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14 de noviembre de 2016

II. Luchas desde las diversidades de abajo por afirmar las autonomías de los pueblos y contra el capitalismo e imperialismos.

México: razón de Estado y 

resistencia de los pueblos
18 de febrero de 2014

Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios.

Por Magdalena Gómez
Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.

En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales: pelean de cara al Estado pero con la mira puesta en las transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la exclusión para los pueblos indígenas al trivializar los reconocimientos constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de expresiones huecas.
Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.
Si bien aún existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las maneras en que administran las políticas o a la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y del Banco Mundial, que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales -hoy transformados en lógica neoliberal.
Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El Estado nacional, en la nueva lógica, garantiza la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho sobre el territorio se encuentra ausente y ello no se subsana al considerarles retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.
En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad. Se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes mayorías que han sido marginadas y excluidas).
Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está recomponiendo a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los territorios ancestrales de los pueblos.
Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en México y en el resto del continente.
Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal, pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.
A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial en torno a la supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de Francia. Coexisten varios pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes, zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen nada y que los proyectos son del Estado mexicano y se realizarán aún en contra de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras ejidales y comunales.
Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en unidad, pues en esta nueva etapa del despojo se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora quieren destruir los cimientos, señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos año con año porque así nos mandaron”.
Hacia el norte encontramos las batallas del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.
Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.
Toda esta serie de amenazas se ciernen sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años, por qué veneran, por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar la importancia de los ritos y de los lugares rituales.
Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado reordenamiento territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan Sabines de las ciudades rurales, que son formas de concentrar a la gente, “urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo. Mientras, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por los paramilitares, mediante programas y proyectos que no mitigan la pobreza.
Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de Temacapulín ha dado la batalla legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en Michoacán, con su cauda de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.
Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho, así como la oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán, Michoacán, que logró instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan ¿hasta dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?
Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]
Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países, aunque la mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de sobrevivencia.
Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.
Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.
Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios. Urge romper el ciclo de resistencias meramente reactivas y trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o progresistas.
Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.
A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.
Nota:
[1] Casos planteados en reunión con movimientos indígenas realizada el 30 de noviembre de 2011 en el IIE UNAM.

I. Luchas desde las diversidades de abajo por afirmar las autonomías de los pueblos y contra el capitalismo e imperialismos.

VIII Foro Social Panamazónico
Declaración Foro Nacional Perú 
en camino al VIII FOSPA–Tarapoto

7 de noviembre de 2016
Por Foro Social Panamazónico Perú (forosocialpanamazonico.com)

Las mujeres, los hombres y los jóvenes de la Amazonía, de los Andes y la Costa peruana, representados por las organizaciones indígenas, organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil y movimientos sociales asistentes, sostenemos que el sistema capitalista y la globalización viene imponiendo un modelo de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles, que amenaza la seguridad de los territorios indígenas y no prioriza el cuidado de los bienes de la naturaleza. Este modelo genera deforestación, contaminación de cabeceras de cuenca y ríos, y destrucción de la naturaleza, con lo cual somos testigos de la alteración de los ecosistemas y el agravamiento de los impactos negativos del cambio climático.
Asistimos a un proceso acelerado de acaparamiento de tierras y monocultivos que pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y que se expresa entre otras cosas en el incremento de la migración, la fragmentación del territorio y la deforestación. Este proceso se ve facilitado por las inadecuadas e inaplicables políticas agrarias que contribuye a la pérdida de productos tradicionales por promover principalmente productos para la exportación como la palma aceitera, cacao, etc., funcionales a la lógica del mercado, que no contribuyen a lograr soberanía y seguridad alimentaria.
A esto se añade el no reconocimiento del aporte de las mujeres amazónicas, andinas y costeñas y la consecuente pérdida de conocimientos ancestrales que atenta contra el cuidado y promoción de la biodiversidad, aspecto central para el bienestar de la humanidad.
Este modelo de desarrollo no responde a las necesidades de nuestros pueblos ni se enriquece de nuestros modelos de Vida plena/Buen Vivir, pero además nos afecta porque agudiza la inseguridad alimentaria, la pérdida de saberes ancestrales como aporte a la lucha contra la pobreza y cambio climático, poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones y recortando sus posibilidades de desarrollo, así como la vida del planeta.
Este modelo de desarrollo favorece exclusivamente a las empresas y las grandes inversiones privadas mediante leyes que rebajan los estándares ambientales y atropellan los derechos de los pueblos, especialmente los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, y aumenta los conflictos socioambientales. Los megaproyectos extractivos y de infraestructura impactan con mayor fuerza a las mujeres (trata de mujeres y niñas, violaciones, embarazos adolescentes, niños/as abandonados/a). Con ello viola los derechos fundamentales de los pueblos.
Desde la unidad ecológica y diversidad cultural de la Amazonía y los Andes, donde los ríos amazónicos nacen en los Andes y los bosques amazónicos llevan las lluvias a los Andes, en un vínculo indesligable de reciprocidad y complementariedad, los pueblos que los habitamos compartimos la visión integral del territorio como espacio de vida y relación armónica con la naturaleza, de saberes ancestrales y ejercicio de su libre determinación, y enfrentamos las mismas amenazas.
En defensa de nuestros territorios y de los bienes de la naturaleza, acudimos al llamado del bosque y DECLARAMOS:
Nosotros y nosotras rechazamos la intensificación del modelo de desarrollo que prioriza la extracción de los bienes de la naturaleza y pone en un segundo plano la vida de nuestros pueblos.
Nos afirmamos en la defensa de la vida y los bienes de la naturaleza como elementos fundamentales para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo.
Hacemos un llamado a movilizarnos rumbo al VIII FOSPA y expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de todos los países de la Panamazonía en su lucha por la defensa de su territorio y la autodeterminación de los pueblos.
Demandamos al Estado:
  • El reconocimiento del territorio integral ancestral de los pueblos indígenas u originarios, con la titulación colectiva de sus territorios para el ejercicio de su autogobierno en la construcción del Buen Vivir / Vida Plena. Reconocimiento de la gestión indígena de los territorios, bosques y bienes naturales.
  • Desde un diálogo auténticamente intercultural con los pueblos indígenas, la implementación efectiva del Convenio N° 169 de la OIT, garantizando la participación de las mujeres y los jóvenes.
  • La construcción, con las organizaciones indígenas, de una sólida, representativa y participativa institucionalidad estatal para los pueblos indígenas. Planteamos crear un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios.
  • La derogatoria de los tratados de libre comercio y no firma del TPP, porque vulneran los derechos humanos y colectivos y atentan contra la soberanía y seguridad alimentarias.
  • Derogatoria de los paquetazos ambientales y de todas las normas que atenten contra los bienes de la naturaleza.
  • Intangibilidad de las cabeceras de cuencas. Siembra y cosecha de agua de lluvia, protección y cuidado de los ojos de agua. Tratamiento de aguas residuales y establecimiento de rellenos sanitarios.
  • Establecer, junto con las comunidades campesinas, comunidades nativas y la sociedad civil, mecanismos de alerta temprana frente a conflictos socioambientales. Diseñar participativamente estrategias nacionales de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Creación de un distrito electoral indígena, para la elección directa de representantes de los pueblos indígenas u originarios en todos los niveles de gobierno.
  • En materia educativa, un diseño curricular diversificado con enfoque ambiental e intercultural. Revaloración de la identidad cultural en todos los niveles educativos. Reconocimiento oficial de la educación intercultural comunitaria.
  • Suspensión de permisos forestales y de megaproyectos de infraestructura (carreteras, represas, líneas de transmisión).
  • Que se respete la labor de las mujeres indígenas amazónicas y andinas como Defensoras de los Derechos, de la vida, territorios y la naturaleza, que se asegure su labor de Defensoras para que no sigan siendo violentadas en sus comunidades por las empresas y el Estado. Exigimos derogar las leyes que criminalizan la protesta.
  • Reconocimiento de los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, así como de sus aportes en la mitigación y la adaptación. Protección y promoción de los saberes ancestrales de las mujeres indígenas.
  • Prevenir y enfrentar de manera efectiva todas las formas de violencia que los megaproyectos extractivos y de infraestructura llevan a las comunidades. Las políticas de Estado por la equidad y contra la violencia de género deben tener e implementar un enfoque intercultural.
  • Promoción y articulación de modelos alternativos, con respeto a pluriculturalidad y la libre determinación de los pueblos: experiencias productivas y económicas propias. Formación de asociaciones productivas. Desarrollo del turismo ecológico y comunitario. Agricultura alternativa: agroforestería y agroecología. Reforestación con plantas nativas, piscigranjas. Valor agregado a productos del bosque no maderables.
  • Priorizar, favorecer la agricultura familiar como forma de lograr la seguridad y la soberanía alimentaria, mediante la aprobación de la ley de seguridad alimentaria y nutricional. Como parte de ello, desarrollar políticas y programas para promover la recuperación, conservación y cultivo de nuestras semillas amazónicas y andinas. Implementar la ley de agricultura familiar.
  • Garantizar presupuestos para combatir el cambio climático con enfoque de riesgos. Promover las energías renovables.
  • Elaborar, con los pueblos indígenas u originarios, los mapas de riqueza que identifiquen los bienes naturales para su protección y conservación. Recuperación de áreas degradadas y reparación de pasivos ambientales. Recuperación de especies en peligro de extinción. Protección de la biodiversidad.
  • Para garantizar la defensa de los derechos, del territorio y los bienes de la naturaleza, exigimos un referéndum para una nueva Constitución Política del Estado, que cambie el modelo extractivista primario exportador por un nuevo modelo encaminado hacia el Buen Vivir / Vida Plena.
Nos comprometemos a:
  • Articularnos en un gran colectivo nacional para la vigilancia, monitoreo, movilización e incidencia en torno a una agenda nacional articulada.
  • Fortalecer las capacidades y los liderazgos en nuestras organizaciones. Incidencia pública en los medios de comunicación.
  • Vigilar a las autoridades elegidas y el cumplimiento de sus planes de gobierno presentados en campaña electoral.
  • Realizar incidencia política en los gobiernos regionales y locales para proteger el bosque y las reservas naturales.
  • Promover las reformas de los estatutos comunales para el reconocimiento pleno de las mujeres como comuneras calificadas, para que también decidan sobre la gobernanza de los territorios, bienes naturales y bosques. Incorporar en los planes de vida de las comunidades las demandas de las mujeres indígenas. Darles participación en los mecanismos de justicia comunales para erradicar la violencia familiar.
  • Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en nuestras organizaciones, con equidad de género en las directivas. Que sus voces sean escuchadas y sus aportes reconocidos en todos los espacios de diálogo y decisión.
  • Sensibilizar y difundir la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria.
  • Promover, revalorizar, actualizar e intercambiar conocimientos y prácticas sobre la medicina tradicional, adaptación y mitigación del cambio climático, protección de los bosques, agricultura orgánica, soberanía alimentaria.
  • Enfrentar el consumo depredador generando estilos de consumo responsables.
  • Conocer más a fondo los mecanismos para la reducción de emisiones. Implementar mecanismos de alerta respecto a la piratería del carbono.
  • Construir una sociedad de paz y armonía entre los pueblos y con la naturaleza.
Tarapoto, 29 de octubre de 2016

15 de octubre de 2016

III. Advirtamos: “El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizándolo”.

La política minera de Macri: 

extractivismo recargado
23 de febrero de 2016

El anuncio por parte del gobierno de Mauricio Macri de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, además de garantizar un incremento sideral de la ya de por sí millonarias ganancias de las empresas trasnacionales dedicadas a este tipo de explotación, obliga a realizar un balance de los doce años de política minero-energética dinamizada por el kirchnerismo, así como del papel que ha jugado el Estado, e incluso el sistema científico nacional, en el sostenimiento y agudización de este modelo. Para analizar en profundidad la nueva medida y las raíces profundas del extractivismo en Argentina y en la región, desde Enredando las Mañanas conversamos el viernes 19 de febrero con Horacio Machado, docente de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador del CONICET.
Por RNMA
¿Cuál es tu lectura del decreto Nº 349 que quita retenciones al sector minero? ¿Qué viene a plantear de novedoso esta iniciativa macrista con respecto al kirchnerismo en la materia?
En realidad la quita de las retenciones es correr todavía más el umbral del despojo, porque estamos ante un paquete tributario que fue pergeñado en la época de Martínez de Hoz, después concretado con la ley Nº 2456 y sus correlativas con Menem, y eso no fue tocado en absoluto durante los 12 años del kirchenirsmo. El antecedente de esto es que en el año 2007, en un contexto de salto de la cotización internacional de los minerales con ganancias extraordinarias, el gobierno de Kirchner mediante resoluciones administrativas de la Secretaria de Minería, impone retenciones del 5 al 10% a las mineras. Obviamente las mineras apelaron esto, iniciaron un proceso judicial, porque afectaba los 30 años de “estabilidad fiscal” que le garantiza la ley 24196. Lo que vino a hacer Macri es eliminar esas retenciones, y lo que me llama mucho la atención es que esta medida fue anunciada como un “estimulo” de apoyo a las economías regionales. Lo cual en realidad es un disparate, ya que tiene efectos y consecuencias completamente contrarias. El modelo minero es un modelo de enclave, beneficia exclusivamente a empresas transnacionales, por lo tanto, resulta irrisorio y ofensivo para la inteligencia media que en el decreto se mencione que se quiere favorecer pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que las exportaciones mineras esta 100% concentrada en grandes oligopolios de empresas transnacionales. Las empresas pequeñas y medianas que trabajan con la minería son minería de cantera, dedicada a la construcción y al mercado interno, y no tienen ningún tipo de exportación. No hay ninguna justificación más que granjearse la simpatía de los capitales. Nada mas que eso. Porque ni siquiera modifica significativamente la búsqueda que se pretende de atraer inversiones.

Si tuvieras que hacer un balance o señalar los aspectos principales del modelo minero de 12 años de kirchenirsmo, ¿qué nos dirías?
Una cosa que resulta llamativa de este anuncio es cómo gobernadores de provincias alineadas con el kirchnerismo estuvieron presentes apoyando y celebrando esta quita de retenciones. Habría que preguntarse por qué esto. En realidad en el año 2004 el presidente Kirchner anuncia el Plan minero argentino. El mismo modelo de saqueo ahí tiene una inflexión y empieza a tener una retórica de que la minería podría aportar al desarrollo nacional, a la industrialización, y bajo esa retórica se pretendió justificar la continuidad de un modelo que venía dentro de los lineamientos del Consenso de Washington. Porque hay que decir que las leyes mineras de los ’90 fueron impuestas por el Banco Mundial a nuestro país y a otros 190 de toda América Latina, Asia y África. Tiene que ver con una re-localización general de las grandes empresas mineras, que tenían fuertes costos sociales, ambientales y tributarios en el norte, y empiezan a buscar nuevas reservas de estos yacimientos en los países del sur. El Banco Mundial impulsa entonces una transformación de todo el marco legislativo, con el objeto principal de garantizar la rentabilidad de estas empresas. Este es el modelo que no se tocó, no se vio afectado, de hecho el Secretario de Minería del kirchnerismo, Jorge Mayoral, tiene fuertes vínculos con empresas mineras, él mismo es un empresario minero, entonces esto de la “ceocracia” podemos decir que ya tiene antecedentes en el modelo minero del kirchenirsmo. Con respecto a los gobiernos provinciales, hay que decir que este modelo minero profundiza una economía rentística. Los gobiernos provinciales no están interesados en el desarrollo del aparato productivo de los sectores locales, la minería no genera empleo.

Estamos ante una economía de enclave, no tiene ningún tipo de encadenamiento con la economía local, al contrario, tiene efectos negativos, porque se trata de una actividad que consume muchísimos recursos hídricos y energéticos, que producen el desplazamiento de otras actividades locales. Nosotros siempre decimos que más que generar empleos producen destrucción de empleos, y esto se puede constatar a lo largo de las investigaciones, no solo en nuestro país sino a lo largo de toda América Latina. Para que tengan un dato que ejemplifica esto, los casos de Chile y Perú, cuyas exportaciones mineras están alrededor del 70% del total de las exportaciones (un sector mucho más expandido), el empleo minero es menos del 1% del total de la población económicamente activa en estos países. De manera tal que se trata efectivamente de un modelo de saqueo, y volviendo a lo que decía con respecto a cuál es el interés que tienen los gobiernos provinciales para apoyar este tipo de medidas, es que captan una mínima renta que les permite profundizar un modelo asistencial-clientelar que es el que predomina en estas provincias.

Conversando hace un tiempo con Raúl Zibechi desde la radio nos decía que el extractivismo no respeta a quien lo gestiona. Queríamos preguntarte por algo tan incómodo para la izquierda latinoamericana, y tan angustiante para los pueblos del continente, como es el dilema del extractivismo, que condiciona a países que tienen una larga tradición en ese sentido, como Bolivia, donde el despojo ha sido una constante desde Potosí hasta hoy con el auge del Litio, o Venezuela, donde el rentismo petrolero le ha generado una encerrona al proceso bolivariano. Sabiendo que no es una respuesta sencilla, y que incluso resulta todo un desafío salir del extractivismo en esas economías tan ancladas forzosamente en la extracción de bienes minerales o gasífero energéticos, ¿cuál es tu reflexión respecto de la coyuntura que vivimos a nivel continental?
Creo que la fuerza de los movimientos populares y la izquierda comprometida con procesos emancipatorios tiene que reflexionar fuertemente sobre esto. Los procesos de transformación que se han dado han significado un avance importante, sobre todo si uno los compara con las políticas del Consenso de Washington. Tenemos que pensar qué es lo que se ha transformado. El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizando un aspecto medular del capitalismo periférico dependiente. Evidentemente hay acá una encerrona, que tiene que ver con el hecho de que en estos primeros momentos los gobiernos progresistas necesitaron reactivar la economía interna, generar puestos de trabajo, reactivar el consumo. Pero en un punto, nunca estuvo en agenda la transformación de la estructura productiva y la transformación del modelo de inserción periférico dependiente del país. El extractivismo no es solo un problema de nuestras economías, es una función metabólica del capitalismo a escala global. Es decir, se hace extractivismo acá, porque hay consumo sostenible en los modos de vida imperiales de los países dominantes. Mas allá de los flujos financieros y de las utilidades que se remiten desde el sur hacia el norte, nosotros ponemos mucho énfasis en los flujos materiales y los flujos de energía, quienes son en definitiva los que controlan, usufructúan y disponen de los territorios y las energías corporales de nuestras poblaciones.
En ese sentido, ¿qué papel juegan los pueblos organizados, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo todos estos años a este saqueo por parte de los malos gobiernos y las multinacionales?

Yo creo que el movimiento socio-territorial que ha venido tratando de batallar frente a esto, configura un espacio de lucha política fundamental para nuevos procesos de subjetivación política. Hay nuevos sujetos políticos que se empiezan a constituir y se empiezan a sumar. Y el gran desafío es cómo articular y sumar con sujetos políticos que tuvieron sus procesos de irrupción en otras épocas y otras fases, como el movimiento obrero, el movimiento de desocupados, el movimiento feminista, campesino y de pueblos originarios. El movimiento socioterritorial que lucha contra el saqueo y la devastación de nuestros bienes naturales, configura un proceso de subjetivación de nuevo tipo, y que viene a dar nuevos contenidos a la idea de revolución. A la idea de un horizonte socialista que no piensa que solamente se puede concebir la justicia en términos de redistribución de la riqueza, sino que tenemos que pensar en una re-significación de la riqueza y preguntarnos qué significa la idea de riqueza más allá del velo del dinero y del velo de la mercancía.

Por ultimo, siendo muy cercano a las luchas socio-ambientales en todo este tiempo, pero también parte de la Universidad y de un sistema científico que, por lo general, tiende a ser cómplice de esta política de despojo, saqueo y colonialidad, ¿cuál es tu reflexión sobre el papel que ha cumplido la ciencia, la universidad, la investigación, muchas veces acompañando y siendo cómplice, como en el caso especifico de las universidades, que vienen recibiendo fondos de ese mismo engranaje, sumamente aceitado, que se basa en el saqueo y la contaminación constantes?
Es un tema muy interesante y estratégico. Los presuntos científicos y técnicos académicos, prestan un servicio muy importante a la política de saqueo, que tiene que ver con la legitimación bajo un halo presuntamente científico de estas políticas neocoloniales. Y la verdad es que estas políticas de saqueo y extractivismo, no solo en el tema minero sino sojero, petrolero, etc., ha partido a la comunidad académica, produciendo re-acomodamientos en términos de intereses. De un lado, podemos ver la oficialidad de las instituciones del sistema científico y universitario, que se han plegado mayoritariamente a estas políticas de legitimación del extractivismo. Por eso no es casual tampoco la continuidad de Lino Barañao, siendo ministro de Cristina Kirchner y continuando hoy con Macri. Por otro lado, también hay muchos otros científicos, docentes que han venido dando una batalla muy desigual y acompañando a lo que creemos como un aspecto estratégico para los procesos de emancipación: la reivindicación de una ciencia que tiene que estar al servicio de los intereses populares y no al servicio de las grandes transnacionales. No puedo deja de mencionar el caso emblemático de la lucha de Andrés Carrasco, denunciando los efectos letales del glifosato y que con toda su carrera académica ha sido completamente marginalizado por el CONICET.

También el extractivismo constituye al ámbito científico y de las universidades en un espacio de disputa, donde nosotros como sujetos activos de esto (me refiero a toda la comunidad académica: estudiantes, docentes e investigadores), tenemos que corrernos de esa pretensión ingenua de neutralidad. El conocimiento no es políticamente neutro, tiene efectos en términos de practicas, de legitimación de ordenes sociales, entonces tenemos que asumir cabalmente las consecuencias de nuestras investigaciones y del lugar donde nosotros estamos parados. Esto da mucho para hablar, pero simplemente quería remarcar con fuerza que hay pueblos que están movilizados.

La política del extractivismo atraviesa las lógicas de los partidos, las izquierdas y las derechas, y nos lleva a pensar nuevos procesos de subjetivación política y horizontes para imaginar por dónde van los desafíos de la emancipación, de la transformación real de este capitalismo periférico dependiente; las cosas que están pasando hoy en Venezuela son indicativas de la complejidad del escenario y me parece que por ahí hay que buscar este tipo de alternativas.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11536

II. Advirtamos: “El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizándolo”.

Crecidas e inundaciones, 

el extractivismo arrasa los territorios
4 de marzo de 2015


Argentina/Resumen Latinoamericano/ La Izquierda Diario


Por Leonardo Rossi, periodista especializado en extractivismo

 

Técnicos y organizaciones sociales habían advertido el impacto del desmonte y la avanzada inmobiliaria


Tal vez la definición de “Tsunami” del gobernador José Manuel de la Sota fue la expresión que mejor sintetizó esa intención por negar los antecedentes que podrían haber cambiado el cuadro frente a las recientes crecidas de ríos e inundaciones en Córdoba. Las abundantes lluvias, entre 200 y 300 milímetros en menos de doce horas según la zona, son un dato objetivo. También lo son la cantidad de hectáreas desmontadas en determinada cantidad de años, la ubicación geográfica de un loteo, los incendios y la capacidad de recuperación del monte nativo, entre otros factores. Organizaciones ambientales, técnicos e investigadores vuelven a expresar lo que con poca repercusión manifestaron antes del ’tsunami’: la descontrolada urbanización y avance de la frontera agro-empresaria tiene un alto costo social y ecológico. “Estas crecidas no son mero producto de precipitaciones, sino fruto de la acumulación de acciones extractivistas”, define el geógrafo Joaquín Deón, quien realizó una extensa tesina de grado sobre el uso del suelo y el agua en Sierras Chicas. “Lo que ocurrió estaba predicho, y en esta dirección se va a agravar”, agrega la doctora en arquitectura Beatriz Giobellina, especializada en planificación urbana.

Las precipitaciones ocurridas entre el domingo 15 y el lunes 16, y su impacto social (al menos ocho muertes) y en infraestructura (caída de puentes, rotura de sistemas hídricos, anegamientos de calles, pérdida de viviendas) abrió la puerta a una discusión amplia sobre la cuestión ambiental. Sin embargo eran varias las alertas sobre hechos de este tipo. En las 287 páginas de su trabajo Deón realiza un extenso repaso en torno a la gestión del agua y el territorio, cita antecedentes internacionales, para luego ubicarse en las Sierras Chicas y finalmente se adentra específicamente en la cuenca del Chavascate, donde se ubican Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano, La Granja. Escasez y exceso de agua son dos caras de una misma moneda, la falta de planificación estratégica, abordada en el trabajo. “Lo que motiva la presente investigación es analizar el creciente trabajo de organizaciones que buscan revertir los procesos de ‘avance de la frontera urbana y minera’ sobre el área de cuenca”, apunta el investigador en su trabajo.
La investigación aporta un dato que cobra un rico sentido en estos días. Los principales municipios de las Sierras Chicas, que ocupan 1760 kilómetros cuadrados y albergan hoy más de 140 mil personas, “nacen el mismo año (1939) en que se producen las principales y más trágicas crecidas de arroyos e inundaciones asociadas a fuertes tormentas que precipitaron más de 130 milímetros en pocas horas”. Entre diferentes llamados de atención a este tema, Deón resalta las advertencias de vecinos de Villa Allende por las crecidas, y la falta de planificación urbana, realizadas ya en el año 1989. Justamente esta ciudad una de las más afectadas en las últimas semanas. Por si hace falta aclarar, la investigación del geógrafo no fue realizada en las últimas horas, está fechada en junio del año pasado, y recupera otros trabajos realizados en la misma línea. También recuerda que el 12 de marzo del 2000 “precipitaron entre 100 y 120 milímetros de agua en no más de dos horas”. “La inundación ocasionó la evacuación de más de 600 personas, la muerte de tres personas en La Calera, y la destrucción de varias viviendas.”

 

Desmontes y urbanización

Entrevistado para esta nota, Deón señala que “incendios, urbanización y desmonte van de la mano” para desembocar en este tipo de acontecimientos, o su reverso: la sequía. El repaso histórico que realiza sobre el avance de los cambios en el uso del suelo (de áreas de bosque a usos agrícolas, urbanos, e industriales), dice que en las más de 93.500 hectáreas de cuenca media, se perdió un 40 por ciento entre 1940 y 1980; un 5 por ciento entre 1981 y 1990; más de 8 por ciento entre 1991 y 200; y un 9 por ciento en la última década. Los incendios muchas veces fueron la antesala al cambio en el uso del suelo. Entre 2004 y 2013 llegan a 75.220 hectáreas quemadas acumuladas, un 40 por ciento menos que la década anterior, pero “en áreas que se han incendiado más de dos veces en los últimos 20 años”.
Aunque Deón pone el foco en la zona del Chavascate, y los conflictos por el territorio entre 2007-2012, aporta varios datos que exceden ese recorte y sirven para analizar el cuadro en Sierras Chicas y alrededores. La no aplicación de legislación para gestionar cuencas, la falta de trabajo de los municipios entre sí y con organizaciones sociales, y como punto macro la ausencia de gestión participativa de los territorios salen a la luz a lo largo de todo el trabajo, y preanuncian situaciones como la de las últimas semanas.

Entre las conclusiones, el geógrafo dice sin lugar a dobles interpretaciones: “Los aspectos que restringen la posibilidad de una gestión participativa e intergubernamental de la cuenca del Río Chavascate, son los intereses económicos, políticos y culturales puestos en juego por los diversos agentes del subcampo económico empresarial y del subcampo político-cultural articulados a diversas escalas con miembros del metacampo Estatal o formando ellos mismos parte de este metacampo”. Y destaca que “las inversiones inmobiliarias y turísticas en la cuenca han reconvertido a espacios loteados o chacrarizados (subdivididos en chacras) las áreas de bosque ocioso”.
Es basta la bibliografía sobre el rol fundamental del bosque nativo como regulador del escurrimiento del agua. Publicado a fines de 2014, un trabajo del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC, también referido al Chavascate, apunta que “la deforestación de toda la cuenca alcanza una tasa anual del 0,5 por ciento, mientras que el incremento de uso urbano-agrícola, un 2 por ciento anual (valor altamente significativo)”. El documento de 38 carillas, firmado por la agrónoma Alicia Barchuk, plantea que en esa zona “sería necesario recuperar 4617,3 hectáreas” de bosque. Como en otros textos académicos se dejó claro que es “esencial que mediante un ordenamiento territorial se limite el avance de la frontera urbana”.

 

Denuncia desde el territorio

Desde las organizaciones sociales también se plantea la misma problemática. La Mesa del Agua de La Granja añade que “los desmontes e interrupción de cursos naturales de agua en la zona alta y media contribuyen a que la absorción de agua sea casi nula y que el suelo se impermeabilice”. “Así el agua corre desde los acuíferos como por avenidas asfaltadas transportando casi la totalidad de lo precipitado provocando cuantiosos daños río abajo, muy superior al que podría haber provocado de existir el monte de antaño”, describen. La mesa sostiene que “no sólo los desmontes en la zona alta provocan daños” también “la invasión de los emprendimientos inmobiliarios en la línea de sirga de los ríos que atraviesan los pueblos se convierten en principal foco de destrucción y caos social”. Desde la tesina de Deón se advierte técnicamente lo que gritan los vecinos: “Deberá regularse la superficie de cubierta vegetal nativa y general que cada propietario de inmueble en la zona ya loteada debe respetar, de lo contrario se perderán alrededor de entre 50 y 130 hectáreas anuales de bosque en toda la cuenca con el avance de la edificación”.

 

Desplazados

“Lo que ocurrió es crónica de una muerte anunciada”, asegura Beatriz Giobellina. La doctora en arquitectura, especializada en planificación urbana y su vínculo con el ambiente, coincide con Deón en que “el crecimiento urbano no planificado, muchas veces en zonas inundables, lleva a este tipo de situaciones”. “Esto se va a agravar si no se limita el crecimiento urbano, se crean reservas, se frena el desmonte, y se deja de lotear”, enumera. Para Giobellina debe analizarse la cuestión del precio de la tierra. Más allá de que las crecidas golpearon en zonas de casas de fin de semana, la peor parte la llevaron las familias pobres o de clase media, que muchas veces se han ubicado en terrenos de las Sierras Chicas o en la periferia de Córdoba no tanto por elección sino por falta de recursos. “Conozco personas que están en zonas de Sierras Chicas sumamente riesgosas porque han conseguido el terreno a un precio accesible, pero son lugares donde tal vez no debiera haber población”, analiza. En este sentido “aparece el concepto de desplazado ambiental, el tema es que al no tener recursos y no haber políticas para esas personas, deben regresar a ese sitio”.
La lectura de Giobellina agrega otra arista más a la problemática de las últimas semanas y tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que por un lado desplaza de forma indirecta poblaciones a costa del alto precio de la tierra, y por otro avanza sobre territorios frágiles no tanto por necesidad habitacional sino más bien para brindar inmuebles de lujo, incluso a veces deshabitados que sirven como mero bien especulativo. Para ilustrar esto vale repasar un interesante artículo del grupo académico Llano en Llamas (UNC y Universidad Católica), del año 2013, donde se apuntaba que “el área destinada al uso urbano aumentó entre 1991 y 2001 un 320 por ciento por encima del crecimiento poblacional”. Mientras que “el valor de los terrenos dentro del anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en promedio -entre noviembre de 2007 y febrero de 2011- alrededor del 50 por ciento” y en algunas zonas llegó al ciento por ciento. Un dato que no puede soslayarse es que la Sierras Chicas son parte del área metropolitana de la segunda ciudad del país. De no regularse estos puntos, “el modelo de desarrollo de Córdoba es insustentable por donde se lo mire”, concluye la arquitecta.

 

Cambiar el rumbo

Como propuesta, Deón sostiene que “deberán acordarse y establecerse los mecanismos necesarios, abiertos a la comunidad, para ordenar estos territorios desde lo social y lo técnico”. “El agua es fuente de vida y de poder, cuando está y cuando falta, pero la tierra que la sostiene es también fuente de lucha y de poder; así, es la voluntad política, la que debe empoderar a los gobernantes y vecinos para cambiar el rumbo del uso del suelo en estas cuencas, en esta tierra y por esta agua”, dice en uno de los últimos pasajes de su trabajo.
Entrevistado, Deón valora “el debate de los últimos días en torno a qué es realmente desarrollo y crecimiento”. “El tema será quién termina decidiendo en torno al ordenamiento territorial”, dice, y automáticamente da la respuesta: “La comunidad debe dar la respuesta”.
*El autor ha colaborado con Página/12, Revista Acción (IMFC), Revista Marcha, Noticias Aliadas y Latein Amerika (Alemania), entre otras.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/03/04/crecidas-e-inundaciones-el-extractivismo-arrasa-los-territorios/

I.Advirtamos: “El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizándolo”.

No al fracking, sí a la vida
30 de septiembre de 2016

Enredando Las Mañanas dialogó con Martín Guillermo Álvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur quién realizó un análisis acerca del acuerdo entre YPF y Chevron por la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y profundizó en el actual debate acerca de las cláusulas ocultas del contrato. 

Por RNMA.
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Martín Guillermo Álvarez nos invita a hacer un recorrido de lo que fue el acuerdo entre YPF-Chevron para comprender la situación actual de nuestro país en relación a dichas empresas. “El acuerdo es un hecho histórico, porque viene a decantar todo un proceso donde Argentina decide enmarcarse lo que es esta locura de extracción de hidrocarburos no convencionales con el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking”, explicó Martín
Estados Unidos era el único país donde se explotaba de manera masiva, y lo que permitió este acuerdo es que comience  la explotación de los hidrocarburos no convencionales en escala masiva en Argentina, posicionándolo como el segundo país.  
“Uno cuando veía todas las condiciones que se estaban dando en el contrato, veía que en función de hacer que el hidrocarburo fluya, de poderse hacer de esas rentas, de esas regalías y poder revertir ese problema que se tiene todavía con la demanda gasífera, todo eso hacía que uno se encuentre o se vea ante el preludio de una nueva entrega o un nuevo saqueo”, reflexionó el integrante del Observatorio y agregó que “decimos nueva entrega porque venimos de un proceso que duró desde fines de los 90 hasta el 2005, de una explotación despiadada sin ningún tipo de inversión de los recursos convencionales, que termina con Repsol expropiada por no haber invertido y explotado y haber generado hasta desinversión”.  
El caso de Ecuador es una clara muestra de los daños que produjo Chevron a la región. La empresa debe  pagar 9.500 millones de dólares debido al alto nivel de contaminación y muertes que generó, destinados a remediar los pueblos de la Amazonia Ecuatoriana, donde dejó, entre otras consecuencias, lagunas de petróleo.
“En Argentina se generó lo que se dio como embargo a la empresa a través de la Procuraduría de Gils Carbó y a través de la Corte se le dio el desembargo. La  Corte lo que dice es 'Chevron no es Chevron', es decir Chevron en Argentina es una subsidiaria que no es Chevron Corporation. La impunidad que se le generó a la empresa la blindó para que puedan andar por el mundo mostrando este desembargo.  Y este desembargo lo firmó la Corte y es un fallo que tiene un peso jurídico importante”, denunció Álvarez.

Derecho a la información pública
La reinstalación del debate en torno al acuerdo que se selló en 2013 entre YPF y Chevron Corporation se da por el pedido del ex senador Rubén Giustiniani a la Corte Suprema de la posibilidad de conocer la totalidad del contrato y las cláusulas secretas del convenio, basándose en el derecho a la información pública.
“Los directivos de la compañía junto con el abogado llamaron a los principales medios de comunicación del país, se los llevaron a la torre de Puerto Madero e hicieron una exposición sobre qué es lo que estaba secreto en el acuerdo.  Esa exposición rondó en todo lo que son las empresas offshore, que se generaron para poder blindar el acuerdo. El acuerdo lo que blindaba eran dos cuestiones básicas: la impunidad a Chevron y por otro lado la posibilidad de que no sea embargada YPF por los fondos buitres”, explicó Martín.
Uno de los puntos del acuerdo permitía ver que Chevron, en caso de retirarse del país, tenía  derechos del 50% de lo que se explote de esa área a perpetuidad, es decir a 35 años de concesión lo que implica que se le estaría pagando hasta el año 2048.  
“Estos puntos son los que decimos que tienen que estar a la luz con Chevron y con todas las empresas. Tenemos que lograr el libre acceso a la información pública y que cada uno de los contratos estén en público, que uno pueda ir y consultarlos”, finalizó.

En defensa de la vida
En relación a las consecuencias que sufren las tierras y las comunidades mapuches el entrevistado denunció la gravedad de la situación debido a la explotación masiva en algunos lugares. Los proyectos avanzan sobre las áreas productivas (Alto Valle, Rio Negro, Neuquén, principales productores de peras y manzanas), sobre las fuentes de recursos hídricos como lagos o ríos, sobre las zonas urbanas.
“En barrios como Valentina Norte podemos encontrar que los vecinos viven medianera de por medio con los pozos. Estamos hablando que se  está avanzando sobre las tierras comunitarias mapuches, a las cuales el mismo Estado no las ha reconocido. Entonces termina siendo que las petroleras estan de manera legal y los mapuches que vivieron toda su vida y ancestralmente viven ahí son ilegales”, manifestó Álvarez y agregó: “Esas asimetrías no se está generando hoy, con una explotación que cambió, porque estos problemas siempre generalmente estuvieron con el convencional, pero el término del problema del no convencional y del fracking es que es masivo.  Es masiva su infraestructura, es masiva su explotación”.
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III. “Sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida”.

Caminando hacia una agricultura sustentable. 

Ley de Semillas en Argentina

3 de octubre de 2016

 

Vivimos en un sistema siempre al borde del colapso, siempre regenerativo, siempre en contradicción. Un sistema basado en el consumo pero que se esfuerza constantemente en excluir del consumo. Un sistema que inventa lo que ya está inventado. Que privatiza todo lo que se puede envasar

Por Victoria Santagada
Durante más de diez mil años el ser humano construyo una cultura agrícola basada en el respeto por la tierra, en sus tiempos naturales, en el intercambio de saberes y de materias primas, en convivencia con el ecosistema. En otras palabras, construyo una agricultura sustentable.
Como en un cuento, Carlos Vicente imagina esas primeras veces, en un lugar del mundo o en varios a la vez, cuando una semilla silvestre fue plantada por una mujer, o por un hombre, cerca de su casa. Sin saberlo, esas mujeres y esos hombres iniciaban la historia de la agricultura.
Carlos Vicente es farmacéutico, y como tantos otros, allá por el 76´se encontró con otra forma de interpretar y de transitar el mundo. Comenzó a buscar alternativas a la agricultura industrial, comenzó a pensar otra forma de cuidar la salud basada en el uso popular de las plantas medicinales. Se encontró con la necesidad de recomponer el vínculo entre el hombre y la naturaleza, de volver a conectar con la madre tierra.
Hoy acompaña desde la investigación a movimientos sociales y campesinos en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad frente al avance de la agricultura industrial.
La crisis que ha producido la agroindustria es tal que,en el 96´la FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- anunciaba una pérdida del 75% de las semillas que la humanidad genero en diez mil años de agricultura. En cincuenta años se destruyo un patrimonio de la humanidad que es la base para la soberanía alimenticia de los pueblos.
La libertad siempre es un peligro para los grandes negocios. El poder que ejercen las corporaciones sobre el mercado mundial de semillas –el 60% del mercado en manos de seis corporaciones- parece no alcanzar y hoy el ataque también va por vías legales. La presión esta puesta sobre la Ley de Semillas.
¿Qué es la Ley de Semillas? – La presión de las corporaciones sobre la naturaleza
No es novedad que los Estados priorizan los intereses de las empresas por sobre los intereses del pueblo. La sociedad de consumo promueve una cultura cortoplacista donde el beneficio y el lucro a costa de los que sea parecereinar.
La agroindustria es un modo de explotar la tierra donde el monocultivo, los agrotóxicos, el desperdicio, los excesos de agua y la erosión de los suelos toman protagonismo en pos de una producción masiva de alimentos exportables.
No solo la tierra está en manos extranjeras sino también las semillas, el primer eslabón de la cadena.
¿Qué es la Ley de Semillas?
Lo que hoy se conoce como la Ley Monsanto de Semillas es una propuesta de modificación de la actual Ley de Semillas y Creaciones
FitogenéticasN° 20.247/73. Desde el año 2003 las grandes semilleras y comercializadoras vienen ejerciendo presión en los gobiernos para efectivizar las modificaciones.
El principal propósito de la modificación de la ley es legalizar la privatización de las semillas. Si una empresa presenta una semilla que es distinta a otras puede tener el monopolio de explotación sobre ella es decir, el derecho de ostentor. Esto es que cada vez que alguien utiliza esta variedad debe pagar una regalía.
Dentro de la lógica mercantil suena razonable, “si lo creo, lo exploto y lo usufructo”. Pero analicemos un poco más…
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Quien tenga el monopolio sobre ellas podrá controlar el precio, su distribución y su producción en pos de su propio beneficio.
El monopolio sobre las semillas es parte del agro negocio que es un modelo de explotación que para consolidarse promueve: la desaparición de bosques nativos para poder cosechar, la expulsión de pequeños productores agrarios de sus tierras y la eliminación del empleo rural debido a la fuerte tecnologización, la fumigación de cosechas y de pueblos que traen consecuencias mortales para la comunidad y los consumidores.
La situación que hoy vive Argentina se replica como un calco en distintos países de Latinoamérica, donde el desmonte y la persecución son legitimados por los Estados donde las multinacionales ejercen su presión.
“La semilla es un bien común que pertenece a la humanidad. No puede ser objeto de apropiación por parte de intereses privados, ni por parte del Estado. Al igual que el aire, el sol, o la sonrisa de nuestros hijos, pertenece por igual a cada ser humano sobre el planeta, y no puede ser tratada como un recurso estratégico por parte de ninguna nación o interés en particular.
El acceso a la semilla es un derecho humano básico, e incluye el derecho a adquirir, adaptar, mejorar, multiplicar, intercambiar, regalar y vender las semillas. Y lo es además por razones prácticas: de este derecho dependen la soberanía alimentaria hoy y la alimentación futura de nuestra especie.”
Este es el primer punto de la Declaratoria del Foro “Semillas y Soberanía Alimentaria en Riesgo”integrado por movimientos campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes y organizaciones sociales del Ecuador realizado en julio de 2016. Declaratoria en respuesta a los debates que se están dando en torno a la Ley de Semillas promovida por la Asamblea Nacional del Ecuador, órgano que ejerce el poder legislativo en el país.
Reconstruir el vínculo con la Madre Tierra
La historia de la agricultura es la historia de la circulación libre de las semillas. El intercambio de saberes, de variedades, de métodos es la materia prima de los avances y la evolución.
El avance de los monopolios agroindustriales sobre los poderes legislativos se sustentan sobre una serie de mitos, entre ellos:
  • La baja productividad es causada por el uso de semilla sin certificar.
    El agotamiento de los suelos y el ecosistema es fruto del modelo agroindustrial que le exige a la tierra más de lo que puede dar en condiciones artificiales. La productividad depende directamente de la adaptación de una semilla a las condiciones locales, labor que vienen realizando los campesinos desde el inicio de la agricultura. La agroindustria le exige a cualquier suelo, en cualquier clima un mismo rendimiento.
    Por otra parte la productividad desde el agronegocio es medida en toneladas y valor comercial. Sin embargo existen otros valores como la cantidad real de nutrientes por hectárea. Valor que en las huertas y fincas agroecológicas es ampliamente mayor siendo las unidades más productivas del planeta.
  • El libre flujo de semillas representa una amenaza sanitaria pues la semilla no certificada lleva plagas y enfermedades.
    No existen aún estudios científicos que lo demuestren. Por el contrario existe la evidencia empírica de que el campesinado nunca ha dejado de intercambiar semillas y esto no ha generado epidemias. Si el suelo es fértil y la semilla ha sido adaptada localmente tiene las suficientes defensas para convivir sin inconvenientes con los organismos considerados plagas y enfermedades.
    Por el contrario la erosión de los suelos, causada por el monocultivo, el uso de agrotóxicos y el uso de semillas mal adaptadas, es decir la aplicación del modelo agroindustrial, han generado la expansión de organismos a nivel de plagas y enfermedades
En la web de Monsanto podrán encontrar uno de los argumentos más populares que esgrimen las grandes empresas “La población mundial continúa creciendo más rápido que nuestra capacidad de alimentarla”.
Tal vez sea ese el problema, no necesitamos multinacionales que nos alimenten, necesitamos conocimiento, necesitamos reencontrarnos con la tierra y con el tiempo para generar nuestro propio sustento.
O tal vez debamos preguntarnos ¿Cómo es que la humanidad ha llegado hasta aquí antes de la existencia de la agroindustria?
También valdrá la pregunta por nuestro lugar como consumidores. Habiendo espacios destinados para la comercialización de productos agroecológicos a lo largo de todo el país y de las grandes ciudades, por qué seguimos eligiendo alimentos transgénicos fumigados con veneno.
Frente a este panorama nos encontramos con movimientos campesinos, sociales e indígenas que rescatan el modelo histórico de producción agrícola con la mirada puesta en recuperar el vínculo armónico entre el hombre y la tierra. Cantidad de ferias y espacios destinados a comercializar sus productos y acercar la alimentación saludable a las grandes ciudades.
En palabras de Carlos Vicente, la crisis es peligro y oportunidad. La oportunidad de encontrar nuevos valores, de reencontrarnos con la prosperidad del entorno a partir de la observación.
Cuando parezca que ya nada nos puede salvar, ahí estará nuestro poder de desobedecer. De mirar de reojo lo que se impone y seguir por un camino a construir. Con certezas e incertidumbres.
Escrito, Investigación y redacción Victoria Santagada.
Fuentes: