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16 de abril de 2018

III. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

Es cambio radical del régimen de propiedad


Manejo comunitario de

bosques y agroecología

5 de abril de 2018
Soluciones de base para luchar contra el cambio climático y alcanzar la soberanía alimentaria y el cambio de sistema. El manejo comunitario de bosques protege mejor a los bosques que los enfoques de conservación. La agroecología para la soberanía alimentaria aumenta los ingresos, mejora la nutrición, refuerza la resiliencia al cambio climático y protege la biodiversidad.

Por Diego Alejandro Cardona

El bienestar de nuestras comunidades, el mundo natural y la capacidad de alimentarnos de forma justa y sustentable han sido devastados en unas pocas décadas a causa del control que ejercen las empresas sobre los sistemas agrícolas y forestales. Las cifras de desnutrición ydeforestación aumentan anualmente.
Las formas en las que producimos alimentos y manejamos nuestros bosques están íntimamente relacionadas. La agricultura industrial es la causa principal de la deforestación, mientras que miles de comunidades son desplazadas de las tierras donde viven y producen alimentos en nombre de la protección de los bosques.
Los políticos recurren a menudo al desconocimiento que existe en torno a la pregunta de cómo proteger los bosques y alimentar a nueve mil millones de personas a la vez. Amigos de la Tierra Internacional, junto con nuestros aliados de las comunidades de campesinos/as, pueblos indígenas, pescadores/as de pequeña escala y pueblos que habitan los bosques, sabemos que las soluciones existen desde hace años en estas comunidades.Los bosques y la producción de alimentos pueden y deben estar bajo control de las comunidades mismas para el desarrollo colectivo con el fin de conservar la naturaleza, alimentar a las personas y fortalecer los derechos comunitarios de miles de personas a nivel mundial.
El manejo comunitario de bosques protege mejor a los bosques que los enfoques de conservación. La agroecología para la soberanía alimentaria aumenta los ingresos, mejora la nutrición, refuerza la resiliencia al cambio climático y protege la biodiversidad.

En este informe se pone de manifiesto que tanto la agroecología como el manejo comunitario de los bosques son propuestas políticas, no sólo iniciativas técnicas. La agroecología y el manejo comunitario de bosques están íntimamente relacionados. Ambos fortalecen el control comunitario por sobre el territorio, promueven los derechos de los pueblos por encima de las ganancias para las economías de mercado, reconocen el papel y la autonomía de las mujeres, promueven los mercados locales y las economías sociales y de solidaridad, defienden y gestionan el conocimiento tradicional, el patrimonio de las comunidades y los bienes comunes y promueven y fortalecen una visión que no está únicamente centrada en el uso que dan los seres humanos a la naturaleza sino en el valor de la naturaleza en sí misma.

Tanto la agroecología como el manejo comunitario de bosques se encuentran bajo la amenaza de la economía verde, la financierización de la naturaleza, los agronegocios y las visiones técnicas del manejo de bosques y la agricultura que causan escasez de alimentos, deforestación y degradación forestal.
Nuestro desafío es poner en práctica mecanismos institucionales y sociales que permitan hacer prosperar estas soluciones.

Descargue el documento (PDF) a continuación:

II. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

Porque el progresismo no es alternativa popular


Uruguay
El cerrojo progresista
19 de marzo de 2018

Por Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


8 de marzo de 2018. “Todas juntas”. Portadas de diarios y noticieros televisivos dan cuenta de la enorme demostración. Las redes sociales explotan de feminismo. Gobernantes y opositores se tiñen de morado. Más de 200 mil personas. Mujeres de todas las edades. La colorida multitud tapiza un largo tramo de la principal avenida de Montevideo. Cientos de videos difunden las imágenes del caleidoscopio. Impresionante.
Las demandas de género y equidad tienen como destinatarios los poderes del Estado (gobierno parlamento, justicia). La horrible ola de femicidios y la imparable “violencia doméstica” (que afectan sobre todo a mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres), agregan la cuota de indignación y de rabia. Al paso de la marcha, en una pantalla gigante del Impo (Centro de Información Oficial) se lee que Uruguay “es el país con el índice de asesinatos de mujeres más alto del mundo”. Lo que, de ser exacto, vendría a contrariar cifras de Naciones Unidas y CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que hablan de “un país con poca violencia de género”. (1)

La “brecha salarial” figura entre los tantos reclamos. Aunque “se viene reduciendo paulatinamente”, la desigualdad es un insulto: las mujeres ganan un promedio de 23,9% menos que los hombres por la misma tarea. Lo que implica nada menos “que si un hombre y una mujer comenzaran a trabajar el 1° de enero en el mismo cargo, la mujer cobraría a partir del 28 de marzo, por lo que trabajaría gratis los primeros 87 días del año”. (2)
Los contrastes en las proclamas leídas en el curso de la Marcha, no disminuyen la intensidad del “fenómeno social”. Reafirman la fertilidad del movimiento de mujeres que se adueña del espacio público. Aún si “puertas adentro” del feminismo militante se expresan “diferencias ideológicas y generacionales” que “reeditan el histórico debate entre la autonomía, la institucionalización y el rol del Estado”. (3)

Infelizmente, la Huelga Internacional de Mujeres no tuvo el mismo eco. Mientras que en algunos lugares se paralizaron las actividades total o parcialmente (salud pública, liceos públicos, Universidad de la República, y pocos del sector privado), la inmensa mayoría de las trabajadoras no pudieron acompañar la convocatoria. Aun con sindicalización, las asalariadas de fábricas, panaderías, tiendas, restaurantes, farmacias, shoppings, supermercados, empleo doméstico, limpieza subcontratada, call centers, celebraron el 8 de Marzo trabajando.
Ellas, también, exigen respeto, quieren ser libres, vivir sin miedos. Si bien no estuvieron en la Marcha, ni hicieron la Huelga. Se entienden las razones: integran ese 70% de “sectores populares” imposibilitado de realizar los “paros parciales”, que decreta el aparato del PIT-CNT. (4)

Constatación insoslayable. La crítica de la opresión patriarcal, la reivindicación de los derechos de género, y por tanto, la emancipación de la mujer, son inseparables de la lucha de clases. Sin alterar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital, sin desafiar el despotismo patronal, sin eliminar las condiciones de empleo precario y miseria salarial, sin derrotar la amenaza del despido, sin barrer el acoso machista del lugar de trabajo, la “condición femenina” continuará en estado de subordinación. Mucho peor para trabajadoras, solas o jefas de hogar, cuyo ingreso promedio apenas supera un salario mínimo mensual de 430 dólares.

De todas maneras, es cierto que la Marcha de las Mujeres -pese a sus diferencias y limitaciones- comparte el podio junto a la Marcha del Silencio (20 de mayo), y a la Marcha de la Diversidad Sexual, (28 de setiembre). Son las únicas manifestaciones realmente masivas que sacuden, tres veces al año, la apatía política.
Aunque sean muy distintas. Por origen, identidades, reivindicaciones. La Marcha del Silencio (5) convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclama Verdad y Justicia. Exige, incansablemente, el fin de la impunidad, el castigo a los criminales del terrorismo de Estado. (6) Aunque la burla del gobierno persista. (7)
La Marcha de la Diversidad Sexual, convocada por colectivos LGTBI, feministas y culturales, ONGs e instituciones oficiales, resalta derechos conquistados, avances legales, y alerta sobre discriminaciones enquistadas. Muestra un alto componente juvenil. Aunque desde hace unos años, se nota un sesgo de marketing político progresista.
No obstante distintas, convergen en ellas rasgos comunes. Son pacíficas, inclusivas, tolerantes. Revalorizan solidaridades. Si bien ninguna establece barreras de clase, ni levanta consignas anticapitalistas, ni pretende subvertir lo establecido. Es decir, no está en sus intenciones desafiar el orden del capital, ni la “autoridad legítima” del Estado y sus instituciones.

Lejos de una crítica sectaria, es un dato de la realidad. Las tres Marchas presentan una nítida fotografía del país progresista. Dónde las diversas “agendas democráticas” de la “sociedad civil”, superan, largamente, los índices de “conflictividad laboral” y las plataformas “clasistas” del “movimiento obrero organizado”. Bastaría una simple comparación: el PIT-CNT dice contar con alrededor de 400 mil afiliados (30% de los/as asalariados/as con “empleo formal”), sin embargo, desde hace muchos años, no logra reunir a 5 mil trabajadores en el acto central del 1° de Mayo. La Plaza Mártires de Chicago a medio llenar. Los parques repletos. Tal cual una jornada de asueto familiar.

Horizonte infranqueable
La resistencia social existe. Es defensiva. La cartelera de luchas da cuenta de ello. Movilizaciones por los Consejos de Salarios (negociación tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos); protestas contra el “modelo extractivista” y en defensa del agua; trabajadores rurales que exigen el cumplimiento de la “ley de 8 horas” y el cese de la represión patronal; familiares de adolescentes presos que testimonian las torturas que aplican los funcionarios sindicalizados del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente); clasificadores de basura que reclaman dignificar su tarea; escraches a los impunes del terrorismo de Estado; mujeres en alerta que denuncian la violencia de género; reclamos por mayor presupuesto para la salud, educación y vivienda.
Pancartas y grafitis callejeros aluden al “ajuste fiscal”, las “rebajas salariales”, la privatización y tercerización de servicios públicos, a la corrupción (comprobada) en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Parece que gobernara el “neoliberalismo salvaje”.

Algunas de esas luchas han sido, masivas, radicales. Como la de maestros/as y profesores/as en el invierno de 2015. Tabaré Vázquez les decretó la “esencialidad de los servicios” que prohíbe la huelga. El Director Nacional del Trabajo era Juan Castillo, ex dirigente del PIT-CNT, hoy secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU). Fueron reprimidos por las brigadas antimotines de la Guardia Republicana. Perdieron en esa ocasión y sus organizaciones quedaron debilitadas. Cumpliéndose así el propósito (hecho público ante los medios) de José Mujica: a los sindicatos de la enseñanza “hay que hacerlos mierda”. Aunque el 1° de marzo de 2010, ya posesionado como jefe de Estado, le anunciaba al Parlamento sus tres principales objetivos: “educación, educación, educación”. Una radiante Hillary Clinton lo aplaudía de pie.

Los sindicatos de la enseñanza continúan peleando. Igual que miles de trabajadores/as. Sin embargo, las aspiraciones de “salario digno” y “justicia social“, no agrietan eso que muchos comentaristas llaman “hegemonía progresista”, la cual, en verdad, funciona como cerrojo ideológico y programático. Donde la perspectiva de emancipación social y el “ir más allá” quedan encerrados en las dos premisas fundamentales que definen el “cambio posible”: aceptación del capitalismo y colaboración de clases. Las demandas tienen un límite: el horizonte infranqueable.

Dicho en palabras del jefe de los tupamaros oficiales. Por un lado, la economía capitalista “es una herramienta de la prosperidad económica.” (8) Imposible de vencer “con decretos o con decisiones meramente políticas. Es un cambio de época. Utilizamos los recursos del capitalismo con el máximo de inteligencia para tratar de tener sociedades mucho más calificadas”. (9) Por el otro, “las discusiones sindicales no pueden ser solo sobre salarios (...) El trabajador se tiene que ir empezando a envolver de las dificultades y los logros que tienen las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa”. (10)
La profesora Alma Bolon ya lo había apuntado lucidamente. Mujica no es solamente “héroe de la más exitosa operación mediático-ética de la que haya registro en estas tierras”; sino “el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar”. (11) Tiempo después de estas lapidarias afirmaciones, un índice del Instituto Fraser con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo, un think thank de corte liberal, certificaba que la adscripción del antiguo guerrillero a las “reglas” del mercado es absolutamente sincera: durante su presidencia (2010-2015), el país consiguió el “mayor grado de libertad económica”. (12)
Las consecuencias de esta espantosa metamorfosis de la “izquierda histórica” son aplastantes. Entierran principios. Borran antagonismos entre pobres y ricos. Domestican conciencias. No hay clases irreconciliables. La “cultura obrera” cede lugar al “status de clase media”. La lucha de clases se vuelve un juego de intercambios negociados o de “contrapartidas acordadas”. La “convivencia ciudadana” y el “interés nacional” como estandartes. Las percepciones socio-culturales se confunden. Hasta las más elementales.
Los “milicos represores” pasaron a ser la “Policía amiga”. Los efectivos del Ministerio del Interior (que dirige Eduardo Bonomi, otro tupamaro oficial) aducen sentirse “rehenes” en los “barrios críticos” de la periferia urbana. (13) Vecinos, comerciantes y sindicatos del transporte, los convocan y apoyan. Son el arma institucional para perseguir a los “pobres malos” y, sobre todo, para castigar a los principales “enemigos de la seguridad”: los “menores infractores”.
El parte de guerra es un horror. Durante la presidencia de Mujica se profundizó el “Estado punitivo”. Se aumentaron los tiempos de “privación de libertad” para los adolescentes. (14) La mayoría de muertos y heridos en este “combate al delito”, tiene menos de 35 años. La tasa población encarcelada es la más alta de América Latina (15), el 62% de los 12 mil“ presos y presas es menor de 29 años. La cantidad de “población reclusa femenina” aumentó 583% en una década.
La pobreza ya no tiene raíces socio-económicas, sino que es un “problema personal y privado” (16) cuando no consecuencia de un proceso de “lumpenización” y “favelización”. Un alto porcentaje de personas (muchísimas votantes del Frente Amplio) critican los planes sociales, piensan que lo que se hace para bajar la pobreza “es más de lo necesario”. (17) Sin molestarse en saber que las “transferencias monetarias directas” a los hogares más pobres apenas representa 0,2% del Presupuesto Nacional; ni que 350 mil personas (11% de la población total del país) todavía sobreviven en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural”. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dicen que el “país igualitario” muestra signos de fractura. (17)
El PIT-CNT coopera con los “proyectos productivos”. Respalda la inversión privada, local y extranjera. Los sindicatos de la Construcción y Metalúrgicos (dirigidos por el Partido Comunista), admiten la instalación de la tercera “mega-fábrica” transnacional de pasta de celulosa: “genera empleos y masa salarial”. No importan la contaminación medio-ambiental, las exoneraciones fiscales, ni que las “obras de infraestructura vial” sean pagadas por el Estado. (18) En todos los casos mejor. Es la ley de “Participación Público-Privada” que, al fin, empieza a derramar “crecimiento económico”. Porque hasta ahora, solo se había concretado un solo emprendimiento: la construcción de una “cárcel modelo” con 1.800 plazas, donde los presos comerán pescado hasta ¡dos veces por semana!
Los gobiernos del Frente Amplio aceleraron la contrarrevolución agraria. Los propietarios del agronegocio la definen como una “revolución sorprendente” (19) Editorialistas liberales son más punzantes en el juicio. El gobierno Mujica, “será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas (…) “No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio”. (20) Ayuda memoria: Mujica ejerció como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010-2014) en el primer mandato de Vázquez.
En un contexto desfavorable, los sindicatos de trabajadores rurales denuncian la sobreexplotación, los salarios de hambre, la persecución sindical, las agresiones físicas, las deplorables condiciones laborales. Y luchan. Aunque la tasa de sindicalización ronde apenas el 6%. Reclaman fomento de la producción libre de transgénicos, destinada al mercado interno; créditos a cooperativas. Es decir, proponen otro modelo de “acceso a la tierra”. Sin embargo, “reforma agraria” y “expropiaciones” están ausentes de la extensa lista de “reivindicaciones inmediatas”. (21)

¿Ciclo o paréntesis?
1° de marzo de 2018. Ya no hay entusiasmo. Ni multitudes tomando las calles para saludar a Tabaré Vázquez, el “compañero presidente”. Como ocurría 13 años atrás, cuando el Frente Amplio asumía el gobierno nacional por primera vez. En esta ocasión, el progresismo optó, para “defender su gestión”, por “una nueva estrategia de comunicación”: la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Sin barullo militante ni ondear de banderas. Así los votantes meditan atentos en sus casas.
La tropa de choque aprueba sin chistar. Tanto el contenido como la modalidad. Son los miles de “cuadros políticos” y sindicalistas que se reciclaron como “gestores/administradores” del aparato de Estado. Para empujar “más a la izquierda". Y que siguen atornillados en sus “cargos de confianza política”. Hace rato que abandonaron la tesis de “rumbo en disputa”. Sus principales instigadores, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista, la tacharon del diccionario. Defienden su cuota de poder en la “nueva elite gobernante”. Ejerciendo clientelismo, comprando Ongs, traficando influencias, usando dineros públicos. Haciendo carrera como capa social privilegiada.
Más de una década después de aquel “cimbronazo político” que prometía, según Tabaré Vázquez, un “camino de transformaciones” que haría “temblar las raíces de los árboles” el resultado es, cuando mucho, avaro. Incluso desde una mirada “reformista”.
Leyes de protección laboral; derechos sindicales; “recuperación salarial” (entre 2005-2013); reducción de la pobreza y la indigencia (entre 2005-2015); “agenda de nuevos derechos” (despenalización del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario). En fin, 600 mil personas (27% de la población) integradas al “confortable” consumo de “clase media”.
No obstante, las “asignaturas pendientes” superan la lista de materias aprobadas. A pesar de una década con record histórico de “crecimiento económico” que permitió una “recuperación salarial sin precedentes”, casi la mitad de la fuerza de trabajo “percibe una remuneración inferior a los 600 dólares mensuales”. (22) El desempleo se ubica en 8,5%. (145 mil personas). Una cifra “no dramática” según el gobierno. Pero en el caso de los jóvenes, el desempleo llega casi al 25%. Alrededor de 185 mil personas habitan los “asentamientos irregulares”. Las 15 mil viviendas populares que Mujica prometió en el marco de su “generoso” Plan Juntos, fueron menos de 3 mil al final de su mandato. El embarazo adolescente llega al 17% en los barrios más pobres y a cero en los más ricos Apenas 2% de los “hijos de clase trabajadora” accede a la Universidad. En la enseñanza pública, 6 de cada 10 alumnos no completa los seis años del ciclo secundario. .
Las pautas del programa económico, certificado por las Instituciones Financieras Internacionales en junio de 2005, en la ciudad de Washington, están vigentes. Las ataduras a las condiciones que impone la “mundialización” capitalista, también. La fraudulenta deuda externa se paga puntualmente. Al final, el progresismo resultó un “cambio posible”...en la misma dirección.
Por tanto, es una exageración hablar de dos “ciclos” o de dos “eras”. Neoliberalismo y “pos-neoliberalismo” convergen en la misma lógica. La prosa “neo-desarrollista” apenas un eufemismo que no modifica la ecuación. La “matriz” fue diseñada por los gobiernos de coalición entre colorados y blancos en la “década perdida” de 1990 y así continúa. Los pilares son los mismos. Ley Forestal; Ley de Inversiones; Ley de Zonas Francas; Sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap); Ley de Puertos. Cuando el Frente Amplio, era oposición de izquierda, se opuso a este proceso de contrarreformas neoliberales, promoviendo en algunos casos plebiscitos y referéndums. Ninguna fue derogada en estos 13 años.
El “ciclo progresista” consistió, justamente, en más continuidad. Desregulación financiera; desnacionalización de la producción y de la comercialización de los rubros exportables: soja (100% transgénica), carne, arroz, trigo, lácteos; concentración-extranjerización de la tierra; multiplicación del régimen de zonas francas; exoneraciones tributarias a las multinacionales de celulosa y mineras; privatizaciones y subcontrataciones.
Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio le agregaron: Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), primer mandato de Vázquez; ley de “Participación Público-Privada” (PPP) y ley de “Inclusión Financiera”, mandato de Mujica (23); privatización-tercerización de áreas y servicios del Banco de la República (BROU), segundo mandato de Vázquez.
La agenda económica no contempló, en ningún momento, una real distribución de la riqueza. La “rentabilidad” empresarial siempre estuvo a cubierto de los vaivenes “cíclicos” de la economía. En todo caso, el progresismo se benefició del paréntesis que abrió la “bonanza” de los commodities (entre 2004-2001), para “ocultar el “conflicto distributivo” y generar recursos de inversión pública y financiamiento del proceso asistencialista de las políticas sociales. Aunque el monto destinado a esas políticas nunca haya alcanzado el 0,4% del PBI. (24)
Desde el vamos, la política económica fue una sola. Coherente. Jamás estuvo “en disputa”. Ni hubo tire y afloje entre “dos equipos económicos”. Las directrices fueron marcadas por su principal teórico y ejecutor: el solvente Danilo Astori. El historiador y politólogo Gerardo Caetano, a quién nadie puede tildar de “radical” o desinformado, lo describe con precisión. “Me causa mucha gracia cuando me dicen que Astori es el gran perdedor en la interna frenteamplista. En los tres gobiernos frenteamplistas, luego del presidente, ha sido sin duda el hombre más poderoso en estos 11 años. Vázquez lo ha respaldado siempre o casi siempre y Mujica, aun cuando lo ha discutido, a la hora de la verdad también lo respaldó. Entonces la mera discusión de la política económica del gobierno frenteamplista se ha convertido en un tabú”. (25) Lo continúa siendo, aun si de vez en cuando hay griterío y rabieta. Y muchos militantes se sientan desconcertados. Incómodos.

Partido de Estado
Nadie pretendía, o siquiera imaginaba, que el Frente Amplio sería un gobierno de “ruptura anticapitalista”. Que fuera a poner en tela de juicio las “relaciones sociales de producción” o que demolería las instituciones del régimen burgués de dominación política. Tampoco que asumiría una postura soberanista ante la prepotencia del “campo imperialista”. De hecho, está a favor de firmar Tratados de Libre Comercio con quien sea. Por ejemplo, es uno de los socios del Mercosur más proclives a concretar, rápidamente, el que se negocia con la Unión Europea.
Su definición estratégica se basó en llegar al poder de Estado, sometiéndose al régimen de “democracia gobernable”. Ya cuando la brutal crisis económico-financiera de 2001-2003, su compromiso fue preciso: “lealtad institucional”. Mientras diversos analistas nacionales e internaciones (hasta incluso el FMI) daban que el presidente de entonces, Jorge Batlle (Partido Colorado) estaba “con los días contados”, amortiguó las terribles consecuencias sociales para “no incendiar la pradera”. No hubo saqueos, ni huelgas generales, ni asambleas barriales, ni gente con cacerolas en los ómnibus como en Buenos Aires. Y mucho menos el “que se vayan todos”. Fue el último examen y lo aprobó. El trampolín hacia la victoria electoral de octubre de 2004.
Cierto. El Frente Amplio no llegó al gobierno empujado por una ola de insurgencias populares, ni rebeliones masivas. Es la diferencia con Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No estaba obligado a ir por las “reformas estructurales” del programa “antioligárquico” y “antiimperialista” de 1971, cuando su fundación. La reforma agraria, la nacionalización de los bancos privados, la reforma urbana, la nacionalización del comercio exterior, no eran ya una seña programática de la clase trabajadora y sus aliados populares. La crisis de 2001-2003, fue un punto de inflexión. Las demandas bajaron a tierra. El desastroso cuadro socio-económico pincho la “inflación de expectativas”. Había que “recuperar” condiciones de vida soportables. Más de 150 mil trabajadores/as habían perdido el empleo en el sector privado; el salario sufrió una caída del 20%; la pobreza y la indigencia sumaban 39%.
En tal sentido, el progresismo se hizo cargo de la “herencia maldita” sembrada por la “crisis del neoliberalismo”; recompuso en parte el “tejido social”, redujo los índices de “pobreza reciente” y, fundamentalmente, restauró la “normalización” sistémica. Ejerciendo el poder como partido de Estado. O sea, como partido del orden capitalista. Hecho cualitativo y definitorio que los sectores frenteamplistas “desconcertados”, por lo general, omiten de sus análisis. Con mayorías parlamentarias (en los dos primeros mandatos) y sin formalizar un gobierno de coalición con la gran burguesía como en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el progresismo uruguayo aplicó con prudencia la estrategia de “unidad nacional” a partir de una consistente política de colaboración de clases. Que, debe decirse, contó (y cuenta) con un amplio consentimiento social.
Evidente. La “decadencia ideológica” de la “centroizquierda” fue sorteando etapas. Comenzó con las distintas “actualizaciones programáticas”, con el acceso al gobierno municipal de Montevideo hace 28 años, y con la idea verticalista de que los “cambios” son más eficientes, duraderos y sostenibles, si se realizan “desde arriba”. Desmotivando así cualquier proceso de auto-organización por fuera de lo institucional (partidos, sindicatos, gremios estudiantiles, Ongs cooptadas). Razones que también olvidan los militantes del Frente Amplio que hoy son críticos y se preguntan qué es lo que terminó y qué es lo que comienza. (26) Sin responderse sobre la naturaleza y la función actual del Frente Amplio.
Las fuerzas políticas que deciden en el Frente Amplio y sostienen al gobierno, ya no pueden considerarse “de izquierda”, ni en un sentido práctico ni programático. Su capa dirigente es, esencialmente, un grupo de funcionarios y parlamentarios que viven de los cargos públicos y las nominaciones electorales; que negocia por dentro del aparato de Estado con un conjunto de enemigos de la clase trabajadora (derecha política, poderes mediáticos, corporaciones patronales, instituciones financieras internacionales, gobiernos imperialistas o reaccionarios), Una capa social conservadora que, más allá de sus contorsiones discursivas y espasmódicos “virajes a la izquierda”, es irrecuperable, incluso para una lucha más o menos “reformista”. Su horizonte estratégico es el poder por el poder mismo, su programa está desprovisto de un proyecto de nación soberana y huérfano de cualquier noción de emancipación social.
Obviamente, esto no significa subestimar al Frente Amplio como maquinaria electoral. En este terreno seguirá gravitando. Tanto como su indiscutida capacidad de volver a reclutar votos y voluntades que se inclinan por “lo menos malo” para que “no vuelva la derecha”.
Las conclusiones que resultan de estos 13 años de progresismo en Uruguay, coinciden con las realizadas por Decio Machado y Raúl Zibechi en torno a los llamados “gobiernos nacionales y populares” o “pos-neoliberales” del “ciclo progresista” en América del Sur. “Lo que entró en crisis es un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales. El resultado de los años dedicados a gerenciar el modelo, fue el ascenso de nuevas proles de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado, ya sea como en las administraciones centrales, en las empresas estatales en alianza con empresas privadas. La crisis del progresismo devela lo que el discurso pretendió enmascarar: cómo las políticas sociales, bajo el argumento de la justicia social, el combate a la pobreza y la desigualdad, se limitaron a cooptar a los dirigentes populares para intentar domesticar los movimientos de los más pobres”. (27)
La verdadera “disputa”, entonces, pasa por (re)construir “un campo estratégico” de la izquierda socialista y revolucionaria. Y no apenas corregir el “rumbo perdido” de la antigua izquierda. Si la función central del progresismo es la de cerrajero del “potencial anticapitalista” de la clase trabajadora, el desafío de las fuerzas de “intención revolucionaria” es (o debería ser) la de forjar una vinculación real con las resistencias sindicales y populares, siendo protagonista visible, sin pretensiones vanguardistas, proponiendo alternativas programáticas y estratégicas antagonistas del poder de Estado y de su arquitectura institucional. En este cuadro, aquellos militantes del Frente Amplio “desencantados”, enfrentan un dilema: incómodos adentro, ¿peor afuera?
Montevideo, marzo de 2018.

Notas
1) “Uruguay es un país con poca violencia de género”. La Diaria, edición Fin de Semana, 3-3-2018.
2) “Brecha salarial: las mujeres trabajan 87 días gratis al año”. Informe Equal Pay Day divulgado por el estudio de abogados Ferrere, El País, 8-3-2018.
3) “Esta es mi revolución. El feminismo militante en Uruguay”, Daiana García, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 9-3-2018.
4) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única.
5) La Marcha recuerda el 20 de mayo de 1976, durante la dictadura (1973-1985), cuando fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes escindidos del movimiento tupamaro). Todos ellos se encontraban exiliados. El crimen fue cometido por militares uruguayos y argentinos en el marco de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), conocida más tarde como “Operación Cóndor”.
6) “Las cloacas de la impunidad”. Ernesto Herrera, Rebelión, 22-1-2015 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194573) y A l´encontre, 6-2-2015 (http://alencontre.org/?s=ernesto+herrera+impunit%C3%A9)
7) “Hasta acá llegamos”, La renuncia de Familiares al Grupo por Verdad y Justicia”, Samuel Blixen, Brecha, 2-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 3-3-2018.
8) Almuerzo de Mujica (12-12-2012) con 200 empresarios hoteleros, inmobiliarios y gastronómicos, Actividad organizada por “Destino Uruguay” en el restaurante Boca Chica de Punta del Este. Búsqueda, 27-12-2012.
9) Entrevista a Mujica, diario El Mercurio, Santiago de Chile, 5-1-2014.
10) Entrevista a Mujica, suplemento El Empresario, El País, 5-4-2013.
11) “El 14 de abril”, Ana Bolon, Brecha, 13-4-2012
12) “Uruguay tuvo con Mujica su mayor grado de libertad económica”, Búsqueda, 5-10-2017.
13) “Los policías denuncian sentirse “rehenes” en los barrios críticos”. El País, Montevideo, 9-3-2018.
14) “Seguridad, pobreza y criminalización. La profundización del estado punitivo en Uruguay”, Ana Juanche y Giani Di Palma, Revista Contrapunto, Montevideo, mayo de 2014.
15) “La benevolencia de la izquierda con los criminales es un mito”, entrevista al sociólogo Luis Eduardo Morás en el Semanario Hebreo, Montevideo Portal, 3-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018
16) “La pobreza como un problema personal y privado. El ropaje des-socializante de las nuevas políticas sociales”, Bentura, Alonso, Mariatti, Brecha, 2-9-2018.
17) “Es pobre por “su culpa”: la nueva grieta uruguaya”, Tomer Urwicz, El País, 24-9-2017.
18) Ya existen dos gigantescas fábricas pasteras: una de UPM (ex Botnia), transnacional finlandesa, ubicada en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro; y otra de Montes del Plata, propiedad de Arauco y Stora Enso, de origen chileno y sueco-finlandés, ubicada en Conchillas, departamento de Colonia. La segunda de UPM, se instalará cerca de la ciudad de Paso de los Toros, ubicada entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó.
19) “Agro. La revolución sorprendente”, Rosanna Dellazoppa, Fin de Siglo, Montevideo, 2014.
20) “Dos años de Mujica”, Claudio Paolillo, Búsqueda, 1-3-2012.
21) “El conflicto del campo en la mirada de los trabajadores. La séptima mochila”, Salvador Neves, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018.
22) “Hijos de la tierra. Apuntes sobre la economía política del Uruguay”, Gabriel Oyhantçabal. y Rodrigo Alonso, artículo publicado en el libro “Entre: ensayos sobre lo empieza y lo que termina”, Estuario editora, Montevideo, 2017.
23) A propósito del poder de los “servicios financieros” y sus consecuencias económicas y sociales, hay un estudio riguroso de Lena Levinas, investigadora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, “La financierización de la política social: el caso brasileño”, publicado en el sito de Sin Permiso, el 10-10-2015: (http://www.sinpermiso.info/textos/la-financierizacion-de-la-politica-social-el-caso-brasileno)
24) “Modos de ocultar el conflicto distributivo. Focopolítica en Uruguay”, Leticia Pérez, Brecha, 26-8-2016.
25) “El próximo presidente del FA tendrá que hacer varios parricidios”, entrevista a Gerardo Caetano, Brecha, 22-7-2016, y Correspondencia de Prensa, 23-7-2016.
26) Un resumen de las posiciones de estos sectores críticos, la expone el sociólogo Gabriel Delacoste en una entrevista titulada “La decadencia del progresismo no es electoral sino ideológica”, Brecha, 9-2-2018. Lacoste integra el colectivo de jóvenes académicos y activistas de diversas redes sociales, militantes del Frente Amplio, que publicaron el libro citado en la nota 22.
27) “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”. Decio Machado y Raúl Zibechi, Ediciones desde abajo, Bogotá, 2016.
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com

I. "El principio es la comunidad, la comunalidad, la reproducción de la vida y la defensa territorial".

América Latina 
en el cambio de época:
¿normalizar 
el estado de excepción?
23 de marzo de 2018


Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)


A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida
  
Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina
Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.
Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.
En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

·         Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

 
·         Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?
El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.
A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de laPolicía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con l a explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?
Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

·         Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.
·         Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

 
Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.
Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.
Caracas, marzo de 2018
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.

Notas (...)