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13 de febrero de 2015

II. Necesidad de construir el Nunca Más al capitalismo, porqué y cómo. Basta analizar algo de la Masacre de Once.

 (…)¿Qué pasó?

A partir de ese momento la línea de mando del Gobierno nacional se pronunció, aparentemente perpleja, al respecto de lo ocurrido. Del escalón Schiavi al del ministro de Planificación Federal Julio de Vido y de él al de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cinco días después le pidió “encarecidamente a la Justicia” que la pericia para determinar a los responsables no durara más de quince días porque las víctimas necesitaban saber qué había pasado. “Es muy terrible la muerte, créanme que no tiene reparación”, se quebró Fernández de Kirchner comparando los decesos naturales, como el de su marido y ex presidente Néstor Kirchner, con las 52 vidas truncadas en la estación de Once.

Desde el día en que De Vido anunció que el Gobierno pediría ser particular querellante en el proceso judicial, y el anuncio de la elevación a juicio oral de la causa, pasó más sangre bajo los rieles (tres muertos el 13 de junio de 2013 a metros de la estación Castelar, otro choque en el mismo andén 2, el 19 de octubre de 2013 y descarrilamientos con heridos en diversas líneas) y más promesas fueron llevadas por el viento.

La Cámara Federal rechazó el pedido de la Nación de ser denunciante en la causa, porque está en la línea de responsables, Schavi dejó su cargo en manos de Alejandro Ramos y la administración del transporte pasó al a la del Ministerio del Interior conducido por Florencio Randazzo. Desde allí se resolvió hace pocos días disolver las unidades de gestión ferroviaria UGOMS y UGOFE y poner en exclusivas manos privadas todos los ramales menos el Sarmiento.

Aunque el mazo se haya mezclado, las cartas siguen siendo las mismas y el servicio no mejora. De hecho, en los últimos anuncios los grupos Roggio y Emepa –que nunca sacaron la cuchara del negocio- fueron los principales beneficiados.

¿Se puede afirmar que fue un error humano? ¿Los trenes andan bien o mal? Si el Estado era el encargado de controlar, ¿por qué siguen jugando el papel de quien no tiene nada que ver?

Por su parte, los hermanos Cirigliano siguieron explotando la concesión de los talleres de reparación de Emprendimientos Ferroviarios (EmFer) a pesar de engrosar el listado de acusados que el próximo 18 de marzo empezarán a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal n°2 de la Ciudad. Junto a ellos se sentarán, entre otros, el mismísimo Schiavi, su antecesor Ricardo Jaime, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Moreno y Antonio Sícaro y Marcos Córdoba, el maquinista de 28 años que manejaba el tren que dos años atrás no frenó al llegar a la estación. (…)
Esta nota también fue publicada por su autora en www.frecuenciazero.com.ar
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Siguen los vaciadores 13 de febrero de 2014 | Edición Impresa #1302

Por Partido Obrero

Ferrocarriles

A diez días de cumplirse el segundo aniversario de la masacre de Once, el gobierno ordenó la disolución de las unidades de gestión ferroviaria Ugoms y Ugofe, que eran manejadas por los grupos Romero y Roggio, para adjudicarles la concesión de los distintos ramales a esos mismos grupos, pero ahora por separado. A partir de esta medida, las líneas Mitre, San Martín y Urquiza estarán a cargo exclusivamente de los Roggio, mientras que el Roca, Belgrano Sur, el Belgrano Norte y Ferrocentral estarán en manos sólo de Romero. La resolución 41/2014, por lo tanto, refrenda la continuidad de los vaciadores ferroviarios. TBA -de los hermanos Cirigliano- quedó fuera de la gestión de los ferrocarriles tras la masacre de Once, pero continúa participando a través de la reparación del material rodante.
La "novedad" que introduce la medida es que, en lugar de actuar por “cuenta y orden del Estado”, los concesionarios lo harán por cuenta y orden de las sociedades estatales Sofse (gestión) y Adifse (infraestructura). Replicando el modelo anterior, a través de estas empresas, el Estado continuará pagando todos los costos de la operación del servicio, incluidos salarios. El artículo 16, explica que el Estado seguirá costeando todo a través de Sofse y Adifse, sin requerirles inversión alguna a las operadoras. Una bicoca. Los empresarios cobrarán un canon por la gestión y además lucrarán con la subcontratación de sus propias empresas (tercerización) para refacciones y otras tareas ferroviarias. Nada ha cambiado. A las empresas que han vaciado el sistema ferroviario -Roggio y Romero- el Estado les pide que cumplan “el mismo servicio” que sus antecesoras por los próximos dos años, y les promete renovar anualmente sus contratos “si todo sigue igual” -es decir, si prestando "el mismo servicio" por milagro no se producen nuevas masacres o grandes crisis políticas, como la derivada del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Randazzo reemplazó a los personeros de la burocracia ferroviaria que estaban a la cabeza de Sofse y Adifse por hombres de su propio riñón. Sin embargo, hoy los directorios de ambas empresas son virtualmente secretos. Tras anunciar tres veces la estatización de los ramales urbanos del ferrocarril, el gobierno finalmente ratifica con todas las letras a los vaciadores cómp
lices del asesinato de Mariano.
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Tragedia de Once: ya nadie se acuerda del testigo asesinado

Carolina Rosales Zeiger – Cosecha Roja.-
“Todavía no puedo creerlo, ya no estás, no se sabe nada y creo que nunca lo vamos a saber, lo único cierto es que te extraño“, escribe una mujer en su muro de Facebook. El mensaje es para su hermano, Leonardo Andrada, en el primer aniversario de su asesinato. Le dice que lo quiere, que es todo tan raro, que no se va a cansar de ir a la fiscalía para que su caso no quede impune. Que la van a tener ahí siempre: promete ser una pesadilla.
Era viernes 8 de febrero de 2013 y Andrada esperaba el colectivo 269 a la vuelta de su casa, en la esquina de José María Paz y Malabia, Ituzaingó. Todavía no amanecía en el barrio Villa Ariza, donde vivía con su mujer y su mamá. La calle estaba vacía: ni testigos, ni cámaras, ni móviles policiales. Sólo el refugio de la parada en el que un vecino lo encontró dos horas más tarde, recostado sobre una de las columnas, con cuatro disparos en la espalda, sin su celular y con los 1200 pesos que llevaba, intactos en su bolsillo. Cerca suyo, una navaja que podría haber usado para intentar defenderse. Alrededor, el silencio.
Dijeron que había sido un robo.
Leonardo Andrada era maquinista del ferrocarril Sarmiento y fue quien, el 22 de febrero, el día de la tragedia, le entregó la formación que finalmente se estrelló en Once al hoy imputado Marcos Córdoba. Había testificado en la causa.
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En su perfil de Facebook muchos de sus familiares llevan la misma imagen: una foto de él con la inscripción “No me olviden“, su nombre y un epígrafe: “Motorman del FCC Sarmiento asesinado“. Está en un tren, con un atardecer de fondo y la mirada fija en la cámara. Se le escapa una sonrisa por los ojos. Como marca identitaria o como factor de sospechas, el hombre y su profesión parecen indivisibles en cada publicación. En una de esas fotos homenaje, alguien comenta: “A un primo mío le dieron una paliza feroz y le destrozaron la nariz simplemente por trabajar en el ferrocarril. Fuerza“. Nadie contesta pero recibe un me gusta del dueño de la cuenta.
En las manzanas que rodean el que era su domicilio, en la calle Esmeralda al 800, ningún vecino quiere hablar demasiado. Una comerciante lo recuerda vagamente: dice que lo veía poco, que parecía trabajador, que la inseguridad llega a todos lados y que nunca terminó de entender por qué se acercaban tantos medios a su negocio. “Por eso de los trenes, ¿no?“, pregunta. Y aclara: “Yo no entiendo mucho pero acá ni la señora ni la madre quisieron hablar nunca con la prensa, y nosotros los respetamos“.
Andrada estaba casado y tenía dos hijos. Su profesión lo acompañaba desde hacía décadas y fue uno de los miles de despedidos a principio de los 90, cuando el menemismo determinó que ramal que paraba, ramal que cerraba. En 2004 acompañó la conformación del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (MoNaReFA) y en 2006 fue convocado por TBA para regresar al servicio. Cuando volvió, lo primero que hizo fue llamar a la Jefatura:
–Los diagramas que ustedes usan están todos mal hechos–, les dijo.
Lo llamaban el “Tatú“ y lo querían todos: no hay quien no confirme que era honesto, solidario y un experimentado maquinista. Había dado de taquito el examen que en su momento tomaba la Escuela de Capacitación de La Fraternidad (el sindicato de maquinistas de locomotoras y trenes) frente a los viejos y exigentes evaluadores ferroviarios. Le faltaban dos años para jubilarse.
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Cuando aquel 22 de febrero Andrada entró con el tren Chapa 16 a la estación de Castelar para hacer el cambio de mando, le dijo a su sucesor, Marcos Córdoba:
–Tené cuidado que viene con freno largo.
Significaba que los frenos estaban lentos y entonces era necesario activarlos con mayor antelación. Esa mañana el tren había retrasado 18 minutos su salida desde Moreno, donde Andrada comenzaba su recorrido, y llevaba, en consecuencia, el triple de pasajeros de lo habitual. El exceso de peso entorpecía su funcionamiento.
“Él había declarado eso en el sumario que instruyó el Juez Bonadío una semana después del choque. Pero en el juicio oral iba a ser otra cosa: ahí iba a decir todo“, contó a Cosecha Roja Juan Carlos Cena, miembro fundador del MoNaReFA. Y siguió: “Acá hicieron un manto de silencio, instalaron el miedo. Ni tuvieron que amenazar a nadie porque estaba todo dicho. Lo lograron: excepto nosotros, ya nadie habla de él“.
En los días siguientes a su muerte, los medios acecharon su casa, elucubraron teorías, anticiparon culpas y aprovecharon para hablar de la inseguridad en el conurbano. “Suena todo muy raro, y un robo evidentemente no fue“, dijo María del Carmen Verdú, ex abogada de un grupo de víctimas del choque de Once. Su teoría fue apoyada por Cena: las balas son muy caras para gastar cuatro por un asalto.
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El día del velatorio, la familia dejó un cartelito en la puerta: decía que estaban de duelo, que el Tutú había fallecido y que lo velaban en una cochería a 30 cuadras de ahí. El aviso se prestó perfecto para el último remate: aprovechando la ausencia, dos desconocidos forzaron la puerta, ingresaron a la casa y revolvieron todo a su paso. Mientras estaban en el interior fueron sorprendidos por un familiar y un amigo, quienes alertaron a la policía. Nunca supieron si habían logrado llevarse algo. Nunca supieron qué buscaban y nunca pudieron dar con ellos.
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En el accidente de Once murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Son 34 los acusados y más de 300 los testigos que pasarán por el banquillo a lo largo de todo el juicio oral, que comenzó el pasado 18 de marzo y que se extenderá hasta casi fin de año.
Leonardo Andrada no estará presente. Pero su testimonio, el olvidado y negado por todos, seguirá pesando en las seis carillas que ocupa en la página 894 del extenso expediente.
Fuente: http://cosecharoja.org/tragedia-de-once-ya-nadie-se-acuerda-del-testigo-asesinado
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lograron el silencio”
 12 de febrero de 2015
Se cumplieron dos años del asesinato de Leonardo Andrada, testigo clave de la Masacre de Once, donde murieron 51 personas. Por este motivo, Enredando las Mañanas entrevistó a Juan Carlos Cena, ex ferroviario y miembro fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (MONAREFA), quien afirmó: “Nosotros lo recordamos con tristeza y, en vez de ponerle una velita, seguimos manifestando y rindiéndole cuentas. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el ferrocarril, por los compañeros, por los trabajadores?”. 

Por RNMA
En la madrugada del 9 de febrero de 2013, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Leonardo Andrada fue asesinado de cinco tiros. Esperaba el colectivo para ir, como lo hacía habitualmente, a desempeñarse como maquinista del ferrocarril Sarmiento. Andrada era testigo clave de la Masacre de Once, ya que él fue el motorman que le entregó el servicio a quien luego condujo la formación el 22 de febrero de 2012, donde perdieron la vida 51 personas. Aquel día, en jerga ferroviaria, le afirmó a su compañero: “Tené cuidado que la formación tiene freno largo”, es decir que no estaba en condiciones.
“Cuando lo matan a Leonardo es porque tiene que ver con el accidente de Once, tiene que ver con que le dijeron que no fuera a declarar o si declaraba que no dijera lo que tenía el tren. Él declaró la verdad. Dijo que el tren tenía fallas cuando se lo entregó a Córdoba (se refiere al maquinista), que tenía freno largo y al otro día amaneció muerto”, relató a Enredando las Mañana Juan Carlos Cena.
Y destacó: “Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con la muerte de nadie, supongan con la del fiscal (Nisman). Pero las cosas son diferentes: cuando muere un obrero hay un silencio total y absoluto. Es un subtipo. No hubo eco, no hubo manifestaciones y, como no pertenecía a ningún partido de izquierda, la izquierda tampoco hizo nada. Eso lo digo críticamente. Cuando mataron a Mariano Ferreyra, nosotros salimos y llevamos nuestros carteles en las marchas con el nombre de Mariano y también ahora lo llevamos a Leonardo”.
“Lo recordamos con mucho dolor. Era un gran tipo”, recordó Cena sobre Andrada y agregó: “Era un luchador, un canto a la solidaridad, un tipo silencioso, un compañero que en la huelga del 91-92 cumplió un papel fundamental. Son esos hombres que no hablan pero que están trabajando permanentemente y, cuando no los tenés al lado, los extrañás, tenés un vacío. Nosotros lo recordamos con tristeza y, en vez de ponerle una velita, seguimos manifestando y rindiéndole cuentas. Ese es el verdadero homenaje: rendirle cuentas. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el ferrocarril, por lo compañeros, por los trabajadores?”
Cuando desde Enredando las Mañanas se lo consultó por la investigación de la muerte, Cena afirmó de manera categórica: “Nada. No hay absolutamente nada y el sindicato no se movió, hizo una parodia”. Asimismo señaló que “lo que ocurrió con la muerte de él es el terror, el escarmiento. Cayó como una puñalada, hirió a medio mundo. Los compañeros, los amigos de él se fueron recuperando poco a poco, pero lograron lo que querían: el terror tanto en la familia como en los compañeros. Lograron el silencio. Lo único que está de él en el expediente de la causa de Once son sus declaraciones y nada más”.

“Está lleno de cámaras vigilando, castigando y echando la culpa”
Respecto a la denuncia contra los ferroviarios del Sarmiento realizada por Florencio Randazzo, Ministro de Interior y Transporte, Cena aseveró: “Nosotros estamos colaborando y apoyando a los compañeros que él denuncia, que no tienen nada que ver con los que estaban parados ahí, porque ni siquiera eran de Vía y Obra. Eran dos compañeros que los habían mandado, que son de Señales y Telecomunicación, y estaban parados ahí cuando se descarrila el tren y uno desesperado agarra la barreta para barretear el cambio. No tienen nada que ver, pero los ve y los acusa. Esto es como vigilar y castigar: está lleno de cámaras vigilando, castigando y echando la culpa. Lo que pasa es que ese mismo fenómeno técnico de descarrilamiento ocurre después dos veces seguidas. A las 4 de la mañana y a las 15.00, 16.00 del mismo día y en el mismo lugar, siempre en el último vagón. Entonces, hay una falla técnica. Los trenes Toshiba todos descarrilan porque todas las puntas de los trenes son motriz y son pesadas y las vías están muy mal. Randazzo ha renovado parte de las vías, pero no ha renovado lo fundamental que son los cambios, las agujas, los aparatos de desvío... Estos trenes que han comprado tienen una suspensión lateral y vertical que está hecho para otro tipo de terraplenado, que no es el de los chinos. Cuando hay una norma, que la tienen los chinos, que es de ellos, y que son coches más livianos porque el terraplenado es diferente, todo es diferente. Acá van y lo compran como si fuera una liquidación”.

También sostuvo que “el ferrocarril no es la zona suburbana. El ferrocarril abarcaba 47.000 kilómetros de vías. Todos los trenes suburbanos de acá los tenemos que enmarcar dentro de una gran campaña electoral. Fueron una vez a Santa Rosa y no fueron más porque se descarrilaban. Las vías están mal. Hace 20 años que no se las tocan. Los trenes de cargas las han arruinado. Los trenes de carga, que es lo fundamental del ferrocarril, los siguen teniendo las multinacionales, ni los han tocado, no les han dicho ni mu. Nosotros decimos que lo que está haciendo Randazzo es puro parche” Y concluyó: “Cuando vos ves el panorama político nuestro, no únicamente el de este gobierno, sino de todas las fuerzas políticas, no hay ninguno que te diga nada. Todas son consignas, una charlatanería total”.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9313

I. Necesidad de construir el Nunca Más al capitalismo, porqué y cómo. Basta analizar algo de la Masacre de Once.

A dos años de la tragedia de Once

22 DE FEBRERO 2012 - 2014
Por Elena Luz González Bazán * MONAREFA especial para Villa Crespo Digital

Fue un acto criminal, no debió haber pasado jamás…

Pero sucedió… la tragedia se vino anunciando de mil formas y maneras distintas y diferentes.
Fueron muchas las columnas, entrevistas, un libro: EL FERROCIDIO y un autor Juan Carlos Cena que hasta el hartazgo dijo lo que sucedería… nunca como un presagio, sino por el conocimiento adquirido en tantas décadas de especialización y trabajo político – técnico en los Ferrocarriles Argentinos.
Fueron muchos los momentos: Haedo… Constitución… Flores… descarrilamientos de trenes de carga… fallas que dejaron heridos… problemas de señales, de vías, y otras formas de dilapidación del conocimiento para hacer ostentación de la ignorancia más supina…
El entonces Secretario Schiavi dijo ese día que si esto hubiera sucedido un día antes que era feriado no habría pasado esa masacre, que los pasajeros se apilan en los primeros coches y entonces… zaz… pasó lo que pasó…
El ministro De Vido llegó a decir que este gobierno fue el que más hizo por el sistema ferroviario… la presidente de la Nación nombró sólo dos veces en estos años a la masacre de Once… eso sí… sus panegíricos maritales tienen una conducta permanente y soberbia… mientras se pasó inaugurando obras ferroviarias que no existen ni en los planes…
Esta masacre dejó 52 familias truncas, había una señora embarazada, 797 familias quedaron marcadas por aquella masacre…
Nunca tuvieron una actitud de enmendar lo sucedido… en lugar de convocar a los que saben, tomó la batuta otro que nada sabe, el ministro Randazzo… que parece que tiene terror de convocar técnicos ferroviarios especializados, como hay en nuestra organización el MONAREFA…
La tragedia de Once irá a juicio oral y público este 18 de marzo… los responsables están sueltos… nunca fueron encarcelados… son responsables porque ocuparon u ocupan lugares estratégicos en la administración del Estado Nacional.
El maquinista Marcos Córdova sufrió heridas importantes y se le puso vaselina para sacarlo de la cabina, luego lo esposaron y lo confinaron con custodia en terapia.
Leonardo Andrada maquinista experimentado del ferrocarril Sarmiento fue asesinado de 4 balazos en la madrugada del 9 de febrero del 2013, entregó la formación deficiente a Marcos Córdova…
No fue un accidente… no fue algo no predecible… no estimable… las fotos, archivos, la memoria tienen claro que esta masacre no debió suceder nunca…
A los familiares de la Masacre de Once, como siempre, nuestro acompañamiento y el compromiso que asumimos hace casi diez años de la constitución del MONAREFA, decirles que invariablemente estaremos presentes dando el testimonio y aportando todo el conocimiento adquirido.
No es cierto que el ferrocarril metropolitano o suburbano ha mejorado, ha empeorado en forma exponencial… y el ferrocarril no es sólo este… el ferrocarril nacional supo tener más de 47.000 
kilómetros de vías férreas… en condiciones técnicas y operativas de excelencia.
Que, como siempre, se quiera vivir en la burbuja de una década supuestamente ganada… la ganancia será para ellos… en materia de transporte ferroviario es una pérdida total y sin control… y los responsables son muchos… los dueños de las concesionarias, los funcionarios públicos, los presidentes desde la debacle a la actualidad.
Un párrafo para la dirigencia política, en estos años sólo consignas de controles obreros que no pueden ser llevados adelante porque el personal que hoy trabaja en estos ferrocarriles suburbanos tiene una capacitación casi nula, un conocimiento precario… el ferrocarril no se rescata con verborragias y consignas vacías… se recupera con planes de trabajo claros, fehacientes y elaborados por quienes saben en esta materia… por ello, para el MONAREFA fue fundamental el plan ferroviario que salió a la luz en el 2012: FERROCARRILES ARGENTINOS DESTRUCCIÓN / RECUPERACIÓN, en él trabajan más de 20 técnicos reconocidos…
Sobre este trabajo, de las dirigencias políticas… por supuesto, hay un silencio total…
El ferrocarril es el medio de transporte más económico, más seguro, que cuida el medio ambiente, que puede llegar a todas partes, que motoriza económicamente a las economías regionales… que da de beber a los pueblos, lleva la salud.
El ferrocarril que presta el servicio a los pasajeros debe ser seguro, con vías en condiciones de excelencia y con coches y locomotoras que reciban el mantenimiento adecuado. Señales en condiciones excelsas y un personal experimentado… si hubiera una política de Estado, todos los ferroviarios que fueron expulsados de los Ferrocarriles Argentinos, en la década del menemismo, hubieran regresado para su recuperación, ocupando lugares de conducción y siendo los capacitadores de los nuevos trabajadores. Una política que llevó adelante España con sus técnicos especializados, se jubilaron pero siguen trabajando capacitando a los nuevos trabajadores del ferrocarril español…
Por ello: ¨Si una tragedia es anunciada y no se toman medidas precautorias, esta se convierte en un crimen¨. Juan Carlos Cena
* Responsable de Prensa del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos.
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A dos años!

Conferencia de prensa multisectorial 11hs. Hall estación ONCE
Buenos Aires, 19 Febrero 2014
Comunicado de Prensa
En vísperas de un nuevo aniversario de la Masacre de Once que cobró 52 vidas y cientos de heridos y ante la decisión del Gobierno nacional de re concesionar las líneas de los servicios interurbanos ferroviarios, diversas organizaciones de usuarios del ferrocarril y trabajadores y miembros de organizaciones sociales autoconvocadas presentamos a la Presidencia de la Nación todo el material relevado de 5 ramales de las líneas Mitre y Sarmiento (Tigre- Retiro, Mitre Retiro, Capilla del Señor- Victoria, Once- Moreno, Merlo- Lobos) y el petitorio con las firmas de la Campaña “NI UN MUERTO MAS”, donde manifestamos la gran preocupación que nos asiste ante la crisis del transporte ferroviario y las propuestas que aportamos.
Constatamos a diario, la reiteración de innumerables fallas y accidentes en todas las líneas (incendios reite rados, descarrilamientos, un sistema de señales y cambios ineficiente obsoleto), así como los retrasos, suspensiones cuando no, interrupción diaria de servicios. Estos problemas no son obra de la casualidad, sino consecuencia de las políticas públicas que privilegiaron los beneficios empresariales desde la adopción del sistema de gestión con concesionarias privadas hasta la fecha han llevado al ferrocarril a niveles inéditos de deterioro y destrucción que padecemos a diario. Es evidente la falta de mantenimiento de las formaciones, el deterioro de la infraestructura ferroviaria, y el deficiente funcionamiento de los servicios ferroviarios, a pesar de los millonarios subsidios que bajo diversas modalidades hemos pagado como pueblo a las concesionarias privadas.
Ante los notorios incumplimientos de los contratos por parte de las concesionarias, las protestas de los usuarios pero por sobre to do luego de la masacre de Once se tomó la decisión de rescindir algunas concesiones, aunque se mantuvo el gerenciamiento privatista en la operatoria del servicio con concesionarias que han demostrado su ineficiencia y desidia en la prestación del servicio ferroviario. La falta de regulación y controles por parte del estado, permitió la continuidad de los negociados privados a costa del erario público.
Pese a algunos anuncios oficiales que ilustraban la intención de mejorar el servicio y hasta la eventualidad de la recuperación del mismo por parte del estado, con el dictado de la Resolución N° 41/2012 (BO 12-02-14) vuelve a reiterarse la lógica privatista en la gestión del servicio ferroviario. La nueva norma re concesiona ramales con la suscripción de nuevos acuerdos con operadores como Ferrovías y Metrovías, ambos controladas por grupos económic os (Roggio y Emepa) ampliamente representativos de la “Patria contratista” en nuestro país, con lo cual se insiste en mantener un modelo de gestión que ha dado sobradas muestras de fracaso.
Habiendo agotado todas las instancias previas posibles para solicitar la mejora de las prestaciones del servicio ferroviario, todo ello en tiempo y forma y no habiendo obtenido a la fecha respuestas satisfactorias de parte de los concesionarios privados ni del Estado, reclamamos a la Presidencia de la Nación que tenga a bien:
1- Proceder a la inmediata quita de las concesiones ferroviarias privadas interurbanas y de carga, sus negocios colaterales, talleres internos, talleres externos y áreas operativas.
2- Recuperar, bajo gestión de los trabajadores, las empresas y talleres ferroviarios que producían material rodante y diversos componentes para el mantenimiento de formaciones y del servicio, lo cual redundará en la recomposición de la industria ferroviaria en nuestro país.
3- Que el estado reasuma la totalidad de los servicios ferroviarios, dentro de un marco normativo que incluya el control la gestión de los trabajadores y usuarios y el control social de la comunidad toda.
4- Derogar el decreto 2075/02 que estableció la emergencia ferroviaria.
5- Iniciar inmediatamente la elaboración de un Plan Nacional de Transporte Ferroviario con amplia participación popular, y en particular de los trabajadores y usuarios.
6- Colaborar, ampliar y acelerar los procesos judiciales en curso derivados de la Tragedia de Once, para determinar y sancionar a los responsables empresarios y autoridades públicas correspondientes que fueron cómplices de la destrucción del ferrocarril. 7- Brindar asistencia con políticas públicas específicas a los familiares de las víctimas fatales de tragedias largamente anunciadas y no escuchadas oportunamente por diversas autoridades nacionales.
8- Normalizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte e incorporar la participación activa de los usuarios y los trabajadores en el proceso de regulación y control del servicio ferroviario.
9- Realizar una Audiencia Pública, para que las Autoridades de Aplicación nos informen sobre las acciones realizadas, actuales y proyectadas y a las acciones tendientes a asegurar el servicio público del ferrocarril en condiciones dignas y seguras, y las organizaciones de usuarios pueda manifestar sus reclamos y presentar sus propuestas.
El modelo privatista de concesiones privadas fracasó, y no podemos seguir aceptando su continuidad bajo otros ropajes, precisamos definir una política ferroviaria como servicio público acordada con la comunidad, que innove en un nuevo tipo de gestión con el protagonismo decisivo de trabajadores y usuarios.
Autoconvocados por los Trenes, Pasajeros del Roca, El Tercer Riel Mata, Salvemos al Tren, Usuarios Organizados del Sarmiento, Algunos Familiares de la las Victimas de la Tragedia de Once, Somos Usuarios Bien Indignados (SUBI), Campaña Ni Un Muerto Mas, Comisión por la Recuperación de las Privatizadas.
Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE) Movimiento Nacional por la Recuperación del Ferrocarril (Mo.Na.Re.Fa.) Adhieren: MULCS, COB la Brecha, Movimiento por la Dignidad, Asamblea Barrial de Beccar, Servicio Paz y Justicia.
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 FPDS CORRIENTE NACIONAL
A dos años de la Masacre de Once // Transporte público, seguro, económico y de calidad
Este sábado 22 de febrero se cumple el segundo aniversario de una de las peores catástrofes ferroviarias de nuestra historia: La Masacre de Once. A dos años del terrible hecho que le costó la vida a 51 personas y dejó más de 700 heridos. Cualquiera que tome el Sarmiento en cualquier horario puede ver que las condiciones en las que viajan día a día los y las trabajadoras del Conurbano Bonaerense y la Capital Federal poco han cambiado: grandes demoras, trenes desbordados de gente, maquinas defectuosas, falta de mantenimiento en vías y señalizaciones. A estos datos se suman dos accidentes más: el choque de maquinas en las inmediaciones de la estación Castelar que dejó el terrible saldo de 3 víctimas fatales y más de 300 heridos, y otro accidente en la terminal de Once que, por pura suerte, no se tuvo que lamentar ninguna víctima. Esta situación refleja un gran desprecio hacia el pueblo trabajador, que es quien utiliza este transporte, viajando en pésimas condiciones, siempre al borde de un nuevo hecho que pueda provocar más víctimas. Cabe destacar como hecho infame el asesinato del trabajador Leonardo Andrada, testigo fundamental del mal estado de la formación que se estrelló en Once.
Los anuncios y las promesas sobre estatizaciones y planes integrales de reconstrucción de las redes ferroviarias hechas por el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no fueron más que meros baches que hoy en día ya se ven resquebrajados . El proceso de privatizaciones que avanzó sobre los servicios públicos y los principales resortes económicos (con una fuerte complicidad de la burocracia sindical) fue una avalancha que llevó al sistema ferroviario a una profunda crisis, y en más de diez años de gobierno, el kirchnerismo nunca rompió con esta lógica que había transformado el derecho al transporte en un negocio. Hace menos de diez días, se aprobó el modelo de Acuerdo de Operación de los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros por el que se dispuso que las líneas Mitre y San Martín sean operadas por el grupo Roggio, mientras que las líneas Belgrano Sur y Roca serán operadas por el grupo Emepa.
Por otro lado, quedó disuelta la Unidad de Gestión Operativa del Mitre y Sarmiento (UGOMS), quedando la Línea Sarmiento en manos de la empresa estatal SOFSE, pero conservando la mayor parte del cuerpo operativo de la vieja UGOMS. Roggio y Emepa fueron y siguen siendo ampliamente representativos de la “Patria Privatizada” en nuestro país, con lo cual se insiste en mantener un modelo de gestión que ha dado sobradas muestras de fracaso. El kirchnerismo terminó siendo cómplice de la crisis que atraviesa hoy el transporte público, permitiendo que unos pocos empresarios tomaran el dinero que debían invertir en ferrocarriles y lo utilizaran para fundar y conformar un gran conglomerado de colectivos de línea, mucho más “rentables” que un tren (como es el caso de la Línea Plaza conformada a costa del vaciamiento de las Líneas Mitre y Sarmiento por parte del Grupo Cirigliano).
Uno de los peores datos es que a dos años de la masacre de Once el Grupo Cirigliano sigue haciendo de las suyas en el mundo del transporte y continua gestionando Emprendimientos Ferroviarios S.A. (EmFer), empresa que bajo propiedad estatal y control de los trabajadores, podría seguir abocándose a la fabricación y reparación de los trenes (que se terminan comprando en China). El Estado desoye de esta manera el pedido de los trabajadores de EmFer que hace más de dos años solicitaron que el Estado se haga cargo de la empresa y no Cirigliano que, en palabras del delegado Ezequiel Peralta, “estuvo haciendo plata durante todos estos años y no pudo generar un servicio acorde a las necesidades de los usuarios”. Hoy, 15 delegados de los trabajadores de EMFER son perseguidos judicialmente por el Grupo Cirigliano ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) frente a esta problemática.
Desde el FPDS – Corriente Nacional y Marea Popular lejos de resignarnos a que los mismos de siempre se llenen los bolsillos a costa de nuestros padecer cotidiano, consideramos que el transporte público debe ser considerado una prioridad para la construcción de un país soberano. Por eso exigimos y luchamos por un sistema de transporte estatal más seguro, eficiente y ecológico que comunique federalmente al país, y que garantice movilidad a bajo costo para el conjunto del pueblo.
Es por eso que vemos necesario proceder a la inmediata quita de las concesiones ferroviarias privadas interurbanas y de carga, sus negocios colaterales, talleres internos, talleres externos y áreas operativas. Así también, es imprescindible que el Estado asuma la gestión pública del servicio ferroviario dentro de un marco normativo que incluya el control de la comunidad, trabajadores y usuarios, garantizando los medios conducentes para recuperar las empresas y talleres ferroviarios que producían material rodante y diversos componentes para el mantenimiento de formaciones y del servicio.
Para que esto pueda desarrollarse de manera integral es necesario pensar en iniciar inmediatamente la elaboración de un Plan Nacional de Transporte Ferroviario con amplia participación de trabajadores y usuarios, y que se subordine al desarrollo de las regiones y baje el uso del transporte automotor (el negocio más rentable de los grupos económicos abocados al transporte).
Pero es hora de gritar, de pelear, de no callar. Necesitamos luchar por un transporte realmente público y de calidad, bajo control de los trabajadores/as y de los usuarios/as, un transporte pensado desde el pueblo para el pueblo. Por eso:

Este Sabado 22/02 a las 19 Hs.
Todos a Plaza de Mayo
Justicia para las víctimas de la Masacre de Once // Esclarecimiento del asesinato de Leonardo Andrada // Cárcel efectiva para los responsables políticos, sindicales y empresariales // Investigación del destino de los subsidios entregados por el Estado a las concesionarias // Estatización del sistema ferroviario bajo control de sus trabajadores/as y usuarios/as // Organización del transporte para un garantizar un alcance federal y un servicio económico, ecológico y de calidad
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7308

15 de diciembre de 2014

II. Los pueblos-naciones en lucha representan necesidades e intereses de la diversidad de abajo y no, los gobiernos.

 

 Ecuador: Carta Política del II Encuentro Nacional de Agroecología

21 de noviembre de 2014


Las organizaciones campesinas e indígenas, los colectivos y personas que en caravanas llegamos al II Encuentro Nacional de Agroecología, desde distintos lugares del país hasta los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones y propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y declaramos ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente: 

1. En el país se profundiza el modelo extractivista y primario exportador.
El Plan Nacional de Desarrollo plantea la promoción de nuevas industrias y sectores “con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que genere”1. Palabras más, palabras menos, el denominado cambio de matriz productiva se asienta sobre estructuras sociales y productivas que han determinado un país tremendamente desigual. Se impulsa desde una mirada única e impositiva de desarrollo, del Bien Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo que integre la diversidad social y cultural del país. Las políticas públicas que se han implementado de redistribución del ingreso, de ampliación del acceso a los servicios públicos como salud y educación, de construcción de infraestructura física, se asientan en un modelo extractivista que no es sostenible.

En el mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio territorial. En territorios campesinos se incentivan formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas mejoradas y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo así autonomía, soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que conllevan los monocultivos. Con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la agroexportación y en debilitamiento de las economías campesinas, que serán afectadas por nuevas normas que limitan el acceso al mercado, permiten la apropiación de semillas y conocimientos por parte de las empresas, y abren las puertas a la importación de alimentos en los que hoy somos autosuficientes. 

En nuestra experiencia compartida de organizaciones campesinas es evidente que la política pública agraria no contempla a la agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que normas como las denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas por igual para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas que las últimas quedarán sin opciones. Se plantea que la viabilidad de nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión real en las leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad y de acceso a los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la lucha por la defensa de los territorios. Si bien se ha fortalecido una institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción ha adquirido un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo. A la par se promueve una normatividad restrictiva de derechos y sancionadora: el Código Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos que penalizan la lucha social. Estas normativas a las que se suman el conjunto de propuestas de enmiendas a la Constitución, afianzarán el autoritarismo y la restricción de derechos. Planteamos que el modelo de desarrollo es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que por décadas se han aprovechado de los recursos naturales, y explotado la fuerza de trabajo campesina, al amparo del Estado. Eso no ha cambiado. 

Los y las campesinas afirmamos que hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando en el 60% de la canasta básica alimentaria y conservando la agrobiodiversidad y el agua que son recursos estratégicos. Miles de familias con poca tierra y agua aportamos con nuestro trabajo al desarrollo productivo del país mientras cuidamos a la Pachamama, esta es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Apostamos por la diversidad, la producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción ecológica de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura de la revolución verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y comunitarios, rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos propone el sistema capitalista. Los campesinos y campesinas somos actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad ecuatoriana. 

2. Nuestra propuesta agroecológica.
La agroecología recoge un conjunto de prácticas productivas, enseñanzas del mundo campesino y de comunidades indígenas y del conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la agroecología confluyen estrategias de resistencia, de construcción de soberanía, de decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento de la cultura, de reconocimiento a nuestra herencia como sociedades agrarias y de construcción de nuestra autonomía frente al capital. Es un proyecto para la ruralidad pero también para toda la sociedad. Es una opción política y económica que permite romper con el monopolio de las transnacionales sobre los alimentos y devolver a la ciudadanía el derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el instrumento para afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de todas las personas. La agroecología nos permite enfrentar la desnutrición y malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel fundamental es garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas, pues permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite producir alimentos sanos para el pueblo. Es una propuesta que contribuye a disminuir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, menos petróleo, más reciclaje, más conservación de la biodiversidad, por tanto, es una contribución directa a enfriar el planeta y posibilita a que las comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los impactos provocados por el cambio climático. Para nosotros campesinos y campesinas la agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con la naturaleza, a trabajar con ella y no contra ella. Desde la agroecología se valora el trabajo de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se plantea una constante tarea de reconstrucción ecológica de nuestros territorios cada vez más devastados y degradados por malas prácticas asociadas al extractivismo. Exigimos políticas sencillas, prácticas y efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador del territorio. 

3. Nuestro primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para luchar, campesinos, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para encontrar caminos hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente al modelo extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales. La nueva matriz productiva nos afecta a todos, nos proletarizará y generará mayor despojo. Por ello, más allá de las pertenencias culturales y regionales, el campesinado debe actuar de forma unitaria, recuperar nuestra dignidad y orgullo de ser productores de alimentos, e impulsar nuestra solidaridad como clase. Dejamos de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste, ya ha tomado posición por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos por construir poder popular desde los territorios. Desde allí planteamos una diferente relación con la institucionalidad pública donde las normas y políticas respondan al fortalecimiento de la vida social y cultural campesina. La juventud rural y las mujeres están en el centro de nuestros procesos organizativos. Las mujeres son el corazón de la soberanía alimentaria y las principales promotoras de la agroecología y el cuidado de la agrobiodiversidad. Debemos luchar contra el patriarcado y la violencia para fortalecer la organización. Frente a las acciones por desarticular al movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia, y juntos nos representamos a nosotros mismos. 

4. Nuestra lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.
La tierra y el agua están concentradas en pocas manos, y no existe ninguna política de redistribución. Por el contrario, prima el criterio de su uso y apropiación en función del aumento de la productividad en los rubros prioritarios de la nueva matriz productiva, caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción que sostiene la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina agroecológica y diversa, es marginada. El régimen de uso de la tierra privilegia los monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la nueva Ley de Tierras, que no recoge las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas, y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio y redistribuir la tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración de la tierra. Es necesario que las organizaciones y las familias productoras discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que esta poca tierra no permite tener una economía campesina de bienestar, propongamos desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores para encontrar una respuesta que permita construir un territorio de soberanía alimentaria y buen vivir. La propiedad y formas de comunitarias de uso de la tierra deben ser protegidas y denunciamos los intentos constantes del Estado por fraccionar e individualizar nuestros territorios comunales. El riego es un privilegio al que accede prioritariamente la agroindustria. Políticas de redistribución del agua han estado y siguen ausentes, constituyendo el acceso al agua en varias regiones del país un hecho de inequidad sin nombre. Los que más utilizan y contaminan el agua, son los que menos pagan. La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua. 

5. Los campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.
Los campesinos y campesinas somos sujetos fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción, transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que aseguren producción, cuidado del ambiente, justicia social y relaciones menos inequitativas entre el campo y la ciudad. Cada vez más la distribución de los alimentos se encuentra en manos de monopolios. Los municipios de una u otra manera han favorecido la presencia de estos monopolios y poco o nada han hecho para favorecer iniciativas de intercambio directo productor consumidor, y por el contrario impiden que se gesten mercados locales agroecológicos, salvo contadas excepciones. En el país hay varias experiencias de mercados locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados en la confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto exigimos que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir su autonomía. Demandamos un espacio para la comercialización e intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas, que reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano para el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos de comercialización directa del productor al consumidor y a ampliar la compra pública a los productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que producen agroecológicamente. Luchamos por un trato diferenciado a los productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la sociedad. Exigimos se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de manufactura porque no responden a las realidades del mundo rural y son utilizadas para favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los consumidores y la calidad de los productos. Las agriculturas campesinas agroecológicas cumplen un rol fundamental en la ocupación de mano de obra, incluso, población que no puede acceder a empleos ni en la agroindustria, ni en industrias, como son las personas de la tercera edad, cumplen un rol importante en la actividad productiva de las familias campesinas. Este esfuerzo debe ser compensado por el estado desde el impulso a iniciativas que combinen protección como gestación de iniciativas sociales. 

6. Las semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.
Reconocemos que la agrobiodiversidad y las semillas son resultado del trabajo de hombres y mujeres que a través del tiempo ha logrado conocer, seleccionar, mejorar, adaptar, perfeccionar variedades de plantas y razas de animales, para cada ecosistema, nicho ecológico y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es sustento y cultura, base de la agroecología y soberanía alimentaria Nuestras semillas son un patrimonio cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, por tanto son de libre circulación y no pueden ser apropiadas ni patentadas. El agronegocio destruye la agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de la semilla criolla y ancestral, su conservación y uso en las fincas, y la permanente transmisión de los conocimientos asociados a nuestra juventud. No pueden las empresas, las corporaciones o los Institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es dueño de éste, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir. Las semillas que hemos entregado al Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas. Nos oponemos radicalmente a la introducción de semillas y organismos transgénicos. 

7. El TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser ratificado. 

El Tratado de Libre Comercio con 

I. Los pueblos-naciones en lucha representan necesidades e intereses de la diversidad de abajo y no, los gobiernos.

DEBATEN EN CHUBUT LA PROHIBICION DE LA MEGAMINERIA

Veda al extractivismo
24 de noviembre de 2014

La Legislatura provincial tratará mañana un proyecto para poner un freno a las explotaciones mineras a cielo abierto. La propuesta fue presentada por una “iniciativa popular”.
Por Darío Aranda
En un hecho inédito para la democracia argentina, los legisladores de Chubut tratarán mañana un proyecto de ley presentado por una “iniciativa popular”, un mecanismo de democracia semidirecta que consiste en un proyecto impulsado por los ciudadanos y avalado por el tres por ciento del padrón electoral. La propuesta de ley consiste en la prohibición total de la megaminería (metalífera y nuclear) y la protección de las fuentes de agua. Impulsado por asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas, el proyecto resalta en los fundamentos la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irreversible es necesario tomar medidas protectoras) y el artículo 41 de la Constitución nacional (derecho al ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras).

Chubut fue el germen de la resistencia a la megaminería en la Argentina. En 2003 se realizó en Esquel el plebiscito que rechazó (con el 82 por ciento de los votos) la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego nacieron decenas de asambleas en toda la cordillera, y también espacios de resistencia en la costa de la provincia (Puerto Madryn, Trelew y Rawson, entre otros) y también la unión de organizaciones sociales y el pueblo mapuche-tehuelche en el centro geográfico de Chubut (llamado la meseta). También se sancionó la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera, pero no prohíbe la exploración, no legisla sobre las fuentes de agua y menciona la posibilidad de “zonas de sacrificio” (regiones donde se podría hacer minería).

La multinacional Panamerican Silver (una de las mayores corporaciones mineras) fijó sus ojos en la meseta, en el yacimiento llamado Navidad (un gran reservorio de plata y plomo). Los distintos gobiernos provinciales insisten, desde 2003, en avanzar en la explotación minera en el centro de la provincia. Las asambleas responden con una frase: “Si la minería no es buena para la cordillera (Esquel), tampoco lo es para la meseta (Gastre o Gan-Gan)”. Y también recuerdan la frondosa legislación indígena que obliga a tener el consentimiento de las comunidades mapuche-tehuelches.
En 2012 y 2013, hubo un fuerte lobby de las corporaciones mineras (encabezado por la Panamerican Silver) para derogar la Ley 5001. La respuesta provino de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-Ch), que presentó en agosto de 2013 “la otra campaña”, para implementar por primera vez la “iniciativa popular”, una acción ciudadana contemplada por la Constitución de Chubut que obliga al Parlamento provincial a tratar un proyecto de ley presentado por la ciudadanía. La campaña fue lanzada de manera simultánea en una decena de ciudades. Como primer paso, debían juntar 11 mil firmas (el tres por ciento del padrón electoral), con nombre, apellido y número de DNI.
“El proyecto de ley fue hecho por y para el pueblo de Chubut, porque estamos cansados de vivir en este estado de zozobra, constantemente asediados por la embestida de las corporaciones mineras y por los gobiernos que viran sus políticas y que siempre están haciendo jugarretas para tratar de traicionar la voluntad del pueblo”, explicó Corina Milán, de Esquel.

El proyecto amplía los alcances de la Ley 5001, busca prohibir la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio) en todas sus etapas. La recolección de firmas se realizó en toda la geografía provincial. El 4 de abril de 2014 se presentó la primera “iniciativa popular” en la historia de Chubut. Con 13.007 firmas, los chubutenses avalaron el “proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”. La Legislatura tiene la obligación de tratarlo.

Los diputados por el oficialismo intentaron frenar la iniciativa. El primer argumento fue la supuesta invalidez de las firmas recolectadas. Pero el 16 de julio el Tribunal Electoral ratificó la legitimidad de las 13.007 firmas. Los legisladores luego impulsaron una proyecto de ley de zonificación, para habilitar el proyecto Navidad (en la meseta) y el proyecto Suyai (en Esquel). El 29 de octubre la Legislatura vivió un día de escándalo provincial al hacer esperar durante cuatro horas a Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Espen tenía pautada una entrevista con los legisladores e iba acompañada de asambleístas por el no a la mina. No fue recibida.

Al día siguiente, los legisladores dieron la entrevista esperada a las asambleas y organizaciones sociales. Y fijaron fecha de tratamiento al proyecto de ley para mañana. Será la primera vez que una iniciativa de este tipo, de democracia semidirecta, llegue a un Congreso provincial. Los votos están divididos. Los partidos Modelo Chubut (PJ), la UCR y el Polo Social aprobarían la ley. La duda es el Frente para la Victoria (FPV) que, a excepción de Vicente Jara, impulsa la megaminería. Vecinos de toda la provincia marcharán en caravana hacia la Legislatura exigiendo la aprobación del proyecto de ley. La consigna es una: “Por el futuro de Chubut, por trabajo y producciones sustentables. ¡No a la megaminería metalífera y nuclear en toda la provincia!”.

La Argentina cuenta con leyes provinciales que prohíben etapas de la megaminería o el uso de cianuro en la actividad extractiva en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Lo propio sucedía en Río Negro y La Rioja, pero los gobernadores vetaron las leyes. También existen prohibiciones en Montana y Colorado (Estados Unidos), República Checa, Costa Rica y Alemania, entre otros países.
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa


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La ley sobre megamineria
Polémica en Chubut
28 de noviembre de 2014
Por Darío Aranda (Página/12)
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).
Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.
El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.
Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.
Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-260727-2014-11-27.html Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192547