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14 de diciembre de 2011

Resoluciones del Tribunal Ético Popular

3. Condena


De acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal Ético Popular resuelve:
Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.
Denunciar y condenar ante la opinión pública a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado Nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.
Denunciar y condenar a las empresas farmacéuticas y a los agentes médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer, Bistec, Merck, Lilly.
Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.
Denunciar y responsabilizar por estos crímenes a aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura y posteriormente, a partir del restablecimiento de la democracia, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial.
Denunciar y condenar a las empresas transnacionales por los crímenes cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.
Denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno en la OEA.

Este Tribunal DECLARA:
El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los Pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida.
La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.
La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.
La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.
La falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos.
El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.
La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.
La falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.

El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.
El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.
El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.

Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.
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4. Recomendaciones y propuestas

 Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.

Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:
Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.
Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.
Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.
Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.
Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.
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5. Compromiso del Tribunal Ético Popular

 Al concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza.
Desde Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación.
Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.
Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia.
Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.
Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos".

Buenos Aires, 29 de octubre, 2.011 Juicio Ético Popular a las Transnacionales
Fuente: http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC  - ACTA