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13 de octubre de 2014

Contra la vida y los pueblos está la Reforma a la ley de hidrocarburos.

Reforma a la ley de hidrocarburos
13-10-2014
Por Julio C. Gambina (Rebelión)
El Senado de la Nación Argentina acaba de dar media sanción a la modificación a la ley de hidrocarburos que regía desde los años 60´. En pocos días más, la Cámara de Diputados podrá transformarla en Ley.
Se trata de una legislación que generó mucha discusión entre el Poder Ejecutivo Nacional y las gobernaciones de las provincias productoras de petróleo, todo a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPHI, que incluye a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se discutía la apropiación de la renta petrolera, especialmente por las expectativas que genera la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina. 
Recordemos que la privatización de YPF a comienzos de los 90´ fue facilitada con la transferencia de la soberanía de la riqueza a los territorios provinciales, algo que dificulta cualquier decisión nacional relativa a la soberanía energética, la que debe pasar, necesariamente, por las discusiones en los Estados provinciales. Ante la posibilidad del desembarco de inversores externas para explotar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, las provincias hacen cuentas para disputar una parte de la renta a la que también aspira la Nación. 
El marco de la discusión es la insuficiencia energética del país, lo que supone importantes importaciones de gas y petróleo que rondan los 12.000 millones de dólares por año, con un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. Es un tema de preocupación cuando la política económica cuida el stock de divisas amenazado por la fuga de capitales, la ausencia de préstamos internacionales, las limitaciones al ingreso de inversiones externas y la preocupante tendencia al achicamiento del superávit comercial. Las fuentes de ingresos de divisas están angostadas y las reservas mantienen una tendencia a la baja, por lo que el gasto energético se constituye en un límite serio para cualquier política económica y especialmente si se pretende ampliar la producción. 
Como decimos, las expectativas están colocadas en los hidrocarburos no convencionales, sobre la base de que las reservas en el país son cuantiosas, estimándose a la Argentina como el segundo reservorio mundial en shale-gas y el cuarto en shale-oil. Hacer realidad las expectativas supone inversiones cuantiosas, las que empezaron a llegar con el acuerdo entre Chevron e YPF de gestión estatal y las señales provenientes del mundo de las petroleras y variadas visitas a las cuencas de hidrocarburos, y entre otras, las manifestaciones de interés de las recientes visitas de autoridades chinas y rusas. 

Para asegurar más inversiones externas se modifica la ley, ya que la anterior no incluía esta especificidad “shale”, no convencional, y no existían suficientes garantías a los inversores externos. Desde la privatización de la energía en los 90´, la orientación es a la mercantilización energética, algo que choca con una concepción de derecho a la energía que se discute en estas horas en Mar del Plata en un encuentro de trabajadores de la energía de varios países de la región y Europa. Mencionamos la contradicción porque el eje del debate entre una opción, la de mercado, y la otra por la des-mercantilización, supone una discusión del para qué la energía. 

En definitiva, se discute:

*  el modelo productivo y de desarrollo, el uso productivo de la energía, para consolidar un tipo de producción agraria orientada al monocultivo y depredadora de recursos gasíferos y petroleros, o el caso de la mega-minería a cielo abierto, o la propia producción de automotores o la industria de ensamble, con importante demanda de hidrocarburos;

*    o un uso energético ahorrador del estratégico insumo. Sin perjuicio de ello, también se discute la tecnología de la fractura hidráulica, que implica el uso de cuantiosas cantidades de agua y arena y la utilización de un importante cóctel de tóxicos con impacto sobre la naturaleza. Si bien la OFEPHI informa en su página sobre el control en el manejo de esos tóxicos y el uso adecuado del agua, hoy recurso estratégico, son numerosos los movimientos que surgen en el país en crítica a la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Más de 30 consejos municipales han manifestado su rechazo a la explotación vía fracking en sus territorios, lo que puede llevarnos a imaginar que los próximos días puede exacerbarse. 
Aún es posible defender la soberanía energética y luchar contra la reforma en curso. Es necesario movilizarse en todo el país, y especialmente en las puertas del Congreso para hacer escuchar la voz del pueblo en favor del Derecho a la Energía. Es el sentido principal que sustentaron las intervenciones de los delegados sindicales de otros países presentes en el Seminario homenaje al 71° aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata el pasado viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2014.

Contra la vida y los pueblos está que el Código Civil Comercial quita el derecho al agua para priorizar el gran consumo del fracking y la megaminería.

Asambleístas de Bariloche rechazan el nuevo Código Civil Comercial
6 de octubre de 2014
La Asamblea de Bariloche contra la Megaminería emitió un comunicado en repudio a la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina "por las maneras apuradas y prepotentes de impulsar este proyecto".
"No solo careció de instancias profundas de debate en Diputados, sino que su aprobación atenta contra derechos fundamentales y estructurales de la democracia. Si bien se podrían destacar algunos aspectos positivos, como el divorcio express, estos resultan minimizados por otros artículos, que puestos en dimensión, significan un retroceso sobre muchos logros que esta sociedad logró durante años de lucha", expresaron.

Los vecinos explicaron que "este nuevo código ha regalado para el uso privado los caminos públicos de las orillas de los ríos de toda la Argentina". Al respecto, señalan que el viejo artículo 2639 -ahora reemplazado- decía que: Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de TREINTA Y CINCO (35) metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.

Entre las funciones ambientales que cumplía este camino público se encontraba la preservación de los ecosistemas costeros, la protección de la biodiversidad, los humedales y áreas de absorción, garantizar la libre circulación y acceso a los bienes comunes como son los ríos navegables.

"El nuevo artículo del Código Civil argentino elimina el concepto de calle o camino público, y deja sólo una franja de terreno de quince (15) metros, pero además modifica la condición de los ríos, que deben ser "aptos para el transporte por agua", lo cual aumenta aún más esta restricción. Y especifica que la finalidad de esa franja costera está relacionada con el transporte por agua. Menospreciando, de esta manera, la voluntad de las poblaciones que hacen usos sociales y ambientales de este camino", argumentaron.

"En referencia a la problemática del agua, para este código prevalece la lógica de saqueo y la mentalidad de mercado por encima de las necesidades de las comunidades porque deja de lado el derecho al agua potable para la población, mientras el Estado argentino garantiza la indiscriminada explotación del agua para la megaminería y el fracking. Hay que recordar que cada una de estas explotaciones utiliza, durante las 24 hs, millones de litros de agua, que al mismo tiempo deja de ser potable. De haberse incluido el acceso al agua potable como un derecho fundamental, se podría haber puesto el foco en esa cuarta parte de la población argentina que no tiene acceso a ella. La verdad desnuda es que sin agua no se puede vivir, con poca agua o de mala calidad la gente se enferma y las actividades agrícola- ganaderas de subsistencia no pueden llevarse a cabo", añaden.

Otro de los artículos sobre los que pusieron foco es el 1762 que dice que: "Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo".

"Esto remite peligrosamente al control que se quiere ejercer sobre las protestas sociales y no hace sino apuntalar la aun vigente ley antiterrorista", cuestionan. 

 "Un gobierno que se jacta de respetar los derechos humanos no puede permitirse este Código Civil y Comercial apurado, ya que puesto en la balanza, estos artículos mencionados y otros tantos, sólo expresan un abuso de lo privado sobre lo público, y por si fuera poco, legaliza aun más la entrega del territorio, como si el lugar donde vivimos y coexistimos fuera un código de barras librado a las leyes del mercado", concluye el comunicado de la Asamblea.

Fuente: http://bariloche2000.com/noticias/leer/asambleistas-de-bariloche-rechazan-el-nuevo-codigo-civil/86815

Contra la vida y los pueblos están la agricultura industrial y los transgénicos.

Un informe de la Universidad de Río Cuarto alerta sobre sus efectos
Daño genético y glifosato
13-10-2014
Por Darío Aranda (Página 12)
Después de ocho años de investigaciones, el grupo GEMA de la UNRC elaboró un informe en el que confirma la vinculación “clara” del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.

Ocho años de investigación, quince publicaciones científicas y una certeza: los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. La afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina y clorpirifós son algunos de los agroquímicos perjudiciales. “La vinculación entre daño genético y cáncer es clara”, remarcó Fernando Mañas, investigador de la UNRC.

“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas” lleva como título la investigación publicada en la revista científica Toxicología Ambiental y Farmacología (de Holanda). El trabajo detalla el efecto genotóxico (el daño sobre el material genético) del glifosato en células humanas y de ratones. Incluso confirmaron daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta veinte veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo.

Otra de las investigaciones se llama “Genotoxicidad del AMPA (metabolito ambiental del glifosato), evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”. Publicado en la revista Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (de EE.UU.). El AMPA es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA). Confirmaron que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana. “El AMPA ha demostrado tener tanta o mayor capacidad genotóxica que su molécula parental, el glifosato”, afirma la investigación de la universidad pública.
“En diversas investigaciones confirmamos daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño cromosómico que vimos indica quién tiene más riesgo de padecer cáncer, a mediano y largo plazo. También otras enfermedades cardiovasculares, malformaciones, abortos”, explicó Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de la UNRC.
Mañas trabaja junto a Delia Aiassa y coordinan juntos desde 2006 el grupo 
de investigación. Al inicio era cinco investigadores. En la actualidad son 21 con enfoque multidisciplinario (biólogos, veterinarios, microbiólogos, psicopedagogos, veterinarios y abogados). El eje común son los efectos de la exposición a sustancias químicas sobre la salud humana, ambiental, animal. Trabajan junto a poblaciones expuestas a agroquímicos, estudian los cromosomas, el ADN y el funcionamiento del material genético.

En sus quince artículos científicos los investigadores confirmaron el efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral e involuntariamente a las sustancias químicas. La última investigación, de 2014, se realizó en niños de entre 5 y 12 años de Marcos Juárez y Oncativo (Córdoba), donde también se encontró un aumento en el daño en el material genético de los niños.
Explican que los estudios en cromosomas son sobre material genético. Hallaron altos niveles de daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño en cromosomas (material genético) alerta que la persona está en riesgo de desarrollar algunas enfermedades. “A mayor daño genético, mayor probabilidad de cáncer”, afirmó Mañas.
A lo largo de sus quince investigaciones utilizaron distintas técnicas. En todas confirmaron daño genético. “Los agroquímicos y el daño que provocan está absolutamente vinculado al modelo agropecuario vigente”, afirma Mañas, aunque aclara que es una opinión a título individual y no una postura de todo el equipo de investigación. Primero trabajaron con una muestra de veinte personas, de la periferia de Río Cuarto. Profundizaron con 50 personas en otras localidades y, luego, con 80 de Las Vertientes, Marcos Juárez, Saira, Rodeo Viejo y Gigena. Los productos más encontrados y que provocan más daño son el glifosato, atrazina, cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.

“Estrés oxidativo y ensayo cometa en tejidos de ratones tratados con glifosato y AMPA” es el título de otra de las investigaciones publicadas en la revista Genética Básica y Aplicada de Argentina. Confirmaron “incremento significativo” en el daño del ADN en hígado y sangre. En la revista científica Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología (de Estados Unidos) confirmaron el daño genético en trabajadores rurales. “Estos resultados muestran que la exposición humana a mezclas de agroquímicos puede incrementar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la genotoxicidad (cáncer, problemas reproductivos y/o en la descendencia)”, precisa la publicación científica.
Buena parte de las investigaciones del grupo académico está presente en el libro Plaguicidas a la carta. Daño genético y otros riesgos que trata las características de los plaguicidas, los efectos sobre el material genético humano y de animales silvestres, la susceptibilidad de las personas y los efectos del glifosato, entre otros agrotóxicos.
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Libro "Transgénicos: Mitos y Verdades"
Se calienta el debate sobre transgénicos
13-10-2014

Por Rede de Acción en Plaguicidas RAP-Chile (Rebelión)
Un libro escrito por científicos, que derriba los mitos sobre los transgénicos propalados por la industria biotecnológica, será presentado en Santiago el 14 de octubre por La Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos. La obra "Transgénicos: Mitos y Verdades", de Michael Antoniou, Claire Robinson y John Fagan será lanzada a las 18.30 en el Café Literario del Parque Balmaceda ubicado en Providencia 410. En forma recurrente personeros de Monsanto y la industria biotecnológica sostienen que las posturas anti-transgénicos difundidas en las redes sociales carecen de base científica. Este libro demuestra todo lo contrario, en momentos que desde el gobierno también reimpulsan la Ley Monsanto, ampliamente rechazada por organizaciones sociales y ambientales. Ese proyecto pavimenta el camino a los cultivos transgénicos y es una amenaza a la semilla campesina e indígena.

La obra, editada por Quimantú y RAP-Chile, y traducida por Lucía Sepúlveda, será presentada por Camilo Rodríguez Beltrán, master en ciencias post-genómicas y Director de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, junto al agrónomo Guillermo Riveros, presidente de BioBio Orgánico, María Elena Rozas coordinadora nacional de RAP-Chile y la editorial Quimantú. Habrá música, con Natalia Contesse y un vino de honor, que se garantiza ha sido producido “sin agrotóxicos ni transgénicos”. La actividad se enmarca en el llamado a la acción lanzado por Vandana Shiva http://seedfreedom.in/events/lanzamiento-en-chile-del-libro-transgenicos-mitos-y-verdades/ y la Vía Campesina, en defensa de la Semilla, al acercarnos al Día Mundial de la Alimentación, el próximo 16 de octubre http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2267-16-de-octubre-dia-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-en-contra-las-corporaciones-transnacionales

El libro “Transgénicos: Mitos y Verdades” (título original: GMOS Myths and Truths), examina las proclamas sobre seguridad y eficacia de los cultivos manipulados genéticamente. Fue publicado originalmente en forma virtual por Earth OpenSource, en 2012. Michael Antoniou, uno de los autores, es biotecnólogo en el King’s College London School of Medicine, de Londres . Claire Robinson es directora de investigación de Earth Open Source y editora de GMWatch, y John Fagan es médico y biólogo molecular, experto en bioseguridad y certificación de transgénicos. Lucía Sepúlveda Ruiz, la traductora, es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, y vocera de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. El libro es de la Editorial Quimantú y se distribuirá a las comunidades y organizaciones de todo el país.

Un tema censurado
Sin importar si viven en el campo o en la ciudad, muy pocos chilenos y chilenas saben de qué hablamos cuando hablamos de transgénicos. No existe en nuestro país ningún libro que aborde el tema con esta profundidad y actualidad. Científicos y ciudadanos discuten globalmente con intensidad acerca de los cultivos transgénicos. Pero en Chile este debate no es tal y sólo se publican los comunicados de relaciones públicas de las empresas transnacionales vinculadas a este lucrativo y dañino negocio, que son grandes avisadores en los medios de comunicación.
El prólogo del libro se ocupa del caso chileno, sosteniendo que aún estamos a tiempo para detener los cultivos transgénicos. Entrega información al día sobre los semilleros transgénicos, sus negativos impactos, el apoyo del Estado a este tipo de cultivos y las regiones más dañadas por el impacto combinado de plaguicidas y transgénicos. También analiza las iniciativas legales vinculadas directa o indirectamente a los transgénicos, como el proyecto de “Ley Monsanto” y el de Bioseguridad/Transgénicos, pronunciándose a favor de una moratoria a los cultivos transgénicos y etiquetado a los alimentos que lo contienen.

En siete capítulos esta obra (323 páginas e ilustraciones) aborda los aspectos centrales relacionados con el debate de los transgénicos, con un lenguaje preciso y accesible a todo público. Derriba uno a uno los mitos planteados por los amigos de los transgénicos, entre ellos dos de los más difundidos por esa propaganda: que la ingeniería genética no es más que una extensión del mejoramiento natural y que la manipulación genética es precisa y los resultados son predecibles.
Con argumentos sólidos demuestra que la manipulación genética es muy diferente del mejoramiento natural, presenta riesgos específicos, y además es tosca e imprecisa, por lo cual sus resultados son impredecibles.

El efecto crónico
En los primeros capítulos encontramos la explicación rigurosa y didáctica de la técnica de manipulación genética, para luego enfocarse en el tema desde la ciencia y los reguladores que toman decisiones al respecto en cada país, y en el capítulo tres, analizar los riesgos para la salud planteados por los alimentos transgénicos. En este capítulo, sin duda uno de los más polémicos e importantes de la obra, se incluye un apéndice actualizado a 2014, referido al estudio del investigador francés Gilles-Eric Séralini sobre el efecto crónico de la alimentación con maíz transgénico y herbicida Roundup, que ha sido objeto de un intenso debate académico y ciudadano. El capítulo siguiente se refiere al herbicida glifosato (nombre comercial Roundup) de Monsanto, el más utilizado en el mundo y Chile, examinando los peligros que presenta para la salud. Los tres últimos capítulos se refieren a los impactos en el campo y el ambiente de los cultivos transgénicos; al cambio climático y el uso de la energía y al dilema planteado frente a la necesidad de que la agricultura pueda alimentar efectivamente al mundo. Señala claramente de qué forma se puede lograr aquello. Cada uno de los siete capítulos, incluye notas con referencia a fuentes de los estudios científicos más relevantes. A modo de ejemplo, el capítulo 5 tiene 191 notas con sus respectivas fuentes.

“Mitos y Verdades” está dirigido a los más amplios sectores de la sociedad y grupos de interés, incluidos parlamentarios y funcionarios que toman decisiones de políticas públicas. Constituye un hito importante en el debate de las políticas públicas relacionadas con la agricultura y la alimentación y apunta a develar las falsedades que las corporaciones agrobiotecnológicas que lucran con las semillas manipuladas genéticamente, difunden en Chile y en todo el mundo. www.periodismosanador.blogspot.com

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190720

"La crisis climática nos enfrenta a la crisis civilizatoria.(...)El actual modelo de producción y consumo hace que nuestra sociedad sea inviable".

Crisis Climática
Biodiversidad | 08 octubre 2009

Por Ingrid Kossmann y GRAIN
El mal llamado cambio climático. En los últimos años se habla mucho de cambio climático, se realizan reuniones y se firman compromisos pero el problema parece agravarse. En Biodiversidad, sustento y culturas queremos aportar información sencilla y clara sobre el tema y analizar falsas soluciones que se están proponiendo, por lo que en este cuaderno y el de nuestro número 63, en enero de 2010, abordaremos aspectos clave de la crisis climática.
En nuestro planeta se producen cambios en el clima, periodos de aumento de temperatura y de enfriamiento que conforman ciclos de más o menos cien mil años. Actualmente estamos en un periodo de enfriamiento. Sin embargo se pronostica un aumento de temperatura que resulta amenazador para los ecosistemas y que tendrá fuertes impactos en la economía y las condiciones de vida de la gente. ¿A qué se debe este aumento? A la acción humana. Por eso en esta cartilla preferimos hablar de crisis climática, crisis producida por la acción humana.

Causas políticas y económicas. El origen de la crisis climática está en el modelo de desarrollo vigente. El concepto de progreso y modernidad de la sociedad occidental promovió el desarrollo industrial y tecnológico y el consumo ilimitado, sin tener en cuenta el impacto que esto producía en las distintas culturas y en el entorno natural. El crecimiento económico se volvió el único indicador considerado válido. En el presente pese a existir mayor conciencia ambiental, la búsqueda de ganancia sigue siendo el eje en torno al cual se analiza y organiza el funcionamiento social.
Desde comienzos del siglo xx la actividad industrial se desarrolló a partir de motores que consumen combustibles derivados del petróleo. En la década del 50 la industria automotriz se expandió y se convirtió en el corazón de la industria general del mundo. Actualmente circulan en el planeta más de 800 millones de autos, cada año se producen 80 millones de unidades. La industria automotriz y las empresas petroleras se convirtieron en un núcleo de poder con capacidad de presionar e influir en decisiones políticas de países y organismos regionales.
Desde los años 80 estamos transitando la globalización. Un proceso de acumulación de capital y poder en un puñado de corporaciones que establecen las reglas de juego políticas y económicas para todo el mundo. A través de tratados imponen sus condiciones a los países y los gobiernos terminan actuando como títeres funcionales a los intereses corporativos.

Las falsas soluciones. Tal como hemos compartido hasta aquí el Protocolo de Kyoto se ha convertido en una gran feria de negocios. Los dos principios básicos que han guiado las negociaciones han sido privilegiar al mercado como proveedor de soluciones y no exigir a los países contaminantes una disminución real y en sus territorios de la cantidad de emisiones. No se cuestionan las verdaderas causas que nos han llevado a esta crisis climática: una sociedad sostenida por la combustión de petróleo, basada en el consumo ilimitado de productos materiales y en la que la totalidad de la vida ha sido convertida en una mercancía.

Las verdaderas soluciones. La crisis civilizatoria a la que nos enfrenta la crisis climática demanda cambios radicales en nuestra sociedad. El actual modelo de producción y consumo hace que nuestra sociedad sea inviable. Hace falta tomar conciencia que la biodiversidad sustenta nuestras vidas sobre la Tierra y que éste es el marco en donde deben inscribirse las soluciones a la crisis climática. Los pueblos han avanzado en encontrar sus soluciones y generar sus propias propuestas. En el próximo cuadernillo trataremos las falsas y las verdaderas soluciones.Leer

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La crisis climática y la Tierra

12/04/11
Por Shalmali Guttal y Sofía Monsalve 
 La tierra, los bosques y el agua deben ser protegidos como riqueza social común y se debe garantizar la seguridad de la tenencia de los recursos a los pequeños agricultores, los pescadores, los pastores trashumantes y las comunidades indígenas, a través de una reforma agraria integral. Los recursos y las políticas públicas deben reorientarse para apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que enfrían el planeta, nutren la biodiversidad y ahorran energía. De esta forma se podrá controlar el calentamiento global, alcanzar la soberanía alimentaria y reducir la angustiosa emigración rural hacia las zonas urbanas
Cuando hablamos de la crisis del cambio climático, generalmente nos referimos a las alteraciones recientes y futuras de los sistemas del clima del planeta que pueden atribuirse a actividades humanas (1). A la cabeza de estas actividades encontramos la quema de los combustibles fósiles, la explotación de los recursos naturales y la producción y consumo de energía y bienes industriales. Todos estos sectores son grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). El incontenible calentamiento del clima mundial resultante del aumento de las concentraciones de GEI en la atmósfera, ya ha provocado distorsiones en las condiciones del tiempo en las cuatro estaciones y en los patrones de las precipitaciones, así como el derretimiento de glaciares, cambios en los ciclos hidrológicos y mayor incidencia de eventos climáticos extremos, con graves consecuencias para los ecosistemas, la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la seguridad del abasto y acceso al agua, y para los medios de sustento de las comunidades pobres urbanas y rurales en todo el mundo.
La tierra y el agua son elementos centrales de la crisis del clima. La industrialización y el crecimiento económico dependen en gran medida de la explotación de la tierra y el agua, y su acaparamiento para servir a la producción de energía, la minería, la industria, la agricultura, los parques tecnológicos, el turismo, la recreación y la expansión urbana, continúa de manera irrefrenable en todas partes del mundo. Los cambios en la cobertura de la Tierra y los cambios en el uso del suelo son los impactos mundiales más antiguos de la humanidad y han producido cambios significativos en la cantidad de carbono que se almacena y se libera en la atmósfera. Los bosques y los humedales almacenan más carbono que las praderas, las que, a su vez, almacenan más carbono que los cultivos. Los bosques naturales del mundo, las sabanas y los humedales han contribuido durante mucho tiempo a mantener el balance en el ciclo del carbono, pero su conversión a otros usos ha reducido gravemente este servicio crucial de estos ecosistemas. Hay estudios, incluidos los del Panel Internacional sobre Cambio Climático (PICC o IPCC por su sigla en inglés), que muestran que el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo son responsables de más del 30 por ciento de las emisiones de GEI que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra y ocasionan el calentamiento global.
Las plantas, las especies animales y la vida marina están amenazadas o desapareciendo a un ritmo sin precedentes debido a los efectos combinados del calentamiento global y la explotación industrial. La vida en su conjunto está en peligro por el descenso de la disponibilidad de recursos de agua dulce. Ya hay más de mil millones de personas que viven sin acceso a agua potable segura y más de un millón de personas –la mayoría niños- mueren cada año de enfermedades como la diarrea, la disentería y el cólera, que están relacionadas con la falta de una higiene adecuada y de agua potable segura.
Las evaluaciones del PICC indican que, a nivel mundial, se prevé que los impactos negativos del cambio climático sobre los sistemas de agua dulce serán enormes. Las proyecciones indican que, a partir de 2050, se duplicará o más el área de tierra sometida al creciente estrés hídrico. Se prevé que el aumento en la intensidad y variabilidad de las precipitaciones incremente los riesgos de inundaciones y sequías en muchas áreas y afecte negativamente la recarga de los acuíferos subterráneos, reduciendo así las reservas hídricas de las napas freáticas. Debido a los cambios en la temperatura y el patrón de lluvias, las sequías han venido sucediéndose de manera más frecuente desde 1970. Se prevé que los cambios en la cantidad y calidad de agua debidos al cambio climático determinen una disminución de la disponibilidad de alimentos y un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades rurales pobres, en especial en los trópicos áridos y semiáridos, y en los mega-deltas de Asia y África. Está previsto también el ascenso de los niveles del mar, que modificará la vida de las comunidades costeras, generando mayores desplazamientos en el interior de los países y entré países -en particular en Asia y África- y desatará nuevos conflictos por la tierra y el agua.
La destrucción causada por el calentamiento global va más allá de lo físico. Las condiciones del tiempo impredecibles y constantemente cambiantes cuestionan los conocimientos y la resiliencia local que han sido la base de un buen manejo de la agricultura y los ecosistemas en coproducción con la naturaleza, los que deberán ser reconstruidos a nuevo para ajustarse a las nuevas condiciones climáticas. En el período de transición, sin embargo, es probable que las comunidades rurales se tornen más vulnerables y dependientes de insumos y técnicas externas, y pierdan su preciado conocimiento local sobre los alimentos, las plantas medicinales, los suelos y el manejo costero, la protección de los bosques y la biodiversidad, etc.

Agricultura industrial
La agricultura y las pesquerías son sumamente vulnerables al cambio climático. Hoy, el 75 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales en los países en desarrollo y dependen de la agricultura familiar minifundista, la pesca artesanal y el pastoreo trashumante. Independientemente de las variaciones regionales, se prevé que el cambio climático tendrá impactos negativos sobre estas comunidades. Mientras se proyecta que enormes superficies en Rusia, Canadá y China se convertirán en tierras de cultivo, en las regiones tropicales y semitropicales el cambio climático probablemente conduzca a un descenso importante de los rendimientos de la producción agrícola, acelere la degradación de las tierras de cultivos y la línea costera, aumente la desertificación y provoque el desplazamiento de millones de pequeños productores rurales minifundistas.

La agricultura y otros sectores cuya actividad se basa en el uso del suelo son también grandes emisores antropogénicos de GEI a nivel mundial: la agricultura da cuenta de alrededor del 13,5 por ciento de las emisiones, aunque, contando el transporte, el procesamiento y la distribución de los productos agrícolas, esta cifra aumenta considerablemente; los cambios en el uso del suelo y la silvicultura representan el 17,4 por ciento (2), y la deforestación es responsable del 25 al 30 por ciento de las emisiones mundiales de GEI (3), aunque una investigación reciente muestra que la contribución combinada de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques y las turberas da cuenta de alrededor del 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, una participación similar a la del sector del transporte (4). La tierra agrícola ocupa entre el 40 y el 50 por ciento del total de la superficie continental del planeta y da cuenta del 60 al 80 por ciento de las emisiones de óxido nitroso (N2O) y entre el 50 y el 55 por ciento de las emisiones de metano (CH4) (5). La producción pecuaria da cuenta del 70 por ciento del uso de la tierra agrícola y los cultivos para forraje y alimento animal representan el 33 por ciento del total de la tierra arable. Un informe de la FAO estima que las emisiones de GEI provenientes de los cultivos comerciales de forraje y alimento animal, el transporte de estos alimentos y de los productos de origen animal, la fermentación entérica y las emisiones de CH4 y N2O derivadas del estiércol animal son responsables del 18 por ciento de las emisiones de GEI (FAO, 2006). Hay estudios que indican que las emisiones antropogénicas de GEI provenientes de la agricultura están aumentando debido al uso creciente de fertilizantes nitrogenados y a la cría de un número cada vez más grande de animales, en particular ganado vacuno. Las infraestructuras urbanas, los rellenos sanitarios, la disposición de residuos, el saneamiento, y la quema de biomasa son otras fuentes importantes de emisiones de GEI.

Sin embargo, no toda la agricultura acelera el calentamiento global. Según la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, 2009), la más alta intensidad de emisiones del sector agrícola está asociada a la agricultura industrial y a los monocultivos intensivos, que incluyen la producción de cultivos comerciales, alimentarios y bioenergéticos a mediana y gran escala y con uso intensivo de productos químicos, las plantaciones (de monocultivos de árboles) y la cría industrial de animales. Esta agricultura de uso intensivo de recursos reconfigura la forma en que se usan la tierra y el agua, y tiene impactos complejos y multidimensionales en los bosques, los ecosistemas, las cuencas hídricas, el clima, la seguridad alimentaria y las formas de sustento.

Los suelos agrícolas son tanto fuentes como sumideros de carbono. En las regiones de bosques tropicales húmedos, el comercio mundial y la intensificación de las economías de mercado impulsan la destrucción de los bosques para dar paso a los cultivos industriales y pasturas para la industria ganadera. Brasil sufrió una deforestación de 93.700 km2 entre 2001 y 2004, en gran parte debido al crecimiento de la demanda mundial de soja y carne vacuna. El bioma brasileño conocido como Cerrado –una zona de tierras secas, que ha sido reconocida como uno de los lugares de gran biodiversidad en alto riesgo—se encuentra particularmente amenazado. Más del 50 por ciento del Cerrado ha sido transformado para dar paso a la agricultura intensiva y la producción ganadera. De manera semejante, el sudeste asiático perdió 23.000 km2 de bosques entre 1990 y 2000 a manos de la tala maderera y la expansión agrícola. Cuatro quintos de los bosques húmedos indonesios han desaparecido desde la década de 1960, en su mayor parte a manos del cultivo de la palma aceitera, el caucho y otros monocultivos. En Sumatra, Kalimantan y Papúa, se estima que el ritmo de la deforestación se traduce en la pérdida de 400 campos de fútbol por día, la tasa más alta de deforestación del mundo.
La agricultura industrial y los monocultivos destruyen los procesos naturales que son necesarios para almacenar el carbono en la materia orgánica del suelo, y los sustituyen por procesos basados en fertilizantes y fitosanitarios químicos cuya producción insume grandes cantidades de combustible fósil. También destruyen características importantes del paisaje como los cercos vivos, las arboledas, las cuencas de captación de agua, hileras de árboles o arbustos, pequeños bosques naturales y otros hábitat naturales que brindan servicios ecosistémicos cruciales, como la recarga de los acuíferos y las cuencas hídricas, la retención de los nutrientes del suelo y el almacenamiento de carbono.

Acaparamiento de tierras
En los países en desarrollo, las necesidades diarias de alimentos de la mayoría de las familias rurales se satisfacen fundamentalmente a través de la producción localizada y las actividades de recolección a cargo de las mujeres. El agotamiento de los recursos naturales socava el conocimiento que tienen las mujeres de los usos tradicionales de las plantas silvestres como alimentos, forraje y medicina, aumentando su carga de labor en la tarea de satisfacer las necesidades alimentarias y de salud de sus familias. El uso intensivo de fertilizantes y fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas y fungicidas) químicos produce estragos en la biodiversidad, contamina los suelos, los ríos y los cursos de agua, las fuentes de agua subterránea y los manantiales, y afecta gravemente la salud de las comunidades y los ecosistemas. Cuando se destruyen las fuentes de alimentos silvestres y se envenenan los ríos y los pozos de agua y desaparecen los peces y la pequeña fauna marina, las comunidades rurales se quedan prácticamente sin fuentes de alimento y agua.
La sustitución de los cultivos alimentarios de los agricultores minifundistas por la agricultura industrial y la transformación de los bosques para ese uso exacerban la inequidad del acceso a la tierra y a los recursos naturales entre las comunidades y entre hombres y mujeres, especialmente en el caso de los cultivos bioenergéticos y otros cultivos comerciales de gran valor. A medida que se expropian bosques y tierras agrícolas para la instalación de empresas agrícolas industriales y plantaciones, las comunidades locales van siendo arrinconadas en parcelas más pequeñas y menos fértiles, y se ven obligadas a depender de una base de recursos más reducida para resolver sus necesidades de alimentos e ingresos. Las reservas de agua dulce son monopolizadas y en algunos casos agotadas, creando y exacerbando la escasez de agua. Esto ha desatado conflictos por el agua entre poblaciones locales, en particular, entre campesinos, pescadores y comunidades indígenas que se ven privados de sus derechos al agua. Los derechos de los pueblos indígenas al control, uso, administración y preservación de sus tierras ancestrales son particularmente afectados. La política agresiva de compra de cada vez más tierras por quienes tienen dinero ha multiplicado los precios de la tierra y ha generado pujantes mercados de tierras en los cuales los pequeños agricultores empobrecidos son presas fáciles de la especulación y los intermediarios.
Las familias que son desplazadas o expulsadas de sus tierras no tienen otro remedio que mudarse a zonas boscosas o de monte, y despejar nuevas tierras para cultivo. Allí compiten con otras comunidades que habitaban esas zonas desde antes, por el acceso a una base de recursos cada vez más estrecha. Las plantaciones comerciales a gran escala atraen a las poblaciones migrantes -que son a menudo poblaciones que fueron desplazadas de otras partes- a trabajar como mano de obra asalariada, habitualmente por sueldos magros. La infraestructura creada al servicio de la agricultura industrial –como las carreteras, el transporte, la electrificación, etc.—promueve la urbanización y facilita la penetración de las fuerzas del mercado en todos los ámbitos del ecosistema.
Las crisis mundiales alimentaria y financiera han transformado a las tierras agrícolas y la infraestructura para la producción agraria en bienes estratégicos de gran valor. Los países ricos que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias a través de la producción nacional –por ejemplo, Japón, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Libia y Arabia Saudita- están adquiriendo enormes extensiones de tierras de cultivo (y las fuentes de agua que contienen) mediante contratos de arrendamiento a largo plazo en Asia, África y América Latina, con el propósito de garantizarles alimentos a sus propias poblaciones y materias primas a sus industrias agroalimentarias. Al mismo tiempo, las empresas de agronegocios y las compañías financieras como Morgan Stanley, AIG, Deutche Bank, Goldman Sachs, Renaissance Capital y Landkom, también han adquirido tierras (y recursos hídricos) en el Sur, para asegurarse ganancias en futuras inversiones. Para los financistas aquejados de problemas, la tierra, el agua y la infraestructura agrícola son paraísos relativamente seguros: con el cambio climático, una población mundial en crecimiento, y la previsión de escasez de alimentos, asegurarse el control del suministro futuro de alimentos promete ser un negocio sumamente rentable.
Estos negocios de tierras socavan la biodiversidad, la salud humana y ambiental, y la capacidad de las sociedades de asegurarse sus alimentos por sus propios medios. Incluso si son los Estados los que adquieren tierras de cultivo, ellos tercerizan la producción efectiva de los alimentos a empresas de agronegocios y de la industria agroalimentaria. Las empresas privadas que adquieren tierras suelen invertir en los cultivos que dan más ganancia: soja, trigo, maíz y otros cultivos bioenergéticos. Las comunidades rurales no sólo pierden el acceso a las fuentes locales de alimentos, agua y medicinas e ingresos, también desaparecen las pequeñas granjas de agricultura campesina y familiar diversa, los bosques, las pasturas abiertas y otros bienes comunes que son acaparados para la producción industrial de enormes extensiones de monocultivos agrícolas que perpetúan prácticas de producción ecológicamente destructivas, aumentan las emisiones de GEI y aceleran el calentamiento global.

Lucrando con la crisis
Los instrumentos de mercado, tales como el comercio de derechos de emisión y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), han sido promovidos a través del Protocolo de Kioto y por diversas agencias internacionales como herramientas para enfrentar la crisis climática. Mediante estos mecanismos, los países del Norte y sus empresas (responsables del grueso de las emisiones de GEI) pueden comprar "derechos de emisión" a los países del Sur que tienen menores niveles de industrialización, y financiar sumideros de carbono (incluyendo plantaciones de árboles) y proyectos de "desarrollo sustentable" en el Sur, como una alternativa lucrativa a la reducción de las emisiones en el Norte. El Banco Mundial ha asumido de manera agresiva el liderazgo de los programas de ‘financiamiento del carbono’, entre otros, a través del Fondo Prototipo de Carbono, los Fondos de Carbono para el Desarrollo Comunitario, el Fondo BioCarbon, el Fondo Paraguas para el Carbono y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Muchos de estos programas proclaman que reducen las emisiones de GEI provenientes de la deforestación en los países en desarrollo, al vender créditos de carbono de los bosques en el mercado internacional de emisiones. El 3 de noviembre, el Banco Mundial firmó un acuerdo con el Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia para comprarles créditos de carbono del suelo a los agricultores keniatas a través del Fondo BioCarbon (6).
Entre las iniciativas de carbono de los bosques se destaca el programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), que aparentemente apunta a recompensar a los gobiernos y los propietarios de los bosques en los países en desarrollo por proteger los bosques y no talarlos, reduciendo así las emisiones de GEI. El Banco Mundial apoya activamente la iniciativa REDD, al igual que distintas agencias internacionales de conservación ambiental y compañías privadas de comercio de carbono. Los críticos de REDD señalan que la definición de Naciones Unidas de los bosques no distingue entre bosques y plantaciones de árboles, dejando así la puerta abierta para que inversionistas privados y gobiernos conviertan a los bosques en plantaciones de árboles, y que además se les pague por hacerlo.

REDD implica graves consecuencias para los pueblos indígenas, las comunidades rurales, los bosques y la biodiversidad. Un asunto particularmente polémico es el de la tenencia. ¿De quién son los bosques? y ¿a quién hay que recompensar por protegerlos y no talarlos? A pesar del lenguaje eufemístico adoptado, los proyectos para la "conservación y manejo sustentable de los bosques" frecuentemente implican el desalojo de las comunidades locales de las áreas boscosas y la autorización de la tala comercial en determinados tramos de bosques; además, la "mejora de las reservas de carbono del bosque" puede incluir plantaciones industriales de árboles que reducen la calidad ambiental de numerosas maneras.

Los gobiernos del Sur comúnmente proclaman la propiedad sobre todos los recursos en sus territorios soberanos y hacen tratos allí donde puedan obtener más ganancias, sea a través de los programas de REDD, o con las compañías madereras, de energía o minería o de agronegocios. Las reivindicaciones de las comunidades rurales, entre ellas las de los pueblos indígenas, que reclaman el uso y poder de decisión sobre los bosques que ellos han manejado y cuidado durante tanto tiempo, no son reconocidas por los gobiernos ni la industria de la conservación ambiental.
REDD no respeta algunos instrumentos cruciales de los derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el concepto de derecho al consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos indígenas y otras comunidades rurales temen que REDD y las iniciativas asociadas al programa fomentarán los acaparamientos de tierra y brindarán nuevos incentivos a los gobiernos y los grandes terratenientes para aplicar un enfoque del tipo o "pagas o talo" a cada hectárea de bosque que han logrado sacarle a los pueblos indígenas y los campesinos sin tierras. Tanto en los proyectos REDD como en los proyectos MDL, las tierras, las cuencas hídricas y los bosques se valoran más en términos económicos monetarios que en términos de la diversidad de vida que sustentan.

Hasta la fecha, sin embargo, ninguno de estos programas ha logrado una reducción neta sustantiva de las emisiones de GEI, ni han detenido la deforestación. Por el contrario, el clima ha sido ‘financierizado’ y las tierras y los bosques están siendo manipulados económicamente para permitir que los inversionistas lucren con la crisis del clima. Grandes proyectos de infraestructura, energía e industrias, a menudo de dudosa calidad ambiental, pueden asegurarse financiamiento internacional, mientras los países ricos obtienen acceso a abundantes “créditos de carbono” baratos que los ayudan a evitar adoptar penosas reducciones de emisiones en sus propios territorios. Igualmente importante, el comercio del carbono de los bosques y los suelos no reducirá el calentamiento global, sino que al contrario, creará mayores incentivos y oportunidades para la mercantilización de los bosques en los mercados internacionales de carbono. Las burbujas y la inestabilidad de estos mercados pueden determinar que preciosos recursos naturales queden expuestos y vulnerables a los riesgos del mercado, dado que cualquier caída de precios puede significar incentivos perversos para retirarle protecciones legales a los bosques.

Otra supuesta panacea muy elogiada contra el calentamiento global son los agrocombustibles. Los gobiernos y las empresas de agronegocios siguen promoviéndolos como ambientalmente benignos y como una alternativa limpia a los combustibles fósiles, sin evaluar integralmente sus costos sociales, económicos y ambientales. La producción de agrocombustibles -por ejemplo, los monocultivos de maíz, caña de azúcar, palma aceitera, soja y jatrofa- implica una reestructuración del uso del suelo, el desplazamiento y la desposesión de las comunidades rurales de sus fuentes de sustento, la expansión de la frontera de la agricultura industrial a costa de bosques y ecosistemas nativos, la contaminación de las aguas y una degradación mayor de los suelos. También implica dejar de producir alimentos en valiosas tierras de cultivo para dedicarlas a cultivos energéticos, que son adquiridos por empresas nacionales y extranjeras a menudo violando las normas consuetudinarias de gobernanza de la tierra y las leyes ambientales nacionales.

La producción de agrocombustibles está estimulada con incentivos financieros que los Estados otorgan al sector privado para mantener estilos de vida de alto consumo, a pesar de los costos que esto genera en comunidades y medioambientes de otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países de la OCDE han establecido metas obligatorias y apoyos financieros para promover la producción de agrocumbustibles de primera y segunda generación (7). También están invirtiendo fuertemente en la investigación y experimentación con agrocombustibles, incluyendo el desarrollo y ensayo de cultivos y árboles genéticamente modificados. La UE se fijó la meta vinculante de reemplazar el 20 por ciento de los combustibles fósiles y el 10 por ciento del combustible para el transporte por biomasa, energía hidroeléctrica, eólica y solar al 2020.

Mientras los países ricos cumplen sus metas de energía “limpia”, cientos de millones de campesinos y pequeños agricultores, pastores trashumantes y pueblos indígenas son expulsados de las tierras y bosques de los que dependen para sobrevivir. Todas las tierras que están en la mira o que ya han pasado a manos de grandes empresas son tierras que las comunidades locales ya utilizaban de una forma u otra. Los gobiernos y las empresas pueden argumentar que muchas tierras no forestadas que se han convertido en plantaciones de agrocombustibles son ”tierras yermas” o "tierras marginales” que deberían ser aplicadas a un uso productivo. En realidad, sin embargo, es muy probable que esas tierras hayan sido usadas de manera colectiva comunitaria o según los usos y costumbres tradicionales y las normas consuetudinarias desde hace muchas generaciones, y sean cruciales para el sustento de las comunidades locales. Las mujeres, que son las principales productoras de alimentos del mundo, son las más proclives a trabajar en las llamadas "tierras marginales", debido a la discriminación de género histórico-tradicional, y son por eso más fácilmente desprovistas de sus tierras que los hombres.

El cambio de uso de las tierras arables y los bosques (degradados o no) a la producción comercial de agrocombustibles tiene consecuencias severas para los pueblos y las personas que ya gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos. La crisis alimentaria mundial se debe, al menos en parte, a la carrera vertiginosa en pos de los agrocombustibles y la producción de forraje y alimento animal. Estudios recientes demuestran que la sustitución de ecosistemas nativos por plantaciones de agrocombustibles tendrá por efecto un aumento del calentamiento global, en vez de mitigarlo. El carbono que se libera en el desmonte y conversión de bosques húmedos, turberas, sabanas o praderas supera los "ahorros de carbono" derivados de los agrocombustibles. Por ejemplo, los procesos de conversión para producir maíz o caña de azúcar para etanol, o palma aceitera o soja para biodiesel liberan entre 17 y 420 veces más carbono que los ahorros anuales derivados de la sustitución de combustibles fósiles. Los estudios científicos muestran además que no todos los agrocombustibles son fuentes de energía "limpia" o "eficiente. Muchos agrocombustibles de etanol han demostrado ser bastante menos "eficientes" que otros combustibles, medidos por unidad de energía producida. La producción de cultivos para agrocombustibles (particularmente en el caso del etanol) y del propio combustible son procesos con uso intensivo de químicos, agua e incluso combustible fósil, que contaminan la tierra, el suelo y el agua, y destruyen la biodiversidad natural y agrícola.

La defensa de la tierra, los bienes comunes, los territorios y la dignidad
Las discusiones oficiales sobre el cambio climático y el hambre tienden a inclinarse por soluciones tecnológicas y de mercado, en vez de apuntar a los problemas estructurales socio-políticos, como el de los campesinos sin tierra, la alta concentración de la propiedad de las tierras agrícolas y el agua, y los modos industriales de producción y consumo que están en el corazón de las crisis. Las crisis del clima y los alimentos se han transformado en oportunidades de lucro empresarial, y la tierra, el agua y otros recursos naturales están siendo monetizados, reevaluados y explotados como nunca antes.

El lucro de la agricultura industrial proporciona al corto plazo grandes ganancias a las grandes empresas, los inversionistas ricos y las clases adineradas, en contraste con la agricultura campesina agroecológica, cuyas ganancias van en su mayor parte para las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y las generaciones futuras. Las investigaciones muestran que los pequeños productores de granjas familiares minifundistas producen más de dos tercios de los alimentos básicos en Asia, África y América Latina. A través de la recolección, el cultivo, la pesca, el pastoreo y actividades de procesamiento localizadas, la producción de los pequeños agricultores es la fuente primaria de una amplia variedad de alimentos para las familias de bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas. Las investigaciones también indican que las pequeñas granjas, especialmente las que se basan en poli-cultivos tradicionales, son mucho más productivas que las grandes explotaciones agrícolas, en términos de su productividad total, incluyendo, granos, fibras, frutas, verduras, forraje y productos animales, todos ellos cosechados en los mismos campos o huertos.

El policultivo de los pequeños agricultores minifundistas suele utilizar la tierra, el agua, la biodiversidad, la energía y otros recursos agrícolas de manera mucho más eficiente que la agricultura industrial y los monocultivos, y es mucho menos contaminante y mucho más benigno para el clima. Proporciona servicios ecosistémicos vitales y tiene gran potencial de almacenaje de carbono en la biomasa, tanto la que crece sobre el suelo como la del subsuelo. En términos de conversión de la riqueza natural del planeta en “productos", la sociedad obtiene mucho más ganancias con los pequeños productores minifundistas que con las empresas de agronegocios y las operaciones de la industria agroquímica.

La mayoría de los modelos del cambio climático prevén que los daños afectarán desproporcionadamente a las regiones pobladas por pequeños agricultores, especialmente a aquellos que hacen agricultura sin riego y que dependen de las lluvias en el Sur. Al mismo tiempo, las prácticas de cultivo diversificadas de los agroecosistemas tradicionales los hacen menos vulnerables a las pérdidas masivas de cosechas cuando hay desastres naturales. El conocimiento y las tecnologías tradicionales que aplican los pequeños agricultores, campesinos, pastores trashumantes, pescadores y comunidades indígenas constituyen un verdadero almacén de enseñanzas y lecciones de capacidad de adaptación y resiliencia a los fenómenos del tiempo y el cambio climático. Estas capacidades y conocimientos se verán afectados en gran medida, y hasta pueden perderse completamente, si el proceso de conversión del uso de la tierra continúa al ritmo actual.

Los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de GEI no pueden darse el lujo de seguir la lógica continuista de “negocios como siempre”, ni basarse en los artilugios de la tecnología o las iniciativas de mercado. La decisión recientemente adoptada por los gobiernos en la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica celebrada en Nagoya, Japón, que estableció que ante la ausencia de mecanismos regulatorios efectivos y en aplicación del enfoque precautorio, no se debe realizar ninguna actividad de geo ingeniería relacionada con el clima que pueda afectar la biodiversidad, es un paso a saludar en este sentido.

Es urgente desmantelar el control de la tierra, los bosques y las fuentes de agua en manos de grandes empresas, y los Estados y las sociedades deben reconocer los derechos fundamentales de las poblaciones locales a gobernar y velar por los bienes comunes. La tierra, los bosques y el agua deben ser protegidos como riqueza social común y se debe garantizar la seguridad de la tenencia de los recursos a los pequeños agricultores, los pescadores, los pastores trashumantes y las comunidades indígenas, a través de una reforma agraria integral. Los recursos y las políticas públicas deben reorientarse para apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que enfrían el planeta, nutren la biodiversidad y ahorran energía. De esta forma se podrá controlar el calentamiento global, alcanzar la soberanía alimentaria y reducir la angustiosa emigración rural hacia las zonas urbanas. www.ecoportal.net
Artículo escrito por Shalmali Guttal y Sofía Monsalve, con aportes de Mary Ann Manahan y Rebecca Leonard. Shalmali Guttal es miembro de Focus on the Global South y Sofía Monsalve es la coordinadora de los temas de la tierra de FIAN International. Rebecca Leonard y Mary Ann Manahan son investigadoras que trabajan con Focus on the Global South. Leer http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Cambio_Climatico/La_crisis_climatica_y_la_Tierra