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15 de noviembre de 2017

II. Los de abajo y a la izquierda sin fronteras necesitan romper con la visión de recursos naturales.

La lucha contra la ola de expropiaciones 
de tierras
tras una crisis alimentaria global
24 de octubre de 2017

Por Boaventura Monjane (El diario)

- Los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles han desencadenado la nueva ola de expropiaciones de tierras en África del Sur
- Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales
- El Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo para denunciar a nivel regional los abusos de las empresas.
La influencia y la impunidad empresarial en África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.

En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

La resistencia local contra el poder empresarial en África es relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales.

En agosto de este año el Tribunal Permamente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un protagonismo rural comprometido y resolutivo.
La reunión del tribunal se celebró en el marco de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura de la impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con independencia de las autoridades estatales
En una sesión de audiencias ante un respetable jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales (ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos
El repertorio de contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de solidaridad entre las distintas luchas de la región.
En este contexto, la celebración del Tribunal Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no sólo ofrece a las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.
En la sesión del tribunal en Johannesburgo, ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación de capital de las ETN destruye sus medios de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.
En la mayoría de los casos que se presentaron, las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas. Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y amenazados con la cárcel.
ProSavana es un programa agrícola trilateral propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.
En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique (UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.
La aceptación de la investigación supone el reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.
Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.
Ante el tribunal, declararon que temían los efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el estado no pudo demostrar las acusaciones.
Volviendo a Mozambique, los miembros de la comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental, una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la presa.

En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas, limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.

El Centro de Apoyo e Investigación para Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.
El bosque es una fuente de sustento importante para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas comunidades.

Muchas de las compañías que invierten en tierras y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las economías locales de los países en los que operan.
La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.
Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.

Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con los abusos perpetrados por esas empresas.

Un “desarrollo” destructivo
Las expropiaciones de tierras y recursos en África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de tierras para la minería, la agricultura y el turismo.
El acaparamiento de recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.

Cientos de miles de campesinos y pueblos indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la “globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados globales.
Ese programa neoliberal sobre el desarrollo, que trató de lidiar con los déficit a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales forman parte de ese programa.

Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones monocultivo, los megaproyectos y las minas.
Mientras tanto, la desigualdad económica crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven (15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica, la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa de desempleo juvenil del 54%.

Despojar a los indígenas de sus tierras
El resultado de todo lo anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias.
Los movimientos sociales critican su modelo de producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.
Existen nuevas estrategias para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir alimentos y luchar contra la pobreza.
Con el pretexto de la escasez del agua destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así, los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los campesinos se ven privados del agua.
A raíz de la actual crisis alimentaria global, muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
La demanda de tierras es tan grande que ha dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua, privándoles de su sustento.
Como consecuencia del abandono que sufre la agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias explotaciones.
El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo para que sus familias cuiden de ellos.

El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene, alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están movilizando para resistir esta ola neoimperialista.

Boaventura Monjane es un periodista y activista social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental.
Traducción: Patricia Campo.

I. Los de abajo y a la izquierda sin fronteras necesitan romper con la visión de recursos naturales.


Al menos el 4 0% de los conflictos internos están vinculados a la explotación 
de los recursos naturales de gran valor
En guerra permanente
15 de noviembre de 2017

Por Nora Fernández (Rebelión)

El 6 de Noviembre se celebró el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente por la Guerra y los Conflictos Armados, fue una decisión aprobada por las Naciones Unidas el 2001 que se basó en los efectos que sobre el medio ambiente tienen la guerra y los conflictos armados, generalmente no incluidos en nuestros recuentos de daños de guerra que se limitan al número de víctimas humanas. Sabemos que los conflictos armados incluyen estrategias de guerra como la quema de cosechas, la tala de bosques, el envenenamiento del aire, del agua, del suelo y la destrucción de ciudades y de infraestructura para lograr ventaja militar. Ya los romanos contaminaban los suelos de sus enemigos con sal inutilizándolos para la agricultura y hambreando y debilitando a sus enemigos. La guerra favorece y facilita, además la explotación del medio ambiente al aumentar la necesidad de sobrevivir a cualquier precio.
Las Naciones Unidas, en su programa del Medio Ambiente (UNEP en inglés), encontraron que durante los pasados 60 años por lo menos el 40% de los conflictos internos han estado vinculados a la explotación de los recursos naturales de gran valor (madera, diamantes, oro, petróleo) o escasos (el suelo fértil y el agua). Descubrieron, además, que los conflictos relacionados a recursos naturales tienen el doble de probabilidades de repetirse. Por esa razón fue que adoptaron el 2016 una resolución que reconoce el papel que los ecosistemas saludables juegan en la reducción de los conflictos armados. Las Naciones Unidas han reafirmado, por todo esto, su compromiso con la paz y con estrategias en su favor (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development –Transformando nuestro mundo: Agenda a favor del Desarrollo Sustentable 2030) (1).
Pero a pesar de los compromisos por la paz, la guerra se impone como estrategia de expansión. Esfuerzos que documentan los costos humanos y ambientales ayudan a entender que la paz es la única opción, estos esfuerzos son particularmente importantes en tiempos en que una ideología guerrerista se expande y la guerra es aceptada como permanente y se promueve un proyecto globalizador que además genera consenso a favor del uso de armas nucleares en los conflictos armados.
La guerra cuestionada
Estados Unidos y el resto de occidente favorecen una estrategia de guerra permanente, contra humanos y naturaleza, alimentando un ciclo autodestructivo doloroso y en extremo peligroso porque incluye la creciente aceptación del uso de materiales nucleares. Los materiales nucleares implican al plutonio y uranio empobrecido pero también bombas de capacidad variada, muchas con capacidad atómica muy superior a las de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas que Estados Unidos usó contra Japón tenían entre 15 y 21 kilotones y generaron un hongo nuclear que no alcanzó los 10 mil metros de altura, que no es poca altura, un avión comercial de pasajeros viaja a una altura de 10 a 15 mil metros. Pero la capacidad atómica hoy ha aumentado en cien, mil y más veces, por ejemplo, la bomba atómica norteamericana B83 tiene mil kilotones y un hongo nuclear que llega a los 20 mil metros de altura y la Castle Bravo tiene 15 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 30 mil metros de altura pero la bomba atómica rusa “Bomba del Zar” es un gigante, con 50 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 40 mil metros de altura. (2)
La perspectiva de guerra permanente de la mano con un proyecto globalizador (antaño: imperialista) impone, o trata de imponer, los intereses de un grupo dominante. En sus 500 años de dominio occidente no ha sido ni flexible ni abierto, ni ha tomado responsabilidad sobre sus acciones, siempre los malos han sido otros, los sin Dios, los con otro Dios. Vistos como los “elegidos,” los “civilizados,” hemos impuesto nuestro modelo a los “salvajes.” En América, África o Asia, los “salvajes” han sufrido los esfuerzos civilizatorios occidentales traducidos en opresión, genocidio, esclavitud. La arrogancia occidental entiende al resto como amnésicos que olvidan los males sufridos y agradecen las imposiciones, occidente mira con los ojos del dominador.
La globalización se vende como panacea pero es un proyecto injusto, opresivo, esclavizador que contribuye a la explotación de niños, mujeres y hombres y a la destrucción y explotación ecológica. Se impone con un doble discurso (antaño: hipocresía) que dice favorecer la “diversidad” (de género, sexual, racial, étnica) al tiempo que termina con los derechos humanos y los derechos laborales y sociales establecidos. Se trata de explotar más y mejor, no de alcanzar igualdad socio-económica o justicia social. El proyecto alimenta pirámides paralelas a la del hombre blanco adinerado. Pirámides que al tiempo que permiten que unas pocas mujeres, que unos pocos hombres no blancos, alcancen cúspides corporativas, mantienen intactas las estructuras del poder. Se globaliza a favor del ilimitado enriquecimiento de una élite global corrupta, mientras jugosas migajas benefician a sus intermediarios. Es aceptable tener billonarios no blancos, y hasta mujeres billonarias, siempre que el control y el poder queden en manos de los más ricos. La naturaleza de la carrera a la cima se encargará de que los “diferentes” que lleguen no sean demasiados y al fin, llegan ricos, y los ricos no tienen más foco que acrecentar su fortuna y velar por sus intereses.
La misma élite que usa el militarismo ha logrado, generalmente, tener a las Naciones Unidas a su servicio y promover desde allí también su agenda. El poder se reinventa imponiendo su nueva-vieja ideología totalitaria a partir de los años 80. Con el fin del período de pos-guerra termina también la primavera de los 60. Es el “adiós” a los hippies, a los izquierdistas, a los críticos. Y el “hola” a la policía militarizada vestida a lo Darth Vader, a las computadoras, celulares y juegos cibernéticos, a los entretenimientos masivos con sueldos millonarios, a los políticos de pacotilla que nos mienten, a los feminismos acomodados y jeans de diseño, tacones altos y uñas y pestañas postizas, a la comida basura que crea obesos, y al crédito, o mejor dicho a la deuda -a muy alto costo para los pagadores de intereses pero gratis para los bancos prestamistas que reciben el dinero al 0%.
La guerra como estrategia ha sido cuestionada hasta por los propios militares. Ya en 1933, el Major General Smedley Butler, el soldado más condecorado de los Estados Unidos, la vio como vehículo para el enriquecimiento de unos pocos, su discurso se hizo libro. La guerra es un chantaje, dijo, un fraude, que beneficia a los menos y que pagan, dolorosamente hasta con sus vidas los más. Smedley Butler, que se alistó en los Cuerpos de Marina en 1898, peleó en la Primera Guerra Mundial y predijo que habría una Segunda guerra y que otras guerras la seguirían, porque las guerras son un buen negocio para el círculo interno que las promueve. Smedley Butler entendió que era imposible terminar con la guerra desde Ginebra, hablando. Smedley Butler argumentó que para terminar con la guerra es necesario terminar con el negocio de la guerra, con sus ganancias, permitir que los soldados –quienes tienen que pelear, decidan si debe haber o no guerra, y limitar a las fuerzas militares a la defensa del país, terminar con las acciones extraterritoriales. (3)
Estados Unidos y la guerra permanente
En Estados Unidos la guerra ha sido cruenta. En la Guerra Civil de 1861-1865 y según el censo anterior a esta (1860) murieron el 8% de todos los varones blancos de entre 13 y 43 años de edad, incluyendo el 6% en el Norte y el 18% en el Sur. Esta guerra destruyó la riqueza del Sur y no menos del 40% de la riqueza del Norte y su efecto económico perduró hasta el siglo 20. No es sino hasta la guerra con Vietnam que en Estados Unidos surge resistencia masiva contra la guerra de conscripción. Pero el concepto de guerra permanente se re-impone con la ofensiva de George Bush (padre) en 1991 contra Irak y con los posteriores golpes de la administración Clinton. El 2003 la administración Bush (hijo) adopta el ataque “preventivo” con aprobación del Congreso aunque no cuenta con la aprobación de las Naciones Unidas y Kofi Anan lo cuestiona describiendo esta política como “un acto ilegal de guerra.” De todas formas la estrategia se impone. Para el 2015, y luego de las invasiones a Irak (2003) y Libia (2011), Barack Obama (presidente desde el 2009) comenta en un discurso en la base de la Fuerza Aérea en Tampa (Florida) que su presidencia es de tiempos de guerra basados en una autorización extendida 15 años atrás por el Congreso. Dice que las “democracias no deben operar en estado de guerra autorizada permanente…no es bueno para nuestros militares…no es bueno para nuestra democracia.” Pero Obama no cambia esto. (4)
El presidente entrante, Donald Trump, se estrena en su cargo lanzando MOAB –la madre de todas las bombas, sobre Afganistán. Es una bomba (no nuclear) de 10 toneladas, pintada de color naranja brillante parece una nave. Brian Williams, reportero de MSNBC, comenta por televisión que verla le recuerda las palabras de Leonard Cohen: “Soy guiado por la belleza de nuestras armas. ” (5) Su comentario arrogante sale al mundo. No es moral olvidar la capacidad destructiva de una bomba y deshumanizar a quienes van a recibir su impacto. Ese año Trump aumenta el presupuesto militar en un 5% y comenta que “la pelea es maravillosa.” Washington y la Prensa navegan en un mar militarista.
La huella ecológica del militarismo y de la guerra
Naturalmente, se trata también de ignorar la huella ecológica militar que en el caso de los Estados Unidos es enorme dentro y fuera del país. Estados Unidos tiene 4127 instalaciones militares (del total unas 860 fuera del país) que ocupan 7,7 millones de hectáreas. La cabeza del Departamento de Programas Ecológicos del Pentágono, Maureen Sullivan, explicó el 2014 que lidiaba con 39 mil sitios contaminados, con un costo estimado de US $ 27 mil millones. El ex congresista por Michigan, John D. Dingell, quien fue congresista por 60 años y sirvió en la Segunda Guerra Mundial, argumentó con preocupación que prácticamente todos los sitios militares de Estados Unidos están seriamente contaminados. Barry Sanders, prestigioso jefe de investigación nominado dos veces para el Pulitzer, ha dicho que la guerra contra el terror es una guerra contra el planeta. Y el antropólogo norteamericano David Vine, en su libro “Base Nation” (2015), argumenta a favor de suprimir las bases de ultramar, que juegan un papel en la expansión de Estados Unidos y mantienen una perspectiva racista, generan daños ecológicos y accidentes, y cuyo personal ha causado crímenes serios por lo que, no sólo son costosas, sino que perjudican a los Estados Unidos y al mundo. (6)
La contaminación ambiental del militarismo es enorme. El departamento de Defensa de los Estados Unidos por si solo produce más basura que las 5 mayores corporaciones químicas de los Estados Unidos, incluyendo uranio empobrecido, petróleo, pesticidas, herbicidas, plomo y radiación producida durante la manufactura, el testeo y el uso de armas. Miles de kilos de micro partículas radioactivas altamente tóxicas, por ejemplo, contaminan el Oriente Medio, Asia Central y los Balcanes. Las minas y bombas de racimo están diseminadas en áreas extensas desde el fin de la guerra. El 2009, 34 años del fin de la guerra de Vietnam, la contaminación por dioxina en Vietnam era 300 o 400 veces mayor que lo normal, resultando en severos defectos de nacimiento y cáncer en la tercera generación de afectados. Irak, un exportador de alimentos, importa hoy el 80 por ciento de sus alimentos debido a que la guerra y las políticas militares desde la guerra causaron desertificación. (4)
Abandonando Kuwait el ejército de Irak incendió más de 600 pozos petroleros, entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo se volvieron humo junto con 70 a 100 millones de metros cúbicos de gas natural. Las nubes cubrieron casi 26 mil kilómetros cuadrados, bloqueando el sol y matando miles de personas por inhalación del humo agrio. Además 60 millones de barriles de petróleo se filtraron en el suelo envenenando cerca del 40% del agua subterránea, y cerca de 6 millones de barriles se filtraron al mar formando un enorme derrame petrolero que destruyó peces, pájaros y mamíferos locales y terminó con la pesca del camarón. De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos cada galón (3,8 litros) de gasolina produce 19 libras (8.6 kg) de CO2, las fuerzas armadas enviaron 400 millones de libras (cerca de 180 millones de kilos) de gases de efecto invernadero a la atmosfera diariamente. (4)
Los costos de la guerra “contra el terror” son un terror
El Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos (Watson Institute for International and Public Affairs) de la Brown University ha completado un detalle estimando los costos humanos de esta guerra, incluyendo a los soldados americanos que mueren directamente bajo el fuego enemigo, a los subcontratistas y los aliados, a sus oponentes y a la población civil muerta directa o indirectamente en ella o por ella. Sus cálculos ascienden a 1. 261.000 personas hasta el 2016, la gran mayoría de ellos son civiles y 14.000 son soldados y contratistas. Los costos financieros no se limitan a los costos humanos, sino que incluyen también los tratamientos a los soldados que regresan a los Estados Unidos y completas papeles para recibir asistencia debido a daños físicos, emocionales o sicológicos, que no siempre se completan de inmediato pero que son inevitables y que para Marzo del 2014 ascendían a 970 mil pedidos formales de asistencia. Además la guerra ha causado millones de personas desplazadas indefinidamente que viven en condiciones muy precarias; el número de refugiados afganos, iraquíes y pakistaníes se calcula en 7.6 millones. Gran parte de los dineros supuestamente destinados a esfuerzos de reconstrucción y ayuda humanitaria se han perdido, robado o han sido usados fraudulentamente en proyectos no sustentables. En Afganistán han desaparecido ecosistemas, fauna y flora, los suelos sufren desertificación, la foresta desaparece, el 85% de las aves migratorias han desaparecido del área. En Irak la infraestructura ha sido devastada, incluyendo los servicios de salud y educación. Las promesas de democracia tampoco se han cumplido, en Afganistán los señores de la guerra controlan el poder y la sociedad continúa segregada en términos de género y etnicidad. (4)
El mito de que la guerra es buena para la economía es falso, las guerras destruyen también las economías. De acuerdo a Paul Krugman (Nobel en Economía) la guerra es cara y causa daños económicos serios incluso al ganador. Joseph Stiglitz (Nobel en Economía) está de acuerdo con Krugman y explica que la Segunda Guerra Mundial no sacó al mundo de la gran depresión como se dijo, sabemos que esto es falso y que la paz es mucho mejor para la economía que la guerra. Dean Baker (economista) explica que los modelos económicos muestran que los gastos militares desvían recursos que deberían haber tenido usos productivos y al hacerlo enlentecen el crecimiento económico y reducen el empleo. Joshua Goldstein explica que la guerra termina con la riqueza, deprime la economía, afecta negativamente los mercados, por lo que impide el desarrollo económico y desarma la prosperidad. En tiempos de guerra los precios y las ganancias aumentan pero los salarios y su poder comprador bajan, explicó James Galbraith el 2004 diciendo que “rufianes, especuladores y gente bien conectada se hace rica. La gente trabajadora y los pobres sobreviven como pueden.” Se produce además un deterioro en los ahorros debido en parte a mecanismos invisibles como la inflación impositiva. O sea la guerra es terrible para la mayoría de la gente y solo una bonanza para unos pocos. (4)
Los gastos militares del mundo el 2016 fueron de US $1 300 millones, el 2% del PIB mundial. Estados Unidos gastó un poco menos del 50% del gasto total del mundo, US $611 mil millones, lo siguieron Francia, Reino Unido, Alemania e Italia que juntos gastaron US $173 mil millones, China gastó US $215 mil millones. El presupuesto de Obama para el 2017 dedicó el 63% a gastos militares (parte de esta suma bajo gasto discrecional) y el de Trump para el 2018 aumentó los gastos militares en un 5% alcanzando al 68% del total presupuestado. En Canadá los gastos militares también han aumentado a partir de 1999 y para el 2010-2011 se alcanzó el mayor presupuesto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Canadá no figura entre los 15 mayores, sus gastos militares fueron de US $15 mil millones, invierte alrededor del 1.2% de su PIB (Producto Interno Bruto) pero como miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tiene el compromiso de invertir el 2% de su PIB. (4), (7)
Justamente porque la guerra es un evento funesto para la humanidad se hace crucial cuestionarla abiertamente como estrategia fallida. La guerra se presenta como última solución, estrategia de último recurso, pero no es solución ni es aceptable. Facilitar la paz es la única solución. Es relevante reflexionar sobre, y tratar de implementar, las recomendaciones que el General Smedley Butler hizo a los Estados Unidos: terminar con el negocio que es la guerra y favorecer políticas defensivas no intervencionistas. Es suicidio aceptar la guerra permanente asociada a un proyecto globalizador que valida el uso de armas nucleares, un acto criminal contra la vida del planeta que puede ser única en el universo todo y sagrada. No es válido rendir homenaje a los millones de víctimas de la guerra en ceremonias que no desafían las perspectivas dominantes sobre la guerra como un inevitable, que no despiertan la conciencia a la acción por la paz. Promover la paz como única solución a los problemas de la humanidad es crucial. Hoy, a los daños de guerra a humanos y a otras especies, se suman los daños al medio ambiente y el despilfarro de recursos naturales esenciales para la supervivencia de la humanidad. Es prioritario decir no a la guerra y al militarismo y terminar con la glorificación de la muerte para beneficio del poder.
Referencias

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234072

II. La importancia de los aportes ecológicos e indígenas para la revolución.

Por qué apoyar a Marichuy
11 de noviembre de 2017

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)

La vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy Patricio Martínez (MPM), se presenta a las elecciones presidenciales de 2018 con el objetivo de organizar los pueblos, las comunidades, la población trabajadora y la izquierda anticapitalista para una lucha que supera ampliamente el proceso electoral. Su candidatura confía sólo en la unificación de las fuerzas del pueblo mexicano, que hasta ahora libran una lucha dispersa, y apuesta a la elevación del nivel de conciencia de los oprimidos cuya mayoría actualmente aún comparte la ideología de sus explotadores.

Marichuy tiene conciencia de que carece de una máquina electoral y de que enfrenta la hostilidad de todos los “factores de poder” (bloque empresarial, prensa y medios de comunicación del capital, conservadores y oportunistas que buscan ventajas personales en las instituciones estatales, organismos represivos del Estado capitalista, oligarquía gobernante al servicio del capital financiero y del imperialismo estadounidense).

Su propuesta, surgida de los más pobres y apoyada por éstos y por los más conscientes, no busca ocupar posiciones de poder en el Estado capitalista sino crear poder popular cambiando la subjetividad de las mayorías trabajadoras, organizando y reuniendo las fuerzas de éstas, elevando la moral y la autovaloración de los oprimidos para llevarlos a la lucha social y a cambiar el país.

Su participación en el proceso electoral es lo opuesto del electoralismo, de las promesas preelectorales que “se olvidan” al día siguiente de las elecciones, de los programas-que-jamás-se-ejecutarán, de la hipocresía y del engaño electoral, del engaño para conseguir votos que expresan todo el desprecio de quien los obtiene por quienes incautamente se los dan y es lo contrario de la compra de votos por limosnas que quitan toda dignidad a los que venden su ciudadanía por un plato de lentejas.
Por eso, en primer lugar, hay que darle una firma para afianzar su derecho a presentarse en las elecciones organizadas por y para el capitalismo como candidata anticapitalista, mujer trabajadora y exponente avanzado de los indígenas.
La mera obtención de más de un millón de firmas para validar su candidatura sería ya de por sí un gran triunfo organizativo y político porque demostraría que hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que luchan contra la discriminación racial y contra la opresión de las mujeres y que, por eso mismo, son capaces de firmar para hacer respetar el derecho ajeno dejando momentáneamente de lado las diferencias de opiniones políticas partidarias.
El logro antes de diciembre de la cantidad de firmas que exige el INE será posible por el apoyo de los anticapitalistas, como la Organización Política de los Trabajadores (OPT), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Nueva Central de los Trabajadores (NCT) pero, sobre todo, por el de grupos organizados de trabajadores y de oprimidos y demócratas consecuentes presentes sobre todo en MORENA y, en mucho menor medida, entre los simpatizantes de otros partidos y con el apoyo militante de vastos grupos de estudiantes en todo el país que así rendirían homenaje concreto a los 43 normalistas de Ayotzinapa víctimas del terrorismo de Estado.
Firmar el pedido de la candidata indígena no obliga a nadie a dejar de lado otras opciones porque Marichuy no compite con nadie en el campo electoral ya que ese no es su terreno de lucha y porque tiene plena conciencia de que la oligarquía que controla el país como agente del capital financiero internacional jamás reconocería un candidato que no sea “de la familia” y, mucho menos aún, uno anticapitalista que, para colmo, movilizaría a las mujeres y a los indígenas y tendría, por lo tanto, gran simpatía en toda América Latina e incluso en Estados Unidos. Compite, en cambio, y mucho, en la disputa por las mentes y los corazones de los oprimidos, contra el hecho aberrante de que existan pobres que aceptan la ideología de quienes los hunden en la pobreza y explotados que creen que su explotador es su benefactor.
En sus banderas MPM se define anticapitalista. La recolección de firmas para su campaña, sin embargo, ganaría en fuerza e ímpetu y tendría mucho mayor eco si a esa fundamental definición general le agregase la exigencia de un plan nacional de trabajo para reducir la desocupación y el trabajo informal y la emigración y recibir a los compatriotas expulsados por Trump.
Sería necesaria asimismo la reivindicación de un aumento general de salarios del 50 por ciento (dada la caída de los salarios reales y el hecho de que la mayoría de los trabajadores no gana tres salarios mínimos), la exigencia de un sostén a la agricultura familiar y ejidal y de una amplia protección legal a los trabajadores mexicanos emigrados perseguidos por Trump y la demanda de priorizar la educación pública, favoreciendo a los más pobres desde la primaria hasta las Universidades.

El capital es internacional e internacionalista debe ser el anticapitalismo. No es posible un gobierno solamente de indígenas pues éstos son una minoría y necesitan aliados fraternos entre los campesinos y trabajadores de todo tipo. Por eso, para hacer alianzas, hay que definir por cuál gobierno futuro se combate.
Es fundamental además organizar la oposición a la preparación de guerras imperialistas – que implican en todos los países una represión a los movimientos sociales y la eliminación de las conquistas históricas de los trabajadores- y defender los países que debilitaron la cadena del imperialismo y que, como Cuba o Venezuela, son hoy blanco del Pentágono. El silencio refuerza los planes agresivos del capital.
El programa selecciona y forma los cuadros y da conciencia de sí mismos a los habituados a recibir todas las ideas de quienes les oprimen. Precisar el programa anticapitalista, por eso, es indispensable para lo que vendrá en los próximos años. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233922

I. La importancia de los aportes ecológicos e indígenas para la revolución.

Ser ecosistémicos y cosmovisionarios
15 de noviembre de 2017

Por Julio García Camarero (Rebelión)
Es importante ser ecosistémico, esto es, tener la organización compleja de los sistemas naturales, en los que economía significa la escatimación y no el despilfarro, como sucede en este sistema en el vivimos. En mi opinión, algo que debería tener en cuenta la economía. En el neoliberalismo, y su “crecimiento”, economía significa acumulación, desmesura, despilfarro y consumismo; es decir, consumo de seudo-necesidades y muy perjudiciales para la salud mental y corporal.  

El enfoque eco-sistémico natural de la sociedad humana debe tener unos primeros pasos indispensables. De ellos los primeros a considerar serán: los Derechos de la Tierra, frente al absolutismo antropo-centrista. Son los indígenas andinos quienes defienden de forma más específica estos Derechos de la Tierra, y el eco-centrismo, así como los indios de las reservas de EEUU.  

Es importante el planteamiento dialéctico de la cosmovisión andina que “busca continuamente como superar la contradicción que habita en todo”. Algo así como lo que yo estoy cansado de repetir en plan machacón: la vida, el planeta, la Pachamama es compleja y contradictoria, y para comprenderla no valen consideraciones parciales y menos aún las partidistas. Más bien hay que ser eclécticos.  

A comienzos del tercer milenio muchos nos alegramos del surgimiento del Socialismo del Siglo XXI. Era una respuesta contundente al crecimiento del capitalismo de los EEUU y además defendía al indigenismo incluso con su cosmovisión andina. Algo que parecía tener bastante que ver con una transición desde el decrecimiento infeliz hacia el decrecimiento feliz. Pero pronto pudimos comprobar que el indigenismo, la defensa de la cosmovisión, y el aparente ataque al crecimiento, eran sustituidos por un olvido de lo indigenista (cuando no su feroz represión), una creciente potenciación del neo-extractivismo y  una acelerada obsesión por el crecimiento.  
En efecto, Evo y Correa han realizado una transición negativa (se han traicionado a sí mismos): han realizado una transición desde el bien vivir prometido al bien estar material, basado en el neo-extractivismo destructor de la pacha mama y del bien vivir. Aunque creo que en esta “transición negativa”, y en este neo-extractivismo, ha sido más tajante Correa que Evo; por ejemplo, traicionó la solemne promesa de no destrozar e santuario del Parque Natural Yasuní [1] para extraer el petróleo existente en su subsuelo. Y es bastante probable que su sucesor Lenin Moreno, con mayores tendencias leninistas y de Capitalismo de Estado, sea aun más radical con el extractivismo y destrozo de ecosistemas para “sacar de la pobreza a la clase obrera”. Esto suena raro en pleno paraíso natural, tanto como el nombre de la revolución de Rafael Correa, “revolución ciudadana”, cuando, en el contexto andino, tenía que haber sido una “revolución indigenista” o “revolución cosmovisionista”. Por esto pasó lo que pasó. Lo cierto es que l a empresa estatal Petroamazonas en marzo de 2016 inició la explotación comercial del campo petrolífero de ITT-Tiputini, ubicada en el corazón del El Parque nacional Yasuní . “Con este paso Ecuador inicia una nueva era al comenzar a extraer 23.000 barriles/día”, dijo el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, en la inauguración.  
Al inicio de su mandato como presidente de Ecuador, Rafael Correa prometió evitar la extracción de petróleo en el ITT a cambio del compromiso de una eco-compensación-ayuda-solidaria internacional de $3.600 millones, que al final no se concretó. En consecuencia, el Congreso, controlado por el oficialismo, autorizó en 2014 la explotación del ITT-Tiputini pese a la oposición de grupos indígenas y ecologistas (como Acción Ecológica de Ecuador), que intentaron someter el tema a referendo. Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica de Ecuador, señaló: “…en la zona de Tiputini ya se empieza a ver más cantinas, más prostíbulos y más problemas sociales". El país prevé alcanzar una producción de 300.000 barriles diarios en el bloque ITT en el 2022. Más petróleo, pero tres veces más barato: pasó de 98$/barril en el 2012 a 30$/barril en 2016, y a cambio del destrozo del parque natural más diverso del mundo.  

Suele decirse, y creo que es obligado admitir, que: “El único poder justificable es el derivado del empoderamiento de la población, es decir del famoso 99%”. Si esto hubiese sido la realidad en el Ecuador de la década de los años diez del siglo XXI el desastre de Yasuní no se hubiera producido. En este sentido, estoy de acuerdo con la opinión de Christophe Aguiton: “sólo con la gestión directa puede haber solución” [2]  

En otro aspecto del decrecimiento, la lucha contra el patriarcado, estoy de acuerdo con lo que afirma Elizabeth Peredo Beltrán [3] . “es más adecuado hablar de feminismos (en plural) que en singular, pues existen diversos feminismos”. Esto es lo que pasa también con el decrecimiento, pues existen varios decrecimientos:  

1. Decrecimiento-en forma absoluta, sin ninguna otra palabra que lo acompañe, el cual resulta con una cierta ambigüedad al faltarle referencias concretas.
2. Decrecimiento keynesiano , también llamado sostenibilidad por las corrientes reformistas. Un decrecimiento que piensa, quiméricamente, que se puede decrecer dentro del sistema capitalista.
3. Decrecimiento cavernario situado en extremo opuesto al keynesiano (con cierta dosis de sectarismo simplificador) que rechaza a ultranza toda la acumulación de conocimientos desde que éramos protozoos. Y que piensa que tenemos que volver al Oreopithecus… ¿y por qué no volver al protozoo? Creo que en lo que hay que pensar es en algo que se está haciendo urgente: empezar a aprender a saber usar el saber. [4]
4. Decrecimiento infeliz. Que engañosamente nos dice que vamos a ser felices creciendo, pero lo que en realidad se nos ofrece con el crecimiento es trabajo esclavo guerras de exterminio, consumismo enajenante, aumento de diferencias sociales, etc. Es decir, lo que nos ofrece en realidad es un decrecimiento infelizpara el 99% de la población.
5. El decrecimiento demográfico forzado, (eco-fascismo) que solo tiene en cuenta la reducción masiva (exterminio de miles de millones) de seres humanos como solución al problema del calentamiento global y salvación de la biosfera.
6. Por último, está el decrecimiento feliz basado en un paso transicional desde el capitalismo (o lo que es lo mismo, desde el decrecimiento infeliz) al decrecimiento feliz, al cual se llegará a partir de las 20 transiciones hacia el decrecimiento feliz, que menciono en mi último libro [5] .  
Serán unas transiciones que nos permitirán salir del capitalismo y entrar en una sociedad con una forma de vivir sencilla, pero no simple. Y será austera, aunque no mísera, en cuanto consumo de materia y energía, pero muy compleja y rica en cuanto a diversidad cultural y biodiversidad. Ya no se seguiría inmerso en la pobre simplicidad del Pensamiento Único. 
Notas: (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234060

9 de octubre de 2017

“El Che está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de luchadores por la justicia social y la hermandad entre los seres humanos”. ¿Por qué?


A 50 años de su asesinato
El Che de este tiempo

9 de octubre de 2017

Por Manuel Cabieses Donoso (Punto Final)

El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato en Bolivia del comandante Ernesto Guevara de la Serna. Cuando el Che fue ejecutado en la escuela de La Higuera, tenía 39 años. Una vida breve e intensa. Lo profundo de sus ideas y el filoacerado de su acción, lo sitúan entre los grandes revolucionarios del siglo pasado. El Che está destinado a seguir inspirando a nuevas generaciones de luchadores por la justicia social y la hermandad entre los seres humanos.
En una época árida en valores éticos, el legado más importante del Che es su ejemplo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo fundamental de su mensaje consiste en que un dirigente no puede llamar a luchar si no estádispuesto a correr los mismos riesgos que sus camaradas. El hombre nuevo es el dirigente que no aprovecha su cargo para disfrutar de privilegios o para hacer la vista gorda con la corrupción. El Che fue ejemplo de modestia y honestidad como ministro de Industrias y presidente del Banco Central de Cuba antes devolver a la lucha guerrillera. Los hombres y mujeres que se inspiran en el Che, en especial los jóvenes, sienten repugnancia por la corrupción, el acomodo y la ambivalencia de la política incrustada en el sistema.
No hay que confundir el ejemplo del Che con posiciones dogmáticas y sectarias. Su integridad moral y claridad política se basaban en una comprensión integral de la realidad de su época y en las características sociales del ser humano de su tiempo. Como fruto de un conocimiento directo de América Latina, el Che forjó el pensamiento socialista y antimperialista que lo llevó en México a incorporarse a la gloriosa aventura de los 82 expedicionarios del Granma encabezados por Fidel Castro.

En su práctica cotidiana el Che hizo suya la afirmación de Fidel: “Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigo ni enemigo” La Historia me Absolverá , septiembre, 1953).
Su legado es un llamado a rebelarse contra la injusticia en todo tiempo y lugar. Sentir en carne propia la humillación que sufre cualquier ser humano sin importar su raza, nacionalidad ni creencias. Esto llevó al Che a combatir en Africa y a encabezar un proyecto de liberación continental a partir de la guerrilla en Bolivia.

Su derrota no demuestra que el Che estuviera equivocado en el horizonte estratégico de su proyecto. Es evidente que América Latina necesita liberarse de la dominación y explotación imperialista. La ruptura de esa dependencia es necesaria para despejar la vía a un desarrollo económico, social y cultural que permita al ser humano convertirse en protagonista de su propia historia.

El pensamiento del Che, que llamó a desconfiar siempre del imperialismo, muestra su vigencia al confrontarlo con las recientes amenazas de destruir la República Popular Democrática de Corea, estrangular la revolución bolivariana de Venezuela o hacer cada vez más duro el bloqueo deCuba. Los casos de Irak, Afganistán, Libia y Siria demuestran que el imperio es capaz de cometer esas y peores atrocidades.

El desarrollo pleno de sus capacidades, gracias a las tareas que cumplió en la Revolución Cubana llevaron al Che a descubrir las grietas que producirían el colapso de la Unión Soviética.La monumental obra del esfuerzo y heroísmo de millones de seres humanos de ese país, padecía el cáncer de la burocracia y la corrupción de su elite gobernante. No sólo fue el derrumbe soviético de 1991. También desaparecieron -o quedaron reducidos a la insignificancia- casi todos los partidos comunistas cortados por la tijera stalinista.

El derrumbe del “socialismo real” produjo una profunda crisis ideológica, sumiendo a los trabajadores en la indiferencia como forma de rechazo pasivo a las prácticas corruptas de los partidos cooptados por el capitalismo. Esta crisis plantea la necesidad de construir nuevos instrumentos de lucha política y social. Es una batalla que se libra en el terreno de las ideas y en la esfera de la acción-ejemplo. Se trata de recuperar la relación dialéctica entre los movimientos sociales y los partidos, bloqueada por una burocracia oligárquica que aún persiste en muchos lugares. En este proceso de revolución cultural para reconquistar conciencias para el socialismo del siglo XXI queda aún mucho camino. Hay que barrer, por ejemplo, con el fetichismo de un Estado omnipotente e infalible que convirtió al socialismo -que significa poder popular y derechos humanos, políticos y sociales- en su opuesto: un estatismo vulgar y ramplón que minó la fortaleza de la ideología revolucionaria.
Los rebrotes de socialismo de esta época van recuperando la frescura y atractivo de su matriz original. La tarea consiste en sembrar conciencia y crear organización para construir el poder del pueblo. El socialismo de hoy se inspira en el Che y crece en el seno de los movimientos sociales. Su lucha debe madurar todavía en instrumentos políticos de mayoría democrática para cambiar el rumbo suicida y devastador que el capitalismo impone al mundo.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 885, Santiago de Chile. www.puntofinal.cl

   

V. Ruptura con nuestro racismo y nuestra lógica capitalista para posicionarnos junto a indígenas en rebeldía.

Viaje al corazón de Vaca Muerta
¿Del "consenso de los commodities" al "consenso antiindígena"?
14 de septiembre de 2017
 
Por Maristella Svampa (Nueva Sociedad)

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno a los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.
 
Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.
 
El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.
 
Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más sólidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), destacaba que, sólo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones.
 
Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente.
 
Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de dicho convenio por parte de la legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner), rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.
 
Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.
 
La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impediría el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se de la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.
 
La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas veinte comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas pero el gobierno sólo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.
Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.
 
Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aún en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.
 
Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. No sólo el racismo contra los indígenas sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que éste cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia, y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26.160, que vence a fines de 2017.
Hoy más que nunca la prórroga de dicha ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Dicha intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.

http://nuso.org/articulo/del-consenso-de-los-commodities-al-consenso-antiindigena