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9 de octubre de 2017

“El Che está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de luchadores por la justicia social y la hermandad entre los seres humanos”. ¿Por qué?


A 50 años de su asesinato
El Che de este tiempo

9 de octubre de 2017

Por Manuel Cabieses Donoso (Punto Final)

El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato en Bolivia del comandante Ernesto Guevara de la Serna. Cuando el Che fue ejecutado en la escuela de La Higuera, tenía 39 años. Una vida breve e intensa. Lo profundo de sus ideas y el filoacerado de su acción, lo sitúan entre los grandes revolucionarios del siglo pasado. El Che está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de luchadores por la justicia social y la hermandad entre los seres humanos.
En una época árida en valores éticos, el legado más importante del Che es su ejemplo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo fundamental de su mensaje consiste en que un dirigente no puede llamar a luchar si no estádispuesto a correr los mismos riesgos que sus camaradas. El hombre nuevo es el dirigente que no aprovecha su cargo para disfrutar de privilegios o para hacer la vista gorda con la corrupción. El Che fue ejemplo de modestia y honestidad como ministro de Industrias y presidente del Banco Central de Cuba antes devolver a la lucha guerrillera. Los hombres y mujeres que se inspiran en el Che, en especial los jóvenes, sienten repugnancia por la corrupción, el acomodo y la ambivalencia de la política incrustada en el sistema.
No hay que confundir el ejemplo del Che con posiciones dogmáticas y sectarias. Su integridad moral y claridad política se basaban en una comprensión integral de la realidad de su época y en las características sociales del ser humano de su tiempo. Como fruto de un conocimiento directo de América Latina, el Che forjó el pensamiento socialista y antimperialista que lo llevó en México a incorporarse a la gloriosa aventura de los 82 expedicionarios del Granma encabezados por Fidel Castro.

En su práctica cotidiana el Che hizo suya la afirmación de Fidel: “Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigo ni enemigo” La Historia me Absolverá , septiembre, 1953).
Su legado es un llamado a rebelarse contra la injusticia en todo tiempo y lugar. Sentir en carne propia la humillación que sufre cualquier ser humano sin importar su raza, nacionalidad ni creencias. Esto llevó al Che a combatir en Africa y a encabezar un proyecto de liberación continental a partir de la guerrilla en Bolivia.

Su derrota no demuestra que el Che estuviera equivocado en el horizonte estratégico de su proyecto. Es evidente que América Latina necesita liberarse de la dominación y explotación imperialista. La ruptura de esa dependencia es necesaria para despejar la vía a un desarrollo económico, social y cultural que permita al ser humano convertirse en protagonista de su propia historia.

El pensamiento del Che, que llamó a desconfiar siempre del imperialismo, muestra su vigencia al confrontarlo con las recientes amenazas de destruir la República Popular Democrática de Corea, estrangular la revolución bolivariana de Venezuela o hacer cada vez más duro el bloqueo deCuba. Los casos de Irak, Afganistán, Libia y Siria demuestran que el imperio es capaz de cometer esas y peores atrocidades.

El desarrollo pleno de sus capacidades, gracias a las tareas que cumplió en la Revolución Cubana llevaron al Che a descubrir las grietas que producirían el colapso de la Unión Soviética.La monumental obra del esfuerzo y heroísmo de millones de seres humanos de ese país, padecía el cáncer de la burocracia y la corrupción de su elite gobernante. No sólo fue el derrumbe soviético de 1991. También desaparecieron -o quedaron reducidos a la insignificancia- casi todos los partidos comunistas cortados por la tijera stalinista.

El derrumbe del “socialismo real” produjo una profunda crisis ideológica, sumiendo a los trabajadores en la indiferencia como forma de rechazo pasivo a las prácticas corruptas de los partidos cooptados por el capitalismo. Esta crisis plantea la necesidad de construir nuevos instrumentos de lucha política y social. Es una batalla que se libra en el terreno de las ideas y en la esfera de la acción-ejemplo. Se trata de recuperar la relación dialéctica entre los movimientos sociales y los partidos, bloqueada por una burocracia oligárquica que aún persiste en muchos lugares. En este proceso de revolución cultural para reconquistar conciencias para el socialismo del siglo XXI queda aún mucho camino. Hay que barrer, por ejemplo, con el fetichismo de un Estado omnipotente e infalible que convirtió al socialismo -que significa poder popular y derechos humanos, políticos y sociales- en su opuesto: un estatismo vulgar y ramplón que minó la fortaleza de la ideología revolucionaria.
Los rebrotes de socialismo de esta época van recuperando la frescura y atractivo de su matriz original. La tarea consiste en sembrar conciencia y crear organización para construir el poder del pueblo. El socialismo de hoy se inspira en el Che y crece en el seno de los movimientos sociales. Su lucha debe madurar todavía en instrumentos políticos de mayoría democrática para cambiar el rumbo suicida y devastador que el capitalismo impone al mundo.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 885, Santiago de Chile. www.puntofinal.cl

   

V. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

Viaje al corazón de Vaca Muerta
¿Del "consenso de los commodities" al "consenso antiindígena"?
14 de septiembre de 2017
 
Por Maristella Svampa (Nueva Sociedad)

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno a los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.
 
Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.
 
El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.
 
Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más sólidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), destacaba que, sólo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones.
 
Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente.
 
Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de dicho convenio por parte de la legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner), rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.
 
Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.
 
La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impediría el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se de la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.
 
La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas veinte comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas pero el gobierno sólo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.
Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.
 
Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aún en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.
 
Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. No sólo el racismo contra los indígenas sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que éste cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia, y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26.160, que vence a fines de 2017.
Hoy más que nunca la prórroga de dicha ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Dicha intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.

http://nuso.org/articulo/del-consenso-de-los-commodities-al-consenso-antiindigena

IV. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

Un plan sistemático para 
desaparecer a los pueblos originarios
11 de septiembre de 2017
 
Por Darío Aranda (La Izquierda Diario)
 
Desalojos y represión como política de Estado contra los pueblos originarios. La disputa por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos indígenas y dejan caer una ley clave.
Violencia contra indígenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de Jujuy. Presiones a guaraníes en Corrientes. Represión a mapuches en la Patagonia. Es el contexto de la situación de los pueblos originarios de Argentina, con un agravante: oficialismo y oposición coinciden en dejar caer una ley clave (26.160) que frena los desalojos indígenas.
“Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustín Santillán (wichí de Formosa) continúan presos de forma arbitraria.
 
Casos testigos
La comunidad Chapa’í, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.
“Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa’í, que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.
De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y viviendas.
La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa’í. Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.
En Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa que amenazaron al cacique.
“Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.
En Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indígenas.
En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.
Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro, de la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta se redobló la presión sobre los territorios. Las comunidades mapuches exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros.
La última avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de seis integrantes de la comunidad Campo Maripe. Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.
“Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.
Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”, resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel.
Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.
Situación nacional
Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.
Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI), la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017.
“Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”, cuestionó Amnistía.
La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.
Senadores
En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo.
Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.
Según información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.
Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio, alertó el organismo.
El jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prórroga.
De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.
Entre los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.
Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.
 
Desaparecer
Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno (y a los anteriores).
“Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”, cuestionó el Nobel de la Paz.
También denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner”.
Marcos Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los indígenas que luchan por sus derechos.
En un audio que circuló entre comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (...) La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.

    

III. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

El caso Maldonado y el reclamo Mapuche

“Queremos ponerle un freno a 

Benetton en la Patagonia”
28 de agosto de 2017



Así lo afirmaron a este medio desde el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo cuyo reclamo era apoyado por Santiago Maldonado al momento de su desaparición. Una referente aborigen, quien fue una de las últimas personas en ver al artesano, dio detalles de lo ocurrido

Santiago Maldonado es un joven artesano que se encuentra desaparecido desde el pasado 1º de agosto. Según declararon distintos testigos, fue visto por última vez en momentos en que era detenido por efectivos de la Gendarmería nacional durante la represión de una protesta en el lof (comunidad) mapuche de Cushamen, cabecera del departamento homónimo, al noroeste de la provincia de Chubut.
“Lo que sabemos de lo que pasó el 1º de agosto en Cushamen es lo que venimos denunciando desde la pu lof (comunidad aborigen). Pero, si bien ese día hubo un desenlace tremendo, esto no empezó el 1º de agosto, sino que viene dándose una situación de escalada de violencia desde que recuperamos el territorio, el 13 de marzo de 2015. Esa porción de tierras había sido usurpada por Carlo Benetton, un empresario italiano, pero ancestralmente pertenece al territorio mapuche como una colonia pastoril”, explicó a diario Hoy Soraya Maicoño, miembro de la pu lof Cushamen, quien hace las veces de vocera de Facundo Jones Huala.
Jones Huala es un líder mapuche que se encuentra preso en el penal de Esquel y cuya extradición es reclamada por el gobierno de Chile, que lo acusa de haber incendiado estancias y bosques en el vecino país. Según Maicoño, “esas tierras habían sido entregadas al lonko (jefe de una comunidad mapuche) Nahuelquir hace más de cien años. Después pertenecieron a la colonia inglesa, debido a un acuerdo con el Estado argentino a cambio de armas, y en 1992 el gobierno de Carlos Menem vendió una parte de esas tierras a Benetton, quien fue corriendo el alambre y ocupando cada vez más esa colonia pastoril”.
Cabe recordar que el magnate Benetton lidera un holding empresario de estrechos vínculos con la familia del Presidente Mauricio Macri. En mayo pasado se conoció que el multimillonario italiano hizo una oferta para comprar Abertis, que en la Argentina administra la Panamericana y el Acceso Oeste. Se trata de uno de los negocios en los cuales participan los Macri.

Mina de oro
Si bien a Benetton se lo conoce por el imperio textil italiano que conforma, Maicoño asegura que el verdadero interés del multimillonario no está en la lana de las miles de ovejas que esquila en la Patagonia -y que utiliza para sus telas- sino en el negocio minero. Así, a través de la compañía Minsud Resources Corp., que comparte con sus hermanos, Benetton buscaría profundizar la explotación minera en el sur argentino y contar con materia prima barata para su negocio de joyas.
“Se decidió recuperar el territorio porque es ancestral, es parte del pueblo mapuche, pero además porque queremos ponerle un freno a determinados emprendimientos mineros que tiene este magnate con miras a explotar ese territorio, lo que ocasionaría más pobreza y provocaría que la gente abandone las tierras con consecuencias graves en nuestra cultura y prácticas cotidianas”, refirió la referente aborigen, y afirmó que “por eso empezó esta escalada de violencia en la que se judicializó a muchos hermanos mapuches”. Según enumeró, “el 27 de mayo hubo una detención de varios de ellos, entre quienes estuvo el lonko Jones Huala. Hubo represión, quemaron nuestras casas, se llevaron las supuestas armas que tenemos, que en realidad son herramientas de trabajo como palas, rastrillos y motosierras. En enero de este año tuvimos otra situación muy parecida a la que sucedió en agosto con Gendarmería e Infantería por el tren La Trochita, que funciona para el turismo. Nos reprimieron nuevamente, con mucho maltrato hacia las mujeres y los niños, y se llevaron detenidas a tres personas”.
¿Qué ocurrió en las horas previas a la desaparición?
Soraya Maicoño fue una de las últimas personas que vio a Santiago Maldonado antes de su desaparición. En diálogo con este medio, relató: “El lunes 31 de julio, Gendarmería hostigó nuevamente a nuestra pu lof (comunidad aborigen) y dio la orden a través del juez Otranto de que se levantara el corte de ruta, lo que ocurrió. El 1º de agosto, muy temprano en la mañana, me llamó un lamien (hermano) de pu lof para decirme que la Gendarmería había estado tiroteando y que fuéramos a ver qué estaba pasando”.
Según contó la referente aborigen, “en ese momento me acerqué a la lof con otra lamien y pude ser testigo de ese hostigamiento: entraba y salía Gendarmería del territorio sin tener incidencia, porque es tierra provincial, por lo que no podría pasar. Me retiré a las 10.30 y a las 11 me detuvieron frente al casco de la estancia de Benetton, que está de un lado de la ruta. Del otro lado está la comisaría del magnate. Allí estuve detenida hasta las 18.30. Allí vimos, después de las once, mucho movimiento en dirección al campo. Salieron todas las camionetas hacia ahí y entonces fue cuando ocurrió toda la situación, lo que se mostró en algunos videos filtrados”.
“Eran siete hermanos mapuches que estaban defendiendo a la familia, el territorio, contra 80 ó 100 efectivos. Por eso decidieron resguardarse de las balas y los golpes. El único que no logró protegerse, por no conocer el territorio, fue Santiago Maldonado”, narró.
Según Maicoño, Maldonado “se tiró al río pero, lo que más relatan nuestros lamien, es que las balas rebotaban en el agua y seguramente a él le dio mucho miedo cruzarlo. Ahí fue cuando lo detuvo Gendarmería. Otros lamien pudieron ver cómo golpearon a alguien y lo subieron a un camión Unimog. Tenemos fotos de las marcas del vehículo, que intentó llegar lo más que pudo al río, y luego salió hasta el cruce Maiten. En ese punto es donde se detuvo y se pudo ver cómo bajaban algo del vehículo”.

Fuente: https://diariohoy.net/politica/queremos-ponerle-un-freno-a-benetton-en-la-patagonia-103777

II. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

"Nosotros no reconocemos fronteras, 

nuestro pueblo abarca de mar a mar"

A pocos kilómetros, en Vuelta del Río, está la zona ocupada. Jessica, una mapuche que vino de Esquel, se acomoda su pañuelo palestino en la cabeza a la puerta de una precaria cabaña de vigilancia. Con un fuego al aire libre –viven sin agua corriente ni electricidad- cocinan una carne e intentan esquivar el frío. Algunos usan pasamontañas para evitar ser reconocidos. “ Benettones el foco del conflicto por su peso político. El objetivo de fondo es fortalecernos como pueblo”, cuenta Jessica. Mirtha, de rasgos más claramente indígenas, bajó de las reservas de Cushamen: “Ellos tienen balas, nosotros piedras. Sabemos que están desesperados por sacarnos. Pero no van a poder”, dice con seguridad. No se van a ir. Ya hay incluso un niño nacido en el campamento. Su plan es de largo plazo: convencer a todos los mapuches para alzarse contra Benetton y otros terratenientes, construir un nuevo estado dentro del territorio chileno y argentino. “Nosotros no reconocemos fronteras, nuestro pueblo abarca de mar a mar”, cuenta Maicoño. Atilio y Rosa Curiñanco se hicieron famosos en 2007 porque ocuparon otra parcela de las tierras de Benetton. Llegaron a viajar a Italia para convencer al patriacra, Luciano, sin éxito. Así que siguen ocupando 500 hectáreas sin papeles ni derechos. Pero ya nadie intenta echarlos. No aprueban la violencia. “La manera que estos jóvenes de luchar no es aceptada por las 110 comunidades de acá. Pero sí la idea de recuperar las tierras. Acá destruyeron una cultura. Venimos de sangre milenaria y queremos juntar lo que desparramó el huinca [blanco]”, explican en su pequeño rancho, donde apenas tienen unas gallinas. Les cuesta cultivar las tierras, no tienen maquinaria. Han cumplido 10 años allí y se sienten libres, aunque viven en la pobreza absoluta.

Resistencia Ancestral Mapuche

Los indígenas no están solos, cuentan con un fuerte apoyo social y político. “No son ocho locos, detrás hay una organización, Resistencia Ancestral Mapuche” se indigna McDonald, quejoso por el apoyo de Amnistía Internacional. Le gustaría que el Estado argentino fuera tan duro como el chileno, que les aplica la ley antiterrorista. De hecho el líder de estos mapuches, Facundo Jones Huala, tiene una reclamación de extradición al país vecino. “Chile tiene un estado presente, si no esto es como el far west. Nuestro personal está muy preocupado, han atormentado a varios empleados. Esto en la Patagonia no se dio nunca”, asegura mientras muestra junto a Juan Chuquer, responsable de forestación de la compañía, los pinos ponderosa que han plantado en otra parte de la estancia. “Esta empresa es Benetton pero también somos nosotros, los que trabajamos aquí”, asegura Chuquer. “Hemos hecho una forestación para que un día haya una maderera que dé trabajo al pueblo. Es una inversión a 50 años, no pueden decir que estamos saqueando. Amenazas con quemarnos los pinos, ya quemaron una casilla de trabajo. Está en riesgo nuestra seguridad física, así no se puede seguir”, remata Chuquer. El juez de Esquel que ordenó el último allanamiento, Guido Otranto, cuenta que encontraron cócteles molotov. “Son violentos, aunque no se les puede llamar terroristas como pretenden algunos”, matiza. Todos tienen claro que esto no es una batalla por unas hectáreas. La pelea de fondo cuestiona la construcción de un continente a sangre y fuego. Por eso el tiempo no es un problema para nadie. En la Patagonia todo va despacio. Pero en su silencioso paisaje de ensueño la tensión es evidente. Se pelea metro a metro. En cualquier momento puede estallar la chispa definitiva.




Fuente: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/

I. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

Benetton y los mapuches, 

batalla sin fin en la Patagonia argentina

Carlos E. Cué, Leleque

Carlo Benetton, el hermano pequeño de la familia que controla el imperio textil italiano, es uno de los muchos millonarios del planeta enamorado de la Patagonia argentina. En 1991, el grupo compró en este paraíso 900.000 hectáreas (un espacio mayor que la Comunidad de Madrid) en las que crían casi 100.000 ovejas, que llegaron a producir el 10% de la lana de la firma. Carlo viaja cuatro veces al año para disfrutar con amigos y de paso controlar la producción que será la base de su ropa. Pero su plácida y enorme finca se ha encontrado con un problema al que nadie sabe cómo hacer frente: un grupo de mapuches, los indígenas que ocupaban estas tierras hasta que fueron prácticamente aniquilados por los argentinos a finales del siglo XIX, se ha instalado en una pequeña parcela con la intención declarada de “empezar la reconstrucción del pueblo mapuche”. “Esto es como si yo ahora fuera a Inverness, en Escocia, a reclamar las tierras de mis antepasados”, protesta Ronald McDonald, nieto de escoceses que llegaron a la Patagonia para cuidar ovejas, y administrador general de la empresa de Benetton, Compañía de Tierras del Sud Argentino. McDonald recorre con un todoterreno la enorme finca en un paraje sobrecogedor, con los majestuosos Andes de fondo. Solo las ovejas y el viento patagónico rompen el silencio. Los gauchos que las pastorean también son mapuches. Algunos son primos de los rebeldes. Pero unos cobran de Benetton y llevan caballos ensillados, los otros no tienen casi nada y montan a pelo, como sus antepasados. 
La tensión es permanente. “¿De quién es la Patagonia? Ellos hablan de violencia, pero mataron y humillaron a nuestros abuelos, repartieron a las niñas para los hombres en Buenos Aires. Ellos agacharon la cabeza, nosotros hemos dicho basta. Ya no tenemos miedo”, reta Soraya Maicoño, portavoz del grupo. La Constitución argentina permite la reclamación de tierras de los pueblos originarios, pero Benetton rechaza el derecho ancestral al que apelan los mapuches y asegura que vinieron de Chile. “Acá son tan inmigrantes como mi abuelo”, remata McDonald.
La Patagonia siempre fue una tierra de excesos y forajidos. A pocos kilómetros de la estancia de Benetton, en Cholila, se refugiaron en 1901 Butch Cassidy y Sundance Kid, míticos bandidos de EEUU. Casi todo aquí se ha hecho siempre por las bravas. Y esta vez no parece diferente. En Leleque, la estancia principal de Benetton, muestran que son una compañía productiva, y no una finca de recreo para millonarios. Tienen todo en regla, aunque nunca aclaran por cuánto compró la familia estas tierras inmensas. La justicia está de su lado. De momento, losmapuches solo tienen un pequeño poblado con tiendas y 20 personas de forma permanente. Pero están muy organizados y dispuestos a resistir como sea. Llevan casi dos años, y el último intento de desalojo acabó con 14 heridos, uno de ellos de una bala disparada por la policía. McDonald defiende el modelo de enormes latifundios, frecuente en toda Argentina. “En la Patagonia solo funcionan las grandes extensiones, por los inviernos tan duros. Si les damos unas hectáreas solo van a tener una economía de subsistencia con ayudas del Estado. De esta forma tenemos 130 empleados directos y damos trabajo a unas 200 personas con una economía sustentable”, sostiene.

Fuente: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/

11 de septiembre de 2017

III. Significados e implicancias del no involucramiento mayoritario en las disputas socioterritoriales.

20 años de transgénicos, agrotóxicos y devastación ambiental
20 razones para su 
prohibición definitiva
GRAIN | 05 Mayo 2017 | Biodiversidad 92 / 2017-2
GRAIN
La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur marcó definitivamente los últimos 20 años de la agricultura iniciando una nueva era de industrialización en áreas rurales, uso de agroquímicos y utilización de semillas transgénicas que no tiene antecedentes en la historia de la agricultura en cuanto a la velocidad de su imposición y a los impactos que ha tenido.
Justo cuando se realiza la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur  (unas 175 millones de toneladas) compartimos en este cartel  20 argumentos para su erradicación definitiva.
 
1. Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizada por un organismo (la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria-Conabia) conformado por las mismas corporaciones y su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo.
2. Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.
3. Con la introducción de la soja transgénica el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.
4. Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.
5. Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.
6. Se destruyeron más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.
7. Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas.
8. Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los “pueblos fumigados”.
9. Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron agredidos, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.
10. Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes. El agua “virtual” que se exporta con la soja suma miles de millones de litros cada año.
11. La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0.4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.
12. La ganadería, antes practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada a otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etcétera) con consecuencias gravísimas sobre los mismos. Al mismo tiempo creció en forma exponencial la producción de carne en feedlots con graves consecuencias sanitarias y ambientales.
13. Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.
14. Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.
15. La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.
16. La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a los de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.
17. La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la “equivalencia sustancial”.
18. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios y en la salud a nivel global.
19. La soja transgénica fue impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.
20. Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.
 
Más información
1. Darío Aranda, “15 años de soja: La prueba del delito”, 24 de marzo, 2011,http://www.lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito/
2. GRAIN, “La República Unida de la soja recargada”, 2 de junio, 2013,https://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
Este material será una infografía que sirva de herramienta para la discusión práctica con grupos, comunidades y organizaciones. Su versión completa con bibliografía y referencias, ver www.grain.org
Fuente: https://www.grain.org/article/entries/5706-20-anos-de-soja-transgenica-en-el-cono-sur