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25 de marzo de 2012

Ruptura de la conciliación K con el poder económico e imperialista para ejercer el derecho de luchar


Luchar es un Derecho

 

Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner. Por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner.
En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre otros.

Informe sobre la Criminalización de la Protesta Social

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.

Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; y Liberpueblo.

Razones para no conciliar con el poder económico e imperialista de las transnacionales y sus socios locales


El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la clase trabajadora

"El conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar". Por Victoria Basualdo (FLACSO Argentina-CONICET).
Aún hoy, 36 años después, existen fuertes debates tanto académicos como políticos sobre el significado y carácter del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la dictadura que éste inauguró. Frente a las perspectivas que privilegian la dimensión política de esta historia, y que entienden al golpe militar exclusivamente en el marco del enfrentamiento entre fuerzas armadas y organizaciones político-militares, consideramos fundamental introducir una mirada de clase que permite iluminar aspectos centrales de esta historia. Esta breve intervención tiene como objetivo sintetizar los hallazgos de algunas investigaciones realizadas desde distintos campos y disciplinas, que en conjunto permiten dar cuenta de las relaciones existentes entre las transformaciones sociales, políticas y económicas en un período que tuvo un impacto clave en la historia argentina de las últimas décadas. Rescataremos entonces aquí algunas líneas que consideramos fundamentales para la discusión histórica y política, que creemos que sería muy rico profundizar.

1. La importancia del conflicto entre capital y trabajo desde fines de los ’60 hasta mediados de los ’70 y sus vinculaciones con las confrontaciones políticas
En lo que se refiere al período previo al golpe militar, se produjo una creciente articulación entre las aproximaciones que habían destacado la importancia del proceso de radicalización política y el crecimiento de las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda, con aquellas centradas en el conflicto entre capital y trabajo entre fines de los años ’60 y mediados de los años ’70 (1).
En los últimos años hubo un gran número de contribuciones que hicieron aportes importantes para superar la división previa entre estudios políticos y estudios del mundo del trabajo, y comenzaron a explorar la relación estrecha, rica y muchas veces tensa y contradictoria que se fue tejiendo entre militancia política y militancia sindical (2). Algunos de estos trabajos se centraron en el activismo sindical de base, afirmando que las luchas en torno a la organización en el lugar de trabajo fueron un campo de importancia decisiva en el que se tejieron estas vinculaciones. (3)
Al mismo tiempo, una cantidad de trabajos se centraron en el momento inmediatamente anterior al golpe, que se caracterizó por una agudización del conflicto sindical, mostrando una creciente actividad de los sectores tanto combativos como ortodoxos del sindicalismo (4). Todos ellos contribuyen a afirmar que el conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y que constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar.

2. La significación que tuvo el final de la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)
Existen también contribuciones importantes que permiten apreciar que este auge de la radicalización política y la lucha obrera se produjo en un contexto estructural que sentó ciertas condiciones de posibilidad que fueron aprovechadas por la clase trabajadora. Frente a estudios anteriores, basados en información estadística incompleta, que sostenían que la industrialización había entrado en una fase de estancamiento definitivo en la década del ’60, una serie de trabajos realizados en el campo de la economía demostraron que pueden distinguirse, en la segunda etapa de la ISI, caracterizada por una creciente diversificación e integración de la estructura industrial argentina y que se extendió desde mediados de los años ’50 hasta mediados de los ’70, dos subetapas distintivas (5).

Si bien en la totalidad de la segunda ISI las industrias dinámicas fueron la automotriz, la metalúrgica y la química, en un contexto de claro ascenso de la participación del capital extranjero en la economía, hay que distinguir una primera subetapa, extendida entre mediados 1956 y 1963, que se caracterizó por un crecimiento del PBI a una tasa del 2,1% anual y ciclos de corto plazo que implicaron, en sus fases descendentes, caídas del producto en términos absolutos (6). En cambio, en la segunda subetapa desarrollada a partir de 1964, el crecimiento del PBI fue del orden de 5,1% anual hasta 1974.

Durante este último período siguieron existiendo ciclos ascendentes y descendentes, aunque éstos ya no involucraron caídas en términos absolutos sino desaceleraciones del crecimiento, luego seguidas por alzas más pronunciadas. Esto sugiere que el modelo sustitutivo, aún con sus limitaciones y problemas, lejos de estar agotado a mediados de los años ’70, había transitado en cambio un período de gran crecimiento y desarrollo durante una década. Esta evolución constituyó un punto de partida para el activismo obrero que tuvo grandes logros. Estudios económicos disponibles proveen un dato clave referido a la distribución funcional del ingreso que refleja el poder de la clase trabajadora: en 1974, los salarios tenían una participación de alrededor de 48 puntos en el ingreso nacional, es decir estaban cerca de igualar el hito histórico de 50 puntos alcanzado durante los dos primeros gobiernos peronistas. Este es otro dato clave para reafirmar el poder de la clase trabajadora que, aún con fuertes diferencias y confrontaciones internas, se hallaba en un gran nivel de organización y movilización a mediados de los años ’70.

3. La estrecha vinculación existente entre políticas económicas, laborales y represivas de la última dictadura militar
Desde esta perspectiva y con estos aportes en mente, es posible comprender que el golpe de estado de 1976 intentó no sólo dirimir una confrontación política de las fuerzas armadas contra las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda en sentido amplio, sino también poner fin a fuertes conflictos existentes entre las clases que estaban fuertemente vinculados con el proceso de radicalización social acentuado desde fines de los años ’60. Tres líneas de política de la dictadura militar, en el campo económico, laboral y represivo, fueron centrales para reformular la dinámica anterior de relación y conflicto entre las clases (7).

Las políticas represivas constituyeron una de las marcas más visibles de la dictadura militar: la instauración del terrorismo de estado, y la aplicación de la desaparición de personas como método privilegiado, además del encarcelamiento, el asesinato y demás formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social son sin dudas las características más resonantes del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976 (8). Sin embargo, sólo recientemente han tomado mayor visibilidad e importancia las aproximaciones que enfatizaban que esta política represiva no estuvo únicamente dirigida a militantes políticos del campo de la izquierda, sino también a sectores importantes de la clase trabajadora, entre los cuales los delegados, miembros de comisiones internas y activistas de base tuvieron un papel muy importante (9).

Al mismo tiempo, estudios recientes destacaron la importancia de examinar las vinculaciones que se establecieron entre fuerzas armadas y elites económicas en la represión a los trabajadores, destacando que tuvieron como objetivo central marcar un punto de inflexión en la historia previa de organización y lucha del movimiento obrero argentino, en particular en la desarrollada en el lugar de trabajo (10).

Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que marcó un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de industrialización desarrollada en el país desde la década del ’30, promoviendo una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo y una marcada desindustrialización. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser Presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se desarrolló un proceso represivo de inédita magnitud en 1975 que incluyó un campo de detención dentro del predio de la fábrica, a ser Ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981 (11).

La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas, sino que además vio dramáticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización en el espacio público.
Es importante destacar que a pesar del impacto de esta ofensiva desarrollada en estos tres frentes, distintos sectores de la clase trabajadora consiguieron organizarse y movilizarse durante la dictadura, con demandas económicas y laborales, o con protestas contra la avanzada represiva, lo cual resultó fundamental para mantener ciertos niveles de organización y de lucha que permitieron, en la transición a la democracia, iniciar un proceso de reconstrucción y reorganización obrera (12)




4. Las profundas transformaciones estructurales operadas durante la dictadura y su legado para la historia posterior de la clase trabajadora
Frente a interpretaciones que se refieren al “fracaso” de la dictadura militar aduciendo que éste fue finalmente desplazado del poder en 1983, resulta imprescindible recordar que las transformaciones operadas en este período marcaron fuertemente el rumbo de las décadas siguientes de la historia argentina. No sólo las políticas represivas dejaron un legado de terror y disciplinamiento social de gran impacto, al tiempo que los retrocesos en los derechos laborales sólo pudieron ser revertidos parcialmente en un proceso que llevó años, sino que se produjeron en esta etapa cambios en la estructura económica y social que se mantuvieron y profundizaron durante los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura (13).
Las políticas que dieron inicio a estos cambios profundos en la economía argentina fueron la Reforma Financiera de 1977, y su confluencia con la apertura económica y la drástica reducción de la protección arancelaria implementada en 1979, las cuales promovieron una transformación en los precios relativos de los sectores económicos en perjuicio del sector industrial. Esto ocasionó un abrupto descenso de la participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno, al tiempo que las transferencias al capital concentrado favorecieron una profunda reestructuración del sector, que se concentró de manera inédita (14). Al mismo tiempo, se produjo un dramático incremento de la deuda externa (de alrededor de 8 mil a 140 mil millones de dólares, entre 1976 y 2001) y una transformación de su funcionalidad y objetivo (15).
Una ilustración clara y contundente del impacto de estos procesos en la clase trabajadora es la evolución de la participación de los asalariados que llegó a un piso de 22 puntos del PBI en la crisis hiperinflacionaria de 1982 (16).
Este cambio del patrón de acumulación de capital, que tuvo lugar en un contexto de cambios profundos en la economía mundial que marcaron el fin del denominado “modelo fordista”, se implementó en el caso argentino con un ritmo especialmente acelerado y abrupto y tuvo un sesgo particularmente excluyente y regresivo que marcó en forma significativa la historia de la clase trabajadora y sus organizaciones en las décadas siguientes.

A modo de conclusión: la clase trabajadora y sus desafíos hoy
El conjunto de aportes citados (que son sólo algunas de las aproximaciones que proveen claves útiles), nos permite no sólo comprender algunos aspectos importantes de la historia reciente argentina, sino también detectar líneas para la construcción futura. El gran desafío hoy, a la hora de recordar el golpe de estado, es no sólo discutir en qué medida algunos de estos legados regresivos se encuentran presentes aún en la actualidad, sino también encontrar formas de combatirlos. El fortalecimiento de la clase trabajadora y sus organizaciones, el apuntalamiento y extensión de mecanismos de representación en los lugares de trabajo y la articulación de los trabajadores con organizaciones políticas representativas parecen, en este sentido, vías fundamentales para revertir definitivamente las herencias de la dictadura y abrir nuevos caminos.

Notas:  (...)