El proceso de acumulación del actual poder económico imperialista se implantó con terrorismo de estado en los '70.

 Para enderezar rumbos precisamos discutir al capitalismo imperialismo que nos domina y a su gestión actual destapando:

1. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de sometimiento a la globalización financiera o imperialismo

Percatémonos que la democracia centrada en "honrar la deuda" o en "el desendeudamiento" es representativa de los intereses de los grandes capitales imperialistas y los locales. Estos son quienes han ganado como nunca con el modelo extractivista en plena expansión desde 2002. Constituyen el poder económico e imperialista que impulsó la aplicación del terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Desde 1984 hasta hoy se despliega este proceso de acumulación oligopólica de riquezas por desposesión y violación de derechos mediante la transnacionalización económica . En la actualidad el poder empobrecedor de las corporaciones imperialistas se refuerza debido a que sus motores productivos emplean poca mano de obra y estiman a las grandes mayorías como población sobrante e incluso estorbo. Porque tienen carácter exportador y optimizador de su Mercado con lo cual atienden al consumo suntuario.

Tomemos conciencia sobre que los gobiernos constitucionales desde 1983 no rompieron con lo establecido y planificado durante la dictadura genocida convirtiendo el legado de esta última en responsabilidad fundamental del Ejecutivo. Tampoco los gobiernos K rompieron con el neoliberalismo implantado mediante dictadura genocida. Como la propia Presidenta calificó, fueron y son pagadores seriales en ese sistema premeditadamente organizado para la perpetuidad en el empobrecimiento del país y los diversos de abajo y en el desmantelamiento de los bienes comunes tanto sociales como naturales.

Sepamos a qué costo se paga la deuda externa pública que se impuso con Estado terrorista, hoy oculto como prueban la segunda desaparición física de Jorge Julio López,  la mediática y la delegación gubernamental de la investigación a la policía bonaerense (así como el tardío reconocimiento gubernamental de la desaparición forzada). Reflexionemos sobre cómo el pago de la estafa empobrece al país y a los de abajo:

"(...)A diferencia de los vencimientos de capital, que no se pagan sino se refinancian íntegramente, los intereses sí se abonan y forman parte del Gasto Público Corriente.(7)

Según el  Proyecto de Ley de Presupuesto en 2014 está previsto pagar por este concepto 77.300 M$ (12.200 MD).

Es el 9.0 % del Gasto Público Total (859.000 M$), el 10.1 % del Gasto Público Corriente y el 16.9 % - prácticamente el 17 % - del Gasto de la Administración Central, lo que quiere decir que casi 1/5 de las erogaciones del Gobierno Central se destinan al pago de intereses (sin contar los cupones PBI).

Comparativamente a las otras jurisdicciones del Presupuesto 2014 los gastos por intereses a pagar en el año - los 77.300 M$ citados - son muy elevados frente a los de Interior/Transporte (29.500 M$), Seguridad (36.300 M$), Defensa (35.100 M$), Educación (45.700 M$), Ciencia/Técnica (5.600 M$), Salud (16.300 M$) y Desarrollo Social (48.800 M$).

La partida presupuestaria para el pago de Intereses es fuertemente creciente dentro del Gasto Total y constituye el rubro de gasto con mayor aumento en el ejercicio: su incremento contra el 2013 es del 73.2 % (44.500 versus 77.300 M$), lo que supera ampliamente el aumento general de gastos del Presupuesto 2014, que es del 19.2 % (721.200 versus 859.500 M$).

Es decir, que el aumento del gasto por pago de intereses es de casi 4 veces (3.8) el aumento del promedio general de gastos en el presupuesto 2014.

Para tener una idea gráfica del costo comparativo y alternativo de los intereses de la Deuda Pública - los 12.200 MD en el año - hay que considerar que este importe significa un promedio de 33.4 MD por día: 1.4 MD por hora que pasa de nuestra vida (estimativamente, el costo equivalente a la obra civil de una sala médica asistencial)".

Sigamos el artículo:

Argentina: Deuda pública y Presupuesto 2014

Por: Héctor Giuliano (20-09-2013)

 (...)Paralelamente a este Proyecto de Ley de Presupuesto, el PEN envió al Congreso otro proyecto que prorroga una vez más la ley de Emergencia Pública   y varios impuestos conexos que vienen rigiendo en forma “transitoria” desde hace diez años o más (como el caso del Impuesto al Cheque) y sin los cuales la lógica práctica del Modelo K no podría sostenerse.

Este estado continuado de Emergencia Pública, unido a las facultades extraordinarias y discrecionales que las leyes anuales de presupuesto conceden al Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete no sólo desdibujan el sentido del presupuesto sino que determinan a la vez un descontrol fiscal en su cumplimiento.

Formalmente la Argentina se encuentra todavía bajo régimen legal de Emergencia Pública y el proyecto de Presupuesto 2014 - lo mismo que los anteriores - mantiene y actualiza esa delegación de facultades extraordinarias al PEN que le permiten seguir usando tal procedimiento de excepción, que rige desde la caída de la Convertibilidad, hasta fin de su mandato en Diciembre de 2015.(...)Leer

2. La relación de la democracia con la dictadura genocida en consolidar el sistema de empobrecimiento del país y de los diversos de abajo.

La postconvertibilidad se funda en la precarización tanto del trabajo como de la vida en la mayoría de los de abajo arranca de una enorme transferencia de ingresos desde los de abajo hacia el poder económico imperialista mediante la pesificación asimétrica. Ha sido exitosa por profundización de la transnacionalización económica que resulta tanto en mayor desigualdad social como en agravación del mal vivir entre los diversos de abajo. A este proceso de empobrecimiento se suma:

• el mantenimiento de la intervención económica del Estado en facilitar los ámbitos privilegiados de acumulación para los grandes grupos económicos locales en las obras públicas e infraestructura socioeconómica cuya continuidad viene desde la dictadura cívico militar (iniciada por Onganía) que los adoptó como uno de los pilares de su programa económico Leer;
   
• la recuperación por los gobiernos K de la intervencióneconómica del Estado en legalizar y legitimar la ocupación integral de territorios de la Argentina que llevan a cabo las corporaciones y los estados imperialistas.

Veamos significados y sentidos de la pobreza en expansión:

 

SOMOS EL 34,5% en Negro

Por una Década sin Precarización del Trabajo y de la Vida

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Extracto del Documento Político

En la Argentina de la “década ganada” el PBI creció a tasas chinas durante años. El comercio exterior generó un ingreso de 300.000 millones de dólares en los últimos 10 años, que fueron en gran medida para darle dólares a quiénes siguen pagando la deuda externa ilegítima o a quienes los fugan. En estos años ya se pagaron 173.000 millones de dólares, y se busca abrir una y otra vez los canjes de deuda para pagar hasta la última moneda. A pesar de los gigantescos pagos, sigue creciendo y ya supera los 200.000 millones. Toda esa riqueza, que se llevan en gran parte otros, la producimos nosotros y nosotras.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos que el 34,5% de los asalariados no estamos registrados ni registradas. 
Pero este número del 34.5% de empleo no registrado, en negro, no dice nada sobre toda la variedad de situaciones laborales cotidianas con las que nos enfrentamos. Quienes trabajamos en estas condiciones somos mucho más que el 34,5%. Somos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras del país!

Mientras que para rastrear algunas de esas condiciones de trabajo ni existen datos, para algunas pocas hay números terribles: De 18 millones de personas que trabajan o quieren trabajar, los sobreocupados son 5 millones, los subocupados son 1 millón 700 mil, los desocupados 1 millón 250 mil. Sobran horas para trabajar, pero falta el trabajo!!!

Precarización contractual, salarial y en el proceso de trabajo son parte de nuestro lenguaje cotidiano que se afirmó en esta última década como la condición que nos impusieron con las reformas laborales neoliberales de los años 90s, y contra las que hoy día seguimos peleando.

Así vivimos la precarización... 
La precarización salarial: Cuando nos niegan un salario digno, nos pagan una parte por fuera de lo que figura en el recibo, o nos la pagan de menos. Cuando un funcionario, una facultad, un intermediario se queda con una parte de lo que deberíamos llevarnos como salario..

La precarización contractual: relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad monotributistas, contratos temporales, subcontratación y tercerización, periodo de prueba, encuadramiento colectivo fraudulento, o inexistente.

La precarización en el proceso de trabajo: turnos rotativos, extensión de la jornada de trabajo, falta de condiciones y elementos de seguridad, flexibilidad  de las tareas y puestos de trabajo. Todo esto es la forma que tiene el capitalismo en nuestro país de arrancarnos la máxima plusvalía. Es una situación estructural del sistema en este momento histórico, son las condiciones que se dan en la producción y que se nos imponen desde mediados de los 70s. Mientras nuestros puestos de trabajo están listos para cualquier ajuste, los precios no dejan de subir. Lo intentan ocultar con la intervención del INDEC, nos dicen que la inflación apenas es del 10% por año, pero sabemos que es mucho más alta, y golpea especialmente los precios de los alimentos y otros bienes básicos. La canasta básica ya se encuentra cerca de los $8300 (Estadística y Censos CABA), y se pretende que sea un gran logro que el salario mínimo sea de $3300!!! 
 

La precarización no afecta sólo al trabajo sino también todas nuestras condiciones de vida.

Viviendas precarias y un enorme déficit habitacional en todo el país, donde nuestras familias viven hacinadas y faltan servicios básicos esenciales.

Un sistema de salud deficiente, hospitales donde falta personal y presupuesto hasta para insumos básicos, mientras hacemos largas colas en las madrugadas para sacar turnos para dentro de meses.... Un sistema educativo fragmentado y totalmente desfinanciado, donde el Estado nacional terceriza a las provincias la educación. Donde el plantel docente tienen que hacer enormes esfuerzos por superar el rol del “contenedor” dentro del aula de chicos que vienen cruzados por mil dramas puertas afuera de los colegios. Un transporte público digno del movimiento de ganado, pésimos transportes por los que les subsidian cada vez más, son decenas de miles de millones de pesos en estos últimos años.

La inversión en las propias industrias todos estos años fue bajísima, lo sentimos en las condiciones de seguridad que faltan en miles de empresas. Lo  vemos con la baja productividad que se esconde el pedido de devaluación con el que quieren licuar otra vez nuestros salarios. 

El Estado no sólo es cómplice de esta situación. La convalida día a día: Es el mayor precarizador del país. También, un número importantísimo de trabajadores precarizados que hace más de una década están condenados prácticamente a la subsistencia con salarios cercanos a los 2000 pesos por mes, a merced del manejo punteril y clientelar de los gobiernos municipales, provinciales y de Nación. A pesar de dicha situación un amplio espectro de organizaciones sociales se viene organizando, exigiendo al Estado soluciones para todas los reclamos de los trabajadores precarizados, y la puesta en marcha de programas de empleo al servicio de las necesidades de los barrios más humildes a través de obras básicas de infraestructura. 
La precarización generalizada no sería posible sin el acuerdo de la mayoría de las direcciones sindicales, que miran para el costado cuando precarizan a los trabajadores y trabajadoras de sus gremios. La lucha contra las burocracias sindicales es la bandera que levantamos con Mariano Ferreyra, presente acá hoy, y siempre. A tres años de su asesinato, seguimos la lucha por justicia, no aceptamos ningún tipo de rebaja a la pena que le corresponde a Pedraza y todos los culpables, la perpetua.

Montones de experiencias de colectivos, compañeras y compañeros van marcando un camino de lucha en todo el país contra las ganancias empresarias que crecen a costa del desprecio de nuestras condiciones de trabajo y de vida:(...) Leer

3. La relación de la democracia con la dictadura genocida en la imposición de un modelo de ciudad y campo que expulsa, excluye y sume en la inseguridad abajo.

Otros sectores urbanos nos advierten porqué el sistema capitalista avanza arrasando con la vida y las posibilidades mayoritarias de buen vivir.

 

CONVOCATORIA: Juicio Ético y Popular a

las Corporaciones en la Ciudad de Buenos Aires

29 agosto 2013

Movimientos populares, organizaciones sociales, colectivos culturales, de investigación y educación popular, radios comunitarias, activistas feministas, de derechos humanos, estamos promoviendo la realización de un “Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires”, inspirados en los Juicios Éticos y Populares a las Transnacionales realizados en el año 2011, como parte del proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente.

Quienes venimos luchando contra la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, observamos una relación muy especial y funcional entre lo que sucede en el ámbito urbano con la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional, y con la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos.

En los últimos años se han multiplicado en la Ciudad de Buenos Aires las resistencias a este modelo, y también su articulación -que tuvo por un lado su expresión en el enfrentamiento a las leyes del pacto Pro-K, y por otro lado en la denuncia de las distintas modalidades de represión, criminalización de la pobreza y judicialización de la protesta-. Hemos denunciado que el modelo, tanto en la Ciudad como en el país, representa la concentración de la propiedad de la tierra, el desprecio por la naturaleza y los bienes comunes, el extractivismo -que reproduce una política de saqueo neocolonial-, la sojización del campo, el control represivo de la población, y el arrasamiento de la soberanía de los pueblos. Todo esto ligado íntimamente a mecanismos de corrupción, de clientelismo, de mercantilización de las relaciones, como modalidad para ganar voluntades para los proyectos del gran capital.

Argentina es hoy un país subordinado a las corporaciones transnacionales. Esto se ejemplifica en la Cordillera de los Andes, con la megaminería y la entrega a la Barrick Gold, en el campo con el monocultivo, el uso masivo de agrotóxicos (que afecta a la salud de la población también en las ciudades), y la expansión del agronegocio –que benefician a las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill, etc.), en la explotación petrolera con los acuerdos realizados con transnacionales como Chevron, que fueron enjuiciadas y en algunos casos expulsadas de otros países por sus políticas de destrucción de las poblaciones y de la naturaleza.

En la Ciudad de Buenos Aires, estas políticas se expresan en la entrega de cientos de hectáreas para que empresas como IRSA construyan de manera indiscriminada, apropiándose de la plusvalía generada por toda la ciudad; en la construcción de redes de comunicación y transporte, de infraestructura funcional a las rutas del saqueo; en la creación de los gigantescos mercados y shoppings en los que se extiende el agronegocio; y en general, en la organización colonial, capitalista y patriarcal del territorio urbano, de acuerdo con un modelo mal llamado de “desarrollo”, que es el que hoy domina en Nuestra América.

Si nos preguntamos ¿quién produce la ciudad? ¿Quién y cómo se gobierna? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quiénes son los expulsados y expulsadas? ¿Quiénes resultan excluidos y excluidas? ¿Quiénes son tratadas? ¿Quiénes son sometidos y sometidas a trabajo esclavo? ¿Quiénes son los reprimidos? ¿Quiénes “no caben” en el transporte, en la vivienda, en los hospitales, en los lugares de recreación? ¿Quiénes acceden al espacio público? ¿Quiénes acceden a los servicios públicos? ¿En qué condiciones están los mismos? ¿Quiénes quedan vulnerables en las inundaciones? ¿Quiénes son maltratados y maltratadas en manicomios y lugares de encierro? ¿Quiénes sobreviven en la marginación de la ciudad? ¿Quiénes mueren por causas evitables? Si nos preguntamos éstas y otras preguntas sobre la vida cotidiana, las respuestas nos conducen de un lado a identificar quiénes se benefician de la Ciudad, de sus negocios, de su mercantilización: las grandes corporaciones ligadas al poder político. Y quiénes son los sacrificados y sacrificadas: el pueblo pobre.

Entre los “ganadores”, que en estos años se han llenado de súper ganancias, nos encontramos con una empresa como IRSA, la gran terrateniente de la Ciudad, que es propietaria de 16.250.000 m2 de la tierra de Buenos Aires, entre edificios, shoppings y terrenos: la misma superficie que los barrios de Belgrano, la Boca y Recoleta juntos. Si se agregan las propiedades en el resto del país, IRSA es propietaria de 21 millones de m2.

Para permitir e incluso promover ese “desarrollo”, y esa apropiación desenfrenada, son ninguneados los mecanismos previstos en la Constitución local, así como las diferentes leyes que garantizan la participación ciudadana en las decisiones de planificación urbana, incumpliéndose así derechos humanos fundamentales.

El gobierno de la Ciudad promueve la especulación inmobiliaria y la valorización del suelo, sin concebir al suelo urbano como un bien social, común y estratégico, que tiene que garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, para el conjunto de la ciudadanía.

Frente a esta lógica mercantil, que piensa el desarrollo urbano bajo el imperio de la valorización empresaria, impulsando los negocios privados de grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas de obras y servicios, que necesita del consumo ilimitado como paradigma de la felicidad, sostenemos una lógica diferente: la del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, y en general la satisfacción popular en torno al hábitat, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del capital.

El gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional se han enfrentado en distintos temas que afectan la vida de quienes vivimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con el traspaso del subte, de las tierras fiscales donde se asientan barrios populares, el traspaso de la jurisdicción del puerto, el manejo del juego, las competencias de la policía, por nombrar solo algunos de los temas. Pero han acordado la entrega de las tierras públicas a las grandes corporaciones, y el desarrollo inmobiliario indiscriminado. Las leyes votadas en la Legislatura a fines del 2012, como parte del Pacto PRO-K (avalado por el PRO, Radicales, el Frente Para la Victoria y sus aliados), son un claro ejemplo.

Por ello, entendiendo que los gobiernos actuales de Ciudad y Nación promueven las súper ganancias de las corporaciones transnacionales y locales, y la entrega del territorio como espacios de acumulación del capital, es que decidimos llevar adelante este Juicio Ético Popular a las Corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, la ganancia capitalista, el orden neocolonial y patriarcal, antes que del cuidado de las personas, las poblaciones, las generaciones presentes y futuras, y los territorios que sufren las consecuencias de dicho “orden”. Esta justicia criminaliza sistemáticamente a las y los pobres, a quienes protestan frente a las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética, es señalar los límites de su accionar, y los intereses a los que sirve.

Es desde esta perspectiva, basada no en los marcos actuales de la legalidad, sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, que se ha constituido este Juicio Ético Popular, que tiene un sentido profundamente humano: la salvaguarda de la vida, y su reproducción actual y futura, en todas sus dimensiones e implicancias.

Sostenemos que el Derecho a la Ciudad, no es simplemente, el derecho de acceso a una vivienda, ni el acceso igualitario a los servicios públicos o a la tierra, sino también el derecho a transformar la Ciudad en algo radicalmente distinto: en un espacio a habitar, en el que puedan crecer nuestros sueños y proyectos como pueblo, sobre la base de la participación popular y la creación; y no de la destrucción de nuestros vínculos entre seres humanos, en la naturaleza. Leer

Crisis estructural y civilizatoria del capitalismo contemporáneo que está mundializado.

Crisis del sistema capitalista mundial: paradojas y respuestas

Polis [Revista Latinoamericana], 27 | 2010

Por Humberto Márquez Covarrubias

La estrategia de acumulación mundial centralizada, la llamada globalización neoliberal, desplegada en las últimas tres décadas y media, articula nuevas modalidades de generación y apropiación de riqueza que le permite a los monopolios y oligopolios transnacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinaria: 1) una nueva división internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata (Delgado y Wise y Márquez, 2009); 2) la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera (Mora, 2009); 3) la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos (Petras, 2005);4) la sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada (Delgado y Wise y Márquez, 2009), y 5) la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y explotación del “capital humano”, es decir, la pretensión de  subsumir realmente el trabajo científico-tecnológico (Mora, 2009), donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados. (...)

 

Debate sobre la crisis del capitalismo

Hoy en día, el capitalismo afronta una severa crisis de alcance mundial que ha sido motejada, de manera reduccionista, como una crisis financiera que hizo eclosión en Estados Unidos, nada menos que el centro del sistema capitalista mundial, debido a la desregulación del sistema financiero y a la codicia y especulación del capital financiero, que en la búsqueda de mayores ganancias se desprendió de la llamada economía real y recurrió a instrumentos financieros como la titularización, sucuritización, bursatilización, es decir, lo que se ha dado en llamar la financiarización. (...)

Aunque el neoliberalismo, en tanto proyecto de clase, brinda buenos resultados en su propósito de concentrar capital, poder y riqueza en pocas manos. Los teóricos del ciclo económico encuentran dificultades serias para explicar la trayectoria mecánica del capital, por lo que infructuosamente esperan una quinta ola expansiva (Beinstein, 2009). Desde el sistema-mundo y del análisis geopolítico, se anticipa el derrumbe de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial (Wallerstein, 2005; Arrighi, 2007), y el advenimiento de una nueva era comandada por una gran potencia, como la Unión Europea o Japón, o por potencias emergentes como Brasil, Rusia, India y, principalmente, China. Otros autores identifican una severa crisis estructural ante la caída generalizada de la tasa de ganancia y la imposibilidad de recomponer una ciclo de valorización de largo aliento (Vasapollo, 2008). Desde una visión más abarcadora, la crisis cimbra al sistema capitalista mundial en su conjunto y articula la crisis de valorización y con una multiplicidad de crisis, como la alimentaria y la energética (Petras, 2009; Veltmeyer, 2009; Beinstein, 2009; Bartra, 2009). Más aún, se postula la idea de crisis civilizatoria para evidenciar el riesgo no sólo del proceso de valorización de capital sino de la organización de la sociedad contemporánea y la existencia de la vida humana en diversos ámbitos del planeta. (...)

Conclusión

(...)Bajo este modelo civilizatorio basado en la “destrucción creativa”, la vida humana se convierte en un recurso desechable, que se puede destruir en aras de alcanzar los mayores beneficios posibles para el capital, al final de cuentas existe una vasta reserva laboral de trabajadores en el mundo que pueden suplir a los desechados. En el plano laboral, se implementan modelos de gestión laboral que conducen a la explotación extenuante del trabajo inmediato, lo cual incluye la disminución salarial, la inseguridad laboral, la mayor intensidad, incluso la extensión de la jornada laboral; también las políticas de subcontratación y las políticas de flexibilización y precarización laboral.

Las formas de explotación laboral se han diversificado, no sólo se trata del asalariado, sino también del informal, infantil, femenil, entre otras. Se trata de un ataque sistemático y permanente en contra de los trabajadores y sus familias, lo que obra en condiciones de exclusión económica como productores, trabajadores y consumidores. Esto redunda en un deterioro dramático en sus condiciones de vida y trabajo. Otro capítulo nefasto de la destrucción, en este caso abrupta, de la vida humana es la violencia estatal, las guerras de conquista, que con el objetivo de apropiarse de recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el agua, se destruyen vidas, infraestructuras, sociedades. En suma, para subsistir, este modelo civilizatorio se ve compelido a destruir capitales, empleos, infraestructuras, culturas, poblaciones. Sólo un nuevo sistema civilizatorio, basado en otros principios societales, detendrá esta loca y frenética carrera de destrucción compulsiva.

• La respuesta pragmática a la crisis que en los hechos se está imponiendo, encabezada por el Estado, se orienta por la necesidad de rescatar al sector financiero y las grandes corporaciones que incurrieron en las prácticas especulativas. Bajo esta operación, se encubre las pérdidas, fraudes y especulaciones del gran capital, mediante la canalización de ingentes recursos públicos, pero también mediante la transferencia de excedente social de los países periféricos hacia los centrales, como sucede con el trasvase de ganancias de las sucursales a las matrices de los grandes bancos privados. Por añadidura, se refuerza la ofensiva en contra de los trabajadores, mediante programas de despido o profundización de la precarización laboral. En tanto, los desposeídos, desempleados, migrantes y trabajadores precarizados no merecen mayor atención. En ese contexto, el llamado a contener la especulación voraz de los financistas mediante la regulación es un llamado moral para regularizar la dinámica de acumulación capitalista, pero no va al fondo de la crisis.
    
• La respuesta crítica a la crisis debe de tomar en cuenta su carácter sistémico y la debacle civilizatoria que concita. En contraposición a la idea burguesa de poner en el centro las necesidades de valorización del capital, sin reparar en los sacrificios humanos y ambientales que esto representa, se plantea la necesidad de comenzar por desarticular los férreos controles del capital sobre el poder, la naturaleza, el dinero, el conocimiento, la información y, en general, la humanidad. Dicha proposición es de gran calado, y nos remite a la idea de cambiar de rumbo para construir un mundo donde quepamos todos, como proclaman los movimientos sociales alternativos. En esa inteligencia, emergen, cuando menos, cuatro criterios básicos para, más allá de las preocupaciones coyunturales de la crisis financiera, construir una alternativa de desarrollo crítico orientada a generar el bien común social: 1) colocar en el centro el objetivo de mejorar sustancial las condiciones materiales y subjetivas de la mayoría de la población.  En primera instancia se trata de garantizar la producción y reproducción de la humanidad en simbiosis con el entorno planetario; 2) generar cambios estructurales, políticos e institucionales que trastoquen el sistema de acumulación y poder organizado por la globalización neoliberal; 3) promover la configuración de un sujeto colectivo de la transformación social, puesto que el gran capital no tiene ante sí un agente colectivo que le dispute el comando de la estrategia de acumulación y uso del excedente social. Esto requiere construir el poder popular, impulsar la democracia formal combinada con la democracia directa y articular a sectores sociales diversos que compartan este cometido; y 4) como criterio estratégico de factibilidad, entendido como la posibilidad de realización concreta de un desarrollo alternativo crítico, se impone la necesidad de impulsar un proyecto en pauta posneoliberal. Entre sus tareas iniciales, se puede enunciar la reconstrucción del Estado, con la intervención de los movimientos sociales, de forma tal que se organice alrededor de un poder que “mande obedeciendo”. Pero también promover la intervención del mercado según los requerimientos sociales. Además es menester recuperar la soberanía política de los países periféricos y subdesarrollados y la construcción de nuevas modalidades de integración regional bajo pautas de solidaridad, complementariedad y solidaridad.

No obstante, es importante tomar nota de que la crisis no ha significado, por sí sola, un descarrilamiento del modelo neoliberal, ni la fulminación de su fundamento teórico —la economía neoclásica y neoliberal—, ni siquiera ha contenido las operaciones especulativas. Todo lo contrario, se refuerzan los mecanismos de poder, se le confiere el respaldo político al FMI, a la vez que el neoclacisismo neoliberal sigue siendo el pensamiento dominante en las universidades y centros de investigación, y los programas de ajuste estructural continúan influyendo en gobiernos de derecha, centro y centroizquierda, y los financistas siguen acumulando ganancias. No obstante, hay experiencias alentadoras en algunos países de América Latina que intentan construir una ruta alterna al neoliberalismo. Leer

"Las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común".

 Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC, GRAIN | 06 August 2013 | Biodiversidad - Jul 2013

 

(...)Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.

Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles”.

La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con sus problemas, mientras  los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.

Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.

El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras  formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.

Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. 

Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.

 

Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.

 

Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura independiente.

Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.

 

El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.

 

Sumisión, porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.

 

Fragmentación y encono, porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y sumisión.

Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato.

Desarraigo, porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio.  No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región.  Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. Se extrema la urbanización salvaje.

Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de  transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo,  a su derecho a existir.

 

Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros en algún lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios.

Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.

Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.

 

Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo válidas.

• La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
• La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales;  propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
• Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar  las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
• La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades,  agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
• Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Según datos de GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión planetaria inaceptable.

Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4768-territorialidad-subsistencia-y-vida-digna-documento-de-contexto-general-de-las-denuncias-ante-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos

 

Colombia ejemplifica la posibilidad de unión de los diversos de abajo por la vida y la dignidad humana

 El rol político de los movimientos sociales

Por José Luis Ropero de la Hoz (Rebelión)

Un derecho fundamental de todo ciudadano es la libertad de asociación, facultad engranada a la libertad de expresión y locomoción. Si falta uno de estos elementos, cualquier discurso resultará vacuo y cualquier ley, injusta o ineficaz.

Pretender que un movimiento social prescinda de plantear una posición política es desconocer que los grandes sucesos, conmociones y transformaciones de una nación, siempre tienen una amplísima base popular. El ejemplo clásico está en las luchas por la independencia, incluso desde la Revolución de los Comuneros, primera muestra articulada de una conciencia nacional colombiana (o neogranadina por aquellas épocas), donde los diferentes gentilicios, ya se sentían compatriotas.

También fueron movimientos políticos los que a principios del siglo XX emprendieron los comerciantes y asalariados del banano en las plantaciones del Magdalena, cuando sólo ellos sentaron posición de soberanía frente a la explotación del extranjero y la corrupción de las autoridades; o qué decir de los maestros del Caribe emprendiendo la Marcha del Hambre en 1966, todos estos movimientos sociales fueron propuestas políticas nacidas desde la base del pueblo, defendidas hombro a hombro por los trabajadores y reprimidas por la dirigencia oficial.

Hoy en Colombia confluyen los más diversos sectores de la sociedad, contrario a lo expresado en la prensa pagada por el presupuesto nacional, agricultores, mineros, transportadores, estudiantes, madres comunitarias y maestros, están unidos por mucho más que un subsidio o un aumento salarial, los enlaza el deseo de vivir en un país justo y soberano.

Varios son los pliegos de peticiones que a todo pulmón y con gran sustentación se defienden en este país, desde la plaza pública hasta las universidades; lo sorprendente es que las exigencias de los diferentes grupos sociales son complementarias entre sí, o qué decir de lo planteado por la Mesa de Interlocución Agraria Nacional:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Mientras tanto el gobierno nacional se atreve a expresar sin vergüenza que en este país no hay ningún paro; ¿será que por repetir mil veces una mentira esta se convertirá en verdad?

Claro, las amenazas no se hacen esperar para quienes expresan con orgullo su apoyo a las causas del bien común, como las anunciadas por la banda mercenaria “Los Rastrojos”, en contra de connotados dirigentes comunitarios, sindicales y políticos.

Es por esto sociedad colombiana, que se hace necesario comprender que los asuntos públicos nos competen a todos y que el simple hecho de exigir la prevalencia del interés general, implica manifestar una posición política; como es política también la decisión de no hacer nada.

(*) José Luis Ropero de la Hoz es Director del Instituto Ecojugando

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173636&titular=el-rol-pol%EDtico-de-los-movimientos-sociales-

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"Todos somos campesinos"

Por Elizabeth Jiménez (El Espectador)

“Todos somos campesinos” podría ser una frase de cajón, mediática u oportunista, en un paro agrario. Pero en Colombia, por sus raíces y antecedentes históricos, cobra total vigencia y credibilidad.

Hacia los años 40, el 70% de la población colombiana vivía en el campo y sólo el 30% comenzaba a poblar las ciudades. Esa proporción se invirtió de manera exacta hacia los años 90. Hace poco más de un siglo, en 1905, sólo había 100 mil habitantes en Bogotá. Ahora son cerca de nueve millones. Fue precisamente la precariedad agraria la que llevó a los campesinos a poblar otras zonas y a dejar el azadón por el palustre, el campo por la ciudad.

La mayoría de los colombianos que ahora pueblan las grandes ciudades, son de ascendencia campesina. Sus bisabuelos y abuelos vivieron en el campo, muchos trabajado la tierra, pescando o pastoreando animales. Basta con escuchar las conversaciones espontáneas y las arengas en las manifestaciones desde hace dos semanas, en apoyo al paro campesino, donde han brillado por su ausencia las pancartas de grupos políticos u organizaciones determinadas. Ha habido una mezcla evidente de ciudadanos de diferentes estratos sociales, vestimentas, edades, tendencias, gritando las mismas consignas “Colombia, afirma, su herencia campesina”; “Amigo, soldado, su abuela está en el campo”; “Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país”.

Marchas, ‘plantones’, ‘cacerolazos’ nocturnos o rituales chamánicos con velas y silencio (como el que se realizó hace dos días en Bogotá) han congregado desde dos mil hasta cien mil personas en diferentes lugares de Colombia, de forma pacífica y sin que nadie oculte su rostro. Estos eventos distan en forma, tamaño e intención de los actos vandálicos protagonizados por unos cuantos encapuchados que se han enfrentado a la fuerza pública, con actos de violencia de parte y parte, que no consiguen opacar el apoyo masivo y pacífico del ciudadano común desde dentro y fuera del país, de manera virtual o presencial, demostrando la cohesión de la sociedad colombiana en apoyo al campesinado colombiano.

En los encuentros, que se han extendido por horas, se ha destacado la abundante presencia de niños y jóvenes luciendo ruanas, bailando música campesina y cantando arengas, lo que ha confirmado que a pesar de las alocuciones presidenciales de los primeros días, los ciudadanos no lograron convencerse de que el paro no existe. Por el contrario, se volcaron a las calles a demostrar que el tema alimentario les concierne a todos y que los campesinos no están solos.

Internet o “los infiltrados” (Ver video)

La columna “Tener una semilla es un delito”, del colaborador de este diario, Dharmadeva, publicada hace unos días, ha sido compartida por más de 64 mil personas. El primer plantón, que citó a las personas al mediodía del pasado domingo 25 de agosto, fue convocado apenas unas horas antes, a través de las redes sociales. La gente “corrió” a agolparse en cercanías de la casa presidencial, recorrió la carrera octava y se congregó en la Plaza de Bolívar. El ‘cacerolazo nocturno’ del día siguiente, el 26, fue promovido a través de Facebook y Twitter y fue de allí de donde los grandes medios lo replicaron. Al principio iba a ser sólo en Bogotá, Cali y Medellín, y resultó haciéndose en quince ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país, con las plazas principales a reventar, con todos los participantes golpeando, con cucharas metálicas o de madera y sin pausa, desde ollas viejas, hasta elegantes sartenes de teflón. Entre las seis de la tarde y las diez de la noche no se presentó ningún brote de violencia en todo el país.

Sin embargo, desde el 29 de agosto se acentuaron algunos enfrentamientos, especialmente en áreas urbanas; han resultado heridos campesinos, ciudadanos comunes, periodistas y policías. Mientras el Gobierno firmó acuerdos con los campesinos en Nariño el domingo 3 de septiembre, en Neiva y Florencia hubo fuertes disturbios al día siguiente. Durante los primeros brotes de violencia, en la primera semana del paro, murió un joven a la entrada de Ciudad Bolívar y en Boyacá, un policía. Estos hechos, rechazados por la comunidad y expuestos con todo el despliegue por los medios televisivos del país, son apenas una parte frente a los videos divulgados por los mismos ciudadanos colombianos a través de Youtube y compartidos masivamente en las redes sociales. En ellos quedaron en evidencia los supuestos abusos de la policía en Medellín con reporteros que cubren el tema y los del Esmad (policía antidisturbios) con los campesinos, especialmente de Boyacá. Había tantas pruebas audiovisuales que el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, se vio abocado a ofrecer excusas por estos abusos y aseguró que investigaría a los agentes implicados.

El apoyo cívico ha sido tal y las razones del paro tan evidentes, que el mismo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, no temió pronunciarse frente al país: “La gente en Colombia se está cansando de vivir miserablemente”.

Sin embargo, en Colombia ha sido una constante preguntarse “qué” y no “por qué”. Esto lo analizó claramente el columnista de El Espectador William Ospina hace unas semanas con respecto a los campesinos del Catatumbo. “Aquí se pregunta ¿Quién está detrás del bloqueo de esas vías?, en vez de preguntarse ¿por qué las están bloqueando? Cuando en otros países están tratando de identificar las causas, en Colombia están tratando de encontrar un culpable”.

El fiscal general de la Nación y el presidente aseguraron que las marchas están infiltradas por agentes armados ilegales. Las investigaciones ya están en marcha. Sin embargo, para muchos ciudadanos comunes este argumento resulta un chivo expiatorio, como lo argumenta una señora mayor, de clase media, bogotana, entrevistada en el corto documental Mi tierra no se vende, uno de los más sensibles e íntimos que se han compartido por Youtube sobre el paro. El periodista le pregunta: “Señora, el presidente dice que el paro está lleno de infiltrados, ¿usted es una infiltrada?”. A lo que ella responde entre risas: “¡Sí, el paro está infiltrado de gente con dignidad! No como ellos, que están vendido el país”.

En medio de la crisis social y política resulta desconcertante ver los primeros anuncios televisivos promoviendo las próximas elecciones, que serán en un año, lo que da validez a argumentos de analistas y dirigentes para insistir en el tema de los infiltrados, como lo sostiene el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo : “La inmensa mayoría de las peticiones de los campesinos son justas y válidas, pero tampoco podemos desconocer que hay políticos oportunistas pescando en el río revuelto de la justa protesta social. Detrás del vandalismo y las acciones delincuenciales que han surgido paralelas al paro hay sectores interesados en crear un clima que le genere dificultades al gobierno”.

El antropólogo y analista Alfredo Molano, que ha contado la historia reciente de Colombia a través de sus columnas y libros, al presenciar los primeros bloqueos de los campesinos en el Cauca, comentó: “Los gobiernos, con el incumplimiento sistemático y deliberado de los acuerdos que firman con los campesinos y con el cumplimiento estricto de los acuerdos que firman con EE. UU., Europa, Corea, han obligado a la gente a las vías de hecho, a enfrentarse con las fuerzas armadas, para luego argumentar con cinismo que los labriegos están siendo utilizados por la guerrilla. Desprecian a la gente al mostrarla como una masa estúpida, ignorante y maleable, susceptible siempre de ser manejada por los agentes del mal, y por eso son capaces de firmar los TLC pensando sólo en los intereses de los “agentes del bien”.

¿Prosperidad para quién?

El eslogan de este gobierno, “Prosperidad para todos”, cada día se desdibuja más. La implementación desde gobiernos anteriores de políticas de globalización se ha venido en contra de todo el campesinado a pesar de tener unas de las tierras más fértiles del mundo. En los años 80 los cafeteros le dieron riqueza al país, con sus propias maneras asociativas de negociar. Sólo tres décadas después esa prosperidad se vino abajo. Fueron ellos quienes comenzaron toda esta movilización por la dignidad del campo desde hace unos meses. Hace apenas un año nadie hubiera imaginado que se verían por las carreteras de Colombia vallas publicitarias puestas por los mismos agricultores, invitando a la gente a que no consuma papa, pollo o arroz importado. Poco previsible con todos los beneficios con los que ‘pintaban’ el TLC y mucho menos pronosticable dada la abundancia y la calidad de estos productos nacionales.

Las denuncias y foros para precisar el alcance de un hecho registrado en el documental 9.70, de la joven realizadora Victoria Solano, visto multitudinariamente por Youtube, en el que se muestra a agentes de la policía obligando a unos campesinos arrojar 62 toneladas de semillas de arroz en Campo alegre, Huila, encendió la polémica. El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) argumentó que realizó el decomiso y destrucción porque “gran parte de las semillas de arroz (producto de semilla modificada y no nativa) estaban contaminadas y empacadas en costales de harina y fertilizantes, lo que podría significar un riesgo fitosanitario”.

La presión alrededor de este debate fue tal, que este miércoles 4 de septiembre el presidente Santos y los voceros de los campesinos de los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca lograron avanzar en la mesa de diálogos: “el Gobierno Nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 de 2010 a las semillas nacionales y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas con delegados de la presente mesa, en la estructuración de una nueva propuesta sobre semillas certificadas que no afecten al productor agropecuario”. Sin embargo, la petición del sector agropecuario al gobierno de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, sigue en vilo.

Los agricultores esperan que este acuerdo se cumpla, pues el incumplimiento de la palabra del Gobierno con base en acuerdos pactados en marzo fue lo que provocó que comenzara este paro, que hoy cumple 19 días. Eso lo afirmaron, a la periodista Cecilia Orozco, líderes agrarios. César Pachón, dirigente parero: “En el paro pasado, cuando nos invitaron a negociar, firmamos un acta de compromiso con el Gobierno y ¿qué sucedió después? Nada. Continuamos en crisis profunda. Por eso estamos en las vías”.

Y Luis Gonzaga, representante de los cafeteros en Caldas: “El 25 de febrero de este año iniciamos un paro que supuestamente llegó a feliz término el 8 de marzo con un acuerdo que avalaron el vicepresidente Garzón y varios ministros. El Gobierno y la Federación aseguran ahora que el pacto se está cumpliendo porque el PIC (Protección de Ingreso Cafetero, ayuda de $145.000 por cada carga de 125 kilos de café) le está llegando al productor. Pero no es el único problema que se comprometieron a resolver. A las 4 o 5 multinacionales que tiene el monopolio de importación de fertilizantes no se les controla el precio que ponen en Colombia. Los cafeteros colombianos terminamos pagando precios al doble o al triple de lo que lo pagan los del resto del continente”.

Cada vez los líderes, campesinos y ciudadanos están más informados y alertas con lo pactado. Toda la información que surge es consultada por internet. Algunos medios alternativos o videos aficionados logran más visitas y credibilidad que los canales tradicionales.

Las personas que apoyan a los campesinos de Colombia desde dentro y desde fuera, en países como Chile, Alemania o hasta Emiratos Árabes, quieren estar informadas. Uno de los artículos más compartidos vía internet fue el publicado durante los primeros días del paro por el diario El País, de España, sobre el análisis de la actitud del presidente Santos frente al Paro Agrario:

“La respuesta del Gobierno ante el paro ha sido errática. Mientras el Ministro encargado de la Agricultura se reúne con los campesinos, el de Defensa acusa a las Farc de haber infiltrado las protestas. El discurso de Santos ha sido ambivalente. Mientras que durante los primeros días promovió la protesta social, también permitió el uso de la fuerza contra campesinos y estudiantes. Santos, con sus diferentes discursos sobre el paro, ha causado más desconfianza que tranquilidad”, dijo el medio español.

Durante más de dos semanas de paro (particularmente en la primera), las manifestaciones masivas de ciudadanos en Colombia y el mundo evidencian que los dirigentes colombianos se encuentran frente a una ciudadanía menos maleable, con más poder y decisión para autoconvocarse en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos, sin requerir de la violencia.

Una ciudadanía que ve la unidad de todos como algo posible, que exige la verdad y las negociaciones justas, con dos valiosos argumentos: tener uno de los países más ricos en recursos naturales y contar con la convicción de no querer permitir que la pobreza y miseria masiva del campesinado colombiano siga siendo algo natural.

Fuente original:  http://www.elespectador.com/noticias/nacional/todos-somos-campesinos-articulo-444716
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173556&titular=%22todos-somos-campesinos%22-