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1 de marzo de 2018

La visión sobre el 24 de marzo de 2018



El balotaje fue insuficiente para despertarnos sobre cómo se degradó la democracia al ir legalizando-legitimando las expropiaciones de las transnacionales y sus socios locales.

Ahora la vemos y sufrimos pero la grieta o falso enfrentamiento nos hace creer en que es cuestión de cambiar de gobierno y no de que, como pueblo, dejemos de delegar en líderes y nos atrevamos a deliberar sobre cómo unirnos, organizarnos para adueñarnos del destino común.

Es hora de plantarnos para un Nunca Más al poder real.



Estamos a poco de otro aniversario del 24 de marzo de 1976 y domina el esfuerzo por la unidad con los K que, debido a la obediencia debida dentro de la militancia, es tolerar la impunidad de su lideresa y dirigentes e intelectuales que amplificaron sus capacidades hegemónicas. 

Discrepo, además, porque quedarnos en No a Macri es descontextualizarlo de la democracia desde 1984 (incluyendo a los gobiernos K) y descontextualizarlo del capitalismo global integrado. Es postergar el basta a estar subsumidos en una economía de sobreexplotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores (formales, informales y desocupados) y de los otros sectores sociales. Cuando hay tantos sufrimientos  con origen en el extractivismo que continúa expandiéndose y significa mayor transnacionalización económica territorial a costa de profundizar la pobreza tanto de Argentina como de sus pueblos y generar  ecocidios-etnocidios y genocidios.      

Pienso que  el próximo 24 de marzo deberíamos deschavar el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales como los responsables de la dictadura militarizada y de la democracia cada vez más restringida. Es deschavar al poder real como genocida aplicando terrorismo paraestatal y  terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Es destapar cómo la democracia le sirvió no sólo legalizando-legitimando su acaparamiento de territorios, su saqueo y sus envenenamientos.  Sino también perfeccionando e intensificando la represión, el control sobre las poblaciones y la manipulación de la opinión pública para modelar consensos imprescindibles al clima de negocios o seguridad del contubernio de los poderes imperialistas con los locales.

Unirnos a los K es conciliar también con su lideresa y sus cúpulas que hicieron posible al gobierno de Mauricio Macri o mejor dicho promovieron la concentración y transnacionalización económico territorial. 

Es hora de romper con el círculo vicioso del poder y articular las resistencias comenzando por visibilizarlas el 24 de marzo e ir instalando espacios en común para apreciar, deliberar despertares, decisiones como el señalado en:

"Resulta inadmisible, impensable, injustificable creer que después de más de dos décadas de saqueo y contaminación de la empresa extractiva la Alumbrera, el pueblo de Andalgalá podría soportar un proyecto minero tres veces superior y así permitir la destrucción completa de ese lugar con la instalación de Agua Rica".



Andalgalá camina,
nunca más una mina
15 de febrero de 2018

Compartimos las reflexiones de una integrante de la Asamblea El Algarrobo, que da cuenta de los daños irreversibles que la megaminería provoca en nuestro medioambiente. Resaltar la lucha del pueblo de Andalgalá que lleva 8 años luchando y resistiendo el avance de un modelo extractivo que rapiña nuestros recursos. 

Por Silvina Reguera para ANRed
Resulta inadmisible, impensable, injustificable creer que después de más de dos décadas de saqueo y contaminación de la empresa extractiva la Alumbrera, el pueblo de Andalgalá podría soportar un proyecto minero tres veces superior y así permitir la destrucción completa de ese lugar con la instalación de Agua Rica.
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlo. Los modelos de minería que se están practicando en Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos desde veinte años a esta parte: Ecocidas.
Esa es la razón por la que han crecido también las resistencias de los diferentes pueblos, transformadas en asambleas, las cuales, a través del tiempo y en defensa propia se han ido agrandando con el poder ciudadano de la autodeterminación y en resguardo de sus recursos naturales.

La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa.

En Alumbrera, por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina para otras actividades. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.

El yacimiento se encuentra entre las más grandes explotaciones de cobre y oro del mundo, exporta 200 mil toneladas anuales de cobre y 25 mil toneladas de oro.

Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos, y servicios de agua y energía eléctrica que nunca se cortan.

El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral.

Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 40 hectáreas y casi 200 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el “Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.

El 15 de febrero de 2010 (y ante rumores de los días previos) el pueblo de Andalgalá salió a la calle de manera espontánea y masiva a decir: NO.

Pero no era un NO caprichoso y sin fundamentos, era y es un rotundo NO con conocimiento de causas y consecuencias.

Porque es mentira que la minería en gran escala es “progreso para los pueblos”, o que es un “motor de desarrollo para la economía del país”, o que crea “muchos puestos de trabajo”, o que la minería “se instala en zonas postergadas, creando un círculo virtuoso, generando desarrollo y elevando el nivel de vida de la población” o que puede ser “limpia, no contaminar el ambiente, y que se puede hacer sin riesgos ambientales” como también es mentira que “no se puede vivir sin minería”, hay modelos alternativos aplicando la teoría de las 3R: Recuperar, Reciclar y Reutilizar, tan simple como eso.

Ante la clara postura de gobiernos nacionales y provinciales, anteriores y actuales de seguir en ese camino de más saqueo, mas contaminación, más destrucción y más pobreza, y sabiendo que, mientras los minerales permanezcan en las montañas el peligro estará siempre latente, es que como ciudadanos de cualquier parte, afectado directa o indirectamente, tenemos la obligación moral de defender lo que ellos (elegidos por la mayoría y pagados por todos) no defienden.

Andalgalá lleva ya ocho años deteniendo el Proyecto Agua Rica, seguramente, en unos años estaremos rememorando los diez años y después las dos décadas y así por siempre. Lo cierto es que está comprobado que la lucha debe ser conjunta y permanente, sin olvidar que a la par de todo esto, se encuentra una “justicia” muy parcial, que actúa en beneficio de las corporaciones, violando leyes y apañando la represión de quienes se manifiestan.

Hoy, el aire que se respira en Andalgalá es de pura memoria porque todavía está a tiempo, porque en el inconsciente colectivo todavía está la esperanza de una vida mejor.
“No hay caminos para la libertad, la libertad es el camino”

V. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

Venezuela y 
el poder que se necesita
27 de enero de 2018

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)
El gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia del de Hugo Chávez, utiliza el apoyo de los trabajadores para mantener el statu quo, es decir, el régimen capitalista y su propia administración, no para intentar construir las bases del poder popular. Como con Chávez, pero en mucho mayor medida, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es sólo un aparato burocrático ultracentralizado y sirve apenas para la lucha meramente electoral contra una oposición cuyos diversos aparatos partidarios son igualmente electoralistas.
El PSUV es un instrumento del gobierno, no un partido socialista. Nunca tuvo una vida interna democrática. Jamás discutió ideas ni estrategias ni los problemas que enfrentan los trabajadores en su vida cotidiana ni cómo vencer a la contrarrevolución apoyada por el imperialismo. Por el contrario, radió y separó a quienes - desde el campo de la revolución y en interés de ésta- hacían propuestas tácticas diferentes o discutían la estrategia conservadora de la dirección partidaria y del gobierno.
La construcción de las bases de un poder de los trabajadores y del socialismo requiere en cambio un partido vivo, libre y democrático, que haga continuamente un balance de los errores cometidos y de los resultados de sus proyectos y campañas y que tenga por lo tanto una vida interna y una independencia que le permita controlar al aparato del Estado –que sigue siendo burocrático y capitalista- durante el capitalismo de Estado resultante de las nacionalizaciones y de la creación de organismos centralizadores. Ese partido, si se quiere construir conciencia política y las bases para el socialismo, en vez de ser un mero instrumento electoral de las autoridades gubernamentales, debe ser el tutor de éstas y su legitimador y debe fijar los objetivos del gobierno.
Maduro ha tenido la habilidad suficiente para ganar la batalla electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y la batalla en las urnas en las elecciones regionales y municipales. Ha podido dividir a los opositores negociadores con el gobierno y electoralistas de los golpistas, rompiendo así la Mesa de Unidad Democrática. Sobre esa base, tras el diálogo en la República Dominicana en el que un ala de la oposición reconoció implícitamente a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno (por segunda vez después de las últimas elecciones), ahora ha sido posible adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para aprovechar la desorganización de los opositores y encarar con confianza un nuevo triunfo en esos comicios en marzo próximo.
La derrota electoral del sector electoralista de la oposición, sin embargo, no resuelve los problemas del país sino que crea apenas una mejor situación política, sobre todo porque acalla a la jauría de los medios de (des)información venezolanos y mundiales que hasta hace poco denunciaban la supuesta “dictadura” de Maduro (mientras trabajaban en favor de un golpe de Estado apoyado por los marines yanquis).
Maduro, en efecto, cuenta sólo con el respaldo electoral de la mayoría sobre la base de que pocos quieren volver a un pasado que todos recuerdan de corrupción, sometimiento al imperialismo y matanzas y, por eso, apoyan al gobierno al que consideran mal menor. Tiene también como respaldo un nivel de conciencia mayoritariamente antiimperialista, pero no socialista y sobre todo el sostén de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) que es la base principal de su bonapartismo particular. Ahora bien, en las FAB y en el gobierno se anida en gran parte la boliburguesía ya existente en tiempos de Chávez pero que éste combatía y las organizaciones del poder popular del chavismo perdieron su contenido potencialmente alternativo y son ahora meros organismos burocratizados, simples agencias gubernamentales.
El estado de la economía es desastroso. Ya emigraron por Colombia 450 mil venezolanos. La economía sumergida, el reabastecimiento en particular, está en manos de la especulación y de los bachaqueros (negociantes en pequeña escala transfronterizos ilegales). La gran burguesía sigue teniendo en sus manos las palancas de mando (bancos, grandes empresas, comercio exterior). La inflación del 700 por ciento en 2017 redujo brutalmente el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de los más pobres a pesar de los aumentos nominales en los mismos. La lucha burocrática contra la burocracia, la utilización de la policía contra la especulación, el ocultamiento de mercancías vitales para el abastecimiento y el encarcelamiento de dirigentes corruptos, son sólo paliativos. Venezuela retrasará por tercer año consecutivo su generosa ayuda en petróleo a Cuba porque, si bien la reserva petrolera puede respaldar una moneda virtual, se necesita petróleo en barriles para pagar la deuda con China y los intereses de la deuda externa y la producción está cayendo debido a la situación económica y social que impacta a los trabajadores del sector y los desorganiza.
Venezuela sólo podrá obtener estabilidad si desarrolla el poder popular hoy asfixiado y burocratizado. Sin la energía y la plena participación de los trabajadores y sin profundizar la revolución persistirán la amenaza del descontento masivo, de su utilización por los imperialistas y los golpistas y la separación entre el gobierno y su base de apoyo, la cual es volátil dado su carácter electoral.
Un gobierno más sólido, incluso duro, será siempre frágil y las elecciones no lo blindarán contra los cambios internos y externos en el panorama político y social. Venezuela está enferma de falta de democracia en el partido, en los sindicatos, en las bases mismas. El control obrero y popular podría curarla. Las victorias electorales, si bien importantes, son efímeras. Hay que ganar en marzo pero imponiendo al mismo tiempo un golpe de timón hacia la construcción del socialismo.
almeyraguillermo@gmail.com

IV. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

La pueblada en Famatina 

(y la voz oficial)

23 de enero de 2012

En la tercera semana de un masivo acampe, para evitar el ingreso de una empresa minera, aumenta el rechazo a la actividad extractiva. El gobierno nacional festejó el récord de exploración minera.

Por Darío Aranda
Piquete. Corte de camino. Asamblea permanente. Pueblada. Distintas formas de llamar a la decisión del pueblo riojano de Famatina que rechaza la megaminería, industria extractiva que advierten impactará en la forma de vida de la región. Las Asambleas de Famatina y Chilecito mantienen 19 días de masiva movilización a 1800 metros sobre el nivel del mar, con calores extremos y una decisión: “El Famatina no se toca”. Cuenta con el apoyo del Intendente, el párroco local, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC –donde confluyen organizaciones socioambientales de todo el país–), organismos de derechos humanos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Ya fueron judicializados ocho asambleístas. El gobernador Luis Beder Herrera sigue de vacaciones y ningún funcionario del gobierno nacional se refirió al tema. El cordón montañoso de Famatina era pretendido en 2007 por la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. Pretendía extraer oro y cobre, pero chocó con las asambleas riojanas, que negaron el paso a la montaña. Barrick abandonó el emprendimiento, pero no fue el único traspié: el gobernador Angel Maza fue destituido, por “mal desempeño de sus funciones”, por la legislatura provincial, donde jugaron un papel fundamental los diputados que respondían al entonces vicegobernador Beder Herrera. Herrera enarbolaba un discurso antiminería. Aún hoy permanecen en Internet entrevistas donde llama “defender el agua” y rechazar la megaminería por “contaminante”. A poco de asumir, cambió de discurso y derogó la ley que limitaba la actividad extractiva en la provincia.

En junio de 2010 integró la comitiva oficial que viajó a Canadá, en el marco de la cumbre del G20, y se entrevistó con el presidente de Barrick Gold, Peter Munk. La foto de la Agencia de Noticias Télam muestra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sonriente, de vestido azul, junto a Munk, los gobernadores de La Rioja, San Juan (José Luis Gioja), Salta (Juan Manuel Urtubey), el secretario de Minería (Jorge Mayoral) y el entonces ministro de Economía (Amado Boudou). Otra foto oficial, también en Canadá, muestra a la Presidenta frente a un micrófono, al lado de Munk, disertando. De fondo, las banderas de Canadá, Argentina y otra de Barrick (blanca, amarilla y letras negras).

El comunicado de las Asambleas Riojanas, fechado el 7 de julio de 2010 remarca: “Instamos a las comunidades riojanas a organizarse para resistir e impedir la enajenación de nuestros bienes comunes en resguardo de los intereses y la soberanía provincial y nacional y de las futuras generaciones”. A fines de 2011 trascendió en La Rioja un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa canadiense Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. Denunciaron “listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas. El 2 de enero comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el Famatina. Casi tres semanas de corte, que ya se transformó en un acampe permanente y masivo. El jueves 12 hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires). El lunes 16 venció el plazo que, según el convenio, tenía la empresa para ingresar al cerro. El mismo día hubo una masiva movilización desde Alto Carrizal hasta el casco urbano de Famatina. También hubo una concentración en la capital riojana.

Algunas de las voces de tres semanas de movilización: -”Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor (…) El gobierno de la provincia privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano” (Adolfo Pérez Esquivel). -”El pueblo de Famatina no quiere la actividad minera como una actividad para nuestra región. La gente apuesta al turismo o a la producción de nueces, duraznos, uvas, peras” (intendente Ismael Bardogaray). -”La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales, la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumado a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y la posición del gobierno nacional, son algunas de las preguntas de los pedidos de informes –al Gobierno– (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), Colectivo Voces de Alerta, Colectivo por la Igualdad) -”La Constitución Nacional y Provincial prevén mecanismos de participación como la consulta popular, en la que el pueblo se manifiesta sobre situaciones que hacen a su destino social, cultural o económico.

Consideramos que estos instrumentos constitucionales respetuosamente aplicados, contribuirán a apreciar realmente la voluntad popular de los departamentos de Chilecito y Famatina y a valorar la palabra empeñada de aquellos que fueron constituidos por el pueblo riojano en rectores de los destinos de la Provincia” (Extracto del comunicado del obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez). -”Apoyamos los reclamos de la población de La Rioja, rechazando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el Gobierno impulsa para el Cordón de Famatina, pronunciándonos contra el saqueo y la depredación del valle de Famatina, y haciendo nuestros los reclamos de la población organizada (…) Solicitamos la urgente revisión de la legislación nacional minera derogando las leyes que permiten el saqueo de los recursos naturales, la exención impositiva a este sector y la contaminación de la biosfera” (Resolución del Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina –Fesprosa–, integrada por 27 mil profesionales de la salud). -”Desde lejos, pero desde cerca, envío un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio” (Eduardo Galeano). -”El Fatamina no se toca” (Asamblea de Famatina y Chilecito).

Ningún funcionario nacional se refirió al tema. Ni siquiera las secretarías de Ambiente, ni Derechos Humanos; las más directamente vinculados a la contaminación y a la criminalización de la protesta. Tampoco el Ministerio de Justicia ni la Jefatura de Gabinete. El 13 de enero –cuando la movilización riojana llevaba casi dos semanas, ya había ocho activistas imputados y se temía represión en el acampe– una dependencia del gobierno nacional rompió el silencio. “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metro perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos empecimientos productivos”, celebró la Secretaría de Minería de Nación (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria). El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy,  Mendoza, Neuquén y La Rioja.

III. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

Ecuador ante un nuevo ciclo político

El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas. 
Por Decio Machado para Viento Sur
El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.
De las siete preguntas impulsadas desde el Ejecutivo, las tres primeras tenían relación directa con el correísmo, abordando temáticas como:
- La supresión de derechos políticos a culpables de corrupción, lo cual afecta a un número cada vez mayor de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen –son ya una decena de ex ministros correista los que se encuentran imputados en distintas causas y este número seguirá en aumento- y que podría terminar afectando al mismo Rafael Correa;
- La eliminación de la enmienda constitucional aprobada en la última fase del gobierno anterior por la cual implementaba la reelección indefinida en los cargos de gestión pública a partir de 2021 y que permitía a Correa volver a presentarse, tal como era su intención, en los próximos comicios presidenciales;
- Y, la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –popularmente conocido como el quinto poder constitucional-, cuyos miembros designaban a parte de los titulares de las instituciones del país, lo cual se le permitió al aparato correista seguir manejando la estructura del Estado más allá de que el ex mandatario ya no ocupara el sillón presidencial.

¿Qué fue el correísmo?

Comprender la situación actual del Ecuador conlleva entender que es lo que fue esto que se ha definido como correísmo y el por qué ha dejado de ser funcional en este momento para las élites ecuatorianas.
Desde 1997, a partir del gobierno de Abdalá Bucaram, Ecuador inauguró una etapa de crisis institucional permanente que hizo que ningún presidente elegido desde entonces en las urnas lograra terminar su mandato. Evidentemente esto generaba gran inestabilidad política y se convirtió en un factor de desequilibrio importante respecto a una política de inversiones que se hacía cada vez más urgente y necesaria para la modernización capitalista que el país debía afrontar tras la crisis financiera vivida en los años 1999-2000.
A la entrada del presente siglo la economía mundial se estabilizó superando las varias e importantes crisis sufridas en diversos países del mundo –México y Venezuela (1994), Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur… (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001)-, lo cual permitió a la economía internacional mejorar su desempeño, con crecimientos entre el 4% y el 6% al iniciar la década, hasta la llegada de la crisis financiera global de 2008.
De igual manera, desde 2003 los precios de los commodities aumentaron por los efectos de huracanes, como el Katrina, en instalaciones petroleras; el crecimiento en la economía de los países emergentes y en los industrializados; y, particularmente, por el auge de la industria de la construcción, que terminó en una burbuja especulativa, que al reventar hizo que los inversionistas vuelquen su interés a mercados especulativos tales como el oro y el petróleo, causando una sobre demanda artificial que hizo subir el precio del crudo a un máximo de 147,27 dólares por barril en julio de 2008.
En ese contexto, el crudo ecuatoriano que depende de la cotización del petróleo norteamericano West Texas Intermediate (WTI) -que es el crudo marcador para el continente americano- y que es básicamente vendido tanto por Petroecuador como por las compañías privadas extranjeras en el país, también elevó notablemente sus precios.
Siendo un país dependiente económicamente del crudo, el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano durante la primera década del presente siglo fue de 4,4% mientras que durante los diez años anteriores dicho indicador no superó el 1,8%. Lo anterior indica que a partir del año 2000 la economía ecuatoriana comenzó a consolidarse en gran medida apoyada por condiciones externas favorables –precio del petróleo y las remesas provenientes de los migrantes- generándose las condiciones adecuadas para una tardomodernización del sistema capitalista nacional.
En ese contexto el sector más dinámico del capital ecuatoriano entendió que podía mejorar sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo en los mercados internos a través de cierto reparto del excedente petrolero –no de la distribución de la riqueza que continúa en manos de unos pocos- y la incorporación al mercado de sectores populares mediante el endeudamiento familiar y financiarización popular (democratización del consumo con base en préstamos del sector financiero privado). Este es el rol que fundamentalmente desempeñó el gobierno de Rafael Correa durante el último período de bonanza económica en Ecuador.
A lo largo de la primera década del presente siglo, el mayor rubro de participación en el PIB en la economía nacional ha sido el consumo privado, el cual representó un promedio de 66,6% del PIB, convirtiéndose en el factor que más contribuyó al crecimiento nacional durante el período previo a la caída de los precios del petróleo.
La dinamización de la economía nacional teniendo como motor al Estado, eje de la política económica correista, significó que los sectores empresariales y financieros fueran los principales beneficiados de una acción que carecía de riesgos para la inversión privada pues se hacía en base al erario público. El respeto demostrado por el gobierno correista a la matriz de acumulación heredada de la era neoliberal, conllevó que no existiera la más mínima transformación de carácter estructural sobre los pilares que fundamentan los ejes constitutivos de poder en Ecuador; ello, pese a que los sectores históricamente olvidados pudieran beneficiarse durante el período de bonanza de ciertas políticas asistencialistas basadas en la transferencia del excedente derivado de la agudización de las políticas extractivistas. A la postre, esto significó que mientras se ponía hincapié en un propagandístico discurso soberanista, al interior del país se agudizara cada vez más la dependencia económica internacional de los mercados especulativos globales y se reprimarizara sustancialmente la economía nacional.
El modelo económico funcionó e incluso gozó de amplio apoyo popular, milagro económico lo llamaron, mientras duró el boom de los commodities, viniéndose al traste todo el andamiaje de las políticas sociales y económicas correistas a partir de la caída del precio del crudo en 2013.
Es a partir de entonces cuando comienzan a deteriorarse ciertos servicios públicos, la economía nacional se paraliza, el consumo interno cae y los indicadores de disminución de la pobreza e incremento de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores comienza a deteriorarse.
En febrero del 2014 el gobierno del Presidente Rafael Correa comenzaría a sentir el desgaste político de su mandato, perdiendo en las elecciones seccionales las principales alcaldías del país ante partidos de oposición. Los sectores empresariales que en otro momento se habían visto beneficiados por las políticas correistas, entienden ahora que pasado el período de la economía fácil es necesario aminorar el gasto público, reducir el volumen del Estado y volver a liberalizar la economía. Ante la nueva falta de liquidez del Estado ecuatoriano, este dejó de ser funcional para seguir dinamizando la economía nacional y vuelve a ponerse en cuestión la política de subsidios sociales.
Lo anterior conllevó un incremento de las movilizaciones populares en el conjunto del país, lo cual derivó en una convocatoria de paro/movilización convocado en agosto del 2015 por el movimiento indígena y el sindicalismo no clientelar que terminó siendo vergonzosamente reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto Correa vs Moreno

En estas condiciones y en medio de una agresiva política de endeudamiento público que derivó en que el volumen de deuda externa actual supere con creces los niveles heredados de la época neoliberal, el entonces mandatario ecuatoriano decidió no presentarse a las elecciones del 2017, pero dejó abierta la puerta para una nueva postulación en 2021.
Estratégicamente el correísmo consideró que era mejor que fuera otro mandatario quien procediera con las políticas económicas de ajuste ya inaplazablemente necesarias en el país, permitiendo así una regeneración de la imagen de Rafael Correa, quien estratégicamente volvería en 2021 para “salvar” al Ecuador de los programas de ajuste fruto de un déficit fiscal galopante e insostenible. Así las cosas, en diciembre del 2015, la bancada oficialista aprobó forzadamente una reforma constitucional que permitía la reelección del mandatario para el período inmediatamente posterior a una legislatura marcada por la crisis económica heredada de la gestión saliente. Sin embargo, la estrategia para la vuelta al poder de Rafael Correa pasaba por la necesidad de seguir controlando el aparato del Estado durante el actual período, bloqueándose cualquier posibilidad de fiscalización y auditorias internas que pudiera hacerse sobre un modelo de gestión pública altamente corrupto que significó durante diez años la subyugación de todos los poderes y órganos del control del Estado al Ejecutivo.
Lo anterior implicó la necesidad de que Alianza PAIS ganara las elecciones del 2017, quedando la mayor parte de las instituciones públicas en manos de ex funcionarios de probada cercanía con el ex mandatario. La única figura con la que contaba Alianza PAIS para ganar estas elecciones era Lenín Moreno, quien por sus funciones como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Discapacidad y Accesibilidad había residido en Ginebra desde 2014, lo que implicaba que se hubiera mantenido al margen del deterioro correista de los últimos años.
Hay que remontarse muy atrás en la historia del Ecuador para encontrar un mandatario que tras diez años de gestión continuada en el poder terminase su período con cierto respaldo político -pese a la decadencia de los últimos años- como era el caso de Rafael Correa. Más allá la enorme polarización social creada entorno a su figura, Correa abandonó la poltrona presidencial con todavía un importante apoyo social fundamentalmente entre los sectores populares, los cuales le reconocían el impulso a proyectos sociales de carácter asistencialista y la inversión realizada durante la última década en el ámbito de la infraestructura y modernización del Estado. Sin embargo, ha sido una concatenación acelerada de errores político estratégicos los que han hecho que el ex mandatario perdiera la hegemonía que aun mantenía políticamente en el país.
Con la llegada la nueva administración de Lenín Moreno, el correísmo dejaba en puestos estratégicos a gran parte de su anterior equipo de gestión. Esto implicaba que mantenía el control sobre un enorme y desmedido aparato de propaganda gubernamental articulado durante la pasada década, al igual que lo hacía respecto al control sobre la producción –sobre la que el Estado ecuatoriano ha tenido una notable incidencia durante los últimos diez años-, en aras a las responsabilidades establecidas en torno a la figura del inicial Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el principal hombre de confianza de Rafael Correa en el nuevo gabinete y quien se mantenía como responsable del cambio de matriz productiva y la inversión en megaproyectos. Pero al mismo tiempo, el correísmo mantenía el control también sobre el frente político del gobierno a través de figuras como la primera titular de la Cartera de la Gestión Política –Paola Pabón- y del consejero presidencial Ricardo Patiño –el principal operador político al interior de Alianza PAIS durante la gestión gubernamental anterior-, al igual que lo hacía respecto a la Asamblea Nacional –el legislativo ecuatoriano- a través de sus operadores en la bancada mayoritaria de Alianza PAIS. No contento con esto, Rafael Correa controlaba también, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los órganos de fiscalización y control del aparato del Estado, cuya designación de responsable respondía íntegramente a personalidades afines al ex presidente en instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura o la Defensoría del Pueblo entre otras.
Pese a que las tensiones entre Lenín Moreno y el ala dura correista son palpables desde el mismo momento de la investidura del actual Presidente de la República, el 24 de mayo del pasado año, momento en que la nueva administración descubrió el estado real de las finanzas públicas, es la entrega de la sede social de la CONAIE –estructura organizativa del movimiento indígena y la organización social más importante del país- y el anuncio en julio pasado de los primeros indultos a líderes populares criminalizados durante el régimen anterior lo que generó las primeras reacciones descalificadoras de Rafael Correa respecto a su sucesor.
A partir de ahí los operadores correistas ubicados en funciones de dirección de los distintos medios públicos comienzan a articular una campaña contra la imagen del Presidente Moreno, aduciendo que el país volvía a las políticas del pasado y que se estaba produciendo un reparto de poderes con las élites oligárquicas, lo que conllevó a que la nueva administración morenista nombrase nuevos responsables en dichos medios de comunicación. De esta manera el ex presidente Correa perdía el control del inmenso aparato de propaganda y comunicación cuya creación había sido auspiciada por él mismo.
Un mes después, a primeros de agosto y ya con el agua al cuello fruto de las investigaciones judiciales que se hacían respecto a la trama de Odebrecht en Ecuador, el entonces Vicepresidente Jorge Glas –quien fuera también el segundo al mando durante la ultima fase de la era Correa- emitía una extensa carta pública contra el actual jefe de Estado, acusándolo de converger con los sectores políticamente más reaccionarios del país. La ruptura de relaciones entre el Presidente Moreno y Jorge Glas conllevó la inhabilitación en el cargo del segundo, lo que produjo la pérdida del control por parte de Rafael Correa sobre el aparato productivo y las inversiones en los megaproyectos implementados en el país. Meses más tarde y fruto de las investigaciones judiciales anticorrupción, Jorge Glas terminaría ocupando un celda en la Cárcel No. 4 de Quito y siendo revocado de su cargo. El correísmo perdía de esta forma también su incidencia sobre el aparato productivo.
Pocos días después del exabrupto vicepresidencial y en aras a solucionar este conflicto, el Presidente Moreno enviaría a Bruselas -lugar de residencia actual de Rafael Correa- a los principales operadores políticos del gobierno, todos ellos vinculados durante la gestión anterior al ex mandatario, con el fin de reconducir de forma amigable las relaciones con ex presidente. Para sorpresa del Ejecutivo, tras la vuelta a Quito de dicha delegación, sus principales cabezas -Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández- anunciaban en rueda de prensa la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo. De esta manera, Rafael Correa perdía en este caso el control del frente político gubernamental.
Rotos ya todos los canales de comunicación entre el correísmo y el gobierno morenista, el Presidente Moreno anunciaría a primeros del pasado mes de octubre la convocatoria de una Consulta Popular donde algunas preguntas tenían que ver con una lógica de reforma institucional post-caudillista que encaminase al país por una vía superadora del régimen anterior. Esto terminaría de dinamitar internamente al partido de gobierno. Los sectores afines al ex mandatario determinaron expulsar, de forma irregular, a Lenín Moreno de Alianza PAIS convocando sin legitimidad jurídica una convención nacional de dicha organización política con escaso éxito de convocatoria. Lo anterior conllevó a que tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo perdiera también el control de su propio partido.
El último episodio de este mar de desaciertos correistas se dio ya en enero del presente año, cuando Correa llamó a la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, lo cual implicó que también perdiera el control del legislativo, quedando el correísmo con apenas 29 asambleístas y alineándose los 45 restantes de la bancada oficialista con Lenín Moreno.
En resumen, si bien es difícil encontrar un ex mandatario que tras diez años de gestión mantuviera el nivel de apoyo de Correa, también lo es encontrar alguno que haya demostrado tal capacidad para dilapidarlo tan rápidamente.

Consulta y posconsulta

Fue así que se llegó al 4 de febrero, momento en el que el correísmo saboreó por primera vez una derrota electoral. En el fondo, no asistimos a algo que fuera más allá que la plasmación política de una realidad indiscutible en Ecuador: el correísmo nunca construyó una fuerza social y política afín, sino que utilizó al aparato del Estado operando bajo lógicas clientelares en pro del partido de gobierno y la construcción de la imagen mediática de Rafael Correa como un gran caudillo populista. Esto implicó que tras abandonar la poltrona presidencial y no gozar a su antojo de las instituciones del Estado su apoyo político disminuyera notablemente.
La sociedad ecuatoriana ha votado por la conformación de un régimen de transición que le permita superar la herencia implantada por el anterior gobierno, generando las condiciones para la construcción de una nuevo escenario político tras el fin de la hegemonía correista. Queda cortado el cordón umbilical que vinculaba al nuevo gobierno con el régimen anterior, lo cual inhabilita la narrativa correista de que Lenín Moreno ocupa la presidencia del país gracias al endoso de votos derivado de la figura de Rafael Correa.
Tras esta consulta el país entra en una nueva fase política. Por un lado, el Presidente Lenín Moreno ha ganado momentáneamente su pulso con su antecesor, si bien todavía Rafael Correa mantiene un tercio del electorado ecuatoriano. Correa y sus seguidores, tras su desafiliación de Alianza PAIS, están obligados a conformar un nuevo movimiento político nacional, pese a que la popularidad de su líder esté en decadencia. Correa, consciente de que el sector de antiguos líderes de Alianza PAIS que le acompañan esta nueva aventura aportan realmente poco dada la mala imagen de la que gozan ante la sociedad, está obligado a liderar personalmente la construcción del nuevo partido. Será una tarea urgente y nada fácil para el neocorreísmo crear una nueva figura política que tenga posibilidades de disputar la Presidencia de la República en el año 2021.
Por su parte, la voluntad de esta tendencia es ocupar el espacio político de la izquierda ecuatoriana, algo que ya hicieron en el 2006 más allá de los desencuentros entre su discurso y su praxis. Conseguir tal objetivo pasa por bloquear cualquier posibilidad de construcción de alternativas políticas en el campo popular, algo urgentemente necesario para un país que sufre de una izquierda cuyo discurso político se encuentra sin capacidad de sintonizar con la sociedad, donde no existe generación de nuevos liderazgos, y que se ve carente de construir una propuesta convincente para un nuevo modelo de sociedad y país.
Si bien es cierto que la izquierda política y social ecuatoriana ha sido fraccionada, en muchos casos cooptada y hasta perseguida por el régimen correista durante los diez últimos años, también lo es que existe una incapacidad política por parte de su endogámica dirigencia para reinventarse y reposicionarse con un discurso adaptado al momento actual de vive el país. El mero hecho de que gran parte de esta izquierda apoyara en su lógica anticorreista la candidatura del conservador Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las últimas presidenciales, es una demostración palpable de su desorientación política y el descrédito del que actualmente gozan ante la ciudadanía ecuatoriana.
En la orilla conservadora, las fuerzas políticas que hasta el momento decidieron no hacerle una oposición política contumaz al actual gobierno cambiaran de actitud. La cercanía de las próximas elecciones seccionales, las cuales tendrán lugar en un año, hace que las organizaciones políticas de la derecha vuelvan a asumir protagonismo tras una alianza anti-natura que permitió que muy diferentes sensibilidades ideológicas establecieran un pacto de no agresión a cambio de trabajar todos por el Sí en esta consulta con el fin de enterrar políticamente al correísmo.
Medios de comunicación, sectores empresariales y fuerzas políticas conservadoras ya anunciaron cambios respecto a su accionar frente el gobierno de Lenín Moreno, lo cual significará el incremento de la presión política y posiblemente movilizaciones callejeras, buscando que el Gobierno Nacional adopte posiciones más reaccionarias fundamentalmente en el ámbito de la política económica.
En todo caso los sectores de la derecha se mantiene divididos, existiendo dos cabezas, hasta ahora políticamente enfrentadas, que responden a grupos de intereses diferenciados. Tanto Guillermo Lasso de forma abierta como Jaime Nebot de manera más sutil aspiran a la Presidencia de la República en el año 2021 o incluso antes si son capaces de forzar el fin anticipado de mandato morenista, un gobierno sobre el que visualizan debilidades no existentes en el gobierno anterior.
Así las cosas, el Gobierno Nacional enfrenta una situación inédita a partir de ahora, la cual consistirá en recibir indiscriminadamente ataques tanto de la derecha –inclusive medios de comunicación privados y lobbies empresariales- como de esta pretendida nueva izquierda correista. Que Lenín Moreno y su equipo de gestión sean capaces de hacer frente a estas presiones está por ver, en todo caso, la estrategia de uno y otro bando ya ha comenzado, en algunos casos incluso con apoyo internacional, tal y como es el caso de Rafael Correa quien en breve dispondrá de la plataforma televisiva Russian Today (RT), un medio de comunicación sensacionalista al servicio del aparato de propaganda putiniano, como herramienta para atacar al actual gobierno.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article16019

III. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

IIRSA: Resistencias desde los territorios indígenas a este nuevo ciclo de colonización

18 de enero de 2018

IIRSA-COSIPLAN: Un nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas
Por Ely Jiménez Cortés [1]
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que sólo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.
En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia.Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”.

Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:
(a) La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.
(b) La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena.En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.
(c) La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.
(d) La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.
(e) Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.
En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile [2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

Algunos conflictos emblemáticos:
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:
(a) Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.
(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia).Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.
c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.
(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana [3] y brasilera.

Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.
Notas:
[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl
[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.
[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

II. Los gobiernos progresistas vs. las luchas desde abajo

Dinámicas moleculares-
molares sociales
21 de septiembre de 2017
Por Raúl Prada Alcoreza
Dedicado a los y las activistas en defensa de la vida y de la democracia. Algunos de ellos y ellas han sido detenidos, compartiendo la suerte con los y las detenidas de los movilizados de Achacachi. El “gobierno progresista” recurre a la violencia demoledora del Estado, defendiéndose como una fortaleza aislada y sitiada por las movilizaciones sociales anti-sistémicas, en la soledad de su desierto extractivista.(...)
(...)Breve descripción del conflicto
El conflicto del TIPNIS es descrito en La guerra de la Madre Tierra I de la siguiente manera: ¿Qué podemos decir al respecto? En relación a este análisis y descripción de las condiciones, pero también de las probables consecuencias si se produce el quiebre del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, queda claro que la defensa del TIPNIS es no sólo responsabilidad de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios que lo habitan, sino también de todos los bolivianos y bolivianas conscientes del problema y la problemática, de todos los bolivianos y bolivianas que aprobamos la Constitución Política del Estado.
El TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia, no hay dónde perderse, si se ejecuta el proyecto extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando, degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a los ciclos de reproducción de la vida.
Cochabamba disminuirá progresivamente su régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS.
Se entiende que, a mentalidades desarrollistas, extractivistas, modernistas e industrialistas, estas consecuencias les preocupa poco, si no es que nada, pues ellos miden los costos y beneficios en términos monetarios, en términos de la brutal y reducida contabilidad capitalista. En sus imaginarios colonizados no entran para nada los costos ambientales, los costos ecológicos; ahora sabemos que no les interesa para nada los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
¿Qué es el desarrollo para estas mentalidades? Podemos interpretar que se trata del goce inmediato compulsivo de la ilusión dineraria; estos tardíos burgueses internacionalizados no llegan a un diseño estratégico de dominación; al contrario, se supeditan a potencias, a las estrategias de estas potencias, creyendo que, del rebalse de las ganancias de la acumulación ampliada de capital, a escala mundial, les va tocar una parte. No son solamente ilusos, sino que también expresan la consciencia desdichada de las burguesías tardías y periféricas.
 
El desarrollo al que apuestan es el desarrollo capitalista, que se da en escala mundial; este “desarrollo” produce “subdesarrollo” y dependencia en la periferia del sistemamundo capitalista. Estos gobernantes al servicio de estrategias hegemónicas y de dominación a escala mundial, esta lumpenburguesía, como la llamaba André Gunder Frank, no son otra cosa que dispositivos y agenciamientos de los diagramas de poder, de los mapas de fuerza, de la dominación global del capitalismo contemporáneo.
 
El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia los nuevos frentes políticos, sociales, económicos y culturales, frentes dibujados en la coyuntura crítica del proceso; por un lado, defendiendo los derechos de la Madre Tierra, están las naciones y pueblos indígenas originarios, sobre todo los movimientos y organizaciones propiamente indígenas, constatados en sus formas de organización, formas de representación, mandos rotativos, normas y procedimientos propios, instituciones ancestrales y cosmovisiones nativas; estas naciones y pueblos están apoyados por nuevos movimientos juveniles y urbanos, también por históricos movimientos como los regantes9, los guerreros del agua y los guerreros del gas. Por otro lado, apoyando el trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas, organizadas en sindicatos (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB); todo el conglomerado campesino, de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras.

Todo este conjunto, más o menos cohesionado, también diferenciado y plural, así mismo abigarrado, que fue parte del llamado “bloque popular”, ahora se encuentra llevando al ascenso desbocado a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, mercancías, transgénicos, contrabandos, tráficos, incluyendo los del narcotráfico. Lo hace en el desplazamiento constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos y la minería, las empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero. Tomando en cuenta este mapa de fuerzas, respecto a lo que decimos y afirmamos, vamos a respaldarnos en el análisis que hace Enrique Ormachea, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien hace una ilustrativa descripción de la dinámica estructura de clases en la coyuntura, lo que nos permite elucidar el carácter de la lucha de clases y de la guerra descolonizadora en el momento de la crisis del proceso.
Enrique Ormachea escribe: Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios10.
 
Esta descripción es importante pues nos ubica de lleno en la relación social, en la relación de dominación de un conglomerado social sobre otro, de una dinámica bullente de monocultivo, agrícola, comercial, encaminada a la expansión de la frontera agrícola, de la comunicación carretera y caminera, sobre otra dinámica, apegada al territorio, a las normas y procedimientos propios, a las instituciones ancestrales, a la búsqueda de un proyecto alternativo al desarrollo y a la modernidad, que actualice las comunidades ancestrales, sus manejos territoriales y de bosques, combinándolos con formas de organización emergentes y en la perspectiva establecida en la Constitución, perspectiva traducida como la del vivir bien.
Lo que fue el “bloque popular”, que se coaligó y expulsó a la mega-coalición neoliberal, terminó mostrando su composición diferencial y ha terminado de manifestar las contradicciones inherentes rápidamente, justo en el momento de transición hacia el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Esta abertura y quiebre del “bloque popular” evidencia la existencia de proyectos distintos, dicotómicos y contradictorios; un proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, articulándose al reacomodo de las estructuras y formas de intercambio en la geopolíticas del sistema mundo capitalistas; otro proyecto emergente, nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el neoliberalismo y de las entrañas de la guerra anticolonial y descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios, que ha expresado su horizonte civilizatorio en la Constitución, en tanto Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, en tanto economía social y comunitaria, en tanto modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.
Los dos proyectos no pueden coexistir en el proceso, son opuestos; uno se coloca en la continuidad de la misma civilización moderna, capitalista, desarrollista y extractivista; el otro apunta a abolir esta civilización, abriendo la posibilidad civilizatoria alternativa, haciendo emerger configuraciones culturales inhibidas por los colonialismos y los capitalismos, actualizándolos y combinándolos con formas autogestionarias y solidarias contemporáneas.
Este proyecto se opone abiertamente al desarrollismo y al extractivismo, se encamina más bien a restaurar las complementariedades dinámicas con los ecosistemas, seres, ciclos vitales interrelacionados e integrados en las formas complejas de reproducción de la vida.
No debe sorprendernos entonces los conflictos que se dan entre el gobierno y las naciones y pueblos indígenas originarios, pues el gobierno se ha convertido en la expresión política e institucional del proyecto de continuidad capitalista, desarrollista, extractivista y de monocultivos. ¿Por qué ha sucedido esto? La contradicción era latente, sólo que no tuvo las condiciones de posibilidad para mostrarse; una cosa era luchar contra los gobiernos neoliberales y el proyecto neoliberal en curso y otra cosa es abolir el Estado-nación, construir el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, en la perspectiva del modelo civilizatorio del vivir bien, que se basa en el respeto de los derechos de los seres, componentes y ciclos vitales de la Madre Tierra.
 
En lo que fue el “bloque popular” hay clases sociales que no están dispuestas a abandonar las formas de monocultivo, menos la producción de coca, también de cocaína, no están dispuestas a renunciar a la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques y ecosistemas, no están dispuestas a renunciar a las ganancias y, sobre todo, a las ganancias fáciles, tampoco van a renunciar a una compulsión individual por la tenencia de la tierra, aunque esto implique violar la Constitución. La CSUTCB ha desarrollado un anteproyecto de Ley que contempla la desaparición de las TCOs porque las considera “latifundios”, también contempla la redistribución de la tierra de forma individual, contraviniendo a la Constitución, que establece la reversión de tierras a comunidades indígenas y campesinas de forma colectiva. Sorprende que en las argumentaciones justificadoras del anteproyecto se ventilen calificativos de “terratenientes” para los indígenas que habitan las TCOs, llama la atención que se olviden de los latifundistas y terratenientes históricos, contra los que se había tenido una larga lucha, precisamente por la reforma agraria.
 
¿Qué pasa? ¿Otros son los enemigos? Ahora son los indígenas, las naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones, sus formas colectivas de propiedad, sus gestiones territoriales ancestrales. Ahora, en cambio, los campesinos son aliados los latifundistas y terratenientes históricos, los agroindustriales, los soyeros, que emplean transgénicos, los empresarios, pues ellos, así como los campesinos, persiguen la continuidad del mismo modelo capitalista, desarrollista, extractivista. Ahora las alianzas son otras y los frentes de la lucha son otros. El conflicto en torno al TIPNIS es demostrativo por poner al descubierto de una manera descarnada estas contradicciones: Acicateados entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas articuladas a la agroindustria 11.
 
Al respecto y de una manera contextual, Mayari Castillo y Anahí Durand, escriben en Identidades, etnicidad y racismo en América Latina, que: En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB (Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al conflicto una importancia nacional12.
 
Los investigadores nos dejan en este dibujo panorámico y de evaluación del movimiento cocalero determinados perfiles de la problemática:

  • Primero se habla de una economía de la coca, una economía subterránea, que sostiene parte del funcionamiento de los circuitos económicos.
  • Segundo, que, con el propósito de erradicación y sustitución de los cultivos de coca, la cooperación internacional ha financiado programas de apoyo a la diversificación de la producción agrícola, así como programas de interdicción. Todo esto puede considerarse también como parte de las inyecciones monetarias al campo económico boliviano, incidiendo en la formación de su Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, la economía de la coca forma parte de la realidad, como uno de sus niveles, en la compleja sedimentación de sus ámbitos, mundos paralelos o colaterales.
Esta economía de la coca es tan importante que no sólo dibuja circuitos, recorridos, articulaciones con otros niveles económicos, sino que también ha terminado constituyendo sujetos sociales, subjetividades e imaginarios, incluso instrumentos políticos y electorales, además de lograr catapultar a las Federaciones Cocaleras por parte del gobierno. Se sabe que por lo menos dos ámbitos territoriales campesinos están articulados a la economía de la coca, Los Yungas y El Chapare, además de otros territorios de expansión, comprendiendo otras zonas más circunscritas y dispersas, que fueron tradicionales en el cultivo de la hoja de coca, como el caso de Apolo e Inquisivi; también hay que considerar la irradiación espacial de la economía de la coca en relación a otros circuitos comerciales y flujos dinerarios, de mercancías y migraciones. También sabemos que la economía de la coca ha estado articulada a la historia económica de la Audiencia de Charcas y de los periodos republicanos; el ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del estaño y, también, aunque de un modo más indirecto y con muchas mediaciones, al actual ciclo de la economía de los hidrocarburos.
 
La economía de la coca ha formado parte entonces de las estructuras económicas, de sus flujos, circuitos y recorridos. Por otra parte, podemos abrirnos a la comprensión de las estrategias diferenciales, plurales, cíclicas y rítmicas de las economías campesinas, atravesadas por complementariedades, reciprocidades, también por transformaciones del ayni y la mink’a, como formas de relación por servicios y especies, por un lado, y por trabajos y dinero, por otro.
Comprender también que las formas de organización son complejas, variadas, expansibles o contraíbles, dependiendo de la forma como se relacionan las unidades domésticas con las familias, con las estructuras familiares, comprendiendo edades, género y generaciones. Así mismo tener en cuenta las diferentes prácticas de los vecinos respecto a las prácticas combinadas de los pueblos y comunidades. Todo esto nos muestra una combinación rica de estrategias y de estructuras, de composiciones y de ritmos cíclicos, dependiendo del producto, de las interrelaciones entre productos, dependiendo también del lugar y del momento. Las economías campesinas son configuradas por racionalidades alternativas y colaterales a la racionalidad moderna y eficaz del cálculo del costo y beneficio. En otras palabras, es imposible comprender las estrategias campesinas a partir de la reducida contabilidad económica. Se trata de otras racionalidades, que funcionan flexiblemente, dúctilmente y en combinaciones abiertas 13 .
Empero, algo que podemos compartir con cierta certeza es que, de todas maneras, se trata de economías articuladas al mercado y a los vaivenes del mercado, por lo tanto, a los movimientos de los precios de los productos. Ahora bien, un cultivo y producto altamente rentable es la coca, incluso en momentos de bajos precios; esto debido a los rendimientos, sobre todo a las cosechas que se dan al año. Lo que decimos vale mucho más cuando los precios de la hoja de coca suben estrepitosamente, debido a factores externos de extrema imponderabilidad, como la debida al comercio del narcotráfico, sobre todo de la cocaína. Bajo estas consideraciones es posible una hipótesis en relación a la expansión estrepitosa de los cultivos de la hoja de coca, incluyendo la invasión a los parques y territorios indígenas.
 
Es tan gravitante el comercio de la cocaína, tal la incidencia de sus circuitos, de su capacidad de irradiación, de su fuerza financiera, de sus múltiples estrategias de tráfico, que se ha convertido en el núcleo explicativo de la propia economía de la coca, por lo tanto, no sólo de los circuitos y de la acumulación sino de la expansión compulsiva del monocultivo.
Independientemente de cualquier pretensión moral o de pose artificial sobre la problemática de la cocaína, pretensión y pose falsa de las potencias, de NNUU y de la cooperación internacional, lo que importan es comprender claramente el conflicto suscitado en torno al TIPNIS, así como los conflictos que se han dado sucesivamente, contiendas anteriores y en perspectiva, repetidos intermitentemente, colisiones del gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, desde la aprobación de la Constitución; lo que importa es comprender el conflicto a partir de las fuerzas involucradas, de las tendencias, de los proyectos inherentes.
La economía de la coca forma parte de la economía de la cocaína y la economía de la cocaína forma parte de las economías del sistema-mundo capitalista. Una apuesta por la expansión del monocultivo de la coca forma parte de la expansión compulsiva de la economía de la cocaína y obviamente de la acumulación ampliada de capital en la economía-mundo capitalista. Apostar por esta salida, se lo haga abiertamente, como en el caso de las decisiones prácticas que toman los cocaleros, o veladamente, haciendo como si no se viera nada, como ocurre con el comportamiento del gobierno respecto a esta problemática, no importa, pero apostar por esta salida significa la continuidad del modelo capitalista, desarrollista extractivista y dependiente, ahora atravesado por la economía política del chantaje, es decir por la economía de la cocaína, como una de sus formas.
Raúl Prada Alcoreza continúa esclareciéndonos sobre porqué los pueblos naciones indígenas del Tipnis abren caminos emancipatorios. Prosigue:
El proyecto continuista se enfrenta abiertamente al otro proyecto, nacido de las entrañas de las luchas sociales y de la guerra anticolonial y descolonizadora, expresada plenamente en la Constitución.
Este modelo es el del vivir bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este modelo se basa en la condición plurinacional, en la condición comunitaria, en la condición autonómica y en la condición intercultural, por lo tanto, este modelo se basa en las cosmovisiones indígenas y en la reconstitución de los territorios ancestrales, actualmente habitados, como reza la Constitución.
Este modelo supone un descentramiento radical del antropocentrismo, desplazándose al reconocimiento de la condición vital de los otros seres que componen la Madre Tierra, reconociendo su condición de sujetos y reconociendo sus derechos. Esta concepción está plasmada en el Proyecto de Ley de la Madre Tierra - elaborado por el Pacto de Unidad, antes de su ruptura, y desmantelado por el “gobierno progresista” y presentada como un Frankenstein en una grotesca simulación denominada Ley de la Madre Tierra y del Desarrollo Integral -.
El conflicto del TIPNIS está expresando entonces la guerra de dos proyectos opuestos, antagónicos, de modelos encontrados, uno el capitalista y moderno, el otro alternativo al capitalismo y la modernidad. Hay una lucha de clases y una guerra anticolonial y descolonizadora en curso, con sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate.
Volviendo al análisis de Enrique Ormachea, podemos dimensionar los alcances concretos del conflicto en torno al TIPNIS. Entonces el conflicto específico, en el territorio, en los límites del parque y en el interior del parque, en el llamado “Bloque Siete”, que es la zona de avasallamiento del parque por los colonizadores, es entre comunidades indígenas y colonizadores, comunidades indígenas y cocaleros. En el documento citado se escribe: Si en algo hacen hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de la expansión cocalera y sus efectos. No les faltan razones. En el Gobierno de Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas14 .
La legitimación del avasallamiento ya muestra el sentido del gobierno, de sus políticas en relación a la tierra y al territorio, en relación de lo que respecta a las áreas protegidas y territorios indígenas. El gobierno responde
en primer lugar, en el plano afectivo y de los compromisos orgánicos, a las federaciones cocaleras, también a las organizaciones de colonizadores, llamados ahora “interculturales”, que ya cuenta con más de un millón de afiliados, así mismo responde a los compromisos sindicales con las organizaciones campesinas, constituidas en la CSUTCB y en la Confederación de Mujeres Campesinas, las conocidas como “bartolinas”;
en segundo lugar, ya en un plano político, responde a la continuidad del proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, otorgándole un carácter popular al proyecto;
en tercer lugar, ya en un plano estratégico o geopolítico, el gobierno está supeditado a la irradiación de la política expansionista y hegemónica del Estado brasilero;
en cuarto lugar, ya en un plano de las complicaciones de las que no puede zafarse, atado a las herencias de las lógicas de poder persistente, responde a los condicionamientos de las empresas trasnacionales, tanto de los hidrocarburos como de la minería;
en quinto lugar, ya en el plan de las nuevas alianzas, responde a los acuerdos económicos con la burguesía intermediaria boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las mediaciones de los grandes monopolios de las empresas de transgénicos.
La presión sobre la frontera agrícola cocalera y colonizadora se da no sólo con la benevolencia del gobierno sino en alianza estratégica con los agroindustriales y soyeros, es decir, la burguesía intermediaria. Todos ellos forman parte de la composición social, económica, subjetiva e imaginaria del proyecto desarrollista-extractivista.

Esta situación es vivida, intuida, comprendida y elucidada por las organizaciones indígenas del CIDOB y CONAMAQ. Se comenta el testimonio de uno de los dirigentes del TIPNIS que estuvo en la VIII marcha indígena: En una entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS, muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros.
En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño e yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción) 16 . El testimonio de Adolfo Moye es elocuente; lo que describe es una relación de dominación de los cocaleros y de los colonizadores sobre los indígenas del TIPNIS.
Los indígenas no solamente son discriminados y explotados, sino vistos como menos. No se los considera iguales, ni se establece con ellos relaciones de igualdad. Esto ocurre de manera dramática en los lugares de intersección entre comunidades indígenas y colonos; si bien no ocurre lo mismo cuando los dirigentes de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas entablan relaciones de organización, de discusión, cuando entablan acuerdos y pactan sobre temas de interés común, pues a este nivel se entiende que no considerarse como iguales sería una muestra insostenible de racismo.
No ocurre porque a ese nivel se tiene otra concepción de lo que es ser indígena; somos todos indígenas, aymaras, quischwas, urus, chipayas, guaranís, moxeños, chácobos, chimánes, yuracarés. La diferencia está en que unos somos campesinos y otros conservan la propiedad comunitaria, el ayllu; unos estamos organizados en sindicatos y otros en las formas organizativas propias comunitarias. Este discurso se mantuvo durante parte de la vida del Pacto de Unidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Ahora parece desmoronarse este discurso ante la evidencia de las grandes diferencias, discrepancias de concepciones, de intereses y de proyectos. Los dirigentes campesinos se acercan rápidamente a los prejuicios que tienen los campesinos y colonos que habitan los lugares limítrofes con territorios indígenas.
Sobre todo, ahora, cuando se da el conflicto del TIPNIS, los dirigentes campesinos se apegan más a defender el discurso gubernamental, estridentemente descalificador del movimiento indígena en defensa de sus derechos, consagrados por la Constitución. El “bloque popular” se ha roto. Esta descripción me recuerda a lo que ocurría años atrás, cuando era vigente, convocativo e irradiante el proletariado minero; a pesar de su consciencia de clase, de su condición de clase compuesta por el desclasamiento de las otras clases, de clase que debería abolir todas las clases, los mineros mantenían relaciones de dominación, subordinando a las comunidades indígenas y campesinas aledañas a los campamentos. ¿Por qué ocurre esto? Se notaba un aire de superioridad; una cosa implica estar ligado al campamento minero, a la explotación de las vetas mineras, a los ingenios, a la organización capitalista del trabajo, y otra cosa significa estar ligado a los ayllus, a las comunidades, donde preponderaban “modos” de “producción pre-capitalistas” y no-capitalistas. La diferencia estaba dada.
Los mineros compartían una ilusión desarrollista y un imaginario modernista, en contraposición de los indígenas y campesinos, que expresaban un apego a otros imaginarios, mas bien, animistas. Una de las consecuencias de la modernidad fue esta descalificación de otras formas de vida, de otras formas de cohesión social y de relacionamiento, que no sean las propias de la modernidad. Las investigaciones y los estudios sociológicos han descrito y han teorizado sobre la transición a la modernidad; el desencanto, la desacralización, la ruptura y quiebre de las comunidades, de las instituciones y estructuras tradicionales, forma parte de las hipótesis iniciales de estos estudios y estos análisis.
El paso de la familia extendida y compuesta a la familia nuclear, las migraciones rural-urbanas, la atomización y la individualización, la homogeneización de los comportamientos y las conductas, el disciplinamiento, forman parte de este proceso de modernización, entendido como una dinámica cultural y civilizatoria, que pone en suspenso los valores y las instituciones tradicionales; la modernidad entendida como experiencia de la vertiginosidad, sensibilidad estética que expresa esta experiencia como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, frase de Shakespeare, recogida por Marx17.
La historia de la representación de la modernidad es toda una arqueología, comienza con los poetas malditos, quienes le atribuyen características estéticas y lúdicas, haciendo hincapié sobre todo en la experiencia de la vertiginosidad y el suspenso. El concepto es retomado por la sociología y la economía, empero, de una manera más instrumental y descriptiva, perdiendo sus ribetes poéticos, empezando a adquirir perfiles organizacionales, estructurales, institucionales y de relaciones de mapas definidos de transvaloración y transición modernizadora.
Marx y algunas corrientes marxistas retoman el concepto dándole un carácter dialéctico, retomando algunas ideas iniciales de la experiencia de la transformación desbocada. Ya en la etapa de balance habría que contar con el análisis desplegado por Marshall Berman; estudio que intitula precisamente Todo lo sólido se desvanece en el aire18.
En las corrientes marxistas teóricas contemporáneas un antecedente de la crítica de la modernidad es el libro de Adorno y Horkheimer titulado Dialéctica del iluminismo19 . Quizás sea el análisis más penetrante de la modernidad, a la que caracterizan como iluminismo, que también puede ser retomada como crítica; de lo que se trata entonces es de desplegar una crítica de la crítica, un iluminismo del iluminismo. Ponen en cuestión los mitos de la modernidad, como la idea de progreso y el mito de la historia; también ponen en cuestión la pretensión moderna de dominación de la naturaleza.
Queda claro en los autores, que hacen la crítica de la racionalidad instrumental, que no basta hacer una crítica de la economía política, sino que es necesaria y urgente hacer una crítica de la modernidad, matriz histórica y cultural, civilizatoria, en la que emerge y se recicla el capitalismo. Después de ellos, todas las escuelas, corrientes teóricas críticas de la modernidad, son deudoras de la apertura iniciada por la Escuela de Frankfurt.

A nosotros nos interesa retomar las críticas de la modernidad en los contextos periféricos del sistema-mundo capitalista, pues nos interesa comprender los fenómenos complejos, abigarrados y heterogéneos que desata la modernización en nuestras regiones y países.
Marshall Berman escribe sobre el modernismo del subdesarrollo y toma en cuenta el caso de San Petersburgo, dice que se trata de modernidades impulsadas desde arriba, por el Estado, el poder; quizás también por algunas élites. Son construcciones titánicas que se enfrentan a los pantanos, es la voluntad de la geometría que termina imponiéndose a la adversidad, a pesar de las inundaciones centenarias. Se trata de espacios modernos, pero sin contar con una vida moderna, espacios públicos que no llegan a tener vida pública. ¿Qué es la modernidad en estos lugares insondables? ¿Es una ilusión? ¿Un espejismo? ¿Un fabuloso monumento? Todo lo demás no llega a ser moderno, las instituciones, el manejo de las instituciones, el Estado, la administración del Estado; tampoco las subjetividades.

Estamos ante transiciones problemáticas, cuando el pasado no termina de irse, mas bien, se queda persistentemente, combinándose con esas proposiciones iluministas de futuro. Se producen composiciones intrincadas que contienen también subjetividades recargadas, que acompañan a comportamientos que moran mundos que cohabitan. René Zabaleta Mercado habla de formaciones abigarradas y Bolívar Echeverría de modernidades barrocas.

¿Qué es la modernidad en la periferia del sistema-mundo capitalista? Las corrientes hindúes que estudian la subalternidad conciben que, mas bien, hay que comprender modernidades heterogéneas o la modernidad en su condición heterogénea. Ciertamente no se puede hablar del ámbito social del campesinado como si fuera homogéneo; esto desde ya está descartado. Estamos ante un campo complejo y diferencial, cuyos ciclos y articulaciones con el mercado también son variados.

En un tiempo se pensó que la campesinización y la re-campesinización formaban parte de procesos de resistencia a la diseminación capitalista. Se mostraban contradicciones de las formaciones campesinas con el mercado, con el capitalismo y con el capital a partir de la tesis de la subsunción formal del trabajo al capita. En Bolivia se realizaron estudios de la cuestión agraria, sobre todo de las economías campesinas, a partir de su irrupción misma, irrupción que se da desde la expansión de las formas de pequeña propiedad agraria, a partir de la reforma agraria de 1953. Se pueden hacer distintas clasificaciones de un abundante material, que llega hasta nuestros días, empero nos interesa, por los límites y las razones implícitas de este ensayo, dibujar grandes campos de análisis. Se puede apreciar que una de las áreas de preocupación, quizás las más economicista, está relacionada con las evaluaciones de la reforma agraria y la búsqueda por reencaminarla; otra área de preocupación es la que tiene que ver con los estudios de caso, con un enfoque sociológico; quizás los más interesantes son los estudios que vienen acompañados de una orientación antropológica, sobre todo por el aporte etnográfico en el análisis de las estructuras y las instituciones involucradas.

No podemos dejar de considerar los estudios sobre la estructura agraria y de clases desde una perspectiva marxista, mas bien, análisis macros que estudios locales o regionales. Por último, deberíamos considerar un área de trabajos de investigación antropológicas, sociológicas y económicas, de enfoque, mas bien, integral, que cuestiona las perspectivas anteriores, consideradas estáticas, que no contemplan las dinámicas locales, diferenciales, cíclicas y de estructuras de cambiantes, vinculadas a las estrategias de adaptación a las circunstancias de las formas de organización campesinas. Quizás las más aportadoras a la elucidación y a la inteligibilidad de la problemática campesina sean estos estudios23.

En relación a toda esta arqueología del saber de la cuestión agraria, debemos apreciar sus mapas conceptuales, para poder atender con una mirada escrutadora a los recientes desplazamientos de las economías campesinas. Obviamente lo que se requiere para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre son investigaciones a profundidad y en los distintos espacios de desplazamiento de las formas de organización campesina; empero, a falta de estas investigaciones, nos vemos obligados a lanzar algunas hipótesis interpretativas de lo ocurre en la coyuntura crítica del proceso con las economías y formas de organización campesina, sus estrategias y sus circuitos.
 
Hipótesis
Por más compleja que pueda ser la formación social, económica y cultural campesina, por más diversa y diferencial, por más barroca, combinada, compuesta y entrecruzada en que se encuentre, moviéndose contradictoriamente en transiciones cíclicas, definiendo a veces rutas en espiral y en algunos casos desplazamientos lineales, toda esta complejidad está atravesada por los circuitos del mercado, los circuitos dinerarios, incluso, en menor escala los circuitos financieros, como los relativos al microcrédito; aunque tengamos que aceptar, como lo hicimos en otro tiempo, la presencia alterativa de resistencias, de otras lógicas, otras estrategias y otras racionalidades, el mercado y el desarrollo capitalista juegan un papel gravitante, sobre todo en determinados momentos de alta demanda de monocultivos y de la evidencia de la atracción efectiva de subida de precios.
Esta atmósfera de muchos microclimas culturales, imaginarios y de comportamientos, recrea la ilusión de una modernidad barroca, heterogénea, del bienestar, del acceso y del consumo. En momentos de intervención de circuitos de alta rentabilidad y de predisposiciones políticas que los facilitan, los conglomerados sociales campesinos, sus tendencias económicas, tienden a volcarse plenamente a la ilusión del desarrollismo y sobre todo al espejismo de la riqueza fácil.
Los núcleos de resistencias, alterativos, alternativos, las racionalidades y estrategias complementarias y cíclicas, tienden a ser inhibidas, ocultadas, desarticuladas, en beneficio de las opciones más comerciales, incluso más perversas de los circuitos dinerarios.
Boceto de interpretación de algunas dinámicas moleculares
En el caso de las comunidades indígenas de la Amazonia, particularmente en el caso del TIPNIS, lo que llamamos vida cotidiana, para definir uno de los ámbitos recurrentes de las dinámicas moleculares sociales, adquiere las tonalidades de vida en la territorialidad acuática y la territorialidad boscosa de la Amazonía, entonces,  la vida social y comunal más se acerca a las formas de los ciclos vitales, dados en esas territorialidades. Entre las actividades de la reproducción social comunitaria se encuentran la pesca, la caza y la recolección; también cierta agricultura, como el cacao, así como cría de animales, no solo domésticos, sino incluso lagartos. El cacao y los lagartos están vinculados a mercados especializados en la industria de chocolate como en el uso de cueros de saurios. La comunicación fluvial es la que conecta, desde tiempos antiguos a las comunidades indígenas amazónicas; es la red comunicacional, como dicen sus dirigentes, son sus “caminos” o “carreteras”.
El TIPNIS está dividido administrativamente en tres zonas, la del núcleo boscoso del territorio, que es considerado como intangible; la del “desarrollo comunitario” y la del “desarrollo sostenible”. Estos últimos tienen vinculaciones con el mercado, además de encontrarse bañados, por así decirlo, por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa y sus afluentes. La cuarta zona, por así decirlo, siguiendo con esta clasificación administrativa, sería la zona de avasallamiento de los colonizadores, que corresponde a lo que se ha venido en llamar el “Bloque Siete”. En consecuencia, tendríamos que añadir, descriptivamente, otras actividades de los ámbitos de la vida social comunitaria; esta vez más cerca de la vida cotidiana que a los ciclos vitales ecológicos. Hemos mencionados las actividades agrícolas, la de la cosecha del cacao, la de la cría de saurios, además de otras actividades de combinación de subsistencia y de mercadeo, fuera de la venta de fuerza de trabajo asalariada, de manera esporádica. Tendríamos que mencionar, en referencia al “Bloque Siete”, la del cultivo de la hoja de coca excedentaria.
Con esta descripción sucinta tenemos ya un panorama de aproximación a los ámbitos de las dinámicas moleculares sociales. Sin embargo, no se termina de abarcar los ámbitos de las dinámicas moleculares sociales si no se mencionan los ámbitos relativos a la organización comunal, social y sindical. La Subcentral del TIPNIS forma parte del CIDOB, la organización indígena de tierras bajas; los sindicatos cocaleros del “Bloque Siete” forman parte de la Federación Campesina del Trópico de Cochabamba. Aunque hay que hablar también del CONISUR, que es un montaje gubernamental en el “Bloque Siete” para simular la representac ión de comunidades indígenas.
Como hicimos notar más arriba las dinámicas moleculares no sólo se circunscriben a la vida comunitaria, más cercana a los ciclos vitales ecológicos, tampoco a la vida social comunitaria de la denominada vida cotidiana, sino que hay otros ámbitos que hemos llamado de las dinámicas moleculares sociales de transgresión o, si se quiere, de transversalidad de la vida comunitaria y de la vida cotidiana. Hablamos de las asociaciones vinculadas a los agenciamientos de la movilización indígena. En otros textos dijimos que en estos entrelazamientos de otros agenciamientos comunitarios las mujeres hacen de tejedoras de los tejidos comunitarios, al expresar, encarnar y simbolizar los entramados comunitarios. De la misma manera que en lo que respecta a Achacachi, en el TIPNIS podemos mencionar, a modo de comparación, un eje políticocomunitario-cultural de los tejidos sociales comunitarios, que tienen que ver con las dinámicas moleculares comunitarias sociales transgresoras.
Eje político-comunitario-cultural
1. Los espesores territoriales, comunitarios y culturales amazónicos, en este caso del TIPNIS, moxeños trinitarios, chimanes e yuracares, son los substratos eco-sociales de lo que las dos organizaciones indígenas, de tierras bajas y de tierras altas, el CIDOB y el CONAMAQ, denominan proyectos civilizatorios alternativos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
2. En los espesores de la coyuntura los substratos ecológicos y comunitarios se hacen presentes como resistencia indígena en el conflicto con el “gobierno progresista”.
3. Las dinámicas moleculares comunitarias y sociales, en su multiplicidad bullente, tienen efectos e masa, como conformaciones molares sociales. Entre las formas molares comunitarias y sociales, fuera de las organizaciones indígenas mencionadas, se encuentran las formas políticas del conflicto. La expresión conocida que denomina al conflicto del TIPNIS, dicho desde la interpelación indígena, es la defensa del TIPNIS y de la vida.
4. Ciertamente la forma molar territorial, reconocida administrativamente, es el mismo Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Por lo tanto, también la zona denominada “Bloque Siete”, que es reconocida en términos administrativos gubernamentales. 5. Pero, sobre todo, interesa mencionar a las formas de avasallamiento de los territorios indígenas amazónicos. Hablamos del avance de la frontera agrícola, así como de otras fronteras de la extensión de la economía capitalista y de la vorágine del mercado; por ejemplo, la frontera maderera, responsable de la tala de árboles y de la destrucción de bosques. En el caso del avance de la frontera agrícola, se trata de la expansión depredadora de la frontera del cultivo de la hoja de coca excedentaria, acompañada por la expansión disociadora y diseminadora de la economía política de la cocaína.
En lo que respecta al conflicto del TIPNIS, no se puede obviar la expansión de la frontera caminera y de carreteras, que forman parte de la infraestructura comunicacional física del espaciamiento del capitalismo extractivista colonial y dependiente. Así también, de la expansión de la frontera hidrocarburífera y quizás también minera. 6. Las dinámicas moleculares comunitarias transgresoras de la vida cotidiana, que forman parte, en este caso, no solo de la sociedad alterativa, sino de las comunidades indígenas alterativas, corresponden a los agenciamientos comunitarios y sociales alterativos que sostienen no sólo las movilizaciones indígenas, sino también las resistencias, todavía diseminadas, del pueblo boliviano, al proyecto colonial extractivista del “gobierno progresista”.
7. Siguiendo con la comparación respecto del conflicto de Achacachi, diremos que entre las dinámicas moleculares comunitarias y sociales se destacan los flujos de emotividad social en lo que respecta a la defensa ambiental y ecológica, así como de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución. Estos flujos emotivos colectivos, comunitarios y sociales son compartidos por colectivos activistas, por parte de la opinión pública y el pueblo boliviano, además de ser compartidos por colectivos continentales y mundiales, vinculados a la defensa de la vida, de los derechos indígenas y de proyecciones de alternativas.
8. El conflicto del TIPNIS, que es ya una convocatoria nacional, continental y mundial, ha adquirido las características y el alcance de una respuesta social nacional durante la VIII marcha indígena. No ocurrió lo mismo, como dijimos, con la IX marcha indígena, y en la actualidad del conflicto renovado, tampoco está adquiriendo, todavía, la conformación de una respuesta movilizada nacional, a pesar de la Declaración TIPNIS-Achacachi en defensa de la democracia y de la vida, a la que se van sumando otras organizaciones representativas sociales, como la misma COB y las organizaciones campesinas y cocaleras de los Yuncas, de las zonas del cultivo de la hoja de coca tradicionales.