Salir del modelo de extracción y producción desarrollista

En esta nota (8-12-09), Éric Toussaint advierte: ”Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no abandonaron el modelo productivista y extractivo, aunque, regularmente, tienen cuidado en su discurso de distanciarse del mismo. Alberto Acosta lo explica muy bien en una entrevista reciente: «Los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia, para citar a los países que están de más avanzada en Suramérica, no han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que mediante la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo.

Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino de cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. [...]

Es que el IIRSA responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que suministradores de recursos naturales como petróleo y minería, por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua (son) para el capital transnacional.


Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial.»

De hecho, en un gran número de países en desarrollo se asiste a una reafirmación del modelo «desarrollista extractivo productivista». Este fenómeno se debe a la coyuntura internacional excepcionalmente favorable entre los años 2004 y 2008, que se prolongó en el 2009 a pesar de la caída vertical del precio del crudo en el segundo semestre del 2008.


Esto hace recordar el precedente de los años 70 y su brusco final a comienzos de los años 80, cuando se hundieron los precios de las materias primas. Fue entonces cuando explotó el coste de la refinanciación de las deudas contraídas, especialmente para sostener las enormes inversiones en las industrias extractivas, provocando la crisis de la deuda del Tercer Mundo y su secuela de nefastos planes de ajuste estructural.

No es razonable que un gobierno de izquierda se alimente de las falsas esperanzas de unas repercusiones positivas y duraderas de un boom de los bienes primarios. Sobre todo cuando actualmente se tiene en cuenta, mucho más que en los años 70, los efectos extremadamente negativos de la sobreexplotación de los recursos no renovables sobre los ecosistemas, y sobre el modo y la calidad de vida de la población (en especial, los pueblos originarios) e incluso, para los que estos argumentos dejan fríos, sobre el equilibrio presupuestario del Estado.

En efecto, un período de altos precios en las materias primas genera una gran dependencia en relación con los ingresos que origina su explotación. Con mucha frecuencia, los poderes públicos se endeudan masivamente para invertir en actividades extractivas o para sostener un tren de vida ligado a la euforia de elevados ingresos provenientes de la exportación de bienes primarios. Cuando el precio de éstos baja, el peso del reembolso de la deuda obliga a los gobiernos a comprimir los gastos, con dramáticas consecuencias para los presupuestos sociales.

Por lo tanto, en lugar de recaer en el mito «desarrollista extractivo-productivista», es mejor tener un programa a largo plazo cuyo objetivo sea disminuir la dependencia de las exportaciones y mejor aún, repartir la producción de la riqueza nacional en un círculo virtuoso basado en la satisfacción y la promoción de la demanda interior, lo que implica dar prioridad y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población (en detrimento del frenético consumo de lujo de las clases sociales más ricas).
Lo importante es priorizar la integración regional entre los países cuyos gobiernos comparten una misma visión de los cambios estructurales necesarios (en el ámbito de la propiedad, de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos culturales, civiles y políticos...), rechazando la lógica capitalista y productivista.


En la parte positiva vemos que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen, junto a Cuba, un papel de aguijón en el ámbito del conjunto de Latinoamérica para favorecer, en diferentes niveles, una mejor integración: ALBA, UNASUR, Banco del Sur, la puesta en marcha de una nueva unidad de cuenta monetaria, el SUCRE, con el fin de reducir la preponderancia del dólar en los intercambios entre los países de la región. (4) Sin embargo, a pesar de los esfuerzos positivos de los tres países, se está perdiendo un tiempo precioso y el significado dado al proyecto del Banco del Sur no marca ninguna profunda ruptura con las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y el FMI. Y es otra ocasión que puede perderse(...)". Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
Fuente original: http://www.ecoportal.net/
Fuente: http://www.noalamina.org/ / 16-12-09