Pese a
la persecución,
el
pueblo mapuche sigue adelante
9 de diciembre de 2017
A pesar de la violencia y la búsqueda de
disciplinamiento contra el pueblo mapuche –común a los sectores populares- los
pueblos originarios tienen un horizonte de siglos. Dos muertos por represión
policial/militar en el sur de Argentina. Cientos de heridos y detenidos. Todo
un pueblo perseguido y una amplia región militarizada.
Por Raúl Zibechi para APe
Tres meses después de
la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto, y mientras se realizaba
el velatorio de su cuerpo que, según las autoridades, fue encontrado sumergido
en un río, sobrevino el asesinato de Rafael Nahuel por una bala 9 milímetros disparada
por la espalda. Más
de 300 policías, helicópteros y drones, contra un puñado de mapuche “violentos”
que, sin embargo, no portan armas.
La policía entró
disparando fuego real en una comunidad que había recuperado tierras meses
atrás. Los varones escaparon cerro arriba. Los uniformados se llevaron mujeres
y niños, los golpearon y mantuvieron aislados durante horas.
La criminalización de
las comunidades mapuche tiene una sola y única explicación: están recuperando
tierras. El pueblo mapuche controlaba sus territorios hasta fines del siglo
XIX, apenas cien años atrás. Desde que fueron despojados (Pacificación de la
Araucanía en Chile y Campaña del Desierto en Argentina), la vida de las
familias mapuche se trasmutó en marginalidad, pobreza, desempleo y
discriminación. Rafael Nahuel vivía en los “altos” de Bariloche ,
donde llegó su familia desde el campo unos años atrás.
Pero en las tres
últimas décadas la vida cotidiana mapuche comenzó a cambiar. Nacieron
organizaciones formadas por jóvenes, se re-crearon comunidades, se recuperaron
tierras. En los últimos quince años, luego de agotar la instancia
administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que
estaban en manos de grandes terratenientes. Una sola empresa, Benetton,
concentra un millón de hectáreas en la Patagonia.
No ha sido un proceso
sencillo. “Las comunidades mapuche que fueron más violentamente reprimidas en
los últimos meses en Chubut y Río Negro son parte de las mismas familias que
históricamente mueren por balas de los policías, de los dealers o de otras
bandas barriales en la periferia urbana”, escribe la antropóloga Ana Ramos
en la revista
Anfibia.
El trasfondo y el
contexto que explica la militarización de los territorios mapuche y la
criminalización de la recuperación de tierras, se llama extractivismo: en una
década y media se pasó de 40 proyectos mineros a 800 proyectos; de 12 millones
de hectáreas con soja transgénica se pasó a 22 millones, según el periodista
Darío Aranda. No se trata de un modelo productivo, sino de un tipo de sociedad
que excluye a la mitad de la población, le expropia las tierras y los recursos
naturales a las poblaciones indígenas y a los campesinos.
Un proyecto de acumulación
de capital que se redondea con especulación inmobiliaria urbana que expulsa a
los más pobres hacia las periferias de las ciudades, donde no tienen
estrategias de sobrevivencia y dependen sólo de tres recursos posibles: ayudas
estatales, vínculos con el narcotráfico, otras actividades ilegales como el
robo en pequeña escala (en gran escala la hacen las multinacionales mineras y
sojeras).
Los mapuche son uno de
los sectores sociales más afectados por este modelo de acumulación/despojo,
aunque no los únicos. En los últimos años, en algunas regiones falta agua
porque se sobre-utiliza en la minería y los monocultivos, lo que agrava la
situación de las comunidades.
Los grandes medios
hacen su labor que cierra el cerco policial/militar. En Argentina acusan a los
mapuche de violentos. Los vinculan sin pruebas a las FARC de Colombia, a los
grupos kurdos y también a ETA, como hizo el diario Clarín el 22 de enero de
este año. El mismo periódico se permitió relacionar a los mapuche con el ISIS y
desde el gobierno no dejan de asegurar que se trata de “terroristas”, aunque es
evidente que no emplean armas. Ser mapuche es sinónimo de subversivo para el
Estado y para buena parte de la sociedad.
Creo que hay tres
cuestiones que debemos profundizar para comprender dónde está el conflicto
entre el pueblo mapuche y los estados argentino y chileno, y escudriñar los
posibles derroteros en el mediano plazo.
La primera es que
luego de la derrota de fines del siglo XIX, el pueblo mapuche está de pie, toma
la ofensiva en la recuperación de tierras, consiguió involucrar a los jóvenes,
diversificar redes de solidaridad en la sociedad blanca y a escala
internacional. El pueblo mapuche ha cambiado en las últimas décadas. Buena
parte de sus integrantes adquirieron conocimientos propios del mundo blanco,
con los que han creado medios de comunicación, esbozan análisis de su historia
y de la realidad mucho más sofisticados que los que pudieron hacer en el
pasado.
Lo anterior nos indica
que la actual ofensiva mapuche por la tierra, la reconstrucción de sus
territorios, de la memoria y de sus comunidades, no es coyuntural sino
estratégica, durará décadas y está en condiciones de sortear los obstáculos
represivos.
La actitud del obispo
de Bariloche , Juan José Chaparro,
que muestra una activa solidaridad con las comunidades mapuche reprimidas y
comprende sus estrategias, es revelador de ambos hechos. Consultado por los
medios, explicó que algún grupo pudo haber impulsado la toma de un territorio,
como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, “pero de ahí a que se trate de
un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy
grande” (Página 12, 29 de noviembre de 2017).
La segunda cuestión es
que el sistema anclado en el extractivismo se comporta como una “guerra contra
los pueblos”, como señalan los zapatistas. Las grandes empresas mandan y
deciden en la Patagonia (Argentina) y en la Araucanía (Chile), tienen sus
propias guardias armadas e imponen su propia ley, que no es más que la fuerza
para lubricar ganancias. En la regiones donde impera el extractivismo (minería,
hidrocarburos y monocultivos), no existe la legalidad, ni los derechos civiles
y humanos. Estamos ante un nuevo colonialismo.
Las empresas compran
jueces y gobernadores, y al que no se deja, lo apartan. En diciembre de 2016,
el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió juicio político para el juez
Guido Otranto (enemigo también de los mapuche) por no haber condenado al lonko
Facundo Jones Huala, hoy en prisión. “No queremos jueces federales que actúen
en connivencia con delincuentes”, dijo Das Neves y llamó a que la población
desobedezca al juez (Lavaca, 29 de noviembre de 2017).
La tercera cuestión es
que los dispositivos de militarización que se aplican contra los indígenas, son
los mismos que afectan a los sectores populares urbanos y, muy en particular, a
los jóvenes y las mujeres. Quienes resisten en las ciudades la violencia
policial desbocada (denominada gatillo fácil) y los feminicidios, tienen mucho
en común con los indígenas ya que sufren las mismas represiones por los mismos motivos.
A pesar de toda la
violencia desatada contra un pueblo, las multinacionales y los estados tienen
enormes dificultades para disciplinar a los mapuche, porque comparten destino
–objetiva y subjetivamente- con todos los sectores populares. La impresión
dominante es que los estados pueden ralentizar el proceso de recuperación de
tierras, pero no pueden frenarlo ni hacerlo retroceder.
Los inevitables
cambios de gobierno juegan a su favor, ya que se abren grietas por las que
seguir adelante.
Una ventaja
estratégica mapuche que hace la diferencia: mientras la sociedad hegemónica
piensa en plazos de cuatro o cinco años (electorales) los mapuche, como los
demás pueblos originarios, tienen horizontes de siglos.
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