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15 de julio de 2011

II. La violación de los derechos humanos en las cárceles completa a la que rige en los territorios sometidos al modelo extractivo

Informe sobre cárceles bonaerenses
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol

lavaca
(...)Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son: • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…)


No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema. Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.

Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos. Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial. Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.(...)
Fuente: http://lavaca.org/notas/mas-muerte-tortura-hacinamiento-y-descontrol-informe-sobre-carceles-bonaerenses

I. La violación de los derechos humanos en las cárceles completa a la que rige en los territorios sometidos al modelo extractivo

Informe sobre cárceles bonaerenses
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol

lavaca
El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial, todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. El descontrol policial frente a la niñez adolescencia, la situación trans en las cárceles. Aquí compartimos el Informe completo y también una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Informe anual 2011
Comisión Provincial por la Memoria
Comité Contra la Tortura
blog.comisionporlamemoria.org
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)
Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas.
Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística el Informe el sistema carcelario está superpoblado en casi el doble: sumando a las comisarías bonaerenses, el índice de ocupación llega al 192%.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas “muertes traumáticas”, es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de “suicidios” e incluso la inexistencia de rótulos como “represión” hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes “no traumáticas” o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55.
La justicia
Hay 45 causas abiertas por muertes en lugares de detención, 25 de ellas ya archivadas antes de los 6 meses y 14 sin abrir. En su mayoría el archivo acontece sin que se realicen autopsias ni se pericie la historia clínica del paciente. En suma, según los números, en el 70% de los casos no se realiza investigación alguna.
Otro capítulo es el de las “torturas o malos tratos”. De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como “apremios o vejaciones”, clasificación que implica una pena mucho menor a la de “tortura”.
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: “Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas”.


Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de “hechos de represión”: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como “apremios y vejaciones” que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de “torturas”. Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:
• submarino seco o húmedo,
• picana eléctrica,
• palazos con bastones de madera o goma maciza,
• golpizas reiteradas,
• duchas o manguerazos de agua helada,
• aislamiento como castigo,
• traslados constantes.

Según el Informe, estás prácticas “siguen acrecentándose” año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una “práctica sistemática” de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: “Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado”.
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: “graves retrocesos”
Las “muertes no traumáticas”, se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística “ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal”, es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.
Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:
“No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos”
• “No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica”.
• “No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas”.
• “Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales”.
• “en la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo”.
• Sufren “abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud”
Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:
• No se le realizan controles médicos
• No reciben asistencia psicológica
• No reciben ninguna capacitación en oficios
• No son promovidas para ningún empleo
• No son promovidas para estudiar
Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las “muertes traumáticas” que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en “penados” y “procesados”, y a la vez en “primarios” y “reincidentes”, para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para “la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia”.
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: “asombrosa e inagotable”. Y enumera esos kioskos: “Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables”. (...) Fuente: http://lavaca.org/notas/mas-muerte-tortura-hacinamiento-y-descontrol-informe-sobre-carceles-bonaerenses/




12 de julio de 2011

La actual “tercerización de la represión” se entronca con el aparato represivo de la dictadura

La Unión Obrera de la Construcción y su Secretario General

La Agencia de Noticias Red-Acción ANRed difunde la siguiente Gacetilla de Prensa:
Martes 12 de julio de 2011
La presentación judicial se realizó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002. Con el patrocinio de los Dres. María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Lucas Balbiano, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), de Luis Bonomi de CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), y de Martín Alderete de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo); se presentaron como DENUNCIANTES las siguientes organizaciones: SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines); AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre); CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), LIBERPUEBLO; APEMIA (Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA); MTL (Movimiento Territorial Liberación); CTA (Central de Trabajadores de la Argentina); AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires); Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad; Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.

En el escrito se denunció que Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882, actual Secretario General de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, figura en el listado del Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 en el período 1976/1983.

El Batallón 601 realizaba tareas de inteligencia sobre diversas organizaciones populares y, por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”.
Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
Diversos centros clandestinos de detención estaban directamente bajo su autoridad, el principal de ellos en Campo de Mayo, donde se estima que se hicieron desaparecer no menos de 3.000 personas.
En el sitio de Internet del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de DDHH - Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se encuentra el listado titulado “NÓMINA DEL PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA QUE REVISTO EN EL PERIODO 1976/1983” que el General de Brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE, envió a la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré el 5 de febrero de 2010.
En dicho listado a foja 52, con el nº de orden 2.798, se encuentra el nombre de Martínez, Gerardo Alberto, DNI 11.934.882.
Ninguna duda cabe de que se trata de la misma persona que hoy revista como Secretario General de la UOCRA, Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y Presidente de la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores. Las partes adjuntaron documentación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, obtenida de la página web de la Fundación UOCRA, donde Martínez figura como Presidente, con su número de documento, coincidente con los datos denunciados.



Por otra parte, como antecedentes inmediatos de esta investigación es importante tener en cuenta que:
1) En la provincia de Santa Fe se condenó recientemente a 15 años de prisión, por su participación en el secuestro y torturas de José Alberto Tur, dirigente de CTERA, y su esposa Amelia Ricotti, a Horacio Américo Barcos. Barcos fue designado, en 1996, por Gerardo Martínez, Interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA, luego de haber estado aproximadamente 20 años en la UOCRA de la Provincia de Santa Fe. Barcos figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122 desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997, desde donde se infiltró en la UOCRA Santa Fe.
Del mismo modo fue probada la pertenencia al aparato de inteligencia de Eduardo Juan Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe por lo menos hasta 2009, quien figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122.
Cabe aclarar que el Batallón de Inteligencia 122 era el homónimo del Batallón de Inteligencia 601 en la Provincia de Santa Fe, y tenía relación orgánica con éste dentro de la estructura represiva de inteligencia.



2) La constante intervención del aparato sindical dirigido por Gerardo Martínez en la ejecución de hechos represivos al servicio del actual gobierno, lo que comprueba la continuidad de su accionar como agente paraoficial del aparato represivo estatal. Los grupos de choque de la UOCRA han actuado en los años recientes en materia de “tercerización de la represión”, continuando así, en el tiempo, la tarea iniciada como parte del aparato represivo de la dictadura. Sólo como muestra recordamos algunos hechos de los últimos años:
En septiembre de 2005, grupos de choque callejeros de la UOCRA llegaron a Esquel, para amenazar a los integrantes de la Asamblea Vecinal que sostenía el No a la Mina; patoteros de la UOCRA fueron los que en mayo de 2004 atacaron a los manifestantes antigubernamentales en San Luis, y también los que, en abril de 2006, atacaron a los docentes neuquinos que bloqueaban el acceso a la destilería de Repsol-YPF en Plaza Huincul. Los sindicalistas oficiales sacaron por la fuerza, a pedradas y empujones, a los docentes movilizados. Hubo cuatro docentes heridos.
El 28 de octubre de 2010, una patota de la UOCRA de Santa Cruz atacó a militantes que se manifestaban en las puertas del sindicato de Comercio de Río Gallegos. Actuando con completa impunidad, identificada con sus colores y banderas, la fuerza de choque ocasionó graves lesiones a dos militantes del Partido Obrero, Luis Díaz y Jonathan Amerio, que debieron ser atendidos en el Hospital local.
El 15 de noviembre de 2010, en San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, la patota de la UOCRA impidió, a los tiros, la sesión del Concejo Deliberante.
El martes 12 de abril de 2011, en la provincia de Santa Cruz, trabajadores de la salud nucleados en ATE y docentes afiliados a ADOSAC, llevaban adelante una jornada de movilización por mejoras salariales, cuando un grupo de matones de la UOCRA los atacó, con el saldo de 17 heridos.



Al presentar la denuncia, las partes solicitaron que se ordene la formación de un sumario y se ordene la producción de la prueba necesaria a fin de determinar si, tal como se acreditó, la persona cuyo nombre y documento del personal civil de inteligencia que se encuentra a fojas 52, nº de orden 2.798 de la “NOMINA DEL PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA QUE REVISTO EN EL PERIODO 1976/1983” es la misma persona que revista actualmente como Secretario General de la UOCRA, Presidente de la Fundación UOCRA y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.
Asimismo se solicitó se determine hasta qué fecha se desempeñó en dicho organismo de inteligencia, qué tareas le fueron encomendadas -como PCI- por sus superiores en la estructura represiva; y estando acreditada la desaparición forzada, conforme el listado de la CONADEP, de 105 trabajadores de la construcción, se determine el rol jugado por el agente civil de inteligencia Gerardo Alberto Martínez en cada uno de esos hechos.
Las organizaciones SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines); AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); y LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) solicitaron ser tenidas como partes QUERELLANTES en la causa, y se espera contar con la adhesión y el apoyo de otras organizaciones de trabajadores, organismos de derechos humanos, y familiares de desaparecidos de la construcción.



Un sindicalismo como fuerza de transformación de la realidad es imprescindible para la democracia real

"La Necesidad de Cambiar el Modelo Sindical" Argentino
Charla Debate: El Modelo Sindical Argentino // Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 08 – 07 - 2011.

Intervención editada de José Rigane
En nuestro país, la organización sindical que deriva de la década del cuarenta adquirió una dimensión determinada con el desarrollo del movimiento obrero y la conformación de las organizaciones sindicales a partir de tres ejes fundamentales: la cobertura social, la estabilidad en el trabajo y el derecho a la Convención colectiva del trabajo.
Estas constituían el trípode donde se asentaba el desarrollo de la organización sindical.
Lo cierto es que después, por las transformaciones económicosociales que se suceden en el mundo y en nuestro país, de la mano de las políticas neoliberales globalizadas, esto dejó de tener posibilidad de aplicación e implementación por parte del Movimiento Obrero a través de sus organizaciones sindicales, producto esencialmente del debilitamiento y la falta de poder que sufrieron.
En la década del 90, el Modelo que posibilitó el desguace de la empresas del Estado y del propio Estado y el avance de las políticas liberales en nuestro país; tuvo la complicidad de muchos dirigentes sindicales y sin esa traición y sin esa complicidad, seguramente que el Modelo no se hubiera podido desarrollar sobre la base de la quita de derechos a los trabajadores, partiendo de la flexibilización y de todas las políticas asociadas a ésta.
Es ahí, justamente, donde queda demostrada, la limitación de un Modelo Sindical que solamente está basado en su función como factor de poder, antes que como fuerza fundamental para la defensa de las reivindicaciones profesionales.
Para nosotros, la organización sindical es un instrumento de transformación de la realidad y por ende tiene una gran limitación a vencer, porque actúa en el sistema capitalista y quienes detentan el poder son los que establecen las normas, los procedimientos, las leyes, las reglamentaciones, precisamente en función de contener en un marco preestablecido, el desarrollo de la organización de los trabajadores.


Para entender el Modelo Sindical que se estructuró después de la década del 40, hay cuestiones que es necesario tener en cuenta.
El desarrollo de las corporaciones sindicales se basa en la centralización y en la conformación de organizaciones nacionales donde las seccionales o delegaciones carecen de todo tipo de poder para la administración propia de los recursos y tener autonomía a la hora de decidir cuestiones tan elementales como una huelga o un derecho de carácter colectivo.
Pero esto sucede aún en ámbitos como el nuestro, que siendo un sindicato con Personería Gremial, pero formando parte de una estructura federativa, como por ejemplo, cuando integrábamos la FATLYF, termina supeditado y esta experiencia la vivimos cuando la FATLYF, nos expulsa por oponernos al sindicalismo empresarial, y al desarrollo de su holding y pudimos comprobar que teníamos falta de autonomía en temas tan diversos y elementales como gestoría previsional, turismo, o mas importantes aún como la Obra Social y lo primero que hicieron para someternos y hacernos abdicar de nuestra postura de autonomía, fue sacarnos la Obra Social.
Esta es la demostración de que aún organizaciones que se desarrollan a través de sindicatos con Personería Gremial tienen límites en el marco de este Modelo.
Sin embargo, hay que destacar que un aspecto que ha habilitado la posibilidad de tener organización no supeditada, es la conformación de los Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas.
No por casualidad la dictadura militar del 76 apuntó a la eliminación, precisamente de la representación del Movimiento Obrero que se expresaba en los Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas, porque es lo mas autónomo que tiene este Modelo Sindical, en virtud de que es allí, donde se genera precisamente el desarrollo de la organización sindical y donde se produce la defensa o la pérdida de los derechos laborales.
Es por esto que al Modelo Sindical y a la superestructura siempre le resultó muy difícil poder subordinar o condicionar esta representación.
Claro que en este Modelo Sindical, un trabajador, para poder asumir responsabilidades superiores a las que puede tener un delegado, tiene que superar en el marco de los derechos establecidos por la ley 23.551 y los estatutos, una serie de situaciones que hacen casi imposible que llegue algún día a dirigente de la organización, en el plano regional o nacional, y esto sin analizar las posibilidades de los que lo intentan desde la oposición.
Por todo esto es necesario confrontar a este Modelo
.


Se argumenta en contrario, que en nuestro país se ha demostrado que se mantiene la unidad sindical con una sola Central de Trabajadores. Y eso es mentira.
A lo largo de la historia del Movimiento Obrero nunca hubo unidad, ha existido una Central como aspecto formal de la vida y la realidad en la historia del desarrollo del Movimiento Obrero y de las organizaciones sindicales, pero nunca hubo unidad.
Hoy mismo, existen dos CGT, la Azul y Blanca y la más oficial que representa Moyano. Yo pertenezco a la CTA y ahora tenemos dos vertientes de la CTA. Esto se repite en la historia del Movimiento Obrero.
Entonces es un argumento débil, decir que no se puede apostar a otro Modelo Sindical porque eso atentaría contra la unidad del Movimiento Obrero. El cambio del Modelo Sindical no atenta contra la unidad.
La otra cuestión es el tema de las organizaciones simplemente inscriptas
.
En la Argentina hay más de dos mil organizaciones sindicales que esperan por su Personería Gremial y por su Inscripción Gremial, que es una categoría inferior a tener Personería.
El Sindicato con Personería tiene todos los derechos y el que solo cuenta con Inscripción, no.
Nosotros lo sufrimos en carne propia, desde la Federación de Trabajadores de la Energía, la FeTERA, que la creamos en 1995, y hace 11 años que estamos reclamandola Personería Gremial y hace 11 años, que la respuesta de los distintos gobiernos ha sido absolutamente negativa.
No es porque no hemos sido capaces de cumplimentar los requisitos que establece la ley que rige el desarrollo y la organización de los sindicatos; sino porque hay una decisión política desde el gobierno de no otorgarnos la Personería Gremial como a otros tantos no se les otorga ni siquiera la simple Inscripción Gremial.
Sin embargo, al Sindicato de Peajes, en el término de dos años se le dio la Inscripcióny luego la Personería Gremial y esto sucedió ahora.
Está muy claro el nivel de la dependencia del Estado, del Gobierno y la necesidad de tener buenos amigos para obtener un derecho.
Por esto es que nosotros hablamos de “unicato sindical”, que tiene que ver con un modelo de producción en el país, con un objetivo político, no solo de la CGT, o del gobierno actual o anteriores, sino que también con el objetivo patronal que tiene el empresariado.
Ellos necesitan este Modelo Sindical y por eso tienen una buena sociedad con la CGT
, porque lo que requieren es que los trabajadores no tengan delegados representativos en el lugar de trabajo, no exista la capacidad o posibilidad de poder organizarse y cuando alguien lo quiere hacer lo despiden, aplicando el despido sin causa.
¿Qué posibilidad puede haber de estabilidad en el trabajo y la posibilidad de organizarse como uno quiere, si sabe que pesa sobre esa decisión, que te echen?
Como ejemplo, sólo uno, la fábrica MC Kein de papas precocidas en Balcarce, no deja afiliarse sindicalmente a los trabajadores y menos estructurar una organización sindical.

Entonces hay que cambiar el modelo Sindical, porque no hay democracia y no hay libertad sindical. No sólo porque no se ajusta a los convenios 87 y 98 de la OIT, sino porque además hace años que en nuestro país, existen delegados gremiales, solo en el 13% de las empresas. En el 87% de las empresas con mas de 10 trabajadores, no hay delegados electos; además, el 35% está en negro, precarizado y en una economía informal. No tienen derecho a nada.
Sobre 16 millones de integrantes de la Población Económicamente Activa sólo 5 millones están en relación de dependencia con Convenio Colectivo de Trabajo y casi son ya un privilegio en la Argentina.
Por eso iniciativas como la ley de participación en las ganancias, forman parte de una política para mantener este Modelo Sindical. Modelo que defienden el Gobierno, la Patronal y la CGT.
Si queremos representar a la clase obrera debemos desarrollar una organización que tenga la capacidad de ir por toda esa Clase Obrera y no por una parte nada más.
Nuestra propuesta, ha sido conformar el desarrollo de un Modelo Sindical que también rompa con las iniciativas políticas y jurídicas que vienen de la mano del Modelo y que llevan conformar un sindicato por rama de industria. Para nosotros el “unicato”, también se acabó.
Nuestra práctica desde la FeTERA demuestra que estamos trabajando para unir compañeros del ámbito del petróleo, del gas, de los Entes Binacionales, de la electricidad, de la minería e incluso del agua.
¿Qué es eso que no vamos a armar organizaciones sindicales rompiendo con el esquema de una organización por rama de industria?, si lo que necesitamos los trabajadores es unidad, unidad en la acción sin dejar de lado las reivindicaciones de carácter sectorial, pero unidad para confrontar con los grupos multinacionales que no solo se resuelve con una nueva estructura sindical, se resuelve con el desarrollo de una política de los sindicatos que sea capaz de articular con el conjunto de la sociedad y donde la reivindicación no solo sea sectorial, sino que sea representativa de los intereses de la sociedad.
Fuente: www.fetera.org.ar