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26/6/2010
Hoy se cumplen ocho años de la Masacre de Avellaneda, una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.
La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores peronistas y radicales y las cámaras empresarias UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.
Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta libre para matar.
Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.
Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado. (..)
En este 8º aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia de Juicio y Castigo a quienes planificaron, dieron la orden y encubrieron los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta conseguirlo.
Porque la impunidad genera más impunidad; quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 8 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores.
El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas, incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo crecían los aprietes, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.
Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.
El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que con una contundencia multitudinaria hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo. El gobierno de su sucesor, Kirchner con el aval de Duhalde, buscará combinar distintas modalidades represivas con la cooptación política y la caja del clientelismo.
Duhalde debería estar hoy en el banquillo de los acusados, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla.
En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, Solá, JJ Alvarez, Anibal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodriguez, Vanossi, Capitanich.
Kirchner intentó cooptar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la cooptación y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta. La complicidad de los Kirchner con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y de excusarse de presentarse ante la justicia que lo requirió como testigo de la causa.
Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos!
Estamos acá para denunciar que bajo los Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores.
Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, y el castigo a los que lo organizaron y llevaron adelante, exigimos la aparición con vida de Luciano arruga, ambos testimonio de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del narcotráfico, el delito y los asesinos de la dictadura impunes.
Estamos aquí para denunciar que a 8 años de la Masacre sigue intacto el aparato represivo responsable de la brutal represión. Un ejemplo de esto es el asesinato de tres jóvenes en la provincia de Río Negro y la brutal represión a la pueblada que en respuesta a tan artero ataque policial desarrollaron los barrios humildes de Bariloche. Desde esta tribuna denunciamos la responsabilidad del gobernador radical K Saiz. Exigimos la renuncia del jefe de gobierno y el Secretario de Seguridad rionegrinos, el castigo a los responsables de la represión, y el retiro inmediato del BORA y la Gendarmería.
Más de tres años después del fusilamiento del luchador docente y militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén sólo está preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión siguen gobernando, es en la provincia donde sigue impune el asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas para-estatales. Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos están libres de culpa y cargo se condena a los compañeros que repudiaron el asesinato.
Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es heredero del golpe militar del ¨76 que, con Néstor antes y Cristina Kirchner ahora, sigue actuando animado por los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde 1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que desde la era Kirchner suma 847 muertos por casos de gatillo fácil.
Los juicios a represores 30 años después, llegan sólo a un grupo reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los miles de implicados.
Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno alienta el juicio contra militantes populares, sociales y políticos; asambleístas ambientalistas en Gualeguaychú, Vicente Lopez y Andalgalá; piqueteros y piqueteras; ex delegados del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft y estudiantes de la FUBA.
Venimos de enfrentar la represión del kirchnerista Urtubey en Mosconi en donde fueron salvajemente reprimidos hombres, mujeres, niños y niñas que pedían trabajo y comida; y la detención por 3 meses de los desocupados de Las Heras. Estas situaciones se dan en todo el país. Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la continuidad de las políticas represivas y la cárcel a Roberto Martino, preso por denunciar los crímenes del sionismo, para quien exigimos la libertad inmediata.
Ninguno de estos hechos impunes puede darse sin el amparo del poder político. Por eso en este 8º aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia de Juicio y Castigo a quienes planificaron, dieron la orden y encubrieron los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta conseguirlo.
Porque la impunidad genera más impunidad; quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 8 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE, sin embargo, el fiscal se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden del Secretaria General de la Presidencia, quien todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se manifiesta así, a lo largo de estos 8 años, el hilo conductor de impunidad que une a los gobiernos de Duhalde y los Kirchner
Los reclamos que levantamos en aquella jornada, como en tantas otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más urgentes no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que militaban Darío y Maxi sino en todo el país.
La crisis capitalista mundial se desarrolla en una nueva fase, marcada por la quiebra de los estados y las rebeliones populares. A través de las grandes huelgas generales en Grecia y España, y las movilizaciones en toda Europa en defensa del salario y la jubilación y contra el ajuste, la clase obrera asume su protagonismo en el desarrollo de la crisis. Los trabajadores de todo el mundo se levantan para que la bancarrota capitalista no caiga sobre sus espaldas. En nuestro subcontinente latinoamericano siguen desarrollándose grandes luchas contra los gobiernos y las clases dominantes que aplican las políticas de hambre y miseria dictadas por el imperialismo.
Mientras el gobierno favorece al capital financiero intentando concretar un canje con intereses leoninos y pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, sumando la deuda en default, los comedores escolares languidecen, los presupuestos de asistencia social están congelados y subejecutados, mientras vuelve a haber muertos por desnutrición y brotan epidemias que hacen estragos en la niñez. Frente a la destrucción del salario que implica un 40 por ciento de inflación, la intervención obrera ha transformado las paritarias en un campo de disputa fenomenal; el 35 % de aumento de la alimentación, resultado de la huelga general y las ocupaciones de Arcor. La gran lucha de la alimentación puso en crisis la política de topes salariales de Moyano, Yasky y el Gobierno nacional.
El Gobierno sostiene a 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima en $895 miserables, mientras saquea la ANSES para obtener los recursos para el pago de la deuda.
A meses de haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y desocupados sólo se han inscripto 70.000 en el conurbano y se postergó la aplicación en el interior. El Gobierno se queda con los fondos para el plan, subejecuta los presupuestos al tiempo que coloca los programas otorgados bajo control del aparato de punteros de los intendentes del conurbano y las organizaciones oficialistas. La lucha piquetera por trabajo, por la universalización de los planes de asistencia y trabajo y su puesta bajo control de las organizaciones populares está más vigente que nunca, así como también la necesidad de organización sindical por sus reivindicaciones de las compañeras y compañeros ingresados a trabajar.
Señalamos que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y ha sido recortado por la brutal inflación en los alimentos en los últimos meses. Además significa un injustificado ahorro presupuestario en la medida que elimina otros planes sociales sustentados por el Estado para derivarlo al pago con fondos del Anses.
Frente a esta situación reclamamos trabajo. Que se garantice la inclusión de miles de trabajadores en el Programa Argentina Trabaja. Para quienes queden excluidos reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria. Que se reabran las paritarias, por un aumento mínimo del 35%, un salario igual a la canasta familiar para los trabajadores del campo y la ciudad, el 82% móvil para las jubilaciones y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas.
Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de conjunto, de los estudiantes, del movimiento de los campesinos pobres y los trabajadores y trabajadoras del campo y pueblos originarios y seguimos en la calle, por nuestros reclamos de terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del estado y por justicia para nuestros compañeros que cayeron en el curso de esta lucha.
Frente a esta agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos por el juicio y castigo para todos los responsables de la Masacre de Avellaneda y del asesinato del profesor Fuentealba y Lázaro Duarte, el esclarecimiento de la desaparición de Julio López, y Luciano Arruga, por la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores. Por perpetua para todos los genocidas. Sólo a partir de la movilización y lucha popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos la justicia para Darío, para Maxi, para Fuentealba, por Julio López y por todos quienes sufren la explotación o la represión.
Desde este histórico Puente le decimos a los Kirchner, a los Cobos, a los Scioli y los Macri, a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por salario, por vivienda, salud y educación.
Rechazamos la pretensión del kirchnerismo de realizar un acto oficialista a través de sus organizaciones afines, el que busca apropiarse de nuestras banderas de lucha, cuando es este mismo gobierno el que garantizó la impunidad de los responsables de los asesinatos de Darío y Maxi y tiene en sus filas a miembros del gabinete de Duhalde.
Repudiamos el intento de manipular el histórico reclamo de justicia por parte del mismo gobierno que mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social.
Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con el compañero junto al que salimos a luchar y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.
A 8 Años de la Masacre de Avellaneda
JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO
DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 8 AÑOS DE IMPUNIDAD
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
CARCEL YA A DUHALDE, SOLA, A. FERNANDEZ, VANOSSI, JJ ALVAREZ.
LIBERTAD A R. MARTINO Y DEMAS PRESOS POLITICOS.
DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MÁS DE 5000 LUCHADORES POPULARES.
EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA.
REPUDIAMOS LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE.
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!
MTD Aníbal Verón NF, Frente Popular Darío Santillán, CTD Aníbal Verón, Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, MST Teresa Vive, FOL, Agrupación Barrial Víctor Choque, OPR Villa Hidalgo, MTR por la Democracia Directa, Barrios de Pie, Bloque Piquetero Nacional (Mov. Brazo Libertario, Unión de Trabajadores por la Dignidad, Unión de Trabajadores en Lucha, MTR 12 de Abril), MTR La dignidad, Movimiento Unidad y Lucha, Quebracho, MTL Rebelde, ATE Gran Bs As Sur-Lomas de Zamora, ATE Almirante Brown- Pte. Perón, Agrupación Víctor Choque de ATE, PO, Mas, MST, PTS, MTR, MIR, Frente Estudiantil Revolucionario, Razón y Revolución, Agrupación Estudiantil la Tribu Roja y Negra, Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible, Tendencia Piquetera Revolucionaria.
