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16 de mayo de 2017

III. Indagación y elaboración sobre democracias a construir abajo.


Des-caudillizar el poder y des-apoderar la política
4 de abril de 2017

Por Arturo D. Villanueva Imaña
Rompiendo con aquel ciclo de continuidad que los gobiernos llamados progresistas nos habían acostumbrado durante al menos la última década, Latinoamérica y Bolivia en particular vuelven a sacudirse por el surgimiento e impronta de vientos de renovación democrática.

Hasta ahora, la ola renovadora ha favorecido el retorno de la derecha y aquel neoliberalismo (hoy cada vez más radical y que a pesar de haber sido expulsado), resulta que está provocando una fuerte interpelación acerca del futuro que queremos construir y las alternativas que se plantean para lograrlo.
En vista de los resultados electorales sucedidos en varios países, aparece cada vez más evidente la restauración de regímenes que están reimplantando políticas neoliberales más agresivas. Las mismas, ahondan y exacerban el carácter enajenador del modelo salvajemente extractivista y desarrollista que implantaron los gobiernos autodenominados de “izquierda”, en favor (claro está), de grandes intereses corporativos y transnacionales que, a su turno, reactualizan y tienden a imponer un colonialismo de nuevo sello.
Sea producto del desencanto sin alternativas, de un gran rechazo y bronca acumuladas, de la indignación y resistencia a la impostura y la traición, o del reciclamiento de la derecha y el neoliberalismo que han sido propiciados bajo el auspicio y la alianza que los propios gobiernos progresistas les brindaron; lo cierto es que la derecha está de retorno. Sucede que nuestros pueblos no tuvieron oportunidad, ni pudieron construir o elegir otra alternativa que no fuese la repetición del modelo económico extractivista que sucedió al neoliberalismo.
Y aunque en el plano del ejercicio gubernamental se pueden distinguir diferencias de matiz por el énfasis estatista o privatizador que impulsan progresistas o neoliberales reciclados; lo que se impone en la práctica y la cotidianidad social actual, es el mismo tipo de sobreexplotación del hombre y la naturaleza, con los graves efectos y daños socio ambientales y climáticos que debe soportar y sufrir el pueblo.
Ahora bien, habida cuenta que la resistencia y rechazo popular todavía no han logrado construir una alternativa política que no sea de derecha, ni articular una propuesta estratégica contra el modelo económico extractivista; es indudable que para retomar y cumplir aquella agenda popular de transformaciones que inclusive se constitucionalizó en países como Bolivia, queda un  importante desafío. Es decir, comenzar por articular los diversos movimientos de protesta, resistencia y denuncia, para convertirlos en una lucha conjunta contra el modelo extractivista y desarrollista que origina los principales problemas de la economía, la sociedad y la naturaleza.
A diferencia de lo que ya ha sucedido electoralmente en otros países en los que se ha cambiado de signo político, pero no de modelo económico, en Bolivia todavía se tiene tiempo y oportunidad para evitar dicho efecto pernicioso. Un efecto cuyo origen y riesgo se explican por la impostura y traición de un gobierno autocalificado como de izquierda, pero que le allanó el camino nada menos que a esa derecha neoliberal que decía combatir, y que ahora se predispone a volver a gobernar.

El ámbito del poder y la política.
Sin embargo, la reflexión de los siguientes acápites estará orientada a un plano diferente, aunque conexo. Me refiero al plano del poder y la política y la forma cómo ambos se han ido construyendo y desvirtuando, en tanto más se favorecía la concentración del poder y la caudillización de la política.
Si existe algún fenómeno peculiar que caracterice la praxis política en Latinoamérica, éste no es otro que un caudillismo personalista, estrechamente asociado al propósito de conquista, conservación y concentración del poder a toda costa.
Sea como resultado de la persistencia de prácticas o afinidades monárquicas; sea por la internalización de valores individualistas y competitivos que corresponden a la visión liberal y capitalista que favorece los emprendimientos personales y privados; sea porque se desdeña prácticas colectivas, sociales y comunitarias; o sea porque ha prevalecido un tipo de sociedad patriarcal y machista, donde domina en forma excluyente el varón elegido; lo cierto es que este tipo de ejercicio político contribuye a un proceso de individualización, concentración y caudillización del poder y la política. Es decir, una forma de comportamiento político que al mismo tiempo de desplazar prácticas comunitarias y colectivas de gestión pública y política, donde prevalece el debate y la construcción colectiva de consensos y la participación social;  termina desvirtuando y quitando a la democracia la oportunidad de devolver el poder al pueblo, y concentrarlo cada vez más en caudillos y cúpulas que usurpan la iniciativa popular, para hacer prevalecer dominios y voluntades individualistas, excluyentes y sectarias.

Es una especie de privatización y concentración del poder y la política, que resulta muy similar, equivalente y compatible a la concentración de la riqueza y los medios de producción que detentan y defienden los intereses particulares e individualistas del sistema capitalista predominante. Es tan compatible y equivalente en el plano económico, que resulta muy funcional para ejercer y reproducir poder en el plano político. En fin, se convierte en una potente herramienta para usurpar y enajenar poder en las manos individuales del caudillo y su séquito; provocando que la praxis política tienda a ser reducida a meros actos electorales, y la democracia sea secuestrada en favor de intereses minoritarios y particulares.

En otras palabras, se trata de un fenómeno que se encuentra en la antípoda del ideal democrático orientado a constituir un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde el ejercicio de la política no esté orientado a escoger caudillos y favorecer intereses individualistas y minoritarios, sino a devolver la capacidad de gestión, decisión y participación social al pueblo. A cambio, la caudillización del poder y la política es mucho más coincidente y funcional a los valores capitalistas, liberales y republicanos, donde prevalece el individualismo, la competencia y la concentración de riqueza y poder en pocas manos.

El plano de la democracia.
En el ámbito de la democracia sucede un fenómeno similar, porque desoyendo una histórica tradición de lucha de los pueblos indígenas que insistentemente reivindican la necesidad de reconstituir sus territorios colectivos y su capacidad de autogobierno comunitario, se ha hecho prevalecer el enfoque occidental de fuerte contenido presidencialista e individual. El mismo, favorece la conformación y elección de gobiernos supuestamente representativos, pero que generalmente responden a los intereses minoritarios que concentran la riqueza y los medios de influencia sobre la población. Prevalece un enfoque democrático-representativo ajeno, frente a la reivindicación de una capacidad de autodeterminación y gobierno colectivo, que responde a las prácticas propias de comunidades y ayllus.

Como si ello no fuese suficiente, tampoco se toma en cuenta y se termina despreciando las mismas prácticas democráticas de los movimientos sociales. Ellos, cotidiana y sistemáticamente deliberan colectivamente, construyen consensos y adoptan decisiones participativas sobre todos aquellos asuntos y problemas que inciden o afectan su modo de vida, trabajo y las relaciones con el entorno. Es más, desatendidos, olvidados, o marginados por el Estado y la gestión pública de gobierno, inclusive han logrado resolver necesidades y problemas acuciantes, sobre la base de la cooperación, la solidaridad, la autogestión y el trabajo comunitario.

Existen ejemplos innumerables de esta capacidad de gestión pública y política tanto en áreas rurales como en centros urbanos, que no han necesitado del rol del Estado, para poder efectivizar la conquista de sus derechos, como la atención y resolución de sus problemas y demandas.
Ello no se traduce únicamente en una mayor capacidad de gestión comunitaria y autogestión pública y política; sino que implica un ejercicio democrático y ciudadano, que va mucho más allá de acudir circunstancial y ocasionalmente a las urnas, para que después otros decidan por todos, a cuenta el voto emitido y la delegación de poder conferida.

A contrapelo de estas experiencias prácticas e históricas que indudablemente dan cuenta de un tipo de ejercicio democrático centrado en la iniciativa colectiva y comunitaria del pueblo, y donde la gestión pública y política ya no es un atributo del Estado, los partidos políticos,  o el gobierno; es indudable que responde y se acerca mejor al tipo de democracia y ejercicio político que siempre se ha deseado como la forma de gobierno más cercana al pueblo.

Por todo ello, persistir en un modelo democrático tradicional, basado casi exclusivamente en la búsqueda de representatividad electoral, donde su mayor valor consiste en el balotaje de mayorías y minorías; no sólo resulta anacrónico, sino totalmente insuficiente para profundizar la democracia.
Si se trata de responder adecuadamente a las formas cómo se ejerce la política y se constituye un gobierno más cercano al pueblo, pero se insiste en reproducir el modelo democrático tradicional, sólo se contribuirá a perpetuar una forma de democracia elitista y meramente formal. Peor es el resultado, cuando dicha democracia representativa se desvirtúa bajo prácticas pactistas y/o caudillistas, que convierten la política y el ejercicio democrático en una forma de usurpación de la voluntad popular, y un medio de conquista del poder como fin último.
Como consecuencia de lo analizado en ambos planos, y mientras persistan ambos fenómenos distorsionadores de la democracia y la política, puede concluirse la imposibilidad de profundizar la democracia en un sentido popular, así como de impedir la realización de las tareas de transformación democrática que acompañen los cambios en la economía.
Un apunte final en la perspectiva de construir una alternativa de izquierda, hacer política en forma diferente y devolver el poder pueblo. Un proceso de profundización de la democracia y transformación social no será posible, si paralela y simultáneamente no recoge  y pone en práctica el modo de gestión pública y política que la sociedad ya ejercita. No por nada las movilizaciones y la protesta  de los movimientos sociales que se expresan cotidianamente en las calles, repudian la caudillización, partidización y/o aprovechamiento electoralista con que actúan algunos sectores, partidos y gobiernos (incluidos los llamados progresistas).
Fuente: http://www.bolpress.com/2017/04/04/des-caudillizar-el-poder-y-des-apoderar-la-politica


II. Indagación y elaboración sobre democracias a construir abajo.

Democracia, liberación, autogobierno:

Apuntes para el renacer político de los pueblos
3 de septiembre de 2016

Por Sebastián Henríquez (Rebelión)
El we tripantu, en la cosmovisión mapuche, es la renovación de las energías vivas en la naturaleza, lo cual significa, para nosotros y nosotras, un nuevo comienzo en el andar incesante de las comunidades, quienes están en constante relación con las otras fuerzas que existen en el mundo, vinculados como entes únicos, independientes, pero también fuertemente ligados en su actuar y destino con otras expresiones de vida en el tiempo. Es un momento de transformación, de renacimiento, de revolución. Luego de la noche más larga, habrá una nueva salida del sol.
El actual momento que vive la sociedad chilena en este punto de su historia invita a la reflexión profunda y sincera respecto a qué somos y, por tanto, qué queremos. En ese proceso, intentamos responder a la necesidad de crear un imaginario del cual sentirnos parte y por el cual poder luchar día a día, enfrentándonos a esta realidad que nos es tan ajena y parece asfixiarnos si es que no aceptamos el individualismo, la ansiedad y la angustia social a la que nos ata con la dependencia a la tecnología y el culto al dinero como verdades absolutas que justifican, rentabilizando cada una de nuestras acciones (desde amar o sentir hasta trabajar o educarnos), la violencia y la explotación.
Indiferentes aún a lo señalado, las culturas ancestrales desarrollaron un concepto de vida reflexionando de manera concreta sobre la realidad en la cual existían, es decir, fue su retroalimentación con el medio natural y social lo que les permitió construir su organización social y una cosmovisión que la sustentara en el plano de las ideas. No es, como pretenden muchos científicos y filósofos, un plano anterior en el desarrollo y evolución del intelecto humano, y no existe, por tanto, una relación temporal entre su cultura y la nuestra, por lo que, en definitiva, no es posible establecer una relación de superioridad entre una y otra. Lo que sí existe es una diferencia clara en el proceso de construcción del individuo enmarcado en la realidad de la que forma parte, lo que tiene su expresión política, religiosa, económica, ecológica y social, lo que va desde la conformación de familias y comunidades hasta la extracción de recursos o las formas de gobierno, educación y salud, por poner ejemplos.
La dominación, en su actual etapa capitalista, interrumpe los nexos entre el sujeto, la colectividad y el medio en el cual desenvuelve su vida, impidiendo de esa manera la reflexión y resolución consciente de las personas y los pueblos, estableciendo con ello, de manera violenta, una forma de existencia en base a patrones e ideas que resulten más convenientes a quienes detentan el poder en sus manos para su privilegio. Esto explica, por ejemplo, los programas educativos con parámetros uniformes y mercantilizados en las escuelas o universidades, la elección de métodos de salud y prevención occidentales por sobre los conocimientos ancestrales, la extracción indiscriminada de recursos naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente, o la comercialización del arte como producto y no como expresión espontánea y sincera de un sentir.
En este contexto de imposición, la democracia debe plantearse como el prisma sobre el que construir una alternativa. Ello se refiere a cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas, abandonando el mercado como espacio válido de decisión política, permitiendo la apertura de los espacios a todas y todos, independiente de cuan lleno de dinero esté sus bolsillos o sus manos. La democratización de nuestras comunidades implica verdaderas oportunidades para cada una de las personas, un modo de vida en que nadie quede excluido y en el que todas y todos podamos empoderar nuestra existencia, permitiendo un desarrollo colectivo igualitario, solidario y consciente, tanto entre nosotros y nosotras, como con la naturaleza, sea en nuestras familias, sea en un sindicato, una junta de vecinos, una comunidad indígena o un centro de estudiantes, todos los espacios deben re-estructurarse sobre la base de la democracia real para los pueblos.
Para ello, la liberación debe ser el mayor anhelo que nos guíe. De manera individual o colectiva, es necesario romper tajantemente con las ideas dominantes que hoy propugnan la explotación y la violencia como eje sobre el cual realizar nuestras vidas. Sin esto, la democracia carece de sentido y no sería más que otra forma de organización política de los espacios comunes.
 Por ello, es importante re-conocernos como individuos, valorizar la pequeña existencia que significa nuestro actuar o sentir y entender la existencia de la misma complejidad en quienes nos relacionamos, quebrando de forma concreta el individualismo que se expresa en incluso quienes creen, a partir de su propia reflexión, tener las respuestas correctas. Urge ser sobre todo empáticos y solidarios, caminar en conjunto y nunca pretender imponer nuestras ideas, por más justas y necesarias que las creamos. Avanzamos todas y todos, no hay forma más correcta de hacerlo. Nuestra construcción es desde la sinceridad del sentimiento por una mejor existencia para todas y todos, jamás deberá haber espacio para la disputa y la intransigencia, salvo contra quienes oprimen y reprimen nuestra libertad. En esto, la liberación de la mujer y el fin del patriarcado deben ser objetivos primeros.

Dichas ideas de democracia y liberación nos llevan, especialmente en lo colectivo, a reivindicar el autogobierno como forma de organizar nuestras comunidades. Son los pueblos, conformados por personas libres, iguales y con sentido democrático, los llamados a responder las decisiones que como sociedad debamos tomar en nuestro presente y para nuestro futuro. Cómo crecen las localidades, cómo se educa a los niños y niñas, cómo se provee económicamente para la subsistencia, son algunas de las cuestiones en que es urgente plantear una alternativa real al actual sistema injusto, desigual y violento que nos gobierna. Las luchas estudiantiles, las problemáticas territoriales en el sur, la lucha de los pueblos originarios, las organizaciones de trabajadores, son ejemplo de apuestas de conflicto parcial que se hace necesario retroalimentar con otras fuerzas vivas y con los pueblos que aún despiertan del yugo bajo el que se les ha dormido. Unir esfuerzos, solidarizar, emprender la larga tarea de educar y organizar para sacar a puño y fuego a ladrones, avaros y corruptos.

Sebastián Henríquez, Movimiento Capucha de Lana - Quellón, Chiloé, Chile



I. Indagación y elaboración sobre democracias a construir abajo.

"Yasunidos, un colectivo de colectivos comprometidos con la vida, la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, nos declaramos: ecologistas, anticapitalistas, antiimperialistas, antiextractivistas, apartidistas, empeñados en inventar nuevas formas de hacer política y en rescatar la política misma de las sucias manos de los "políticos" que manejan y han manejado nuestro país a su conveniencia, con el fin de beneficiarse y beneficiar a un minúsculo grupo de gente en perjuicio de quienes vivimos en este país.
Una vez evidenciado que el modelo de democracia delegativa (que nos imponen) no funciona para la "mayoría", es decir la suma de las diversas minorías (quedó demostrado cuando desaparecieron el 60% de nuestras firmas), invitamos a la sociedad a reinventar la democracia, las democracias, que como la biodiversidad del Yasuní son múltiples, mega-diversas, porque diversas son las necesidades de la población ecuatoriana.
La democracia no puede ser una sola, por que el Ecuador es plurinacional y multicultural, somos diversos, con gente y pueblos distintos y respondemos a nuestras propias especificidades culturales, urbanas o rurales, juveniles o de género, de distintas regiones continentales o insulares. Por esto, demandamos e invitamos a toda la sociedad a participar activamente, a reiventar nuestros espacios de resistencia, en la cama, en las casas y en la calle y vencer los miedos y ataduras impuestas por esas instituciones que mañosamente manipulan a su antojo y el de los grupos encaramados en el poder lo que ellos llaman "gobernar democráticamente".
Convocamos a la sociedad entera a repensar nuestro país, no creemos en salvadores ni caudillos, y menos en quienes nos mintieron ofreciéndonos "revolución"". Leer

IV. Debate abajo de las propuestas de organizaciones populares.

Manifiesto de YASunidos: A un año del exterminio de la Iniciativa Yasuní-ITT,

seguimos en la lucha por la vida


 “No hemos abandonado la lucha por el Yasuní, estamos más firmes que nunca, porque el Yasuní ya no sólo es el lugar más biodiverso del planeta, ahora, el Yasuní es el lugar de la mega diversidad de las resistencias."

Quito, 15 de agosto de 2014
Después de cuatro décadas de explotación petrolera; de dos décadas y media de luchas contra la contaminación provocada por ésta; del mismo número de años de pelear por la preservación del Yasuní; de seis años de soñar con la promesa de dejar el petróleo en el subsuelo; de seis meses de sudar la puesta en práctica de nuestro derecho a la participación política recogiendo tres cuartos de millón de firmas; de treinta días de ver cómo arrasaron con la voluntad de todo un país.
Después de un año de existencia...
Yasunidos, un colectivo de colectivos comprometidos con la vida, la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, nos declaramos: ecologistas, anticapitalistas, antiimperialistas, antiextractivistas, apartidistas, empeñados en inventar nuevas formas de hacer política y en rescatar la política misma de las sucias manos de los "políticos" que manejan y han manejado nuestro país a su conveniencia, con el fin de beneficiarse y beneficiar a un minúsculo grupo de gente en perjuicio de quienes vivimos en este país.
Una vez evidenciado que el modelo de democracia delegativa que nos imponen no funciona para la "mayoría", es decir la suma de las diversas minorías (quedó demostrado cuando desaparecieron el 60% de nuestras firmas), invitamos a la sociedad a reinventar la democracia, las democracias, que como la biodiversidad del Yasuní son múltiples, mega-diversas, porque diversas son las necesidades de la población ecuatoriana.
La democracia no puede ser una sola, por que el Ecuador es plurinacional y multicultural, somos diversos, con gente y pueblos distintos y respondemos a nuestras propias especificidades culturales, urbanas o rurales, juveniles o de género, de distintas regiones continentales o insulares. Por esto, demandamos e invitamos a toda la sociedad a participar activamente, a reinventar nuestros espacios de resistencia, en la cama, en las casas y en la calle y vencer los miedos y ataduras impuestas por esas instituciones que mañosamente manipulan a su antojo y el de los grupos encaramados en el poder lo que ellos llaman "gobernar democráticamente".
Convocamos a la sociedad entera a repensar nuestro país, no creemos en salvadores ni caudillos, y menos en quienes nos mintieron ofreciéndonos "revolución".
Invitamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a convocar, no a una consulta, sino a decenas, cientos de consultas populares, de debates y de acciones, que dibujen los nuevos caminos por los que deberá transitar el Ecuador; caminos que miren en los sueños y necesidades de todos y todas, porque estamos seguros que un país para todos, se construye entre todos.

En este andar de construir y descubrir nuevas formas de hacer política, continuaremos atentos, vigilantes y críticos del uso y el manejo del poder, seguiremos denunciando los abusos contra la naturaleza, los pueblos y demás especies que la habitan y los riesgos a los que se los expone; pero además exigiendo y articulando acciones contra el consumo que demanda extracción, repensando nuestras acciones cotidianas de forma colectiva y organizada para boicotear las industrias que viven del petróleo y sus derivados.
No hemos abandonado la lucha por el Yasuní, estamos más firmes que nunca, porque el Yasuní ya no sólo es el lugar más biodiverso del planeta, ahora, el Yasuní es el lugar de la mega diversidad de las resistencias.
No celebramos nada, porque ningún exterminio, de ideas, personas, plantas o animales, debe ser celebrado, pero sí nos sentimos serenamente satisfechos por lo construido este primer año y comprometidos con un futuro que es de todos, y lo vivimos con alegría y esperanza de seguir aportando y construyendo.

YASunidos
Más información: yasuni@amazoniaporlavida.org

III. Debate abajo de las propuestas de organizaciones populares.

Nos concretan e iluminan, desde su lucha de clases, el sentido de la propiedad estatal y privada en el capitalismo.



Ecuador: Yasunidos frente a la "Ley de semillas"

5 de mayo de 2017

Creemos que el extractivismo en nuestro país, no sólo está presente en la explotación petrolera y minera, también se expresa en otros temas como el de la agrobiodiversidad, porque Ecuador es centro de origen de un sinnúmero de especies de maíz, papas, frutas, y otras variedades vegetales fundamentales para la alimentación nacional y mundial.

Las diferentes variedades de cultivos con las que contamos actualmente, son producto de los saberes milenarios de agricultores/as ecuatorianos que han “cruzado”, compartido y distribuido sus semillas libremente. Las semillas nativas resultantes de estas prácticas y saberes se han adaptado a los diferentes agroecosistemas locales que existen en Ecuador, contribuyendo así al aumento y conservación de nuestra agrobiodiversidad.
En ese sentido, nos preocupan sobre manera, aspectos como:

En el proyecto de ley, los recursos genéticos son considerados patrimonio del Estado, lo cual en esencia podría sugerir que las semillas son de todos los ecuatorianos. Sin embargo, no se específica ninguna participación diferenciada del control y acceso de estos recursos entre el gobierno y los campesinos.
El petróleo también es un recurso del Estado, pero su manejo ha sido llevado por pequeños grupos sin ningún control ni participación de los pueblos. Esto ha generado que primen los intereses económicos sobre los efectos ambientales y sociales de la explotación petrolera. En el caso de las semillas, la historia podría volverse a repetir, más aún tomando en cuenta que a nivel mundial existe cada vez un mayor control de las semillas por parte de grandes empresas transnacionales [1].
Por otro lado, el proyecto de ley propuesto dificulta el libre acceso y circulación de las semillas nativas, puesto que las instituciones estatales ejercerían un rol casi policial frente a los campesinos y sus semillas. En su art. 54, contempla la creación de “inspectores de semillas”, quienes tendrían libre acceso a las fincas o chacras campesinas, con el fin de “controlar” la calidad y distribución de las semillas.
Estos mecanismos de control impuestos a los campesinos y sus semillas representan una amenaza a la agrobiodiversidad y pueden degenerar en la criminalización de los mismos.
El proyecto, supone además una grave amenaza para la Soberanía Alimentaria, garantizada en el art. 281 de nuestra Constitución, al requerir que tanto las semillas nativas como las comerciales cumplan con normas fitosanitarias elaboradas para su control, lo que implica obligar a los campesinos a que cumplan los mismos estándares que las grandes empresas semilleras, para poder distribuir y circular sus semillas nativas, no especifica normas diferenciadas. No es lo mismo una semilla nativa que una comercial.
En este contexto, consideramos sumamente riesgoso que este proyecto de ley de semillas (que la asamblea pretende aprobar en segundo debate, este jueves 4 de mayo), no tome en consideración las preocupaciones expresadas por movimientos campesinos, indígenas, ecologistas y de consumidores.
Frente a la cada vez más escasa participación de la sociedad civil dentro de los procesos legislativos, nos preguntamos:
¿Son las consultas pre legislativas no vinculantes, una herramienta legítima de participación ciudadana?
El proyecto de Ley de Semillas, tal y como está planteado, ¿atenta con repetir los errores de la política extractivista de petróleo y minerales, en un sector fundamental para el país como el sector agrícola?
Señor Licenciado Lenin Moreno, garantizar el libre acceso y circulación de las semillas nativas en nuestro país y escuchar las opiniones de los/as campesinos/as al respecto, son la base para construir políticas que promuevan y protejan la agrobiodiversidad, la Soberanía Alimentaria y un mejor país.
Nota:
[1] Se puede ver un interesante informe del grupo ETC al respecto, en el siguiente link: Ver aquí

II. Debate abajo de las propuestas de organizaciones populares.

Ante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Defensa de la vida y la naturaleza 
vs empresas transnacionales
9 de agosto de 2016
Por Jesús González Pazos (Rebelión)

Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres. Pero, si bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado que, cada vez más, está dirigida en todo el mundo desde los intereses económicos de las empresas transnacionales. Es por ello, y a pesar del cierto eco internacional del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.
En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es sólo patrimonio de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los más de 1000 asesinatos cometidos entre los años 2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas. Y todo pese a que estos pueblos son un escaso 5% de la población total del planeta. Pero lo anterior sólo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener noticias.
Para entender mejor esta situación es necesario comprender la concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios. Ellos defienden que “nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos.” Esto es lo que determina con absoluta claridad que hoy sean los pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente al entender que esa visión y defensa choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados con las denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y contra extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.
El sistema capitalista, en su fase actual neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas. No ya sólo por el hecho de que toda la normativa nacional e internacional hoy se establece para proteger las inversiones y negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar abiertamente que la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la protagonizan.
Las empresas transnacionales tienen cada día un mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter al político para que éste defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el aumento consiguiente de sus beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del sistema neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es especialmente grave cuando entra en el juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra ésta, en su gran mayoría, son radicalmente ignorados o disimulados tras grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y degradación causada.
Para el caso específico de los pueblos indígenas, recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma políticamente correcta, irrespetan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de actuaciones van desde la presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos para esto mismo, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión de la protesta.
Así, además de las muertes individuales, los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo considerada como la región del mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse, siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son “daños colaterales” en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo.
Hasta las propias Naciones Unidas han reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. En este sentido, Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado que las actividades de las industrias extractivas son fuente de numerosos conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente diferentes derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de protección de éstos frente a los intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros hacen continuos oídos sordos a este tipo de llamamientos.
Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En este año 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation.
“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al recoger el galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades peruanas.
Como señalábamos al inicio, nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.
Jesus González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe

I. Debate abajo de las propuestas de organizaciones populares.

El derecho al agua impulsa una propuesta de reforma agraria en Chile

16 de mayo de 2017


Por Orlando Milesi (IPS)

Pequeños agricultores de Samo Alto, en el norte de Chile, se ven obligaos a compartir la escasa agua del río Hurtado con grandes agroexportadores, que se benefician de una represa construida aguas abajo. En el país, el recurso es un bien privado, entregado a perpetuidad a los concesionarios. Crédito: Orlando Milesi/IPS
SANTIAGO, 10 may 2017 (IPS) - Agua a altos precios, transada como un bien de mercado, y campesinos casi en extinción, reemplazados por trabajadores temporeros, son efectos visibles de una crisis en el agro chileno a 50 años de una reforma agraria que postuló “la tierra para el que la trabaja”.
Para hacer frente a esta crisis, dirigentes ecologistas y sociales proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público, en momentos en que una persistente sequía azota a gran parte de Chile y obliga a usar camiones cisterna para repartir agua en barriadas populares de numerosas ciudades del país.
El año pasado también se duplicaron respecto a 2015 la cantidad de pequeñas localidades sin agua a las que debió atenderse usando los camiones aljibe, ha reconocido el responsable del área en el gobierno, el director general de Aguas, Carlos Estévez.
En Chile el agua, separada de la tierra, se transformó en un bien de capital al arbitrio de especuladores en circunstancias que la jurisprudencia internacional indica que debería estar a disposición de preservar la vida, la producción de alimentos y, después, las demás actividades económicas”, afirmó a IPS el experto y activista Rodrigo Mundaca.
El secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) aseguró que “es fundamental una segunda reforma agraria para recuperar el agua”, tras la ocurrida en los años 70.
“La revolución verde es un modelo que no preserva los bienes naturales. Tenemos un modelo exportador asociado al mono cultivo y hay que impulsar un nuevo paradigma de desarrollo con una relación armoniosa con la naturaleza”, dijo.
Este país sudamericano es un gran productor y exportador de alimentos, gracias a la producción de grandes empresas y a consorcios dueños de la tierra y del agua.
La mitad de sus exportaciones, que en 2016 superaron los 60.000 millones de dólares, siguen siendo mineras, pero Chile es también uno de los 10 principales países del mundo en ventas al exterior de alimentos, con varios rubros en los que ostenta el primer lugar, aportando el sector en total unos 20.000 millones de dólares.
En contraste, los derechos de agua en Chile, privatizados en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al control público.
La Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por unCódigo de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y perpetua.
Además, faculta a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso. En Chile hay vigentes 110.000 derechos del agua al amparo de esa norma.
En el legislativo Congreso Nacional avanza una modificación a ese código, propuesta por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque su aprobación definitiva demorará meses.
El proyecto convierte en temporales y no perpetuos los derechos de agua, pero norma solo las concesiones futuras y no revisa hacia atrás, una cuestión criticada por ecologistas y activistas sociales del área rural.
A 50 años de la reforma agraria iniciada por el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) y profundizada por el del socialista Salvador Allende (1970-1973), aumentan quienes plantean una segunda reforma al agro para que el agua vuelva a ser un bien social.
Grupo de jóvenes asistentes al lanzamiento este mes en Santiago del estudio “Los nietos de la reforma agraria: empleo, realidad y sueños de la juventud rural en Chile”, del consultor de la FAO Sergio Faiguenbaum, que descubre que los jóvenes rurales del país triplican los años de escolaridad de sus padres. Crédito: INDAP
Entre las ciudades de Petorca y Antofagasta, en el desértico norte chileno, a 200 y a 1.340 kilómetros de Santiago, respectivamente, el valor del litro de agua por segundo a usar en cada período acotado oscila entre el equivalente a 7.670 dólares y 76.700 dólares, citó Mundaca entre los casos que hacen necesaria esa reforma.

Contexto latinoamericano
Luiz Beduschi, oficial de Políticas en Desarrollo Territorial de la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago, comentó a IPS que “históricamente, América Latina ha sido una de las regiones con importantes niveles de inequidad en la distribución y uso de los recursos naturales”.
“Este fenómeno ha tenido entre sus causales una creciente concentración de las cadenas de valor, la fundación y crecimiento de empresas explotadoras de recursos a escala industrial, apoyado por enfoques de las políticas públicas hacia un mayor incremento en la participación de los países en mercados de exportación”, explicó.
Berduschi subrayó que “la expansión de inversiones en la región a través de pools de siembra, arriendos anuales de grandes extensiones o compras de terrenos, entre otros, contribuyen para que la concentración de la tierra esté en un nivel aún más alto del que existía antes de las reformas agrarias acontecidas en varios países de la región”.
“Las disputas alrededor del acceso de los recursos naturales están aumentando en el mundo y la situación no es distinta en la región”, advirtió el experto de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
“Los procesos históricos de reformas agrarias, impulsados fuertemente en diferentes países de la región, más de 100 años para el caso de México y 50 años en Chile, nos permiten hoy poner nuevamente en discusión los temas de desigualdad fuertemente observados a partir de la concentración global en la tenencia y uso de los recursos naturales, reflejados históricamente en la tenencia de la tierra”, aseveró.

Impactos del modelo a reformar
El agrónomo Jacques Chonchol, ministro de agricultura de Allende e impulsor de la reforma agraria, dijo a IPS que una nueva reforma puede plantearse porque con la contrarreforma emprendida por la dictadura “prácticamente se privatizó el agua, cada vez un recurso más escaso”.
“Tenemos muy poca tierra cultivable. De los 757 millones de kilómetros cuadrados, menos de 10 por ciento lo es y parte se está perdiendo por el negocio de las parcelas”, creadas en áreas rurales para servir como segundas viviendas de residentes en ciudades, advirtió.
Chonchol expresó, asimismo, la necesidad de “una política forestal que excluya las tierras agrícolas. Eso era prohibido, pero con la dictadura se volvió a producir. Deben prohibirse plantaciones forestales en tierras agrícolas y, además, que estas empresas se inclinen por el bosque nativo porque el pino y el eucalipto se chupan (absorben) toda el agua”.
A su juicio, con la contrarreforma “surgió fue una nueva agricultura capitalista, mucho más eficiente desde el punto de vista económico aunque no siempre desde el punto de vista social”, en un modelo que “perpetúa la desigualdad” y que los gobiernos democráticos han mantenido.
En el plano social, el historiador José Bengoa afirmó a IPS que hasta la reforma agraria en Chile existían tres tipos de campesinos: “los pequeños propietarios de tierras agrupados en pueblos y caseríos; los inquilinos de las haciendas y sus familiares y los ‘afuerinos’ que deambulaban ente los pueblos y las haciendas”.
“Esa estructura se modificó radicalmente y hoy la gran mayoría son trabajadores agrícolas no permanentes, habitantes de pueblos y ciudades cercanas a las faenas agrícolas”, detalló.
“Hay un pequeño sector de pequeños productores agrícolas que podrían ser denominados como campesinos, los que en algunas regiones y sectores son mayoritarios y el resto es crecientemente población asalariada y de temporada”, explicó.
Para Bengoa, “la agricultura chilena es hoy día, gracias a la Reforma Agraria ocurrida desde hace 50 años, un sector altamente capitalista y productivo”.
“Esta actividad sin control conduce a un nivel de explotación sin parangón de los recursos humanos, los trabajadores, y los recursos naturales, por ejemplo el agua. En los próximos años habrá graves problemas tanto en la necesidad de mano de obra como en la de nuevos recursos de agua, tierra y en general medioambientales”, vaticinó.
A juicio del historiador, estos problemas no son de fácil solución porque “los agricultores presionarán al Estado para aumentar el flujo de trabajadores migrantes y para mayores obras de infraestructura en especial en reservas de agua”.
Editado por Estrella Gutiérrez

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226650