La agricultura campesina puede enfriar el planeta por GRAIN (Alai-amlatina)
"Hay una crisis climática que nos afecta a todos, pero que está golpeando especialmente a los pueblos del campo. Ya casi no es posible predecir las lluvias, llueve cuando no corresponde, pasamos fácilmente de inundaciones a sequías, sufrimos olas de calor o frío extremo, hay tormentas de viento que antes no se daban, el granizo es más frecuente, el agua es cada vez más escasa, etc. Esto es lo que llaman “cambio climático” o “calentamiento global”. Y su efecto es cada vez mayor, haciendo más difícil vivir y producir en el campo. Si esta contaminación sigue el clima estará tan alterado que la vida de todos se hará realmente difícil.
Esta crisis o cambio climático se debe a que el aire está contaminado con una serie de gases a los que se les llama “gases invernadero” y que se producen por utilizar petróleo o gasolina, quemar los bosques, destruir los suelos, acumular basuras, criar animales en grandes granjas industriales, etc. Los países del mundo se comprometieron a reducir la contaminación, pero han hecho poco o nada. En diciembre de 2009 los compromisos debían ser renovados en una reunión de los gobiernos llevada a cabo en Copenhague, pero salieron de allí sin comprometerse a nada. Por ello, el presidente Evo Morales llamó a una Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Miles de asistentes provenientes principalmente de organizaciones populares discutieron sobre las verdaderas causas del cambio climático y propusieron soluciones reales. En diciembre de este año (2010) los gobiernos se reunirán nuevamente en Cancún, México. Diversos movimientos sociales, incluidas la CLOC y la Vía Campesina, se preparan para realizar manifestaciones populares para exigir que los gobiernos ataquen las verdaderas causas de los problemas del clima y pongan en marcha soluciones reales.
¿Cuáles son las verdaderas causas de la crisis climática? La Cumbre de los Pueblos concluyó que es el capitalismo, debido a las formas de producción y consumo que promueve y a que pone las ganancias por sobre el bienestar de las personas y de la Madre Tierra en general. La Vía Campesina viene diciendo lo mismo desde el año 2007. También ha dicho que el sistema agrícola-alimentario industrial y el modelo agroexportador que se impone en el mundo es una grave causa de la contaminación que cambia el clima. La Vía Campesina también ha dicho claramente que las campesinas y campesinos del mundo están enfriando el planeta.
El año 2009 GRAIN hizo un estudio para determinar cuánta contaminación producía la gran agricultura y cuánto podían enfriar el planeta las y los campesinos del mundo. Los resultados confirman con creces lo dicho por la Vía Campesina.
El uso de fertilizantes, pesticidas, maquinarias y la destrucción de los suelos provocan algo más de la décima parte de los gases invernadero. Una de las principales causas de la destrucción de los suelos es que ya no se devuelve la materia orgánica al suelo.
La producción animal en grandes granjas y concentraciones es otra gran fuente de contaminación: muchos autores dicen que cerca de la quinta parte de los gases invernadero provienen de allí. Esto se debe a que las grandes granjas de crianza producen miles de toneladas de guano y orina que no pueden devolverse al suelo por ser demasiada cantidad. Al acumularse en grandes concentraciones producen toneladas de metano, uno de los gases más contaminantes. Otra fuente de metano son las vacas que comen en exceso o comen muy poco. En las granjas industriales las vacas comen a destajo y, en la medida que las familias campesinas tienen menos tierra, sus vacas comen cada vez peor. Los procesos simultáneos de concentración de la producción animal y la pérdida de tierras por parte de campesinos, pastores y pueblos indígenas provocan entonces calentamiento global.
La deforestación es otra gran fuente de contaminación. La destrucción de los bosques y los suelos que antes protegían los bosques provoca también casi un quinto de los gases que contaminan y alteran el clima. La mayor causa de deforestación actualmente es la expansión de las grandes plantaciones forestales para producir celulosa, las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para agrocombustibles y la expansión de los monocultivos de soja para alimentar a los animales criados en las grandes granjas.
La contaminación sigue adelante con el procesamiento, comercialización y exportación e importación de alimentos. Alrededor de un tercio de todo el transporte terrestre es para llevar alimentos de un extremo del mundo al otro. El procesamiento industrial de alimentos, los envases y la refrigeración en el transporte, en los supermercados y en la casa producen más de un sexto de todos los gases con efectos sobre el clima. Y todo ello no le agrega nada a la calidad de nuestra alimentación. Por el contrario, el procesamiento industrial nos llena de conservantes, saborizantes, antioxidantes y colorantes que son una amenaza seria para nuestra salud y especialmente la de los niños. Este es un sistema que, por ejemplo, hace que comamos carne y frutas que pueden tener más de un año de antigüedad.
Por último, los grandes depósitos de basuras -que aumentan mientras más alimentos envasados compremos- producen cerca del 5% de todos los gases invernadero.
Si sumamos todas estas fuentes de gases contaminantes, nos encontramos con que al menos la mitad de los gases invernadero provienen del sistema de producción agrícola y alimentario industrial.
Las alternativas
¿De qué forma la agricultura campesina puede enfriar el planeta? Si la agricultura campesina volviese a ser la agricultura predominante en el mundo, una primera forma de enfriar el planeta sería devolviendo la materia orgánica al suelo. Nada más haciendo eso, la contaminación con gases invernadero se reduciría al menos un tercio. Con ello además mejorarían los suelos y además los fertilizantes serían innecesarios, porque la materia orgánica que hoy se pierde tiene más nutrientes que todos los fertilizantes que actualmente se consumen.
Una segunda forma de enfriar el planeta sería recuperando todas las prácticas campesinas para hacer una agricultura sin pesticidas, fungicidas o herbicidas
Una tercera forma de reducir la contaminación es desconcentrando la producción animal. Si se apoyara nuevamente la producción integrada y en pequeña escala de cultivos y animales, los animales no producirían montañas contaminantes de guano, sino el guano necesario para fertilizar el suelo. Tampoco necesitarían transportar alimentos para los animales de un extremo del mundo al otro.
Fomentar los mercados locales y más pequeños sería otra manera muy importante de enfriar el planeta. Con ello, comeríamos alimentos más frescos, necesitaríamos menos refrigeración y no se gastarían cantidades absurdas de petróleo en llevarlos al otro lado del mundo. Otro cambio importante es que los mercados locales nos permitirían deshacernos de tanto envoltorio y envase plástico y de procesamientos innecesarios.
Por último, eliminar las plantaciones, proteger e incluso recuperar los bosques sería otro aporte extremadamente importante al enfriamiento del planeta.
Si sumamos todo esto, nos encontramos con que la agricultura campesina e indígena podría reducir los gases invernadero hasta un 75%. Con ello, sería posible exigir a los otros sectores productivos que eliminen la contaminación restante e incluso se comience a limpiar la atmósfera de los contaminantes que se han ido acumulando. El planeta, efectivamente, podría ser enfriado.
Pero para que la agricultura campesina e indígena pueda hacer su gran aporte se necesitan otras condiciones. Se necesita, sobre todo, que la tierra esté en manos de los pueblos campesinos e indígenas. Por lo mismo, la Reforma Agraria y la restauración de los territorios indígenas se hace hoy más urgente que nunca, como una forma fundamental de asegurar el futuro de la humanidad y de la Madre Tierra.
Necesitamos formas de investigación, apoyo técnico y crediticio que no amarre a las familias del campo a los agrotóxicos ni a los grandes poderes comercializadores o exportadores. Necesitamos el fin de los tratados de libre comercio para que la agricultura pueda cumplir su papel social fundamental de alimentarnos sanamente. Necesitamos terminar con las políticas que atentan contra las y los pequeños productores y que dejan a las y los jóvenes sin posibilidades de vivir de la agricultura. En otras palabras, necesitamos soberanía alimentaria y comunidades indígenas y campesinas que puedan vivir dignamente de su insustituible trabajo de alimentar a la humanidad".
GRAIN es una organización no gubernamental que promueve el manejo y uso sustentable de la biodiversidad agrícola con sede en Barcelona, España. http://www.grain.org
Artículo publicado en América Latina en Movimiento (ALAI), No. 459, "Nuevas tendencias en el agro". http://alainet.org/publica/459.phtml
Fuente: http://www.rebelion.org/
Ecología social/ 15-10-2010
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15 de octubre de 2010
Llamado a movilizarnos contra el Banco Mundial, por la reparación y resarcimiento de la Deuda Ecológica
Banco Mundial fuera del clima! por Organizaciones de la sociedad civil
El Banco Mundial, al igual que las demás Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), desde su creación, ha servido de instrumento de promoción de los intereses del Norte global, las transnacionales y las elites financiera y política; que son los mismos responsables de impulsar y beneficiarse de un modelo económico que empobrece a las grandes mayorías, expolia a la naturaleza, genera el calentamiento climático y socava la soberanía de los pueblos.
Por eso, desde hace varias décadas ha sido el blanco de fuertes denuncias y movilizaciones que apuntan al retiro de nuestros países del BM y de sus instituciones fraternas (los bancos regionales de desarrollo, el CIADI y el Fondo Monetario Internacional) y a una transformación profunda del sistema que fomentan.
Pero este mismo Banco ahora ha encontrado en la confluencia de las crisis sistémica, económica, alimentaria, energética, climática y del modelo extractivista, un nuevo discurso y abundantes recursos para consolidar un rol como abanderado de la transición a un capitalismo "verde". Ha incorporado en su léxico las "preocupaciones ecológicas" y una supuesta prioridad para el "desarrollo sustentable", y con eso busca seguir imponiendo su definición sobre el problema y sus soluciones. No podemos dejar que el Banco Mundial tergiverse la defensa de los derechos de las personas, los pueblos y de la Naturaleza misma, para continuar priorizando los mismos intereses de siempre.
Llamamos a movilizarnos contra el Banco Mundial, por la reparación y resarcimiento de la Deuda Ecológica
La crisis climática es una realidad que vivimos y que afecta en mayor medida a las poblaciones del Sur Global cada vez más vulnerable como consecuencia del propio desarrollo de los países industrializados del Norte y del modo de producción y de consumo que generan, entre otros problemas locales y globales, el calentamiento climático. Con la complicidad de los gobiernos y las elites del Sur, son las comunidades trabajadoras, pueblos originarios, campesinos, pescadores y mujeres que se ven obligados a pagar la mayor parte de las consecuencias y los costos de esta crisis que no causaron.
En el mismo sentido, las respuestas que se vienen formulando desde los centros de poder son falsas soluciones que más bien ignoran las causas del problema, contribuyen a empeorarlo y aumentan la deuda climática de los estados del Norte, las corporaciones transnacionales y las Instituciones Financieras Internacionales. Estos ven en el cambio climático una oportunidad para salir de la crisis económica, reforzar el capitalismo y seguir lucrando.
Así, se reduce la crisis civilizatoria a una crisis ecológica y la crisis ecológica a una crisis climática y esta a una falla del mercado. La destrucción ecológica se convierte en el nuevo impulso para el crecimiento económico de las elites. Los problemas ambientales y sociales derivados son caracterizados como una cuestión meramente tecnológica o de falta de claridad en la adjudicación de derechos de propiedad. Frente a los cuales se plantean soluciones de mercado, como los nuevos productos financieros "verdes", la creación y venta de servicios ambientales y la mercantilización de la Naturaleza.
EL ROL DEL BANCO MUNDIAL EN EL CLIMA
La estrategia del Norte, frente al reconocimiento ya ineludible del problema del calentamiento climático, es mantener la impunidad, ahorrarse dinero y evitar cualquier cambio en el estilo de vida y consumo, buscando transferir la responsabilidad al Sur, a de través la promoción y el apoyo a las falsas soluciones como el mercado de carbono, las hidroeléctricas, la energía nuclear, los agrocombustibles y la venta de tecnologías. En este esquema, el rol que las elites buscan consolidar para el Banco Mundial es clave, similar al que jugó en los años setenta, cuando propagó un modelo de desarrollo en base al endeudamiento externo, y en los ochenta y noventa cuando aprovechó esa deuda para imponer el ajuste estructural, las privatizaciones y la apertura neoliberal.
Por un lado, la creación del mercado de carbono abrió la puerta para que las IFIs, y en especial el Banco Mundial, expandieran su rol y fortalecieran su capacidad de intervención y condicionamiento sobre los países prestatarios. Permitió generar todo un programa nuevo de financiamiento para proyectos integrados al mercado de carbono, a través de iniciativas como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Cap and Trade y el Programa de Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD). Estas permiten a los países del Norte y sus transnacionales compensar ficticiamente parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero financiando proyectos en el Sur que teóricamente reducen las emisiones. Aumentando la deuda financiera ilegítima así como también las deudas ecológicas y sociales. El mercado de carbono favorece además la especulación y el lucro a partir del cambio climático, fomentando nuevos "derivados" que nada tienen que ver con el impacto climático pero sí con la posible creación de nuevas burbujas especulativas similares a la del mercado inmobiliario que explotó en 2007/2008.
Hoy el Banco Mundial administra 12 fondos de carbono de la Unidad de Financiamiento de Carbono, con un valor aproximado de US$2,5 mil millones, que hasta ahora han involucrado principalmente países como China, India, Brasil, México y Colombia.
Entre los fondos más importantes están:
-Fondo de Biocarbono: se centra en proyectos forestales y de uso de la tierra, y el
-Fondo de Carbono de Desarrollo Comunitario: se centra en proyectos en países menos desarrollados.
Además, el Banco Mundial maneja distintos fondos de inversión, como por ejemplo:
-Fondo de Tecnología Limpia (para proyectos de mitigación, o reducción de emisiones);
-Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) (para mitigación - REDD);
-Programa de Inversión en Bosques (para mitigación - REDD);
-Programa Piloto de Resistencia Climática (para adaptación);
-Programa de Ampliación de la Energía Renovable para los Países de Bajos Ingresos (para mitigación - general);
-Fondo Estratégico sobre el Clima (adaptación, mitigación - REDD, mitigación - general);
-Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que tiene dos fondos fiduciarios financiando proyectos de adaptación y mitigación.
En las negociaciones de clima actualmente en curso, los gobiernos del Norte han buscado reforzar este rol para el Banco Mundial. Investigaciones recientes señalan que de los US$ 30 mil millones de financiamiento "rápido" que fueron prometidos en diciembre 2009 en el llamado "Acuerdo de Copenhague", hasta ahora han sido comprometidos efectivamente apenas US$ 7.9 mil millones de los cuales el 42% (US$ 3.3 mil millones) serán canalizados a través del Banco Mundial y el 47% (US$ 3.7 mil millones) se aplicarán a través de préstamos.
En comparación, menos del 1% ha sido comprometido para el Fondo de Adaptación que administra Naciones Unidas. Es el principal canal establecido por la Convención Marco de NN.UU. sobre el Cambio Climático, para apoyar a los países a prevenir y hacer frente a las consecuencias del calentamiento global.
MÁS DE LO MISMO
Mientras tanto el Banco Mundial continúa financiando un modelo de desarrollo que contribuye al calentamiento climático, incluyendo fuertes inversiones en combustibles fósiles y el agronegocio:
*Entre 1992 y 2004 aprobó más de US$ 11 mil millones en préstamos para más de 120 proyectos de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales.
*Sólo entre 2007 y 2008 el Banco Mundial financió otros US$ 7.3 mil millones en proyectos de combustibles fósiles (sin incluir los préstamos para políticas y agentes financieros intermediarios del sector de combustibles fósiles). En ese último período el Banco Mundial también financió US$ 5.3 mil millones para energía renovable y eficiencia energética. Como es de esperar, la construcción de la "nueva" Estrategia Energética del Banco Mundial para 2011 tampoco presenta ningún cambio. Entre otros aspectos plantea fomentar las inversiones del sector privado enfocadas en la producción de energía y no en el consumo. Para el Banco Mundial, la energía limpia continúa siendo las hidroeléctricas, los agrocombustibles, la energía nuclear (mismo afirmando que no va financiarla) y el mercado de carbono.
Al desarrollar estas políticas, el Banco Mundial continúa ignorando, entre otras cuestiones:
*Las sugerencias de la Comisión Mundial de Represas, que acaban de cumplir 10 años de olvido, sobre los impactos económicos, sociales y ecológicos negativos de las presas. Las hidroeléctricas no son fuentes de energía limpia: además de contribuir para la deforestación y la expulsión de poblaciones de sus territorios, son grandes emisoras de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
*Las advertencias de la FAO sobre los impactos negativos de los agrocombustibles sobre la seguridad y soberanía alimentaria y la deforestación.
*Las últimas décadas de presión, movilización y crítica de millones de organizaciones y personas que reclaman el cierre de esta institución ilegítima e injusta.
BANCO MUNDIAL FUERA DEL CLIMA
El Acuerdo de los Pueblos, desarrollado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en abril 2010 en Cochabamba, como respuesta al fracaso de Copenhague, afirma que el mínimo de financiamiento necesario para enfrentar el cambio climático debe ser un 6% del Producto Bruto Global.
Los fondos deben ser públicos, nuevos, adicionales y no reembolsables, eliminando el mercado de carbono y sin ningún rol para el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales. Señala también que es un paso indispensable hacia la posibilidad del equilibrio y la equidad climática resarcir y reparar la deuda ecológica y climática del Norte para con el Sur y todo el planeta. Los fondos no deben ser entendidos en función del cambio climático, sino en función de la búsqueda de un camino hacia una sociedad no-petrolera, pues son los combustibles fósiles los principales causantes del problema.
Conociendo las consecuencias históricas que las deudas ilegitimas han acarreado al Sur global, llamamos a organizar en todas partes acciones que evidencien el papel del Banco Mundial y fortalezcan la resistencia a las falsas soluciones que promueve la crisis climática, incluyendo sobre todo el fomento del mercado de carbono en sus diversas formas y las consecuencias de esta alianza para los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
"La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida¨ (Acuerdo de Cochabamba)
Primeras firmas:
Jubileo Sur/Américas- Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, ATALC- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI- Alianza Social Continental- Alianza de los Pueblos Acreedores de la Deuda Ecológica- Latindadd- World Rainforest Movement- Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo, FOBOMADE- Voces Ecológicas (Panamá)- Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible"- Jubileo Sur/México, Marea Creciente (México)- Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES (Ecuador)- Bloque Popular Hondureño, COPINH (Honduras)- Diálogo 2000, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Mopassol (Argentina)- Mesa Mujeres y Economía (Colombia)- PAPDA (Haití)- CTC (Venezuela)- Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e InversiónSinti Techán (El Salvador)- Jubileu Sul Brasil, Instituto de Políticas Alternativas para el Conosur, PACS, Centro de Pesquisa e Assesoria, ESPLAR, Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, Forum da Amazonia Occidental, FAOC, Centro de Defensa dos Dereitos Humanos e Educación Popular do Acre, CDDHGP, Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos, IBASE, Forum da Amazonia Oriental FAOR, Comité Metropolitano do Movimiento Xingu Vivo para Sempre, Rede Alerta contra o Deserto Verde, Amigos da Terra. Marcha Mundial das Mulheres (Brasil)
Contacto:
jubileosur@gmail.com
www.jubileosuramericas.org
www.semanadeuda.wordpress.com
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Campanas_y_Acciones/!Banco_Mundial_fuera_del_clima
14-10-2010
El Banco Mundial, al igual que las demás Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), desde su creación, ha servido de instrumento de promoción de los intereses del Norte global, las transnacionales y las elites financiera y política; que son los mismos responsables de impulsar y beneficiarse de un modelo económico que empobrece a las grandes mayorías, expolia a la naturaleza, genera el calentamiento climático y socava la soberanía de los pueblos.
Por eso, desde hace varias décadas ha sido el blanco de fuertes denuncias y movilizaciones que apuntan al retiro de nuestros países del BM y de sus instituciones fraternas (los bancos regionales de desarrollo, el CIADI y el Fondo Monetario Internacional) y a una transformación profunda del sistema que fomentan.
Pero este mismo Banco ahora ha encontrado en la confluencia de las crisis sistémica, económica, alimentaria, energética, climática y del modelo extractivista, un nuevo discurso y abundantes recursos para consolidar un rol como abanderado de la transición a un capitalismo "verde". Ha incorporado en su léxico las "preocupaciones ecológicas" y una supuesta prioridad para el "desarrollo sustentable", y con eso busca seguir imponiendo su definición sobre el problema y sus soluciones. No podemos dejar que el Banco Mundial tergiverse la defensa de los derechos de las personas, los pueblos y de la Naturaleza misma, para continuar priorizando los mismos intereses de siempre.
Llamamos a movilizarnos contra el Banco Mundial, por la reparación y resarcimiento de la Deuda Ecológica
La crisis climática es una realidad que vivimos y que afecta en mayor medida a las poblaciones del Sur Global cada vez más vulnerable como consecuencia del propio desarrollo de los países industrializados del Norte y del modo de producción y de consumo que generan, entre otros problemas locales y globales, el calentamiento climático. Con la complicidad de los gobiernos y las elites del Sur, son las comunidades trabajadoras, pueblos originarios, campesinos, pescadores y mujeres que se ven obligados a pagar la mayor parte de las consecuencias y los costos de esta crisis que no causaron.
En el mismo sentido, las respuestas que se vienen formulando desde los centros de poder son falsas soluciones que más bien ignoran las causas del problema, contribuyen a empeorarlo y aumentan la deuda climática de los estados del Norte, las corporaciones transnacionales y las Instituciones Financieras Internacionales. Estos ven en el cambio climático una oportunidad para salir de la crisis económica, reforzar el capitalismo y seguir lucrando.
Así, se reduce la crisis civilizatoria a una crisis ecológica y la crisis ecológica a una crisis climática y esta a una falla del mercado. La destrucción ecológica se convierte en el nuevo impulso para el crecimiento económico de las elites. Los problemas ambientales y sociales derivados son caracterizados como una cuestión meramente tecnológica o de falta de claridad en la adjudicación de derechos de propiedad. Frente a los cuales se plantean soluciones de mercado, como los nuevos productos financieros "verdes", la creación y venta de servicios ambientales y la mercantilización de la Naturaleza.
EL ROL DEL BANCO MUNDIAL EN EL CLIMA
La estrategia del Norte, frente al reconocimiento ya ineludible del problema del calentamiento climático, es mantener la impunidad, ahorrarse dinero y evitar cualquier cambio en el estilo de vida y consumo, buscando transferir la responsabilidad al Sur, a de través la promoción y el apoyo a las falsas soluciones como el mercado de carbono, las hidroeléctricas, la energía nuclear, los agrocombustibles y la venta de tecnologías. En este esquema, el rol que las elites buscan consolidar para el Banco Mundial es clave, similar al que jugó en los años setenta, cuando propagó un modelo de desarrollo en base al endeudamiento externo, y en los ochenta y noventa cuando aprovechó esa deuda para imponer el ajuste estructural, las privatizaciones y la apertura neoliberal.
Por un lado, la creación del mercado de carbono abrió la puerta para que las IFIs, y en especial el Banco Mundial, expandieran su rol y fortalecieran su capacidad de intervención y condicionamiento sobre los países prestatarios. Permitió generar todo un programa nuevo de financiamiento para proyectos integrados al mercado de carbono, a través de iniciativas como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Cap and Trade y el Programa de Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD). Estas permiten a los países del Norte y sus transnacionales compensar ficticiamente parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero financiando proyectos en el Sur que teóricamente reducen las emisiones. Aumentando la deuda financiera ilegítima así como también las deudas ecológicas y sociales. El mercado de carbono favorece además la especulación y el lucro a partir del cambio climático, fomentando nuevos "derivados" que nada tienen que ver con el impacto climático pero sí con la posible creación de nuevas burbujas especulativas similares a la del mercado inmobiliario que explotó en 2007/2008.
Hoy el Banco Mundial administra 12 fondos de carbono de la Unidad de Financiamiento de Carbono, con un valor aproximado de US$2,5 mil millones, que hasta ahora han involucrado principalmente países como China, India, Brasil, México y Colombia.
Entre los fondos más importantes están:
-Fondo de Biocarbono: se centra en proyectos forestales y de uso de la tierra, y el
-Fondo de Carbono de Desarrollo Comunitario: se centra en proyectos en países menos desarrollados.
Además, el Banco Mundial maneja distintos fondos de inversión, como por ejemplo:
-Fondo de Tecnología Limpia (para proyectos de mitigación, o reducción de emisiones);
-Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) (para mitigación - REDD);
-Programa de Inversión en Bosques (para mitigación - REDD);
-Programa Piloto de Resistencia Climática (para adaptación);
-Programa de Ampliación de la Energía Renovable para los Países de Bajos Ingresos (para mitigación - general);
-Fondo Estratégico sobre el Clima (adaptación, mitigación - REDD, mitigación - general);
-Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que tiene dos fondos fiduciarios financiando proyectos de adaptación y mitigación.
En las negociaciones de clima actualmente en curso, los gobiernos del Norte han buscado reforzar este rol para el Banco Mundial. Investigaciones recientes señalan que de los US$ 30 mil millones de financiamiento "rápido" que fueron prometidos en diciembre 2009 en el llamado "Acuerdo de Copenhague", hasta ahora han sido comprometidos efectivamente apenas US$ 7.9 mil millones de los cuales el 42% (US$ 3.3 mil millones) serán canalizados a través del Banco Mundial y el 47% (US$ 3.7 mil millones) se aplicarán a través de préstamos.
En comparación, menos del 1% ha sido comprometido para el Fondo de Adaptación que administra Naciones Unidas. Es el principal canal establecido por la Convención Marco de NN.UU. sobre el Cambio Climático, para apoyar a los países a prevenir y hacer frente a las consecuencias del calentamiento global.
MÁS DE LO MISMO
Mientras tanto el Banco Mundial continúa financiando un modelo de desarrollo que contribuye al calentamiento climático, incluyendo fuertes inversiones en combustibles fósiles y el agronegocio:
*Entre 1992 y 2004 aprobó más de US$ 11 mil millones en préstamos para más de 120 proyectos de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales.
*Sólo entre 2007 y 2008 el Banco Mundial financió otros US$ 7.3 mil millones en proyectos de combustibles fósiles (sin incluir los préstamos para políticas y agentes financieros intermediarios del sector de combustibles fósiles). En ese último período el Banco Mundial también financió US$ 5.3 mil millones para energía renovable y eficiencia energética. Como es de esperar, la construcción de la "nueva" Estrategia Energética del Banco Mundial para 2011 tampoco presenta ningún cambio. Entre otros aspectos plantea fomentar las inversiones del sector privado enfocadas en la producción de energía y no en el consumo. Para el Banco Mundial, la energía limpia continúa siendo las hidroeléctricas, los agrocombustibles, la energía nuclear (mismo afirmando que no va financiarla) y el mercado de carbono.
Al desarrollar estas políticas, el Banco Mundial continúa ignorando, entre otras cuestiones:
*Las sugerencias de la Comisión Mundial de Represas, que acaban de cumplir 10 años de olvido, sobre los impactos económicos, sociales y ecológicos negativos de las presas. Las hidroeléctricas no son fuentes de energía limpia: además de contribuir para la deforestación y la expulsión de poblaciones de sus territorios, son grandes emisoras de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
*Las advertencias de la FAO sobre los impactos negativos de los agrocombustibles sobre la seguridad y soberanía alimentaria y la deforestación.
*Las últimas décadas de presión, movilización y crítica de millones de organizaciones y personas que reclaman el cierre de esta institución ilegítima e injusta.
BANCO MUNDIAL FUERA DEL CLIMA
El Acuerdo de los Pueblos, desarrollado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en abril 2010 en Cochabamba, como respuesta al fracaso de Copenhague, afirma que el mínimo de financiamiento necesario para enfrentar el cambio climático debe ser un 6% del Producto Bruto Global.
Los fondos deben ser públicos, nuevos, adicionales y no reembolsables, eliminando el mercado de carbono y sin ningún rol para el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales. Señala también que es un paso indispensable hacia la posibilidad del equilibrio y la equidad climática resarcir y reparar la deuda ecológica y climática del Norte para con el Sur y todo el planeta. Los fondos no deben ser entendidos en función del cambio climático, sino en función de la búsqueda de un camino hacia una sociedad no-petrolera, pues son los combustibles fósiles los principales causantes del problema.
Conociendo las consecuencias históricas que las deudas ilegitimas han acarreado al Sur global, llamamos a organizar en todas partes acciones que evidencien el papel del Banco Mundial y fortalezcan la resistencia a las falsas soluciones que promueve la crisis climática, incluyendo sobre todo el fomento del mercado de carbono en sus diversas formas y las consecuencias de esta alianza para los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
"La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida¨ (Acuerdo de Cochabamba)
Primeras firmas:
Jubileo Sur/Américas- Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, ATALC- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI- Alianza Social Continental- Alianza de los Pueblos Acreedores de la Deuda Ecológica- Latindadd- World Rainforest Movement- Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo, FOBOMADE- Voces Ecológicas (Panamá)- Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible"- Jubileo Sur/México, Marea Creciente (México)- Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES (Ecuador)- Bloque Popular Hondureño, COPINH (Honduras)- Diálogo 2000, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Mopassol (Argentina)- Mesa Mujeres y Economía (Colombia)- PAPDA (Haití)- CTC (Venezuela)- Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e InversiónSinti Techán (El Salvador)- Jubileu Sul Brasil, Instituto de Políticas Alternativas para el Conosur, PACS, Centro de Pesquisa e Assesoria, ESPLAR, Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, Forum da Amazonia Occidental, FAOC, Centro de Defensa dos Dereitos Humanos e Educación Popular do Acre, CDDHGP, Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos, IBASE, Forum da Amazonia Oriental FAOR, Comité Metropolitano do Movimiento Xingu Vivo para Sempre, Rede Alerta contra o Deserto Verde, Amigos da Terra. Marcha Mundial das Mulheres (Brasil)
Contacto:
jubileosur@gmail.com
www.jubileosuramericas.org
www.semanadeuda.wordpress.com
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Campanas_y_Acciones/!Banco_Mundial_fuera_del_clima
14-10-2010
10 de octubre de 2010
La Gran Minería es un plan de entrega total e irrestricto de las formas de vida y de los bienes comunes
Minería, territorio, identidad. La resistencia a la minería transnacional desde la experiencia de BePe por Horacio Machado AráozEl ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.
“La Gran Minería no significa otra cosa que un plan de entrega total e irrestricto de nuestros recursos minerales, nuestras tierras, y la afectación y contaminación de nuestras reservas de agua dulce y los ecosistemas (…)
Esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras…
Estos emprendimientos se imponen a espaldas de la población:
a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar;
b) se manipulan y falsean las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros;
c) se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”. (Extracto de la Declaración de Andalgalá, III Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina, 14 de agosto de 2005).
“El primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación, qué queremos hacer nosotros como comunidad. Lamentablemente, a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera… Somos una comunidad membrillera, aceitera, dulcera. (…) Al principio nos catalogaban como ‘los loquitos’. Después ya éramos los sediciosos, terroristas, fundamentalistas, los que no queríamos el progreso… Pero después el pueblo empezó a despertar… La gente empezó a ver, a escuchar, a tomar conciencia. La comunidad dice: ‘YA BASTA!’”. (Dito Salas, Autoconvocados de Andalgalá, 2005).
“Para nosotros, el territorio es el derecho más importante que tenemos como pueblo, porque ningún otro derecho tiene sentido si no se respeta el territorio. El territorio es todo aquello que da lugar a nuestra identidad y toda nuestra razón de ser: yo mismo en estos momentos soy un pedazo de mi territorio que está hablando acá. Porque el territorio es nuestro idioma, es nuestra música, son nuestros recursos culturales asociados al ambiente…” (Marcos Pastrana, dirigente diaguita calchaquí, 2007).
La consolidación de la ‘oleada’ neoliberal en los ’90 ha significado en América Latina la profundización de un fuerte proceso de mercantilización y explotación de la ‘naturaleza’. Las ‘reformas estructurales’ involucraron la apertura de un nuevo ciclo de una ‘vieja estrategia’, el extractivismo primario-exportador.
De la mano de la expansión de monocultivos de exportación, la radicación creciente de las llamadas ‘industrias sucias’, la privatización y transnacionalización de las reservas petroleras y mineras, así como de los servicios de agua potable, gas y energía eléctrica, y un largo etcétera, nuevas formas de apropiación, control y disposición sobre los territorios y sus bienes y servicios ambientales se pusieron en juego en la región afectando a crecientes porciones de nuestras poblaciones.
En ese marco, el boom de la gran minería metalífera transnacional verificado en la región desde inicios de los ’90 hasta nuestros días, con la radicación de las más importantes corporaciones mineras transnacionales y la acelerada expansión de las superficies territoriales concedidas a grandes proyectos de exploración y explotación minera, constituye uno de los capítulos ecológica y políticamente más gravosos de este proceso.
En nuestro país, el desembarco inicial de la minería transnacional tuvo lugar en la provincia de Catamarca, con la instalación de Minera Alumbrera Ltd. en 1995. Poco se sabía entonces de qué se trataba este tipo de explotaciones. La pobreza crónica y el desempleo estructural de la región completaron el ‘caldo de cultivo’ adecuado para que la puesta en marcha de este primer mega emprendimiento de minería química a cielo abierto resultara ‘exitoso’. Las promesas del desarrollo y de numerosos puestos de trabajo, más que resistencias, generaron euforia y despertaron esperanzas entre nuestras poblaciones. Sin embargo, al poco andar, las ‘ilusiones desarrollistas’ se transformaron en frustraciones crecientes y las expectativas de progreso se desvanecían ante la creciente evidencia de los impactos socioambientales de esta mega-explotación.
Desde 1997 a la fecha, los conflictos suscitados en torno a la minería a gran escala no cesaron de fluir, produciendo una larga historia de resistencias con diferentes etapas en la que los motivos, las demandas y los actores fueron cambiando y se fueron extendiendo. Del reclamo por las ‘promesas incumplidas del desarrollo’ (empleos, obras de infraestructura, mejora de servicios básicos, etc.) a las denuncias por daños ambientales (mortandad de animales domésticos, pérdida de flora y fauna, secamiento de vegas y humedales, disminución de los caudales de ríos y napas, etc.) y de éstas, al rechazo absoluto a este tipo de explotaciones. El originario movimiento ‘La Voz del Pueblo’ surgido en Belén en 1997, mayoritariamente integrado por desocupados, se fue extendiendo y ampliando a otros sectores y colectivos sociales, dando origen a diversas agrupaciones movilizadas para denunciar los ‘atropellos de la minera’. Entre los años 2001 y 2003 organizaciones de Belén, Santa María y Andalgalá cobran fuerza en las denuncias de los daños ambientales y las sucesivas roturas del mineraloducto. El testimonio de vecinos andalgalenses sería por entonces decisivo en el plebiscito de Esquel (Marzo de 2003) y en la extensión de una lucha hacia un escenario regional y nacional, con la formación de la Red C.A.M.A. (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina) primero, las experiencias de los Plenarios Ambientales del Noa, luego, y la posterior conformación y articulación de las asambleas locales en la U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas).
En ese contexto, la decisión de Be.Pe. de apoyar e involucrarnos directamente en esta lucha nace precisamente de la convicción de que no se trata meramente de un ‘reclamo ambientalista’ (al menos en el sentido superficial que usualmente se le da a la cuestión), sino de una estratégica confrontación cultural y política por las condiciones presentes y futuras de autodeterminación, justicia y sustentabilidad. El ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa, a nuestro entender, una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.
Esa opción institucional nos llevó a asumir nuevos retos y aprendizajes, participando institucionalmente en los espacios de lucha que se fueron constituyendo en el proceso de resistencia social a la minería a gran escala en nuestra región. Integrando primero la Asamblea Socioambiental Catamarca (2007-2008), luego el Colectivo Sumaj Kawsay (2009-2010), participando desde el 2007 como integrantes de la U.A.C. y como impulsores de la Asamblea Socioambiental del NOA (AsaNoa), y actualmente integrando la recientemente conformada Coordinadora Interprovincial en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes, nuestra participación en estos espacios colectivos ha estado orientada hacia dos objetivos centrales. Por un lado, inspirados en nuestra visión-vocación de la Educación Popular, se ha buscado fortalecer los procesos de articulación e inter-aprendizaje político hacia el interior del movimiento, entendiéndolo como un aspecto clave en este proceso de lucha. Por el otro, se ha buscado ampliar las redes de sensibilización hacia el resto de la sociedad y de participar en medidas directas de resistencia y rechazo al avance del ‘modelo minero’.
Muchas son los ‘mojones’ políticamente relevantes que emergen de esta larga e intensa lucha abierta. En este espacio no podríamos dar cuenta con justicia de todos ellos. Sin embargo, sólo para reflejar de algún modo el camino trazado en y desde la resistencia popular, cabe mencionar algunos ‘hitos’ para nosotros muy significativos.
En el plano de la construcción de espacios de inter-aprendizaje y de generación de procesos político-pedagógicos de formación, destacamos la realización de Encuentros que fueron claves para el fortalecimiento de la lucha: los Foros Ambientales del Noa, co-organizados por la Movida Ambiental de Termas y Pro-Eco (Termas de Río Hondo, abril de 2007; Santa María, mayo de 2007) y los Encuentros de Asambleas socioambientales del Noa (Catamarca, abril de 2008; Tucumán, febrero de 2008; Metán, marzo de 2008; Andalgalá, junio de 2008).
También en este plano, creemos que fueron muy significativas las Jornadas “Patrones de Desarrollo y Conflictos Socioambientales” co-organizadas entre Be.Pe. y el Laboratorio Tramas de Estudios Políticos Regionales (Doctorado en Ciencias Humanas, U.N.Ca.) entre los años 2007 y 2008 y los seminarios de formación para educadores populares, realizados junto al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía entre 2008 y 2009. La organización y realización del VII° Encuentro de la U.A.C. en Catamarca, en agosto de 2008, fue sin dudas un hito histórico que marcó el crecimiento de las asambleas locales en capacidad organizativa y conciencia política, con más de 500 asambleístas reunidos debatiendo sobre los diferentes efectos e impactos del modelo extractivo en el país congregados en la capital de nuestra provincia bajo el lema “Catamarca: Eco del Grito de la Tierra”.
En cuanto a las principales acciones públicas y medidas de protesta desarrolladas en los últimos años, cabe mencionar, desde la participación en la Mesa de Diálogo convocada por el Obispado de Catamarca (2007-2008) al acompañamiento a los cortes de ruta desarrollados en la localidad de Aconquija, en protesta por unos piletones construidos en un barrio popular para recoger los derrames del mineraloducto de Alumbrera (septiembre–octubre de 2007); las charlas de sensibilización sobre los impactos de la minería de uranio desarrolladas junto a Javier Rodríguez Pardo (Movimiento Antinuclear de Chubut; U.AC.), la posterior formación de asambleas en Fiambalá y Tinogasta y la paralización de las prospecciones de uranio logradas a través de masivas marchas entre noviembre y diciembre de 2007; numerosos cortes de ruta realizados en Belén, Tinogasta, Santa María, Andalgalá y también en diferentes localidades de los Valles Calchaquíes en territorio salteño y tucumano, denunciando los impactos de Minera Alumbrera y expresando la oposición al nuevo proyecto de Agua Rica. Junto a estas medidas, las campañas de denuncia, información y sensibilización realizadas en festividades populares, actos públicos y marchas, con diferentes medios y recursos (eventos artísticos, charlas, ciclos de video-debate, elaboración y distribución de gacetillas y boletines informativos, etc.), marcaron ya una inocultable resistencia popular a este tipo de emprendimientos.
Del otro lado, las medidas de protesta alimentaron, en algunos casos, el clientelismo público-privado, ya a través del reparto de ‘subsidios’ de parte del gobierno, ya a través de ‘donaciones’ y programas de ‘responsabilidad social empresaria’ de las mineras, con el objetivo expreso de acallar las denuncias e incentivar la división social en las comunidades. En otros casos, la resistencia social dio lugar a fuertes represiones y a una peligrosa senda de criminalización y judicialización que tuvieron sus momentos más álgidos durante la jornada del 15 de febrero pasado en Andalgalá, con un centenar de vecinas y vecinos heridos con perdigones y bastonazos propinados por las fuerzas de ‘seguridad’ de la provincia.
En definitiva, el desembarco de la gran minería transnacional cambió drásticamente tanto el paisaje ecológico como el sociocultural y político de nuestra región. A la degradación de las condiciones ecológicas de nuestros territorios, le siguió el grave deterioro de la institucionalidad y la sociabilidad democráticas en nuestras comunidades. Al secamiento de fuentes naturales de agua y la pérdida de superficies agrícolas y ganaderas, al aumento exponencial de enfermedades respiratorias y de la piel, al racionamiento crónico del agua potable y la electricidad, hay que sumarle también un ‘paisaje social’ desolador: comunidades divididas; pueblos enteros ‘asistencializados’ con las dádivas de las mineras; corrupción y clientelismo endémico alimentados por los flujos financieros espurios de una ‘actividad-enclave’ con grandes volúmenes de ganancias; y una institucionalidad democrática ‘patas para arriba’ al decir de Galeano: con jueces y políticos que proveen ‘seguridad jurídica’ a las empresas, legalizando el saqueo y criminalizando a las poblaciones que le resisten; con prohibiciones de plebiscitos ‘en nombre de la constitución’; con la imposición del modelo minero aún a costa del rechazo mayoritario de nuestras poblaciones.
Nos enfrentamos, en definitiva, a un panorama sombrío. Pese a las evidencias del fracaso de la ‘fantasía desarrollista’ que promete el modelo minero, sus personeros se empeñan a imponerlo ‘a sangre y fuego’, con dosis cambiantes ya de ‘asistencialismo’, ya de ‘criminalización’. De este lado de la lucha, sin embargo, nuevas expresiones de ciudadanía han ido surgiendo. Desde la vivencia-de-la-resistencia viene fraguando la conformación de nuevas subjetividades políticas, expresiones de otras sensibilidades y sociabilidades, que buscan no ya los placebos del consumismo que ofrece el sistema, sino que intenta avanzar hacia nuevas formas de habitar-producir y vivir el territorio… Nuestros ‘NO’ a la minería, resumen en definitiva, la denuncia de la crisis civilizatoria del Occidente-colonial que busca abrir brechas hacia nuevas formas de convivencialidad, nuevas formas de vinculación con la naturaleza y de gestión de la Vida-en-Común… Se trata de la re-apropiación de nuestros territorios, de nuestra agua y nuestro suelo, pero también de nuestra Identidad y de nuestros Derechos. Más que el retorno a un ‘pasado idílico’ creemos que en esta lucha nos va la construcción imprescindible de otro ‘futuro’ posible. Para todas y para todos. Un mundo socio-biodiverso en con-vivencia igualitaria. Puede sonar utópico, en el peor sentido de la palabra; pero también podemos hacerlo sonar en su mejor y más noble sentido.
Iniciada su construcción en 1995 y se explotación en 1997, Minera Alumbrera Ltd. es un holding empresarial liderado por la suiza Xstratta Cooper dedicado a la explotación de un yacimiento de polimetálicos diseminados. Extrae anualmente 650.000 toneladas de concentrados con 180.000 Tn de cobre y 600.000 onzas troy de oro. En su proceso extractivo consume aproximadamente 100 millones de litros de agua por día, que extrae de una reserva de agua fósil (Campo del Arenal) en una región árida, con un régimen de precipitaciones de entre 150 a 300 mm anuales. Su consumo anual de energía es superior a los 760.000 MW (el consumo eléctrico de toda la provincia de Catamarca es inferior a los 470.000 MW), a lo que hay que sumar alrededor de 35 millones de litros de combustible y 40 mil toneladas de explosivos. La totalidad de los minerales extraídos se exporta a través de una mega-infraestructura que atraviesa cuatro provincias e incluye un mineraloducto de 220 km, una vía férrea propia de 800 km e instalaciones portuarias propias”.
* Horacio Machado Aráoz (Asoc. Civil Be.Pe., Colectivo Sumaj Kawsay – AsaNoa Catamarca)
* *Be.Pe., Bienaventurados los Pobres, es una organización de Promoción del Desarrollo comprometida radicalmente con la opción por los pobres y la superación de la pobreza. Históricamente, inicia sus actividades el 6 de enero de 1984 como decisión de un grupo de personas reunidas en torno a la reflexión y el compromiso con la opción por los pobres proclamada por la Iglesia Católica Latinoamericana. En estos 25 años, y en razón de este proceso, hemos avanzado progresivamente en la implementación de proyectos de trabajo basados en los principios y criterios metodológicos y conceptuales de la agricultura sostenible, la economía solidaria, la educación popular orientada a la construcción de ciudadanía y la búsqueda de la equidad en las relaciones de género, enfoques desde los cuales impulsamos nuestra Misión:
1. Promover con las familias pobres, el desarrollo de alternativas de vida económicamente viables y ecológicamente sustentables.
2. Fortalecer el protagonismo político social de los sectores populares.
3. Promover la construcción de valores sociales que aseguren el respeto por la diversidad y dignidad de la vida humana.
Desde 1984 nuestra organización ha definido como zona de actuación las provincias del noroeste argentino, principalmente Catamarca y Santiago del Estero. Fortalecemos y potenciamos nuestro accionar en el marco de integración de redes: Red Agroforestal del Chaco Argentino, Movimiento Agroecológico Latinoamericano, Red de Economía Social Cooperación y Trabajo, el Colectivo Sumaj Causay, la UAC -Unión de Asambleas Ciudadanas- y mas recientemente nuestra integración al Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derecho Humanos Democracia y Desarrollo.
Como organización, son sentimos crecientemente interpelados en nuestra práctica de intervención por el avance de un ‘modelo productivo’, eminentemente extractivo, instalado en nuestro país y en nuestra región, centrado en la explotación intensiva del patrimonio común de bienes y servicios ambientales, para abastecer fundamentalmente la demanda de los mercados internacionales.
Por esta razón en el año 2006 a partir de la definición de los nuevos Objetivos Estratégicos se reorientaron esfuerzos institucionales y se resolvió un proceso de apoyo y acompañamiento a las comunidades afectadas por las explotaciones mineras a cielo abierto, en particular, y a las comunidades de la región afectadas por conflictos socioambientales en general.
Así surge en el seno de la organización el “Programa de apoyo y formación destinado a organizaciones y comunidades de base del noroeste argentino movilizadas en defensa de sus territorios y medios de vida”.
En el marco del desarrollo del mencionado programa, se ha llevado a cabo durante los últimos años un intenso plan de actividades de inserción e interacción con comunidades y grupos movilizados en defensa de sus territorios, desarrollándose asimismo actividades de apoyo a las movilizaciones y acciones colectivas organizadas por las organizaciones de poblaciones afectadas por la minería, como también otras actividades vinculadas a la formación, generación de espacios de encuentros de intercambio de experiencias y de difusión y sensibilización sobre la problemática en el nivel de la sociedad en general.
FOCO - Boletin de OET - Observatorio de las Empresas Transnacionales - http://www.inpade.org.ar
Fuente: www.ecoportal.net / 25-09-2010
24 de septiembre de 2010
La impunidad de destinar 40% del presupuesto 2011 al pago de 'deuda' (II)
La deuda argentina y el fallo del año 2000
Por: Alejandro Olmos Gaona
Cuando después de 18 años de moroso trámite el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero, emitió su sentencia, estableciendo que la deuda contraída durante la dictadura militar era mayoritariamente ilegal y que en las operaciones se había contado con la complicidad del FMI, se “olvidó” por decirlo de alguna manera, de decretar la nulidad absoluta de aquellos actos ilegales, tal como lo determina el artículo 1047 del Código Civil de la Nación. Además de ello tanto la legislación civil como el derecho administrativo contemplan que los actos ilegales e ilícitos son nulos de nulidad absoluta así como todas sus consecuencias.
A los efectos de obviar esa significativa omisión un grupo de calificados profesionales del derecho y la ciencia económica integrado por el Embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los Dres. Julio González, Néstor Forero y Graciela González, y el Lic. Héctor Giuliano, se presentaron al Juzgado Federal Nº 2 donde tramitó la referida causa, actualmente en forma interina a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, para solicitar se decretara la nulidad de los por lo menos 477 actos ilícitos decretados en la sentencia del año 2000. Cabe apuntar que las referidas personas, fueron designadas por el referido Juez para integrar un grupo de trabajo que apoyara las investigaciones llevadas a cabo en sede judicial, junto con el Dr. Omar Miliano, actual funcionario del Banco Central de la República Argentina.
Como respuesta a la petición, que se encontraba extremadamente fundada en la legislación y en la doctrina, el Juez Martínez de Giorgi destituyó a los presentantes, y no se expidió sobre la presentación efectuada.
Sin tener conocimiento de esta resolución, los diputados Fernando Pino Solanas, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Cecilia Merchán, Claudio Lozano y Victoria Donda se presentaron al tribunal haciendo suya esa petición, y solicitaron una audiencia al Juez , en razón de que en la Cámara de Diputados se había emitido dictamen para la creación de una Comisión Investigadora de la deuda pública desde 1976 hasta el último canje efectuado recientemente, sin que hasta la fecha el Juez se haya expedido sobre el tema.
Indudablemente la reacción del Tribunal es coherente con la actitud que ha venido teniendo la justicia federal sobre la problemática del endeudamiento público desde 1982, cuando mi padre iniciara su denuncia. El trámite duró 18 años, porque a la falta de interés del juzgado de investigar debidamente los hechos, se sumó la irresponsabilidad de los organismos del Estado como el Ministerio de Economía y el Banco Central a los que nunca les interesó colaborar con la investigación. A ello se agrega que en la causa donde se investiga el endeudamiento desde 1983 hasta la culminación del Plan Brady (1994), el tribunal se limitó a acumular pruebas y tomar algunas declaraciones, estando el expediente prácticamente inactivo desde hace años, junto con otra denuncia iniciada por Daniel Marcos y por mi en el año 2006, para que se investigara la deuda hasta el último canje hecho por el Dr. Kirchner en el año 2005. A tales hecho cabe agregar la extrema gravedad de no haber tramitado una causa por infracción a la Ley Penal cambiaria, donde habría más de 21.000 involucrados entre empresas y particulares, que le fuera enviada por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6.
Entre las particularidades con las que se ha manejado ese Juzgado en todas las causas de la deuda, está la de que toda su tramitación fue confiada únicamente a un Secretario Adjunto, el Dr. Juan Carlos Foerster, cuya manifiesta incompetencia en la materia puede observarse a través del examen del seguimiento de las diversas causas, además de la negligencia en la producción de pruebas fundamentales para demostrar la ilicitud de todas las negociaciones posteriores al año 1983. Y resulta extremadamente preocupante ante esta forma de proceder, el riesgo que pueda correr la voluminosa masa probatoria acumulada durante tantos años, que aún precariamente, ha demostrado la fraudulencia de la deuda desde 1976 hasta hoy.
Fuente: http://www.argenpress.info/ 24-09-2010
Por: Alejandro Olmos Gaona
Cuando después de 18 años de moroso trámite el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero, emitió su sentencia, estableciendo que la deuda contraída durante la dictadura militar era mayoritariamente ilegal y que en las operaciones se había contado con la complicidad del FMI, se “olvidó” por decirlo de alguna manera, de decretar la nulidad absoluta de aquellos actos ilegales, tal como lo determina el artículo 1047 del Código Civil de la Nación. Además de ello tanto la legislación civil como el derecho administrativo contemplan que los actos ilegales e ilícitos son nulos de nulidad absoluta así como todas sus consecuencias.
A los efectos de obviar esa significativa omisión un grupo de calificados profesionales del derecho y la ciencia económica integrado por el Embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los Dres. Julio González, Néstor Forero y Graciela González, y el Lic. Héctor Giuliano, se presentaron al Juzgado Federal Nº 2 donde tramitó la referida causa, actualmente en forma interina a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, para solicitar se decretara la nulidad de los por lo menos 477 actos ilícitos decretados en la sentencia del año 2000. Cabe apuntar que las referidas personas, fueron designadas por el referido Juez para integrar un grupo de trabajo que apoyara las investigaciones llevadas a cabo en sede judicial, junto con el Dr. Omar Miliano, actual funcionario del Banco Central de la República Argentina.
Como respuesta a la petición, que se encontraba extremadamente fundada en la legislación y en la doctrina, el Juez Martínez de Giorgi destituyó a los presentantes, y no se expidió sobre la presentación efectuada.
Sin tener conocimiento de esta resolución, los diputados Fernando Pino Solanas, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Cecilia Merchán, Claudio Lozano y Victoria Donda se presentaron al tribunal haciendo suya esa petición, y solicitaron una audiencia al Juez , en razón de que en la Cámara de Diputados se había emitido dictamen para la creación de una Comisión Investigadora de la deuda pública desde 1976 hasta el último canje efectuado recientemente, sin que hasta la fecha el Juez se haya expedido sobre el tema.
Indudablemente la reacción del Tribunal es coherente con la actitud que ha venido teniendo la justicia federal sobre la problemática del endeudamiento público desde 1982, cuando mi padre iniciara su denuncia. El trámite duró 18 años, porque a la falta de interés del juzgado de investigar debidamente los hechos, se sumó la irresponsabilidad de los organismos del Estado como el Ministerio de Economía y el Banco Central a los que nunca les interesó colaborar con la investigación. A ello se agrega que en la causa donde se investiga el endeudamiento desde 1983 hasta la culminación del Plan Brady (1994), el tribunal se limitó a acumular pruebas y tomar algunas declaraciones, estando el expediente prácticamente inactivo desde hace años, junto con otra denuncia iniciada por Daniel Marcos y por mi en el año 2006, para que se investigara la deuda hasta el último canje hecho por el Dr. Kirchner en el año 2005. A tales hecho cabe agregar la extrema gravedad de no haber tramitado una causa por infracción a la Ley Penal cambiaria, donde habría más de 21.000 involucrados entre empresas y particulares, que le fuera enviada por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6.
Entre las particularidades con las que se ha manejado ese Juzgado en todas las causas de la deuda, está la de que toda su tramitación fue confiada únicamente a un Secretario Adjunto, el Dr. Juan Carlos Foerster, cuya manifiesta incompetencia en la materia puede observarse a través del examen del seguimiento de las diversas causas, además de la negligencia en la producción de pruebas fundamentales para demostrar la ilicitud de todas las negociaciones posteriores al año 1983. Y resulta extremadamente preocupante ante esta forma de proceder, el riesgo que pueda correr la voluminosa masa probatoria acumulada durante tantos años, que aún precariamente, ha demostrado la fraudulencia de la deuda desde 1976 hasta hoy.
Fuente: http://www.argenpress.info/ 24-09-2010
La impunidad de destinar 40% del presupuesto 2011 al pago de 'deuda'
Un nuevo perfil para la deuda pública argentina
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.
Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.
Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.
Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.
Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.
Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.
Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.
Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.
Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.
Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.
Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.
Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.
Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.
Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.
Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010
22 de septiembre de 2010
Entramado de poder económico, judicial, político y policial para la trata de mujeres y niñas
Esclavizadas para la explotación sexual: Mujeres desaparecidas en democraciaPor: PRENSA DE FRENTE
La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual es una de las caras más extremas de la violencia de género e implica la violación directa a los derechos de las humanas. La continuidad de las prácticas de tortura y sometimiento son amparadas por un entramado de poder económico, judicial, político y policial que les otorga el sagrado manto de la impunidad. Este flagelo que arrastra características y condiciones estructurales a lo largo de siglos, es un delito que somete a millones de personas a condiciones de esclavitud y ocupa el segundo negocio a nivel mundial después del tráfico de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2006), manifiesta que en la Argentina participan directa o indirectamente de este delito, unas 500.000 personas. Siendo, este país un lugar de origen, tránsito y destino, al que llegan ciudadanos y ciudadanas extranjeros/as captados/as y traficados/as de países limítrofes, principalmente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Bolivia y Paraguay, y en segundo lugar de Perú, República Dominicana, y hasta China y Corea. Sin embargo, aun no existen estadísticas oficiales sobre las desapariciones de mujeres, esto significa que todavía no hay políticas públicas activas, tanto para la persecución del delito, como para la prevención del mismo, contribuyendo a la invisibilización de este flagelo y a la impunidad que habilita el efectivo funcionamiento de los mecanismos de las redes.
El negocio de la esclavitud
La existencia de la red de trata de mujeres es parte de una sociedad que naturaliza prácticas como la prostitución, sin profundizar en la relación de dominio que subyace. La concepción del cuerpo femenino como propiedad de lo masculino, y por ende, mercancía que se consume, alquila y vende, es la base cultural que promueve a la explotación sexual.
Las mujeres víctimas de la redes de trata son cada vez más jóvenes, el 48 por ciento tiene menos de 18 años. En este sentido, Richard Poulin, profesor e investigador canadiense sobre los procesos de globalización de la industria del sexo, advierte sobre la complicidad de organismos multilaterales del crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento de la trata de jóvenes. En una entrevista para el diario Página 12, el investigador denuncia cómo las políticas neoliberales expresadas por el Banco Mundial y el FMI y los planes de ajuste estructural, incentivan a los países al fomento de la industria sexual a través de préstamos para desarrollar empresas de turismo y entretenimiento. Esta industria sexual se expande globalmente afectando a las poblaciones más vulnerables, en primer lugar, refugiadas políticas, niñas, migrantes ilegales, miembros de minorías raciales y étnicas.
Según los estudios realizados por las integrantes de la organización de mujeres La Casa del Encuentro, en este negocio se puede hallar la estrecha asociación entre la etapa del capitalismo actual y el patriarcado. Las zonas que definen los destinos de las mujeres, son las rutas de mayor actividad económica por excelencia. Por ejemplo, la ruta del petróleo en la zona patagónica, la de la soja, la del turismo carretera en Córdoba, los festivales, etc., lugares donde se garantiza la masiva presencia de “clientes”.
La falacia de la persecución del delito
En abril del 2008 se aprueba la Ley Nacional 26.364, para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sin embargo rápidamente las organizaciones sociales que venían trabajando sobre el tema denunciaron que no garantizaba la persecución del delito y dejaba espacios que generaban y consolidaban la impunidad con la que se mueven los tratantes en territorio argentino.
Claramente los números dan cuenta de la falta de eficacia en el desbaratamiento de las redes mafiosas, según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación desde 2008 rescataron a 654 mujeres (entre ellas 149 eran niñas de entre 12 y 18 años), desde ese momento hasta el 31 de mayo de 2010, se detuvieron a 543 personas acusadas de formar parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas, aunque se dieron sólo 5 condenas firmes, en las provincias de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y ninguna de estas involucra a un tratante. “La mayoría de las personas que quedaron detenidas son perejiles y no fueron condenados a más de cuatro años de prisión”, explica Mercedes Assorati coordinadora del programa Esclavitud Cero, de la fundación El Otro.
El cuestionamiento a la ley radica principalmente en que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la mujer para ser tratada como esclava, presumiendo que alguien puede elegir ser victimizada renunciado a su propia vida, a su propio cuerpo y a su libertad; por otra parte también se discuten las bajas penas aplicadas a los proxenetas y tratantes que derivan en la posibilidad de excarcelación. Estos y otros aspectos están en discusión y prontos a ser tratados nuevamente en el Congreso, pero aún se dejó afuera la posibilidad de gestionar un programa nacional que se ocupe integralmente de la asistencia a esta mujeres y niñas secuestradas, torturadas, maltratadas, explotadas por el accionar de la redes de trata con la complicidad del estado y una cultura patriarcal que las invisibiliza.
Dinero fácil, cuerpos ultrajados
El Noroeste y Norte argentino se presenta como una región de captación o reclutamiento de personas con fines de explotación, en su gran mayoría mujeres para explotación del comercio sexual, según el trabajo realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (UFASE) de la Procuración General de la Nación. Mientras que las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son caracterizados principalmente como lugares de destino, atento a la vinculación de las actividades económicas.
Amparados en sistemas de protección y corrupción policial, burdeles, juego clandestino y droga, funcionan libremente con la connivencia de funcionarios locales o incluso con la “regulación” de la actividad como si se tratase de un emprendimiento comercial lícito. En Río Gallegos, por ejemplo, la zona de prostíbulos conocida como Las Casitas funciona a la vista de toda la población; allí uno de los primeros allanamientos para el rescate de víctimas de explotación sexual fue posible por el accionar de una jueza que actuó en el lugar de captación, en la localidad de Sáenz Peña, en Chaco. Al respecto la magistrada chaqueña señala que este pueblo “es uno de los lugares de la provincia que constituye un foco de origen importante del delito de Trata, ya que la marginalidad, por la deplorable situación económica, cultural y educativa, constituye y un paisaje sumamente tentador para los que comercian con seres humanos debido a que en definitiva, no tiene alternativas diferentes.”
El lugar de destino tampoco guarda mejores oportunidades para estas mujeres, cuando una de ellas llegó a la terminal de Río Gallegos y el regente del prostíbulo conocido como El Deseo la fue a buscar, no tardó en informarle que “tenia una deuda de $ 620,000 lo cual era la suma de los pasajes y plata para consumir durante el viaje y que sí o sí tenía que pagarla.” Días después el proxeneta la mostró en la ciudad, primero ante el Comisario para tramitar la identificación que le permitiría sacar la libreta sanitaria en el Hospital, entonces “comenzó a sentir miedo y que no tenía escapatoria”. Fuente: http://www.argenpress.info/2010/09/esclavizadas-para-la-explotacion-sexual.html
13 de septiembre de 2010
La 'democracia' aplica ley anti-terrorista a los mapuches para avanzar en ecocidio-etnocidio
Mapuches por Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)Desde la prisión y tras 60 días, 34 dirigentes mapuches están en huelga de hambre para protestar porque a sus reivindicaciones se ha respondido con una brutal represión, incluyendo la aplicación de la ley antiterrorista que somete civiles a la justicia militar, anula garantías procesales y triplica las condenas. Ante la dificultad para definir el terrorismo, todo queda a la arbitrariedad de un juez que bien puede conceptuar que se trata de un simple problema de orden público o aplicar esta normativa de la dictadura militar chilena, intocada por los gobiernos de la democracia.
Los indígenas están presos por incidentes ocurridos en la defensa de su Nación Mapuche, el último reducto que la “civilización” les ha dejado en el profundo sur de Chile. Pero hasta allá llegan los tentáculos del “progreso” en forma de centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras, forestales y similares que envenenan ríos, talan bosques milenarios, polucionan la atmósfera, ahuyentan la caza y la pesca, esterilizan suelos y desplazan a la población, convertida así en paria en su propia tierra, asalariados de miseria de multinacionales y finqueros o residentes incógnitos en los cinturones de marginación de las grandes urbes. Ante la incuria y la complicidad de las autoridades frente a la voracidad de las empresas, los mapuches se han lanzado a la lucha con bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta que, como siempre, terminan en duros enfrentamientos con la policía, encarcelamientos, muertes y persecución. A sus reivindicaciones tradicionales por la tierra los huelguistas agregan ahora la exigencia de un juicio civil para sus líderes y la derogación de la ley antiterrorista. Ignorados por los monopolios mediáticos intentan romper el cerco de silencio y conseguir la simpatía de la población para torcer la mano poderosa del estado. De momento han conseguido movilizar importantes sectores de la sociedad chilena y comienza a generarse un movimiento internacional de solidaridad.
La movilización social ha conseguido, por ahora, que hasta las autoridades y los parlamentarios reconozcan la necesidad imperiosa de eliminar la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Pero el proceso jurídico marcha con una lentitud incompatible con la urgencia de 35 personas cuya vida corre peligro (incluyendo a niños indígenas, igualmente acusados de terrorismo). En un ejercicio de cinismo sin límites, desde algunos sectores se propone que se amnistíe a los mapuches al tiempo que se haga lo mismo con los torturadores de la dictadura que están condenados o en proceso de serlo. Por supuesto los indígenas rechazan una propuesta de tales características que los igualaría a quienes si son efectivamente peligrosos terroristas. Solo exigen un juicio civil, justo y público de tal manera se conozcan las razones que les han llevado a oponerse a proyectos que las autoridades presentan como indispensables para el progreso, mientras descalifican a quien se oponen tildándolos de obstáculo al bienestar y enemigo de la civilización.
Aunque el objetivo de eliminar la ley antiterrorista ya es de por si loable, lo es mucho más poner de manifiesto las limitaciones del modelo económico vigente y la forma como se entiende el progreso y el desarrollo. Oponiéndose a la destrucción de su comunidad tradicional (en todos los sentidos) los indígenas chilenos están poniendo en tela de juicio el proyecto de sociedad que se ofrece como fórmula para alcanzar la democracia política, el bienestar material, la cohesión social y el acceso a la cultura de la modernidad. Aunque no resulte explícito en la reivindicación, aunque no sea la intención conciente de los afectados, el conflicto obliga a considerar factores globales y de largo plazo que superan con creces el estrecho marco de los cálculos empresariales y de la miopía e irresponsabilidad (cuando no de la corrupción) de las autoridades que permiten estos proyectos. Más allá del cálculo de beneficios inmediatos resulta pertinente preguntarse. ¿Cuáles son los costes reales de esos proyectos? Una central hidroeléctrica inundando grandes territorios, la extracción de petróleo y de gas, y en general de recursos minerales, así como la tala masiva de bosques, la construcción de grandes obras de infraestructura o la explotación comercial de la biodiversidad se justifican ante la ciudadanía como empresas indispensables para el progreso, como iniciativas de alta racionalidad económica que armonizan las ganancias de la empresa con los intereses del país. Pero las cuentas reales no respaldan tan optimistas aseveraciones, pues si es cierto que las empresas obtienen ganancias considerables no se puede afirmar la mismo para el conjunto del país, para comenzar, porque se descargan sobre la comunidad costes claves que la empresa no asume y se afectan recursos para ésta y futuras generaciones.
Con independencia entonces de las formas folclóricas que acompañan muchas veces tales movilizaciones populares contra una represa, una explotación minera o los permisos de saqueo que se otorgan generosamente a las multinacionales, resulta esencial considerar los beneficios reales que se derivan de tales proyectos, en unos casos porque son dañinos en alto grado, en otros, por la manera como se realizan. La minería del oro, por ejemplo, cuando es realizada de manera artesanal perjudica ríos y suelos en una medida que se potencia enormemente cuando la explotación es industrial. La extracción de petróleo, por su parte, encierra peligros semejantes aunque es posible limitar estos efectos si se obliga a las empresas a extremar las medidas de seguridad. Las grandes represas hidroeléctricas, símbolo del desarrollo económico en otras épocas, son hoy objeto de una consideración más cuidadosa habida cuenta de los daños que provocan en el medioambiente, la destrucción de otros recursos y lo limitado de su vida útil. La gran explotación agrícola, otro de los símbolos del modelo económico actual, recibe objeciones no menos graves y por razones similares: aquello que es ganancia neta para las empresas supone pérdidas –muchas veces irreparables- de recursos (agua, suelo, biodiversidad, bosques, dependencia de los grandes monopolios de la energía, la industria química y los productores de semillas, etc.) y algo no menos importante: la salud de la población.
¿Quién asume el coste efectivo de agotar un recurso? ¿Quién responde por los efectos perniciosos sobre la salud de ésta y las futuras generaciones? ¿ A quién se piden responsabilidades por los daños medioambientales? ¿En qué quedaría el balance optimista entre inversión y beneficios si se amplía el horizonte del cálculo y se toman en consideración todos los costes, en particular esos que se ocultan en la contabilidad de las empresas? Si resulta poco práctico un debate sobre propuestas de muy escasa realidad (un regreso a la vida rural y el abandono del industrialismo, por ejemplo) y se asume que el consumismo actual resulta inconveniente e insostenible (además de inalcanzable para la inmensa mayoría de la población mundial) se impone entonces la búsqueda de un modelo diferente de sociedad y de economía, resolviendo la disyuntiva que ofrece, de una parte, la estrategia que se fundamenta en el “desarrollo de las fuerzas productivas” como condición indispensable para progresar sobre bases ciertas y, por otra, el camino que proponen el “buen vivir” de los indígenas como única manera de alcanzar la armonía social y el equilibrio con el medio ambiente.
Y, algo central para estos países abocados a una desenfrenada exportación de materias primas y alimentos a las economías centrales del capitalismo: agotar recursos claves que comprometen el futuro desarrollo constituye un suicidio como colectividad nacional. Al final, como en los peores tiempos del colonialismo aquí quedarán los socavones vacíos, los mineros con silicosis y un panorama de desolación y tristeza. Los escasos beneficios para el país estarán generando intereses en bancos extranjeros en las cuentas numeradas de los funcionarios corruptos, tan solícitos cuando se trata de vender el país.
Los actuales mapuches son dignos sucesores de Lautaro, Colocolo,Tucapel, Rengo y en particular del gran Caupolicán que para ganar la jefatura militar contra los españoles soportó sin desfallecer por dos días con sus noches un pesado tronco sobre sus hombros. Tal como lo canta Alonso de Ercilla en La Araucaria:
Con un desdén y muestra confiada,
asiendo el tronco duro y nudoso,
como si fuera vara delicada,
se lo pone en el hombro poderoso:
la gente enmudecía maravillada
de ver el cuerpo fuerte tan nudoso.
Fuente: http://www.argenpress.info/2010/09/mapuches.html
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