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7 de julio de 2014

III. ¡Honrar las deudas, no los fraudes! Alternativas a la suspensión de pago por endeudamiento perpetuo.

Argentina tiene que suspender pagos de deuda pública,
investigar y modificar el orden económico

Por Julio C. Gambina (Rebelión)
La Argentina continúa recolectando solidaridad internacional para negociar con los “fondos buitres” que demandaron al país en EEUU y que obtuvieron sentencia favorable por 1.500 millones de dólares.
Oficialmente se indica que las discusiones son con el delegado del Juez de Nueva York y no con los litigantes, para cubrirse de una relación amigable que podría disparar demandas de acreedores ingresados al canje por 120.000 millones de dólares, por lo menos, llevando las acreencias a cifras inmanejables para la economía local.
En lo inmediato se teme que la sentencia puede habilitar demandas entre 15.000 y 22.000 millones de dólares de otros acreedores de la deuda en default del 2001 y que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010.
Estos apoyos globales logrados provienen de países, entre los que destaca el propio EEUU, pese a la posición de autonomía ante la Justicia estadounidense sostenida por el gobierno de Obama. Fue la actitud explicitada por Washington en la reunión de cancilleres de la OEA, convocada a solicitud de la Argentina para discutir la situación ante el fallo desfavorable en Nueva York del Juez Griesa.
También apoyaron la posición argentina países como Brasil, Francia, México, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, entre otros.
Entre los organismos internacionales destaca el conjunto de países agrupados en el G-77+China, organismos internacionales como el FMI, e incluso parlamentarios del Reino Unido.
Cada uno de ellos se solidariza con motivaciones diferenciadas. Los asociados al bloque de los dominados en el Sur con la expectativa de que algo se modifique en el sistema mundial, y los representantes de la dominación por temor al colapso que pueda generar la desobediencia de un país “pagador serial” y la potencial imitación en que se pueda derivar la conducta rebelde de un acreedor global.
Preocupa que un país que cancela deuda en divisas se vea “obligado” a entrar en default. Es la diferencia con el 2001, donde todos preveían la cesación de pagos por insolvencia explícita. Desde el 2005 la Argentina evidenció su intencionalidad de volver al sistema financiero y al mercado de préstamos mundial, más aún con los pagos al CIADI, la compensación a Repsol y el acuerdo con el Club de París. La rebeldía estaría asociada a lo impresentable del orden mundial que devuelve la especulación financiera exacerbada por los buitres y una justicia funcional al capitalismo delincuencial de época.
En la región, además de los gobiernos, y antes que la desacreditada OEA, se pronunciaron el ALBA-TCP, el Mercosur, la UNASUR, y la CELAC.
Hasta el Consejo de Administración del Banco del Sur se manifestó solidario y aprovechó para reclamar urgente puesta en funciones, recordando la necesidad de una nueva arquitectura financiera regional.

Cada cual atiende su juego
Claro que cada quien se pronuncia según sus intereses. El FMI teme perder su papel de garante global de los procesos de negociación de deuda en un momento donde el problema ya no es patrimonio de países empobrecidos, sino una realidad creciente en el capitalismo desarrollado, especialmente con EEUU con deuda equivalente al 100% del PIB.
Otros ámbitos del poder mundial temen por una nueva y profunda cesación de pagos de un país que viene cumpliendo con las exigencias de cancelación de deuda y otros compromisos para pertenecer al sistema mundial, tal como pagar las sentencias del CIADI, compensar a Repsol por la expropiación parcial de YPF y arreglar con el Club de París.

¿Por qué teme el poder mundial al default argentino actual? Una cesación de pagos ahora podría disparar, especialmente en la región, una recreación de las propuestas de nueva arquitectura financiera regional, en desmedro de la lógica liberalizadora y especulativa del sistema financiero y el mercado de capitales mundial.

La nueva arquitectura financiera es una cuestión que se discutía entre 2006 y 2010, desde el Banco del Sur, la necesidad de construir una moneda regional, el Fondo del Sur y la estrategia de articulación productiva con base en la soberanía alimentaria y energética, todo en un marco de integración alternativa no subordinada a la lógica de libre comercio sustentada por el ALCA entonces, y por la Alianza Pacífico en la actualidad.
En la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI se presentaba la ofensiva del cambio político en la región y se anticipaban propuestas que otorgaban contenido transformador de cambio económico, incluso anticapitalista. En 2005 se formula la idea de un socialismo del Siglo XXI desde Venezuela, y en 2010 surge el concepto de Socialismo comunitario desde Bolivia, mientras que en 2009 las constituciones de Bolivia y Ecuador se proponían el vivir Bien o el Buen Vivir respectivamente como horizonte civilizatorio para sus sociedades.
El anticapitalismo empezaba a designarse con categorías que requerían precisiones, contribuyendo al debate sobre un nuevo modelo productivo y de desarrollo. Por eso la contraofensiva de las clases dominantes con los golpes en Honduras o Paraguay y otras iniciativas para contrarrestar la ofensiva del cambio político y la potencialidad del cambio económico.

Ese es el marco del temor a la suspensión de pagos de la deuda por parte de Argentina, cambiando la lógica de reinserción local en el mercado mundial financiero sostenido desde 2003 con la política de desendeudamiento y cambio de acreedores externos por instituciones oficiales. Estas instituciones locales, Banco Central, ANSES, etc., acumulan compromisos de pagos futuros de difícil materialización, afectando muy especialmente los fondos previsionales acumulados por los trabajadores y gestionados por la ANSES.
Quien tiene temor al default es el poder económico mundial, prisionera de la lógica jurídica liberal de la interpretación judicial en Nueva York y la conservadora y reaccionaria Corte Suprema estadounidense. Por ello no debe sorprender que hasta las instituciones reaccionarias como el FMI se desmarquen del fundamentalismo de Griesa y la Justicia de EEUU.

¿Para qué sirve tanto apoyo en el mundo?

En ese marco global, la Argentina tiene que mover las piezas del tablero mundial y declarar la imposibilidad de cumplir con el fallo de Nueva York y con ello suspender la totalidad de los pagos de la deuda e investigar u auditar las acreencias, supliendo lo no realizado en treinta años de gobiernos constitucionales.

La investigación debe sumarse e incluir los fallos de la Justicia argentina, caso de la sentencia de junio del 2000 del Juez Ballesteros denunciado el fraude de la deuda contraída por la dictadura genocida hacia fines de 1983, más las causas en proceso, incluida muy especialmente la relativa al mega-canje del 2001 con un impresentable sobreseimiento reciente de los imputados locales y extranjeros. Las denuncias judiciales incluyen las operaciones de canje recientes, por lo que afirmamos que la investigación debe ser integral, de la deuda fraudulenta en origen de la dictadura genocida y sus sucesivas renegociaciones en diferentes turnos constitucionales hasta el presente.
Suspender todos los pagos supone auditar la deuda en origen de la Dictadura, y la promovida en el nuevo ciclo constitucional desde 1983 con los sucesivos canjes que intentaron legitimar el fraude del espurio endeudamiento.
Es sólo en esas condiciones que puede hacerse realidad el eslogan que apunta a honrar las deudas contraídas, pero nunca los fraudes.

Pero convengamos que no alcanza con suspender los pagos e incluso lograr la cancelación de las deudas, ya que si se continúa con el modelo económico y la inserción subordinada en el orden capitalista, el país volverá a sufrir las restricciones externas y el cáncer del endeudamiento.
Superar la coyuntura supone enfrentarse a los fondos buitres y la justicia de EEUU, sí, pero también al orden capitalista y por lo tanto impulsar cambios profundos en las relaciones económicas y en la inserción mundial.

Es un rumbo a empujar desde la integración regional contra el orden capitalista tal como sostuvo recientemente Evo Morales en Bolivia en sendos cónclaves internacionales: la cumbre del G77+China y la reunión sindical antiimperialista convocada por la COB, Central Obrera Boliviana y la FSM, Federación Sindical Mundial.
La solidaridad internacional y los pronunciamientos están expresados, y dan cuenta del aislamiento de los fondos buitres y la lógica judicial de Griesa y del sistema hegemónico de Justicia en EEUU, en un marco de agudización de la crisis mundial y su expresión en la potencia hegemónica a puertas de una nueva recesión.
EEUU da cuenta de una caída del PIB del 1% para el primer trimestre del 2014 y signos muy preocupantes en el segundo trimestre que cerró a fines de Junio.
La crisis se expresa, según el Departamento de Comercio de EEUU en la baja más importante de las ganancias corporativas, del orden del 10%, las más pronunciadas desde el inicio de la crisis. Agudiza la cuestión el mantenimiento del elevado déficit fiscal y comercial de EEUU, la baja de las inversiones privadas, apenas compensadas por la inversión pública y la reducción del consumo que intenta estimular la intervención estatal con emisión monetaria.

El interrogante es si la movilización social en la Argentina empuja una gesta de rebeldía contra los buitres, la justicia estadounidense que intervenga como proceso de salida de la crisis capitalista con rumbo alternativo y potenciando el proceso de cambio que anima Nuestramérica en esta primera parte del Siglo XXI.



II. ¡Honrar las deudas, no los fraudes! Alternativas a la suspensión de pago por endeudamiento perpetuo.

¿Qué hacer con la deuda?

Por: Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Para analizar las posibles soluciones al problema de la deuda, hay que remitirse en primer lugar a los ejemplos de la historia, que demuestran que, sobre todo las grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas. Decía Keynes (Keynes, John Maynard, Defaults by foreing governments, 1924): “...los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania”.

Galbraith (Galbraith, John Kenneth, Voyage dans le temps économique, ed. Seuil, cap. IV, 1995) cita varios ejemplos de deudas externas (sobre todo de los países llamados desarrollados) que nunca fueron pagadas.

Sergio Bitar, en el prólogo a un libro de Gonzalo Biggs ( Biggs, Gonzalo, La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos. Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1987) cita a Andrew Mellon, que fué Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920, quien dijo: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible… quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Esto lo decía Mellon para justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra de los países europeos con Estados Unidos. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países europeos suspendieron más adelante el pago de las deudas de guerra con Estados Unidos.

En su libro,Biggs cita numerosos precedentes históricos de países que no han pagado sus deudas externas, entre ellos los Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión. Dicha deuda fue anulada mediante la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, del 16 de junio de 1866, que dice : “…ni los Estados Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda u obligación alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales y nulas”. (Biggs, págs. 101 y 102).

Dice Biggs que si los países latinoamericanos recibieran un trato similar al de Alemania y otros países europeos después de la primera guerra mundial (que finalmente no pagaron sus deudas) la deuda latinoamericana debería reducirse en más del 50 por ciento y prorrogar los plazos de vencimiento de la misma hasta después del año 2050 (Biggs, pág. 171). El profesor José Antonio Alonso, en un artículo publicado en el diario español “El País” del 17 de abril de 2001, después de indicar el elevado costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo, señala que después de la Segunda Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para el pago de la deuda alemana el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de “no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”. Es decir que Alemania, después de haber provocado la hecatombe humana más grande de la historia, recibió mejor trato que el que reciben actualmente los países deudores pobres. Biggs dice que la experiencia histórica muestra que en todas las crisis financieras internacionales, los acreedores o sus gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos o inversiones y que la única excepción a esta regla ha sido la latinoamericana (pág. 28). Podría agregarse que actualmente la excepción alcanza no sólo a los países latinoamericanos sino a todos los países deudores pobres.

Desde el punto de vista jurídico, se ha reconocido el derecho de un gobierno constitucional a desconocer las deudas contraídaspor un gobierno dictatorial anterior, con fundamento en la mala fe del acreedor (que prestó sabiendo el destino ajeno al interés público del préstamo) y en la falta de representatividad del deudor. El general Tinoco había asumido el poder mediante un golpe de Estado en Costa Rica en 1917 y su gobierno contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada. Dicha deuda fue desconocida por el gobierno constitucional posterior. En 1923, el juez Taft de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que actuó como juez-árbitro entre el Royal Bank y el Gobierno de Costa Rica, rechazó la demanda de reembolso de la deuda, con los fundamentos mencionados (Adams, Patricia, Odious Debts, nextcity.com.jubilee2000uk.org. Africa Relance, Naciones Unidas, Vol. 7, N? 1, junio de 1993). Ya hemos visto que se contrajeron deudas simuladas y que durante largos periodos los intereses cobrados fueron usurarios, hechos que entran en la esfera delictiva . Además, los intereses no cobrados se incorporaron al capital adeudado, de manera que se devengaron intereses sobre los intereses (anatocismo), lo que está prohibido en las legislaciones de muchos países. Es decir que jurídicamente se puede considerar que la deuda es globalmente ilegítima y su pago no exigible. También en el plano jurídico cabe hacer valer el principio “rebus sic stantibus”_, es decir el derecho a no cumplir una obligación cuando las condiciones de la misma han cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una onerosidad extrema e invocar el enriquecimiento sin causa de los acreedores (derecho de reclamar la devolución y obligación de devolver lo que se ha percibido sin derecho).

Dice Biggs: “La iniciativa para exigir la revisión sustancial de las negociaciones…corresponde a los países deudores y no puede suponerse que, para ello, éstos habrán de contar necesariamente con el apoyo o comprensión de las demás partes. Pero el temor a la antagonización no puede justificar la prolongación e intensificación de un gravamen irreversible sobre la seguridad y el bienestar de las actuales y futuras generaciones latinoamericanas” (págs. 33 y 34).

Bitar, en el prólogo al libro de Biggs, señala que: “ Una extracción de recursos tan cuantiosos de las naciones pobres por las naciones ricas, obedece en definitiva a las condiciones de poder. Pero al final tiene un límite: la capacidad de pago del deudor. Y este concepto depende de una decisión nacional: lo que es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior” (pág. 18). Pero la capacidad de negociación con los acreedores de los gobiernos de los países deudores en defensa de los intereses de sus propios pueblos parece ser nula, pues se comportan como meros ejecutores de las políticas dictadas desde los centros del poder mundial. Cuando las autoridades de un Estado, sin tener en cuenta los precedentes históricos prácticamente invariables, la ilegitimidad de la deuda actual y que lo que “es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior”, no sólo no negocian firmemente con los acreedores amenazándolos con repudiar totalmente la deuda, sino que acatan sumisamente sus exigencias, pueden ser imputados del crimen de traición, tanto los funcionarios gubernamentales que así actúen como los parlamentarios que consientan, por acción u omisión, tal actuación.

Las bases jurídicas para tal imputación existen en general en las legislaciones nacionales. Por ejemplo, según el Código Penal argentino, comete traición quien “ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad” y la Constitución argentina califica de “infames traidores a la patria” a quienes “formulen, consienten o firmen” actos por los que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna" (artículo 29).
Pero mientras los pueblos afectados no impongan la negociación con actos masivos de rebeldía contra los sucesivos ajustes y sacrificios, esta situación no tiene miras de cambiar. Esto también lo saben los acreedores, pues estiman que pueden seguir expoliando a los pueblos de los países deudores mientras la paciencia de dichos pueblos no se haya agotado. En efecto, la Heritage Foundation, en el caso de México, afirmó en junio de 1987 que la circunstancia de que el gobierno de ese país hubiera eliminado los subsidios al consumo, aumentado drásticamente los impuestos y reducido en un 50 por ciento los salarios reales, “sin una rebelión masiva” de su población, indicaría que el gobierno aún tendría espacio para profundizar esa política y realizar, también sin obstáculos, la reforma y privatización completa del aparato económico del Estado (The Heritage Foundation. “Deja vu on Policy Failure: The new $ 14 billion Mexican debt bailout”, Backgrounder, Nº 588, p. 11, 25 de junio de 1987. Washington, D.C., citada por Biggs, págs. 31 y 32).

Desde el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio actuarial descontando las deudas ficticias, los intereses usurarios, los intereses de los intereses, los gastos y comisiones desproporcionados y la fuga de capitales, se llegaría a la conclusión de que la deuda ha sido totalmente pagada y probablemente se vería que los presuntos deudores son en realidad acreedores. Un documento del 25 de junio de 2001 de Jubileo Sur, dice que en 1980 los países del sur debían 567 mil millones de dólares, que desde entonces se han pagado 3 billones 450 mil millones, es decir seis veces el monto de la deuda de 1980 y que sin embargo se deben actualmente algo más de dos billones, es decir tres veces y media más que en 1980. Finalmente desde un punto de vista ético habría que poner la presunta deuda en un platillo de la balanza y en el otro platillo la deuda social, ecológica e histórica que los acreedores tienen con los presuntos deudores.
Es decir poner en ese platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste, el daño ecológico provocado con industrias contaminantes, con los desechos tóxicos transportados a los países del Tercer Mundo, con la devastación de los bosques y la deuda histórica contraída con los presuntos deudores durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos humanos.

Puede afirmarse que la deuda externa de los países del tercer mundo es jurídica, económica y financieramente inexistente y éticamente insostenible y que su subsistencia forma parte del sistema mundial dominante caracterizado por la hegemonía del capital financiero parasitario que funciona como una bomba aspirante del trabajo y el ahorro de los pueblos de todo el mundo, siendo los más afectados los países pobres y dentro de ellos, los sectores más desfavorecidos de la población. Dice Biggs: “El costo de mantener la vigencia de estas obligaciones a través de su constante ajuste y reprogramación proporciona una especie de renta perpetua a los acreedores y, al mismo tiempo, representa un drenaje permanente para la economía de los países deudores” (Biggs, pág. 24).Fuente: http://www.argenpress.info/2014/07/que-hacer-con-la-deuda.html

I. ¡Honrar las deudas, no los fraudes! Alternativas a la suspensión de pago por endeudamiento perpetuo.

Holdouts: La Argentina no tiene nada que negociar
Por: Lic. Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

Hablar de “negociación” en el marco de la gravísima encerrona financiera y legal en que la administración Kirchner ha metido al Estado Argentino es un eufemismo.

La delegación oficial que viajará a Nueva York el próximo lunes 7.7 para iniciar conversaciones con los “fondos buitre” (FB) sobre la forma de cumplimiento de la sentencia en contra de nuestro país no puede hacerlo en peores condiciones.

El juez Griesa ha designado un mediador - el abogado Pollack (un hombre muy calificado del riñón del sistema financiero) - para tratar de resolver el entuerto generado por su sentencia al afectar derechos de terceros (los bonistas que ya entraron en el Megacanje 2005-2010) y al colocar a la Argentina entre la espada y la pared frente a un fallo de cumplimiento imposible dada su naturaleza y alcance.

Como no sea para seguir tratando de ganar tiempo, antes de ir a “negociar” así es mejor no hacerlo.

Las consecuencias del fallo Griesa - incalculablemente negativas para los intereses y para las posibilidades del Estado - obligan a considerar la variante cierta y preferible de formalizar que la Argentina sea arrastrada a un nuevo default.

El punto de situación

A los antecedentes de la cuestión de los holdouts, al manejo del problema por parte del gobierno K y a las alternativas o recomendaciones frente al fallo Griesa ya nos hemos referido en otros trabajos, donde planteamos análisis y propuestas que - salvo mínimos recordatorios - no vamos a repetir aquí. (*)

En lo inmediato, los principales hechos básicos y concretos que el país afronta son los siguientes:

a) La Argentina no puede aceptar abonar los montos del juicio - perdido en todas sus instancias legales - sin evitar la avalancha de nuevas demandas, actuales y futuras, por parte del resto de los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

b) A los 1.500-1.600 MD (Millones de Dólares) de este caso testigo (NML-Elliot y otros) se agrega que las nuevas demandas de los holdouts serán superiores a los 20.000 MD: el gobierno hablo de 15.000 MD pero diversas estimaciones privadas hacen subir mucho más esta cifra (20-22.000 MD según Daniel Marx, 24.000 MD según Eugenio Bruno, 30.000 MD según el abogado de NML Robert Cohen).

c) Estas nuevas demandas, cuyo destino es ser pagadas con más deuda en bonos, se suman a los 600 MD del CIADI, los 5-6.000 MD de Repsol por YPF, los 9.700 MD del Club de París y los 10.000 M$ (Millones de Pesos) del nuevo Bonar $ 2017, sin contar los nuevos préstamos de los Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) en curso (Banco Mundial, BID y CAF).

d) La caída de los pagos de servicios por intereses de la deuda pública de mediados de año y el compromiso de anticipos al Club de París en Julio - pese a que el Acuerdo todavía no está ratificado por el Congreso - agravan este cuadro de nuevos vencimientos.

e) La cuenta regresiva por el pago de los intereses de los bonos Discount - correspondientes al Megacanje 2005-2010 - cuyo abono fue bloqueado por orden del juez Griesa y ahora tiene fecha límite el 30.7 - no sólo amenaza con llevar al país a un default técnico que todos quieren evitar (acreedores, bancos colocadores de nuevos bonos y el propio gobierno) sino que estrechan los tiempos de negociación del país.

f) Este doble encerramiento, por extralimitación del juez al poner a los bonistas como rehenes del pago a los holdouts y por estrangular los tiempos de negociación de la Argentina con su negativa a la reposición del stay - la medida cautelar que suspende transitoriamente la ejecución de la sentencia - determinan una situación de hecho tan gravosa como inaceptable para el país.

g) Las cláusulas leoninas aceptadas con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 hacen el resto: prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, prórroga de jurisdicción en la ejecución de sentencias, renuncia a oponer la inmunidad soberana, cláusula del acreedor más favorecido, cláusula RUFO, cláusula cross default o de incumplimiento cruzado, cláusula negative pledge o compromiso de no hacer, etc.

h) Todas las nuevas obligaciones que se están tomando aumentan la proporción de la deuda pública con terceros - en su gran mayoría, Deuda Externa - empeoran el perfil de vencimientos de la deuda total y trasladan el grueso de los compromisos a las futuras administraciones.

i) A su vez, cualquier arreglo hipotético al que se llegue para paliar la situación actual no exime a la Argentina de la apertura de otro frente de tormenta legal con los bonistas que ya entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna, por la existencia de las controvertidas cláusulas específicas del Acreedor más favorecido (MFCC) y de Derechos sobre ofertas futuras (RUFO).

j) La aplicación de las cláusulas antedichas constituye una amenaza cierta de embarcar al país en la exposición a nuevos reclamos cuyo costo es incalculable: el gobierno habla de 120.000 MD - que algunos hacen subir a 130 ó 150.000 MD - y ciertos analistas privados advierten que pudiera elevarse a más de 500.000 MD (Dr. Etchebarne).

k) El extremo embrollo derivado de estas cláusulas - que ha estudiado en profundidad Javier Llorens - deriva en problemas insolubles para nuestro país tanto desde el punto de vista legal como financiero, con el agravante que no lo liberan de quedar expuesto a bonistas díscolos que demanden a la Argentina desde cualquier rincón del mundo manteniéndolo así en jaque como permanente deudor en riesgo de parciales defaults.

Todas estas circunstancias concretas hacen que hablar hoy de negociación de las formas de pago de la sentencia Griesa en estas condiciones sea un intento de dialogo perdido de antemano.

Las instancias de “negociación” se terminaron con el fallo Griesa y toda pretensión de acordar su forma de pago cuando el país no tiene posibilidades de hacerlo debido a los inexorables efectos financieros y legales de esa sentencia supone empeorar la situación de la Argentina.

El gobierno Kirchner parece haber percibido tardíamente la magnitud y gravedad de esta situación y no podría intentar ahora replantear su posición sin tener que reconocer el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen y sus secuelas, con la reapertura del canje 2010 y con la equívoca aplicación de la Ley Cerrojo 26.017, por lo que tal revisión es totalmente improbable que la haga.

El erróneo manejo del tema desde el Megacanje “voluntario” de 2005-2010, que dejaba 20.000 MD de dólares de holdouts afuera pese a que temprano o tarde las demandas de estos holdouts terminarían inexorablemente teniendo fallos en contra de nuestro país, culminó de rematar el problema.

Los planteos y apoyos equívocos

Por convicción no manifestada o por escenificación, el gobierno Kirchner se maneja actualmente - en esta etapa del problema de los holdouts - con posturas declarativas y con alianzas tácticas ambivalentes:

a) Proclama su vocación pagadora cuando su administración se encuentra en un grave estado de insolvencia e iliquidez fiscal, con déficits gemelos - fiscal y externo - y deuda pública rápidamente creciente.

b) Reitera su aceptación a un fallo - la sentencia Griesa - que por sus implicancias no puede cumplir.

c) Reconoce una supuesta instancia de “negociación” - como vimos - careciendo de márgenes, tiempos y argumentos dentro del marco de la sentencia Griesa.

d) Proclama su voluntad de querer pagar a los bonistas mientras carece abiertamente de capacidad de repago para poder atender todo el conjunto de sus obligaciones, como no sea emitiendo nueva deuda para cancelar la que le va cayendo por capital.

e) Asume nuevo endeudamiento - caso CIADI, Repsol, Club de París, OMC, Títulos Públicos, etc. - que, aparte de aumentar el stock de la deuda en su conjunto, aumentan también el peso del pago de los intereses, que se pagan dentro del Gasto Público Corriente.

f) Declama que quiere cumplir con los bonistas del canje pero paralelamente busca excluirlos de los beneficios que pudieran corresponderles en función de la cláusula del Acreedor más favorecido, jugando incluso con una dilación artificial de los tiempos para que prescriba la aplicación de la misma a fin de año, de modo de poder mejorar los pagos a los FB sin trasladarle esas mejoras a los bonistas (cosa que - por otra parte - no excluiría al gobierno argentino de reclamos por prácticas de mala fe).

g) Requiere y presenta ante la opinión pública apoyos de tipo político que no tienen traducción operativa directa y que, como tales, le sirven concretamente de muy poco, como el caso la reciente reunión de la OEA, donde obtuvo un respaldo nominal “a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100 % de sus acreedores.”

h) Por último - en lo que constituye el eje de la cuestión - trata denodadamente de cumplir con la Hoja de Ruta Boudou, que comprende la liquidación de la cuestión de los Holdouts y el arreglo con el Club de París como prerrequisitos de la vuelta al Mercado Internacional de Capitales, para colocar nueva Deuda Pública Externa.

¿Cuál es el costo de estas contradicciones flagrantes? ¿Cuál el costo de esta ficción?

El apoyo generalizado externo que recibe el gobierno argentino de la Banca Internacional, de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, México, Chile, Brasil y otros, del Fondo Monetario Internacional y del establishment financiero local y externo, no se da para que la Argentina salga de la trampa de Deuda Perpetua en que vive sino, por el contrario - como la rueda que al girar se entierra más en el lodo - para que la Argentina profundice su endeudamiento.

Y si no se ataca este problema de fondo nunca se podrá intentar siquiera revertirlo sino tan sólo jalonar un nuevo capítulo del drama de la Deuda Pública Perpetua, aquélla que sólo se paga con más endeudamiento.

Alternativas para un futuro inmediato
Dado el “callejón sin salida” en que está metido el gobierno K no existe solución posible para la Crisis de Deuda en que vive el país sin replantear los términos de una re-estructuración forzada de la misma.

Como lo hemos dicho mil veces: no existe solución al problema de la Deuda dentro del Sistema de la Deuda.

Si se quisiera intentar un cambio que permita el reacomodamiento de la posición del Estado Argentino frente a este problema de la Deuda deviene necesario que el gobierno proceda en forma extra-ordinaria y verdaderamente heterodoxa:

a) El gobierno debe suspender toda negociación sobre la forma de pago del fallo Griesa, ya que su implementación traerá daños irreparables para los intereses de la Nación - en estado de Emergencia - comunicando al juez que su sentencia es así de cumplimiento imposible para la Argentina dado sus efectos para las finanzas del Estado y manifestar, por lo tanto, que el país - bloqueado en el intento de pago por separado a los bonistas - declara el default (incumplimiento) de sus obligaciones.

b) Dado que la crisis por insolvencia e iliquidez afecta la totalidad de la Deuda Pública de la Argentina - deuda con terceros y deuda intra-Estado - siendo el fallo por los holdouts sólo el detonante de esa crisis; y como la única alternativa disponible del país es seguir pagando indefinidamente deuda con deuda y salir al mercado a tomar más deuda, el gobierno se ve forzado a blanquear su situación de default por incapacidad de pago.

c) Como en toda Crisis de Deuda, las acreencias tienen que ser revisadas primero en su legitimidad y luego - sobre la parte que se reconozca legítima - debe determinarse la verdadera capacidad de repago, para lo cual debe realizarse una Auditoría integral de la Deuda Pública creando una Comisión Especial al efecto, que deberá expedirse en un tiempo pre-establecido (digamos, un año). En el interregno, se suspenden todos los pagos de servicios de la Deuda del Estado.

Sería la única forma realista de sincerar una situación de hecho, que ya existe y que, en las condiciones actuales (que son las que, en igual o mayor medida, rigen desde hace 40 años) constituye el problema financiero insoluble de la Argentina porque este tipo de condiciones forma parte de la falacia central del Partido de la Deuda: tomar deuda sin capacidad de pago para vivir pagando intereses, renovar el principal y tomar deudas adicionales.

La alternativa de default debiera llevar entonces - Dictamen mediante - a una reestructuración forzosa, no voluntaria, de la Deuda Soberana y tendría el triple efecto positivo de: 1. Replantear los términos de toda refinanciación de la Deuda en función de los intereses nacionales, 2. Someter dicha deuda a las reglas de racionalidad jurídica y financiera, y 3. Devolver al ámbito del Derecho Público el tratamiento del problema estructural del endeudamiento del Estado, con participación directa del Congreso en función de sus obligaciones constitucionales.

Hoy se da una circunstancia y oportunidad histórica excepcional para intentar revertir este proceso de malformación estructural de las finanzas públicas argentinas, una situación a la que se llegó por culpa de la adscripción al Sistema de Deuda Perpetua, frente a lo cual es necesario “barajar y dar de nuevo”, lo que conlleva el requisito de replantear los términos de fondo del problema.

Caso contrario, el gobierno Kirchner marcha hacia una nueva rendición “exitosa” frente al Partido de la Deuda, que busca minimizar y desdramatizar la gravedad real de la cuestión de fondo, que es la toma de deuda sin capacidad de pago y la consiguiente distorsión de las fuentes de financiamiento del Estado en función del Sistema de la Deuda.

Este trabajo es continuación directa de dos notas anteriores:
“Holdouts: Default o más Deuda” (del 25.6) y “La Argentina tiene que ir al default” (del 28.6), que se consideran de lectura imprescindible como complemento del presente.

Fuente: http://www.argenpress.info/2014/07/holdouts-la-argentina-no-tiene-nada-que.html

II. Deuda de la dictadura refinanciada


7 de Julio de 2014

Por Alejandro Olmos Gaona.
Para el autor es de vital importancia conocer el origen de la deuda que el Gobierno argentino pretende honrar, y también identificar cuál es la deuda privada ilegalmente estatizada.


Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.
A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, al presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”.
Debemos hacer un paréntesis para referirnos a la deuda de la empresa Cogasco, actualmente reclamada por Holanda, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.
La empresa, fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares.
En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expediente 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los directores Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el doctor Marcelo Kiguel, vicepresidente a cargo de la presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.
A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la que provenía de la dictadura, como lo consignara anteriormente habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.
Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que ayer se acordaron con el Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las cifras que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y decimos esto porque en el año 2009, se solicitó al Ministerio datos sobre las deudas, sin que se me pudiera informar nada al respecto. En el año 2011, se pidió al ministro de Economía información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Se volvió a insistir, y el director de Deuda Pública del Banco Central, contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina. Enviada la nota correspondiente a la licenciada Marcó del Pont, presidenta del banco, se informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses recibí una nota del contador Amado, director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando que esos datos eran toda la documentación que tenían. Ello significa que el gobierno a negociado la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, sin que exista documentación respaldatoria alguna, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento.
La Base Sigade del Ministerio de Economía, da los montos pormenorizados de los acreedores bilaterales, pero como decimos son solo informaciones estadísticas, porque la documentación no se encuentra, según la información oficial en nuestro poder. Ello supone, como en otras épocas negociar sobre la base de la documentación en poder de los acreedores, lo que supone un verdadero despropósito.
Esto de la inexistencia de documentación sobre la deuda, no es algo nuevo, ya que en diversas oportunidades el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, solicitó al Banco Central, datos sobre la deuda externa pública y privada, informándosele, que no tenían documentación alguna, y solo datos estadísticos, sin valor contable.
La conclusión final es el acuerdo del ministro Kicillof, reconociendo una deuda de 9700 millones de dólares, pagaderos en julio 650, en el 2015, 500 millones de dólares más y cinco cuotas, con intereses, aunque excepto un escueto comunicado, no se conocen los detalles del cálculo sobre la deuda, y los intereses, más los punitorios reconocidos.

El habitual exitismo del gobierno, muestra este acuerdo como un gran triunfo y la presidencia, se nos indica que ahora las inversiones van a llover, debido a que hemos legalizado un delito. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que solo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad. Sobre las supuestas inversiones, el tiempo mostrará cual es la realidad de las mismas.

Fuente: http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/economia/5408-deuda-de-la-dictadura-refinanciada-ii


I. Deuda de la dictadura refinanciada


3 de Julio de 2014

Por Alejandro Olmos Gaona.
 La deuda externa argentina es que heredó de la última dictadura cívico-militar, pero sucedida de nuevos empréstitos para sufragarla. Acerca de por qué es “odiosa”.

Hace muchos meses el ministro de Economía Axel Kicillof y el embajador argentino en la Unión Europea, Hernán Lorenzino, quien es a su vez titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, viajaron a Europa a los efectos de iniciar conversaciones con los miembros del Club de París, para arreglar el pago de la deuda que mantiene nuestro país con sus miembros. No trascendió los términos del ofrecimiento efectuado por los funcionarios, ya que como ocurre habitualmente los detalles son secretos y, aunque circularon algunos datos, siempre prefiero manejarme en mis investigaciones con cifras oficiales, para no caer en errores que puedan inducir a confusión.
La deuda con el Club de París se arrastra desde el default de 2001, y el 2 de septiembre de 2008 la Presidenta de la Nación decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el Decreto 1394, que también fue firmado por el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa. Esa norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia.
Debe recordarse que en mayo de 2011, trascendió que el entonces ministro de Economía Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de Paris, con lo que se fijó en la suma de 8470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de 100 millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).
Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional. La noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar.
Pero como siempre la realidad viene a contradecir el discurso los hechos, resultan sustancialmente distintos y las deudas que reclaman los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado. Voy a mostrar cuál es la realidad que el Gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial.
Dejando de lado deudas canceladas de la década de 1960, las obligaciones que hoy se van a negociar tienen en parte su origen durante la gestión del dictador Jorge Rafael Videla, y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década de 1990, después de realizada la V Ronda de negociaciones que culminara en 1992, durante la gestión de Domingo Cavallo.
Para poder tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas y llegar hasta 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.
En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego, en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.
Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.
El 19 de septiembre de 1991 se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.
El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.
En el Boletín Fiscal de la Nación se indica que al 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6725 millones de dólares, haciéndose constar además la existencia de deudas con otros bilaterales, por la suma de 3.436 millones de dólares. La cifra disminuye en 1997 a 5144 millones, más 2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda es de 4512 millones de dólares, más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se produce el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579 millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negocian en el marco del Club de Paris e integran las sumas que este reclama.
Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club de parís era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Economía, por lo que sumando los intereses convencionales más los punitorios, la deuda treparía a más de 9500 millones de esa moneda a la fecha.
Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluyo los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora. Lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas es determinar qué importe corresponde a la deuda de la dictadura y cuál el que a los gobiernos a partir de diciembre de 1983.

9 de junio de 2014

Alternativa a las fracciones políticas que aspiran a sustituir y representar.

Es la construcción, articulación y expansión de
espacios de deliberación y toma de decisión sobre autogobierno societal.

Es crucial salir de la conducción progresista que engaña sobre su diferencia radical con el neoliberalismo. Es romper con las políticas sociales según programa y mandato del Banco Mundial y con la UNASUR que se centra en hacer posible la IIRSA Leer o sea el desarrollo del capitalismo e imperialismo contra los pueblos de Sudamérica y que se complementa con el Proyecto Mesoamérica. Leer
Es avance del neocolonialismo que desorganiza irreversiblemente a los ecosistemas garantizando nuestra dependencia de las potencias imperialistas e incluso amenazando la supervivencia de nuestras generaciones futuras. Es posible, en Argentina, por una apropiación K de experiencias e ideas organizativas de las luchas contra la impunidad de los ejecutores del genocidio en los setenta, por reivindicaciones sociales y por unidad emancipatoria de Nuestra América. Pero también por apropiación del Estado para la batalla cultural, política e ideológica para suscitar (en cada uno y todos de los de abajo) el estar en una etapa fundacional de un país emancipado, democrático y progresista.
De modo que nos urge seguir expandiendo y arraigando la Red Nacional de Medios Alternativos hacia la constitución de un frente cultural político mirando a la unión en diversidad de los de abajo por deconstrucción de sentidos comunes que consensúan al dominio capitalista e imperialista. Este diálogo pluralista e interdisciplinario coincide con la concepción del socialismo de José Carlos Mariátegui. Miguel Mazzeo nos pregunta:
"¿Qué nos sugiere hoy la noción de elementos de socialismo práctico? Sin ahondar demasiado, podemos afirmar que en ella subyace toda una «teoría de mediaciones».
La misma nos propone enfrentarnos al poder dominante no a través de fracciones políticas que aspiran a sustituir y representar sino construyendo, articulando y extendiendo espacios de unión social basados en modalidades de trabajo y en valores no capitalistas para comenzar a concretar el socialismo en el presente.
Nos presenta al eje comunitario o societal (en base territorial) como soporte para reactualizar nuestra concepción de la soberanía. Una forma (¿la única?) de hacer que el mundo sea un mundo de posibilidades latentes: lo real como proceso abierto, la interioridad de la «ideología revolucionaria» (o mejor, la conciencia de clase) respecto de las bases o las 'grandes masas', etc.. Una forma (¿existe otra posibilidad?) de confrontar el presente con el futuro y recuperar el avasallante poder del futuro.
Nos alerta contra todas aquellas modalidades que menoscaban la conciencia y la función creadora y dirigente de las clases subalternas como el populismo, el clientelismo y la burocracia.
Nos propone una concepción del socialismo que, además de la socialización de medios de producción y los recursos, se basa en la socialización del poder y en nuevos valores y nuevos sentidos.
Nos plantea la posibilidad de una racionalidad alternativa, diferente a la del capital (...)Una racionalidad liberadora, una razón crítica y revolucionaria.
Nos impone la necesidad de defender la diversidad natural, social y cultural de Nuestra América; a su vez esto nos obliga a plantear pensar en la construcción de Estados plurinacionales de base comunitaria, en sistemas de vida basados en la reciprocidad entre los seres humanos y entre éstos y la madre tierra (sistemas del vivir mejor o sistemas del vivir bien compartido: Sumaq Kawsay en lengua Quechua o Sumaq Qamaña en lengua Aymara). (...)
Esto concluye  Miguel Mazzeo en su libro "Invitación al descubrimiento. José Carlos Mariátegui y el socialismo de Nuestra América". 1a edición Buenos Aires: El Colectivo, 2008.


III. "Democratizar el territorio, democratizar el espacio".

Entrevista a Boaventura de Sousa Santos


(...)Susana Caló – Ya oí decir que la teoría no debe ser una teoría de la vanguardia, sino de la retaguardia, en el sentido en que debe tratar de facilitar, acompañar y aprender con las transformaciones sociales. Eso parece esencial, pensar la teoría y el conocimiento como una práctica que abre espacios a la multiplicidad y a la diversidad, en la medida en que mantiene esa ligación a lo social. Pensando aún en esa traducción para Europa, ¿existe un lugar importante en las universidades, teniendo en cuenta que son un espacio tan privilegiados entre nosotros?
Boaventura de Sousa Santos – Sin lugar a dudas, la universidad es un espacio tan privilegiado como problemático.  Es un espacio que se asienta sobre la idea fundamental de privilegiar un cierto tipo de conocimiento, el conocimiento que triunfó a partir del siglo XVII, el conocimiento científico y la tradición filosófica eurocéntrica. Hasta que en el siglo XIX “descubrimos” que la filosofía occidental era toda griega, destruyendo así todas las ligaciones con África y el Medio Oriente. Llevamos a cabo una ruptura a partir de Grecia, eliminando o dejando en la sombra el desarrollo filosófico y toda la creación cultural de una región del mundo bastante más vasta.
La universidad fue la gran consagración del conocimiento vencedor y, por lo tanto, del conocimiento de los vencedores, aquellos que tienen más progresos en la ciencia y en la filosofía. Para no hablar ya de las ciencias y de las filosofías orientales, hay muchas otras formas de conocimiento en circulación en la sociedad, conocimientos legos, populares muchas veces vinculados a las luchas sociales. El conocimiento popular, rescatado por las ecologías de los saberes, es un conocimiento que muchas veces, está inserto en una práctica que nace de la lucha, es un conocimiento born in struggle, y sólo existe en los contextos prácticos en los que existe y no en las instituciones de producción de conocimiento. Por lo tanto, la universidad tiene esa especificidad de haber separado la práctica y el conocimiento y de haber transformado el conocimiento en una práctica en sí mismo. Aún así, lo separó de todas las prácticas y es por este motivo que la universidad nos permitió también –la otra cara de la moneda- crear ideas revolucionarias en un contexto reaccionario, porque aisló a los académicos del resto del mundo, en la tal torre de marfil. Ahora bien, mi objetivo ha sido el de intentar mostrar cuáles son las virtudes de la propia universidad para criticar la idea de que hay apenas un tipo de conocimiento. Hay diversos tipos de conocimiento y quizás deberíamos tener afiliados dentro de la universidad llegados de los ciudadanos, de los movimientos y organizaciones sociales, portadores de otras formas de conocimiento que deberían ser reconocidas. Hay experiencias, hoy, por todo el mundo, donde esto se está llevando a cabo. El caso de Brasil, por ejemplo, donde algunas Facultades de Medicina, sobre todo en las universidades del Amazonas, ya incluyen medicinas y métodos tradicionales, que complementan la biomedicina moderna. Por lo tanto, es esta ecología de saberes médicos, arquitectónicos, urbanísticos, o jurídicos, que estamos estudiando en el proyecto ALICE, y que desde mi punto de vista, puede traer alguna esperanza a las propias universidades, porque gran parte del conocimiento de hoy, se lleva a cabo en otras instancias que no las universidades convencionales. De ahí la propuesta que he venido a avanzar en el Fórum Social Mundial, de una universidad popular de los movimientos sociales, que vaticina justamente otra manera de unir a científicos y artistas con los movimientos sociales.
Susana Caló  – Se ha referido a este momento en que las personas salen a las calles y a las plazas como un periodo post-institucional, en el que las instituciones ya no consiguen acomodar los ecos de las nuevas generaciones, lo que de algún modo hace que nuevas y diversas formas de actuación estén posicionándose en el espacio urbano, abriendo nuevos espacios políticos. ¿Cree que estos movimientos que vienen de abajo abren la posibilidad de una nueva idea de espacio público? Y ¿cómo se pueden articular estos movimientos con las instituciones?
Boaventura de Sousa Santos – Creo que hay ahí dos cuestiones. Una de ellas es ver la contradicción que se fue generando, sobre todo, en las últimas décadas, en términos de las relaciones socio-espaciales, y lo que yo llamo de espacio autoritario y espacio democrático.
Las concepciones espaciales autoritarias se desarrollan en gran parte en el momento en que la polarización social y la desigualdad social comenzaron a poner en peligro la gobernabilidad. Los espacios autoritarios son los espacios dominantes que intentan defenderse de una reacción popular, las urbanizaciones privadas son exactamente un buen ejemplo, entre otros. Otros ejemplos en la organización espacial de la ciudad son el abandono de los espacios públicos, u organizarlos de manera a que se dificulte la aglomeración de las personas, o el distanciamiento de las universidades de los centros de las ciudades con la creación de los campus universitarios.
Esto en América Latina es absolutamente evidente, se crearon espacios para que el movimiento estudiantil no pudiera tener un carácter perturbador del poder político y confinaron a los estudiantes en espacios más o menos segregados.  Por lo tanto, la lógica de la gestión del espacio dominante fue la de crear un espacio que, siendo público, fuese autoritariamente construido, es decir, es un público restrictivo y selectivo. El propio espacio hace difícil cualquier articulación del movimiento social.
James Holston de la Universidad de Berkeley, que hace poco tiempo estuvo en el CES, escribió un libro fundamental sobre Brasilia en el que de algún modo, criticaba toda la lógica modernista de Brasilia, una ciudad a la que voy muchas veces, pero con la que no consigo identificarme, porque precisamente es una ciudad donde es muy difícil el espacio público y la movilización social contestataria organizada, a pesar de haber sido construida por arquitectos comunistas. Los espacios físicos entre las partes edificadas son tan vastos, que lejos de favorecer la creación de espacios públicos, crean desiertos de ciudadanía, zonas social y políticamente neutralizadoras.
Así que, el espacio autoritario estuvo siempre ahí, y después existe el espacio de los excluidos, digamos, que es la respuesta al autoritario y que son las favelas, los suburbios – no los suburbios americanos, sino los latinoamericanos – los guetos, que fueron una respuesta no a modo de confronto, sino de adaptación. Entretanto, empezaron a surgir las luchas por el espacio público. Estas luchas tendrán muchas dimensiones hasta llegar al momento actual, desembocando en los movimientos a los que asistimos hoy.  El espacio público fue utilizado para llevar a cabo reivindicaciones en las que lo público no era en sí mismo una reivindicación: era el nuevo código de trabajo, los derechos de las mujeres, y de ahí en adelante. El espacio público era usado para servir a las reivindicaciones…
Susana Caló – Como un palco.
Boaventura de Sousa Santos – Exactamente, como palco. Hoy ya no es así. El espacio público del movimiento de los indignados hoy es el espacio  en sí mismo, el propio espacio es el valor, es la cuestión de la arena política. La lucha política tiene lugar en ese espacio porque los indignados creen que los espacios institucionales fueron colonizados por el neoliberalismo, neutralizando el derecho a la manifestación política dentro de las instituciones. De ahí viene mi concepto de post-institucionalidad. El espacio público surge como una situación de transición espacial paradigmática, de un espacio que es palco o es vehículo, para un espacio que es entidad en sí mismo. Es presencia, por eso digo que a veces no debemos hablar de movimientos, sino de presencias colectivas en la ciudad y en los espacios públicos, se trata de un tipo distinto de reivindicación del espacio.
Ahora bien, su segunda pregunta se refiere a saber si este momento es el momento, en términos dialécticos, de un entendimiento diferente con las instituciones y con los espacios institucionales. En este caso, todo va a depender de la fuerza de nuestra democracia, porque si la democracia tuviera aún un mínimo de vitalidad, la democracia sería el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Ahora bien, si el pueblo va para el espacio no institucional, está diciendo a las instituciones que no son democráticas y que no están cumpliendo su misión, porque si ellas no se desviasen de sus funciones no era necesario esto.
Anteriormente, existían los parlamentos, y la movilización popular en la calle servía para que actuasen los parlamentos. Pero estamos en una fase en la que actuamos en la calle para producir resultados políticos en la calle, porque sabemos que los parlamentos no responden, ellos están cooptados, están tomados por la troika y por otros valores e intereses que no son los intereses de la población. Pero, si la democracia tiene aún esa semilla de la vitalidad, creo que habrá reformas políticas que responderán a esta situación, a la que las instituciones con su configuración actual, no consiguen dar respuesta. Vamos a desarrollar formas de democracia participativa, vamos a permitir que la democracia no sea apenas elegir gente para el parlamento, y vamos a tener también ciudadanos organizados en los municipios, que participen en las decisiones. Esto también podría ser facilitado por las vías actuales, como las redes sociales y los medios electrónicos disponibles que permiten formas de democracia electrónica. Es toda una nueva realidad que está ahí, de un espacio público virtual, que es un espacio con un potencial enorme.
Pero esto va a depender de la capacidad que tenga la democracia de dar respuesta. El pueblo fue expulsado de las instituciones, por eso se manifiesta en las calles. No se trata de no querer las instituciones, no hay que olvidar que la lucha de los indignados es una lucha por una democracia real. Por lo tanto, no se trata de alguien que recusa la democracia, sino que es alguien que se siente expulsado de una democracia, que ya no sirve a sus intereses. Lo que se  reivindica es una entrada, sólo que esa entrada implica una reforma fundamental de las instituciones. Y esa es la transición en la que nos encontramos en este momento y que torna toda la lucha histórica muy incierta.
Susana Caló – En Portugal. Ensaio contra a Autoflagelação, escribe sobre la necesidad de democratizar la democracia. ¿Cree inminente la democratización del espacio como vehículo para la democratización de la democracia? Es muy revelador cómo en los movimientos de ocupación de espacios, o de reutilización para fines comunitarios, las personas hablan de un “hacer” de la comunidad y de una sensación renovada de lo colectivo.
Boaventura de Sousa Santos – Absolutamente, creo que es lo esencial. Hay que democratizar el espacio, porque éste ha sido privatizado de varias formas, no apenas por los proyectos inmobiliarios, sino también a través de una respuesta meramente represiva a la criminalidad. El espacio público tiene que ser reconstruido con un sentido de colectividad. Es el espacio de la convivencia, el espacio de la emoción, de la confianza, es el espacio del mirar, y es el espacio del abrazar. Son todos espacios que deben ser construidos y, por lo tanto, ese espacio es una gran conquista en este momento. Porque lo que hicimos con el modelo neo-liberal fue ir para el espacio privado y salir del espacio público, y hoy vemos que cuando abandonamos el espacio público las crisis financieras y las crisis ecológicas nos entran dentro de casa. Es decir, no ganamos mucho refugiándonos en el espacio privado, porque ahora estamos sin empleo, o entonces estamos comiendo productos envenenados. Y, por eso, tenemos que volver al espacio público. Pero es necesario reconquistarlo. Por lo tanto, democratizar la democracia para mí tiene un sentido muy amplio. Todas las relaciones sociales son espacio-sociales, pero lo son de diferentes formas. En A Crítica da Razão Indolente, distingo seis modos de producción del poder, del conocimiento y del derecho: son el espacio doméstico, el espacio de la producción, el espacio de la ciudadanía, el espacio de la comunidad, el espacio de consumo y el espacio mundial. Son todos estos geo-espacios los que deben ser democratizados. Ahora bien, lo que ocurre es que en el modelo occidental que tenemos, sólo el espacio de la ciudadanía fue relativamente democratizado. Nuestra democracia trabaja apenas al nivel del espacio público de la ciudadanía, no está en la familia, no está en la fábrica, no está en el consumo, no está en la comunidad, ni en las relaciones mundiales. La democracia representativa que lo que tenemos, en el fondo, es una isla de democracia hoy muy fragilizada, en un archipiélago de despotismos, en la familia, en la fábrica, en la calle, en la comunidad y en el consumo. Por lo tanto, democratizar la democracia es democratizar esos espacios y todos ellos tienen, a mi modo de ver, una dimensión de espacio público. Es decir, la familia hoy  no puede ser entendida como un espacio privado, porque está regulada públicamente.

Nosotros creamos la idea de que la propiedad privada no se toca. Pero esto obliga también a repensar todos los otros conceptos de propiedad inmobiliaria e inclusive la propiedad de la tierra.  ¿Qué es importante tener como espacio público para una ciudad? ¿Cuáles son los criterios de valorización? ¿Por qué los planos maestros son continuamente violados? Y ¿por qué siempre que se necesita se van a buscar a ese potencial espacio público otras valoraciones, sobre todo ahora con la crisis financiera? La cuestión del espacio se mide exactamente con la cuestión del tiempo. El espacio público es el espacio de los largos tiempos, de la convivencia, de la confianza, que no se crea de un día para otro. Se crea de aquí a un año, dos años…porque muchas veces se crean espacios y después decimos que las personas no los usan. Claro que no, porque tiene que pasar algún tiempo para que las personas se habitúen y disfruten otras concepciones de espacio. Es un largo tiempo, y si antes nuestros políticos gobernaban cuatro años, ahora gobiernan dos, y con la troika gobiernan meses, lo que es un tiempo muy breve, y juega totalmente contra cualquier idea de espacio público. (...)

(Esta entrevista, traducida por Pilar Pereila Martos, tuvo lugar el 27 de julio de 2012 en el Centro de Estudios Sociales, en Coimbra, Portugal).
Publicado 27th November 2013 por Lobo suelto
http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2013/11/democratizar-el-territorio-democratizar.html