I. Indagar a qué se refiere la Presidenta cuando advierte:"yo vivo en un Estado de derecho,..." y cómo se contradice con la realidad de los de abajo.

Inversión extranjera directa y Estado de derecho: 

Amenazas a la democracia y a la sociedad 

Por Pablo Dávalos 

La noción de “inversión extranjera directa” se ha convertido en una especie de dispositivo ideológico del capitalismo tardío que encubre sus derivas financieras y  especulativas, al mismo tiempo que justifica y otorga un cariz de legitimidad  jurídica y política a los procesos de privatización territorial y criminalización  social. La inversión extranjera directa y su correlato del Estado de derecho (o Estado  social de derecho) son ahora una de las amenazas más importantes en contra de la  democracia y la sociedad. Urge, entonces, comprender qué existe detrás de este  concepto aparentemente inocuo de “inversión extranjera directa”, y cómo se  relaciona con aquel de Estado de derecho, como formas políticas de la dominación  en el capitalismo tardío.   

(…)La convergencia normativa: criminalización social y seguridad jurídica 

Ahora bien, es necesario que los Estados reconozcan ese estatuto especial que  tiene el inversionista y que tiene la inversión extranjera. De una u otra forma, los  Estados están obligados a articular su legislación interna y sus normas de tal  manera que éstas se pongan en función de las necesidades y prerrogativas del  inversionista y de la inversión extranjera.  Este proceso se denomina convergencia normativa y su expresión mayor está en el  reconocimiento que hacen los Estados a la seguridad jurídica para el inversionista  y sus inversiones. Los Estados están obligados a reconocer ese estatuto supranacional y por fuera de toda regulación interna que tiene el inversionista y la  inversión extranjera.

Cuando un Estado reconoce la seguridad jurídica del  inversionista en el ámbito contractual (o Constitucional), se convierte en Estado de  derecho.  No obstante, la construcción del Estado de derecho tiene su lado numinoso, y hace  referencia al hecho de que a medida que los inversionistas ganan espacios de  reconocimiento jurídico, la sociedad y los ciudadanos los pierden.  La seguridad jurídica implica necesariamente la criminalización social. Se trata de  una conclusión lógica porque los inversionistas van a reclamar derechos de  propiedad que muchas veces atentan y lesionan incluso a los derechos humanos.  Muy rara vez los negocios van de la mano de los derechos humanos. El horizonte  de rentabilidad excluye cualquier consideración ética a nombre de la eficiencia  mercantil.  Cuando la sociedad reclama por los derechos humanos lesionados por la eficiencia  mercantil, los inversionistas acuden al expediente de acusar al Estado de falta de  garantías jurídicas para la inversión, y en virtud de que las decisiones de los  inversionistas implican los niveles de inversión, empleo, consumo, ingresos de  toda la sociedad, los gobiernos generalmente dan razón a los inversionistas en  contra de la sociedad.  De ahí que cualquier situación que amenace a los derechos de propiedad de los  inversionistas amerite duras respuestas por parte de los gobiernos que no dudan  en poner todo el poder legítimo de la violencia en beneficio exclusivo de los  inversionistas y sus inversiones.  

Quienes reclaman por sus derechos humanos, sociales y colectivos lesionados por los derechos de propiedad de los inversionistas, generalmente son perseguidos e  incluso criminalizados, muchas veces bajo el expediente del terrorismo. Muchos  líderes sociales que han defendido sus territorios ancestrales de la depredación y  del abuso de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el caso de las industrias  extractivas, han sido criminalizados por sus respectivos Estados y acusados de  sedición y terrorismo. Muchos dirigentes laborales que han confrontado la  sobreexplotación de la cual son víctimas, han sido víctimas de secuestros,  asesinatos, persecuciones, criminalización por parte de estos inversionistas  extranjeros, con la complicidad del Estado de derecho. 

La conclusión parece evidente: a mayor seguridad jurídica mayor criminalización  social. De esta manera, el Estado de derecho, en realidad, es el Estado de  criminalización social. Esto que parece ser tanto una exageración cuanto una  antinomia se ejemplifica de manera evidente cuando se recorre el camino de las  inversiones extranjeras y se constata que junto a éstas hay una estela de conflictos sociales, represión gubernamental y criminalización social: de los femicidios de  Ciudad Juárez a la sobreexplotación laboral en las fábricas chinas media la  presencia del inversionista y la inversión extranjera como factótum de su propia  violencia. Empero, el Estado de derecho es más peligroso aún para los derechos humanos,  sociales y colectivos, porque abre un espacio transnacionalizado de coerción hecho  en función específica de los derechos de propiedad y legitimado por fuera del  Estado.  Los inversionistas han construido un locus de soberanía jurídica que rebasa la  soberanía política de los Estados y, en tal virtud, pueden ejercer la capacidad  coercitiva que permite el derecho y las leyes en beneficio propio y sin ninguna  consideración social ni ética. Los acuerdos que se discuten en la OMC a propósito de los derechos de propiedad  intelectual (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés),  les otorgan a los inversionistas una capacidad coercitiva a nivel internacional y un  peso jurídico que no tiene ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Acuerdo  ACTA, de suscribirse tal cual lo está discutiendo la OMC, le da la posibilidad al  inversionista de revisar y controlar el comercio mundial, sin la necesidad de  permisos estatales y bajo la cobertura de luchar contra la falsificación de los  derechos de propiedad intelectual.  Pero no solo les da el control sobre el comercio mundial sino también capacidades  coercitivas que generalmente son prerrogativas de los Estados-nación. (...) Leer