Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no
cede y una resistencia que crece y suma
GRAIN | 18 octubre 2013 | Against the grain
Introducción
Los intentos por privatizar las semillas
continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos
del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las
semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria
de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de
tales ataques.
Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes
UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y
regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias,
normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas
tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de
investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.
Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en
día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan
acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas
no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no
pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de
los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se
complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como
la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes —
regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan
mutuamente. 1
Si algo ha cambiado desde entonces, es que las
estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y
ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se
han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.
¿Que es UPOV? (...)
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación
irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que
además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la
propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en
el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En
otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de
investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas
campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una
variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de
ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas
leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar
cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un
robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución
970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro
Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a
retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan
significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se
consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y
productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos
judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa
que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia
práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán
estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a
campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el
hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de
perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente
dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto
chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las
empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto
argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que
significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.
Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La
certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la
privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas
de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos
biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal
paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de
regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de
asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o
de los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose
para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las
semillas.
La resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde las resistencias se están
expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en
muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos
un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo
popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y
donde las luchas hoy continúan cada día.
Chile
La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está
intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la
apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso
de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos
como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego
pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de
la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que
se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han
hecho toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción
social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de
acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte
oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de
la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.
A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron
informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile
adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo
que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional
declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva
derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios , a través de las muchas movilizaciones sociales
que se han realizado en el país desde 2011.
Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una
preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la
ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha
—bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo
trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar.
La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios , desde marchas en todo el país que causaron
gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio,
entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales,
universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e
intercambio de información con senadores, etc.
El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a
senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos
parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer
a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del
proyecto de ley.
Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la
votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán
en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos
contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.
A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de
2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán
movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la
brevedad.
Argentina
El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es
fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa
comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la
“seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no
encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no
introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto
frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas
judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el
pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los
tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.
Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno
anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al
Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura
sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina
Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir
de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones
en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el
Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.
A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el
Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de
Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja
transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la
modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los
grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley
al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y
fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión
estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las
grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a
la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y
diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades,
movilizaciones, charlas y documentos.
Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada
del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de
modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi
todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la
Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de
noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más
de 3 mil 500 firmantes particulares.
El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que
pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no
protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y
protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos,
especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta
forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable
privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas
para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad
agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor
privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de
Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies
vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado
en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar,
obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la
cosecha anterior”.
El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de
ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país.
La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la
función de sustentar y alimentar a toda la población.
El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios
sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento,
lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante
los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser
un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes
nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura
anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al
Congreso.
Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no
que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja
transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”.
Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que "Los productores que
deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja
conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una
licencia limitada de uso de la tecnología". Una particular manera de
entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la
ilegalidad.
La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada
paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha
que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres
de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto
está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.
Colombia
En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia
aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el "Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" cumpliendo
los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le
imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del
agronegocio. (…)
Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4801-leyes-de-semillas-en-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistencia-que-crece-y-suma
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