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18 de agosto de 2012

La lectura de la paralización del subte en clave de "Macri-Cristina Kirchner" confiere impunidad a Roggio


Al vaciamiento de Roggio lo silencian sus amigos

Por Jorge Duarte. 
El Grupo Roggio es un impactante grupo empresario de la construcción, el transporte, la ingeniería ambiental, el juego y más rubros, que creció a costa de beneficios gubernamentales. Ha cimentado su imperio en base a la obtención sistemática de licitaciones que le otorgaron la concesión de servicios públicos y la construcción de obra pública de gran magnitud.

Íntima relación con los principales personajes políticos de la Argentina, millonarios subsidios y asignaciones presupuestarias, hicieron de Roggio el imperio que gestiona subtes, trenes (FF.CC. Urquiza, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Cargas y tranvía de Puerto Madero), concesiones viales (Coviares Au Buenos Aires-La Plata, Covisur Au Buenos Aires-Mar del Plata, Puentes del Litoral Rosario-Victoria y Tapé Porá en Paraguay), obra pública (extensión de las líneas B, E y H de subterráneo, entre otras obras), hoteles, juego y mucho más. Repasemos el entramado de este imperio.
Roggio y el Gobierno Nacional
La relación entre el Grupo Roggio y el Estado nacional no pasa por malos momentos, todo lo contrario. Desde el año 2003 a la fecha, el Estado nacional ha firmado contratos con el Grupo Roggio por unos 8 mil millones de pesos. Esta cifra fue expuesta esta semana por el propio ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, en conferencia de prensa. Encontramos que en tiempos kirchneristas Roggio recibió casi $900 millones al año en concepto de contratos con el Estado nacional. Esta cifra da muestra de la fructífera relación que el grupo empresario consolidó en los últimos años con el ejecutivo nacional. Como ejemplos de este maridaje, podemos mencionar que Roggio ha sido beneficiado con obras de ampliación de la red de subterráneos, con distintas concesiones y obras públicas desde 2003 a la fecha.
A pesar del obvio deterioro de los ramales de ferrocarriles gestionados por el Grupo Roggio y de las constantes denuncias por desvíos de fondos provenientes de subsidios pagados por el Estado nacional, la relación parece no haber tenido grietas. Tanto es así que hace unos meses el Grupo Roggio fue beneficiado con la cesión de la ex TBA, luego de que le quitaran la concesión a Cirigliano post tragedia de Once. De este modo, la ex TBA junto con sus subsidios fueron un nuevo premio para Roggio y ampliaron aún más sus potencialidades de jugar con los fondos destinados al sistema ferroviario nacional.
Roggio y los Macri
La relación entre Roggio y los Macri no es nueva, tiene muchos años de solidez. Ambos son empresarios subsidiarios del Estado nacional que crecieron de la mano de los distintos gobiernos locales y nacionales. Además consolidaron diversas sociedades que lograron beneficios para ambos. En la actualidad Roggio y Macri son socios, por ejemplo, en el manejo del Ferrocarril Belgrano Cargas (emprendimiento en el que también están asociados con la Unión Ferroviaria de Pedraza).
Franco Macri y Roggio han compartido en el pasado cercano la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba. También compartieron el pliego de licitación que ganó la construcción de los subterráneos cordobeses en conjunto con la empresa china Railways Internacional. Además, a través de la empresa Cliba, Roggio brinda servicios de recolección de residuos en la CABA macrista y servicios de limpieza urbana del micro-centro porteño y Puerto Madero. Estos negocios le representan al Grupo unos ingresos de $500 millones anuales.
Es tan obvia la relación de los Macri con el grupo concesionario de los subterráneos porteños, que la primera medida de Mauricio al recibir el control del servicio, en enero de este año, fue otorgarle un aumento del 127% del boleto que pagan los usuarios del subte. Como si esto fuera poco, el lobby empresarial de Macri ahora lo llevó a pedir un nuevo incremento de boleto que beneficie a Roggio y lleve las tarifas a $5,50 por viaje.

Operativo “invisibilización de responsabilidades”
Los amigos y los negocios de Roggio permiten empezar a encontrar el por qué de la invisibilización de la responsabilidad empresarial en el conflicto gremial que tuvo el subte paralizado por 10 días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La responsabilidad de Metrovías, que a pesar de haber repartido dividendos por $67 millones en 2011 dice estar quebrada, fue silenciada por el gobierno porteño y el gobierno nacional, que se pasaban la pelota entre ellos y señalaban constantemente a los trabajadores.
Con los trabajadores bajo la lupa de la justicia y de los gobiernos, resta empezar a correr el velo que cubre a Roggio y sus maniobras contables. Como ejemplo alcanza con mencionar que Metrovías ha contratado a Benito Roggio Transporte para que le brinde asesoramiento. A cambio del servicio Roggio (Metrovìas) le paga a Roggio (Benito Roggio Transporte) el 2,6% de ingresos por venta de pasajes. Con maniobras similares, según un informe de Hernán González Badián y el legislador Rafael Gentili, Roggio llega a fugar el 27% del total de subsidios de Metrovías a otras empresas del grupo. Todas estas estafas en la concesión han sido silenciadas a medida que el servicio desmejoraba. El vaciamiento es evidente y notorio.
Los trabajadores siguen pidiendo que se abran los libros contables de la empresa y se revisen las maniobras de desvío de fondos. Mientras tanto, se estima que entre 2001 y 2011 Metrovías “erogó en concepto de pago a proveedores pertenecientes al mismo Grupo Roggio $381.430.795”. Gracias a sus “amigos”, Roggio ha conseguido invisibilizar el saqueo de recursos y el vaciamiento parasitario de Metrovías.
La solución para el conflicto de los subterráneos está lejos de Roggio, y seguramente, lejos de las intenciones de los “amigos de Roggio”, que le permitieron crecer a costa del desmantelamiento del sistema ferroviario y manejar a su antojo cientos de millones destinados a subsidios al transporte.

10 de agosto de 2012

II. Razones para apoyar las resistencias al modelo extractivo y propuesta de CAOI de otro paradigma civilizatorio



Latinoamérica: CAOI propone la construcción de nuevo paradigma civilizatorio en III Congreso
Servindi, 1 de agosto, 2012.- Avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el buen vivir fue una de las resoluciones del Tercer Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) celebrado del 15 al 17 de julio.
El congreso que se celebró en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y en el municipio de Chinauta, en Cundinamarca, también resolvió la renovación de su Junta Directiva, presidida desde el 2006 por Miguel Palacín Quispe, de Perú.
Participaron más de doscientos delegados de las organizaciones indígenas andinas de los cuatro países que integran la CAOI: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Además de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) asisten aliados e invitados de otras instituciones.
A continuación, la declaración:


Declaración III Congreso CAOI

Por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio. Los delegados y delegadas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), asistentes al III Congreso Ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), reafirmando nuestra identidad como hijos de la Madre Tierra, frente al extractivismo neoliberal, la criminalización y la militarización, en defensa de la vida, en ejercicio de nuestra libre determinación y por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el Buen Vivir.
CONSIDERANDO:
Que durante quinientos años los pueblos indígenas del Abya Yala fuimos reprimidos, invisibilizados, excluidos, por políticas de exterminio o de asimilación implementadas la Colonia y luego por los Estados uninacionales y monoculturales creados sin nosotros y contra nosotros. Pero hoy nos visibilizamos, pasamos de la resistencia a la propuesta, nos articulamos, somos actores políticos y ya nada puede hacerse sin tomarnos en cuenta.
Que en la Región Andina y todo el continente, los Estados, sean abiertamente neoliberales, “alternativos” o “progresistas”, persisten en la aplicación de un modelo neoliberal extractivista, que vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, saquea los bienes naturales y depreda la Madre Tierra, renunciando a la soberanía nacional a través de políticas de promoción de inversiones, tratados de libre comercio, megaproyectos e intervenciones militares directas (bases militares) e indirectas (asesores extranjeros), vulnerando los derechos humanos y colectivos.

3 de agosto de 2012

I. Razones para apoyar las resistencias al modelo extractivo y elaborar colectivamente proyectos de otro desarrollo


Crisis económica y ofensiva extractivista

Por José Seoane y Clara Algranati

América Latina sostuvo su crecimiento hasta el 2011, y eso alimentó ilusiones de blindaje regional ante la crisis global. Pero el panorama es mucho menos tranquilizador. La crisis se expresa hoy en la región como ofensiva extractivista.

Una de las formas en las que se expresa la crisis global en América Latina y el Caribe es bajo la promoción de un nuevo ciclo de mercantilización, apropiación y control de una serie de bienes por parte del gran capital, en especial los que llamamos bienes comunes de la naturaleza. Hemos bautizado a este proceso con el nombre de ofensiva extractivista. No tenemos todavía efectiva conciencia de su magnitud y de las fuerzas que la empujan.

Una evidencia de ello fue la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región entre 2008 y 2011, que llegó a volúmenes récords; entre 70 y 130% más que el promedio ingresado entre 2000 y 2005, según detalla el trabajo “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, editado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2011 este incremento fue del 31% respecto al año anterior, aumentando la participación regional sobre el total mundial, hasta alcanzar el 10%. Esta IED se orientó mayoritariamente a América del Sur, especialmente a las actividades vinculadas con la explotación de los bienes de la naturaleza. En este proceso se destacan las inversiones en la megaminería, que representaron en 2011 un monto histórico de 140 mil millones de dólares, un 40% más que en 2010 y un 250% superior que en 2003 (Ver "Record en inversión minera").

Una ofensiva del gran capital sobre los bienes naturales que no excluye ciertamente a los territorios de otras regiones del llamado Tercer Mundo. El Banco Mundial, uno de los promotores del proceso global de mercantilización de la tierra, reconoce que entre 2008 y 2009 fueron arrendadas o vendidas 56 millones de hectáreas, especialmente en África y América Latina, resultado de inversiones provenientes en gran parte de los fondos de inversión trasnacionales. A su vez, la frontera agrícola, particularmente bajo el motor de la soja transgénica, no ha dejado de expandirse en los últimos años a nivel regional, consolidando en América del Sur un territorio de soberanía corporativa que ha recibido el nombre de “República de la Soja”.

Finalmente, esta ofensiva se expresa también en el terreno global de la crisis climática; por ejemplo, bajo la llamada “economía verde” impulsada en la pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (“Río+20”). Una iniciativa que no sólo promueve la ampliación de los “mercados de carbono” y la producción y uso de los agrocombustibles, sino también la utilización del agronegocio basado en las tecnologías de manipulación genética. El empresario sojero argentino Gustavo Grobocopatel, en un artículo publicado por el diario La Nación el 2 de mayo de 2011, afirmaba: “cada vez más las plantas se utilizan como biorreactores… [Que]…no sólo producen alimentos… sino variadas formas de energía, enzimas industriales, plásticos o medicinas… [Y se convierten] en pequeñas plantas industriales”. Así, bajo la excusa de “energías limpias y renovables” para resolver el cambio climático, se intenta justificar un nuevo proceso de mercantilización de la naturaleza. 
En estos diferentes terrenos, los pueblos de América Latina han afrontado y combatido en los últimos años y de diferentes maneras los intentos de profundizar el saqueo, la contaminación y la dependencia.

Megacorporaciones y gobiernos
Una de las fuerzas que motoriza esta ofensiva es la del capital trasnacional, representado por unas pocas decenas de megacorporaciones. Pero, junto a éste, de manera asociada o competitiva, aparece también el capital local-nacional tanto bajo la forma de grandes grupos económicos (la Vale, Los Grobo, etc.) que tienen una proyección regional e internacional, como de empresarios menores muchas veces encargados de la realización de las formas más violentas e ilegales de esta acumulación.
Pero esta ofensiva extractivista se instaló también en la agenda de los gobiernos de la región que, incluso más allá de sus diferencias político ideológicas, parecen inclinarse por profundizar este modelo, justificado como una respuesta ante la incertidumbre económica global. En este terreno se cuentan los recientes acuerdos de instalación de las primeras megamineras a cielo abierto en Ecuador y Uruguay, los procesos de contrarreforma agraria y mercantilización de los territorios amazónicos en Perú en 2008, y en la ley de regularización de la apropiación privada ilegal de la Amazonia aprobada también en 2008 en Brasil, bajo el gobierno de Lula. También los proyectos de “reforma energética” y privatización de la petrolera mexicana PEMEX o las intenciones de privatizar la empresa estatal de cobre CODELCO en Chile, y las políticas de promoción del agronegocio y los agrocombustibles en el Cono Sur. Avanzan en el mismo sentido la habilitación de grandes proyectos mineros por gobiernos recientemente electos con un discurso de regulación de la megaminería, como Ollanta Humala en Perú, Beder Herrera en la provincia argentina de La Rioja y el gobierno nacional del mismo país frente al proyecto minero en Famatina. También se suma la profundización y la expansión de la explotación hidrocarburífera, ahora incluyendo los llamados petróleo y gas no convencionales. Son parte de la misma agenda la promoción de la minería transnacional en Colombia y Centroamérica, y el nuevo impulso de los proyectos hidroeléctricos y forestales en el sur chileno.
Por último, la promoción de esta ofensiva extractivista se expresa también en el terreno de la geopolítica regional. Ejemplo de ello es el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, prohijado por los sectores latifundistas, del agronegocio y la megaminería. Muestra de su rostro autoritario -presente también en la represión y violencia ejercida ante el conflicto social- y de la iniciativa estadounidense en el control de los bienes naturales signada, a partir de 2009, por el redespliegue militar y los intentos de desestabilización con el golpe en Honduras como una de sus primeras manifestaciones. Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En 2011, entre las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se incluyó la realización de 31 obras de infraestructura promovidas por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que forman parte de la cartera del IIRSA, integrado al COSIPLAN en 2009. De esta manera, la prioridad otorgada a estas obras para facilitar el comercio exterior de commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo exportador.

¿Ante un nuevo ciclo regional de luchas?
Frente a esta ofensiva, una ola de protestas y resistencias sociales emergió y está desarrollándose en el continente. Allí se cuentan un sinnúmero de las principales luchas y movilizaciones de los últimos años que ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador. A pesar de la fragmentación y aislamiento al que quiere condenárselas, en múltiples casos lograron detener los emprendimientos o morigerar los efectos más regresivos de las políticas públicas.  
La combinación de estos procesos con el impacto de la desaceleración económica y los ajustes del gasto fiscal, sugiere que estamos frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional de luchas. Ciclo que parte de los cambios y los logros pero también de los límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década. Y donde la construcción colectiva de alternativas populares frente a la crisis plantea también el desafío de elaborar un proyecto alternativo de “otro desarrollo”.