La seguridad campesina e indígena no depende de tener propiedad social sobre las tierras sino de erradicar al modelo extractivo

La protección nacional de las tierras rurales
Un grupo de dirigentes del Frente Nacional Campesino (FNC) inicia el 4 de abril una marcha por las provincias del Chaco, Santa Fe y Buenos Aires con la intención de solicitarles a las autoridades nacionales sendas leyes para suspender los desalojos de familias indígeno-campesinas y "poner freno" a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Entrevista a Benigno López (36), referente del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).

P: ¿Cómo recibieron la noticia de la remisión que hizo el Ejecutivo al Congreso de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales?
R: Hay dos coincidencias. La necesidad de limitar la superficie nos parece algo positivo. La Presidenta también estuvo mencionando la necesidad de crear un catastro, un registro nacional del dominio y la tenencia de las tierras rurales en la Argentina. Nos parece un paso necesario e imprescindible.

P: ¿Tuvo el FNC alguna participación en la elaboración del proyecto?
R: No. Del proyecto presentado por la Presidenta, ninguna participación.

P: La ley establece el límite de toda titularidad extranjera sobre la propiedad de las tierras rurales. ¿Por qué se fija en el 20%?
R: Suponemos que son hipótesis que maneja el Ejecutivo, ya que datos precisos no existen. Lo del 20% de la superficie para los extranjeros, la verdad, hay que estudiarlo más porque nos parece demasiado cuando hay tantos campesinos que no tienen tierra, que no tienen reconocimiento. Es una injusticia muy seria, profunda, que un grupo de empresarios, de personas, tenga millones de hectáreas y otros miles de campesinos no tengan tierra.

P: De ser aprobada la norma, las tierras rurales de una misma persona extranjera no podrán superar las 1.000 ha. ¿Que sucederá con aquellos propietarios que denuncien titularidades por superficies mayores?
R: Lo que pasa es que dijeron que esta ley no se aplica para los que ya tienen propiedad, sino para los que van a comprar. No es retroactiva y esa es la parte que más nos preocupa, ya que existen millones de hectáreas en manos de extranjeros y de grupos nacionales que concentran gran parte de los recursos estratégicos de nuestro país.

P: ¿Y qué ocurre con la propiedad de la tierra entre los campesinos e indígenas? En las reuniones que mantuvieron durante los últimos días, pequeños productores del Chaco, por ejemplo, comentaron que la mayoría de ellos sólo cuenta con un permiso de ocupación expedido por el Instituto de Colonización.
R: Nosotros estamos con esta marcha del Frente Nacional Campesino solicitando formalmente a las autoridades del Ejecutivo nacional y también a las autoridades del Congreso, a los diputados y senadores, que se fijen un poco más en la situación de los pequeños productores agropecuarios y de los pueblos originarios, ya que en algunos casos no cuentan ni siquiera con una autorización de ocupación. En otros casos, sí tienen esas autorizaciones, que son la precarización de la tenencia de tierras. Es urgente, en estos doscientos años de injusticia, avanzar hacia la propiedad social de la tierra de campesinos y pueblos originarios.

P: Por la información que se conoce de estos encuentros que tuvo el FNC con productores y campesinos del Chaco surge que detrás de la transferencia de tierras, las usurpaciones y los privilegios, hay corporaciones vinculadas al agronegocio que no distinguen las banderas nacionales.
R: Sí, por supuesto. Una parte muy importante de las corporaciones vinculadas a los agronegocios que se están apropiando de grandes extensiones de tierras son nacionales y otras son corporaciones extranjeras. Lo que sí hay es una connivencia, una complicidad del poder político local de las distintas provincias argentinas con estos grupos empresarios: hay dividendos muy importantes de por medio para que estas tierras queden en manos de estas corporaciones en perjuicio de los pueblos originarios y campesinos. De lo contrario esto no se puede dar. Esta complicidad es política, judicial y policial.
URL: http://www.autistici.org/ocrn/2011/Benigno-Lopez.html del Newsletter del OCRN Vol. 2, Nro. 9 - 04 Mayo 2011
ISSN 1853-4139
Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales.
Editores
Ezequiel Miodownik
Raquel Schrott raquel@autistici.org

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"Soja sí, indígenas no" por Darío Aranda
"(...)Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.

El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos partes en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra (...)".

01 Mayo 2011
http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/

Honduras, como Colombia, ejemplifican que la seguridad de los 'inversores' va agravando la criminalización de la pobreza y del disenso o reclamo

El poder de facto y los crímenes de lesa humanidad en Honduras Por Ricardo Martínez Martínez (Rebelión) En Honduras se aplica una política sistemática de persecución estatal y destrucción física de activistas sociales y sus organizaciones, orientada a diezmar los descontentos masivos que provoca el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo y la dictadura impuesta desde hace casi dos años. Se trata de un mecanismo de regulación sistémica violenta en una segunda fase del endurecimiento del Estado (después del golpe de 2009), como dispositivo de dominación y concentración del uso de la fuerza para imponer un proyecto de liberación de mercados y limitación/desaparición de los derechos sociales y laborales. Una respuesta total sin concesiones a las movilizaciones sociales que crecen como la espuma. El eje donde reside la trasmutación del poder de facto es el Consejo Hondureño de Empresas Privadas--Ejército--Gobierno de Facto que sostiene a Lobo/Micheletti--Embajada de los Estados Unidos. Es una clásica dictadura de intereses en un país de la periferia, que funge como garante de las libertades económicas de las empresas trasnacionales, aquellas locales pero articuladas a los circuitos del comercio internacional, los órganos del monopolio de la violencia (policías, ejército, inteligencia), los terratenientes poderosos y la clase política golpista de utilidades compartidas con sectores de países centrales como los Estados Unidos. La tipología del “delito” que aplica esta dictadura es calificada como “sedición y manifestación ilícita”, conceptos acuñados por gobierno dictatoriales pretéritos en el continente, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile y Paraguay, bajo la máxima de que “todos los disidentes son criminales, todos deben ir a los tribunales”… Y si no es así, a los cementerios. El uso de las corporaciones castrenses y policiales van de la mano de la aparición de estructuras clandestinas paramilitares (dead squads) que suman decenas de activistas asesinados o desaparecidos, así como familiares de estos, y periodistas críticos ultimados con lujo de violencia, colocando a este país centroamericano entre los más inseguros para el gremio de la información en el continente. En octubre de 2009, una comisión de la ONU informó sobre la posibilidad de ingreso a Honduras de paramilitares colombianos, ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para sembrar el terror en el marco del golpe de Estado y proteger grandes propiedades de terrenos de los finqueros y magnates locales. La existencia de los escuadrones de la muerte es denunciada por las organizaciones de los derechos humanos y por los movimientos sociales y de resistencia. Estas estructuras del terror paramilitar se mueven con la cobertura de los aparatos de seguridad del régimen de Porfirio Lobo. Los métodos usados por todo el aparato represivo son las acciones espectaculares contra gremios de trabajadores y sectores críticos, control de territorios para cercar las movilizaciones en las calles, toques de queda en regiones consideradas críticas, choque frontal con las fuerzas opositoras y esparcimiento del miedo a través de un manejo sistemático de propaganda que garantice la represión con bajo o sin costos políticos para los ejecutores. Los niveles de coerción se combinan con el uso manipulado de las leyes, el ejercicio del Estado de derecho a conveniencia de los gobernantes y la criminalización de las disidencias que igual justifica su detención individual o masiva, lo mismo que su “acción punitiva”, y acciones ilegales de grupos paramilitares que a la sombra del Estado realiza acciones de represión selectiva. Se trata de un nivel sistemático de persecución con métodos planificados de las instancias del gobierno de facto, lo que indica la existencia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados como la desaparición forzada ya documentada ampliamente. En Honduras se cometen crímenes de Estado que deben ser investigados y enjuiciados, y la comunidad internacional debe proseguir cerrando canales diplomáticos a Honduras, mientras el gobierno no desista de sumar violaciones a las garantías individuales de sus ciudadanos. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) publicó un informe sobre la violación de los derechos humanos en el contexto del Paro Cívico Nacional y las movilizaciones de los 65 mil profesores del magisterio que se desarrollaron en las últimas semanas. En grados diversos, la represión desatada abarcó todo el territorio nacional. Entre el 29 y 30 de marzo fueron detenidas 51 personas en San Pedro Sula, sobre todo estudiantes y profesores universitarios, 11 personas heridas de bala y una más con un objeto contener de gases de dispersión. En la capital Tegucigalpa se registraron sobrevuelos de helicópteros en la Universidad y el ataque de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército lanzando bombas lacrimógenas al interior del campus y dejando como saldo varios desmayados y afectados por los gases. En el departamento de Valle también la policía y el ejército lanzaron gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban, adultos mayores, niños y niñas. Un bebé de dos meses de nacido fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial después de sortear a la policía que impedía a los padres prestar ayuda médica. En el departamento de Cortés se detuvieron a otras 17 personas con lujo de violencia. La organización civil detalla allí que cinco personas fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo). En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias fueron desalojadas violentamente por las fuerzas represivas, luego de permanecer por siete años en un predio recuperado para vivir y generar proyectos autosustentables. La represión generalizada, además de un intento por cerrar la pinza del poder ilegitimo de Lobo, busca “estabilizar” con el silencio de los sepulcros a la nación centroamericana y orientarlo hacia la profundización sostenida del desmantelamiento de los derechos de la población trabajadora, aplicación de políticas de corte neoliberal administrativo, despojo de tierras a la población campesina para entregarlas a finqueros e instaurar un Estado “menos político y más administrativo”, una noche de invierno de dictaduras, un Estado pinochetista de nuevo tipo. Fuente: http://www.rebelion.org/ América Latina y Caribe/ 12-04-2011

Las fuerzas armadas y policiales latinoamericanas al servicio de EE.UU. y de la criminalización de la pobreza, interpela para erradicar la impunidad

La intervención latinoamericana en Haití por Raúl Zibechi (Rebelión) El 25 de marzo, en el local del sindicato de trabajadores del CASMU -AFCASMU- en Montevideo, la Coordinadora por el retiro de tropas de Haití realizó un debate sobre la situación actual en la hermana república de Haití y la presencia de tropas uruguayas allí. La exposición central estuvo a cargo Raúl Zibechi, periodista del semanario Brecha. Damos a conocer aquí su intervención -que introduce nuevos temas en el debate- para ser difundida entre todos. La intervención de la MINUSTAH en Haití, o sea la invasión militar de la isla, es un parteaguas en la historia reciente del continente. Lo habitual, desde hace cinco siglos, era la intervención de potencias del Norte, Europa primero, luego de los Estados Unidos, que acostumbraron invadir, colonizar y dominar los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina. Se cuentan por decenas, tal vez cientos, las ocupaciones, agresiones y ataques que han sufrido los más diversos países de nuestro continente. Es la historia del colonialismo y del imperialismo. Pero lo de Haití es algo diferente. Es cierto que participan países de varios continentes bajo la bandera de la ONU, pero eso no es lo fundamental. Aquí lo decisivo, lo verdaderamente nuevo, es que se trata de una invasión comandada por Brasil (que como saben tiene el comando militar de las tropas) y es ejecutada por un conjunto de países entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Peru y Guatemala. La mayor parte de los soldados que están en Haití provienen de países cuyos gobiernos están administrados por fuerzas políticas que se dicen de izquierda o progresistas, y en algunos casos se proclaman como revolucionarios. En efecto, la mayor parte de los 8.700 militares pertenecen a países con esos gobiernos progresistas (4.435). Eso merece alguna explicación: Para Brasil la MINUSTAH es muy importante porque le permite colocarse como gran potencia y postularse como miembro permanente del Consejo de Seguridad ONU. Es la primera vez que encabeza una misión militar, y lo hace en un continente en el que busca convertirse en la potencia dominante. Brasil definió un nuevo papel en el mundo bajo los dos gobiernos de Lula: articular un polo sudamericano que le permite jugar un papel de gran potencia en una región donde representa más o menos la mitad de la población y la mitad del PIB. ¿Porqué ese camino? Según los propios diseñadores de esta estrategia de integración, para evitar una crisis interna, ya que sostienen que si el país no se expande (exportando capitales, realizando grandes obras de infraestructura que benefician a sus empresas…) ingresaría en una fase de conflictos internos. Dicho de un modo más claro: la expansión hacia la región es el modo, ya probado en otros períodos históricos, que evita a las clases dominantes el doloroso camino de realizar reformas (como la reforma agraria) que eliminen algunas flagrantes desigualdades. Expandirse como potencia regional (¿imperial?) es el modo más ventajoso para esas clases de evitar conflictos internos. Brasil está en un período de crecimiento y expansión. Las fuerzas armadas se están reforzando con un potente rearme que incluye la construcción de submarinos convencionales y nucleares, una flota de cazas de quinta generación, nuevas armas sofisticadas como misiles, además de carros de combate, navíos de superficie y aeronaves de transporte. Se está en proceso de creación de una más amplia industria militar brasileña con el objetivo de conseguir independencia tecnológica de las potencias del Norte para defender la Amazonia y los nuevos campos petrolíferos del litoral oceánico. A su vez, aparecen nuevas y más potentes multinacionales brasileñas, fruto de la fusión entre grandes empresas y la expansión de otras financiadas por el banco nacional de fomento (BANDES), el mayor banco de ese tipo del mundo, y con fuerte presencia de los sindicatos a través de los fondos de pensiones que ellos controlan. Petrobras, Embraer, Odebrecht, Itaú, Vale, Brasil Foods, y otras, son los nuevos nombres de la alianza entre el capital “brasileño”, el Estado gobernado por el PT y la dirigencia de algunos grandes sindicatos como el de los bancarios de Sao Paulo, en su ambicioso proyecto de expansión regional, continental y global. La participación y dirección en la ocupación militar de Haití se inserta en ese gigantesco proyecto. El ex comandante de la MINUSTAH, general José Elito Siquiera, actual ministro del Gabinete de Seguridad del gobierno de Dilma Rousseff, dijo años atrás que en Haití están empleando las misas tácticas de control y gestión militar de las barriadas periféricas que ya pusieron en práctica en Rio de Janeiro (O Estado de Sao Paulo, 15 de diciembre de 2007). Esta afirmación muestra otra faceta de la intervención en Haitì. Digamos que es la cara oculta de la MINUSTAH. Para el caso de Uruguay, ¿habrá algún interés similar? Desgraciadamente los militares uruguayos no tienen siquiera el nivel de honestidad intelectual de los militares brasileños. Podrían decir que están allì para “ganar unos mangos”, y no estarían exagerando sino sincerando una situación que todos conocemos. Pero Uruguay no tiene siquiera una hipótesis de conflicto como Brasil, país que se propone en serio defender la Amazonia y el petróleo de una posible invasión estadounidense. Por lo tanto, se acumulan las preguntas. ¿Será que un día nos despertaremos con una ocupación militar de barrios “peligrosos”, como sucedió en Chacarita, pero a manos de efectivos que ya tienen la “experiencia” de haber trabajado en barrios similares en Puerto Príncipe? Fuente: http://www.rebelion.org/ América Latina y Caribe/ 12-04-2011

La Unasur (que tiene entre sus principios rectores la democracia) acepta a Colombia y posiblemente a Honduras

Colombia que está haciendo tratativas para el ingreso de Honduras a Unasur, es un estado terrorista al servicio de EE.UU.. Leamos dos notas en Rebelión (11-04-2011) acerca de qué está sucediendo, además de grandes desplazamientos y masacres de los pueblos originarios y de matar a los candidatos de la Unión Patriótica: 1)EFE: Varias ONG internacionales se manifestaron este 9 de abril ante la embajada de Colombia en Bruselas para solicitar información al Gobierno colombiano sobre las desapariciones forzadas que ocurren en ese país y, más en concreto, sobre la de la activista Sandra Viviana Cuéllar. 2) "En memoria de Henry Ramírez Daza, en el primer aniversario de su asesinato" por Colectivo de Colombianos/ as Refugiados/ as en Asturias “Luciano Romero Molina” Pachakuti.org El 11 de abril se cumple un año del asesinato del sindicalista colombiano HENRY RAMIREZ DAZA, quien estuvo refugiado en Gijón el año 2003 acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia. A balazos, en la sala de su casa y delante de su familia le cobraron esa noche de domingo su lucha contra la corrupción en Ambalema, pueblo del que era concejal y del que aspiraba a ser alcalde. Días antes de ser asesinado Henry había denunciado que el Ministerio del Interior le quitaba el esquema de seguridad por considerar que su nivel de riesgo era bajo. Con Henry fueron 52 los sindicalistas asesinados el año pasado en la democracia colombiana que continúa siendo un matadero de sindicalistas y de opositores sociales y políticos.

1)Amnistía Internacional, la Coordinadora belga para Colombia y los comités Libertad de Bélgica informaron en un comunicado que han convocado la protesta, "para obtener respuestas claras ante el escándalo de las desapariciones forzadas y la aparente impunidad de que se benefician los autores de esos crímenes". Indicaron que han solicitado una entrevista con el embajador colombiano en la capital belga, Carlos Holmes Trujillo, para obtener información sobre casos como el de Cuéllar, activista sobre el medio ambiente, de 26 años y desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali. "Nunca aclaradas o sancionadas, las desapariciones forzadas son uno de los grandes escándalos de la realidad de los derechos humanos en Colombia", destacan las organizaciones. Según indican, "las cifras oficiales rondan los 32.000 casos, de los cuales cerca de 1.130 en los últimos tres años", entre los que destaca gran número de militantes asociativos, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Desde su punto de vista, en los últimos 20 años "ha quedado demostrado que los servicios de seguridad del estado han participado de una manera o de otra en esos crímenes, cometiéndolos directamente o tolerando que los cometieran grupos paramilitares". Los representantes de las ONG pedirán ante la embajada colombiana "respuestas precisas" a preguntas como qué medidas ha adoptado el Gobierno de ese país para garantizar la reaparición con vida de Cuéllar, o qué acción lleva a cabo para arrestar y llevar ante la justicia a los responsables de los secuestros. (...) 2)La campaña para acabar con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y arrasar con la acción y con la libertad sindical se refleja en cerca de 3.000 sindicalistas asesinados, en miles de amenazados de muerte y perseguidos, hostigados, apresados ilegalmente, desplazados o desaparecidos con absoluta impunidad y con grave responsabilidad de la fuerza pública y de los grupos narco paramilitares, que siguen existiendo y delinquiendo en el país. Hace un mes la VII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos visitó cuatro regiones de Colombia afectadas por el conflicto interno. En el sur del Tolima, en un pueblecito cafetero de la cordillera Central llamado La Marina, los sindicalistas campesinos de ASTRACATOL denunciaron ante la delegación asturiana las amenazas contra sus dirigentes y afiliados. Hace menos de una semana a 400 metros de una base militar asesinaron a dos de ellos: Héctor Orozco y Gildardo García. A diario asesinan o persiguen a muerte a sindicalistas colombianos y eso no es noticia ni dispara alarmas en los consejos de seguridad internacionales. Dudamos que pasara lo mismo si estos hechos ocurriesen en otros países. En cambio sí que recibe despliegue el discurso falso del gobierno colombiano que afirma que el país está en etapa de post conflicto y que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavarse las manos para que los Estados Unidos y la Unión Europea, más interesados en los negocios que en los derechos humanos, firmen sin cargos de conciencia sendos tratados de libre comercio, como si allá no pasara nada, como si las pruebas de la matanza antisindical presentadas el año pasado en la 99 asamblea de la OIT, fuesen mentiras. Hay miles de sindicalistas amenazados de muerte por defender el carácter público de la educación y de la sanidad, a otros los persiguen por exigir que se cumpla la ley laboral, a millares los matan por defender los territorios y la economía campesina. Sobre todo están matando a quienes se oponen al saqueo de las riquezas del país por las multinacionales. Hay un genocidio sindical en curso que los verdaderos poderes de este mundo no dejan ver. Indignación sentimos ante tanta crueldad impune. Aunque diezmado por el terror y por la persecución, el movimiento sindical colombiano sigue luchando por el bienestar de las gentes y por la soberanía nacional. Algunos de estos sindicalistas acaban de llegar a Asturias a refugiarse temporalmente del terror para continuar su lucha por una Colombia en paz y con justicia social, como la soñaron Henry Ramírez y Luciano Romero, ambos sindicalistas acogidos por la solidaria Asturias, ambos asesinados. Aunque el nuevo gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos haya bajado el tono agresivo de su antecesor Alvaro Uribe Vélez y tenga una actitud más respetuosa con los sindicalistas y con los defensores de los derechos humanos, por ahora solo hay buenas palabras. Seguimos sin ver el fin del terror y de la impunidad que vienen diezmando al sindicalismo colombiano. Hace un año: http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/henry.html

El Mercosur ("un espacio de paz y democracia") tiene tratado de libre comercio con el estado terrorista de Israel

El Mercosur cumplió 20 años y cambió la relación entre países La constitución del Mercado Común del Sur (Mercosur) transformó las relaciones entre los cuatro países que lo conforman, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, señaló un comunicado conjunto de las cuatro cancillerías, a 20 años de la firma del tratado de integración. (...) Finalmente, el comunicado ubica al bloque como "un espacio de paz y democracia, una potencia energética en expansión y corresponde al territorio agrícola más productivo del mundo"(...)" 26-03-2011 http://www.elargentino.com/nota-131743-El-Mercosur-cumplio-20-anos-y-cambio-la-relacion-entre-paises.html La Cámara baja aprobó un tratado de libre comercio suscripto en 2005.En su sesión de este miércoles, los diputados convirtieron en ley un tratado de libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel, concluido en Montevideo, Uruguay, el 8 de diciembre de 2005.La norma fue suscripta por 146 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones, correspondientes a bloques de centroizquierda que cuestionaron en general las características de "libre comercio" incluidas en el tratado.Defendió el proyecto el kirchnerista sanjuanino Ruperto Godoy, quien recordó que la norma ya había sido ratificada por los parlamentos de Paraguay, Uruguay y Brasil. “Resta nuestro país, por eso celebro que podamos aprobarlo en esta sesión", señaló el legislador.Apuntó Godoy que “estamos planteando este tratado los 4 países que lo integran. Estoy absolutamente convencido que será beneficioso para la industria y el sector exportador".La aprobación del TLC tiene lugar poco antes de la visita del canciller Héctor Timerman a Israel, previsto para los primeros días del próximo mes de abril. 17-03-2011 http://itongadol.com/noticias/val/55113/convenio-entre-mercosur-e-israel.html

El funcionamiento policial que concuerda con el modelo de acumulación de riquezas y privilegios

"Destinos al sur" por Claudia Rafael (APE) “Hay finales anunciados. Historias que por sí solas desgajan una fotografía impecable del futuro y parecerían esbozadas por los chamanes del continente que deambulan marcando -con solo mirar- qué sino tocará a cada mortal. Como si hubiera una Moira repartidora de fatalidades, ciertos destinos aparecen como controlados desde el nacimiento hasta la muerte e, inclusive, mucho más allá aún. Esa categoría parece adquirir por un instante apenas el documento de Silvia de los Santos y Verónica Heredia, las abogadas de Amicus (Clínica Jurídica y Social Patagónica) que patrocinan a doña María Leontina Millacura Llaipén desde la desaparición de su hijo, siete años y medio atrás. Cuando hablan del muchacho y su grupo de amigos, las abogadas advierten que “ellos pertenecen a un grupo vulnerable, al que no se les garantiza el libre y pleno ejercicio de los derechos. Es el grupo de niños, niñas y adolescentes de sectores populares y/o empobrecidos de la sociedad que deambulan en la calle. Estos niños, niñas y adolescentes se convierten en adultos, despojados ya de todo derecho, incluso de su dignidad. Por esta situación es que, en el marco de la violencia policial, ingresan al sistema penal como única respuesta del Estado a su situación de vulnerabilidad, la que, en este marco, se agrava”. Esa definición -de perfecto manual de estos tiempos- insinúa cuál será la triste sombra que acompañará los pasos de esos jóvenes. Que fueron paulatinamente engullidos por una oscuridad desde la que no asoman respuestas. Sólo la perversidad más honda de un sistema desigual pueden darlas. De otro modo, cómo se logra comprender no sólo la desaparición de Iván Eladio Torres el 2 de octubre de 2003 en manos de la policía de Chubut sino además la muerte violenta de seis testigos de la causa. El sexto fue su amigo y cuñado, Juan Pablo Caba, que murió apenas una semana atrás en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, tras una agonía de dos semanas después de que lo balearan en “confuso episodio”, eufemística y típica definición de los policías a la prensa patagónica. Antes, David Hayes había sido asesinado en la alcaidía en la que estaba detenido y también Walter Mansilla, Dante Caamaño, Gastón Vera, Luis Alberto Gajardo. Varios de ellos testigos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iván era chileno, como su mamá, como sus hermanos Marcos y Valeria. Ninguno de ellos y de sus amigos había sabido deletrear el rosario de derechos que las convenciones y leyes dicen asegurar a los chicos. Ninguno sabía de largas horas en el pupitre de un aula ni tampoco de techos dignos. Ninguno podía contar historias cotidianas de sus padres asalariados y menos aún, del derecho eterno de los niños a la felicidad, convidada ausente a la mesa de sus días. Iván era chileno y seguramente llegó a esa ciudad pesquera en la que el petróleo y las riquezas fluyen de lo que da la tierra en busca de un puñado luminoso de azules en la piel y en el futuro. La historia misma de Comodoro, la capital nacional del oro negro que quedó asociada para siempre a la vida de una Argentina en la que todavía YPF y Gas del Estado eran sinónimos de soberanía y patrimonio fue conociendo -como lo haría Iván- de despojos y desmadres. Iván había nacido a la vida en el mismo año en que los Videla y los Massera se sentaban en el sillón de los poderosos de la patria. Mientras él pujaba por salir del útero hecho nido del cuerpo de María Leontina, tantos en esta tierra que no era todavía la suya, eran devorados por los despojadores para ser colocados eternamente en las tinieblas de la desaparición forzada. Como harían otros con él mismo 26 años más tarde. A él, Iván Eladio, que vivía en una casita de pobrezas viejas y que trabajaba a veces como ceramista; otras como durlero, como techista o como albañil. A él que amaba andar por las calles y las plazas, que sabía una y mil veces lo que era ser prepoteado por los hombres de uniforme que le gritaban “documentos” y cacheaban contra una pared cualquiera. A él que tenía entradas de sobra en la comisaría por “averiguación de antecedentes y medios lícitos de vida” o que sabía qué significaba un simulacro de fusilamiento. A él que -cuentan y se lee en los expedientes- se hermanaba “con sus pares, niños, niñas y jóvenes que deambulaban en la calle”. Pero las lecciones fueron definitivas para Iván aquel 2 de octubre. Ese día -mientras esperaba a un par de amigos que ayudaban a desarmar un castillo inflable- fue levantado por el móvil 469 de la plaza del centro, fue llevado a la comisaría primera y ya se perdió para siempre todo rastro suyo. Sólo las voces de otros detenidos describieron -como otros presos lo hicieron con los últimos instantes de Luciano Arruga en una comisaría de Lomas del Mirador- qué ocurrió con Iván. Cómo lo golpeaban, dónde exactamente cayó desmayado, de qué manera varios policías lo “sacaron a la rastra” hasta una escalera que da a la unidad regional y cómo otro policía limpiaba la sangre del calabozo. Tal vez en él, en ellos, pensaba Gelman cuando escribió que los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tiene método. Siete jóvenes ya no caminan por las calles de Comodoro Rivadavia. Ya no respiran ese aire del golfo que llena los pulmones hasta estallar de vida. Ya no desarman castillos inflables ni sienten el sabor imborrable de un helado de fresas en un enero tórrido. Sus vidas ya no son. Y sus días irremediablemente ya no forman parte de las hojas de ningún calendario. Fuente: http://www.argenpress.info/2011/03/destinos-al-sur.html

Significados de la política K de 'desendeudamiento'

La nueva deuda por Fabiana Arencibia (Red Eco)
"Con el pago que el gobierno haga al Club de Paris se “cierra” el ciclo de cancelación de deuda de origen ilegítimo. La nueva deuda, gestada por el peronismo K, seguirá creciendo. Con el nivel actual, pagaremos durante este año un millón de dólares por hora sólo de intereses, quedando atados a compromisos de vencimientos por los próximos 80 años.
Ahora la deuda ilegítima ha transmutado a legal. Se ha “novado” como se dice en términos del derecho comercial. Aunque aún existan investigaciones judiciales sobre parte de la vieja deuda (con causas judiciales que tramitan en el Juzgado Federal Nº 2).
Esto ha sido parte de la estrategia del llamado “desendeudamiento”: cambiar deuda vieja, mayoritariamente ilegal, por nueva deuda, separando lo más posible una de otra. Con este lavado de cara ¿qué deuda podrá decirse ahora que es la ilegítima?


Aquellos que han pagado/renegociado toda esta vieja deuda, cargada con la sangre de los desaparecidos, tendrán que hacerse cargo.
Este gobierno peronista K deberá hacerse cargo de haber sido no sólo quien más deuda ilegítima canceló de todas las gestiones post dictadura, sino también de habernos endeudado nuevamente abriendo otro ciclo de deuda-dependencia, como de su decisión de privilegiar un lugar en el G-20 y los mercados de capitales, antes que abrir la posibilidad a que se investigase cuál era la única deuda genuina.
La pregunta es hasta dónde resulta diferente el canje de deuda por activos físicos (la entrega del patrimonio que hizo el menemismo) del canje de deuda con activos financieros (la plata del Banco Central, de la Anses y del Banco Nación) que realizó el gobierno actual.

¿Cómo se compone hoy la nueva deuda?
Según los últimos datos del Ministerio de Economía, al 30 de setiembre de 2010 la Deuda Pública ascendía a 172.079 millones de dólares, casi lo mismo que debíamos hace 7 años pero luego del pago al FMI, dos canjes y pagos de intereses anuales promedio de 6.000 millones de dólares (menores en los primeros años y muchos más en los que se vienen).
Si sacamos de ese total la deuda que no fue presentada en los canjes (lo cual no es garantía de que NO se termine pagando o renegociando, porque así sucedió con deuda que estaba en default y a la que se le reabrió el canje durante el 2010) esta cifra baja a 160.890 millones de dólares.
Casi la mitad es deuda llamada Intra-Estado (47,6 % se le deben al Banco Central, la ANSES, el Banco Nación y otros organismos estatales, por un total de 76.562 millones de dólares).
Poco mas del 10% se adeuda a los organismos de crédito internacionales (Banco Mundial: cinco mil millones de dólares, BID: diez mil millones, CAF: mil cien millones).
Al Club de Paris se le debe casi un 4% (sólo incluye capital por 6.276 millones de dólares pero sabemos del tira y afloje para negociar montos de intereses que nuestro país reconoce por 3.000 millones de dólares) y al sector Privado un 37,8 % (60.769 millones de dólares).
Otro punto interesante para el análisis son los plazos de vencimiento. Según los cuadros de Estructura de la Deuda Pública del Ministerio de Economía, el 20% vencerá hasta el 2012. En el período 2013-2019 tendremos que enfrentar la mayor parte de los vencimientos, un 38%. Y hasta el 2089 (en dos tramos: al 2029 el 16% y al 2089 el 26%), el 42% restante.
Más allá de estos porcentajes hay que pensar que la deuda actual - que va creciendo además todos los años por intereses y capital que se vuelven a renegociar - nos ata hasta dentro de ¡casi 80 años!
Pero desde el gobierno se dice que nos estamos desendeudando porque toman la relación del Producto Bruto (PIB) - lo que el país produce en un año - con la deuda. Digamos que en esos términos es cierto que relación ha mejorado sustancialmente, “a pesar del aumento del monto de la deuda por la emisión de título en el marco del canje de deuda Decreto 563/10”, se afirma textualmente en el cuadro de Deuda Pública en la página del Ministerio de Economía.
Sabemos que la economía capitalista tiene ciclos (mas o menos largos) y que el crecimiento que viene teniendo Argentina desde hace varios años no es desarrollo porque nada se ha modificado en la estructura del modelo productivo. Por lo tanto, que hoy la relación PBI/deuda sea menor (aunque alta, porque es casi la mitad de lo que se produce) es coyuntural y relativo. Lo concreto es que estamos hipotecados por 80 años sólo con la actual deuda, sin contar la que seguirá acumulándose.

¿Cuánto pagamos y cuánto pagaremos?
Por un lado afirmamos que la tan mentada Política de Desendeudamiento no es tal. Esto es así porque, casi como regla general, nunca se pueden cancelar los vencimientos de capital que se producen año tras año. Lo que se hace es refinanciarlos con el mismo acreedor (encareciéndose) o contrayendo nuevas obligaciones para cancelar los vencimientos (nuevas deudas).
Lo que lleva a definir a la deuda como un cáncer es el mecanismo que se practica sobre los vencimientos de sus intereses: el “anatocismo”. Este consiste en que la parte de intereses que no pueden llegar a pagarse en los vencimientos, van a formar parte del capital sobre el que se cobran mas intereses. O sea, es la usura de cobrar interés sobre interés.
Un millon de dólares por hora (4 millones de pesos), es lo que se estima pagaremos durante el 2011 sólo en concepto de intereses. Para tener un parámetro de comparación: con ese dinero podrían pagarse las jubilaciones mensuales actuales de la mitad de los jubilados que cobran el haber mínimo (3).
¿Por qué se insiste en este camino sin retorno de crecimiento constante de una deuda que, siempre recordemos, tiene un origen fraudulento?
Héctor Giuliano, economista – especialista en el tema, sobre el que ha escrito varios libros- , afirma que “las Finanzas del Estado Argentino siguen condicionadas a la dependencia de la Deuda Publica” y que por eso el gobierno acelera las negociaciones para arreglar la deuda pendiente con tenedores de bonos que no entraron al Megacanje Kirchner–Lavagna de 2005, para pagarle al Club de París (más de la mitad de esa deuda viene de la dictadura y la otra mitad es estatización de deuda privada), para ampliar los préstamos con el Banco Mundial, el BID y la CAF y para normalizar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional en el marco de G20 (recordemos que el interés del gobierno radica en que somos parte del Grupo y que el FMI es su organismo de contralor).
Lo real es que los presupuestos no cierran sin deuda (ya sea con dinero tomado de los organismos del Estado como con el sector privado nacional o internacional). Más allá de la situación fiscal favorable “la Deuda sigue creciendo y el objetivo buscado por el gobierno es refinanciar Deuda y salir al Mercado a conseguir más deuda”, afirma Giuliano (...)".