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20 de diciembre de 2017

V. La resistencia/reexistencia origina otra política posible

El Concejo Indígena
de Gobierno de México:
un anticapitalismo realmente
existente para el siglo XXI
14 de diciembre de 2017
 
Por Mara Kaufman (Counterpunch)
En medio de los múltiples huracanes que azotan América del Norte y el Caribe, los incendios en el Oeste de Estados Unidos, los grandes terremotos de septiembre y una oleada de abandono y oportunismo en torno a la ayuda de emergencia y rescate, una tormenta completamente diferente se forma en México. El anticapitalista Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), una mujer náhuatl que busca la postulación como candidata independiente en las próximas elecciones presidenciales de 2018, acaban de iniciar un recorrido nacional por México, que empezó en el sureste estado de Chiapas, un bastión de gobierno autónomo y una inspiración para el mundo: el territorio zapatista.
 
El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) es una iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creada a través de una consulta aprobada por 523 comunidades en 25 estados de México. El CIG propone gobernar el país colectivamente de acuerdo con los siete principios del Mandar Obedeciendo del CNI/EZLN.* El CIG está conformado por 42 pueblos indígenas –la mayoría de los pueblos originarios del país– y propone organizar el autogobierno, la salud, la educación y la autodefensa de las comunidades indígenas y no indígenas en México.
 
El recorrido del CIG y su campaña presidencial, como ha afirmado reiteradamente el CNI, no busca ganar votos, sino aprovechar la coyuntura electoral para denunciar a toda la clase política y al sistema capitalista que representan, al que responsabiliza de la devastadora violencia en el país, el desmoronamiento de las instituciones, la destrucción ambiental y el fortalecimiento del crimen organizado, factores que hoy en día predominan en México.
Según Mario Luna, delegado del CNI de la Tribu Yaqui, esta campaña pretende entrar en el ámbito de las elecciones –que se ha convertido en una “negociación interna entre los partidos políticos”– con el objetivo de promover la autoorganización comunitaria, basada en la asamblea, por todo el país. La elección que el CNI quiere presentarle al pueblo mexicano, entonces, no es entre diferentes candidatos, sino entre formas enteramente diferentes de gobernar.
Del 14 al 19 de octubre de este año, una caravana de docenas de vehículos que transportaba a Marichuy, 156 concejales del CIG y varios centenares de delegados del CNI, atravesó las montañas de Chiapas, donde fueron recibidos por decenas de miles de zapatistas y no-zapatistas en los cinco caracoles del territorio zapatista.
 
La importancia histórica de la presentación de la primera mujer indígena candidata a la presidencia de México sólo fue igualada por la deslumbrante serie de discursos pronunciados por las mujeres indígenas de todos los niveles de la autoridad zapatista: mujeres representantes de las Juntas de Buen Gobierno, mujeres autoridades regionales del Ejército Zapatista, y mujeres del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que dirige al ejército, una amplia y poderosa demostración del liderazgo de las mujeres en las entidades militares y civiles zapatistas en un lugar donde hace apenas unas décadas, las mujeres y los hombres indígenas trabajaron como esclavos en condiciones de peonaje permanente para los grandes terratenientes en todo el estado.
 
¿Un giro electoral?
El CNI, formado en 1996 como resultado de la convergencia de los pueblos indígenas de todo el país en torno a las demandas del levantamiento zapatista de 1994, es el primer organismo indígena organizado y representativo a nivel nacional, totalmente independiente del estado y de las fuerzas partidarias.
Las profundas raíces comunitarias y el proceso de organización autónoma del CNI contrastan radicalmente con la manipulación y el clientelismo que caracterizan el sometimiento de los pueblos indígenas a los intereses del Estado mexicano. Por lo tanto, la radical independencia política del CNI lo vuelve una presencia extremadamente inconveniente para la clase política mexicana. Por esta razón, ha sido blanco frecuente de silenciamiento y mentiras, y esta nueva iniciativa no ha sido la excepción.
De hecho, frecuentemente cuando se ha mencionado al Concejo Indígena de Gobierno, ha sido para condenar o felicitar al EZLN por supuestamente haber dejado su política de autonomía y haberse unido al campo electoral. Es más, por mucho tiempo, gran parte de la clase política mexicana se dedicaron a divulgar la idea de que el EZLN se había derrumbado debido a un liderazgo defectuoso (inevitablemente atribuido al entonces Subcomandante Insurgente Marcos, hoy SupGaleano) o que se desvaneció en la irrelevancia debido al aislamiento en sus remotos bastiones comunitarios.
 
Sin embargo, el CIG y su recorrido en las últimas semanas no dejaron a vista un EZLN cansado y obsoleto, como algunas fuentes desesperadamente quisieran, sino una amplia gama de florecientes instituciones comunitarias y cuerpos autónomos que mostraban, incluso a simple vista, la profundidad de la organización zapatista a través de varias generaciones, múltiples idiomas, y varios contextos geográficos articulados juntos, a gran escala y dirigidos por asambleas, constituyendo así un orden social comunitario con una capacidad organizativa sin precedentes.
 
Más específicamente, cada parada en territorio zapatista reveló clínicas de salud autónomas atendidas por promotores de salud capacitados y con equipo médico, sistemas escolares autónomos que educaron a los jóvenes que ahora dirigen sus propios equipos de comunicación, órganos de gobierno, cooperativas de producción, decenas de miles de hectáreas de tierras productivas trabajadas colectivamente para proveer sustento para cientos de miles de personas en todo el territorio zapatista, infraestructura de transporte independiente y miles de milicianos del ejército zapatista que proporcionaron anillos de seguridad alrededor del CIG y de su vocera en cada paso.
 
Cabe destacar que fueron hombres zapatistas quienes sirvieron a los visitantes platos de caldo humeante y tortillas hechas a mano; fueron ellos también quienes organizaron el alojamiento, distribuyeron las cobijas y lavaron los trastes para el siguiente autobús que llegaba lleno de delegados hambrientos –mientras pasaba esto, Marichuy, las concejalas del CIG y las mujeres autoridades del EZLN se dirigían a la multitud desde el templete.
 
Como era de esperar, la clase política mexicana en realidad ni se cree sus propias mentiras sobre el EZLN. Al contrario, parece que les da pánico la posibilidad de que esta forma de autoemancipación colectiva gane influencia y crezca en el resto de México. Como evidencia de este temor, vale notar que la iniciativa del CIG tuvo una cobertura mediática casi nula en los medios de paga. Es más, quienes intentaban cubrir el recorrido del CIG por Chiapas se vieron obstaculizados por el hecho de que, a medida que la caravana avanzaba por regiones del estado que normalmente tienen servicios de comunicación estables, el servicio de internet, la señal de los celulares, e incluso los teléfonos fijos se caían por completo y notablemente no regresaban hasta que la caravana saliera de la región, haciendo que la cobertura oportuna de estos eventos fuera casi imposible. Además de este bloqueo comunicacional, la clase política ha hecho todo lo posible para inhibir la recolección de las más de 860.000 firmas ciudadanas requeridas por ley para que un candidato independiente aparezca en las boletas. La aplicación para teléfonos celulares desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este propósito ha probado no funcionar de manera adecuada, excepto en dispositivos de alta gama con nuevos sistemas operativos que cuestan mucho más que las ganancias mensuales de la mayoría de la población mexicana.
En un país que carece de un servicio de internet adecuado en gran parte del territorio nacional, la aplicación misma, como denunció Marichuy el 18 de octubre , tarda horas en descargarse y una vez instalada puede tomar hasta 16 horas registrar una sola firma (lejos de los 4 minutos y 30 segundos que debe tomar según el INE). Hay muchos ejemplos más, todos los cuales apuntan a una enorme energía gastada en subvertir el alcance de una organización y forma de gobierno anticapitalista –cuya existencia, sin embargo, la clase política sigue negando.
 
La descomposición de México y la urgente necesidad de una alternativa
En mayo de este año el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos nombró a México como el segundo país más mortífero del mundo, superando la violencia de zonas de guerra como Yemen y Afganistán y siguiendo solo a Siria en número de muertos. Gran parte de la violencia en México se atribuye a la guerra contra el narcotráfico lanzada por el entonces presidente de México en el 2006, Felipe Calderón. Sin embargo, no debemos perder de vista que el número de muertos (más de 200.000) y desaparecidos (30.000 según estimaciones oficiales) y la total impunidad de estos crímenes (alrededor del 98%) demuestran que esta guerra responde a un problema aún más profundo y deja al desnudo la complicidad del Estado –cuando no su participación directa– en la violencia.
Por ejemplo, tendríamos que tomar en cuenta que cerca del 90% de la tierra productiva en México ha sido concesionada a mineras extranjeras o compañías madereras. La violencia paramilitar y la represión del Estado que acompañan a esta ola extractivista para “limpiar” las tierras de su población han resultado en la migración forzada o el desplazamiento interno de millones de personas.
 
Es en este contexto que comunidades indígenas por todo el país han establecido sistemas de autogobierno y unidades de autodefensa comunitarias, expulsando de esta manera a los cárteles de drogas y a los partidos políticos de sus comunidades y ciudade s, incluyendo (pero no limitado) a Cherán (Michoacán), a Santa María Ostula (Michoacán), a una red extensa de policías comunitarias en el estado de Guerrero, a los pueblos zapatistas en Chiapas cuyo territorio sigue siendo impenetrable para el narcocontrol, y ahora, a cientos de comunidades más que participan en el CNI que han declarado su intención de desmontar la malla de coordinación entre el extractivismo, el narcotráfico, los partidos políticos, y el estado mexicano.
 
De hecho, prácticamente los únicos lugares en el país que no están invadidos por la violencia, el narcotráfico, la extorsión y la complicidad entre los partidos políticos y los cárteles son estos sitios de autogobierno autónomo donde hay un tejido social intacto o reconstruido y mecanismos de autodefensa comunitaria que han prevenido que estas fuerzas se apoderen de sus comunidades. No debemos entender a estos experimentos de autogobierno como reductos exteriores a la cruda realidad del capitalismo mafia que representa el gobierno de México, sino como alternativas proposicionales para todo el país buscando promover procesos democráticos y la participación civil masiva.
 
Es decir, es en el contexto del colapso social generalizado que podemos dar sentido a la insistencia del CNI de que la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno es para todo México, no sólo para los pueblos indígenas, y han invitado a personas no indígenas a unirse a esta iniciativa. 
Por eso dijimos, los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya no estamos de acuerdo, que vamos a luchar y vamos a pelear por todos, no solamente por los pueblos indígenas, vamos a luchar por todo el mundo y vamos a caminar este país con nuestros pasos y nuestras voces, y todo lo que escuchamos y que vamos a seguir escuchando es algo que está viviéndose en nuestras comunidades, que están viviendo los barrios, colonias, en todo México. Es hora de que esa voz se escuche, es hora de que esos pasos caminen juntos. Juntos con nuestros hermanos del campo y la ciudad.
 
¿No hay ya un candidato presidencial de izquierda en México?
Como es normal en las perspectivas electoreras, el candidato establecido como el “mal menor” se comercializa como la única opción viable para detener a la derecha reaccionaria. Ese título, en este caso, le pertenece al fundador del partido político MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ya ha sido tres veces candidato presidencial por el PRD (víctima de fraude en las elecciones presidenciales en 2006, y posiblemente en 2012).
AMLO ha prometido de manera insistente mantener la “estabilidad macroeconómica” y proteger los intereses del capital privado mientras propone “la reducción de la pobreza”. ¿No es esta la típica fórmula para aplicar la austeridad neoliberal detrás de una simulación de la cascara de lo que alguna vez fue la izquierda? Es decir, ¿no podríamos ver en está formula algo así como el planteamiento de un "liberalismo social" (Salinas de Gortari) para el siglo XXI? Frente a esto nos deberíamos preguntar ¿cómo es que hemos llegado al punto en que un proyecto que tiene como propósito explícito mejor el bienestar del capitalismo ("la estabilidad macroeconómica”) hoy se pueda presentar como “de izquierda”?
En cambio, el EZLN y el CNI entienden que dada la dinámica de la crisis del capitalismo contemporáneo, aceptar la lógica del “mal menor” significaría aceptar la continua desintegración de México y la desaparición de sus pueblos y comunidades. Reconocen a sí que la sociedad mexicana y el mundo entero no tienen hoy más opción que enfrentar directamente al capitalismo y a todas sus devastadoras consecuencias.
 
Un Concejo Indígena de Gobierno para el mundo
A medida que los fracasos de las fuerzas electoreras “progresistas” se acumulan por todo el mundo –Syriza en Grecia, Podemos en España, el PT en Brasil, el Peronismo renaciente en Argentina, sólo por nombrar algunas–, nos debe quedar claro que lo que enfrentamos hoy no es solamente una batalla en contra de la derecha reaccionaria que implementa políticas xenófobas y protege la estructura de clases, cosa que podría ser contrarrestada por una izquierda progresista dedicada a las políticas de inclusión y redistribución. Más bien, el momento actual indica que a donde vamos todos juntos es a lo más profundo de la crisis capitalista y a la desintegración del sistema en sí, condiciones económicas globales cada vez más inestables, niveles de desigualdad que se disparan, la búsqueda de chivos expiatorios y una alarmante y acelerada destrucción ambiental.
En estas condiciones, el problema no es la voluntad de ningún político individual o de un partido: todo tipo de cárteles acompañan el colapso sistémico y cualquier clase política bajo el sistema capitalista que colapsa simplemente se convierte en otro cartel. Hay pocos lugares en el mundo como México donde no sólo la disolución de este sistema es tan claro, sino donde también ya hay alternativas que vienen desarrollándose desde hace años (¡siglos!) a través de las prácticas de toma de decisión colectiva y autogobierno. Entonces, es por esto la insistencia del Concejo Indígena de Gobierno que la única alternativa no es la implantación de otra clase política, sino la eliminación de la clase política en su conjunto. Es esto que hace que esta iniciativa sea no sólo la única posibilidad viable organizada para la supervivencia de las comunidades indígenas en México, sino también un especie de brújula que sirva para que todos nosotros podamos salir del desastre que representa el capitalismo actual.
 
Pero para esto, primero nos tendremos que convencer, como lo ha hecho el CIG, de que nadie nos salvará de las ruinas, excepto nosotr@s mism@s. Como lo explica la Comandanta Miriam del EZLN:
Pero ni pensemos, compañeras, que con el Concejo Indígena de Gobierno ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos van a salvar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos, compañeras, porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va a salvar, porque no es ese que manda pues, es el pueblo que tiene que dar la fuerza a nuestra vocera, es el pueblo que manda y nuestra vocera y nuestro Concejo de Gobierno, tiene que obedecer al pueblo. 
*Los siete principios del mandar obedeciendo
Servir y no servirse
Representar y no suplantar
Construir y no destruir
Obedecer y no mandar Proponer y no imponer Convencer y no vencer
Bajar y no subir
Mara Kaufman, doctora de antropologia y coordinadora del Taller de Estudio Intercomunal, un proyecto de El Kilombo 
Publicado originalmente en Counterpunch. Traducción por Valiana Aguilar

IV. La resistencia/reexistencia origina otra política posible

México: La asamblea, colectividad milpera
30 de octubre de 2017
"La milpa tiene por costumbre acercar a los diversos. Multiplicidad cuya consistencia entrama numerosas relaciones que tal vez por venir de la tierra sean profundas. Diplomacia entre distintos que, en conjunto, reproducen vida. Así, el maíz se vincula con frijoles, calabazas, chayotes, camotes… que, sin perder su lugar, se entreveran con frutales tan plurales como plátanos, naranjales, mangos, papayas y magueyes aguamieleros."
 
MILPA SOCIAL
Por Mauricio González González CEDICAR / CORASON
La milpa tiene por costumbre acercar a los diversos. Multiplicidad cuya consistencia entrama numerosas relaciones que tal vez por venir de la tierra sean profundas. Diplomacia entre distintos que, en conjunto, reproducen vida. Así, el maíz se vincula con frijoles, calabazas, chayotes, camotes… que, sin perder su lugar, se entreveran con frutales tan plurales como plátanos, naranjales, mangos, papayas y magueyes aguamieleros. En la milpa convergen todos: animales como el tejón, los zanates, las chachalacas y un sin número de insectos, junto a los del color de la tierra que van desde la unidad familiar hasta los grupos barriales, que a través de mano vuelta donan trabajo que será retribuido en otro momento en la milpa de quien participe de ella. No es extraño que en época de cosecha la milpa también sea lugar de fiesta, pues es sabido que agradecer es política de los humildes, más aún cuando en comunidades indianas esa gratitud remite a los Dueños, quienes ocupan un rango del que depende la bonanza, al ser patrones del agua, el viento, las semillas, la tierra, el fuego.
Hay quien dice que la milpa es domesticación, nosotros creemos que es socialización, donde el conjunto de los humanos y no humanos amplían las nociones de sociedad que imaginaron los europeos de ultramar. Expliquémonos.
Hablar de sociabilidad entre rurales es hablar de autogobierno. Toda propiedad social tiene sus propias formas de regulación, “su modo”. No existe ejido o comunidad agraria en el país que no tenga en la Asamblea a su máximo órgano de decisión, donde se dirimen problemas pero también se concretan proyectos, se toman acuerdos, forman comisiones e informan lo relevante. Si bien están amparadas en la Constitución, en cuanto a reglamentos ejidales y estatutos comunitarios los matices son signados por localidad, es decir, por diversidad.

Las asambleas suelen llevarse a iniciativa del Comisariado de bienes ejidales o comunales y sus respectivos consejos de vigilancia, mas no ha de confundírseles con representantes, pues estos operan tomando el lugar de otros y no como lo que son, voceros del conjunto que acatan la decisión colectiva y están comisionados para hacerlas valer. Confundir al Comisariado con representantes es hacer de la milpa maizal. Y es que es en la imagen de la milpa es donde mejor podemos encontrar el funcionamiento asambleario, pues como en aquella, las yucas van de un lado, los frijoles a lo largo, y las calabazas entreveradas conel maíz, a la manera de las agrupaciones barriales, las mitades, géneros e incluso, con las plagas, cuando los partidos dividen bajo intereses alienados.

Pero lo relevante es que en la milpa la autorregulación se impone del brazo del productor, quien determina mucho pero a su vez es determinado por los muchos. A nadie sorprende que los fenómenos y cualidades naturales imperen en la agricultura, y más si es milpera, lo que impone ese saber andar de los sencillos, siempre atentos a un mundo en el que numerosos agentes influyen para llegar a puerto o tomar rumbos inesperados no sin riesgo de naufragio. La toma de decisión colectiva replica las decisiones colectivas que la milpa impone. Lo sorprendente es que a pesar de tal grado de diferencias puedan andar en conjunto, armonía de disonantes.
En tiempos de capitalismo desalmado, cuyos despojos son de las condiciones de posibilidad de la vida, dentro de ellos el territorio, caminar en conjunto es la fuerza de los muchos, y en materia preventiva no hay mejor arma que la de las Asambleas milperas, bien cohesionadas, ricas, plurales, unidas. Acuerdos asamblearios y fortalecimiento de reglamentos y estatutos, instrumentos eficaces para la defensa de lo nuestro, de lo que somos parte, pues en ellos el sueño futuro se torna norma, y el anhelo encarna en mañana. Las Asambleas han resultado tan importantes que no faltan los que las quieren sabotear, erosionar, como hacen los agroquímicos con la tierra. Dan lugar a tanto que incluso permiten irrupciones indeseables, pero la voluntad de los diversos es la que impera, es su legitimidad. Más aún, frente a las falsas consultas que muchos consultores intentan operar en favor de empresas extractivas o energéticas, la Asamblea opera como el mejor dispositivo, haciendo de los acuerdos autoconsulta, pues “donde hay buena Asamblea no entran proyectos de muerte”, dicen los serranos de Puebla. Y sí, donde la milpa se conserva, tierra, agua y biodiversidad permanecen, la vida florece.

III. La resistencia/reexistencia origina otra política posible

La resistencia del pueblo mapuche y 
el genocidio indígena en el siglo XXI
8 de diciembre de 2017

Por Editorial Virginia Bolten

Toda forma de colonización territorial es llevada por los estados y colonos que utilizan leyes de expropiación. Las tierras fértiles o las consideradas estratégicas son robadas a las comunidades históricas en nombre de la prosperidad y el desarrollo desde una lógica occidental que necesita utilizar métodos de exterminio para consolidar su dominación no sólo territorial sino también cultural e ideológica.
Las opciones brindadas por estos estados modernos a las comunidades son normalización o persecución. La normalización impone que los pueblos originarios olviden su historia, sus construcciones filosóficas y culturales, sus sabidurías ancestrales y sus formas de organización política. La persecución se da a través de la violencia asimétrica la que consideramos más acertadamente llamar «genocidio institucionalizado».

La construcción del “otro” es implantando en el seno de la sociedad por los medios hegemónicos de comunicación y por las distintas políticas públicas de segregación y estigmatización. El racismo y el no-lugar de escucha, criminalizan e invisibilizan la lucha del Pueblo Mapuche por su existencia y preservación de su identidad.
Mientras tanto, muchas son las formas de organización y resistencia mapuche. La respuesta de la comunidad a lo largo de los años en su lucha contra la dominación es contundente. Grandes esfuerzos vienen logrando en el rescate del sentido de pertenencia y de la mapuchidad (identidad e etnicismo) que son clave para lograr la existencia del Pueblo Mapuche en el actual contexto social y político.
Sin embargo, la construcción de un sentido común anti-indígena es perceptible cuando hay una profundización de los llamados “conflictos” entre el estado y las comunidades. La respuesta de los gobiernos y del conjunto de la sociedad sobre los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel es sintomática. La naturalización del gatillo fácil contra aquellos que luchan por su territorio y por su existencia lleva a creer que hay una forma de comprender a los pueblos indígenas como no-personas. Cuerpos sin alma, como hace más de 500 años afirmaron los colonizadores –representantes de la codicia europea–. El colonialismo nunca ha terminado, sólo cambió de forma y sigue intentando eliminar a los que son considerados un enclave al sistema.

Es necesario pensar que estas prácticas no son aisladas, hay un sistemático intento de desaparecimiento de las comunidades originarias. En los territorios denominados, luego de las invasiones europeas, Argentina y Chile, actualmente hay 35 personas presas políticas pertenecientes a la comunidad mapuche . Desde el año 2000, en el territorio denominado Chile–e independientemente del partido o ideología gobernante– las fuerzas represivas del estado asesinaron a 15 personas de la comunidad mapuche durante su proceso de recuperación territorial. No es un conflicto, es la continuación del genocidio.
1.      Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002)
2.      Edmundo Alex Lemun Saavedra (2002). (17 años)
3.      Agustina Huenupe Pavian (2002)
4.      Mauricio Huenupe Pavian (2002
5.      Julio Alberto HuentecuraLlancaleo (2004)
6.      Xenón Alfonso Díaz Necul (2005)
7.      José Gerardo Huenante (2005)
8.      Juan LorenzoCollihuinCatril. Agosto (2006
9.      Matías Valentín Catrileo Quezada (2008)
10.  Johnny CariqueoYañez (2008
11.  Jaime Facundo Mendoza Collío (2009
12.  José Marcelo Toro Ñanco, 35 años (2009
13.  Rodrigo MelinaoLican (2013)
14.  José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014)
15.  Victor Manuel Mendoza Collío (2014)

Los objetivos que caracterizan la ofensiva contra el Pueblo Mapuche son evidentes. La oposición al extractivismo y a las lógicas suicidas de desarrollo capitalista hace con que el Pueblo Mapuche sea considerado enemigo del sistema. El ataque no es sólo al territorio sagrado mapuche, también al conjunto de ideas que pone el equilibrio con la naturaleza –fuente de materia prima capitalista– como eje central de manutención de la vida. Frente a esto, nosotras desde Virginia Bolten preguntamos: ¿qué puede ser más disruptivo que apoyar a la resistencia indígena?

II. La resistencia/reexistencia origina otra política posible

Pese a la persecución,

el pueblo mapuche sigue adelante

9 de diciembre de 2017

A pesar de la violencia y la búsqueda de disciplinamiento contra el pueblo mapuche –común a los sectores populares- los pueblos originarios tienen un horizonte de siglos. Dos muertos por represión policial/militar en el sur de Argentina. Cientos de heridos y detenidos. Todo un pueblo perseguido y una amplia región militarizada. 

Por Raúl Zibechi para APe
Tres meses después de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto, y mientras se realizaba el velatorio de su cuerpo que, según las autoridades, fue encontrado sumergido en un río, sobrevino el asesinato de Rafael Nahuel por una bala 9 milímetros disparada por la espalda. Más de 300 policías, helicópteros y drones, contra un puñado de mapuche “violentos” que, sin embargo, no portan armas.
La policía entró disparando fuego real en una comunidad que había recuperado tierras meses atrás. Los varones escaparon cerro arriba. Los uniformados se llevaron mujeres y niños, los golpearon y mantuvieron aislados durante horas.
La criminalización de las comunidades mapuche tiene una sola y única explicación: están recuperando tierras. El pueblo mapuche controlaba sus territorios hasta fines del siglo XIX, apenas cien años atrás. Desde que fueron despojados (Pacificación de la Araucanía en Chile y Campaña del Desierto en Argentina), la vida de las familias mapuche se trasmutó en marginalidad, pobreza, desempleo y discriminación. Rafael Nahuel vivía en los “altos” de Bariloche, donde llegó su familia desde el campo unos años atrás.
Pero en las tres últimas décadas la vida cotidiana mapuche comenzó a cambiar. Nacieron organizaciones formadas por jóvenes, se re-crearon comunidades, se recuperaron tierras. En los últimos quince años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes. Una sola empresa, Benetton, concentra un millón de hectáreas en la Patagonia.
No ha sido un proceso sencillo. “Las comunidades mapuche que fueron más violentamente reprimidas en los últimos meses en Chubut y Río Negro son parte de las mismas familias que históricamente mueren por balas de los policías, de los dealers o de otras bandas barriales en la periferia urbana”, escribe la antropóloga Ana Ramos en la revista Anfibia.
El trasfondo y el contexto que explica la militarización de los territorios mapuche y la criminalización de la recuperación de tierras, se llama extractivismo: en una década y media se pasó de 40 proyectos mineros a 800 proyectos; de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 22 millones, según el periodista Darío Aranda. No se trata de un modelo productivo, sino de un tipo de sociedad que excluye a la mitad de la población, le expropia las tierras y los recursos naturales a las poblaciones indígenas y a los campesinos.
Un proyecto de acumulación de capital que se redondea con especulación inmobiliaria urbana que expulsa a los más pobres hacia las periferias de las ciudades, donde no tienen estrategias de sobrevivencia y dependen sólo de tres recursos posibles: ayudas estatales, vínculos con el narcotráfico, otras actividades ilegales como el robo en pequeña escala (en gran escala la hacen las multinacionales mineras y sojeras).
Los mapuche son uno de los sectores sociales más afectados por este modelo de acumulación/despojo, aunque no los únicos. En los últimos años, en algunas regiones falta agua porque se sobre-utiliza en la minería y los monocultivos, lo que agrava la situación de las comunidades.
Los grandes medios hacen su labor que cierra el cerco policial/militar. En Argentina acusan a los mapuche de violentos. Los vinculan sin pruebas a las FARC de Colombia, a los grupos kurdos y también a ETA, como hizo el diario Clarín el 22 de enero de este año. El mismo periódico se permitió relacionar a los mapuche con el ISIS y desde el gobierno no dejan de asegurar que se trata de “terroristas”, aunque es evidente que no emplean armas. Ser mapuche es sinónimo de subversivo para el Estado y para buena parte de la sociedad.
Creo que hay tres cuestiones que debemos profundizar para comprender dónde está el conflicto entre el pueblo mapuche y los estados argentino y chileno, y escudriñar los posibles derroteros en el mediano plazo.
La primera es que luego de la derrota de fines del siglo XIX, el pueblo mapuche está de pie, toma la ofensiva en la recuperación de tierras, consiguió involucrar a los jóvenes, diversificar redes de solidaridad en la sociedad blanca y a escala internacional. El pueblo mapuche ha cambiado en las últimas décadas. Buena parte de sus integrantes adquirieron conocimientos propios del mundo blanco, con los que han creado medios de comunicación, esbozan análisis de su historia y de la realidad mucho más sofisticados que los que pudieron hacer en el pasado.
Lo anterior nos indica que la actual ofensiva mapuche por la tierra, la reconstrucción de sus territorios, de la memoria y de sus comunidades, no es coyuntural sino estratégica, durará décadas y está en condiciones de sortear los obstáculos represivos.
La actitud del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, que muestra una activa solidaridad con las comunidades mapuche reprimidas y comprende sus estrategias, es revelador de ambos hechos. Consultado por los medios, explicó que algún grupo pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, “pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande” (Página 12, 29 de noviembre de 2017).
La segunda cuestión es que el sistema anclado en el extractivismo se comporta como una “guerra contra los pueblos”, como señalan los zapatistas. Las grandes empresas mandan y deciden en la Patagonia (Argentina) y en la Araucanía (Chile), tienen sus propias guardias armadas e imponen su propia ley, que no es más que la fuerza para lubricar ganancias. En la regiones donde impera el extractivismo (minería, hidrocarburos y monocultivos), no existe la legalidad, ni los derechos civiles y humanos. Estamos ante un nuevo colonialismo.
Las empresas compran jueces y gobernadores, y al que no se deja, lo apartan. En diciembre de 2016, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió juicio político para el juez Guido Otranto (enemigo también de los mapuche) por no haber condenado al lonko Facundo Jones Huala, hoy en prisión. “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, dijo Das Neves y llamó a que la población desobedezca al juez (Lavaca, 29 de noviembre de 2017).
La tercera cuestión es que los dispositivos de militarización que se aplican contra los indígenas, son los mismos que afectan a los sectores populares urbanos y, muy en particular, a los jóvenes y las mujeres. Quienes resisten en las ciudades la violencia policial desbocada (denominada gatillo fácil) y los feminicidios, tienen mucho en común con los indígenas ya que sufren las mismas represiones por los mismos motivos.
A pesar de toda la violencia desatada contra un pueblo, las multinacionales y los estados tienen enormes dificultades para disciplinar a los mapuche, porque comparten destino –objetiva y subjetivamente- con todos los sectores populares. La impresión dominante es que los estados pueden ralentizar el proceso de recuperación de tierras, pero no pueden frenarlo ni hacerlo retroceder.
Los inevitables cambios de gobierno juegan a su favor, ya que se abren grietas por las que seguir adelante.
Una ventaja estratégica mapuche que hace la diferencia: mientras la sociedad hegemónica piensa en plazos de cuatro o cinco años (electorales) los mapuche, como los demás pueblos originarios, tienen horizontes de siglos.

I. La resistencia/reexistencia origina otra política posible

Ecofeminismo & Lucha Indígena
La tierra es la madre y es la que
tiene capacidad de dar vida
18 de noviembre de 2017
 
Por Paola González Velosa  
 Leonor Zalabata, líder indígena colombiana del pueblo Arhuaco, habla en esta entrevista sobre los pueblos indígenas y la lucha ecofeminista.
Cuando se cumplen 10 años de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, hablamos con Leonor Zalabata, líder indígena colombiana del pueblo Arhuaco [1].
Zalabata, reconocida por su trabajo por los derechos de los pueblos indígenas, cuenta con 35 años de experiencia; ha participado en la Comisión de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en la Red de Mujeres por la Biodiversidad y el grupo de trabajo de los pueblos indígenas de Naciones Unidas en Ginebra. En 2007 el Primer Ministro de Suecia le entregó el Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindhs.
Leonor Zabalata hace una reflexión sobre la búsqueda de una sociedad intercultural y justa que reconozca los derechos de todos los seres vivos como principio de vida. Una sociedad similar a esa democracia de la tierra [2] de la que habla también la líder india Vandana Shiva en la que se ve el mundo en sus interrelaciones y a través de la cual podemos cooperar para ser creadores de paz, sostenibilidad y justicia. Los pueblos indígenas poseen un sistema de pensamiento estrechamente ligado a la tierra, principio que los diferencia de la sociedad occidental mayoritaria. 
En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, habitan los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, representativos por su resistencia histórica. Fundamentan su cosmovisión en la existencia de la “Ley de Origen” mediante la cual se relacionan y reconocen el valor primordial que tiene la naturaleza para la vida. A través de los usos y costumbres orientados por dicha ley, estos pueblos han pervivido por mucho tiempo ante distintas adversidades. Una de ellas, el conflicto armado en Colombia en el que se han vulnerado sus derechos, desde los diferentes escenarios de violencia hasta por los procesos de explotación de la tierra [3]. En este escenario, el territorio-naturaleza y las mujeres indígenas han sido víctimas. 
Estas últimas desde su posición de indígenas, pobres y mujeres vinculadas a situaciones de explotación económica y opresión cultural que se ven agravadas por su condición de género [4]. Desde las miradas ecofeministas, las mujeres y la naturaleza sufren violencias paralelas al ser explotadas por el sistema patriarcal capitalista que las considera inferiores y apropiables. Esta misma relación la vemos reflejada en el vínculo de los pueblos indígenas con sus territorios, quienes, afectados por el mismo sistema desarrollista, luchan por la conservación de la naturaleza como medio de vida y equilibrio universal.
Un elemento diferenciador de los pueblos indígenas es lo que ustedes reconocen como Ley de Origen. ¿Cómo se explica esta ley? 
Las tradiciones de los pueblos indígenas han estado siempre arraigadas a la tierra, de ahí que la conservación de la naturaleza sea un tema de vida diaria. La Ley de Origen es un enfoque de vida, mediante él se establece una relación recíproca con la naturaleza, en esta medida todo tiene vida porque influye en los demás seres. Una ley donde todos los elementos de la naturaleza tienen sus padres y madres. Estos, según nuestra tradición existían antes de materializarse y hacerse tangible lo que hoy tenemos. Por tanto, la ley conduce nuestros usos y costumbres, recoge unos principios para relacionarnos y proyectarnos y se constituye como base para mantenernos dentro de la actualidad en reconocimiento de derechos sociales, políticos y económicos.
¿Cómo han pervivido haciendo uso de esta ley y por qué cree que los demás nos hemos distanciado esa visión?
 La solución de muchas cuestiones la encontramos dentro de la ley de origen con componentes que ahora son nuevos. En los últimos siglos nos hemos relacionado sin desaparecer, avanzado a la luz de las tradiciones indígenas y esto nos da la capacidad de ser modernos. Relacionarnos de igual a igual, porque somos diferentes y la igualdad está en esto, en que todos valoremos la diferencia. Considero esta ley como elemento que nos permite respetar y relacionarnos con los otros. Así, la cuestión es que los indígenas no estamos ni por encima ni por debajo de la naturaleza, nosotros somos un ser creado para conservarla. Pero ahora ya no nos dejan convivir con ella, somos un obstáculo para el desarrollo y lo peor es que la sociedad mayoritaria no avanza, su vida es el carro, la beca y la tarjeta de crédito. Esto nos ha ocasionado graves impactos, por ello la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas se mantiene. Si no, no seguiríamos aquí.
¿Por qué dice que las mujeres simbolizan a la madre tierra, y los hombres a los árboles, y la mujer es el sostén físico y cultural de los pueblos indígenas? 
No hay tema de desigualdad sino de reconocimiento a una misión que cumplen tanto los árboles como la tierra misma, las mujeres al igual que los hombres. En nuestras tradiciones la tierra es la madre y es la que tiene la capacidad de producir la vida de todo lo que hay en ella pero esta no es posible si no hay una protección. ¿Qué haríamos si la tierra no tuviera vegetación? La madre nos da la vida pero los árboles permiten que se den otras cosas importantes, como el oxígeno. Para los pueblos indígenas no es gratuito existir hoy. Ha habido una resistencia de la gente que hace diariamente cultura. Una mujer indígena tradicional es la que realmente sostiene esa manera de ser y de pensar de los que viven en el territorio. Hay muchas actividades donde ellas son el pilar y aparte de criar los hijos hacen también otras labores, de artes, agrícolas, sociales incluso; en reuniones organizativas y de autogobierno y desde niñas porque se instruyen para ello. Las mujeres están ligadas a lo que no se abandona nunca, por ejemplo el tejido, permanentemente por dónde va caminando va tejiendo es parte de su vida. Pero es necesario que haya mujeres que nos dediquemos a ser líderes para incluir esa visión y sentir de la mujer indígena dentro de nuestros procesos y espacios políticos.
Desde su vida como colectividad ¿En que se basan los conceptos de identidad y territorio? 
El pueblo Arhuaco ha sido pionero para avanzar en los sistemas de salud y educación. Asimismo hemos logrado que se retiren las misiones y que no haya proselitismo religioso en nuestros territorios. Hacemos esto porque estamos convencidos de que las tradiciones y prácticas han hecho posible que tengamos una identidad que se mantiene cuando ha sido transmitida y comprendida por nuestras generaciones. Hoy contamos con profesionales en muchas áreas que profundizan en el conocimiento de afuera y regresan otra vez con más fuerza a su cultura. Ya no dependemos exclusivamente de personas no indígenas y aunque nuestra identidad evoluciona, la relación con la espiritualidad y la naturaleza es el fuerte que nos permite relacionarnos como colectividad. Cada uno de los órganos que tenemos los humanos descansa en un punto de la tierra, no podemos mantener las fuerzas que necesitamos si perdemos el territorio o parte de él [5]. En un encuentro internacional, el escritor Eduardo Galeano me pidió que mencionara cuatro cosas fundamentales para la permanencia de los pueblos indígenas Estas son: el espíritu, el pensamiento desarrollado en nuestra filosofía, la forma de dirigir políticas y el territorio. Estas líneas están supremamente relacionadas y dependen entre sí, haciéndonos permanecer individuales en una identidad colectiva.
 ¿Por qué construir una sociedad ecológicamente sostenible, socialmente justa y políticamente participativa? ¿En qué grado pueden influir las mujeres? 
La justicia no solamente se basa en unos derechos para los humanos, las plantas por ejemplo tienen sus derechos, entonces una sociedad justa es la que puede entender los derechos que tienen todos los demás. Es necesario comprender esa sencillez de los demás seres que nos rodean. Es un tema universal, tampoco podemos atribuir el desastre que tenemos de la naturaleza solamente a los hombres o creer que las mujeres solas podemos construir otro mundo. Lo que sí es necesario, como decía Gabriel García Márquez, es que las mujeres tomen las riendas, es vital probarlo pero al final el cambio depende de construir raíces. Hay que avanzar sin perder incluso los propios valores y formas para construir sociedades justas en donde la naturaleza sea un tema central en la vida de la gente. Los pueblos indígenas en el mundo somos como los pájaros: cambiamos de plumaje pero no de canto, de ahí que las culturas sean el pilar para la transformación de la humanidad y conservación de la naturaleza.
Notas 
[1] Originariamente conocido como el Pueblo Ika, el término Arhuaco fue acuñado por los españoles para diferenciar el dominio con otras zonas de la región. El mismo se generalizó entre los indígenas que sobrevivieron a la conquista. ONIC, Pueblos Indígenas Colombianos.
[2] Shiva, V. Cambio del paradigma: la reconstrucción de una seguridad real en un tiempo de inseguridad. La democracia de la tierra.
[3] La Corte Constitucional de Colombia advirtió a través del Auto 004 de 2009 que al menos 35 grupos indígenas estaban en peligro de extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento.
[4] Hernández, T. y Murguialday, C. 1991. Mujeres Indígenas de Ayer y Hoy, Talasa, p. 90.
[5] En la misma entrevista, Leonor menciona la importancia de la biodiversidad ya que cada ser es fundamental para el equilibrio con la naturaleza. Más información: Mujeres Indígenas. Anuario Hojas de Warmi. 2012. Nº 17.

II. Un desafío central de la humanidad amenazada de extinción por el sistema mundo capitalista.

El llamado de Brasilia

28 de noviembre de 2017
Miembros de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y de su capítulo de América del Norte (SOCLA-NA) se reunieron en Brasilia el Lunes 11 de Septiembre de 2017 antes del VI Congreso Latinoamericano de Agroecología.
Este encuentro también reunió a científicos e investigadores de otras organizaciones como la ‘Asociación Brasileña de Agroecología' (ABA), 'IFOAM - Organics International', 'Food First’, 'Agricultura Familiar e Agroecología' (ASPTA), ‘La Red de Agroecología Cuba-Estados Unidos’ (CUSAN) y de Universidades de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suecia y España quienes endorsaron la presente Declaración. Miembros de la ‘Vía Campesina’ y ‘Agroecología Europa’ contribuyeron a las discusiones que condujeron al texto final.
Contexto:
La Revolución Verde, símbolo de la industrialización agrícola, no sólo falló en garantizar una producción de alimentos segura y abundante para todas las personas, sino que también puso a los sistemas agrícolas y alimentarios actuales en un camino insostenible de múltiples crisis, incluida la contaminación ambiental, la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida extrema de biodiversidad, servicios ecosistémicos debilitados, la erosión de los medios de vida rurales y la expropiación y la pérdida de campesinos, pueblos indígenas y agricultores familiares.
Estos impactos también afectan a los ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes a través de contaminación acuática y atmosférica.
Además, la agricultura industrial contribuye con alrededor del 25-30% de las emisiones de GEI, alterando aún más los patrones climáticos y comprometiendo la capacidad del mundo para producir alimentos en el futuro.
La industria agroalimentaria fomenta el hambre al rebajar los precios que reciben los agricultores y destruye la viabilidad económica de los sistemas alimentarios locales.
Las actividades económicas extractivistas como la minería comercial, el fracking y otras, así como los conflictos armados, exacerban los problemas en el campo. Además, este sistema ofrece cada vez más alimentos procesados de baja calidad nutricional, altos en sal, azúcar y grasas, con énfasis en cantidades excesivas de carne y productos lácteos, todos los cuales contribuyen a las epidemias de enfermedades relacionadas con la dieta y la obesidad que afectan actualmente a billones de personas. A la luz del cambio climático, la concentración corporativa y financiera y el aumento de los costos de energía, podemos esperar una continuación de la volatilidad de los precios de los alimentos, la desnutrición y el hambre.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que para 2030, el 60% de la población urbana mundial vivirá en ciudades, mientras que más del 56% de los pobres del mundo y el 20% de las personas desnutridas se concentran en las ciudades. Hoy, para una mega ciudad con 10 millones de personas o más, se deben importar más de 6.000 toneladas de alimentos cada día, viajando un promedio de 1,000 kilómetros.
Los monocultivos promovidos por la agricultura industrial se han expandido dramáticamente en todo el mundo; sólo un puñado de especies de cultivos y variedades dominan los 1.500 millones de hectáreas de tierras agrícolas del planeta. La drástica reducción de la diversidad de plantas y animales ha puesto a la producción mundial de alimentos en gran riesgo, debido a la extrema vulnerabilidad a las plagas, enfermedades y la variabilidad climática asociada con la uniformidad genética. El sistema alimentario industrial globalizado no es sostenible ni equitativo, no solo no satisface las necesidades alimentarias de los pobres, sino que también ha perdido la confianza de los consumidores del norte.
A pesar de estos desarrollos, los campeones de la Revolución Verde invocan un temor neo-maltusiano de sobrepoblación para justificar la intensificación agrícola y la industrialización al afirmar que "Alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 requerirá un aumento del 70% en la producción mundial de alimentos". Esta posición ignora el hecho de que ya producimos suficiente comida para 10 mil millones de personas, sin embargo, más de una de cada siete sufre hambre.
No menos del 50% de los alimentos del mundo es proporcionado por productores de pequeña escala en menos del 25% de la tierra cultivable. La mayoría de los alimentos que se consumen hoy en día en el mundo se deriva de 5,000 especies de cultivos domesticados y 1,9 millones de variedades de plantas locales cultivadas por campesinos sin agroquímicos o semillas genéticamente modificadas. Este contexto crea un "impulso" para el desarrollo y la ampliación de la agroecología tal como la practican los agricultores campesinos y familiares.
Hay un número creciente de estudios e informes que sugieren que una transición a una agricultura agroecológica no sólo proporcionaría a las familias rurales beneficios sociales, económicos y ambientales significativos, sino que alimentaría al mundo de manera equitativa y sostenible.
- Para descargar el artículo completo (PDF) haga clic en el enlace a continuación:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_llamado_de_Brasilia

Indaguemos argumentos sobre porqué la lucha por la reforma agraria integral para la soberanía alimentaria debe ser de carácter anticapitalista.

 

Soberanía alimentaria: un diálogo crítico

2 de agosto de 2017

Apuntes sobre su recorrido intelectual en los estudios agrarios críticos, la construcción de conocimiento campesino y la incorporación de perspectiva de género a la propuesta política de la soberanía alimentaria.
La recopilación de trabajos que aquí se presenta aborda cuestiones relacionadas con las políticas alimentarias. Es decir, con cuestiones relacionadas con quién obtiene qué alimentos, cómo, qué cantidad, con qué propósito y qué implicaciones conlleva. Concretamente, es una recopilación que tiene que ver con el concepto de un proyecto político basado en la soberanía alimentaria, por lo tanto, la mayor parte de estos trabajos también tienen que ver con aspectos y cuestiones vinculadas a los movimientos agrícolas, alimentarios, medioambientales y sociales que construyen y hacen avanzar la soberanía alimentaria. Todas las autoras y autores que participan en esta recopilación defienden la justicia social y tienen un compromiso profundo con las personas empobrecidas y las personas que sufren varias formas de opresión. Todas las personas que escriben en estos trabajos están comprometidas con la idea de una alternativa o alternativas a lo que tenemos ahora mismo.
Descargue el documento (PDF) a continuación:

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Argentina - Trelew: Jornada de Soberanía Alimentaria y Energética

20 de agosto de 2017

Las y los invitamos el días 24 de agosto a la Jornada de "Soberanía Alimentaria y Energética" que se desarrollará en la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco - Trelew.

Hablar de Soberanía Alimentaria es hablar también de soberanía política, energética y territorial. Es por eso que en esta oportunidad nos convocamos a compartir y pensarnos desde estos tres pilares fundamentales a desarrollar por cualquier pueblo que pretenda ser soberano.
La semilla como punto sustancial a partir del cual se desarrolla la vida y la libertad.
Nuestra alimentación como base cultural, de crecimiento, de desarrollo y salud de los pueblos.
La energía como recurso estratégico que hace posible el desenvolvimiento de todo el accionar de una sociedad.
Para acompañar esta jornada contaremos con los aportes y participaciones de:
- "Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad" Carlos Alberto Vicente (GRAIN, Biodiversidad de América Latina y el Caribe).
- "Sistemas de alimentación en pugna" Marcos Ezequiel Filardi (Abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA).
- "Energía nuclear, una historia de engaños, ocultamientos y abandono" por Silvana Buján (Bios Argentina- RENACE)
¡Las y los esperamos!
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales
Radio Sudaca
Instituto de investigación histórica y social
Recordemos el año 2008 de enfrentamiento del gobierno CFK con la Mesa de Enlace para tener presente su falsedad encubridora de poner el país, junto a la Sociedad Rural, en subordinación a: "La ola de la globalización económica de la última década que ha llevado a los diferentes gobiernos de los países en vías en desarrollo a aplicar un modelo Capitalista y Neoliberal como la única opción política para 'mejorar sus economías'. La visión dogmática de considerar a las leyes del mercado como el único instrumento de reactivación económica, le ha significado a éstos países altos costos sociales y ambientales, cuyo resultado ha sido un mayor incremento de la brecha social y la consolidación de pequeños grupos económicos".  El Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2020 y su promoción de Monsanto prueban el nefasto compromiso de Cristina F. de Kirchner con el sistema global de los agronegocios.

Globalización, soberanía alimentaria y agroecología
31 de octubre de 2008

 
Por Alexander Galindo Murcia
Podemos decir ahora, los mayores beneficiados de la globalización han sido las grandes empresas transnacionales, que apoyándose en los acuerdos de la OMC y el GATT han logrado penetrar y controlar con mucha facilidad las economías de los países en vías de desarrollo. Nuestros gobiernos ávidos de inversiones y "captación de divisas" facilitaron política y normativamente para que la nueva colonización económica se implemente sin límites.
Podemos citar una serie de ejemplos de sus impactos negativos en todos los rubros de la actividad productiva; lo que ha logrado el modelo es destruir la base productiva de las naciones y el control absoluto del mercado. Los grandes perdedores de esta "ola de la globalización económica" son sectores productivos nacionales que empujados a la competitividad del mercado, sin gozar ningún tipo de protección terminaron fuera del mercado, generando desempleo y altos niveles de inseguridad social.
Las repercusiones de mayor impacto se han producido en el sector rural, la política alimentaría de los países basada principalmente en la importación de alimentos subsidiados ha tenido efectos directos no sólo en la seguridad alimentaría, si no también en nuestra propia soberanía alimentaría. Las secuelas del neoliberalismo a este nivel han sido desastrosas, agudizando la pobreza rural y acelerando la migración del campo a las ciudades de grandes grupos humanos sin esperanzas. En este escenario el sector más vulnerable son las mujeres, por que tienen que enfrentar el desafío permanente de resolver su sobre vivencia.
En la agricultura, el modelo esta sustentado en los principios y prácticas de la "revolución verde" y biotecnologia el cual causa un "crecimiento económico desigual" dentro de los productores. Bajo estas condiciones existe un " modelo de agricultura capitalista" que se beneficia de los recursos de inversión, tecnología, crédito, entre otras y otra la "agricultura campesina" que históricamente ha sido abandonada y desplazado hacia tierras marginales, sin acceso a los bienes y servicios productivos que les permita su desarrollo y competitividad.
Hoy en día con el apogeo de la globalización, la OMC considera que " la alimentación debe ser considerada como una mercancía", con esta visión evidentemente la seguridad alimentaría deja de ser prioritaria, en consecuencia será difícil que los países pobres puedan librarse del hambre y la miseria. Además se realizan acuerdos donde se consideran: mejorar el acceso al mercado por la vía de las importaciones, reducir el apoyo doméstico para la agricultura y reducir las subvenciones para la agricultura de exportación. Estos cambios realmente sólo favorecerán a los países desarrollados del Norte y a las grandes transnacionales.
Estos acuerdos también afectaran directamente la base productiva de más del 70% de pequeños productores en América Latina, que a pesar de ser los mayores proveedores de alimentos para la población, serán desplazados del mercado por la dificultad de competir con los alimentos importados (subsidiados).
Muchos países han logrado mejorar su productividad, pero no han logrado mejorar sus ganancias, con los precios que genera la liberalización del mercado, ni siquiera han podido recuperar sus inversiones. La causa principal de esta situación es la cada vez mayor importación de alimentos como la soya, trigo, maíz, entre otros, que vienen sustituyendo con mucha facilidad a los alimentos nacionales. Pero, el problema no termina a este nivel, los acuerdos imponen el modelo, que homogeniza los sistemas de producción, la especialización es planteada como una orientación para competir, se deja de lado la diversificación productiva que es la base para la seguridad alimentaría.
Todo ello, tiene repercusiones a la seguridad y soberanía alimentaría, el cual debe ser compatible con la equidad social, cultural y de género en la producción, el acceso y la distribución de alimentos apropiados. Este enfoque implica una dimensión cultural, educativa y productiva, que debe estar en función de rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura campesina. Lamentablemente estas premisas de la «soberanía alimentaría», no son implementadas ni comprendidas por los gobiernos; se acepta las directivas de las instituciones multilaterales para implementar el modelo, que les impone el ajuste estructural de la economía y la liberalización.
Esta situación empuja a los gobiernos a desarrollar programas de ayuda alimentaría, a través de comedores populares, que muchas veces es utilizado políticamente por los gobernantes de turno para mantenerse en el poder, en este sentido la pobreza empuja al asistencialismo, la manipulación y no genera procesos creativos para mejorar la base productiva.
La defensa de la «soberanía alimentaría» pasa por evitar la importación masiva de los alimentos, aprovechar los alimentos nacionales y estimular la diversificación productiva y alimentaría de la población. Para ello se requiere estabilidad productiva y autonomía de los grupos locales, también se requiere confiabilidad en la calidad de los alimentos, conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas. Es importante incorporar la dentro de esta causa las iniciativas de las personas y las organizaciones a ejercer sus derechos sociales para lograr su propia seguridad y soberanía alimentaría. Por ello La Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia UNAC y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura UITA, consideran necesario realizar seminarios, Foros, Encuentros, para generar espacios de debate, reflexión y el desarrollo de propuestas para enfrentar los efectos de la globalización en los países en vías de desarrollo y en especial Colombia.
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ACTA reproduce a continuación el documento colectivo:
No nos patenten la vida.
Campaña contra la privatización de
las semillas en Argentina.
 6 de septiembre de 2014
“Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.
A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.
En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.
En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.
Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.
Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.
En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.
- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.
Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata.
Individuales: Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.
Internacionales: Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil).
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2015