El progresismo K posibilitó el extractivismo o la actual dictadura de las corporaciones. Es privilegiar negocios de corto plazo como lo dicen abajo en E.E.U.U.

El gas de esquisto fractura 

comunidades de Estados Unidos

18 de septiembre de 2015

Por Emilio Godoy (IPS)

MONTROSE, Estados Unidos, 15 sep 2015 (IPS) - La estadounidense Vera Scroggins ha sido demandada cinco veces por la industria petrolera y desde octubre de 2013 pesa sobre ella una orden judicial de restricción permanente para acercarse a sus instalaciones.

“Me siento como una ciudadana a medias, porque las empresas pueden hacer lo que quieran y los ciudadanos no. Las corporaciones han violado las leyes ambientales y siguen operando”, lamentó a IPS esta agente inmobiliaria retirada, madre de tres hijos y con dos nietos.

Desde 2008, Scroggins, del movimiento Shaleshock Media, es una decidida activista contra la exploración y explotación del gas de esquisto (de roca o lutita) en el municipio de Montrose, en el estado de Pensilvania, en el noreste de este país.

El desarrollo de este hidrocarburo no convencional, también conocido por el vocablo inglés shale, requiere de la técnica de la fractura hidráulica, fracking en inglés.

En esta localidad, habitada por unas 1.600 personas y parte del condado de Susquehanna, hay unos 1.100 pozos en unos 600 campos, además de 43 estaciones que compactan el gas para transportarlo lejos.

Todas estas infraestructuras están próximas a viviendas y escuelas, y están en manos de siete empresas.

Este estado está atravesado por la cuenca gasífera Marcellus, una de los tres grandes depósitos del recurso que han convertido a Estados Unidos en “Frackistán“, por la utilización creciente del fracking en la industria del petróleo y del gas.

En estos depósitos, la molécula del hidrocarburo está atrapada en rocas profundas, perforadas y quebradas por la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, que se consideran nocivos para la salud y el ambiente.

De esa forma, el gas o el petróleo se liberan. Pero la tecnología genera masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

“Los pozos contaminan el agua con el metano, y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente no sabe qué pasa, no tiene información. No me siento segura con el fracking”, denunció Scroggins, quien vive en Montrose con su esposo, un maestro jubilado, y tiene como vecino un pozo gasífero que opera a un kilómetro de su casa.

El fracking ha alterado el paisaje, pues el desarrollo de los pozos se ha traducido en la presencia de docenas de camiones que transportan tierra, arena y agua.

Las compañías plantan altas torres de acero para perforar el pozo y, cuando sale el gas es como si una plancha pasara por encima, porque el terreno queda visiblemente aplanado. Sólo florecen la tapa del pozo y los tubos que transportan el hidrocarburo, critican sus forzados vecinos.

La industrialización de estas áreas rurales las ha vuelto poco atractivas, mientras, aseguran los activistas, la acumulación de metano puede degenerar en explosiones o problemas respiratorios para las personas.

En su Prospectiva Anual de Energía 2015, la estatal Administración de Información Energética indica que en 2014 el sector del esquisto aportó 11,34 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas, equivalentes a 47 por ciento de la producción gasífera total del país.

La producción petrolera de esquisto, añade el informe, fue de 4,2 millones de barriles diarios el año pasado, equivalente a 49 por ciento de la extracción total de crudo en el país.

El petróleo es la principal fuente nacional de energía, con 36 por ciento del total, seguida del gas, con 27 por ciento, y el carbón, con 19 por ciento.

En Pensilvania, la producción de gas saltó de 9.757 pies cúbicos en 2008 a 3,05 millones en 2013.

En este estado, la cuna del primer boom petrolero estadounidense y de la fractura hidráulica, se han perforado9.200 pozos, mientras los permisos concedidos superan los 16.000.

Estados Unidos es el país que en forma más intensiva y comercial explota actualmente los hidrocarburos de esquisto.

Ese desarrollo se facilitó desde que en 2005 la Ley de Política Energética del país eximió a la industria petrolera de las siete mayores normas ambientales.

Con ese respaldo, la industria ha desatado una marejada de querellas para desmantelar regulaciones ambientales, sanitarias y contractuales de estados y municipios que eran adversas a sus intereses.

En el caso de Pensilvania, el Congreso legislativo del estado aprobó en septiembre de 2012 la Ley de Petróleo y Gas, conocida como Ley 13, que cancelaba la potestad de sus condados y municipios de avalar o vetar permisos de hidrofractura.

Luego de la apelación interpuesta por concejos municipales, personas y organizaciones ambientales, la Suprema Corte de Justicia del estado declaró inconstitucional esa ley. Ello facultó nuevamente a las administraciones locales a utilizar sus legislaciones territoriales para tomar decisiones sobre el desarrollo del shale en sus jurisdicciones.

El viajero se topa constantemente en la carretera con letreros que dicen “Mantenga hermosa a Pensilvania”, pero lo que sucede en sus arterias rurales poco contribuye con ese lema.

Ray Kimble, un mecánico de 59 años, puede atestiguar la contradicción con ese reclamo en Dimock, la cercana localidad donde vive. Denuncia a IPS que su pueblo sufre la contaminación del agua desde 2009, por los residuos de la industria gasífera, donde él trabajó como transportista.

“Han destruido el pueblo. No los queremos aquí”, afirmó Kimble, quien alega que tiene tos persistente y los tobillos inflamados por los gases y el contacto con esos desechos mientras laboró en el sector.

Ahora se niega a beber el agua que sale de los grifos y se dedica a transportar el recurso a familias afectadas por una denunciada contaminación.

Dimock es un pueblo de unos 1.500 habitantes y escenario del muy premiado documental “Gasland”, del estadounidense Joshua Fox, que expone los daños ocasionados por el fracking e incubó las primeras demandas legales en contra de los llamados “señores del shale”, que desembocaron en arreglos extrajudiciales.

La casa de Kimble está a poco más de 150 metros de un pozo de gas.

Con el esquisto, “hay ganancias a corto plazo, pero ¿qué pasa cuando los campos se secan y queda el legado de desechos?”, dijo a IPS el activista Tyson Slocum.

“Queda agua contaminada, fluidos de reflujo, transformación de áreas agrícolas rurales afectadas por la operación de los pozos. Hay pocas obligaciones legales y financieras a largo plazo para garantizar que el legado sea abordado adecuadamente”, señalo este director del programa de Energía del no gubernamental Public Citizen.

Esa organización promueve la defensa del consumidor y ha asesorado a afectados por el fracking.

La industria se enfrenta ahora a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, la contracción del financiamiento y a una creciente oposición de la población a su tecnología.

En los últimos ocho meses unas 400 ciudades en 28 estados han aprobado vetos o moratorias al fracking. Los casos más trascendentes se produjeron en los estados de Nueva York, que censuró esa extracción en diciembre, y Vermont en 2012.

“¿Por qué no colocan un pozo al lado de la casa de un político? Los ciudadanos no lo queremos junto a nuestras casas”, planteó Scroggins.

“Ojalá no ocurra una fuga mayor, porque será devastadora. Pero la industria no acepta haber hecho algún mal”, añadió la activista.

Para Slocum, los estados se han acomodado a los intereses de la industria. “El balance entre ganancias y salud pública ha sido envilecido, el debate sobre empleos y beneficios económicos es secundario”, sentenció.

Editado por Estrella Gutiérrez

http://www.ipsnoticias.net/2015/09/el-gas-de-esquisto-fractura-comunidades-de-estados-unidos/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203419

"El régimen de Correa ha terminado siendo absolutamente nefasto para la izquierda y para los movimientos sociales. Y, no obstante, se lo ha admitido bajo el supuesto no consentido de que otro régimen de la derecha del siglo XX podría ser peor".

Los dilemas de la izquierda

11 de agosto de 2015

 

Por Juan Cuvi (Montecristi Vive)

Pocas veces en la historia la izquierda ecuatoriana ha estado tan vulnerable y desorientada como durante el correísmo. Atrapada en el laberinto de la verborrea revolucionaria de Alianza País, no ha encontrado la salida hacia un proyecto propio, autónomo y protagónico. Su indefinición estratégica la coloca frente a una disyuntiva catastrófica: esperar una imposible rectificación del gobierno de Correa para enfrentar a la vieja oligarquía, o dejar que la derecha contribuya a librarle del correísmo. Disyuntiva absurda en la medida en que implica, en ambos casos, la aceptación de un papel subordinado, secundario y dependiente de sectores contrarios a su naturaleza política e ideológica. Ni el correísmo, ni las distintas expresiones de la derecha que le disputan la hegemonía, representan una opción de trasformación para el país. Sin embargo, la izquierda aparece paralizada entre esos dos abismos.

La vieja decisión de escoger el mal menor, no como alternativa coyuntural sino como proyecto histórico, le está pasando a la izquierda una factura onerosa. Porque en ese ejercicio de establecer diferencias supuestamente significativas entre una derecha retrógrada y otra más moderna, o entre la democracia liberal y el reformismo, ha dejado de lado la definición de su propio horizonte histórico. Se extravió. Terminó valorando más una inocua retórica antimperialista que la construcción de la democracia. Y en este teatro de las sombras en que se convirtió el correísmo, la izquierda permitió que se desmantelaran todos los referentes simbólicos, ideológicos y organizativos que, con grandes dificultades y con inocultables falencias, había construido durante mucho tiempo. El régimen correísta ha terminado siendo absolutamente nefasto para la izquierda y para los movimientos sociales. Y, no obstante, se lo ha admitido bajo el supuesto no consentido de que otro régimen de la derecha del siglo XX podría ser peor.

¿Pero en qué aspectos ocurriría esto? Esta es la pregunta que debe formularse la izquierda, sin obviar hacer precisiones claras y convincentes en todos los ámbitos: políticos, culturales, ambientales, económicos, etc. Y las eventuales diferencias que se encuentren no pueden quedarse en el plano formal o superficial, so pena de caer en un simplismo autocomplaciente. Requieren, por el contrario, un ejercicio de reflexión y análisis profundo, serio, responsable y honesto (algo que con frecuencia provoca pereza y hasta desconfianza en la izquierda).

Al calor de los acontecimientos se puede concluir que, en varios aspectos de fondo, el correísmo impuso la agenda que un régimen abiertamente conservador jamás habría podido conseguir, debido sobre todo a la resistencia popular. Entre otros temas podríamos mencionar la suscripción de un TLC con Europa, la ampliación sin restricciones de la frontera petrolera, minera y agroindustrial, el endurecimiento de la legislación punitiva, el control social, la transnacionalización de la economía; es decir, el paquete de modernización capitalista que se requería para la transición del modelo rentista oligárquico a un modelo de corte empresarial-tecnocrático igualmente rentista. Una transición que inclusive había sido aceptada por los grupos económicos más tradicionales[1]. En este sentido, el papel que ha cumplido Alianza País ha sido el de desbrozar el camino para este proceso; sobre todo, el de retirar el escollo de la izquierda y de los movimientos sociales para una transición más fluida y menos traumática.

Toca, entonces, insistir en la pregunta anterior: ¿en qué aspectos sería peor que el correísmo un régimen formal de derecha? Lo interesante de este cuestionamiento es que la imposibilidad de responder afirmativamente y con fundamentos obliga a la izquierda a renunciar a estas veleidades comparativas y centrarse en la construcción de un proyecto político autónomo. Es decir, recuperar el sentido de la estrategia revolucionaria como un referente que permite priorizar la iniciativa, inclusive en momentos de mayor debilidad. La definición de un objetivo estratégico permite actuar, tomar decisiones y prever riesgos en lugar de esperar por las iniciativas ajenas en calidad de invitados de última hora. Sobre todo permite establecer una diferencia rigurosa entre lo que significa hacer acuerdos, hacer alianzas o forjar la unidad.

 

El poscorreísmo.

Lo que hoy está en el centro del debate político nacional es la salida del correísmo: cómo, con quiénes, hacia dónde, en qué términos. Contrariamente a lo que se supondría, son la izquierda y los movimientos sociales los más urgidos por este desenlace. Porque son los que más han perdido en estos años. Para la derecha, la clave de sus disputas internas radica en quién reparte las cartas; la izquierda, en cambio, debe plantearse un cambio del juego. En eso difiere la idea que tiene la derecha respecto del poscorreísmo. Desde estos sectores, lo más importante es prolongar el modelo aplicado por Alianza País aunque sea sin Correa, porque se trata de un modelo centrado en una estabilidad política y económica funcional a la acumulación del gran capital. Dicho de otro modo, funcional a la transnacionalización de la economía. La derecha busca un recambio formal que transfiera el beneficio del control político a un grupo diferente, pero dentro del mismo esquema general. Es un simple cambio de turno.

No obstante, es necesario señalar que las disputas internas entre estos grupos se han acentuado como consecuencia de la escasez de recursos provocada por la crisis económica. No todos estarán de acuerdo con la misma salida al correísmo, en tanto las políticas a implementarse, debido a la escasez señalada, podrían beneficiar o perjudicar a unos más que a otros. La abundancia de las arcas fiscales durante estos ocho años ya no es un factor que permita una compensación satisfactoria –o al menos tranquilizadora– entre los distintos grupos de poder económico. Además, las formas de acumulación ilegítima de capital, típicas de las crisis, podrían generar resentimientos y desacuerdos profundos.

Ahora bien, la salida del correísmo implica el desmontaje de varios andamiajes básicos, dentro de los cuales el abandono del poder o la derrota electoral del caudillo no es necesariamente el más importante. El desarrollo del correísmo alcanzó ese punto de consolidación de la fidelidad oportunista que permite extender la influencia administrativa e institucional más allá de la presencia de Correa. La historia nos proporciona muchos ejemplos de la prolongación del “espíritu” del caudillo como resultado de los regímenes autoritarios. En el caso ecuatoriano, esta prolongación estaría articulada, además, a la posibilidad real de un futuro retorno al poder.

En este sentido, uno de los puntos prioritarios del debate político se refiere al desmontaje del aparato político-administrativo montado por el correísmo. ¿Cómo hacerlo? Porque de este proceso dependerán, en gran medida, las posibilidades futuras de la izquierda. No es lo mismo una estrategia de cooptación de las instituciones correístas que un pacto de trastienda, o que una nueva Asamblea Constituyente (sin mencionar, por inviable, la opción extrema de un golpe de Estado). La clave para la izquierda es alcanzar la mayor democratización posible dentro del recambio institucional, recambio que inclusive tendrá que llegar a medidas indispensables como la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Superintendencia de Comunicación y de la Secretaría para el Buen Vivir, por citar solamente las más desprestigiadas.

No resulta sencillo, sin embargo, acometer esta tarea desde una lógica que apunte a profundizar la democracia y la transparencia en la institucionalidad pública.

• Por un lado habría que enfrentar la perniciosa herencia autoritaria del correísmo y su práctica de control absoluto de los espacios de poder. Luego de diez años (hablamos de 2017) de una ausencia crónica de diálogo y negociación, resultará difícil poner en práctica una cultura de relacionamiento político más horizontal y equilibrada.
• Por otro lado, habría que enfrentar la voracidad, el pragmatismo y la falta de escrúpulos de la derecha no correísta y su apuesta por reproducir las mismas artimañas del pasado. Más que eliminar todo vestigio de correísmo, esta derecha se empeñará en sepultar a la izquierda, identificándola con y responsabilizándola por todos los males del gobierno de Alianza País: corrupción, arbitrariedad, ineptitud, irresponsabilidad fiscal, etc.

Junto con el desmontaje del aparato institucional, a la izquierda le toca desmontar la retórica correísta. No se trata, como algunos sugieren, de “recuperar las banderas” usurpadas por Alianza País, por la sencilla razón de que en la sociedad posmoderna la apropiación, tergiversación y manipulación de símbolos es un fenómeno incontrolable. Cualquiera puede presentarse como cualquier cosa. Este ha sido uno de los grandes éxitos del mercado. Se trata, más bien, de establecer con objetividad las verdaderas dimensiones del correísmo: su modelo de economía y de Estado, su estructura interna de poder, sus alianzas de clase (y, por ende, sus vínculos concretos con grupos empresariales), su visión de la democracia, sus prácticas políticas. Únicamente así se podrá poner en evidencia la incoherencia de su retórica de izquierda.

Desmontar el modelo económico será la tercera gran tarea del poscorreísmo. Y en este punto la izquierda enfrenta un desafío crucial: la reflexión descarnada sobre la idea del Estado como factor de transformación social. Porque esa fue la propuesta central sobre la cual el correísmo erigió su propuesta política, idea que contó con el respaldo y la complicidad de la mayoría de grupos de izquierda. La salida del neoliberalismo no se dio por vía de la recuperación de una sociedad devastada sino de la recuperación del Estado que, en el caso ecuatoriano, no había sido tan afectado como en otros países. El viejo y equivocado mito de la izquierda de asociar lo público con lo estatal facilitó la consolidación de un Estado que supuestamente iba a redistribuir la riqueza, y que terminó –como siempre– transfiriendo esa riqueza a los mismos grupos de poder. Lo único que distribuyó fueron los excedentes de la bonanza económica. La yapa.

El proceso de concentración de la riqueza y monopolización de la economía ocurrido en estos años se dio, precisamente, gracias al control estatal de los enormes ingresos fiscales generados por la recaudación tributaria y por el alto precio del petróleo. La forma de derivar la inversión pública hacia las arcas privadas confirmó el carácter  inequitativo que asume el Estado en el sistema capitalista; más todavía en un capitalismo distorsionado como el ecuatoriano. El sueño de inclusión que se le vendió a los sectores populares, sobre todo desde la publicidad oficial, encubrió un eficiente esquema de reparto de la riqueza entre los sectores económicos más poderosos.

En esta misma lógica de concentración de la riqueza, y como complemente de la aplicación del modelo económico señalado, el correísmo impuso un modelo de Estado centralizado que facilitó las grandes decisiones estratégicas. A este incremento del poder político en pocas manos le ha correspondido una mayor acumulación de capital. Las tasas de ganancia de los grupos monopólicos durante el gobierno de Alianza País no sólo son inéditas, sino exorbitantes. Y esto sin contar con los ingresos de la corrupción y de ciertas actividades ilícitas. Por eso también se debe desmontar esta manifestación de control centralizado y vertical incongruente con un ejercicio democrático del poder.

La centralización político-administrativa ha sido la principal cortapisa para obstaculizar la creación del Estado plurinacional. El concepto de autonomía prácticamente ha sido suprimido –o al menos distorsionado– desde el gobierno. El ataque sistemático al movimiento indígena apunta a debitar lo que para el correísmo constituye el principal escollo al proyecto de unificación de la matriz productiva alrededor de un esquema hegemónico de acumulación capitalista. El mundo indígena está considerado un anacronismo para la modernización capitalista, particularmente para aquella basada en una matriz extractivista. Desde esta visión, las circunscripciones territoriales indígenas entorpecen el desarrollo. Por añadidura, el bloqueo a la autonomía se ha extendido a todos los ámbitos de la administración pública y de la organización social. El Estado rector/controlador se erige como el paradigma de la organización del poder político.

 

Disputa de la izquierda en el poscorreísmo.

La derrota electoral de Alianza País en febrero de 2014 alteró la hegemonía y la estabilidad que el correísmo había logrado en los siete años previos. El desequilibrio se produjo no sólo por la pérdida de control de los principales espacios de poder local, sino por la irrupción de los movimientos sociales en el espacio público. A los pocos meses de la mencionada derrota, las calles del país empezaron a llenarse con las movilizaciones populares. Varias marchas convocadas por el FUT y la CONAIE en 2014 derivaron en un multitudinario Primero de Mayo un año después[2]. Aunque esta marcha contó con el contingente de varios sectores de clase media (algunos de los cuales inclusive se identifican con la derecha), que más bien hicieron presencia con el ánimo de debilitar al gobierno, no se puede desconocer su impacto simbólico para el movimiento popular. No es casual que a partir de esa demostración de fuerza se haya empezado a planificar un paro nacional y un levantamiento indígena. Es más, las movilizaciones populares de junio, previas a la visita del Papa, lograron recuperar y posicionar una clara identidad de estos sectores frente a las movilizaciones convocadas en la Avenida de los Shyris.

En estas circunstancias, tanto la marcha iniciada en Zamora como el paro y el levantamiento son acciones decisivas para la izquierda y los movimientos sociales. De la fuerza que se demuestre, y de los impactos políticos que se logren, dependerá la capacidad para definir una agenda alternativa a la derecha tradicional y al correísmo. Únicamente así la izquierda podrá establecer acuerdos más firmes y sólidos para el poscorreísmo (en punto comunes como la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la creación de un Consejo Nacional Electoral independiente, la aprobación de una Ley de Comunicación democrática, la devolución de los fondos jubilares del IESS, el archivo de las enmiendas constitucionales, la derogatoria de los decretos que afectan derechos fundamentales, etcétera) sin empeñar sus propuestas estratégicas. En ello radica la posibilidad de construir una contra-hegemonía que asegure un horizonte histórico para la izquierda, es decir un rol decisivo en las diferentes luchas políticas que deba enfrentar a futuro.

El escenario que se prefigura para el poscorreísmo supone, entre otras cosas, el abrupto desmontaje de un aparato institucional sustentado en el autoritarismo, la corrupción y el nepotismo. Justamente porque será un proceso vertiginoso se presentarán condiciones para que la izquierda y los movimientos sociales incidan y participen de manera directa en la reinstitucionalización democrática del país. No se trata del reparto burocrático de cuotas de poder administrativo, como algunos oportunistas estarán pensando, sino de la reformulación de las instituciones a partir de una auténtica visión democrática.En este probable itinerario, que podría ser birlado por un pacto de trastienda entre el correísmo y la derecha tradicional para preservar el statu quo y cubrirle las espaldas al régimen saliente, la izquierda tendrá que enfrentarse una vez más a su más temido desafío: la democracia. Democracia sin adjetivos ni calificativos. Ni la democracia liberal, ni el centralismo democrático, ni la democracia participativa. Simplemente la democracia como una noción realmente revolucionaria, en tanto propone la distribución del poder de decisión en la comunidad. Tal como debió haber sido siempre, desde que fue inventada como filosofía de la convivencia social; más que social, humana. En el debate sobre los distintos mecanismos –estos sí diferentes y particulares– para alcanzar esta democracia (elecciones, delegación, corporativismo, mediación partidaria, mercado, etcétera) la izquierda no puede perder ese referente fundamental de un proyecto civilizatorio.

Juan Cuvi (Coordinador Nacional)

NOTAS

[1]     No es casual que los principales grupos económicos del país sigan siendo, luego de ocho años de correísmo, los mismos del último cuarto de siglo. Cfr. Revista EKOS 20 años.

[2]     La asistencia a la marcha del Primero de Mayo de 2015 fue inédita en la historia laboral del Ecuador.
http://montecristivive.com/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201985

"La envergadura que adquiere la corrupción debería vincularse a la extensión y profundidad de las relaciones mercantiles y capitalistas".

Corrupción y capitalismo (1)
2 de mayo de 2013

Por Rolando Astarita

(…)En cuanto Argentina, todo indica que buena parte del dinero proveniente de la corrupción sale del país y se integra a las tenencias de argentinos en el exterior, que algunos calculan en unos 202.000 millones de dólares. Posiblemente, solo una pequeña fracción vuelve al país. Un ejemplo sería la compra de la gráfica Ciccone por el oscuro Old Fund (no es casual que los legisladores hayan estatizado la empresa sin averiguar el origen de esos fondos).

Vinculación con el capital financiero

Lo anterior demuestra la íntima relación entre las llamadas “burguesías nacionales” (y los gobiernos “nacionales y populares”) con el capital financiero internacional. No sólo porque la colocación en activos financieros internacionales es un destino favorito de muchos fondos, sino también por la misma naturaleza de las operaciones involucradas en hacer “productivos” los flujos de dinero sucio. Es que entre el atesoramiento de los flujos líquidos, y su lanzamiento al circuito de acumulación, debe mediar el lavado. Como es conocido, el lavado es el proceso por el cual el dinero recibido por una acción criminal, que no ha pagado impuestos, etc., se convierte en dinero aceptable legalmente, borrando las vinculaciones con su origen. Puede realizarse al interior del país, o en el exterior, y se realiza de diversas maneras, que involucran, en diferentes grados, la colaboración del Estado y del sistema bancario. Por ejemplo, se montan negocios que mueven mucho líquido; la mafia norteamericana, por caso, operaba con restaurantes, lavanderías y similares para blanquear dinero. Naturalmente, los órganos de recaudación y fiscalización, hacen “la vista gorda”. También se lava dinero mediante la confección de facturas apócrifas. Otra forma de lavado se da cuando los gobernantes aumentan sustancialmente, año tras año, sus declaraciones patrimoniales, en la seguridad de que la Justicia no averiguará sobre el asunto, o desestimará cualquier denuncia. Apuntemos que todas estas operaciones implican sumas destinadas a actividades improductivas; desde ese punto de vista, y contra lo que afirma Chang, se trata de un factor negativo para el desarrollo de las fuerzas productivas.

A su vez, cuando se trata del blanqueo en el exterior, es imprescindible la cooperación de las instituciones financieras internacionales, tanto para abrir cuentas, como para mover el dinero. Es que una de las operaciones más usuales consiste en mover el dinero muchas veces entre diferentes países y cuentas, a fin de que se pierda su rastro. Dado que en la actualidad el sistema financiero está altamente conectado, el dinero puede ser transferido a través de muchas jurisdicciones en cuestión de minutos. Los lavadores de dinero explotan la complejidad de estas interconexiones, así como las diferencias entre las leyes nacionales sobre lavado de dinero. Evidentemente, no es posible el lavado de esas siderales sumas de dinero sin el concurso de grandes bancos de las principales potencias. Al respecto, existen múltiples investigaciones y denuncias. Por ejemplo, Global Witness ha denunciado muchas veces la renuencia de los grandes bancos de EEUU a rechazar fondos sospechosos. Un caso representativo es lo sucedido con el HSBC. Según Global Witness, entre 2007 y 2008 la sucursal de México introdujo 7.000 millones de dólares en EEUU, que solo podían provenir de los negocios de la droga. En 2012 un subcomité del Senado de EEUU llegó a la conclusión de que el HSBC había permitido a lavadores de dinero, traficantes de drogas y terroristas mover sus dineros a través del sistema financiero estadounidense. La Justicia probó que por lo menos había lavado 880 millones de dólares para el cartel de Sinaloa, y fue condenado a pagar 1.900 millones de dólares en multas.

Global Witness también ha dado una lista de otros bancos que operan en grandes centros financieros y hacen negocios con funcionarios corruptos de Nigeria, Angola, Turkmenistán, Liberia, Guinea Ecuatorial y República del Congo. A su vez, en 2011 un estudio realizado por las autoridades reguladoras del sistema financiero británico encontró que los bancos de Gran Bretaña sistemáticamente no realizaban los controles anti lavado, en especial cuando se trataba de cuentas sospechosas. El sistema también colabora para que capitalistas de todo el mundo estén a salvo de los impuestos de sus países. Por ejemplo, en 2011 los miembros de la Delegación Florida de la Cámara de Representantes sostuvieron que, debido a las leyes de privacidad vigentes en el país, habría depósitos de no residentes en instituciones financieras estadounidenses por unos 1,3 billones de dólares. Indudablemente, con la extensión de las relaciones mercantiles, “todo se vuelve venal y adquirible” (Marx), y afecta incluso a las almas más puras y santas: en 2012 el economista Gotti Tedeschi, al frente del banco del Vaticano (el Instituto para las Obras de la Religión), encontró que detrás de algunas de las cuentas cifradas del banco se ocultaba dinero sucio de empresarios, políticos y jefes de la mafia. Entre estos últimos, estaba Matteo Denaro, jefe de jefes de la Cosa Nostra. Como vemos, no se trata solo de los paraísos fiscales, o de Suiza.

En cualquier caso, y con lo visto en este punto, se hace insostenible el argumento “nacional” de que la corrupción contribuye a las fuerzas “progresistas antiimperialistas”. Más bien parece tratarse de un intento de fracciones de burguesías atrasadas, y sus agentes y representantes, de insertarse en la mundialización financiera. Desde el punto de vista de la acumulación global, los fondos que salen del país -que no se destinan a ampliar la infraestructura productiva, la obra pública, etc.- constituyen una sangría de excedente.

 

Acumulación “primitiva”, corrupción y la deidad del dinero

La persistencia y extensión de la corrupción, y sus conexiones con el crimen, obligan a pensar en las razones del fenómeno. Como hemos señalado antes, desde el punto de vista de la teoría marxista, la explotación del trabajo y la acumulación de lo producido, no exigen, necesariamente, el fraude y la corrupción. Tampoco se puede sostener que las grandes orientaciones económicas son regidas por la corrupción, como piensa una parte del progresismo izquierdista argentino (véase aquí). Esta tesis (aunque aplicada sólo al menemismo) constituye el reverso de la que sostiene que “el” problema del país es la corrupción. (…)

Pero también la envergadura que adquiere la corrupción debería vincularse a la extensión y profundidad de las relaciones mercantiles y capitalistas. Nunca debería perderse de vista que la sociedad capitalista tiende a la mercantilización de todas las relaciones. Por eso, en última instancia, las virtudes y la decencia, incluidos votos de parlamentarios, y sentencias judiciales, se compran y venden, como cualquier otra mercancía. Detrás de las promesas de “nos preocupamos por la gente”, está el contenido de toda política burguesa (esto es, de toda política que defiende la propiedad privada y la explotación). Y el dinero, la encarnación misma del valor y del poder social, es el centro de la atracción. “La triste esclavitud en que el dinero mantiene al burgués se trasluce claramente en el mismo lenguaje de la burguesía. Es el dinero el que da valor al hombre. … Quien tiene dinero es respetable, figura en la “mejor clase de gentes”, escribía Engels en una de sus obras juveniles (1981, p. 513). Y por la misma época Marx, inspirado en Shakespeare, anotaba que “el dinero es la deidad visible que se encarga de trocar todas las cualidades generales y humanas en lo contrario de lo que son, la confusión y la inversión general de las cosas…. el dinero es la ramera universal, la alcahueta universal de los hombres y los pueblos” (1987, p. 643).

Ante esta “deidad-ramera-alchahueta” todo se sacrifica. ¿Qué importa que no se hagan obras para evitar inundaciones? ¿Qué importa que se desvíen fondos destinados a mejorar los ferrocarriles? ¿Qué importa que se utilicen subsidios para afianzar mi poder? ¿Qué me importan los muertos por inundaciones, por accidentes ferroviarios? ¿Qué me importa la gente sin trabajo ni recursos? ¿Qué me importa todo esto, si yo me enriquezco de la noche a la mañana? ¿Qué me importa si “el dinero convierte la lealtad en felonía, el amor en odio y el odio en amor, la virtud en vicio y el vicio en virtud, el siervo en señor y al señor en siervo, a la estupidez en talento y al talento en estupidez”? Ésta es la civilización burguesa “en acto”; y es la razón última de la corrupción generalizada.

 Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/05/02/corrupcion-y-capitalismo-1

 

Corrupción y capitalismo (2)
8 de mayo de 2013

Por Rolando Astarita

 (…)Hoy podríamos hablar de lumpen burguesía estatal para significar esa capa de altos funcionarios del estado, que no sólo recibe plusvalía bajo la forma de salario, sino también se apropia de otra tajada en tanto intermedia y habilita el enriquecimiento, o la formación, de nuevos capitalistas, sin transformarse por eso en explotadora directa del trabajo. Por lo general, estos sectores acumulan en los mercados financieros internacionales (bonos, acciones, depósitos en cuentas externas), o en propiedad residencial (en Miami, por caso). Tienen una lógica especulativa, que ni siquiera es la del prestamista que gana en el circuito “dinero – más dinero”; aquí es “dinero que surge de la nada” y se reproduce de la nada, para blanquearse y fundirse luego con el capital financiero internacional. Se trata de una lumpen burguesía estatal y financiera, que no pasa al estatus de capitalista productivo; es una especie particular de parásito, un tipo humano desfachatado y dilapidador sin límites, habituado a realizar todo tipo de fraudes y engaños, en combinación con fracciones del capital privado, interno o externo. Es curioso cómo un amplio abanico de la izquierda K (peronismo de izquierda, militantes y ex militantes del PC, intelectuales estilo 6,7,8 y similares) disimulan, o incluso justifican, con las más diversas excusas, la existencia de este fenómeno.

 

Corrupción, clase obrera y movimientos sociales

Si bien los marxistas rechazamos la idea de que la corrupción es la principal causa del atraso económico, o de los sufrimientos de la clase trabajadora, en el socialismo siempre existió una aguda conciencia de sus efectos negativos sobre la clase obrera y los movimientos revolucionarios, o incluso democrático reformistas. La preocupación ya estaba en Marx y Engels. Por ejemplo Marx, en carta a Liebknecht del 11 de febrero de 1878, decía que la clase obrera inglesa había sido “la más corrompida desde 1848 y había terminado por ser el furgón del gran partido Liberal, es decir, lacayos de los capitalistas. Su dirección había pasado completamente a manos de los corrompidos dirigentes sindicales y agentes profesionales”. Marx y Engels también estaban convencidos de que la clase obrera británica se beneficiaba de la explotación que realizaba Gran Bretaña en el resto del mundo, lo que daba lugar a un “proletariado burgués” (carta de Engels a Marx del 7 de octubre de 1858). Y Marx se refirió incluso al rol negativo de las cooperativas obreras sostenidas por el gobierno prusiano; en carta a Engels, del 18 de febrero de 1865, decía que “el apoyo del gobierno real prusiano a las sociedades cooperativas… carece de valor alguno como medida económica, pero en cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe a un sector de los obreros, y castra el movimiento”.

La idea de que la corrupción es un factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización y desorganización de la clase obrera, también está presente, incluso de manera más aguda, en Lenin y en Trotsky. Este último, por ejemplo, llegó a decir que la burocracia sindical “es la columna vertebral del imperialismo británico”, y “el principal instrumento de la opresión del estado burgués”; pensaba que en los países atrasados el capitalismo creaba “un estrato de aristócratas y burócratas obreros”, y que los sindicatos se transformaban (era el caso de México) “en instituciones semiestatales” que asumían “un carácter semitotalitario” (véase Trotsky, 1977). En un texto de los años 1920 sostenía que la burguesía norteamericana, como antes había hecho la británica, “engorda a la aristocracia obrera para mantener maniatado al proletariado” (1975, p. 67).

 

Todo esto es aplicable a la actualidad argentina (y sospecho, a la actualidad de la mayoría de los países capitalistas). Históricamente, la clase dominante -a través del capital privado, o del estado- ha buscado dividir, desmoralizar, desorganizar a los movimientos sociales o críticos. Es conocida la historia de los sindicatos. Hoy la burocracia sindical es socia del capital y del estado, a través de múltiples conexiones, como el manejo de obras sociales, la administración del ingreso de trabajadores a las empresas, la participación directa en negocios capitalistas, con colaboración, o no, de instancias estatales, y otras vías. La burocratización trae aparejadas, inevitablemente, las prácticas burguesas y represivas al interior de las organizaciones obreras.

 

Pero el mal se extiende también a los movimientos de desocupados, a organismos defensores de derechos humanos, y de cualquier tipo. Por ejemplo, actualmente las cooperativas de desocupados opositoras del gobierno K son discriminadas en la asignación de recursos, en tanto las adictas son recompensadas de múltiples formas. De esta manera, se consolida un sistema de tutelaje y corrupción de dirigentes sociales, a cargo del estado. Los casos son muy conocidos, y no hace falta abundar en ello. Señalemos también el rol de la corrupción para convertir a intelectuales críticos en apologistas del sistema, o defensores de alguna fracción de la clase dominante. En esta vena, es frecuente encontrar esos sujetos en los cuales, y al decir de Marx, “el charlatanismo en la ciencia y el acomodo en la política son inseparables”. Como es costumbre, estos intelectuales “progres” dirán -sesudamente, faltaba más- que no hay que denunciar esta corrupción porque “le hace el juego a la derecha” o porque “desprestigia a los sindicatos, a los movimientos sociales, o a la política”. Según esta tesis, no habría que denunciar la corrupción y la represión de la burocracia sindical, aunque son principales factores del debilitamiento de los sindicatos, para no debilitar a los sindicatos. Y lo mismo se aplicaría al resto de las organizaciones; y a ellos mismos. Es, por supuesto, un razonamiento absurdo (aunque acomodaticio). Los marxistas son conscientes de que la emancipación de la clase obrera no se logrará ocultando los problemas y las contradicciones. La crítica debe ir hasta la médula, y el principio de toda crítica es el rigor.

Textos citados: (…)

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/05/08/corrupcion-y-capitalismo-2

“El PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio”.

La “sintonía fina” del modelo sojero

Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y

 la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013

Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza (Grupo de Reflexión Rural)

Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.

En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.

Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.

Como dato adicional, es importante destacar el PEA² se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.

La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.

En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.

Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado

En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].

Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.

Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].

Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  

Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.

Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.

En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.

Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio

El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.

Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  

Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.

Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].

Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.

Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.

Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.

Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].

A modo de conclusión

El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.

Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.

El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).

La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.

Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.

Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.

La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización. Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.

Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.

Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  

"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].

Referencias: (…)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162247