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5 de abril de 2014

IV. El carácter criminal y destructivo del crecimiento capitalista e imperialista.

DEBATE EN EL SENADO

Fuerte cruce entre mapuches y Pichetto por acuerdo YPF-Repsol

Gabriel Rolando Cherqui, de la comunidad mapuche "Kaxipayin", desató una polémica con el bloque kirchnerista al denunciar que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con Repsol sin contemplar los intereses de los pueblos originarios y la preservación del medio ambiente.
"Dentro de todo este arreglo, ¿está incorporada la remediación de nuestro espacio, de nuestros hijos, o sólo están contemplados los intereses del Estado?", cuestionó y aseguró que "todo lo que están haciendo va en contra de nuestro principio como pueblo y como vida". También pidió "saber si (en el convenio) está incluida la remediación de nuestro espacio territorial y se si descontó el daño ambiental, como dijo la presidenta".
Además, afirmó que "es necesario que tengamos en claro que se sanee el espacio territorial de las comunidades y que se haga la consulta antes del ingreso (de las petroleras) a nuestro espacio para no corromper una filosofía y manera de vida".
En tal sentido, el representante indígena advirtió que "venimos diciendo desde hace 14 años que Repsol contaminaba y siempre el Gobierno provincial y el nacional lo defendió", al tiempo que le pidió a los senadores que"se acuerden de nosotros, hay mucha gente que se está muriendo".
"Siempre dijimos que estamos en contra de la explotación, no de la extracción. Pero obviamente el país necesita el progreso y necesitamos convivir. Pero ese progreso se está llevando la vida no solo de los mapuches", reforzó el mapuche y continuó: "hoy hablan de los pasivos ambientales y de la plata que va a entrar al país, pero no se ponen a pensar en los miles y millones de litros de agua que se contaminan día a día por la explotación hidrocarburífera".
Cherqui aprovechó la situación para llevarle a los senadores una botella de agua natural de Neuquén, supuestamente contaminada, y lanzó duras críticas al acuerdo con Chevron por "su reputación en el mundo" en lo relacionado al medio ambiente. "Y aparte de eso la economía del país se está yendo al carajo", completó.

Ante estas palabras, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, no tardó en recoger el guante y, de manera templada, preguntó "por qué no podemos compatibilizar los intereses de los pueblos originarios, los del país y el cuidado del medio ambiente". Acto seguido, el senador le recordó al representante mapuche que su comunidad tiene acuerdos de trabajo con Repsol, algo que Cherqui reconoció porque "no nos han dejado ninguna otra forma de vida". "Estamos de acuerdo en defender la economía del país pero no a costa de nosotros", insistió.
Fue entonces cuando Pichetto descalificó a los pueblos originarios al decir no entender que "prefieran vivir con una economía pastoril". "Es la forma de vida que elegimos", le respondió Cherqui.
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La mega causa ambiental en la Cuenca Neuquina 
y  la negociación con Repsol
Entrevista a Ricardo Apis, presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia
Por OPSur
En 2003 la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda contra YPF y otras petroleras con concesiones en la Cuenca Neuquina, que tramita bajo el expediente A 1274/03. La causa tomó como base un olvidado informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -ARG 97/024 Emergencia Ambiental Hidrocarburos, Compensación, y Desarrollo Sustentable de la provincia del Neuquén- que cuantificó en USD 545 millones el daño ambiental producido entre 1991 y 1997 en tres áreas hidrocarburíferas de la provincia de Neuquén. En 2011 Repsol reconoció la contaminación y pautó un plan de remediación cuyos pormenores se estaban acordando cuando el Gobierno Nacional expropió el 51% de las acciones de YPF y todo se frenó.

El 11 de marzo, luego de conocerse el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la Argentina y Repsol (Exp. P.E. N°247/13), Assupa interpuso ante la CSJN un pedido de embargo contra la petrolera española, aseverando que en dicho acuerdo no se toma en cuenta las remediaciones ambientales por los daños ambientales en la Cuenca Neuquina. El mismo día envió una nota al senador Guillermo Pereyra (MPN), presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, donde enumera las causas abiertas contra Repsol y denuncia que a través de las cláusulas de desistimiento, renuncia e indemnidad establecidas en el Convenio, no sólo se exime de responsabilidad a Repsol por los pasivos ambientales sino que su costo será soportado por la Nación Argentina en su conjunto.

“Las empresas argumentan que recibieron un pasivo ambiental de lo que era YPF y Gas del Estado, no es así. Gas del Estado e YPF trabajaban seriamente, había verdaderos profesionales y se hacían las cosas bien”, afirma Apis, rescatando su paso por la petrolera en la etapa estatal. Aunque no sólo las empresas utilizan ese argumento, el 13 de marzo, en la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, sostuvo que “muchos de los daños ambientales que está remediando hoy YPF, y que no había remediado Repsol, provienen de la época estatal anterior, por lo menos algunos de los más graves” [1], ante los cuestionamientos recibidos por el tratamiento que se dio a las ‘contingencias ambientales’ en el acuerdo que pone fin al proceso expropiatorio de YPF.

Apis afirma que la asociación que preside busca “preservar el ambiente, en el presente y para las generaciones futuras, de toda degradación y menoscabo, en particular la que se origina por las actividades extractivas”. Y añade: “En el caso de ecosistemas ya afectados impulsamos acciones de recuperación y procuramos que los dueños de la tierra y los afectados perciban una adecuada contraprestación por las limitaciones y pérdidas que sufren”. En los últimos 15 años ASSUPA ha gestionado “peticiones, reclamos y actuaciones civiles y penales ante las empresas concesionarias de la exploración, extracción y transporte y ante las autoridades competentes” en casos de impactos ambientales ocasionados por las malas prácticas de explotación. “Es importante aclarar que cuando nosotros hacemos una demanda es porque previamente agotamos la instancia de reclamos administrativos”, recalca.

-Una de las acciones más importantes de ASSUPA ha sido la demanda presentada ante la Corte Suprema en 2003 contra YPF y otras concesionarias por la contaminación de la Cuenca Neuquina.
Sí, esa demanda comenzó a gestarse con un desastre ecológico que sucedió en 1997 en la zona de Rincón de los Sauces. Un día empezó a llover y las corrientes de barro y agua arrastraron piedras muy grandes que rompieron los caños de petróleo de todos los yacimientos. El petróleo empezó a surgir a borbotones, y muchos metros cúbicos fueron a parar al río Colorado. La gente se asustó mucho. Las chacras de la zona de Catriel no podían regar porque se les secaban las plantas. El gobernador de la provincia de Neuquén, Felipe Sapag, empezó a repartir agua envasada para que la gente pudiera tomar en las zonas de afectación, e incluso río abajo.
Entonces el gobernador, a través de la Cancillería, pidió socorro a nivel internacional, y fue así que Naciones Unidas desembarcó en Neuquén. Vino el PNUD y se elaboró el famoso informe de los años 1997-1999, que fue la base que utilizamos para hacer luego los reclamos judiciales.

-¿Qué elementos tomaron de ese trabajo del PNUD?
Todo el estudio. Fue realmente un análisis general de daños ambientales colectivos, aunque limitado solamente a tres concesiones: Puesto Hernández, Huantraico y Chihuido de la Sierra Negra [en los departamentos Añelo y Pehuenches]. Nuestra organización fue invitada al trabajo científico con ingenieros de diferentes partes del mundo que trajo Naciones Unidas, del que también participaron profesionales de primerísimo nivel: doctores en derecho ambiental, en economía, etc. A mí me nombraron consultor de Naciones Unidas.
Se evaluaron impactos limitados, porque solamente habíamos tomado tres concesiones. Así y todo el informe final valorizó el pasivo ambiental en un total de 545 millones de dólares. [2] Solicitada de YPF publicada en el diario Clarín luego de los derrames que, en 1997, afectaron la cuenca del Río Colorado.

-¿Qué recorrido siguió la demanda una vez presentada?
La contestación de las empresas decía que teníamos que hacer un estudio de impacto ambiental de todo lo demandado. La CSJN aceptó este defecto legal [en agosto de 2006] y nos dieron 40 días de plazo, sino archivaban la demanda. Imagínese que YPF hace un estudio de impacto ambiental de un solo pozo en 40 o 50 días… Afortunadamente, por mi anterior trabajo en la actividad hidrocarburífera, pudimos acceder a mucho material facilitado por gente conocida de los yacimientos. Al cabo de 38 días fuimos a la CSJN con un Scania y presentamos todas las cajas. Habíamos hecho el estudio ambiental para enderezar la demanda. En el año 2008, la CSJN volvió a fallar, declarando subsanado el defecto, y el caso siguió adelante.

-¿Qué ocurrió con otros casos de contaminación dentro de la cuenca? Como el que afecta a las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de la Lata. [3]
Cuando la CSJN falla lo hace con un efecto sobre la demanda que, en términos legales, se llama erga omnes, y quiere decir “frente a todos”. Nadie más puede hacer una demanda por daño ambiental, aunque deja a salvo el derecho de intervenir como tercero. Esto lo reconoce también la Ley General del Ambiente [Nº 25.675/02], lleva a todas las demás presentaciones al caso de la demanda de ASSUPA contra YPF y otras operadoras. Cuando se resuelva y quede la sentencia firme del caso ASSUPA, la demanda de ellos va a seguir su curso. La demanda de ellos fue excelente, lo que pasa es que en la nuestra ya los invocamos. Cuando decimos ‘Cuenca Neuquina’, decimos Loma de la Lata y todos los yacimientos.

-¿Contaron con la cooperación del gobierno neuquino?
No, para nada. Todo lo contrario. Después del gobierno de [Felipe] Sapag vinieron otros que empezaron a trabajar con las petroleras [Jorge Sobisch y Jorge Sapag], así que quedamos solos en medio del río en un bote sin remo. Éramos malas personas, nos atacaban por todos lados. Nos amenazaban las petroleras, porque tenían el apoyo del gobierno de la provincia.

-¿Tuvieron apoyo de otros gobiernos o agencias estatales?
Río Negro tomó conciencia de todo lo que estaba pasando en la Cuenca Neuquina y sus cuencas hídricas y se adhirió a la demanda de ASSUPA en la CSJN. Poco antes se había adherido el Defensor del Pueblo de la Nación y luego lo hizo [el municipio de] Rincón de los Sauces, una de las comarcas petroleras más contaminadas.

-En 2011 tuvieron una audiencia convocada por la CSJN.
Sí, en 2011 la CSJN llamó a conciliación a las 23 petroleras y a las partes interesadas. En este caso el COFEMA [Consejo Federal de Medio Ambiente] llamó a las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén, cuando me dieron la oportunidad de hablar solicité que las petroleras nos ayudaran a remediar y a reparar todo lo que habían roto. Algunas [empresas], como Apache, Total o Chevron, sostuvieron que no habían contaminado nada, cuando en realidad todo era demostrable y las pruebas estaban en la propia CSJN. Lo más sorprendente fue cuando pidió la palabra el apoderado de Repsol-YPF y dijo: “Nosotros sí contaminamos Su Señoría. Queremos saber si, con el permiso de ustedes, nos autorizan a hablar con la actora [ASSUPA] para ir viendo los lugares que están contaminados y qué reparar”.

-¿Ustedes no hicieron una cuantificación monetaria del daño?
Monetaria nunca. ASSUPA hizo la demanda por remediación ambiental hablando de la Cuenca Neuquina. El abogado de una de las demandadas dijo en la audiencia que, si se extrapolaba el cálculo del PNUD a toda la cuenca, estábamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. En algunos casos muy chicos, muy puntuales, ASSUPA ha logrado alguna remediación, pero no en el marco de los fallos grandes, porque ellos aceptaron la demanda.

-Después de que ustedes llegaron a ese acuerdo con Repsol, el Gobierno Nacional decidió expropiar el 51% de YPF, ¿en qué situación quedó el acuerdo?
En la Corte quedó un documento firmado en que Repsol se hacía cargo de que había contaminación y se empezaba a trabajar para ver cómo íbamos a remediar los lugares contaminados, siempre bajo la tutela de la CSJN porque el acuerdo fue realizado ahí en la audiencia en la Corte. En ese momento se expropió y quedó todo en stand by. Le hemos pedido al Gobierno Nacional la continuación de los trabajos que hemos realizado, no hemos sido escuchados nunca, nadie se acercó a nosotros ni nada por el estilo. Es por eso que la semana pasada presentamos una medida cautelar en la Corte embargando todas las cuentas de Repsol-YPF hasta que no esté prevista en la negociación todas esas remediaciones ambientales. Ahora vamos a ver qué hace la Corte.

-En el debate en el Senado de la Nación sobre el acuerdo con Repsol para cerrar el proceso expropiatorio, quien habló por el Tribunal de Tasación afirmó que se habían cuantificado contingencias ambientales por 307 millones de dólares. ¿Es un número acorde al que ustedes manejan?
Guillermo Coco [Ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Neuquén], habló de 1500 millones de dólares el daño ambiental que tiene la provincia. [4]

-En el año 2009 denunciaron penalmente al presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, y el ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por la contaminación de Loma de La Lata.
Radicamos la denuncia contra Brufau y Eskenazi en el Juzgado Federal Nº1 de Neuquén. [5] Fuimos a Loma de La Lata con la división de delitos ambientales de la Policía Federal. Hicimos calicatas y se tomaron pruebas. Se tomó la muestra del agua de tres lugares diferentes, de acuerdo al sistema de la Justicia Federal, y decidimos mandarlo al máximo laboratorio argentino, el de Toxicología de la CSJN. Los resultados dieron que todo estaba contaminado y que la muestra “M7” –así se llamaba la del agua del Lago Los Barreales-, indicaba que no era “apta para uso recreativo”. Informé a Recursos Hídricos en la Provincia, a Guillermo Coco, al gobernador [Jorge Sapag], y nunca me contestaron nada. Al no haber respuesta, presenté la denuncia contra el responsable [de la empresa] que contamina, que en ese caso eran Brufau y Eskenazi.

-En definitiva, la causa que llevan en la CSJN, caería sobre las espaldas de YPF parcialmente estatizada.
No, la demanda está hecha con todos los responsables de contaminaciones ambientales, y estamos hablando desde 1991 en adelante y también para atrás. Si es desde 1991, lo tiene que reparar es Repsol, hasta el momento de la expropiación. Además, desde 1994 empezaron otras empresas a trabajar las áreas petroleras, entre ellas Bridas, Pérez Companc, que luego fue Petrobras, y Pioneer que después fue Apache. Ahora Apache fue vendida [a YPF] y se va sin sanear nada la contaminación. Ellos tienen una medida cautelar en un Juzgado de General Roca, porque el Codema [que es la autoridad de aplicación de la legislación ambiental  en la Provincia], los encontró tirando petróleo en el Río Negro. Como hay un problema delitispendencia, que significa que nadie más puede hacer una demanda, nosotros iniciamos las acciones y el juez dictó la medida cautelar, pero Apache no quiere reparar, no quiere remediar, están demandados hasta la coronilla y ahora resulta que se van.

-De acuerdo a su experiencia, ¿por qué cree que suceden estos episodios?
La actividad hidrocarburífera es, por supuesto, una actividad contaminante. ¿Pero qué sucede? La empresa privada no cumple un servicio público como una estatal, que no interesa que gane o pierda, sino que está para satisfacer una determinada necesidad. La empresa privada no, lo hace con un fin de lucro. [Luego de la privatización del sector] se empezó a sacar petróleo, y la contaminación la tapaban así nomás, porque ellos querían ganar dinero y llevarse el dinero que se podía a su país, eso hacía Repsol. Los organismos de control que deberían haber actuado estaban comprometidos con esta privatización, porque las empresas que venían a invertir exigían tener el camino libre, entonces miraban para otro lado. El problema ahora van a ser los no convencionales; necesitamos la energía, pero habría que pensar una alternativa con otras tecnologías: la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la de hidrógeno.
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*La entrevista a Ricardo Apis fue realizada por Diego Pérez Roig.
Notas:

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/03/18/la-mega-causa-ambiental-en-la-cuenca-neuquina-y-la-negociacion-con-repsol/
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4 de abril de 2014

III. El carácter criminal y destructivo del crecimiento capitalista e imperialista.

Hoy, lunes 31 de marzo, se cumplen dos semanas de corte de ruta selectivo e informativo en la ruta 38 a la altura de la entrada al Duraznillo. La medida es llevada adelante por vecinos de la ciudad Capital de La Rioja y de la zona comprendida entre Puerto Alegre y El Cantadero, estudiantes universitarios y la Asamblea Riojana Capital. 

Por Asamblea Riojana Capital
Reproducimos:
Este lunes se cumplen dos semanas de corte de ruta selectivo e informativo en la ruta 38 a la altura de la entrada al Duraznillo. La medida es llevada adelante por vecinos de la ciudad Capital de La Rioja y de la zona comprendida entre Puerto Alegre y El Cantadero, estudiantes universitarios y la Asamblea Riojana Capital.
Al segundo día de la medida se logró bloquear totalmente el ingreso de los vehículos de la Comisión Nacional De Energía Atómica (CNEA) paralizando de esta manera desde hace 12 días las actividades de exploración uranífera llevadas a cabo en la zona.
Los vehículos particulares no relacionados con la actividad minera de la CNEA no sufren mas que una demora de unos minutos donde reciben información sobre los daños de la minería de uranio y del avance de los proyectos radicados en la zona; recibiendo por parte de los conductores saludos de adhesión que pasan saludando el acampe con sus bocinas aun en los horarios en que no se realizan los cortes en la ruta o descienden de sus vehículos para procurar mayor información o colaborar materialmente al sostenimiento del acampe. 
También se consiguió que IPALAR prometiera a los vecinos afectados por la falta de distribución de agua la realización de una obra que restablecería el servicio en unos 4 o 6 meses así como una reparación provisoria que hoy les provee parcialmente de agua en sus fincas. En el acampe que sirve de base para el corte de ruta se realizan una serie de actividades de concientización entre vecinos como la proyección de videos y charlas informativas, la realización de carteleria de difusión y la realización de un Festival Musical con la participación de varios artistas riojanos que se acercaron a expresar su apoyo a la defensa del agua y la vida.
Cabe recordar que tal y como venimos denunciando la destrucción que ya han causado estos emprendimientos, registramos imágenes que muestran la degradación que sufre la vegetación como efecto de los trabajos mineros; los cerros muestran marcas de exploración y daños por la utilización de maquinaria de gran tamaño. También hemos demostrado la utilización de grandes cantidades de agua que extraen de las vertientes de la zona lo que ha ocasionado la falta de agua a los vecinos de las zonas mas bajas quienes vienen reclamando una solución ante las autoridades.
Reconocidos cientificos han advertido sobre los peligros de la mineria de uranio, señalando que el riesgo más alto de las exploraciones es el que no se ve. La extracción de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas que afectan a los seres vivos y en los seres humanos enferman los sistemas óseo, renal y otros órganos del cuerpo ya que poseen la habilidad de dañar y destruir la células vivas provocando cáncer y anomalías genéticas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación y aún en la exploración, es radiactivo y viaja 1000 Km, con un leve viento de de 16 Km por hora. A partir de esta distancia decae al 50% su toxicidad, mientras que estas explotaciones se realizaran a 20 km de nuestras casas.
Estos proyectos además son ilegales, ya que no cumplen con exigencias legales impuestas para otorgar estos permisos mineros como la obtención de la licencia social que la Ley Nacional de Ambiente establece como requisito para la explotación minera y además se otorgan las concesiones basados en Informes de Impacto Ambiental ” dibujados” que la Secretaria de Ambiente aprueba sin preocuparse por el daño ambiental que ya se está produciendo.
Reiteramos la invitacion a los vecinos de la ciudad Capital a sumarse a esta medida y seguimos exigiendo al Gobierno de la provincia a través de IPALAR la reparación de la infraestructura del agua de la zona y que comunique al Gobierno Nacional y a la CNEA la falta absoluta de Licencia Social por parte de la comunidad para continuar con este emprendimiento y los 10 restantes en el Cordón del Velasco y que deje sin efecto todo convenio o autorización otorgada a tal efecto. 
Al Gobierno Municipal, la aplicación EFECTIVA e inmediata de la Ordenanza 4930 que autoriza a la clausura y decomiso del yacimiento, sin más dilaciones.
Adjuntamos copia de Boletin Oficial donde se publican las nuevas concesiones de servidumbres mineras a la C.N.E.A.
VIDEO DE LOS DAÑOS CAUSADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL 
Regional NOA CUYO UAC(Union de Asambleas Ciudadanas) 
http://asambleariojanacapital.blogs... 
CONTACTOS: 380 4520732 – 380 4 623554

Info relacionada:


Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve9329
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II. El carácter criminal y destructivo del crecimiento capitalista e imperialista.


El cambio hacia la agroecología es una opción de supervivencia

Colaboración de Fernando Queirós Armand Ugón para RAPAL Uruguay (*)
La globalización neoliberal, las políticas de apertura comercial de nuestras economías y mercados, el continuo y creciente ajuste estructural, junto con el desembarco de las grandes corporaciones agroalimentarias, nos han impuesto sus leyes y sus reglas que pasan por expoliar la naturaleza, crear desequilibrios, generar enfermedades y hambre, a costa de multiplicar sus ganancias y de hegemonizar las cadenas globales de mercancías de forma integrada, es decir, controlar la producción de materias primas, su procesamiento, su comercialización y el consumo.
Tales son las razones por las cuales estamos ante una hecatombe medioambiental caracterizada por la acelerada deforestación, la erosión de tierras, el crecimiento exacerbado de las ciudades (por emigración rural, entre otras causas), la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento de la inequidad. 

No es posible transformar la naturaleza en bienes y servicios eternamente, como lo requiere este modelo globalizado e insustentable. La apropiación de recursos naturales con el fin de convertirlos en mercancías, tiene como única finalidad incrementar la ganancia y el lucro, y comienza a ser cada vez más resistida por los pueblos. 

Soberanía para la supervivencia

La soberanía alimentaria no se refiere únicamente a la producción de alimentos para evitar el hambre de la población, sino que también implica asegurar que los alimentos sean óptimos para la salud biológica, mental y espiritual del ser humano. En este sentido, es preciso promover un cambio paradigmático en la forma en que se produce el alimento, cómo se distribuye e intercambia, la forma en la que se consume y la manera en la cual el consumidor se relaciona con el proceso de producción.
Si un país no puede decidir sobre la forma de producción de sus alimentos, entonces está muy lejos de tener soberanía alimentaria.
El avance de la “frontera agrícola” impulsado por los agrocombustibles es un atentado contra la soberanía alimentaria de los países del Sur, ya que la tierra para la producción agrícola se está utilizando en forma creciente para alimentar autos. La cantidad de cereales que se necesita para llenar un tanque de casi 100 litros con etanol una sola vez, alcanza para alimentar a una persona durante todo un año. La producción de agrocombustibles incide en forma directa sobre los consumidores, al aumentar el costo de los alimentos. 

De todas las actividades humanas, la agropecuaria es la que se aplica a una mayor superficie, lo que nos involucra en un conflicto creciente entre las formas y estilos de hacer agricultura, la satisfacción de las necesidades básicas y la sustentabilidad del ambiente natural.

Más productividad y más pobreza

El control sobre nuestras semillas por parte de las grandes transnacionales como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf, es el primer paso hacia la pérdida de la soberanía alimentaria, debido al cambio de su lógica de producción.
“El capitalismo aprovecha los desastres que provoca para generar nuevos negocios y como éstos generan nuevos desastres, entonces habrá nuevos negocios” (Ribeiro, 2007).
La agropecuaria se encuentra en una estrecha interdependencia con la naturaleza. El sector agropecuario continúa siendo el principal motor exportador del país. Más del 85 por ciento de las exportaciones tiene ese origen: carne, lana, lácteos, cereales, oleaginosos, cítricos, miel, vinos, arroz y madera. Si bien todos aceptan esta importancia económica, todavía son pocos los que se percatan de que este sector está inserto en un sistema ecológico. Nuestras riquezas como país agropecuario y turístico se sustentan en la naturaleza. Este marco determina limitaciones a la producción y al turismo.
En nuestro país existen datos de que si bien aumentó la productividad, ésta produjo una fuerte degradación de los suelos, problemas con el agua (por contaminación orgánica, por nitratos, como por disponibilidad) y aplicación indiscriminada y en aumento de agrotóxicos. 

Los pretendidos aumentos de productividad de los modernos paquetes tecnológicos se logran a partir de enormes aportes adicionales de energía y materia. De esta manera cada kilogramo extra que se obtiene desde la tierra requiere proporcionalmente más y más aportes, de donde la eficiencia de todo el proceso, en vez de crecer, se reduce. Si bien los rendimientos por hectárea aumentan, ello requiere insumos cada vez más caros, intensivos, sofisticados y muchas veces contaminantes. Buena parte de estos impactos ambientales pasan desapercibidos por su carácter difuso, tal como sucede con la erosión o la alteración de los ciclos hidrológicos, lo que hace que sea difícil ponerlos en evidencia. 

Sin embargo, un correcto balance de la productividad agropecuaria debería incluir esos costos ambientales, ya que posiblemente muchas actividades que hoy se definen como rentables en realidad estarían generando déficits económicos que son trasladados al Estado o el resto de la sociedad. Asimismo, se está agudizando la concentración de la tenencia de la tierra, la extranjerización de la misma, la compra de agroindustrias nacionales por parte de capitales extranjeros y la disputa de los recursos naturales de nuestro país por las grandes potencias mundiales y sus megaempresas. En menos de seis años el 24 por ciento de la tierra del país cambió de manos, principalmente en beneficio de extranjeros. Desde 2000 hasta el primer semestre de 2006 se vendieron en Uruguay 3,9 millones de hectáreas que representaron casi el 24 por ciento de la superficie del país.
Al igual que en el caso de los monocultivos de eucaliptos, pinos, caña de azúcar, soja y otros, el problema no es el árbol o la leguminosa o la gramínea, sino el modelo tecnológico productivo en el que se lo implanta. Todos estos cultivos y plantaciones tienen en común los problemas que causan: lesionan los derechos territoriales de los agricultores, erosionan el suelo, alteran el ciclo del agua, contaminan con agrotóxicos, eliminan otros ecosistemas y reducen la biodiversidad.

Por un modelo en beneficio de las mayorías

La sustentabilidad y la agricultura saludable exceden la mera conservación de los recursos naturales y del medio ambiente para convertirse en la expresión de un desarrollo económico y social equitativo.
El pasaje de una agricultura convencional a una sustentable es un proceso lento, complejo, que difícilmente se da en forma natural. Significa disponer de un conjunto de instrumentos económicos, sociales y políticos, así como tecnológicos, que orienten a productores y consumidores hacia una agricultura saludable. 

En muchos países de Europa los agricultores son subsidiados por entender que la agricultura no es sólo producir un commodity (materia prima), sino que implica una serie de valores, una cultura, que debe ser resguardada, preservada y reconocida. Mientras tanto, en nuestro caso se atenta directamente contra un desarrollo rural integrado. Es indudable que favorecer un sistema productivo diversificado, que conserve el paisaje rural y productivo, permitiría mantener la calidad ambiental, preservar la biodiversidad, proteger el recurso suelo, administrar sosteniblemente las cuencas hidrográficas y sostener a la familia en el campo. 

Nuestro país deberá aplicar ingentes y continuados fondos en sus sistemas de educación formal e informal “desde la base”, educar para la vida, formar seres humanos con capacidad para asumir críticamente la cultura dominante y transformarla. Deberá apoyar medidas y legislar para regularizar el uso, tenencia y extranjerización de la tierra, promover un ordenamiento ambiental y territorial participativo y sustentable, garantizar apoyos permanentes a la agricultura diversificada, la producción agroecológica, la agricultura familiar y la juventud rural, promoviendo la utilización de tecnologías apropiadas.
La agricultura convencional tiene impactos en el suelo (cambios en la microflora, microfauna, erosión), en la biodiversidad (simplificación de los sistemas, corrimiento de la frontera agrícola-ganadera), en la desaparición de especies nativas, en la salud de los consumidores y de los trabajadores rurales (residuos de agrotóxicos), contaminación de cursos de agua, contaminación genética (transgénicos), contaminación de aire. Todos estos impactos negativos no son calculados para fijar el precio final de los productos (trigo, leche, carne, frutas, verduras), pero deberían ser incorporados al precio final y considerarlos como lo que son: costos.
Así se verá claramente que la agricultura convencional no sólo es social y ambientalmente perjudicial, sino que ni siquiera es económicamente viable.
La oposición a la generalización de la producción agroecológica no tiene base en conceptos técnicos o económicos, sino ideológicos y políticos.
Para realmente tener un verdadero ordenamiento territorial sustentable, se requiere un trabajo conjunto, con todos los actores de una región, para garantizar un camino que nos conduzca a lograr: la soberanía alimentaria a través de sistemas de producción local con base agroecológica, la diversidad y no los monocultivos, la descentralización y no la concentración, permitiendo el acceso al agua, a las semillas, a la tierra y al uso de energías renovables diversas. 

Como señaló el teólogo brasileño Leonardo Boff: "No basta solamente con adaptarse a la nueva realidad, ni es suficiente aminorar los efectos dañinos del calentamiento global, sino que hay que ir a algo más profundo: hay que refundar el sentir de la vida, hay que recrear una nueva espiritualidad, es decir, un nuevo sentido más amplio de nuestro pasar por este mundo, de nuestra coexistencia como seres humanos, para hacer que la Tierra, la humanidad, puedan y sigan teniendo futuro".
*Ingeniero agrónomo, docente y productor agroecológico
Febrero 2010

 Fuente: http://www.rapaluruguay.org/organicos/articulos/el_cambio.html
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I. El carácter criminal y destructivo del crecimiento capitalista e imperialista.


Cómo es en La Plata
8 de marzo de 2014


Un informe devela las mañas de la especulación inmobiliaria, que se aplican en todas nuestras ciudades. Trabajo clausura obras que el macrismo quiere dejar en paz, mientras que la Justicia frena el ovni de San Telmo.

Por Sergio Kiernan

En su reciente columna en este suplemento, Ana Bóscolo informó con su habitual precisión sobre la batalla legal por la preservación de su ciudad, La Plata. No se trata sólo de preservar el patrimonio edificado de la gran ciudad planificada del siglo XIX, que es literalmente único, sino ya de preservar la habitabilidad del tejido urbano. Que la amenaza es meramente una cuestión de intereses económicos queda clarísimo, porque no hay proyecto de ciudad coherente, apenas un Código de Ordenamiento Urbano para el que se consultó a las grandes consultoras. La batalla por la opinión pública que sigue fuerte muestra a cada bando con enorme claridad. Una muestra es un informe lapidario, muy completo y cargado de datos concretos que acaba de publicar Defendamos la Ciudad de La Plata, la asamblea de vecinos que está poniendo un fuerte parate a la especulación. El informe puede verse completo en defendamoslaplata.blogspot.com, y la información que contiene es ejemplar del peligro que corren muchas ciudades de nuestro país.

Resulta que los intereses creados andan publicando solicitadas tratando de convencer a los platenses de que la especulación inmobiliaria, la que hace torres y le reserva todo ese sector de la economía a un puñado de empresas grandes, es “progreso”. A fines de 2009, cuando se armó el escándalo del nuevo Código, el slogan era “¿Construcción ya no es sinónimo de progreso?” y lo único que admitía el sector era que sí, que es molesto tener una obra al lado de donde uno vive o trabaja, pero que no es para tanto. Para fines del año pasado, el sector se molestaba en alegar que la construcción no causa las inundaciones y en acusar por los problemas de infraestructura que causan a “la falta de inversión de los respectivos concesionarios”. Pero directamente se negaba a mencionar siquiera los problemas de saturación urbana, excesiva densidad o destrucción de tejido urbano que causan los que quieren llenar todo de torres.

Estas solicitadas fueron y son firmadas por los empresarios del sector y sus cómplices económicos, los representantes locales del CPAU. Es notable cómo este colegio profesional, que tiene la matrícula obligatoria de todos los arquitectos y urbanistas del país a través de los colegios locales, sólo se moviliza cuando se trata de limitar alturas y rezonificar para abajo. En lugar de entender que a menor escala mayor autonomía de sus afiliados compulsivos, el CPAU defiende a los grandes estudios y grandes firmas, que sólo piensan en el arquitecto como empleado.

El estudio de Defendamos La Plata menciona varias dolorosas demoliciones autorizadas por la municipalidad local para erigir edificios grandotes y sin el menor valor estético. También alertan de que en La Plata el 19 por ciento de las viviendas no tiene ocupantes permanentes, o sea son estacionamientos de dólares y no unidades necesarias para alojar el crecimiento de la ciudad. De hecho, el proceso de construir para guardar dólares se acelera cada vez más, llegando el año pasado a medio millón de metros cuadrados permisados. Estos niveles de especulación –metros construidos sin uso inmediato, metros habilitados– son sólo superados en la Capital Federal.

Defendamos La Plata hasta encuentra que el proceso de concentración, lejos de ayudar a dar vivienda a las 15.000 personas que se mudan a La Plata cada año, expulsa propietarios y empuja una ciudad de inquilinos. El censo del 2000 mostró que la capital bonaerense tenía un 72,7 por ciento de propietarios, gente viviendo en su propia casa. Para 2010, la proporción había pasado a 66,9 por ciento, que es el menor porcentaje en el Gran Buenos Aires, en esa provincia y, de hecho, en todo el país. Esto se explica por la enorme distorsión de precios que crea la especulación inmobiliaria, que se rige por pautas de capital y no de personas reales que ahorrar y compran. Así, en el último quinquenio los sueldos reales subieron un 22 por ciento, pero los terrenos en La Plata subieron un 40 por ciento y los departamentos un 32.

Que la industria diga que su actividad no tiene nada que ver con las inundaciones cada vez más peligrosas de la región es pueril. El Código que terminó suspendiendo la Justicia permite más que duplicar el casco urbano construyendo sobre zonas inundables, sube las alturas vigentes entre uno y seis pisos y permite la construcción en altura en más del 50 por ciento de la ciudad. El engendro también creaba un sistema de premios y permisos especiales para aumentar el FOT y la densidad, y poco menos que obligaba a subdividir cuanta chacra o campo quedara a la vista de la ciudad. Estos kilómetros cuadrados de pavimento y cemento, más los kilómetros cúbicos de hormigón, ciertamente afectan el momento en que la lluvia toca el suelo.
En fin, un documento para entender las claves de un negocio que se comporta como las madereras en el Amazonas. Y no sólo en La Plata.

 

Muertos y clausuras

Este miércoles hubo otro muerto, más dos heridos, en una obra de Callao al 900 que los patrimonialistas recuerdan bien. Es el lote donde se levantaba La Mutual y fue la primera batalla legal de la entonces flamantísima Basta de Demoler, que perdió ese amparo pero aprendió y mucho. Esta vez, fue por el desplome de una grúa no apta para las cargas que le ponían, como ya había denunciado la Uocra.
Curiosamente, el gobierno porteño dejó saber esta misma semana que había clausurado seis obras en construcción por “graves infracciones” y, en un caso, por peligro de derrumbe. De hecho, agregaron que estos casos se sumaban a otros 45 cierres y suspensiones realizados en lo que va del año. Obviamente, lo hacían para defenderse de la acusación de indiferencia hacia la vida ajena y la complicidad con los que piensan más en bajar costos que en ser mínimamente decentes.
Pero en este anuncio se les escapó la liebre, porque las 51 medidas fueron tomadas por la Dirección de Protección al Trabajo que depende de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña. Esto es, fueron inspecciones únicamente de las condiciones y riesgos de trabajo, no de permisos y conducción técnica de las obras. Al hacer este anuncio, el macrismo dejó en claro que su Agencia Gubernamental de Control sigue negándose a tocar los intereses de las constructoras.
En cambio, con la Uocra encima y el escándalo de la muerte de un albañil y las heridas a otros cuatro del 25 de febrero en la obra de Jean Jaurès y Valentín Gómez, es más difícil hacerse el oso con la seguridad de trabajo.

 

Contra el ovni

Hablando de Basta de Demoler, la ONG tuvo una alegría en estos días cuando la jueza en lo Contencioso Administrativo María Soledad Larrea dictó una cautelar que suspende la construcción de ese horror indecible que se planeaba para la esquina de Caseros y Piedras. El amparo, pedido también por los vecinos y por el legislador Rafael Gentili, vino después de tratar de convencer a los autores del engendro de cambiar su diseño. Resulta que sólo aceptaban pintarlo de otro color que no fuera el verde de la foto.
Lo que zanjó la cuestión es que la obra excede las alturas permitidas en la zona y no respeta ni por asomo el entorno de sus vecinos, uno catalogado en firme y el otro en preventivo, como indica el gráfico. Esto es, el diseño del objeto verde no tenía en absoluto en cuenta su entorno, cosa que hasta se estudia en la facultad. De hecho, el proyecto es tan horrible que generó un verdadero debate entre los que le pusieron “el ovni” y los que le dicen “la Enterprise” por ese reflector que asoma al frente, como en la proa de la nave de Viaje a las Estrellas. En la redacción de m2 quedó en claro que es uno de esos casos penosos en que el arquitecto se inspira en los electrodomésticos, porque el proyecto es notablemente parecido a una CPU coreana que afea el lugar. Hasta tiene una parte del mismo verde... Un caso realmente único en que un edificio no puede construirse por la fealdad del proyecto.

 

Bien de familia

Como se sabe y se dijo, el jefe de Gobierno porteño nunca supo muy bien qué hacer con la cultura, con lo que terminó entregándole el tema a un especialista en turismo. Si bien esto se nota, hay que admitirle al ministro que en seis años de gestión hubo tan pocos papelones como aciertos. Parece que esto de la indiferencia con el tema y la incapacidad hasta de encontrar funcionarios y asesores aptos en la materia es de familia: Jorge Macri acaba de hacer un papelonazo con un ciclo de Grandes Mujeres que incluía a Eva Braun, la de Hitler, junto a Eva Perón. Cuando se armó el lío, el intendente salió a disculparse y se notó que no tenía la menor idea de qué le estaban hablando. Ni siquiera atinó a inventar que si se juntaba a las dos Evas en una charla era para elogiar a una en contraste con la otra. ¿Quién organizó la actividad? La Secretaría de Cultura de su municipio, por supuesto.
Y hablando de la zona norte, en Tigre hicieron un papelón ya común al anunciar que “cuidan el medio ambiente” por usar materiales no convencionales. En este caso, fue que instalaron 14 –y anunciaron treinta más– paradas de colectivo realizadas en bambú. El secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Diego Santillán, se entusiasmó con llegar al centenar. Pensar que es el mismo gobierno y los mismos funcionarios que no cuidan la ecología si alguien les propone pavimentar el Delta, llenarlo de torres y hacer un buen negocio entre todos.
suplementom2@yahoo.com

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2682-2014-03-08.html
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20 de febrero de 2014

IV. Aval a la impunidad del poder económico imperialista por creencia en la democracia que agrava con leyes antiterroristas su criminalización tanto de los desposeídos como de los que reclaman sus derechos. Detrás de la recuperación de YPF vino Galuccio como su CEO, su pacto secreto con Chevron. Todo para Vaca Muerte que, además, exige intervención del FBI y desalojo de las Comunidades Mapuche.


Después de Chevron, el FBI (…y después qué?)
19-02-2014

A.P.C.A. - Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.
Nos sorprendió como vecinxs autoconvocadxs saber que el gobierno provincial  quiere defender la sociedad neuquina por medio de una supuesta capacitación de 25 fiscales provinciales  y 25 policías a cargo de técnicos del Federal Beurau of Investigations  (FBI), que después de ser protagonista de  tantas películas y series de Hollywood desembarca en las tierras de la Vaca Muerta.
La triada $apag (gobernador),  Gastaminza (ministro de seguridad)  y Gerez (fiscal Provincial) promete una película policial y de terror.  Fuera de metáfora la situación de la seguridad provincial es muy grave. Con esto no nos referimos a los robos en las casas o a los pibes chorros, sino más bien a quienes amparados detrás de un uniforme, abusan  de su autoridad y ejercen una violencia  que va más allá de la fuerza pública institucional, violando  en muchos casos los D.D.H.H. básicos, hasta matar.
Sólo en 2013 las calles de la provincia han sido escenario de hechos de extrema gravedad en el marco de la violencia policial. El asesinato de Willy Gutierrez, testigo clave  en el juicio de Brian (otro asesinado por la misma policía) y la represión del 28 de agosto para defender la aprobación del acuerdo YPF - Chevron hablan solos. 

Esta capacitación, que a la vez significa un viaje gratis a la Patagonia para los policías de E.E.U.U.,  muestra el miedo que el gobierno le tiene al pueblo, que de a poco empieza a no tolerar más las medidas grotescas de manejo del MPN.  A la vez también la fortificación de la Legislatura por medio del paredón que el gobierno hizo levantar durante el verano,  expresa su profunda inquietud e inseguridad.

El problema de la seguridad es un arma multifacética. Normalmente cuando los gobiernos hablan de seguridad siempre se refieren a la defensa (hasta armada) de la propiedad privada y  de los propietarios.  Este curso, pagado a través de un convenio entre el Concejo Federal de Inversiones (“un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas”) y el gobierno provincial  tiene como contenidos los siguientes módulos:

“Manejo del lugar del hecho”; “Investigación del barrio”; “Introducción a las bandas/organizaciones criminales”; “Cómo testimoniar en juicio”; “Estructura de una entrevista”; “Técnicas para escuchar activamente”; “Protocolo para interrogatorio”; y “Detección del engaño”, entre otras temáticas.

Así se pone en marcha un dispositivo represivo que hace pensar a la activación de la ley antiterrorista a nivel provincial. Sólo en la provincia de Neuquén hay 600 procesados y 50 presos  por luchas sociales. Es decir el 10 % de todo el país. Si se mira a los contenidos de los módulos también no podemos no pensar a las metodologías poco convencionales que se usaron para condenar a perpetua los 9 petroleros de Las Heras y que sienta un precedente muy peligroso por este tipo de procesos penales. Todo esto nos devuelve las atmosferas de la dictadura militar pero con nuevas y  más nefastas tecnologías represivas y de control.

Según  el fiscal Gerli “El FBI no viene a cualquier lugar, solo viene a aquellos lugares donde puede confiar en la transmisión de esa metodología. Han hecho una valoración inicial de lo que representa el Ministerio Público Fiscal y la Policía, y en base a ese análisis el FBI ha dispuesto que directamente desde Washington vengan a capacitarnos. No le da lo mismo que sea cualquier lugar y cualquier capacitado”.  

Por una vez acordamos con el fiscal sabiendo que si vienen acá es para defender el petróleo de Chevron y sus inversiones eco - genocidas y que se encuentran con funcionarios dispuestos a matar.

Convocamos a todxs lxs seres humanxs , a las familias de las victimas de gatillos fácil, vecinxs, collectivxs, trabajadores, pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos, partidos, murgas, juntas vecinales, organizaciones de D.D.H.H., multisectoriales, equipos de deporte populares, bibliotecas populares,  instituciones religiosas, artistas  para

rechazar este abuso a la democracia y
decirle a la FBI que acá de represión ya estamos hartos y
que se vuelva con sus métodos  a su país ya!!!!!!!
Nunca más muertos por gatillo fácil, nunca más represión policial! Fuera el FBI!
Basta de imperialismo!!!  No pasaran!!!
Lunes 24 de febrero de 2014 - 10 hs
Jefatura de Policía de Neuquén - Richieri 775

Adhieren :
http://argentina.indymedia.org/news/2014/02/855398.php

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DESALOJO
COMINICADO DE PRENSA
COMUNIDAD MAPUCE WINKUL NEWEN
Jueves 20 de febrero de 2014
Desde la Comunidad Winkul Newen queremos hacer público la persecución judicial que estamos sufriendo en una causa, que se nos ha armado, en la que se nos acusa de “Lesiones graves y daños” hacia una oficial de justicia.  Hoy nos hemos presentado al Juzgado Penal de Zapala a una audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante en forma irregular ya que no contábamos con la presencia de nuestros abogados y tampoco se cumplieron con los derechos ancestrales contemplados en el Convenio 169 de la OIT que obliga a la presencia de un intérprete de mapuzungun, entre otros.
En diciembre de 2012 la Jueza Ivonne San Martín dictó una orden de desalojo en la que se habilitaba a la Empresa Apache a ingresar al territorio comunitario para explotar el Yacimiento Portezuelo Norte, que se encontraba paralizado por la grave situación de contaminación (el día anterior al intento de desalojo la comunidad estaba de duelo por la muerte de una niña por razones dudosas que podría implicar la contaminación). En esa oportunidad nuestra comunidad resistió el intento de desalojo que contaba con topadoras escoltadas por gran despliegue policial. Varias horas después fuimos detenidos sorpresivamente en la Sede de la Confederación Mapuce en Zapala. Fuimos acusados de una supuesta agresión hacia la oficial de justicia, lo cual desmentimos rotundamente desde el primer día.

Hacemos responsable al Poder Judicial por no haber dado respuestas a las demandas de nuestra comunidad que datan desde el año 2000. Sostenemos que esta causa que nos han armado no responde al ámbito privado sino que se enmarca en la criminalización hacia las demandas del pueblo mapuche. Por eso exigimos: se nos retiren inmediatamente los cargos formulados, juicio político a la Jueza Ivonne San Martín y al Fiscal Marcelo Jofré, que se retiren las petroleras de nuestros territorios ancestrales y se respeten los derechos indígenas tal cual lo prevé nuestra constitución.  
Ante este grave escenario hacemos un llamado público a las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, originarias y sindicales para que nos acompañen en nuestra lucha, ya que en la audiencia de hoy, a través del abogado querellante en la causa, Julián Álvarez se nos acusa ahora por tentativa de homicidio. Por el desprocesamiento inmediato!!!

Somos Mapuce en defensa de la vida, guardianes del Wall Mapu
por eso continuaremos reivindicando nuestros derechos y de todos.
Contactos: Relmu Ñanco 0299-  155323840- Martín Maliqueo 0299- 155086549
¡Marici Wew,  Marici Wew!!!
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III. Aval a la impunidad del poder económico imperialista por creencia en la democracia que criminaliza tanto a los desposeídos como a los que reclaman sus derechos. Con el 54% del electorado promulga la Ley anti-terrorista y promueve reforma neoliberal del Código Civil.

En el contexto de un 2014 con mayor conflictividad social
Reformas polémicas en el Código Civil

El proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial atravesó fuertes polémicas hacia finales del 2013, a partir de las más de 100 modificaciones que el oficialismo realizó al proyecto original diseñado hace más de 2 años por los jueces de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, con la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci. Entre los puntos más conflictivos de la reforma se encuentran la responsabilidad del Estado, el inicio de la vida, el derecho al agua, la función social de la propiedad de la tierra, entre otros. 

Por El Caminante.
2014-01-01
Responsabilidad del Estado
El tema de la responsabilidad del Estado había sido incluido en el proyecto original, pero luego fue sustraído del Código Civil y Comercial, dándosele tratamiento el mismo día en la Cámara de Diputados, a una ley de responsabilidad de Estado, de manera separada. La misma exime de toda responsabilidad civil al Estado y a sus funcionarios públicos ante un hecho lícito o ilícito que perjudique a un ciudadano o a una empresa. Éstos ya no podrán acudir al fuero civil para reclamar un resarcimiento por ese daño cometido, sino que deberán interponer reclamos administrativos sujetos a una legislación que no es homogénea y que varía según sea la provincia en que haya ocurrido el hecho.

En otro retroceso, también elimina las sanciones pecuniarias disuasivas (astreintes, o multas) contra el Estado y sus agentes y funcionarios. Peor aún, establece que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. Un gran ejemplo de lo conflictivo que puede ser este artículo es la masacre de Once: si eso hubiese ocurrido luego de la sanción del nuevo Código, no existiría la posibilidad de accionar contra el Estado ni sus funcionarios.

¿Y a los trabajadores?
En este marco, es importante tener en cuenta que los trabajadores públicos, no podrán accionar contra el Estado en el Fuero Civil y con su normativa (tampoco contra contratistas del Estado), considerando que dicho fuero permite al damnificado, a diferencia del Contencioso Administrativo, una reparación íntegra del daño ya que se tienen en cuenta varios rubros como daño moral, lucro cesante, daño emergente, etc..
Respecto a los trabajadores del sector privado, la reforma del Código Civil establece que la empresa principal no será responsable ni solidariamente, de las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias. A contramano de diversos fallos, esta modificación deja las puertas abiertas a la tercerización, ya que las empresas que tercerizan no podrán ser demandadas solidariamente junto con las empresas dependientes por los trabajadores.

Así también es un punto conflictivo la regulación de las UTE (Unión Transitoria de Empresas). No se presume que quienes las integran sean solidariamente responsables por los actos y operaciones que haga la UTE, ni las obligaciones que contraiga frente a terceros. Dicha regulación afectaría de lleno a los acreedores de dichas entidades siendo los trabajadores el eslabón más frágil de esa cadena de acreedores.

Asimismo se modifica la regulación del Contrato de Suministro, la figura contemplará el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia. Este es uno de los fraudes más comunes dentro del mercado laboral. Muchas veces se esconde la relación de dependencia con la confección de dicho contrato, ficción que no permite que las normativas laborales, que poseen principios a favor de los trabajadores, alcancen a dicha relación.

Como última arista en la afectación de los trabajadores, se regula la posibilidad de crear una Sociedad Unipersonal, es decir, compuesta por un solo socio. Esta regulación pondrá a salvo el patrimonio personal del socio único, y ante reclamos laborales y de otros estilos, la responsabilidad alcanzaría solamente al patrimonio societario. Esta figura será bien recibida por las sociedades extranjeras, que en lugar de instalar una sucursal con las mismas responsabilidades que una casa matriz, optarán por constituir una sociedad unipersonal (filial). Así la casa matriz no responderá por las obligaciones contraídas por la sociedad unipersonal. Esto afectaría directamente a los trabajadores, sobre todo en caso de concurso o quiebra de la filial, solo pudiendo cobrarse sus créditos laborales del patrimonio insolvente de la sociedad unipersonal.

La incidencia de la Iglesia y el polémico artículo 19
La reforma del Código Civil también fue fuertemente cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos criticando a la injerencia de la Iglesia Católica en el artículo 19. Este establece que la vida humana comienza desde la concepción (ya no aclara "en el seno materno"), eliminando cualquier tipo de mención a las técnicas de fertilización asistida y, por lo tanto, a las diferencias entre un embrión antes y después de ser transferido. A su vez que impone límites claros a la hora de debatir la legalización del aborto.
Por otro lado, se sostiene en la reforma del Código Civil y Comercial el estatus de persona jurídica publica que posee la Iglesia Católica. Esto confirma el soporte financiero que le asegura la Constitución y la inembargabilidad de sus bienes, dándole fuerte preeminencia por encima de todas las organizaciones religiosas.

Función social de la propiedad
Otro punto de tensión en el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial es respecto a la eliminación de la función social de la propiedad privada y la regulación de las diferentes formas de propiedad.
En este punto no se tiene en cuenta las dificultades que sufren las familias campesinas e indígenas en el campo para acceder a la vivienda y a la propiedad de las tierras que habitan, donde muchas veces ni siquiera se reconoce la propiedad veinteñal, por lo que terminan por ser sometidas a todo tipo de violencias judiciales y también físicas. Algo similar ocurre en las ciudades, donde la falta en el acceso a la vivienda con servicios elementales no deja de aumentar.

Así también, se define a los Pueblos Originarios como personas de Derecho Privado, desconociendo que la Constitución contempla la preexistencia de estos pueblos al Estado Nación. Las comunidades indígenas tendrán derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, sólo en caso de que tengan personería jurídica reconocida, pero se excluye su participación en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.

Otros menos afortunados
Quizás uno de los puntos más criticados es el que hace referencia a la eliminación del acceso al agua potable como un derecho humano. El artículo eliminado obligaba al Estado a garantizarlo sin distinción a todos los habitantes para fines vitales. Punto más que necesario en un país donde actualmente más de un cuarto de la población no accede al agua potable.
Como último punto, en materia de arbitraje, las partes en conflicto podrán elegir otro tribunal, privado o no, interno o internacional distinto al de los Estados en los que surge el conflicto y se desarrolla la relación jurídica. Se refuerza la continuidad de las políticas de la década de los 90, teniendo como antecedente cercano la aceptación del CIADI (Tribunal del Banco Mundial), por parte del Estado Argentino, para dirimir controversias con Empresas extranjeras.

Conclusiones
Estos son los puntos más significativos de una reforma del Código Civil, que consta de más de 2600 artículos, y presumiblemente entrara en vigencia en el 2016. Su aprobación estuvo atravesada por fuertes polémicas, y su eje central no fue el de realizar una reforma en donde el pueblo participe y se empodere a partir de sus derechos, y donde se puedan ver avances significativos en necesidades tan contundentes como el acceso a servicios básicos, la propiedad de la tierra, la decisión de las mujeres en su propio cuerpo, la responsabilidad del Estado de garantizar todos los derechos, etc. Ha pasado por tantas modificaciones y lo atravesaron tantos intereses que se ha perdido la oportunidad de modificar a favor de los sectores populares, uno de los instrumentos jurídicos más relevantes a la hora de regular la vida de los argentinos.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7135
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19 de febrero de 2014

II. Aval a la impunidad de ayer y hoy del poder económico imperialista que nos interpela a instalar la deliberación sobre caminos no capitalistas.

¿Es utópico luchar contra el capitalismo?:
¡El capitalismo nacional es una utopía!

Por: Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
¿Es posible sostener una sociedad anticapitalista, antiimperialista, socialista?

La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.

Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo (1). Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.

Lo curioso, es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.

No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.
Utópicos son los que esperan soluciones para la mayoría dentro del capitalismo

La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.
La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.

A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.

El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.

Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.

Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.

Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.

Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.

Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.
La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.

¡El capitalismo nacional es una utopía!

No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.
Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.

Resulta que el Estado ha sido reformulado en los 80´ y 90´, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.

Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.

La convergencia de demanda social hacia el 2001-03 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos social de inclusión.
Estamos en pleno despliegue del ajuste

El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.

La devaluación desde el 1 a 1 a 1 =1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.

No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.

Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001-2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.

El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.

La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.
No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).

Llamemos a las cosas por su nombre: el problema es el capitalismo

Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible, en la vanguardia las transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo, el anticapitalismo y el socialismo también requiere de la construcción del sujeto social para el cambio.

Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.

La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoproductor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.

Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en Nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.

Apuntamos a sustentar la propuesta de “nueva arquitectura financiera” para la región, con fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.

Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegitima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.

Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.
Nota:
1) En el programa de Rolando Graña, tercera posición, 3P, en A24.Fuente: http://www.argenpress.info/2014/02/es-utopico-luchar-contra-el-capitalismo.html


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