Desafíos ante la nueva frontera
 |
| ¿QUÉ HAY DETRÁS DE SU RECUPERACIÓN? |
Por OPSur.- Cuando las asambleas
socio-ambientales cuestionan la mega-minería metalífera y afirman: “el
agua vale más que el oro”, logran la adhesión de amplios sectores
de la población, incluso de abrumadoras mayorías, en algunas regiones. El agua
es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos; la ecuación es
sencilla: sin agua no hay vida. En cambio, podemos prescindir del oro. Pero si
afirmamos: “el agua vale más que los hidrocarburos”, esa
certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos, aunque
biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos. Es decir, lo que entra en juego no es
la vida misma sino un modelo de vida: la Era Petrolera , que comenzó hace poco más de 150 años, es un ínfimo
fragmento de la historia de la Humanidad.
La respuesta más común a esa
consigna es: “vos usas tu auto y yo también”,
cerrando el paso a pensar cualquier alternativa, trasladando todo el peso de la
existencia de esta matriz energética al consumidor individual y no a decisiones
políticas. Aceptando, por ende, la creación de zonas de sacrificiocomo
un hecho irreversible. (Zonas de sacrificio que son territorios que albergan
pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida.) Se
evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué
derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia
de ciudadanos de segunda.
Desde el momento que se aceptan
las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar
virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del
territorio con un único objetivo:extraer
la energía almacenada en las entrañas de la Tierra.
Sin duda la dependencia de la
sociedad actual respecto de los hidrocarburos es muy fuerte y no sólo en
términos energéticos -que en Argentina representan la
base de nuestra matriz-, ya que sus derivados están también presentes en el día
a día: desde la ropa, el calzado y los recipientes plásticos a una amplia gama
de productos que los requieren como insumo.Nuestro vínculo -dependencia- con los hidrocarburos no tiene punto de
comparación con la relación que mantenemos con el oro -cuyo valor responde a una convención
social más que a una aplicación material.
El punto no es dejar mañana de
extraer hidrocarburos y de consumir sus derivados -ya que sencillamente es
imposible-, sino empezar de una vez la transición hacia otras
fuentes en lugar de profundizar la matriz existente, con sus
costos socio-ambientales, sus zonas de sacrificio; y buscar otras alternativas
para el desarrollo regional.
Hace años que se debate en ámbitos
internacionales si hemos alcanzado o no el pico del petróleo, el Peak
Oil, el fin del petróleo barato. Haber
llegado a él significa que en adelante extraer hidrocarburos demandará mayores
inversiones, por lo que su precio aumentará y se trasladará a toda la cadena de
producción y consumo; además del incremento de los riesgos ambientales,
ya que se avanza en yacimientos ubicados en aguas profundas o en ecosistemas
continentales muy delicados, fuentes de biodiversidad. (En el marco del
concepto de desarrollo vigente, basado en la acumulación, la muletilla de la
existencia de avances tecnológicos que disminuyen esos riesgos, los controles
estatales y el compromiso ambiental de las empresas, se desvanecen ante
catástrofes como el hundimiento de la plataforma de British Petroleum en el
Golfo de México.)
La carrera del petróleo (los
sueños del emirato propio)
La necesidad de seguir inyectando
hidrocarburos en el mercado energético se conjuga, en nuestro país, con otra
necesidad: la de inyectar fondos para las alicaídas economías regionales. En 2006, con la sanción de la Ley
26.197, culminó la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de la
Nación a las provincias -proceso que se inició en 1994 con la reforma
constitucional. Desde ese año al presente 21 de las 23 provincias
se han lanzado a la carrera de licitar y adjudicar áreas de exploración -por el momento están fuera Catamarca
y Buenos Aires, que ya adecuaron su legislación para sumarse a la competencia,
y la Capital Federal. Una
carrera que no guarda relación con las iniciativas que, desde el ámbito
público, se promueven para el desarrollo de energías limpias. (Energías limpias de verdad, no agro-combustibles.)
Este fenómeno recuerda el
recorrido hecho por la agroindustria con el boom del precio de la soja: un veloz desplazamiento de la
frontera agropecuaria, aumentando año a año las superficies cultivadas, al
costo de desmontes y desalojos de comunidades indígenas y familias campesinas. El avance de la frontera hidrocarburífera ha comenzado a levantar
polvo en los departamentos salteños Gral. San Martín y Rivadavia, donde ya se
escuchan protestas de comunidades wichí y familias campesinas.
Nuevamente ven caer el monte bajo las topadoras, esta vez abren picadas para
realizar la prospección sísmica.
Esas voces que se alzan preguntan
qué pasará con el agua si avanzan con la perforación de pozos y si de los
estudios surge que la extracción de gas y petróleo es rentable. Se lo preguntan
porque, en algunos casos, no tienen acceso al agua en la
cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna. Se lo
preguntan porque no fueron informados sobre lo que se haría en sus tierras y
territorios; porque las comunidades indígenas no fueron
previamente consultadas; y porque -como ha sido denunciado en algunos casos-
las obras comenzaron sin la aprobación de los correspondientes Estudios de
Impacto Ambiental ni la realización de Audiencias Públicas -todos
requerimientos de la legislación vigente.
Por sus propios medios esas
familias indígenas y campesinas se han enterado que durante la perforación de
pozos podrían comunicarse reservorios de diferentes calidades o secarse sus
actuales fuentes de provisión de agua, si no se toman los recaudos necesarios durante
las operaciones. También que podrían contaminarse las napas con los
productos utilizados para la lubricación de la broca que se adentra en la
tierra, agujereando las rocas; o
por un inadecuado manejo de los residuos generados. Se preguntan
todo eso porque poco va quedando del monte que los alimenta y sustenta sus
culturas. El despojo del agua sería su final.
Su temor es igual al manifestado
por los pobladores de Zapala ante la adjudicación de áreas de exploración en
esas latitudes. Porque bajo esa ciudad neuquina se
extiende el Acuífero Zapalino, que provee agua de excelente calidad y permite
la vida en esa urbe levantada en el desierto. Lo mismo en la provincia de Entre Ríos, donde temen por la suerte del
Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más
importantes de la región.
Los temores no nacen de la
“imaginación”, del “desconocimiento”, de la “ignorancia” que se le suele
adjudicar al pueblo en estos casos; sino de casos concretos, como el de las
comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de La Lata, Neuquén.
Ambas se levantan sobre el principal yacimiento de gas del país, cuya
explotación empezó a fines de la década del ’70. Tras
20 años de actividades, promediando la década del ’90, se descubrió la
presencia de hidrocarburos y metales pesados en el agua que consumían en ese
paraje, sustancias que fueron halladas -en niveles alarmantes- en los cuerpos
de mujeres y hombres, niños y ancianos, que explicaban su deteriorada salud. Su historia llegó a la prensa de tirada
nacional, a los canales de televisión, e incluso varias películas documentan
aquella situación. Y ese es tan sólo un caso emblemático, pero antecedentes
de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, de territorios
degradados, pueden encontrarse en cualquiera de las 10 provincias que
históricamente han extraído gas y petróleo.
La emergencia de asambleas
socio-ambientales a comienzos del milenio instaló en la agenda pública nacional
temáticas que resultaban marginales en años anteriores, incluso aportó una
‘dimensión ambiental’ a quienes históricamente denunciaron las políticas de
saqueo de los bienes comunes. Esa emergencia instaló en amplios sectores de la
población que, más allá de las necesidades inmediatas, el agua vale más que el
oro. El desplazamiento de la frontera hidrocarburíferas
en ciernes plantea el desafío de darle otra vuelta de tuerca a nuestra
comprensión de mundo, instándonos a cambiar nuestro modelo de generación y
consumo energético.
(*) Una primera versión de esta
nota fue publicada en “Otros Territorios” Número 8 – Año II. Publicación
digital del Parque Nacional en Pizarro.
------
Apoyo a la lucha contra la
exploración y explotación de yacimientos no convencionales en Neuquén
05/07/2012 por
COMUNICADO PÚBLICO
Desde el OPSur nos
solidarizamos y apoyamos el acampe en rechazo a la exploración y explotación de
yacimientos no convencionales que se realizará mañana, 6 de julio, en la ciudad
de Neuquén, convocado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.
La historia reciente
de EEUU, uno de los pocos países que ha implementado masivamente la técnica de
fractura hidráulica (fracking), es un testimonio irrefutable del gran deterioro
e impacto ambiental, social y cultural sufrido por los territorios donde se han
desarrollo yacimientos no convencionales de hidrocarburos ( arenas compactas/lutitas/tight
sands y/o roca de esquisto/pizarra/shale). Teniendo en cuenta este
antecedente, la ciudadanía se ha expresado en numerosos países donde se
pretendió aplicar la fractura: Francia y Bulgaria han prohibido la técnica y se
han dictado moratorias en Estados Unidos, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y otros países al no haber garantías ni certezas sobre la
inocuidad de la fractura hidráulica.
Por estos lares, dada
la extensión y presencia de los yacimientos no convencionales la problemática
es nacional y regional. Si bien Neuquén es donde más se ha avanzado en el
desarrollo de los mismos, el conjunto de las provincias patagónicas avanzan en
igual dirección. Asimismo el gobierno de Entre Ríos promueve activamente la
exploración de no convencionales, y las autoridades de Corrientes y Salta se
entusiasman con la idea de haber sido ‘bendecidos con estos recursos’. En
paralelo, el gobierno de Uruguay avanza en la exploración en la frontera con
Entre Ríos.
Al accionar de
los gobiernos provinciales se suma el Plan Estratégico presentado por la
flamante dirección de YPF, en el que presentan la explotación de yacimientos no
convencionales como objetivo prioritario para lograr el autoabastecimiento de
hidrocarburos y subsanar la deficitaria balanza comercial energética.
Llamamos a la
ciudadanía en general a que se interiorice sobre este tipo de explotación y,
en particular, sobre la situación de las comunidades mapuce Gelay Ko y
Kaxipayiñ, donde ya se han perforado pozos utilizando la fractura hidráulica.
A mediados de junio
los comuneros de Gelay Ko fueron reprimidos por las fuerzas policiales
neuquinas, y dos de sus miembros encarcelados, por oponerse a nuevas perforaciones
en su territorio –conocido como Anticlinal Campamento- por parte de la empresa Apache. Una
situación similar se vive en la comunidad Kaxipayiñ , donde se ubica el yacimiento
Loma de La Lata, que ha expulsado recientemente a la compañía de servicios
petroleros San Antonio y reclama por la urgente remediación de los pasivos
ambientales, sociales y culturales que sufre en su territorio.
Este avance se hace
violando los derechos colectivos del Pueblo Mapuce, tanto de consulta y
participación como de autodeterminación, y se prioriza la seguridad jurídica de
las operadoras. Varias décadas de extracción hidrocarburífera nada han dejado a
los comuneros salvo los impactos.
Manifestamos nuestro
férreo rechazo a las políticas públicas que han promovido y promueven la
expansión de la frontera hidrocarburífera en el conjunto del país, teniendo
como responsables no sólo las provincias sino también el Estado nacional, y
especialmente a la nueva vocación extractivista despertada por este tipo de
yacimientos. Nuevamente se posterga el imperioso camino de la transición
energética hacia una matriz social y ambientalmente justa.
Rechazamos la Iniciativa Global
de Gas de Esquisto promovido por el Departamento de Estado norteamericano, a la
que se ha suscripto nuestro país, donde nuevamente se subordina la política
energética a los intereses corporativos y los países centrales.
Nuestra solidaridad
con las organizaciones y el pueblo que se moviliza para defender el agua y los
territorios, nuestra solidaridad con el acampe en el monumento a San Martín.
Observatorio Petrolero Sur
Buenos Aires, 5 de julio de 2012.
Buenos Aires, 5 de julio de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario