IIRSA: Resistencias desde los territorios indígenas a este nuevo
ciclo de colonización
18 de enero de 2018
IIRSA-COSIPLAN: Un
nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas
Por Ely Jiménez Cortés
[1]
El plan IIRSA-COSIPLAN
está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a
otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La
transformación de los territorios está en marcha, pero también las
resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se
ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el
control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.
En América latina el siglo XXI se abre con la
violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia
espacios que sólo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y
en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han
logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se
enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo
se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la
plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el
conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se
llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora
todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las
plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros
territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales
donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías;
otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”
Mediante programas
multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la
Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN,
la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con
megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos
indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos
locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo
plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y
consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el
‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar
emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’.
Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de
colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza
lenta y silenciosamente.
En la región
sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales
(carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de
los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los
emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas,
centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas
obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado
mayor resistencia.Efectivamente, desde sus inicios el año 2000,
las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que,
paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas
para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de
ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos,
se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y
articulando alianzas con otros sectores subalternizados.
Aunque no se puede obviar que amplios sectores
indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de
infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los
sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter
genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y
pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la
violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de
estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada
destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del
Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y
ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando
la pervivencia de las futuras generaciones”.
Más allá de estos
impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un
‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de
control social, que consideran:
(a) La negación de la presencia
indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos
mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados,
baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena
a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que
la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria
ni pertinente.
(b) La aplicación selectiva y
burocrática de la consulta indígena.En escenarios de conflicto, se aplica
la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una
aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo
y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras
políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está
diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.
(c) La implementación de campañas comunicacionales
que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de
neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo,
que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las
memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen
con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en
oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son
estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos
‘ignorantes’.
(d) La fragmentación de los proyectos y
su desconexión del plan IIRSA. Es
común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los
estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que
se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades
inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma
evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo
que conlleva.
(e) Disociar los proyectos IIRSA de los
emprendimientos extractivos. Discursivamente
se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de
infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros,
hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables
gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que
una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía
renovable.
En su conjunto estas
estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos
territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante
señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países
que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite
gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo,
Chile [2]), y también en
los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles
de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha
despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como
soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del
ejercicio colonizador.
Algunos conflictos
emblemáticos:
El plan IIRSA-COSIPLAN
está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a
otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La
transformación de los territorios está en marcha, pero también las
resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se
ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el
control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los
primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en
tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está
emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este
contexto, destacamos los siguientes conflictos:
(a) Conflicto por la variante San
Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es
parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y
Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor
atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores
tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno
colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había
población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus
lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde
nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga
denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los
desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los
Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte,
junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga
por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.
(b) Conflicto por la hidroeléctrica
Cachuela Esperanza (Bolivia).Este proyecto forma
parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las
hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del
EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente
boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que
agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su
retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano,
pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental,
principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos
indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de
esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y
tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha
instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene
como un conflicto latente.
c) Conflicto por el
tramo II de la
carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del
TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia
postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN,
éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de
Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados
asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque
nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado
un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones,
especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron
una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien
el 2012 debió suspender la
obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el
anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los
acuerdos previos.
(d) Conflicto por la carretera Interoceánica
Sur (Perú). Esta obra forma parte
el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú,
pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en
riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la
migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas
en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no
concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante
mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht ,
que aun remece la política peruana [3] y brasilera.
Estos casos
ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos
territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya
se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es
ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es
la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera,
o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN
ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los
territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades
gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras
avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido
derrotados.
Notas:
[1] Investigadora Colectivo El Kintral
www.colectivoelkintral.cl
[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la
consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es
muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a
pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares
mínimos.
[3] Las investigaciones del caso conllevan
el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa
Nadine Heredia.
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