Ante el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas
Defensa de la vida y la
naturaleza
vs empresas transnacionales
9 de agosto de 2016
9 de agosto de 2016
Por Jesús González Pazos (Rebelión)
Nos situamos
ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones
Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el
asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta
Cáceres. Pero, si bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un
incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas
defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es todavía una
guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado
que, cada vez más, está dirigida en todo el mundo desde los intereses
económicos de las empresas transnacionales. Es por ello, y a pesar del cierto
eco internacional del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha
conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística,
como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están
sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la
defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.
En cierta forma, seguimos pensando que
la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es sólo patrimonio
de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones
medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los
más de 1000 asesinatos cometidos entre los años 2002 y 2014 contra quienes
defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas. Y todo pese a
que estos pueblos son un escaso 5% de la población total del planeta. Pero lo
anterior sólo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios
dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener
noticias.
Para entender mejor esta situación es necesario comprender la
concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios. Ellos defienden que “nuestro territorio
no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un
conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus
ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores,
con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos
da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da
conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un
futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está
la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra
autodeterminación como pueblos.” Esto es lo que
determina con absoluta claridad que hoy sean los pueblos indígenas quienes
sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente al
entender que esa visión y defensa choca frontalmente con la idea y utilidad que
a estos espacios otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de
los homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados con las
denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y contra extractivas
mineras, forestales o hidroeléctricas.
El sistema capitalista, en su fase
actual neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las
transnacionales extractivas. No ya sólo por el hecho de que toda la normativa
nacional e internacional hoy se establece para proteger las inversiones y
negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación y/o
impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los
derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar
abiertamente que la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, se ha
convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha,
aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la
protagonizan.
Las empresas transnacionales tienen
cada día un mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O
dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter al político
para que éste defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo
siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el
aumento consiguiente de sus beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del
sistema neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es especialmente
grave cuando entra en el juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra
ésta, en su gran mayoría, son radicalmente ignorados o disimulados tras
grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones
sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y
degradación causada.
Para el caso específico de los pueblos
indígenas, recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de
asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma políticamente
correcta, irrespetan los estándares internacionales de protección a los
derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más
clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de
derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a
estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus
tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables
sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en
entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de actuaciones van desde la
presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en
beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos para esto
mismo, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la
represión de la protesta.
Así, además de las muertes individuales,
los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las
transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y
otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este
doloroso ranking América Latina sigue siendo considerada como la región del
mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países
como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las
violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea
hoy en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse, siguen
produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción
como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas
transnacionales. Se aducirá que son “daños colaterales” en aras del progreso,
pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos
humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se
sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre
salgan dramáticamente perdiendo.
Hasta las propias Naciones Unidas han
reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. En
este sentido, Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado
que las actividades de las industrias extractivas son fuente de numerosos
conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas
trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente diferentes
derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de
protección de éstos frente a los intereses económicos de las empresas.
Evidentemente, unos y otros hacen continuos oídos sordos a este tipo de
llamamientos.
Berta Cáceres, indígena, feminista y
defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el
premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En este año 2016,
Máxima Acuña, indígena quechua
(Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en
Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation.
“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo
el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas,
seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por
todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al recoger el
galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la violencia de funcionarios
locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades
peruanas.
Como señalábamos al inicio, nos
situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más
allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los
gobiernos del mundo la disyuntiva entre los
intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la
naturaleza.
Jesus
González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe
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