Ecuador ante un nuevo ciclo político
El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano
decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los
últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas
de la Consulta
Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de
disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por
primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados
políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares,
plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a
acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.
Por
Decio Machado para Viento Sur
El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano
decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los
últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas
de la Consulta
Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de
disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por
primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados
políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares,
plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a
acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.
De las siete preguntas impulsadas desde el
Ejecutivo, las tres primeras tenían relación directa con el correísmo,
abordando temáticas como:
- La supresión de
derechos políticos a culpables de corrupción, lo cual afecta a un número cada
vez mayor de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del
antiguo régimen –son ya una decena de ex ministros correista los que se
encuentran imputados en distintas causas y este número seguirá en aumento- y
que podría terminar afectando al mismo Rafael Correa;
- La eliminación de la
enmienda constitucional aprobada en la última fase del gobierno anterior por la
cual implementaba la reelección indefinida en los cargos de gestión pública a
partir de 2021 y que permitía a Correa volver a presentarse, tal como era su
intención, en los próximos comicios presidenciales;
- Y, la recomposición
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –popularmente conocido
como el quinto poder constitucional-, cuyos miembros designaban a parte de los
titulares de las instituciones del país, lo cual se le permitió al aparato
correista seguir manejando la estructura del Estado más allá de que el ex
mandatario ya no ocupara el sillón presidencial.
¿Qué fue el correísmo?
Comprender la situación actual del Ecuador
conlleva entender que es lo que fue esto que se ha definido como correísmo y el
por qué ha dejado de ser funcional en este momento para las élites
ecuatorianas.
Desde 1997, a partir del gobierno de Abdalá Bucaram,
Ecuador inauguró una etapa de crisis institucional permanente que hizo que
ningún presidente elegido desde entonces en las urnas lograra terminar su
mandato. Evidentemente esto generaba gran inestabilidad política y se convirtió
en un factor de desequilibrio importante respecto a una política de inversiones
que se hacía cada vez más urgente y necesaria para la modernización capitalista
que el país debía afrontar tras la crisis financiera vivida en los años
1999-2000.
A la entrada del presente siglo la economía
mundial se estabilizó superando las varias e importantes crisis sufridas en
diversos países del mundo –México y Venezuela (1994), Tailandia, Indonesia,
Filipinas, Taiwán, Corea del Sur… (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001)-, lo
cual permitió a la economía internacional mejorar su desempeño, con
crecimientos entre el 4% y el 6% al iniciar la década, hasta la llegada de la
crisis financiera global de 2008.
De igual manera, desde 2003 los precios de los
commodities aumentaron por los efectos de huracanes, como el Katrina, en
instalaciones petroleras; el crecimiento en la economía de los países
emergentes y en los industrializados; y, particularmente, por el auge de la
industria de la construcción, que terminó en una burbuja especulativa, que al
reventar hizo que los inversionistas vuelquen su interés a mercados
especulativos tales como el oro y el petróleo, causando una sobre demanda
artificial que hizo subir el precio del crudo a un máximo de 147,27 dólares por
barril en julio de 2008.
En ese contexto, el crudo ecuatoriano que
depende de la cotización del petróleo norteamericano West Texas Intermediate
(WTI) -que es el crudo marcador para el continente americano- y que es básicamente
vendido tanto por Petroecuador como por las compañías privadas extranjeras en
el país, también elevó notablemente sus precios.
Siendo un país dependiente económicamente del
crudo, el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano durante la primera década del
presente siglo fue de 4,4% mientras que durante los diez años anteriores dicho
indicador no superó el 1,8%. Lo anterior indica que a partir del año 2000 la
economía ecuatoriana comenzó a consolidarse en gran medida apoyada por
condiciones externas favorables –precio del petróleo y las remesas provenientes
de los migrantes- generándose las condiciones adecuadas para una
tardomodernización del sistema capitalista nacional.
En ese contexto el sector más dinámico del
capital ecuatoriano entendió que podía mejorar sus posibilidades de negocio
propiciando un mayor nivel de consumo en los mercados internos a través de
cierto reparto del excedente petrolero –no de la distribución de la riqueza que
continúa en manos de unos pocos- y la incorporación al mercado de sectores
populares mediante el endeudamiento familiar y financiarización popular
(democratización del consumo con base en préstamos del sector financiero
privado). Este es el rol que fundamentalmente desempeñó el gobierno de Rafael
Correa durante el último período de bonanza económica en Ecuador.
A lo largo de la primera década del presente
siglo, el mayor rubro de participación en el PIB en la economía nacional ha
sido el consumo privado, el cual representó un promedio de 66,6% del PIB,
convirtiéndose en el factor que más contribuyó al crecimiento nacional durante
el período previo a la caída de los precios del petróleo.
La dinamización de la economía nacional
teniendo como motor al Estado, eje de la política económica correista,
significó que los sectores empresariales y financieros fueran los principales
beneficiados de una acción que carecía de riesgos para la inversión privada
pues se hacía en base al erario público. El respeto demostrado por el gobierno correista
a la matriz de acumulación heredada de la era neoliberal, conllevó que no
existiera la más mínima transformación de carácter estructural sobre los
pilares que fundamentan los ejes constitutivos de poder en Ecuador; ello, pese
a que los sectores históricamente olvidados pudieran beneficiarse durante el
período de bonanza de ciertas políticas asistencialistas basadas en la
transferencia del excedente derivado de la agudización de las políticas
extractivistas. A la postre, esto significó que mientras se ponía hincapié en
un propagandístico discurso soberanista, al interior del país se agudizara cada
vez más la dependencia económica internacional de los mercados especulativos
globales y se reprimarizara sustancialmente la economía nacional.
El modelo económico funcionó e incluso gozó de
amplio apoyo popular, milagro económico lo llamaron, mientras duró el boom de
los commodities, viniéndose al traste todo el andamiaje de las políticas
sociales y económicas correistas a partir de la caída del precio del crudo en
2013.
Es a partir de entonces cuando comienzan a
deteriorarse ciertos servicios públicos, la economía nacional se paraliza, el
consumo interno cae y los indicadores de disminución de la pobreza e incremento
de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores comienza a
deteriorarse.
En febrero del 2014 el gobierno del Presidente
Rafael Correa comenzaría a sentir el desgaste político de su mandato, perdiendo
en las elecciones seccionales las principales alcaldías del país ante partidos
de oposición. Los sectores empresariales que en otro momento se habían visto
beneficiados por las políticas correistas, entienden ahora que pasado el
período de la economía fácil es necesario aminorar el gasto público, reducir el
volumen del Estado y volver a liberalizar la economía. Ante la nueva falta de liquidez del Estado ecuatoriano, este dejó
de ser funcional para seguir dinamizando la economía nacional y vuelve a
ponerse en cuestión la política de subsidios sociales.
Lo anterior conllevó un incremento de las
movilizaciones populares en el conjunto del país, lo cual derivó en una
convocatoria de paro/movilización convocado en agosto del 2015 por el
movimiento indígena y el sindicalismo no clientelar que terminó siendo
vergonzosamente reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado.
El conflicto Correa vs Moreno
En estas condiciones y
en medio de una agresiva política de endeudamiento público que derivó en que el
volumen de deuda externa actual supere con creces los niveles heredados de la
época neoliberal, el entonces mandatario ecuatoriano decidió no presentarse a
las elecciones del 2017, pero dejó abierta la puerta para una nueva postulación
en 2021.
Estratégicamente el
correísmo consideró que era mejor que fuera otro mandatario quien procediera
con las políticas económicas de ajuste ya inaplazablemente necesarias en el
país, permitiendo así una regeneración de la imagen de Rafael Correa, quien
estratégicamente volvería en 2021 para “salvar” al Ecuador de los programas de
ajuste fruto de un déficit fiscal galopante e insostenible. Así las cosas, en
diciembre del 2015, la bancada oficialista aprobó forzadamente una reforma
constitucional que permitía la reelección del mandatario para el período
inmediatamente posterior a una legislatura marcada por la crisis económica
heredada de la gestión saliente. Sin embargo, la estrategia para la vuelta al
poder de Rafael Correa pasaba por la necesidad de seguir controlando el aparato
del Estado durante el actual período, bloqueándose cualquier posibilidad de
fiscalización y auditorias internas que pudiera hacerse sobre un modelo de
gestión pública altamente corrupto que significó durante diez años la
subyugación de todos los poderes y órganos del control del Estado al Ejecutivo.
Lo anterior implicó la
necesidad de que Alianza PAIS ganara las elecciones del 2017, quedando la mayor
parte de las instituciones públicas en manos de ex funcionarios de probada
cercanía con el ex mandatario. La única figura con la que contaba Alianza PAIS
para ganar estas elecciones era Lenín Moreno, quien por sus funciones como
enviado especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Discapacidad y
Accesibilidad había residido en Ginebra desde 2014, lo que implicaba que se
hubiera mantenido al margen del deterioro correista de los últimos años.
Hay que remontarse muy
atrás en la historia del Ecuador para encontrar un mandatario que tras diez
años de gestión continuada en el poder terminase su período con cierto respaldo
político -pese a la decadencia de los últimos años- como era el caso de Rafael
Correa. Más allá la enorme polarización social creada entorno a su figura,
Correa abandonó la poltrona presidencial con todavía un importante apoyo social
fundamentalmente entre los sectores populares, los cuales le reconocían el
impulso a proyectos sociales de carácter asistencialista y la inversión
realizada durante la última década en el ámbito de la infraestructura y
modernización del Estado. Sin embargo, ha sido una concatenación acelerada de
errores político estratégicos los que han hecho que el ex mandatario perdiera
la hegemonía que aun mantenía políticamente en el país.
Con la llegada la
nueva administración de Lenín Moreno, el correísmo dejaba en puestos
estratégicos a gran parte de su anterior equipo de gestión. Esto implicaba que
mantenía el control sobre un enorme y desmedido aparato de propaganda
gubernamental articulado durante la pasada década, al igual que lo hacía
respecto al control sobre la producción –sobre la que el Estado ecuatoriano ha
tenido una notable incidencia durante los últimos diez años-, en aras a las
responsabilidades establecidas en torno a la figura del inicial Vicepresidente
de la República, Jorge Glas, el principal hombre de confianza de Rafael Correa
en el nuevo gabinete y quien se mantenía como responsable del cambio de matriz
productiva y la inversión en megaproyectos. Pero al mismo tiempo, el correísmo
mantenía el control también sobre el frente político del gobierno a través de
figuras como la primera titular de la Cartera de la Gestión Política
–Paola Pabón- y del consejero presidencial Ricardo Patiño –el principal
operador político al interior de Alianza PAIS durante la gestión gubernamental
anterior-, al igual que lo hacía respecto a la Asamblea Nacional
–el legislativo ecuatoriano- a través de sus operadores en la bancada
mayoritaria de Alianza PAIS. No contento con esto, Rafael Correa controlaba
también, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los
órganos de fiscalización y control del aparato del Estado, cuya designación de
responsable respondía íntegramente a personalidades afines al ex presidente en
instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional ,
la Contraloría
General del Estado, la Fiscalía General
del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura o la
Defensoría del Pueblo entre otras.
Pese a que las
tensiones entre Lenín Moreno y el ala dura correista son palpables desde el
mismo momento de la investidura del actual Presidente de la República, el 24 de
mayo del pasado año, momento en que la nueva administración descubrió el estado
real de las finanzas públicas, es la entrega de la sede social de la CONAIE
–estructura organizativa del movimiento indígena y la organización social más
importante del país- y el anuncio en julio pasado de los primeros indultos a
líderes populares criminalizados durante el régimen anterior lo que generó las
primeras reacciones descalificadoras de Rafael Correa respecto a su sucesor.
A partir de ahí los
operadores correistas ubicados en funciones de dirección de los distintos medios públicos comienzan a articular una campaña
contra la imagen del Presidente Moreno, aduciendo que el país volvía a las
políticas del pasado y que se estaba produciendo un reparto de poderes con las
élites oligárquicas, lo que conllevó a que la nueva administración morenista
nombrase nuevos responsables en dichos medios
de comunicación. De esta manera el ex presidente Correa perdía el control del
inmenso aparato de propaganda y comunicación cuya creación había sido
auspiciada por él mismo.
Un mes después, a
primeros de agosto y ya con el agua al cuello fruto de las investigaciones
judiciales que se hacían respecto a la trama de Odebrecht en Ecuador, el
entonces Vicepresidente Jorge Glas –quien fuera también el segundo al mando
durante la ultima fase de la
era Correa- emitía una extensa carta pública contra el actual
jefe de Estado, acusándolo de converger con los sectores políticamente más
reaccionarios del país. La ruptura de relaciones entre el Presidente Moreno y
Jorge Glas conllevó la inhabilitación en el cargo del segundo, lo que produjo
la pérdida del control por parte de Rafael Correa sobre el aparato productivo y
las inversiones en los megaproyectos implementados en el país. Meses más tarde
y fruto de las investigaciones judiciales anticorrupción, Jorge Glas terminaría
ocupando un celda en la
Cárcel No. 4 de Quito y siendo revocado de su cargo. El
correísmo perdía de esta forma también su incidencia sobre el aparato
productivo.
Pocos días después del
exabrupto vicepresidencial y en aras a solucionar este conflicto, el Presidente
Moreno enviaría a Bruselas -lugar de residencia actual de Rafael Correa- a los
principales operadores políticos del gobierno, todos ellos vinculados durante
la gestión anterior al ex mandatario, con el fin de reconducir de forma
amigable las relaciones con ex presidente. Para sorpresa del Ejecutivo, tras la
vuelta a Quito de dicha delegación, sus principales cabezas -Ricardo Patiño,
Paola Pabón y Virgilio Hernández- anunciaban en rueda de prensa la renuncia a
sus cargos en el Ejecutivo. De esta manera, Rafael Correa perdía en este caso
el control del frente político gubernamental.
Rotos ya todos los
canales de comunicación entre el correísmo y el gobierno morenista, el
Presidente Moreno anunciaría a primeros del pasado mes de octubre la convocatoria
de una Consulta Popular donde algunas preguntas tenían que ver con una lógica
de reforma institucional post-caudillista que encaminase al país por una vía
superadora del régimen anterior. Esto terminaría de dinamitar internamente al
partido de gobierno. Los sectores afines al ex mandatario determinaron
expulsar, de forma irregular, a Lenín Moreno de Alianza PAIS convocando sin
legitimidad jurídica una convención nacional de dicha organización política con
escaso éxito de convocatoria. Lo anterior conllevó a que tras una decisión del
Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo perdiera también el control de su
propio partido.
El último episodio de
este mar de desaciertos correistas se dio ya en enero del presente año, cuando
Correa llamó a la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, lo cual
implicó que también perdiera el control del legislativo, quedando el correísmo
con apenas 29 asambleístas y alineándose los 45 restantes de la bancada
oficialista con Lenín Moreno.
En resumen, si bien
es difícil encontrar un ex mandatario que tras diez años de gestión mantuviera
el nivel de apoyo de Correa, también lo es encontrar alguno que haya demostrado
tal capacidad para dilapidarlo tan rápidamente.
Consulta y posconsulta
Fue así que se llegó
al 4 de febrero, momento en el que el correísmo saboreó por primera vez una
derrota electoral. En el fondo, no asistimos a algo que fuera más allá que la
plasmación política de una realidad indiscutible en Ecuador: el correísmo nunca
construyó una fuerza social y política afín, sino que utilizó al aparato del
Estado operando bajo lógicas clientelares en pro del partido de gobierno y la
construcción de la imagen mediática de Rafael Correa como un gran caudillo
populista. Esto implicó que tras abandonar la poltrona presidencial y no gozar
a su antojo de las instituciones del Estado su apoyo político disminuyera
notablemente.
La sociedad
ecuatoriana ha votado por la conformación de un régimen de transición que le
permita superar la herencia implantada por el anterior gobierno, generando las
condiciones para la construcción de una nuevo escenario político tras el fin de
la hegemonía correista. Queda cortado el cordón umbilical que vinculaba al
nuevo gobierno con el régimen anterior, lo cual inhabilita la narrativa
correista de que Lenín Moreno ocupa la presidencia del país gracias al endoso
de votos derivado de la figura de Rafael Correa.
Tras esta consulta el
país entra en una nueva fase política. Por un lado, el Presidente Lenín Moreno
ha ganado momentáneamente su pulso con su antecesor, si bien todavía Rafael
Correa mantiene un tercio del electorado ecuatoriano. Correa y sus seguidores,
tras su desafiliación de Alianza PAIS, están obligados a conformar un nuevo
movimiento político nacional, pese a que la popularidad de su líder esté en
decadencia. Correa, consciente de que el sector de antiguos líderes de Alianza
PAIS que le acompañan esta nueva aventura aportan realmente poco dada la mala
imagen de la que gozan ante la sociedad, está obligado a liderar personalmente
la construcción del nuevo partido. Será una tarea urgente y nada fácil para el
neocorreísmo crear una nueva figura política que tenga posibilidades de
disputar la Presidencia de la República en el año 2021.
Por su parte, la
voluntad de esta tendencia es ocupar el espacio político de la izquierda
ecuatoriana, algo que ya hicieron en el 2006 más allá de los desencuentros
entre su discurso y su praxis. Conseguir tal objetivo pasa por bloquear
cualquier posibilidad de construcción de alternativas políticas en el campo popular,
algo urgentemente necesario para un país que sufre de una izquierda cuyo
discurso político se encuentra sin capacidad de sintonizar con la sociedad,
donde no existe generación de nuevos liderazgos, y que se ve carente de
construir una propuesta convincente para un nuevo modelo de sociedad y país.
Si bien es cierto que
la izquierda política y social ecuatoriana ha sido fraccionada, en muchos casos
cooptada y hasta perseguida por el régimen correista durante los diez últimos
años, también lo es que existe una incapacidad política por parte de su
endogámica dirigencia para reinventarse y reposicionarse con un discurso
adaptado al momento actual de vive el país. El mero hecho de que gran parte de
esta izquierda apoyara en su lógica anticorreista la candidatura del
conservador Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las últimas presidenciales,
es una demostración palpable de su desorientación política y el descrédito del
que actualmente gozan ante la ciudadanía ecuatoriana.
En la orilla
conservadora, las fuerzas políticas que hasta el momento decidieron no hacerle
una oposición política contumaz al actual gobierno cambiaran de actitud. La
cercanía de las próximas elecciones seccionales, las cuales tendrán lugar en un
año, hace que las organizaciones políticas de la derecha vuelvan a asumir
protagonismo tras una alianza anti-natura que permitió que muy diferentes
sensibilidades ideológicas establecieran un pacto de no agresión a cambio de
trabajar todos por el Sí en esta consulta con el fin de enterrar políticamente
al correísmo.
Medios de
comunicación, sectores empresariales y fuerzas políticas conservadoras ya
anunciaron cambios respecto a su accionar frente el gobierno de Lenín Moreno,
lo cual significará el incremento de la presión política y posiblemente movilizaciones
callejeras, buscando que el Gobierno Nacional adopte posiciones más
reaccionarias fundamentalmente en el ámbito de la política económica.
En todo caso los
sectores de la derecha se mantiene divididos, existiendo dos cabezas, hasta
ahora políticamente enfrentadas, que responden a grupos de intereses
diferenciados. Tanto Guillermo Lasso de forma abierta como Jaime Nebot de
manera más sutil aspiran a la Presidencia de la República en el año 2021 o
incluso antes si son capaces de forzar el fin anticipado de mandato morenista,
un gobierno sobre el que visualizan debilidades no existentes en el gobierno
anterior.
Así las cosas, el
Gobierno Nacional enfrenta una situación inédita a partir de ahora, la cual
consistirá en recibir indiscriminadamente ataques tanto de la derecha
–inclusive medios de comunicación
privados y lobbies empresariales- como de esta pretendida nueva izquierda
correista. Que Lenín Moreno y su equipo de gestión sean capaces de hacer frente
a estas presiones está por ver, en todo caso, la estrategia de uno y otro bando
ya ha comenzado, en algunos casos incluso con apoyo internacional, tal y como
es el caso de Rafael Correa quien en breve dispondrá de la plataforma
televisiva Russian Today (RT), un medio de comunicación sensacionalista al
servicio del aparato de propaganda putiniano, como herramienta para atacar al
actual gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario