busca con este acuerdo de inversión va más allá del objetivo planteado. Varios puntos contenidos en el decreto 929/13 nos hacen pensar en esto, teniendo en cuenta la laxitud y permisividad del Estado frente a las obligaciones de la empresa nacional y la eventual entrada de Chevron.

La libre comercialización en el mercado externo del 20% de la producción de hidrocarburos, a partir del quinto año de la aprobación e inicio de la ejecución del proyecto, aportando el 0% al país en alícuotas aduaneras y permitiendo liquidar divisas fuera del país; si el gobierno no autorizara la exportación -porque no se alcanzan a cubrir las necesidades internas de energía- la empresa tendrá el derecho a obtener por ese porcentaje de hidrocarburos un precio no inferior al de exportación. Hay que destacar que la puesta en producción de un área lleva varios años, no es inmediata, por lo que el plazo que impone el decreto para poder empezar a exportar es, aproximadamente, el que necesitan las operadoras para la puesta en producción. Es decir, habilitaría a exportar apenas entra en producción un área.

Asimismo, el Ejecutivo Nacional crea por decreto la figura de “explotación no convencional de hidrocarburos” para la cual se necesitan técnicas de estimulación no convencionales (fractura hidráulica, entre otras). Se profundiza así la política de valorización de estos recursos, desconociendo un debate actual, nacional e internacional, en el cual se plantea la necesidad de escuchar más voces, dados los daños ambientales denunciados en diferentes partes del mundo.

Se esperaría de los gobiernos y cuerpos legislativos que legislen basándose en los principios ambientales como máximas de interpretación y guías de razonamiento, solo por mencionar dos, el principio de prevención -pretendiendo evitar los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir- y el principio precautorio -según el cual, si no hay certeza científica o información sobre un determinado tema que pueda generar daños graves o irreversibles en el ambiente, no deben postergarse las medidas eficaces para impedir la degradación ambiental(1); daños que lógicamente repercuten en la vida de las personas.

Estos principios no sólo no están siendo considerados, sino que además, en el caso del acuerdo entre la provincia e YPF, en la legislatura neuquina se evitó darle intervención ala Comisión de Medioambiente. Negándose también las autoridades provinciales a abrir un debate social amplio. Entonces, ¿qué están priorizando los gobiernos nacional y provincial?

Por otra parte, con el pretexto de que las empresas necesitan largos períodos para recuperar sus inversiones, se establece la prórroga anticipada de áreas que ya poseía YPF, una política que se viene implementando con resultados a la vista. Recuérdese que el mismo argumento se utilizó en el año 2000 para ‘garantizar’ las inversiones de Repsol en LomaLa Lata, en aquel momento se prorrogó hasta 2027 un contrato que vencía en 2017. Ahora la provincia, habilitada por el decreto 929 del gobierno nacional, otorga en concesión y sin licitación pública, la nueva área no convencional General Mosconi hasta 2048. Esta área está conformada por la totalidad del área Loma Campana, cuya concesión vencía en 2026, y la parte norte de Loma La Lata– Sierra Barrosa, que vencía en 2027 –por la vergonzosa prórroga anticipada a Repsol.

Estas prorrogas anticipadas tan extensas van a contramano de lo establecido legalmente como adjudicaciones mediante concurso, procedimiento fundado en la publicidad y en la posición igualitaria de los oferentes, que atribuye a la Autoridad de aplicación facultades suficientes para decidir el mismo con un criterio de equidad y certeza (2), en el que el concesionario que detente el área podrá participar y, de esta manera garantizar, si así lo quisiera, su continuidad en la concesión. Por la vía implementada se sella la suerte del área y los recursos estratégicos a las decisiones de una empresa por 35 años.

De beneficios fiscales y roles ambiguos

En materia impositiva la provincia se compromete a no gravar con nuevos tributos, renta extraordinaria ni Canon Extraordinario de Producción a la empresa y mantener el porcentaje de regalías en 12% durante el plazo de vigencia de la concesión y su prórroga (año 2048). Se supedita la no actualización porcentual a la confianza en el aumento anual de producción para que este porcentaje mantenga una vigencia que le sea realmente beneficiosa. De esta manera, no se aborda a los hidrocarburos como un recurso estratégico no renovable, que hace a la soberanía del país, sino como un commodity del que se obtienen beneficios a partir de abastecer masivamente al mercado. La misma determinación que garantiza beneficios extraordinarios se observa con el impuesto a ingresos brutos, que es del 3% para la actividad de extracción de crudo y gas natural. Esta es más baja que la alícuota para otras actividades de menor impacto, contenidas en la ley provincial impositiva 2837, tales como: comercialización directa de vehículos automotores nuevos o usados, comercialización mayorista de bienes, comercialización minorista en hipermercados y supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas -que tienen una alícuota de 3,5-, durante el plazo de la concesión y su prórroga.

En materia de fiscalización YPF permitirá el seguimiento de los trabajos, erogaciones e inversiones a realizar dentro de la concesión, para que sean inspeccionados y certificados por la Autoridad de Aplicación u otros organismos provinciales. Pero el Acta Acuerdo deja abierta la posibilidad de conformar un grupo de trabajo integrado por “las PARTES”, con la finalidad de hacer más eficiente el ejercicio dela Autoridad de Aplicación. Con esta medida se eleva el rango de control a la empresa que está llevando adelante el proyecto. Consideramos que este proceso de fiscalización no será objetivo e imparcial por los intereses que ella tiene sobre el mismo, además de que su deber sería el de colaborar en la forma más amplia con ejercicio de fiscalización e inspección de la autoridad pero de ninguna manera ejercer este rol.

Retomando la línea ambiental, el acuerdo estipula que iniciada la etapa del proyecto piloto se conformará una comisión integrada por YPF y la Secretaríade Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible dela Provincia para “revisar la existencia o no de otros posibles impactos ambientales relativos a la actividad hidrocarburífera”, ésta realizará controles e informes ambientales regulares. Lo anterior nos sitúa en la misma observación hecha para el tema de la fiscalización y supone que la empresa cumplirá un rol en igualdad de condiciones que el ente que se ocupa de la política ambiental provincial, rol que por su carácter de sociedad anónima no le corresponde y menos por ser parte interesada. Un avance en la materia sería dar intervención en esas comisiones a la sociedad civil a través de sus organizaciones.

Por último, otra de las obligaciones de la empresa será la financiación por US$ 45 millones de programas de Responsabilidad Social Empresaria. Lejos de un manejo y decisión provincial sobre el uso de los recursos, estos estarán sujetos a lo concordado por los funcionarios públicos y la Fundación YPF, desdibujando una vez más roles, responsabilidades y funciones.

La Justicia por París y Chevron por la ventana

Para la solución de controversias el acuerdo dice que se regirá y será interpretado a la luz de las leyes argentinas y por negociación entre las partes por cualquier controversia relativa a la interpretación, vigencia y/o validez. Pero en caso de no llegar a un entendimiento se acudirá a la vía inapelable del arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje dela Cámara de Comercio Internacional (CCI), la más grande y representativa organización empresarial mundial, situada en París, Francia. Esto plantea serias dudas de la capacidad de ejercicio soberano sobre el territorio y los actores que en él se sitúen y, aún más, sobre el carácter de imparcialidad de la mencionada instancia de arbitraje.

Finalizando, en el acuerdo se menciona la posibilidad de ceder todos los derechos y obligaciones en cabeza de YPF a cualquier otro cesionario. Este último punto abre la posibilidad de que YPF ceda –total o parcialmente- sus atribuciones a la norteamericana Chevron, detentando las pautas normativas tan laxas y beneficiosas antes expuestas.

Consideramos que es un acuerdo que se establece de manera rápida, sin información, participación social, ni consulta previa a las comunidades mapuche de ese territorio y que adolece de un debate que excede la delimitación de una nueva área en la que se utilizarán técnicas altamente cuestionadas de extracción de hidrocarburos en formaciones no convencionales. Por otro lado, consideramos que la política en materia energética a nivel nacional y provincial debería planificarse y desarrollarse en un marco de integralidad jurídica que no se aleje de los avances en materia de derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

Notas:

(1) Ley 25.675 Política Ambiental Nacional, art. 4°.

(2) BELLORIO, Dino, CAVALLI Luis y PIGRETTI Eduardo [2011] Ambiente, petróleo y gas. Buenos Aires: Lajouane.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6576