El llamado de Brasilia
28 de noviembre de 2017
Miembros de la Sociedad Científica
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y de su capítulo de América del Norte
(SOCLA-NA) se reunieron en Brasilia el Lunes 11 de Septiembre de 2017 antes del
VI Congreso Latinoamericano de Agroecología.
Este encuentro también reunió a científicos e
investigadores de otras organizaciones como la ‘Asociación Brasileña de
Agroecología' (ABA), 'IFOAM - Organics International', 'Food First’,
'Agricultura Familiar e Agroecología' (ASPTA), ‘La Red de Agroecología
Cuba-Estados Unidos’ (CUSAN) y de Universidades de Canadá, Estados Unidos,
Holanda, Suecia y España quienes endorsaron la presente Declaración. Miembros de
la ‘Vía Campesina’ y ‘Agroecología Europa’ contribuyeron a las discusiones que
condujeron al texto final.
Contexto:
La Revolución Verde,
símbolo de la industrialización agrícola, no sólo falló en garantizar una
producción de alimentos segura y abundante para todas las personas, sino que
también puso a los sistemas agrícolas y alimentarios actuales en un camino
insostenible de múltiples crisis, incluida la contaminación ambiental, la
degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida
extrema de biodiversidad, servicios ecosistémicos debilitados, la erosión de los
medios de vida rurales y la expropiación y la pérdida de campesinos, pueblos
indígenas y agricultores familiares.
Estos impactos también afectan a los
ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes a través de contaminación
acuática y atmosférica.
Además, la agricultura industrial contribuye
con alrededor del 25-30% de las emisiones de GEI, alterando aún más los patrones
climáticos y comprometiendo la capacidad del mundo para producir alimentos en el
futuro.
La industria agroalimentaria fomenta el hambre
al rebajar los precios que reciben los agricultores y destruye la viabilidad
económica de los sistemas alimentarios locales.
Las actividades económicas extractivistas como la minería comercial, el fracking y otras, así como los conflictos armados, exacerban los problemas en el campo. Además, este sistema ofrece cada vez más alimentos procesados de baja calidad nutricional, altos en sal, azúcar y grasas, con énfasis en cantidades excesivas de carne y productos lácteos, todos los cuales contribuyen a las epidemias de enfermedades relacionadas con la dieta y la obesidad que afectan actualmente a billones de personas. A la luz del cambio climático, la concentración corporativa y financiera y el aumento de los costos de energía, podemos esperar una continuación de la volatilidad de los precios de los alimentos, la desnutrición y el hambre.
Esta situación se ve agravada por el hecho de
que para 2030, el 60% de la población urbana mundial vivirá en ciudades,
mientras que más del 56% de los pobres del mundo y el 20% de las personas
desnutridas se concentran en las ciudades. Hoy, para una mega ciudad con 10
millones de personas o más, se deben importar más de 6.000 toneladas de
alimentos cada día, viajando un promedio de 1,000 kilómetros.
Los monocultivos promovidos por la agricultura
industrial se han expandido dramáticamente en todo el mundo; sólo un puñado de
especies de cultivos y variedades dominan los 1.500 millones de hectáreas de
tierras agrícolas del planeta. La drástica reducción de la diversidad de plantas
y animales ha puesto a la producción mundial de alimentos en gran riesgo, debido
a la extrema vulnerabilidad a las plagas, enfermedades y la variabilidad
climática asociada con la uniformidad genética. El sistema alimentario
industrial globalizado no es sostenible ni equitativo, no solo no satisface las
necesidades alimentarias de los pobres, sino que también ha perdido la confianza
de los consumidores del norte.
A pesar de estos desarrollos, los campeones de la Revolución Verde invocan un temor neo-maltusiano de sobrepoblación para justificar la intensificación agrícola y la industrialización al afirmar que "Alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 requerirá un aumento del 70% en la producción mundial de alimentos". Esta posición ignora el hecho de que ya producimos suficiente comida para 10 mil millones de personas, sin embargo, más de una de cada siete sufre hambre.No menos del 50% de los alimentos del mundo es proporcionado por productores de pequeña escala en menos del 25% de la tierra cultivable. La mayoría de los alimentos que se consumen hoy en día en el mundo se deriva de 5,000 especies de cultivos domesticados y 1,9 millones de variedades de plantas locales cultivadas por campesinos sin agroquímicos o semillas genéticamente modificadas. Este contexto crea un "impulso" para el desarrollo y la ampliación de la agroecología tal como la practican los agricultores campesinos y familiares.
Hay un número creciente de estudios e informes
que sugieren que una transición a una agricultura agroecológica no sólo
proporcionaría a las familias rurales beneficios sociales, económicos y
ambientales significativos, sino que alimentaría al mundo de manera equitativa y
sostenible.
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El llamado de Brasilia (337,30 kB)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_llamado_de_Brasilia
Indaguemos argumentos
sobre porqué la lucha por la reforma agraria integral para la soberanía
alimentaria debe ser de carácter anticapitalista.
Soberanía alimentaria: un diálogo crítico
2 de agosto de 2017
Apuntes sobre su recorrido intelectual en los estudios agrarios críticos, la
construcción de conocimiento campesino y la incorporación de perspectiva de
género a la propuesta política de la soberanía alimentaria.
La recopilación
de trabajos que aquí se presenta aborda cuestiones relacionadas con las
políticas alimentarias. Es decir, con cuestiones relacionadas con quién obtiene
qué alimentos, cómo, qué cantidad, con qué propósito y qué implicaciones
conlleva. Concretamente, es una recopilación que tiene que ver con el concepto
de un proyecto político basado en la soberanía alimentaria, por lo tanto, la
mayor parte de estos trabajos también tienen que ver con aspectos y cuestiones
vinculadas a los movimientos agrícolas, alimentarios, medioambientales y
sociales que construyen y hacen avanzar la soberanía alimentaria. Todas las
autoras y autores que participan en esta recopilación defienden la justicia
social y tienen un compromiso profundo con las personas empobrecidas y las
personas que sufren varias formas de opresión. Todas las personas que escriben
en estos trabajos están comprometidas con la idea de una alternativa o
alternativas a lo que tenemos ahora mismo.
Descargue el
documento (PDF) a continuación:
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Argentina - Trelew: Jornada de Soberanía Alimentaria y Energética
20 de
agosto de 2017
Las y los invitamos el días 24 de agosto a la Jornada de "Soberanía Alimentaria y Energética" que se desarrollará en la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco - Trelew.
Hablar de Soberanía Alimentaria es hablar
también de soberanía política, energética y territorial. Es por eso que en esta
oportunidad nos convocamos a compartir y pensarnos desde estos tres pilares
fundamentales a desarrollar por cualquier pueblo que pretenda ser soberano.
La semilla como punto sustancial a partir del
cual se desarrolla la vida y la libertad.
Nuestra alimentación como base cultural, de
crecimiento, de desarrollo y salud de los pueblos.
La energía como recurso estratégico que hace
posible el desenvolvimiento de todo el accionar de una sociedad.
Para acompañar esta jornada contaremos con los
aportes y participaciones de:
- "Semillas, patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad" Carlos Alberto Vicente (GRAIN, Biodiversidad de
América Latina y el Caribe).
- "Sistemas de alimentación en pugna" Marcos
Ezequiel Filardi (Abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria, docente
de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la
UBA).
- "Energía nuclear, una historia de engaños,
ocultamientos y abandono" por Silvana Buján (Bios Argentina- RENACE)
¡Las y los esperamos!
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y
Territoriales
Radio Sudaca
Instituto de investigación histórica y social
Recordemos el año 2008 de
enfrentamiento del gobierno CFK con la Mesa de Enlace para tener presente su
falsedad encubridora de poner el país, junto a la Sociedad Rural, en
subordinación a:
"La
ola de la globalización económica de la última década que ha llevado a los
diferentes gobiernos de los países en vías en desarrollo a aplicar un modelo
Capitalista y Neoliberal como la única opción política para 'mejorar sus
economías'. La visión dogmática de considerar a las leyes del mercado como
el único instrumento de reactivación económica, le ha significado a éstos
países altos costos sociales y ambientales, cuyo resultado ha sido un mayor
incremento de la brecha social y la consolidación de pequeños grupos
económicos". El Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2020 y
su promoción de Monsanto prueban el nefasto compromiso de Cristina F. de
Kirchner con el sistema global de los agronegocios.
Globalización, soberanía alimentaria y agroecología
31 de octubre de 2008
Por Alexander
Galindo Murcia
Podemos decir ahora, los mayores beneficiados
de la globalización han sido las grandes empresas transnacionales, que
apoyándose en los acuerdos de la OMC y el GATT han logrado penetrar y controlar
con mucha facilidad las economías de los países en vías de desarrollo. Nuestros
gobiernos ávidos de inversiones y "captación de divisas" facilitaron política y
normativamente para que la nueva colonización económica se implemente sin
límites.
Podemos citar una
serie de ejemplos de sus impactos negativos en todos los rubros de la actividad
productiva; lo que ha logrado el modelo es destruir la base productiva de las
naciones y el control absoluto del mercado.
Los grandes perdedores de esta "ola de la
globalización económica" son sectores productivos nacionales que empujados a la
competitividad del mercado, sin gozar ningún tipo de protección terminaron fuera
del mercado, generando desempleo y altos niveles de inseguridad social.
Las repercusiones
de mayor impacto se han producido en el sector rural, la política alimentaría de
los países basada principalmente en la importación de alimentos subsidiados ha
tenido efectos directos no sólo en la seguridad alimentaría, si no también en
nuestra propia soberanía alimentaría. Las secuelas del neoliberalismo a este
nivel han sido desastrosas, agudizando la pobreza rural y acelerando la
migración del campo a las ciudades de grandes grupos humanos sin esperanzas. En
este escenario el sector más vulnerable son las mujeres, por que tienen que
enfrentar el desafío permanente de resolver su sobre vivencia.
En la
agricultura, el modelo esta sustentado en los principios y prácticas de la
"revolución verde" y biotecnologia el cual causa un "crecimiento económico
desigual" dentro de los productores. Bajo estas condiciones existe un " modelo
de agricultura capitalista" que se beneficia de los recursos de inversión,
tecnología, crédito, entre otras y otra la "agricultura campesina" que
históricamente ha sido abandonada y desplazado hacia tierras marginales, sin
acceso a los bienes y servicios productivos que les permita su desarrollo y
competitividad.
Hoy en día con el apogeo de la globalización,
la OMC considera que " la alimentación debe ser considerada como una mercancía",
con esta visión evidentemente la seguridad alimentaría deja de ser prioritaria,
en consecuencia será difícil que los países pobres puedan librarse del hambre y
la miseria. Además se realizan acuerdos donde se consideran: mejorar el acceso
al mercado por la vía de las importaciones, reducir el apoyo doméstico para la
agricultura y reducir las subvenciones para la agricultura de exportación. Estos
cambios realmente sólo favorecerán a los países desarrollados del Norte y a las
grandes transnacionales.
Estos acuerdos también afectaran directamente
la base productiva de más del 70% de pequeños productores en América Latina, que
a pesar de ser los mayores proveedores de alimentos para la población, serán
desplazados del mercado por la dificultad de competir con los alimentos
importados (subsidiados).
Muchos países han logrado mejorar su
productividad, pero no han logrado mejorar sus ganancias, con los precios que
genera la liberalización del mercado, ni siquiera han podido recuperar sus
inversiones. La causa principal de esta situación es la cada vez mayor
importación de alimentos como la soya, trigo, maíz, entre otros, que vienen
sustituyendo con mucha facilidad a los alimentos nacionales. Pero, el problema
no termina a este nivel, los acuerdos imponen el modelo, que homogeniza los
sistemas de producción, la especialización es planteada como una orientación
para competir, se deja de lado la diversificación productiva que es la base para
la seguridad alimentaría.
Todo ello, tiene
repercusiones a la seguridad y soberanía alimentaría, el cual debe ser
compatible con la equidad social, cultural y de género en la producción, el
acceso y la distribución de alimentos apropiados. Este enfoque implica una
dimensión cultural, educativa y productiva, que debe estar en función de
rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura campesina.
Lamentablemente estas premisas de la «soberanía alimentaría», no son
implementadas ni comprendidas por los gobiernos; se acepta las directivas de las
instituciones multilaterales para implementar el modelo, que les impone el
ajuste estructural de la economía y la liberalización.
Esta situación
empuja a los gobiernos a desarrollar programas de ayuda alimentaría, a través de
comedores populares, que muchas veces es utilizado políticamente por los
gobernantes de turno para mantenerse en el poder, en este sentido la pobreza
empuja al asistencialismo, la manipulación y no genera procesos creativos para
mejorar la base productiva.
La defensa de la
«soberanía alimentaría»
pasa por evitar la importación masiva de los alimentos, aprovechar
los alimentos nacionales y estimular la diversificación productiva y alimentaría
de la población. Para ello se requiere estabilidad productiva y autonomía de los
grupos locales, también se requiere confiabilidad en la calidad de los
alimentos, conservación de los recursos naturales y la preservación de los
ecosistemas. Es importante incorporar la dentro de esta causa las iniciativas de
las personas y las organizaciones a ejercer sus derechos sociales para lograr su
propia seguridad y soberanía alimentaría. Por ello La Unión Nacional
Agroalimentaria de Colombia UNAC y la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación y la Agricultura UITA, consideran necesario realizar seminarios,
Foros, Encuentros, para generar espacios de debate, reflexión y el desarrollo de
propuestas para enfrentar los efectos de la globalización en los países en vías
de desarrollo y en especial Colombia.
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ACTA reproduce
a continuación el documento colectivo:
No nos
patenten la vida.
Campaña
contra la privatización de
las
semillas en Argentina.
6 de
septiembre de 2014
“Una nueva
amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la
modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un
anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
(Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del
agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para
su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su
tratamiento.
En un
contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide
sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en
commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de
controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una
ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la
ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas
estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo
largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas
en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales
como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las
resistencias sociales.
A pesar de
la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del
extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación
del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año
permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias
exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con
soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de
hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan
con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena
medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el
proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia
de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del
modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así,
la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020 (PEAA 2020)
diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en
alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente
soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie
cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de
has.
Las implicancias de una
expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales
consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se
inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.
En este
contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y
maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una
reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas
en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y
del control de las cadenas alimentarias.
El
anteproyecto para reformar la Ley de Semillas
El gobierno
nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios
comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta
manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses
del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que
regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los
sistemas de propiedad intelectual.
En nuestro
país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la
propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV)
establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última
excluye expresamente el patentamiento de plantas.
Es
importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para
variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención.
Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener
derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho
al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una
nueva siembra.
Esto
cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como
lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de
semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades
ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento,
preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían
coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el
anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando,
por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el
Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos
que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el
apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas,
suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que
otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que
se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios
reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas
de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una
misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese
potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal.
En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla,
estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad.
Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla
comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era
realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como
cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial
multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio
público.
En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La
“coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de
las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar
los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos,
indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo,
dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente
compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico,
se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una
“Mesa de Diálogo” convocada por el Estado
(a través de
la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del
agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre
ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la
Iglesia.
Este encuentro fue
resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del
diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el
“consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que
muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está
en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.
Estos nuevos
humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y
lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan
internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de
pequeños productores a las lógicas de los agronegocios.
No es un hecho menor que la FAO haya
declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que,
repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en
términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente
todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en
Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de
“maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron
satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles.
Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como
un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las
medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios.
Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos
mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos
por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas,
Agencias Científicas, el INTA,
etcétera.
A
modo de conclusión
De aprobarse
esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la
agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso
para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de
la vida en muchos países.
En
definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial
de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la
Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un
modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes:
continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la
cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los
monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando
nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad
imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las
imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente,
como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas
hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación
de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y
orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con
la transnacional Chevron el año pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se
multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida
y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial
del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas
contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la
resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el
ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y
de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en
Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las
papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se
inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico
colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra
para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad
de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo
a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad
basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.
Por lo
tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
- No a la
privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del
mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
- No al
avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de
semillas en todas sus versiones.
- No la
tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la
agricultura familiar con el agronegocio”.
- Nos
pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios,
megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas
hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
- Con
transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación
genética de alimentos.
- Por el
repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la
recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los
pueblos.
- Por encima
de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para
garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu
amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales,
ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan
esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones
necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro
territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al
Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para
la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.
Organizaciones y espacios: Acción
Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha
por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA;
Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe;
Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos;
Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la
Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y
sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación
Agroecológico ASHPA de
Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional
Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente
Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del
Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ);
Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación
Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución
de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta
iniciativa del EZLN);
Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación
ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por
los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y
Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la
Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización
Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV
Escuela; Partido Pirata.
Individuales: Adolfo
Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma
Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart;
Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique
Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira;
Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero;
Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la
Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás
Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario;
Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman;
Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto;
Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía
Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García;
Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski;
Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario
Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado;
Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games;
Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía
Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana;
Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio;
Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo;
Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga;
Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco;
Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen
Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa;
Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.
Internacionales: Gustavo
Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo
Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca,
Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes,
México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense,
Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián
Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano,
Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório
de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal
Fluminense, Brasil).
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2015
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