Ruptura de la conciliación K con el poder económico e imperialista para ejercer el derecho de luchar

Luchar es un Derecho

 

Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner. Por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner.

En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre otros.

Informe sobre la Criminalización de la Protesta Social

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.

Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; y Liberpueblo.

El informe:

Abarca el período 2001-2012

Sintetiza los primeros resultados de la investigación que estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

La base de datos se encuentra en permanente proceso de registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta.

Está organizado en las siguientes partes:
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Informe estadístico de casos criminalizados registrados
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe

Resultados Estadísticos

Total de Criminalizados Registrados: 2268 
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Porcentaje de criminalizados por año - 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia - 2001-2012
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto - 2001-2012

Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  Porcentaje de criminalizados por provincia - 2001-2012
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.

 

Organizaciones criminalizadas

Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este informe.

Anexo: Víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular. Compañeros y compañeras asesinados entre 2001 y 2012

Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012.

Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)

 

Más de 4000 compañeros 
y compañeras criminalizados

Como se refleja en el informe estadístico, en estos primeros resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización, los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones gremiales.

Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales.

Con todos estos registros, el número de compañeros y compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000.

Nueva denuncia

En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo.

Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las 11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en defensa y solidaridad con los compañeros.

Leer el Informe completo

Contactos de prensa:
AEDD: 15-53372868
APEL: 15-56045905
CADEP: 15-54992811
CADHU: 15-50951324
CEPRODH: 15-41702398
CORREPI: 15-44170659
Liberpueblo: 15-69703562

Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4893