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16 de diciembre de 2012

El pago de la deuda pública externa y la promoción de invertir en YPF prueba cómo el gobierno CFK privilegia a dos herramientas de la acumulación gran capitalista


Petróleo, gas y deuda pública en debate
Por Julio C. Gambina (Rebelión)

La semana cerró con dos noticias muy celebradas.
Una remite a la cancelación del vencimiento de deuda pública del cupón PBI por 3.502 millones de dólares, los que fueron depositados en las cuentas de los acreedores.
La otra noticia responde a la colocación de deuda de YPF por 150 millones de pesos colectados entre pequeños inversores locales.
Es un buen interrogante consultar sobre los motivos de la algarabía, para lo cual conviene ir por parte y considerar cada uno de los temas.

Pagos de la deuda
La deuda pública se paga rigurosamente, y ni hablar de auditar o investigar las legitimidades, de una deuda que históricamente acredita un fallo judicial de junio del 2000, con evidencias de múltiples ilegalidades e irregularidades, con responsables identificados fehacientemente. El fallo del Juez Ballesteros duerme en algún lugar del Congreso Nacional, el poder encargado de “resolver” los problemas de la deuda externa.
Un problema adicional es el uso de las reservas internacionales para cancelar deuda. Con datos del BCRA, verificados en la fecha en el sitio en internet, el 2011 mostró una pérdida de reservas de 5.814 millones de dólares, y hasta el 7/12/2012 eran 979 millones los dólares resignados en este periodo, sin contar la cancelación del viernes 14/12 por 3.502 millones de dólares, que deja la reservas en un nivel escasamente encima de los 43.000 millones de dólares.
Son más de 10.000 millones de dólares perdidos en dos años y asignados preferencialmente a los acreedores de la deuda pública, cuando se mantienen las restricciones al acceso de divisas para el público en general.
Muchos argumentan: “¿y qué pretenden, acaso no pagar como sostenía la izquierda a la salida de la dictadura, hace 30 años?”
A propósito del embargo de la Fragata Libertad y el fallo reciente del juez estadounidense, ahora en suspenso, un conjunto de personalidades y organizaciones, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz 1980, insisten con la denuncia y la necesidad de investigar, auditar la deuda, y juzgar a los responsables, y mientras tanto, suspender los pagos.
Es que bien vale señalar que es mucho el esfuerzo social por pagar a los acreedores de la deuda pública y postergar derechos previsionales o sociales, educativos o de salud, entre otros muchos que demandan los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina.
Además, el llamado desendeudamiento oculta la continuidad de un problema estructural y condicionante de la política económica, que la justicia extranjera trajo a la realidad de la consideración política por estas horas. Como si fuera poco, la presión del Club de París y de los Organismos internacionales no afloja, reavivando la hipoteca sobre el trabajo social en el país.
Aunque se insista en cancelar sin investigar, el problema persistirá y condicionará a cualquier gobierno, presente o futuro, profundizando las penurias sociales y postergando derechos socioeconómicos largamente escamoteados.

Endeudar a YPF
Más del doble de ofertas realizaron inversores entre 1.000 pesos a 250.000 pesos, en pocos días de oferta de una colocación de bonos de YPF que ofrecían una renta de 19%, entre 5 ó 6 puntos más que un plazo fijo en la banca.
Consignemos primero que hace muy poco, Bolivia se endeudó en el sistema financiero mundial a tasas menores al 5%, e incluso fue criticado por los cuantiosos recursos ociosos en reservas internacionales y aún en liquidez bancaria de fondos públicos no utilizados.
Pero aún con las críticas al gobierno boliviano, el costo del dinero en préstamo es de un cuarto del que expresa el financiamiento a la primera empresa en la Argentina, en un momento de valorización de sus activos, sea por la rentabilidad presente o las expectativas que genera la potencial explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Existen quienes argumentan que YPF ofrece una salida a pequeños inversores con liquidez y con escasa oferta financiera atractiva, pues la tasa de interés pasiva está alejada del movimiento de los precios. Claro que ese atractivo para los inversores es un costo de financiamiento para la empresa parcialmente expropiada por el Estado.
¿Si ese es el costo de la gran empresa petrolera, cuál es el que deben soportar las pequeñas y medianas, aún las grandes?
La política financiera de la petrolera, es cierto que en magnitudes pequeñas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial), induce una pauta elevada de tasas activas para el resto del sector productivo, cuando el diagnóstico generalizado apunta a reclamar financiamiento para la inversión productiva de los más chicos del aparto productivo local.
Son reflexiones válidas para lo que se viene en materia de endeudamiento de YPF, pues desde la próxima semana se licitarán bonos por 4.500 millones pesos (unos 920 millones de dólares al cambio oficial) en diferentes modalidades. Unos estarán atados a la cotización del dólar (que viene duplicando el ritmo de devaluación respecto al año anterior) y con una tasa de 6,25%, es decir, se ajusta por tipo de cambio más esa tasa, con lo cual, la variabilidad se define por la evolución de la divisa estadounidense por la vigencia del título en los próximos 4 años. Otros bonos en pesos y por 6 años, pagarán intereses ajustables por la tasa BADLAR, que viene en alza según informa el BCRA, y que en la actualidad cotiza por encima del 15%.
Se trata de crédito caro, en un plan de endeudamiento de la petrolera por 3.000 millones de dólares en títulos en el marco de inversiones a lograr por 37.000 millones de dólares hacia el 2017, y poder materializar en sociedad la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Entre esos socios inversores, además de los minoristas de esta semana, se sumarán los mayoristas a captar desde el lunes 17/12, y la confirmación de inversores de capital, entre los que despuntan la familia Bulgheroni asociado a los capitales chinos, y la estadounidense Chevron, demandada en la justicia argentina por 19.000 millones de dólares por daño ambiental en Ecuador, derivado de explotación petrolera entre 1965 y 1990 por la Texaco, adquirida por la transnacional estadounidense.
Como siempre insistimos, además de la cuestión financiera, bien vale la pena discutir el destino de los hidrocarburos en cuestión, pero eso es otra discusión.

La hipoteca
En años de la dictadura, YPF fue la empresa estatal más endeudada, algo increíble en momentos de alza de los precios internacionales del petróleo. La explicación está en el papel del Estado al servicio de los intereses de las clases dominantes, lo que definió la política económica desde 1975/76, con el endeudamiento como mecanismo privilegiado para consolidar la dependencia argentina al capitalismo mundial.
En los 90 no solo se privatizó a YPF, sino que la deuda profundizó las reformas estructurales diseñadas para la extranjerización en tiempos de terrorismo de Estado. Esa es la hipoteca que pende sobre nuestra sociedad y que condiciona el desarrollo.
Ahora YPF es de gestión estatal por la expropiación parcial, apenas administrando el 30% de la actividad hidrocarburífera, y configura aún una asignatura pendiente para revertir la situación gestada en los 70´ y en los 90´.
La petrolera totalmente estatal y la investigación de la deuda pública continúan siendo una asignatura pendiente para el programa de independencia necesario para discutir modelo productivo y de desarrollo para satisfacer necesidades insatisfechas del pueblo argentino.
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales UBA. Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=160884

12 de diciembre de 2012

La Unión de Asambleas Patagónicas argumenta en contra del sistema extractivo y en favor de la democratización económica, social, política y estatal


Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
11 de diciembre de 2012 

Comunicado de la 5ta Asamblea UAP

Viedma, 9 de Diciembre de 2012

Las organizaciones que conformamos la Unión de Asambleas Patagónicas, reunidas en Asamblea, los días 8 y 9 de diciembre de 2012 en Viedma, Río Negro, denunciamos y rechazamos la complicidad del Estado y los gobiernos municipales y provinciales con las corporaciones nacionales y transnacionales, que avanzan en un sistema extractivo que destruye nuestros ecosistemas y expulsa a las comunidades. En un marco de respeto, solidaridad y alegría:

DECLARAMOS

-          Que somos hijos e hijas de la tierra y como tales la defendemos con lazos comunitarios

-          Que reconocemos a los ecosistemas como límites naturales

-          Que no aceptamos la concepción de este sistema que atenta y destruye nuestra naturaleza para sostener un modelo de consumo irracional en crisis, poniendo en riesgo el futuro del planeta.
-          Que no aceptamos el rol de medios masivos de comunicación que callan nuestras voces, y destacan las mentiras de las corporaciones
-          Que no aceptamos la utilización del agua para las producciones extractivas mineras e hidrocarburíferas no convencionales
-          Que rechazamos el proyecto de ley de semillas,  que legaliza la manipulación genética y la apropiación de la biodiversidad
-          Que repudiamos la represión, las desapariciones y  asesinatos impunes  en democracia, de personas, particularmente jóvenes de pueblos originarios

DENUNCIAMOS
-          En el mes de la traición, el rol entregador y cipayo de los legisladores de Río Negro a un año de la derogación de la ley anticianuro 3981 en un acto de obediencia debida con el modelo extractivo nacional, haciendo oídos sordos a la voluntad de su pueblo
-          la complicidad de los estados provinciales y nacional, que permiten el avance de las mega empresas, que no cumplen con los pasos establecidos por las leyes ambientales, que obligan a la aprobación de estudios de impacto socio ambiental en audiencias públicas,   y a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias
-          la conformación de supuestas sociedades del estado con destino a la explotación minera y petrolera que resultan funcionales a los intereses privados
-          la acción represora de los funcionarios y legisladores chubutenses (Buzzi, Eliceche, Yahuar, entre otros), integrantes de la OFEMI, por medio de un grupo de choque de la UOCRA, habilitados por  una zona liberada, que  el 27 de noviembre golpearon a hombres, mujeres  y niños que se manifestaban en contra de la megaminería
-          el deliberado retiro del estado como estrategia para favorecer la instalación de las mineras, desalentando las actividades de las economías regionales tradicionales y genuinas, por ejemplo en el caso de Calcatreu, donde el DPA otorga el uso de agua a la minera en plena emergencia hídrica en desmedro de los productores de la Línea Sur
-          el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y en chacras frutícolas de Allen (decreto 1541/11)
Teniendo en cuenta que los delitos ambientales son de lesa humanidad, nos declaramos en alerta permanente en defensa del agua y la tierra, presupuestos esenciales para la vida.
“Si la vida que  tenemos no es digna, dignidad es luchar para cambiarla”

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
-          Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la megaminería de Viedma y Carmen de Patagones
-          Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Bariloche contra la megaminería
-          Asociación Civil Árbol de Pie – Bariloche
-          Asociación Ecologista Piuké – Bariloche
-          ATE Viedma
-          Bloque ARI Río Negro
-          FASP ­ Foro Ambiental y Social de la Patagonia – Puerto Pirámides, Madryn
-          ENDEPA – Pastoral Aborigen, Trelew
-          FM La Tribu
-          Foro Permanente por una Vida Digna - Viedma y Carmen de Patagones
-          Fundación Uñopatún
-          Juventud CTA Chubut
-          Quebracho Río Negro

UNIÓN DE ASAMBLEAS PATAGÓNICAS –

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

27 de noviembre de 2012

IV. Luchas abajo por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la democracia real


Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012 

LA UAC declara el estado de alerta máxima por la situación actual de Chubut
Atendiendo la situación que se vive en Chubut, denunciada recientemente por la Unión de Asambleas Chubutenses, donde se pretende habilitar la megaminería a pesar del expreso rechazo de los pueblos de la provincia, la UAC, en su plenario de San Juan decidió multiplicar fuertemente el estado de alerta máxima declarado desde Patagonia. Las Asambleas de todo el país apoyan a las comunidades del sur entendiendo que esta situación se replica en todas las provincias integrantes de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), haciendo responsables de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir a todos los gobiernos de las mismas.
Por esto, a continuación reproducimos e invitamos a difundir y reenviar el comunicado redactado en Trelew por las asambleas el 10 de noviembre pasado:

La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el día 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que:  Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut.
Comunicado/Documento de la Unión de Asambleas Chubutenses
Entendemos que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de nuestra provincia.
Por ello, advertimos:
1) La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.
Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país.
Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.
En forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:
a) El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto –tal como él mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira provincial.
b) El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.
c) El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.
Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.
Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero y jefes de comunas Mario Pichiñan, Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la población.
En el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.
Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que muchos están haciendo.
Trelew, Chubut, 10 de Noviembre de 2012.

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Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012 

Es delito utilizar agroquímicos fuera de la Ley

Santa Fe, 25 de noviembre de 2012

Legisladores a contramano                        
AAPRESID y la Sociedad de la Tierra Plana
Frente al contrapunto originado entre la agrupación política "PARES" y los voceros del agronegocio agrupados en Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), motivado en una propuesta de modificación del Código de Faltas provincial difundida por la Diputada Mónica Benas que apunta a sancionar específicamente las fumigaciones con agroquímicos "sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general” (1), desde la campaña Paren de Fumigarnos y los pueblos fumigados de Santa Fe afirmamos que nos hallamos frente a un falso debate.
Que los minúsculos grupos nacidos en los 90, promotores del modelo de agricultura tóxica y la siembra directa, contra toda evidencia, salgan a defender su comercio, es ya un clásico. Sus “razones” no van más allá de clichés y criterios anticientíficos cercanos a las que sostiene la Sociedad de la Tierra Plana (2) y no habrá evidencia que la creencia no pueda negar. La responsabilidad de la siembra directa en las recientes inundaciones, en palabras de responsables del Ministerio de Aguas de la provincia (3) es otro perjuicio económico que afrontará el erario público para seguir manteniendo artificialmente un negocio de pocos a costa de la salud y la vida de muchos.
El llamado de algunos referentes a desconocer las leyes (4) tampoco sorprende y se alinea con la conducta de sus socios de difundidas EXPOsiciones AGROpecuarias.-
Pero es por lo menos llamativo que mientras desde los pueblos fumigados se insiste en promover la condena penal de quienes atentan contra la vida y la salud de los habitantes de la provincia, en línea con la más moderna doctrina jurídica que tuvo su punto máximo en los procesamientos dictados en Córdoba por aplicación del Régimen Penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos nº 24.051, desde ámbitos legislativos se proponga rebajar esas conductas a la categoría de contravención.
Sin necesidad de agregar nuevas figuras, el Código de Faltas en su actual redacción contiene disposiciones dentro de las cuales bien podría quedar aprehendido el comportamiento de quienes realicen fumigaciones en violación a las disposiciones que regulan el uso de agroquímicos, entre otras, la de los artículos 57 (violación de normas de seguridad e higiene), 134 (emisión de gases y sustancias nocivas), 135 (utilización indebida de productos peligrosos) o 137 (atentado a ecosistemas), apuntando que las sanciones por aplicación del mismo han sido prácticamente nulas en comparación con las numerosas denuncias de violaciones registradas en los últimos años y no por falta de regulación.
El equívoco queda a la vista a partir de la jurisprudencia apuntada, que sentó la Cámara de Acusación provincial de Córdoba en el caso del barrio Ituzaingó Anexo disponiendo el procesamiento de los imputados por fumigaciones con agroquímicos (glifosato y endosulfán) realizadas en violación a leyes y ordenanzas -dos de los cuales resultaron posteriormente condenados- desde cuyo antecedente la discusión se encuentra en el ámbito del Derecho Penal por aplicación de la ley de Residuos Peligrosos que prevee penas de prisión de 3 a 10 años, agravadas si de la violación resultara la enfermedad o muerte de alguna persona.
Resulta paradójico que desde la institucionalidad, a la hora de aplicar leyes penales vigentes, la propuesta sea incorporar nuevas figuras, sin embargo frente a la necesidad de contar con normas que acentúen las regulaciones considerando especialmente el astronómico incremento de los litros/kg de agroquímicos utilizados y la constante introducción de productos cada vez más tóxicos, se sostenga que alcanzaría con aplicar la ley existente 11.273, pronta a cumplir 18 años.
Cuando la población reclama mayor protección, en línea con los principios que informan el derecho ambiental, tal como prescribe el art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, nuestros legisladores parecen transitar en sentido contrario.
El próximo jueves será la última sesión del senado provincial y los pueblos fumigados, como lo vienen haciendo desde hace dos años, intentarán que sus representantes se dignen responder el reclamo popular prohibiendo las imprevisibles fumigaciones aéreas y restringiendo las terrestres al menos 800 metros, avalado por miles de firmas y acorde a las constataciones realizadas por el Ministerio de Salud Provincial y los centenares de estudios científicos que bien harían en consultar quienes se lancen a opinar, de fácil acceso ya que fueron formalmente presentados por mesa de entradas del Senado; esta vez con la esperanza adicional de que los senadores, cuanto menos, hagan honor a la emblemática y gastronómica fecha que popularizó a los días 29 de cada mes.-
Campaña “Paren de Fumigarnos”.
Movimiento de Pueblos Fumigados – Santa Fe
Referencias:




Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

21 de noviembre de 2012

III. Luchas abajo por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la democracia real


Veinteene
Por Ulises Bosia. La clase trabajadora en el centro de la escena. Niveles de unidad insospechados, respuestas oficiales con resonancias neoliberales, novedades en el discurso gremial y mayores exigencias para las fuerzas políticas populares.  
El primer paro general convocado en casi diez años de gobiernos kirchneristas ya es historia. Reunidos en una conferencia de prensa, sus principales organizadores –la CGT moyanista y la CTA opositora- consideraron que la medida “superó las expectativas”. Según el dirigente estatal y líder de la CTA Pablo Micheli, fueron más de 300 los cortes realizados en todo el país. A lo que se sumó la huelga del poderoso gremio de camioneros, de los petroleros, de un sector de los aeronáuticos, de los bancarios, de los trabajadores del peaje, de los judiciales, de una parte de los ferroviarios, de los estatales de ATE, y de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros. Los líderes sindicales aseguraron que el acatamiento fue altísimo y tiraron la pelota del lado del gobierno nacional al declarar que ahora es el kirchnerismo el que debe responder los reclamos de las centrales obreras y que de no hacerlo los obligarían a programar nuevas medidas de fuerza.
Las principales reivindicaciones del paro fueron las que Hugo Moyano viene instalando desde hace ya varios meses: el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la universalización de las asignaciones familiares. Pero además, fueron incorporadas un conjunto de reivindicaciones que la CTA viene impulsando históricamente, como el aumento del salario mínimo, el 82% móvil para las jubilaciones y el rechazo a la llamada ley antiterrorista. Mayoritariamente se trata de reclamos al Estado, que quizás deberían ser complementados por la exigencia de ser financiados por los sectores más concentrados de la economía. De todas maneras, se trata de un conjunto de medidas que gozan de una amplia legitimidad en las organizaciones del campo popular, a tal punto que ni siquiera quienes se opusieron al paro las rechazan. La novedad, de la que es necesario tomar nota, es la incorporación al discurso moyanista del problema de los trabajadores y trabajadoras tercerizados, precarizados o en negro.
Frente a un verbo sindical raras veces permeable a la problemática del amplio sector del pueblo trabajador que se encuentra por fuera de la vida gremial, resulta positivo que se encare esta cuenta pendiente que hasta hace un tiempo era patrimonio casi exclusivo de sectores minoritarios del movimiento obrero y de la izquierda independiente. Indudablemente este cambio tiene que ver con la necesidad de Moyano de asumirse como un referente popular en función de su propia perspectiva política, traspasando los límites del férreo liderazgo sectorial del que gozó hasta ahora. De todas maneras, aún teniendo en cuenta las particularidades del empresariado argentino, hay que tener en cuenta que la precarización del trabajo en todas sus variantes no es un fenómeno casual o accidental sino que es una de las características más retrógradas de la era del capitalismo neoliberal que rige en el mundo. En consecuencia la lucha por el fin de las tercerizaciones y del empleo informal tiene grandes potencialidades y no es solamente algo que debe estar presente en los discursos ni en una demanda puntual sino que requiere para ser llevada a fondo de un proyecto político alternativo, porque representa un desafío al capitalismo dependiente que sufrimos día a día.       
Tras la jornada de cacerolazos del 8N en la que distintos reclamos de la clase media estuvieron en el centro de la escena política, mayoritariamente sustentados en el sentido común liberal que la caracteriza, es auspicioso que sean ahora los reclamos de la clase trabajadora los que estén en discusión. La misma presidenta tomó nota ya hace varios días de esta cuestión, razón por la cual se adelantó a liberar del pago de ganancias al medio aguinaldo de diciembre para los sueldos brutos menores a $25.000. Y por otro lado el discurso oficialista se centró en la supuesta extorsión de los cortes de accesos, rutas y avenidas pero no cuestionó en ningún momento la legitimidad de los reclamos. La utilización de argumentos más propios de quienes históricamente justificaron la represión de la protesta social, como el plenipotenciario “derecho a la libre circulación”, expresa también la incomodidad de un gobierno que no está acostumbrado a enfrentar demandas legítimas de gran magnitud ante las que no tiene una respuesta contundente.
Otra de las características del paro tuvo que ver con la capacidad de sus organizadores de reunir a un amplio espectro político al interior de la medida. Desde el ruralista Venegas, aliado de las patronales rurales y de lo peor de la derecha política, hasta el ferroviario Sobrero, referente del Frente de Izquierda, pasando por el gastronómico Barrionuevo, líder de la CGT Azul y Blanca, el conductor de la Juventud Sindical Facundo Moyano  y el referente social territorial Carlos Chile de la CTA. La demostración de que se trató de una inteligente política premeditada fue la conferencia de prensa del día de ayer, en la que se pudo escuchar desde vivas a José Ignacio Rucci hasta la exigencia de la adecuación a la Ley de Medios de los monopolios y reclamos al gobierno por la aplicación de la ley para los medios de comunicación populares y alternativos. Cada sector aplaudía lo suyo, por supuesto, pero lograron la unidad de acción necesaria para generar este hecho político. Por otro lado, en cada corte pudieron verse también banderas de distintas organizaciones de izquierda y populares, que vieron facilitada su participación por la modalidad de la medida de fuerza.       
Finalmente, resta llamar la atención del lector sobre la transformación que a lo largo de este año sufrió el discurso kirchnerista. De unas elecciones realizadas bajo la consigna de “profundizar el modelo”, se pasó ahora a “cuidar mucho lo que tenemos”, como afirmó ayer la misma presidenta. Se trata de un reflejo del cambio en la situación política más general. Nos acercamos a fin de año, y antes del pan dulce y la sidra, ya podemos ir aventurando los primeros e incompletos balances del 2012. Es evidente que tras un periodo de alza de la conflictividad social el gobierno nacional ya no se encuentra a la ofensiva, sino que redujo su hegemonía política. De todas maneras la oposición no ha logrado hasta ahora fortalecer sus liderazgos, en gran medida por su incapacidad de formular un modelo alternativo de país. Lo que le permite al kirchnerismo continuar dominando cómodamente la situación política. Además, se trata de una fuerza política capaz de remontar situaciones muy difíciles sin bajar sus banderas, como quedó demostrado tras el voto no positivo de Julio Cobos en el 2008. Tras el 7D será posible completar la pintura y así evaluar con más elementos el cierre del año.
Si el 8N ponía en evidencia la ausencia de una representación política para la clase media que asumiera las banderas del liberalismo y el egoísmo social, el 20N también plantea un problema similar para las organizaciones de izquierda y populares. No existe hoy por hoy una fuerza política que logre representar políticamente los reclamos de la huelga con la capacidad de articular con amplios sectores buscando una superación de la experiencia kirchnerista y así convertirse en una opción real para nuestro pueblo. En esa ausencia se asientan los sectores más reaccionarios que intentan aprovechar la medida de fuerza para acumular para su propio molino, como es el caso de la Sociedad Rural. 
Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/97-analisispolitico/2531-veinteene

III. Luchas abajo por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la democracia real


Argentina, Catamarca: Andalgalá militarizada (dictadura minera)
Por: RED ECO

La Asamblea El Algarrobo denuncia que desde hace cuatro sábados las fuerzas policiales de la ciudad, con la ayuda de personal policial de la ciudad de Belén, Pomán y la propia ciudad de Catamarca a través de la fuerza especial de choque "Grupo Kuntur" realizan una valla para que las caminatas solo puedan realizarse alrededor de la plaza. Compartimos el comunicado de denuncia de la asamblea.

En la noche del sábado 17 de noviembre, el pueblo de Andalgalá, volvió a manifestarse en contra de la pretendida instalación de Minera Agua Rica, es decir sigue caminando todos los sábados en forma consecutiva contra el modelo extractivo de destrucción, contaminación y saqueo, como lo viene haciendo hace más de dos años y medio con 155 caminatas sin interrupción. Pero esta vez lamentablemente tenemos que denunciar que las "fuerzas policiales" o las "Fuerzas del Orden", vienen vallando a la ciudad de Andalgalá hace cuatro sábados para circunscribir las caminatas solo alrededor de la plaza, pues no nos permiten realizar la caminata por frente al galpón de la empresa minera (Agua Rica-Alumbrera), ya que como producto de la corrupción política de los tres poderes del Estado, prefieren preservar los intereses de la empresa, por encima del derecho del pueblo, como la libre circulación, la libertad de expresión y el legítimo derecho a la protesta (derechos que son la columna vertebral del sistema democrático).

No obstante la militarización de la ciudad de Andalgalá, con ayuda de personal policial de la ciudad de Belén, Pomán y la propia ciudad de Catamarca a través de la fuerza especial de choque "Grupo Kuntur", ANDALGALÁ HA PERDIDO EL MIEDO y sale a manifestarse igual, repudiando también el actuar de la Policía de la Provincia.

Ya es un hecho, Andalgalá vive un Golpe de Estado Minero al que los pobladores se resisten y levantan su voz en defensa de las libertades individuales y colectivas, tanto como la defensa de nuestros BIENES COMUNES.

No admitiremos que el poder de unos cuantos intenten imponernos el cómo tenemos que vivir. Andalgalá está poniendo en práctica la AUTODETERMINACIÓN de nuestro pueblo, y no acepta la corrupción, la mentira política y la violencia institucional, más tarde o más temprano los actores políticos de hoy, el día de mañana los veremos tras las rejas tal como se lo merecen, ya que los DERECHOS HUMANOS no son solamente los que reivindica actualmente el Gobierno Nacional, los de la década de los 70, hoy los DDHH son mucho más que eso, como el acceso al agua, a ser consultados sobre sus recursos naturales, entre otros tantos.

Desde la Asamblea el Algarrobo repudiamos este accionar policial de la provincia con la complicidad del gobierno nacional y muchos organismos estatales que debieran de actuar de oficio en contra de todo el atropello que viene sufriendo la comunidad de Andalgalá.
 Fuente: http://www.argenpress.info/2012/11/argentina-catamarca-andalgala.html

II. Luchas abajo por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la democracia real

Argentina. Derechos Humanos en Jujuy: Una cuenta pendiente de la democracia
Por: ARATIRI - ANA - AGENCIA WALSH
Nota de los organismos de DDHH de Jujuy, en la que se denuncia, que efectivamente, las "persecuciones y amedrentamientos a compañeros de San Pedro de Jujuy, a "testigos en los juicios de la última dictadura militar, no son casos aislados. La impunidad deja libres al 95 por ciento de los genocidas y aquellos pocos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente con la posibilidad de seguir manteniendo su accionar represivo".

Desde hace meses, distintas organizaciones de Derechos Humanos de San Pedro de Jujuy, venimos denunciando que en plena democracia se repiten una y otra vez por parte del aparato policial provincial, las mismas prácticas represivas sufridas en los peores años de la dictadura. Aún más, en algunos de los lugares donde la dictadura patronal-militar ejerció las más duras vejaciones, hoy en día agentes de las fuerzas del Estado recurren a los mismos métodos.

Desde la criminalización de la protesta, pasando por torturas, persecución a los que luchan, hasta la represión abierta y la militarización, son algunos de los aspectos que conforman la política de control social necesaria para sostener un sistema económico y socialmente injusto en el que se benefician unos pocos. Estas herramientas de disciplinamiento de la cual son victimas los sectores populares, son implementadas para que los trabajadores y el pueblo no se organicen ni protesten en las calles, para producir terror y perpetuar la impunidad.

Hemos realizado en los últimos tiempos reiteradas denuncias, legales y públicas, que exponemos a continuación.

Los juicios a los genocidas
La desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, no son una excepción. Las persecuciones y amedrentamientos a compañeros de San pedro de Jujuy, testigos en los juicios de la última dictadura militar, no son casos aislados.

La impunidad deja libres al 95 por ciento de los genocidas y aquellos pocos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente con la posibilidad de seguir manteniendo su accionar represivo. El mismo contexto de los juicios de la dictadura mantiene intranquilos a las redes de solidaridades entre agentes de la represión de fuerzas provinciales e incluso federales que mantienen sus vínculos de intereses, camaradería y prácticas arrastradas desde la dictadura sin visibles modificaciones.

El Estado es responsable de garantizar la seguridad de los testigos, los querellantes y familiares. Para eso, la única protección valida para los sobrevivientes, los testigos y para el pueblo, es que todos los genocidas sean condenados a cárcel común, perpetua y efectiva.

A pesar de las primeras denuncias presentadas por una sobreviviente testigo que incluyeron la exposición de esta situación en distintas dependencias públicas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura o Fiscalías no han dado respuestas, no ha habido hasta ahora una acción concreta por parte del Estado Provincial ni tampoco una correcta visualización mediática de esta realidad, más que la que puede brindar el acompañamiento de los medios comunitarios de la provincia.

La inacción pública y la invisibilización mediática de esta realidad acrecientan la sensación de impunidad que amedrentan sin medias tintas a víctimas y familiares.

Torturas en las celdas de San Pedro Jujuy

La represión tras las rejas es una situación que se extiende a todas las cárceles y comisarías del país, ya sea que dependan de fuerzas provinciales, bonaerense, federal o del servicio penitenciario

Como bien sabemos, a la cárcel van los pobres, el pueblo trabajador. Las cárceles, lejos de intentar rehabilitar, son parte de este aparato de control social.

Sabemos por testimonios de pibes detenidos por toxicomanía, brigada de investigaciones y seccionales de San Pedro de Jujuy que son frecuentes las torturas en las cárceles.

Uno de tantos casos es el de MARTÍN GÓMEZ, apodado "Sonrisa". Él había sido "levantado" varias veces por la Brigada de Investigaciones, y de todas las acusaciones que se le hicieron nunca se pudo comprobar nada. Una vez lo sacaron maniatado de la casa de una amiga y lo llevaron a la Brigada de Investigaciones donde lo esposaron con las manos para atrás, le tiraron agua fría y le pusieron una bolsa en la cabeza. Mientras soportaba estos tratos, veía como los policías ponían a hervir agua, que suponía que era para que ellos tomen mate. Jamás se imaginó que esa agua hervida iba a ser para su cuerpo. Una vez quemado y golpeado, lo llevaron a la Comisaria de la Esperanza, para llevarlo finalmente en el Hospital de la Esperanza donde quedaron registradas las curaciones de las quemaduras y los golpes. Ante estos hechos, el padre de Martín se dirigió a la fiscalía para registrar la denuncia de lo sucedido, pero el secretario del fiscal se negó a tomarla arguyendo que el fiscal no podía atenderlo en ese momento y que lo llamaría para hablar del tema, llamado que nunca existió.

Estos no son los únicos hechos que sufrió Martín. Su padre, cuenta como en una oportunidad un policía le dijo a su hijo: "He Sonrisa dejate de joder, ¿cuanto querés de plata para que te calles, para que te quedes piola?" Pero él no acepto. Su hijo también le contó que un policía de la Brigada de Investigaciones de apellido Barbosa era el "perro torturador". También, que en varias ocasiones, un policía retirado y algunos policías en actividad lo obligaban y lo llevaban a Jujuy y a Bolivia para traer y vender droga, particularmente paco, como les sucede a muchos chicos de San Pedro. Martín sabia muchas cosas de la policía, sabia quién y como vendían y proveían de droga a los chicos. Sin embargo, más allá de haber sufrido todos estos hechos, no dio nombres, tal vez para proteger a su propio padre.

En una de esas tantas veces, a Martín lo mataron. Ese día había estado toda la tarde mirando el partido de Boca Juniors con el padre, al que saludó diciendo "ya vuelvo", pero nunca volvió. Según la policía, Martín entro a robar a una casa (que justamente era de un policía) y en su afán de querer escapar quedó atorado, asfixiándose con la campera que llevaba puesta. Los vecinos vieron su cabeza salida por un ventiluz del baño de la casa, la cual apuntaba hacia el cielo. Esta situación desde ya que genera sospechas, pues ninguna persona intenta escapar por un lugar donde no cabe su cuerpo (Martín media 1,85 m). Cuando el padre intentó tener acceso al expediente no se lo permitieron. El certificado de defunción dice "muerte por asfixia". Cuando una persona muere asfixiada queda en su rostro una expresión de desesperación pero Martín, haciendo honor a su apodo, yacía en su ataúd con una sonrisa en su rostro y un hematoma en una de sus mejillas.

También está el caso de Cristian Marquet que fue secuestrado por toxicomanía en la plaza general Manuel Belgrano, a plena luz del día. Él contó que cuando lo llevaban, un policía decía por radio: "a que no saben el regalito que les llevo, prepárense para el baile". Una vez en la comisaría, lo desnudaron, lo torturaron con golpes, picana eléctrica y le pusieron una bolsa en la cabeza. Cuenta que en un momento de la tortura escuchó, a lo lejos, la voz de su hermana reclamando por él, mientras se iba desvaneciendo ante la falta de oxigeno. La presencia de su hermana fue fundamental, como él mismo cuenta: "si mi hermana no hubiera ido me matan".

Un policía ordenó que lo manguerearan para quitarle la sangre del cuerpo. Los policías de toxicomanía le dijeron a su hermana que Cristian no se encontraba en ese lugar, que pregunte en la Brigada de Investigaciones o en la 9na. Cristian estuvo desaparecido por varias horas. Luego lo llevaron al hospital Paterson, pero como había mucha gente lo llevaron al Hospital de la Esperanza. Cuando la hermana tuvo contacto con organismos de DDHH, dos personas en un auto particular (señalado por los damnificados como auto de propiedad de uno de los agentes de toxicomanía) que se hallaban parados en la esquina de su casa, la siguieron y le tiraron el auto encima, sin dañarla. En ese ínterin le dijeron: "dejate de joder con los DDHH porque te vamos a matar a vos y a tu familia".

Otro de los casos es el de un joven que es increpado en una plaza de su barrio al grito de "¡contra la pared!". Antes las preguntas por el motivo de la detención, empiezan los golpes y amedrentamientos: "cooperá, cooperá, ¡quedate quieto!, ya vas a ver vos...", le decían. Lo ponen de rodillas y comienzan a berduguearlo y a golpearlo más fuerte, ajustándole las esposas al punto de lastimarlo. Lo suben a la camioneta y ante la reiteración en el pedido de explicación del motivo de la detención, se inician los gritos, lo tiran al piso y se suben sobre él, para golpear su espalda con las botas, a la par de piñas y cachiporrazos que recibe sobre las costillas. Ante el pedido de que detenga los golpes y que le afloje las esposas, la situación se encrudece. Por el dolor de tantos golpes se desvanece, dejando de sentir dolor pero escuchando las palabras del policía: "éste se está haciendo, ¿sabes cómo lo voy a despertar?". Entonces el joven escucha el ruido de un abrojo, como el de la funda de la pistola, el policía la remonta y se la apoya sobre la cabeza, quedándose un rato quieto mientras los otros se reían. Al ver que no reaccionaba, le pega tres culatazos en la nuca y queda como inconsciente, pero podía escucharlos. Lo sacan de la camioneta arrastrando para meterlo en la comisaria, pero no llegaron hasta la puerta y deciden llevarlo al hospital. Lo vuelven a tirar en la camioneta, y le tiran agua como para intentar despertarlo, mientras escucha: ¿cómo lo bajamos de la camioneta? ¿cómo lo bajamos? la gente nos va a mirar mal. Luego, despierta en una camilla.

Ante tales hechos, la abuela del joven intenta hacer una denuncia en la Regional Nº 2 de San Pedro de Jujuy, pero no quisieron tomársela. Ante ello, la abuela los amenaza con los medios televisivos nacionales, logrando que le tomen la denuncia. A su vez, al darse cuenta que era un chico con retraso mental, ordenan quitarles las esposas, ya que estaba esposado a la cama donde se encontraba internado.

Por otra parte, está el caso de Diego Constancio. El día 3 de Agosto de este año a las 22:30 horas, estaba sentado en la puerta del kiosco "Sadica" del barrio Salvador Mazza junto a unos amigos, luego de haber jugado al futbol. Se arrimaron tres móviles de la policía y les dijeron: "tranquilos changos que es un allanamiento". Los policías entraron al kiosco y en ese momento Diego ve como un agente de toxicomanía llamado Facundo Quiroga arrojó una bolsita transparente con letras rojas hacia un cajón de Coca Cola que estaba dentro del kiosco. El policía se da cuenta de que Diego lo ve y ante ello sale afuera, esposando a Diego y sus amigos para llevarlos a la comisaría y hacerles una requisa. Ya en la comisaría, les piden que se saquen los cordones de las zapatillas y los metieron en una celda. Después de media hora se arrima Facundo Quiroga y dice: "Constancio vení y no te hagas el canchero". Lo esposan por la espalda y lo meten al baño a los empujones, por lo que cae de rodillas. Entonces Facundo Quiroga lo agarra por detrás y le tapa la boca diciéndome: "cállate la boca hijo de puta". Un tal "Panqui", que estaba frente a él, comienza a darle golpes de puños. Luego Facundo Quiroga le dice: "cállate o te meto la cabeza abajo de la canilla. Y de lo que viste no le digas nada a nadie". Después de eso, lo llevaron de vuelta a la celda, quedando detenido 19 horas.

El día 25 de Septiembre, a las 15 horas Diego se encontraba con su novia en la avenida Uruguay de San Pedro de Jujuy. En ese momento Facundo Quiroga frenó su moto y le dijo: "¿que te dije a vos? dejá de boludear porque sino te vas a comer el mismo garrón que se comió "quique" es más!!! te puedo hacer desaparecer". El día 28 de Septiembre Diego tenía que declarar en el juzgado federal Nº 2 en la causa caratulada Sotelo Enrique y Otros (expediente N° 430/12) atestiguando lo que vio.

El día domingo 07 de Octubre, los agentes de policía federal acuden a su casa preguntando por él y su familia le dijo que no estaba. Los policías le dijeron que se tenía que presentar en la Policía Federal de San Pedro para declarar el porqué de su desaparición, (sin citación de por medio) ya que, a raíz de las amenazas de Facundo Quiroga, había desaparecido por miedo. Viendo la insistencia de los federales, Diego, junto a su mamá, una vecina y el chico que lo ayudó a esconderse fueron a la seccional de la federal para declarar el motivo de la desaparición, quedando asentado todo y argumentando que el compañero Dr. Pelau Ruarte había presentado un habeas corpus a su nombre y que había realizado la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ante la Dra. Natacha Freijó.

Criminalizaci
ón de la pobreza
Junto
con el hecho de reprimir a aquellos que se organizan, reprimen a los pobres y a los jóvenes. El objetivo de reprimir a los pobres y jóvenes es para que no se organicen.


Recordamos otro caso de un joven. El sábado 6 de octubre de 2012, a las 23:00 horas, aproximadamente, fue llevado (esposado) por dos policías a la guardia del Hospital Paterson. Fue golpeado por la policía presentando una herida sangrante en el labio superior causada por una patada. El joven nos cuentan: "estuve tomando un vino con unos amigos y estos me llevaron porque me tienen bronca, una vez me agarré a trompadas con uno que me pego. Pero eso ya fue. No entienden que yo cambié, que pregunten en mi barrio". Cuando fue atendido por el Dr. Barros que le pregunto qué le había pasado, dijo: "me metieron una patada con los botines". El policía se apresuró a decir que se "había caído". Fue atendido por el cirujano Dr. Gutiérrez Fernando y llevado nuevamente a la comisaría.

El día domingo 7 de octubre de 2012 a las 04:00 hs, aproximadamente, la madre de un joven de 22 años, de Arrayanal, cuenta que su hijo fue golpeado por la policía de toxicomanía. Le dieron patadas dejándolo rengo y con el cuerpo dolorido. Estaba muy asustado.

Un hombre de 30 años, de Arrayanal, manifiesta que fue golpeado también por la policía de toxicomanía, lo agarraron en la calle le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon. Mientras éste les decía, "esto no va a quedar así voy a buscar un abogado". Fueron atendidos por el médico residente Dr. Herbal y fueron llevados por los policías que estaban vestidos de civil.

El domingo 14 de Octubre de 2012 Pablo Martín Juárez, se encontraba haciendo un remplazo a una compañera de trabajo en Admisión de la guardia de adultos del Hospital Guillermo C. Paterson. Siendo las 15 horas aproximadamente ingresa una ambulancia del puesto de salud de Palmasola con un paciente en grave estado. Los camilleros de la ambulancia, contaron que a este señor de 35 años, aproximadamente, lo llevó la policía de Santa Clara al puesto de salud de Palmasola porque lo había encontrado en la vía publica tirado y sangrando pero parece ser que ésta persona fue golpeada por los policías y luego llevada al puesto de salud para ser derivado al Hospital Guillermo C. Paterson de San Pedro y luego derivado al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. El paciente presentaba golpes muy contundentes en la cabeza estaba inconsciente, le salía mucha sangre por el oído izquierdo, presentaba muchos cortes en el cuero cabelludo. Por las placas radiográficas se supo que tenía el cráneo partido en varias partes (politraumatismo de cráneo). Luego se presentó el hijo, de unos 18 o 20 años aproximadamente, quien dijo que a él le habían dicho que a su papá lo golpeo la policía. Hablé con el chico y le pedí que trate de averiguar y avisarme. No lo hizo.

Por último, está el caso de José Ramón Jiménez de 36 años de edad de profesión Ingeniero Civil (Sobrino de un compañero Ex - Preso Político) El día sábado 20 de Octubre del corriente año a horas 04:20 aproximadamente, salía del boliche bailable conocido como "La Farola", ve a una persona conocida junto a otras personas, a las cuales invita a subir a su vehículo para trasladarlos, a 300 mts. del lugar comienza a seguirlo la policía en el móvil y el móvil policial se le cruza para hacerlo detener, hace marcha atrás para darse espacio y volver a salir por lo cual ellos continúan con la persecución y en la calle Paterson y Uruguay gira hacia el Barrio Divino Niño Jesús y a la altura de la estación transformadora el móvil policial vuelve a cruzarlo con el vehículo y ahí detiene la marcha, los policías abren la puerta del vehículo de José, lo toman del cuello y le tiran al piso boca abajo, lo esposan con las manos atrás y lo golpean, le dan patadas y bastonazos en la espalda y en la cara, lo levantan, lo suben al móvil policial junto con las personas que estaban con él, y fueron trasladados a la Seccional N° 9. En ningún momento les pidieron identificación. A hs. 09:00 lo trasladan al Hospital Guillermo C. Paterson, junto a una de las personas que detuvieron con él y en el Hospital, la Señora Zalazar Mercedes toma sus datos, quien lo reconoce como sobrino de Juan Jiménez y recién, en ese momento puedo dar su número de teléfono para que le avisen a sus padres sobre la situación. En la guardia constatan que tenia tres costillas del lado izquierda quebradas, y ahí el Dr. Barros da la orden de internación, se quedó ahí con custodia policial hasta el día miércoles y esposado los dos primeros días en la cama del Hospital. El día domingo, el Dr. Arrendó que ingresa a la guardia, viendo la radiografía detecta un neumotórax y le realiza un drenaje. La lesión era compleja para el Hospital Paterson, por lo que fue trasladado ese día. El día 31 a hs. 09:00 le dan el alta médica.

Frente a la represión: unidad, organización y lucha!Queremos denunciar estos hechos para fortalecer la democracia y exterminar la impunidad. Pedimos a la justicia que tome cartas en el asunto. El pueblo está cansado de tanta impunidad.

Entendemos que resulta imprescindible la solidaridad de todos los compañeros, organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos y de la sociedad toda.
 Fuente: http://www.argenpress.info/2012/11/argentina-derechos-humanos-en-jujuy-una.html