Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012
LA UAC declara el estado de alerta máxima por la
situación actual de Chubut
Atendiendo
la situación que se vive en Chubut, denunciada recientemente por la Unión de
Asambleas Chubutenses, donde se pretende habilitar la megaminería a pesar del
expreso rechazo de los pueblos de la provincia, la UAC, en su plenario de San
Juan decidió multiplicar fuertemente el estado de alerta máxima declarado desde
Patagonia. Las Asambleas de todo el país apoyan a las comunidades del sur
entendiendo que esta situación se replica en todas las provincias integrantes
de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), haciendo responsables de
cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir a todos los gobiernos de las
mismas.
Por
esto, a continuación reproducimos e invitamos a difundir y reenviar el
comunicado redactado en Trelew por las asambleas el 10 de noviembre pasado:
La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el día 10 de Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la provincia, expresa que: Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut.
Comunicado/Documento
de la Unión de Asambleas Chubutenses
Entendemos
que el impulso al tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco
Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la
megaminería, constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los
bienes comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como
también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las habitantes de
nuestra provincia.
Por
ello, advertimos:
1) La
población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por la falta de
respeto al mandato popular en relación con la megaminería. El
pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta perniciosa
actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas, foros y
organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica a estos
proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan producirse
desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la violencia que están
ejerciendo los funcionarios al servicio de los intereses megamineros.
Repudiamos
a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional, Presidenta Cristina
Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder Ejecutivo Provincial, el
Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador Gustavo
MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier Touriñan; así
como a los funcionarios nacionales: el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el
Secretario de Minería Jorge Mayoral por impulsar políticas extractivistas que
provocarán la devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación
institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país.
Consideramos
a los mencionados representantes, responsables del presente estado de
conflictividad social y de todas las consecuencias que pudieran producirse,
considerando que son ellos en forma personal y sus políticas las que generan
una violencia imposible de ignorar.
En
forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial, funcionarios
con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable para el cargo que
ocupan, señalamos en particular a:
a) El
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr. Eduardo Maza,
quien no sólo no es idóneo para su puesto –tal como él mismo ha expresado
referido a la problemática del manejo de la calidad de agua del Río Chubut-,
sino que lejos de velar por un ambiente sano y con políticas públicas que
propendan a un Control del Desarrollo Sustentable; por el contrario, actúa como
un promotor de la megaminería en la provincia, tal como lo ha demostrado en
cada exposición en su gira provincial.
b) El
interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en ambos lados
del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo empleado calificado de
las empresas que hoy solicitan permisos de exploración de minerales metalíferos
y radioactivos, en una clara infracción ética, avalada por el actual gobierno
que sólo busca operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.
c) El
Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se suma a la
gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola a la temática
hidrocarburífera para propiciar su habilitación.
Por lo
expresado -por considerarlos personas incompatibles, por idoneidad profesional
y por intereses ajenos al cargo que desempeñan- EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA,
y así lo solicitaremos formalmente en los próximos días.
Asimismo,
repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo Pérez Catán, Ricardo
Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero y jefes de comunas Mario Pichiñan,
Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en favor de la megaminería o excluirse de
un tema que resulta central para las actuales y futuras generaciones; en vez de
gestionar para la generación de actividades económicas verdaderamente
productivas, sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la
población.
En el
mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son representantes
de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por la mayoría de la
población y que no han sido autorizados a impulsar o aceptar propuestas que
perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si fueran en contra del expreso
mandato que en este aspecto se ha dado desde el año 2003 en adelante,
indicándoles claramente la negativa de avanzar en acciones que provocarán un
daño comprobado al ambiente, a la salud, a la cultura y a las posibilidades de
desarrollo económico de la población; nos ocuparemos de demandarlos por su
traición mediante todos los medios
de los que disponemos y deberán afrontar una condena social inconmensurable.
Deben
los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL QUE MANDA ES
EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al contrario de lo que
muchos están haciendo.
Trelew,
Chubut, 10 de Noviembre de 2012.
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Prensa
Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Noviembre de 2012
Es delito utilizar agroquímicos fuera de la Ley
Santa Fe, 25 de
noviembre de 2012
Legisladores a contramano
AAPRESID y la Sociedad de la Tierra Plana
Frente al contrapunto originado entre la agrupación
política "PARES" y los voceros del agronegocio agrupados en
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), motivado en
una propuesta de modificación del Código de Faltas provincial difundida por la Diputada Mónica Benas
que apunta a sancionar específicamente las fumigaciones con agroquímicos
"sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos
productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la
salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general” (1), desde
la campaña Paren
de Fumigarnos y los pueblos fumigados de Santa Fe afirmamos que nos hallamos
frente a un falso debate.
Que los minúsculos grupos nacidos en los 90,
promotores del modelo de agricultura tóxica y la siembra directa, contra toda
evidencia, salgan a defender su comercio, es ya un clásico. Sus “razones” no
van más allá de clichés y criterios anticientíficos cercanos a las que sostiene
la Sociedad de la Tierra
Plana (2) y no habrá evidencia que la creencia no pueda
negar. La responsabilidad de la siembra directa en las recientes inundaciones,
en palabras de responsables del Ministerio de Aguas de la provincia (3) es otro
perjuicio económico que afrontará el erario público para seguir manteniendo
artificialmente un negocio de pocos a costa de la salud y la vida de muchos.
El llamado de algunos referentes a desconocer las
leyes (4) tampoco sorprende y se alinea con la conducta de sus socios de
difundidas EXPOsiciones AGROpecuarias.-
Pero es por lo menos llamativo que mientras desde los
pueblos fumigados se insiste en promover la condena penal de quienes atentan
contra la vida y la salud de los habitantes de la provincia, en línea con la
más moderna doctrina jurídica que tuvo su punto máximo en los procesamientos
dictados en Córdoba por aplicación del Régimen Penal de la Ley Nacional de
Residuos Peligrosos nº 24.051, desde ámbitos legislativos se proponga rebajar
esas conductas a la categoría de contravención.
Sin necesidad de agregar nuevas figuras, el Código de
Faltas en su actual redacción contiene disposiciones dentro de las cuales bien
podría quedar aprehendido el comportamiento de quienes realicen fumigaciones en
violación a las disposiciones que regulan el uso de agroquímicos, entre otras,
la de los artículos 57 (violación de normas de seguridad e higiene), 134
(emisión de gases y sustancias nocivas), 135 (utilización indebida de productos
peligrosos) o 137 (atentado a ecosistemas), apuntando que las sanciones por
aplicación del mismo han sido prácticamente nulas en comparación con las
numerosas denuncias de violaciones registradas en los últimos años y no por
falta de regulación.
El equívoco queda a la vista a partir de la
jurisprudencia apuntada, que sentó la Cámara de Acusación provincial de Córdoba
en el caso del barrio Ituzaingó Anexo disponiendo el procesamiento de los
imputados por fumigaciones con agroquímicos (glifosato y endosulfán) realizadas
en violación a leyes y ordenanzas -dos de los cuales resultaron posteriormente condenados-
desde cuyo antecedente la discusión se encuentra en el ámbito del Derecho Penal
por aplicación de la ley de Residuos Peligrosos que prevee penas de prisión de 3 a 10 años, agravadas si de la
violación resultara la enfermedad o muerte de alguna persona.
Resulta paradójico que desde la institucionalidad, a
la hora de aplicar leyes penales vigentes, la propuesta sea incorporar nuevas
figuras, sin embargo frente a la necesidad de contar con normas que acentúen
las regulaciones considerando especialmente el astronómico incremento de los
litros/kg de agroquímicos utilizados y la constante introducción de productos
cada vez más tóxicos, se sostenga que alcanzaría con aplicar la ley existente
11.273, pronta a cumplir 18 años.
Cuando la población reclama mayor protección, en línea
con los principios que informan el derecho ambiental, tal como prescribe el
art. 41 de la
Constitución Nacional y la Ley General del
Ambiente, nuestros legisladores parecen transitar en sentido contrario.
El próximo jueves será la última sesión del senado
provincial y los pueblos fumigados, como lo vienen haciendo desde hace dos
años, intentarán que sus representantes se dignen responder el reclamo popular
prohibiendo las imprevisibles fumigaciones aéreas y restringiendo las terrestres
al menos 800 metros ,
avalado por miles de firmas y acorde a las constataciones realizadas por el
Ministerio de Salud Provincial y los centenares de estudios científicos que
bien harían en consultar quienes se lancen a opinar, de fácil acceso ya que fueron
formalmente presentados por mesa de entradas del Senado; esta vez con la
esperanza adicional de que los senadores, cuanto menos, hagan honor a la
emblemática y gastronómica fecha que popularizó a los días 29 de cada mes.-
Campaña “Paren de Fumigarnos”.
Movimiento de Pueblos Fumigados – Santa Fe
Referencias:
Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la
Contaminación
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