Fondo del Bicentenario para el Endeudamiento y la Sumisión

Facundo Gutiérrez Galeno / Al Dorso cita a TeleSUR:
“El 60 por ciento de los argentinos están de acuerdo con la creación del Fondo del Bicentenario con el cual el Gobierno nacional destinará parte de las reservas internacionales del Banco Central al pago de la deuda pública, según lo publicado este domingo por dos empresas encuestadoras de ese país sudamericano.”“Sobre una muestra de mil casos, la consultora Centro de Estudio de Opinión Pública (CEOP), arrojó que seis de cada 10 argentinos (61,3 por ciento) mostraron su "acuerdo" en la creación del Fondo Bicentenario para garantizar el pago de la deuda.” Nos sitúa así en el contexto que dificulta el análisis del tema. En efecto, advierte:
"La desinformación que generan los grandes medios de comunicación con respecto a la problemática de la deuda pública, y el maniqueísmo que de ello hace el Gobierno Nacional, puede ser un disparador para comprender el resultado de la encuesta publicada por TELESUR. Para ello, es necesario aclarar ciertas cifras, factores y elementos olvidados en las mayorías de las notas periodísticas publicadas en las últimas horas.

Fondo del Bicentenario para el “Desendeudamiento y la Estabilidad”
El Ejecutivo Nacional el 14 de Diciembre de 2009 dicta el decreto Nº 2010/09, publicado en el Boletín Oficial el 15/12/09, por medio del cual crea el “FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LA ESTABILIDAD, cuyo objetivo es llevar adelante los pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con vencimiento en el año 2010 , siendo el mismo administrado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS”. Es decir, un Fondo tendiente al pago de los servicios de deuda pública para el año 2010, según lo dispuesto en la ley de presupuesto 26.546.
Dicho fondo será integrado con 6.569 millones de dólares, o el equivalente en otras monedas, provenientes de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La instrumentación inicialmente planificada por el Ministerio de Economía - digo “inicialmente”, porque en las últimas horas esta forma está sujeta a revisión por la cartera de economía, atento a la posibilidad jurídica de embargos por los hold out´s- es la de conformar una cuenta en el Tesoro de la Nación, transferir las divisas de libre disponibilidad del BCRA al Tesoro recibiendo como contraprestación un instrumento de deuda pública emitido a 10 años “con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente.”
El destino del Fondo estará exclusivamente afectado al pago de vencimientos de servicios de deuda pública para el año 2010, siendo 2.187 millones de dólares para cancelar vencimientos con Organismo Multilaterales, y los restantes 4.382 millones de dólares para la cancelación de vencimientos con tenedores privados . De esta manera, el Ministerio de Economía intentará crear una garantía de pago con dinero ya disponible, para afrontar los vencimientos de servicios de deuda sin esperar ni someter a la recaudación según la estimación de ingresos por ley presupuestaria. Es así, que el objetivo técnico del Ministerio es lograr lo expuesto expresamente en el considerando del Decreto 2010/09: a) apuntalar la “política de desendeudamiento” iniciada en el 2003, b) y generar “aportes sustantivos de otras fuentes, como el exceso de reservas internacionales para procurar reducir el stock de deuda, mejorar el perfil de vencimientos, y abaratar el costo financiero cuando corresponda.”

De lo que se trata es de utilizar dinero del BCRA para destinarlo al pago de servicios, (destaco “servicios”, porque los vencimientos por concepto de amortización de capital de deuda pública para el año 2010 son mucho más que 6.569 millones de dólares), y lograr de esta manera una mayor confianza en el mercado internacional. Al disponer del dinero en forma efectiva, y sin esperar la recaudación correspondiente por ley de presupuesto, se logra disminuir el “riesgo país” con la consiguiente disminución de las tasas de interés que dicha operatoria conlleva, permitiendo al Gobierno Nacional “abaratar el costo financiero” para la obtención de nuevos créditos.

Este objetivo primordial para el Ejecutivo, lo ha manifestado en varias ocasiones el Ministro de Economía Amado Boudou al sostener que se busca lograr nuevos créditos para este año con tasas de interés anuales inferiores a dos dígitos. Es decir, toda la operatoria consiste en tratar de salir al mercado financiero internacional con un costo más accesible del que disponía la Argentina hasta ahora. Recordemos que las últimas colocaciones de títulos públicos en el exterior fueron con la República Bolivariana de Venezuela, teniendo que pagar un alto costo financiero debido a la concertación de una tasa de interés anual del orden del 14 %. Hoy la situación mundial es claramente diferente, la Reserva Federal norteamericana está prestando dinero al 0% de interés. Dato no menor a la hora de analizar el juego carroñero que realicen los buitres financieros con nuestras reservas invertidas en el exterior.


Hay que decir que la jugada técnica planteada por el Ministerio de Economía no es mala. Al Contrario, si de lo que se trata es salir al mercado internacional a endeudarse fuertemente este año, la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional es razonable. El problema no reside en la mal intencionada política opositora de respetar la autonomía del BCRA, o de la inconstitucionalidad claramente visible del decreto 2010/09. El problema está allí, en la invisibilidad reinante de las falsas dicotomías seudo patrióticas de la pelea oficialista con la inefable y rastrera retórica oportunista de la oposición más vernácula. La cuestión reside en la “política de desendeudamiento” que dice sostener el Gobierno, y que la oposición calla al respecto. En el propio considerando del decreto de creación del Fondo del Bicentenario, queda claro que el objetivo es salir a endeudarse. En todo caso, uno debiera preguntar ¿Para qué “abaratar los costos financieros”? ¿Cuál es el objeto de querer bajar las tasas de interés de nuevos créditos a solicitar por la Argentina al mercado financiero internacional? Y la respuesta es simple: endeudarse por 40.000 millones de dólares este año, lo necesario para afrontar “amortización de deuda pública y otros pasivos”, como lo sostiene el Art. 4, de la Ley de Presupuesto Nº 26.546.
Dejemos por un instante estas cifras, y retomemos otros de los ejes retóricos del Gobierno Nacional en cuanto al BCRA.

Las penas son de nosotros, las reservas son ajenas.
Sin entrar a analizar la constitucionalidad del Decreto 2010/09, por el cual se modifica el Art. 6 de la Ley de convertibilidad Nº 23.928, y se establece que “las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.” (ley que fuera modificada en el año 2005 por el Gobierno Nacional al establecer el pago al FMI con reservas, cuya posibilidad estaba vedada por la normativa menemista); creemos necesario aportar algunas elementos y cifras olvidadas en el discurso oficial.
Es interesante en este punto seguir la claridad expositiva manifestada en el considerando del Decreto de creación del Fondo del Bicentenario. El mismo afirma:
“Que las reservas internacionales se quintuplicaron entre comienzos de 2003 y diciembre de 2009, pasando de US$ 8.245 millones a US$ 47.539 millones; aun a pesar de haber pagado con ellas US$ 9.530 millones al Fondo Monetario Internacional a principios de 2006. Como porcentaje del producto bruto interno, las reservas pasaron de 9.5% a alrededor de 16.4% en el mismo período.”
La reservas del BCRA han crecido a un fabuloso ritmo, ¡pero ojo!, más de 11.000 millones de dólares (43.368 millones de pesos a Diciembre 2009) son deuda, las famosas notas y letras del Central (Lebac y Nobac). Y deuda cara. Los títulos devengan intereses del orden de 10 al 16 %. Ahora uno se pregunta: ¿Dónde están las reservas del BCRA? ¿Están todas en Argentina?
“Que, sin embargo, uno de los efectos de la propensión a autoasegurarse redunda en un flujo neto de capitales desde el país que acumula reservas hacia los países desarrollados, dado que la acumulación de reservas internacionales supone la formación de activos externos emitidos por estos países.”

Respuesta clara: No, como lo sostiene el propio gobierno en el considerando del decreto, una parte importante se encuentra invertida en bancos privados extranjeros depositados en el mercado de EEUU. ¿Cuánto nos pagan por esta plata tan generosamente prestada por nuestras naciones a las economías “desarrolladas”? Veamos que nos dice la Administración Nacional:
“Que el rendimiento anual promedio ponderado obtenido por la administración de las reservas internacionales del BCRA en el periodo 2003-diciembre 2009 se ubicaría en orden al 3% en US$. En particular, desde 2007 el rendimiento obtenido ha experimentado una sensible baja llegando en la actualidad a menos del 0,5% anual.”
A ver si entendimos bien. Nos pagaron por nuestro dinero depositado en el extranjero una tasa promedio de 3% anual en los años que van de 2003 a Diciembre 2009. Y para la actualidad 2009/10, apenas un 0,5 % de interés anual. El Gobierno tienen razón, la conducción de Redrado (presidente o ex presidente del BCRA) al frente del Institución autárquica nos está haciendo perder plata. Pero desde el 2003 venimos perdiendo el ahorro de los argentinos.
Sigamos con el siguiente considerando del decreto:
“Que, adicionalmente, cuando las autoridades monetarias compran las divisas a los exportadores a través de la emisión de letras o notas vía operaciones monetarias de esterilización, la tasa de interés de dichos instrumentos serán mayores a la que recibe de las reservas.”
Bueno, aquí si entramos de lleno en el meollo del robo. Claramente lo expresa el gobierno: al emitir las notas y letras del BCRA para “esterilizar los pesos” volcados al mercado por la compra de divisas a los exportadores, y de esa manera mantener el tipo de cambio US$ 1= $3,80, el BCRA emite deuda con una tasa de interés promedio anual que ronda hoy entre el 10 al 16%. Es decir, mayores de lo que le dan a la Argentina por invertir sus reservas en el mercado internacional, que recordemos eran del 0,5% anual actualmente.
Si uno fuera mal pensando diría que grupos financiero toman nuestras reservas prestadas, pagando un interés mensual del 0,5%, vienen a la Argentina y compran las letras y notas del BCRA, y el mismo Central les paga un intereses del 11 % anual por prestarle el dinero de las propias reservas. De esta manera se quedan con una rentabilidad del 10%. ¡Qué rentable negocio! ¡Qué riesgo empresarial el de lucrar con el dinero del pueblo argentino! Y esto sin contar que actualmente la Reserva Federal presta a una tasa de interés del 0 %.
Cosas así, y una multiplicidad de jugarretas más, es lo que hace el sistema financiero mundial para sostenerse a costa de nuestro capital. Son los efectos de una estructura productiva causante de los grandes males que azotan a nuestras vejadas naciones “subdesarrolladas".
Lo que se viene:
40.000 millones de dólares de endeudamiento público para el 2010
Este gobierno dispuso pagar por ley de presupuesto 2010 unos 7.000 millones de dólares para los “servicios” de la deuda. Casi la misma cifra de este fondo "patriótico y soberano" del Bicentenario. Pero, en la misma ley de presupuesto 2010, en su Art. 4, se autoriza al Ejecutivo Nacional ha endeudarse por 40.000 millones de dólares ($ 150.343.662.330). Es decir, niveles de endeudamiento superior a los menemistas, y delarruista. ¿A qué se destinará tamaña cifra de pesos (la mitad del presupuesto nacional)? A "amortizar de deuda pública y otros pasivos" por $ 122.639.571.107.

ARTICULO 4º.- Ley Nº 26.546 — Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA ($ 621.467.050). Asimismo se indican a continuación las Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las Planillas Nros. 11, 12 y 13 Anexas al presente artículo.
Fuentes de Financiamiento
157.247.974.977
- Disminución de la Inversión Financiera
6.904.312.647
- Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos
150.343.662.330
Aplicaciones Financieras
157.869.442.027
- Inversión Financiera
35.229.870.920
- Amortización de Deuda y Disminución de otros Pasivos
122.639.571.107

Por Ley de Presupuesto Nº 26.546, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a endeudarse por 40.000 millones de dólares. El destino de semejante endeudamiento: pagar deuda. Notarán que las cifras son muy superiores a los US$ 6.569 millones en discusión por el Fondo del Bicentenario. Claro, todo se reduce a cifras, a complejas y frías variables económicas financieras que no logran reflejar la terrible agonía de una vida sesgada en el terror del hambre.
Materialicemos como podamos estos números. Tomemos como ejemplo cuánto dinero le costaría al Estado erradicar la pobreza del territorio nacional.
Si una familia tipo (dos adultos y dos menores) para no ser pobre debe tener un ingreso de $1.700 mensual, según el Indec; con sólo 10.000 millones de dólares anuales, entregando subsidios mensuales a dichas familias ($ 1.700), dejarían de existir los pobres en la Argentina. ¡Con sólo 10.000 millones de dólares anuales según las estadística oficiales!
Es decir, con un cuarto del endeudamiento que autorizó el Ejecutivo en la ley de presupuesto de este año. Sin embargo el Gobierno habilita para pagar deuda por más del triple de esa cifra. Entonces, no les parece que tomando al propio Scalabrini Ortiz en su magnífico libro Política Británica en el Río de La Plata habría que discutir qué es lo que se está pagando. Tenemos pruebas de sobras (Causa Olmos I, Olmos II, Megacanje, entre otras, todas radicadas en Justicia Federal) que los pagos que se están efectuando son productos de fabulosos y antipatrióticos ilícitos. Sin embargo, esta alternativa de cuestionar la licitud y legitimidad de la deuda pública argentina no figura en la agenda de la pusilánime y cobarde de la oposición, ni tampoco en la acción popular y chovinista de la administración nacional.


El problema no es la autonomía del BCRA, ni la inconstitucionalidad del Decreto 2010/09 por el cual se crea el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, ni mucho menos la inconstitucionalidad del decreto 18/2010, por el cual se remueve a Redrado de la presidencia del Central, como insiste sostener la parasitaria dirigencia entreguista neoliberal enfilada ahora en la retórica de una oposición rastrera. El problema ni siquiera consiste en crear “Fondos” para negociar nuevos créditos más baratos para seguir pagando deuda ilegítima e ilícita.
Pero, si queremos crecer el destino de fondos a prestaciones sociales, no discutamos falsas dicotomías disfrazadas de lucha ideológica popular y progresista vs. Derecha fascistoide lame botas. Esto, no nos permite ver el meollo del cáncer que nos consume.
Hablemos de la deuda. ¿Qué se está pagando? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su destino? De lo contrario, siempre caeremos en el juego de la retórica oportunista de nuestros verdugos.
Creo que luego de este pequeño desarrollo, se podrá comprender un poco más el resultado lamentable de la encuesta realizada. Muchas medidas oportunistas llegan a nosotros travestidas de una retórica popular y patriótica. Hablar de “Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad” es un verdadero oxímoron".
AL DORSO
UN PROGRAMA
SOBRE DEUDA EXTERNA
SABADOS 13 HS
LA TRIBU FM 88.7
Fuente: http://www.aldorso.com.ar

La UAC denuncia criminalización de la protesta social

La Agencia de Noticias Red Acción reproduce lo que Prensa Unión de Asambleas informa (1° de Febrero de 2010):
Declaración de la UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas
Sobre la criminalización y judicialización de la protesta social Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios

Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.

En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro "destino manifiesto".

Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
La represión y criminalización: Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.
La violencia represiva: Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.
Las víctimas: Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo" de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.
Los medios informativos y la "invisibilización": Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.

Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON el poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.
Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.

El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales:
De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.

La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.
Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

¿Quiénes son los terroristas?:
Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquélla que reúne las siguientes características:
-tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y -disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas.

Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas.
Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.
Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:

• La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de la Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.
  
• Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.
  
• Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero", perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.
  
• El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios. De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
  

Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.

Frente a este contexto represivo y criminalizador, nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas. También damos nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de Andalgalá en Catamarca y Palma Sola en Jujuy que se encuentran en plena movilización por la inminencia de la puesta en marcha del megaemprendimiento minero Agua Rica y la implantación de transgénicos, respectivamente, que están causando estragos irreversibles en la población. (Enero de 2010) Fuente: http://www.anred.org/ / 2-2-10