Crisis económica
y ofensiva extractivista
Por José Seoane y Clara Algranati.
América
Latina sostuvo su crecimiento hasta el 2011, y eso alimentó ilusiones de
blindaje regional ante la crisis global. Pero el panorama es mucho menos
tranquilizador. La crisis se expresa hoy en la región como ofensiva
extractivista.
Una de las formas en las que se expresa la crisis global en América Latina y el Caribe es bajo la promoción de un nuevo ciclo de mercantilización, apropiación y control de una serie de bienes por parte del gran capital, en especial los que llamamos bienes comunes de
Una evidencia de ello
fue la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región
entre 2008 y 2011, que llegó a volúmenes récords; entre 70 y 130% más que el
promedio ingresado entre 2000 y 2005, según detalla el trabajo “La inversión
extranjera directa en América Latina y el Caribe”, editado este año por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2011 este incremento
fue del 31% respecto al año anterior, aumentando la participación regional
sobre el total mundial, hasta alcanzar el 10%. Esta IED se orientó
mayoritariamente a América del Sur, especialmente a las actividades vinculadas
con la explotación de los bienes de la naturaleza. En este proceso se
destacan las inversiones en la megaminería, que representaron en 2011 un monto
histórico de 140 mil millones de dólares, un 40% más que en 2010 y un 250%
superior que en 2003 (Ver "Record en inversión minera").
Una ofensiva del gran
capital sobre los bienes naturales que no excluye ciertamente a los territorios
de otras regiones del llamado Tercer Mundo. El Banco Mundial, uno de los
promotores del proceso global de mercantilización de la tierra, reconoce que
entre 2008 y 2009 fueron arrendadas o vendidas 56 millones de hectáreas,
especialmente en África y América Latina, resultado de inversiones provenientes
en gran parte de los fondos de inversión trasnacionales. A su vez, la frontera
agrícola, particularmente bajo el motor de la soja transgénica, no ha dejado de
expandirse en los últimos años a nivel regional, consolidando en América del
Sur un territorio de soberanía corporativa que ha recibido el nombre de
“República de la Soja”.
Finalmente, esta
ofensiva se expresa también en el terreno global de la crisis climática; por
ejemplo, bajo la llamada “economía verde” impulsada en la
pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (“Río+20” ). Una iniciativa que no
sólo promueve la ampliación de los “mercados de carbono” y la producción y uso
de los agrocombustibles, sino también la utilización del agronegocio basado en
las tecnologías de manipulación genética. El empresario sojero argentino
Gustavo Grobocopatel, en un artículo publicado por el diario La Nación el 2 de
mayo de 2011, afirmaba: “cada vez más las plantas se utilizan como
biorreactores… [Que]…no sólo producen alimentos… sino variadas formas de
energía, enzimas industriales, plásticos o medicinas… [Y se convierten] en
pequeñas plantas industriales”. Así, bajo la excusa de “energías limpias y
renovables” para resolver el cambio climático, se intenta justificar un nuevo
proceso de mercantilización de la naturaleza.
En estos diferentes
terrenos, los pueblos de América Latina han afrontado y combatido en los
últimos años y de diferentes maneras los intentos de profundizar el saqueo, la
contaminación y la dependencia.
Megacorporaciones y
gobiernos
Una de las fuerzas que
motoriza esta ofensiva es la del capital trasnacional, representado por unas
pocas decenas de megacorporaciones. Pero, junto a éste, de manera asociada o
competitiva, aparece también el capital local-nacional tanto bajo la forma de
grandes grupos económicos (la Vale, Los Grobo, etc.) que tienen una proyección
regional e internacional, como de empresarios menores muchas veces encargados
de la realización de las formas más violentas e ilegales de esta acumulación.
Pero esta ofensiva
extractivista se instaló también en la agenda de los gobiernos de la región
que, incluso más allá de sus diferencias político ideológicas, parecen
inclinarse por profundizar este modelo, justificado como una respuesta ante la
incertidumbre económica global. En este terreno se cuentan los recientes
acuerdos de instalación de las primeras megamineras a cielo abierto en Ecuador
y Uruguay, los procesos de contrarreforma agraria y mercantilización de los
territorios amazónicos en Perú en 2008, y en la ley de regularización de
la apropiación privada ilegal de la Amazonia aprobada también en 2008 en
Brasil, bajo el gobierno de Lula. También los proyectos de “reforma energética”
y privatización de la petrolera mexicana PEMEX o las intenciones de privatizar
la empresa estatal de cobre CODELCO en Chile, y las políticas de promoción del agronegocio
y los agrocombustibles en el Cono Sur. Avanzan en el mismo sentido la
habilitación de grandes proyectos mineros por gobiernos recientemente electos
con un discurso de regulación de la megaminería, como Ollanta Humala en Perú,
Beder Herrera en la provincia argentina de La Rioja y el gobierno nacional del
mismo país frente al proyecto minero en Famatina. También se suma la
profundización y la expansión de la explotación hidrocarburífera, ahora
incluyendo los llamados petróleo y gas no convencionales. Son parte de la misma
agenda la promoción de la minería transnacional en Colombia y Centroamérica, y
el nuevo impulso de los proyectos hidroeléctricos y forestales en el sur
chileno.
Por último, la
promoción de esta ofensiva extractivista se expresa también en el terreno de la
geopolítica regional. Ejemplo de ello es el golpe de Estado parlamentario en
Paraguay, prohijado por los sectores latifundistas, del agronegocio y la megaminería. Muestra
de su rostro autoritario -presente también en la represión y violencia ejercida
ante el conflicto social- y de la iniciativa estadounidense en el control de
los bienes naturales signada, a partir de 2009, por el redespliegue militar y
los intentos de desestabilización con el golpe en Honduras como una de sus
primeras manifestaciones. Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para
la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En 2011, entre
las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se
incluyó la realización de 31 obras de infraestructura promovidas por el Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que forman parte de
la cartera del IIRSA, integrado al COSIPLAN en 2009. De esta manera, la
prioridad otorgada a estas obras para facilitar el comercio exterior de
commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo
exportador.
¿Ante un nuevo ciclo
regional de luchas?
Frente a esta ofensiva,
una ola de protestas y resistencias sociales emergió y está desarrollándose en
el continente. Allí se cuentan un sinnúmero de las principales luchas y
movilizaciones de los últimos años que ponen en cuestionamiento al modelo
extractivo exportador. A pesar de la fragmentación y aislamiento al que quiere
condenárselas, en múltiples casos lograron detener los emprendimientos o
morigerar los efectos más regresivos de las políticas públicas.
La combinación de estos
procesos con el impacto de la desaceleración económica y los ajustes del gasto
fiscal, sugiere que estamos frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional
de luchas. Ciclo que parte de los cambios y los logros pero también de los
límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década.
Y donde la construcción colectiva de alternativas populares frente a la crisis
plantea también el desafío de elaborar un proyecto alternativo de “otro
desarrollo”.
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