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15 de diciembre de 2016

Privilegiar una política desde los territorios y hacia un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico e internacionalista revolucionario.

La geopolítica del caos y el fin de ciclo en las entrañas de América Latina
13 de diciembre de 2015
Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión
 “…si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional, ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”.
Giorgio Agamben

El Gran Tablero Mundial se recalienta. El conflicto social se está propagando por todo el entramado del sistema-mundo, producto no sólo de las extraordinarias desigualdades socio-económicas y la devastación de fuentes de vida y territorios, sino también por la terrible vulneración que se ha provocado sobre los tejidos sociales en estos más de 30 años de neoliberalismo global. Como síntoma y consecuencia de estos procesos, derechas y extremas derechas ganan cada vez más terreno en numerosas partes del planeta.

En América Latina, las entusiastas ilusiones emancipatorias que se propagaban durante el auge de los gobiernos progresistas están siendo desplazadas por un horizonte de resistencias, ahora básicamente desde la perspectiva de las organizaciones populares de base y movimientos sociales. Se trata de un horizonte más incierto, pero necesariamente más combativo.

Este panorama para Latinoamérica no debe ser simplemente interpretado como una potencial “vuelta al pasado”, como un regreso en la línea del tiempo a 1990. Importantes transformaciones han ocurrido en la región, suficientes como para afirmar que ya nada será igual por acá. Hay que mirar hacia adelante advirtiendo no sólo tendencias histórico-estructurales sino también identificando los rasgos del tiempo sui generis que vivimos.
La crisis civilizatoria parece prefigurar una geopolítica del caos, donde también opera una estrategia de lo contingente, de lo inestable, que por ser más versátil, flexible, abierta y descentralizada no deja de ser virulenta y profundamente reaccionaria –por ejemplo, la llamada “Doctrina Obama” estuvo marcada por estos rasgos [1] . En este marco, es fundamental resaltar dos elementos:

a.      algunos mecanismos tradicionales de intermediación en lo económico (como los estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva) y en lo político (como los sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles) parecen estar en proceso de franco agotamiento histórico, sea porque su legitimidad social está muy socavada, porque no pueden sostenerse en el tiempo o bien porque representan un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical. Por tanto, éste apunta a procesos masivos e intensivos de apropiación directa de la riqueza y el trabajo, sin intermediación ni negociación ni seducción, principalmente en el Sur Global, pero avanzando también en el Norte. En este sentido, la guerra deja de ser solo acontecimiento histórico y se va constituyendo como ejercicio permanente de micro-política y como referente de los regímenes de poder y los estados de derecho;

b.      pero la apropiación directa no supone necesariamente una actuación imperial a modo de aplanadora, sino basada en estrategias diferenciadas que permitan sostener lo más posible los procesos de acumulación, los mercados y la circulación de capital. A esto podríamos llamarle una política del cinismo: la combinación de retazos de asistencia social, regionalizaciones del consumo, zonas de “paz” con estados de guerra territorial, estados de excepción selectivos, configuración de democracias sitiadas, regímenes de poder regional paraestatales, entre otros, que se van desarrollando dependiendo de factores de coyuntura y las diversas reacciones socio-políticas que provocan.

Desde el análisis geopolítico del discurso oficial progresista latinoamericano, se ha promovido la total centralidad de la contradicción Imperio vs Nación-periferia (básicamente EEUU vs los gobiernos progresistas), interrumpiendo un análisis de multi-escalas y dejando engavetadas las propias contradicciones domésticas Estado-Gobierno – territorios/población.
Al mismo tiempo, se ha impulsado una prevalencia del imperio-acontecimiento (por ejemplo, para el caso de Venezuela, una eventual intervención militar estadounidense) dejando de lado el imperio-proceso, el cual expresa los múltiples mecanismos de penetración y transformación desde adentro de las tramas sociales, de las fuerzas contrahegemónicas, de las facetas desafiantes de los regímenes políticos nacionales, con el fin de ir mermándolos y mutándolos para facilitar la acumulación de capital y la apropiación de recursos y trabajo. Esta forma de intervención puede lograr el desmantelamiento y desactivación progresiva de un proceso contrahegemónico de cambio, aunque en la superficie dicho régimen político busque mantener una fachada popular-emancipatoria. En este sentido, es vital resaltar la contradicción Imperio-territorios/población.
Este análisis integrado macro-micro-político, de múltiples escalas espaciales, esta fenomenología del imperialismo, es útil al menos por dos razones:
Primero, factores como el caos global y los altos niveles de incertidumbre, riesgo y volatilidad sistémica, en los cuales muchas de las macro-instituciones tradicionales son cada vez menos funcionales y se requiere de la acción directa; la lógica de penetración total del neoliberalismo a escala planetaria; la potencial desregulación o mutación de los Estados latinoamericanos ante esta nueva etapa; la vulnerabilidad de pueblos y comunidades ante esta situación; la disputa geopolítica por los recursos naturales; entre otros, resaltan la especial importancia del foco sobre la dinámica en los territorios. Una estrategia de apropiación directa supone analizar más de cerca lo que ocurre en los mismos, y en los tejidos sociales, donde se están desarrollando vitales disputa por la vida a escala global.
Segundo, dicho análisis podría contribuir a hacer visibles los diferentes actores involucrados en las intervenciones que el capital transnacional impulsa, y que son canalizadas en escalas globales, regionales, nacionales y locales. Permite destacar las operaciones de interfaz geográfico mediante las cuales opera el capital para finalmente llegar al tejido de la vida socio-ecológica. De esta forma, por ejemplo, es posible resaltar la relación orgánica, aunque no necesariamente explícita, que tiene el extractivismo con estas formas de operación imperial.
En las disputas geopolíticas y nacionales en estos nuevos tiempos para Latinoamérica, no solo se ha abierto el escenario para la aparición de gobiernos favorables a uno u otro bloque global de poder, sino también la configuración de nuevas y complejas “gubernamentalidades” (Foucault) en los territorios y los tejidos de la vida. Controlar y administrar el caos, así como aprovechar y canalizar los cambios esenciales que se han producido en estos tejidos socio-territoriales, parece ser un objetivo central en estas disputas por el mando político. Conviene evaluar pues, el terreno espinoso donde se están desarrollando las luchas actuales y las que vendrán.

El terreno espinoso de las luchas por venir: reconfiguraciones en las entrañas de América Latina
El ciclo progresista latinoamericano que parece concluir, y que ha tenido impactos directos e indirectos en toda la región, puede ser también leído como una nueva ola modernizadora para la región, impulsada no solo por el boom de los commodities que iniciara en la década pasada, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos en la distribución social de los excedentes captados en este proceso.
Plantear que América Latina ya no será igual supone reconocer que esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y tendrá notables efectos para toda la vida en la región.
Si bien varían en diversos grados y no operan de manera absoluta, en los diferentes países latinoamericanos es posible verificar algunas tendencias compartidas tales como:
· Crecimiento de los procesos de urbanización, modernización territorial y de la población dentro de las ciudades, con tendencias persistentes al incremento para los próximos años [2] . Caotización y vulnerabilidad de las ciudades –recuérdese por ejemplo, la crisis hídrica en São Paulo desde 2014 o las inundaciones en Buenos Aires en 2013. Expectativas de "modos de vida imperial" (U. Brand) en cada vez más gente, lo que se está uniendo contradictoriamente con la actual situación de caída de los precios de las commodities.
· Avances de la frontera extractiva en toda la región. Relanzamiento y expansión a gran escala en sectores del extractivismo que no han sido los tradicionales para cada país, como el caso de la minería en Venezuela o Ecuador, o el petróleo en Brasil. Avance de los extractivismos de alto riesgo por medio del impulso de la explotación de hidrocarburos no convencionales, tales como la perforación y fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, Argentina; o los crudos pesados y extrapesados en Colombia y Venezuela [3] .
· Crecimiento en los metabolismos sociales (flujos de materiales, energía y agua), que aunque en términos relativos (tasas de crecimiento, flujos per cápita, etc.) podrían disminuir en relación a décadas pasadas, muestran notables tendencias al alza en términos absolutos [4] . Esto ocurre no sólo en las ciudades, donde una porción de las poblaciones han sido incorporadas al consumo de más energía, materiales y agua, sino también a raíz de la expansión del extractivismo en los territorios de la región.
· Sistemas sociales más complejos. Incorporación masiva de sectores de las clases pobres a las clases medias [5] . Estratificaciones sociales más heterogéneas e híbridas –por ejemplo, barrios populares en los cuáles conviven diferentes "clases" sociales. Nuevas subjetividades en los jóvenes que perfilan una actitud ante la política y juegan un importante rol en el desarrollo de este fin de ciclo.
· En algunos países se produjo el surgimiento de nuevas burguesías, en el seno de los procesos de acumulación de capital impulsados directa o indirectamente por las políticas de los gobiernos, como en el caso de los progresismos radicales de Venezuela y Bolivia –“Boliburguesía” y “Burguesía Aymara”, respectivamente.
· Financiarización de las clases populares y robustecimiento cualitativo de las economías informales. A pesar de que en varios países de la región creció el empleo formal en la última década –como en Argentina, Brasil y Chile–, debido a las características de los modelos primarizados de la región, el sector informal sigue siendo muy significativo –un promedio de 50% del total, siendo que en países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala o Perú, se supera notablemente esta cifra [6] . El proceso de financiarización social le ha dado mayor organicidad a la economía informal y fortaleza en términos cualitativos, en la medida en la que vigorizó sus redes, potenciadas por el alto consumo. Podríamos decir que se socializó el sector terciario de la economía, potenciando una mayor autonomización del sector informal. A raíz del fin del boom de las commodities y una eventual agudización de la crisis económica en la región, es probable que se produzca una re-explosión de la economía informal. ¿Qué pasa cuando informalidad pasa a ser un determinante de toda la economía y de los tejidos sociales?
· En diversos grados, dependiendo de los territorios y países, las estructuras socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas y campesinos han sido impactadas. Nuevas ruralidades y nuevas configuraciones en el mundo indígena se han venido desarrollando, con consecuencias respecto a la preservación de sus territorios, sus modos de vida, sus resistencias y sus patrones culturales.
· Surgimiento de nuevas derechas, que asumen nuevas narrativas, proyectos más híbridos y flexibles, con nuevos rostros, las cuales buscan capitalizar los numerosos cambios sociales, culturales y políticos de la región. La crisis de los progresismos ha re-abierto el camino a un potencial desprestigio de los ideales revolucionarios y socialistas en amplios sectores de la población, con mayor fuerza en Venezuela.
· Grupos de delincuencia social, urbanos y rurales, que han mutado a formas mucho más sofisticada de acción, con mayor capacidad de fuego y tecnológica, y con mayor conciencia de su poderío político, principalmente en los territorios que logran controlar.
· Afianzamiento de lo que hemos llamado un "neoliberalismo mutante" [7] , el cual se ha configurado como un modo heterodoxo, híbrido, estratégico y flexible de acumulación de capital que muta, se reacomoda permanentemente, y en el cual pueden coexistir, por ejemplo, mercantilización sin privatización o financiarización con intervención estatal, sin que esto implique el abandono de un eventual giro a la ortodoxia o el horizonte de despojo masivo que lo constituye.
· Penetración múltiple de las economías latinoamericanas por diversos actores geopolíticos, donde han tenido creciente presencia China y en menor medida los otros países de los BRICS. Destacan los nexos del gigante asiático con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina [8] . Relativo desplazamiento de la hegemonía de los EEUU. Brasil ha incrementado su influencia geopolítica, resaltando su papel en Suramérica. En general, el fin de ciclo está también marcado por una especie de guerra fría que se desarrolla a nivel mundial.
· Vivimos en un mundo aún más convulso que cuando empezó este período de perfil progresista.
Sobre la superficie accidentada, movible, irregular y volátil de esta geografía política de los muy diversos entramados sociales latinoamericanos se van conformando cadenas de regímenes de poder, diferenciados pero profundamente conectados con las disputas geopolíticas, los Estados de la región y los procesos de acumulación de capital a escala global. Conviene examinar las tendencias que configuran, desde arriba, un marco de excepcionalidad y militarización de todos los ámbitos de la vida; y desde abajo, una cooptación del antagonismo, especialmente de sus facetas autoritario-delincuenciales.

Gestionando el caos desde arriba: regímenes de excepción y militarización de la vida
Los tiempos por venir en América Latina parecen apuntar a tiempos conflictivos, de revueltas e intensas disputas territoriales por los recursos. Los Estados latinoamericanos no solo se van adaptando a las dinámicas de la crisis económica global a través de la creciente ejecución de reformas y ajustes macro-económicos (desde la Reforma Energética en México a las Zonas Económicas Especiales en Venezuela), sino también se ven compelidos a desarrollar o ampliar formas de cooperación con la lógica de guerra global imperante.
En este marco, y con miras en la administración y gestión de los escenarios de crisis y caos sistémico, se perfila una creciente política de militarización de todos los ámbitos de la vida y la expansión de estados de excepción diferenciados. Situaciones o contextos de contingencia vinculados a una “amenaza excepcional”, van siendo canalizados a través de estos mecanismos de control, sea por crisis económica (como el Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado a nivel nacional en Venezuela desde mayo de 2016, para combatir la “guerra económica” y otros factores [9] ); lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (como el declarado por el gobierno peruano en septiembre 2016 en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco [10] ); fenómenos naturales (como la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [11] ); grandes eventos (como el estado de excepción declarado por el gobierno brasilero para los Juegos Olímpicos de agosto de 2016 [12] ); y evidentemente revueltas populares y manifestaciones sociales de diverso tipo.
Pero es fundamental destacar que el desarrollo de este proceso no solo se da por decretos; la promulgación de leyes antiterroristas y el endurecimiento de los códigos penales; el establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses en la región (especialmente en Perú, Paraguay y Colombia); la modernización de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia; o incluso la búsqueda de consolidación del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR; sino de cómo todos los aspectos y ámbitos de la vida social van siendo atravesados progresivamente por la lógica militar/policial de control, sitio, vigilancia y represión. De cómo el sistema de derechos y garantías sociales va quedando cada vez más suspendido para que vaya imponiéndose una régimen político de excepcionalidad permanente, que permite a las fuerzas de seguridad oficial tomar el control de los recursos, instituciones y territorios “vulnerados” por la “amenaza extraordinaria”.
Todo esto se va configurando independientemente de si la alianza geopolítica de los diferentes Estados latinoamericanos es con los Estados Unidos, con China, o con otros actores nacionales y corporativos.
Sin embargo, como ya hemos señalado, estos procesos evolucionan de maneras diferenciadas en los países y territorios latinoamericanos, al tiempo que no se trata necesariamente de regímenes aplanadora o de formas totalitarias homogeneizantes, sino que responden a estrategias variables, flexibles y regionalizadas.
Por un lado, hay que tomar en cuenta las estructuras políticas domésticas, la significación geopolítica de cada país y regiones, la importancia de sus recursos y la intensidad de las resistencias populares ante los diversos procesos de intervención del capital, para comprender cómo se asignan y se recurre a las diferentes modalidades e intensidades de operación sobre los territorios y población.
En México, la “Guerra contra el Narcotráfico” (2006+) y la Ley de Seguridad Nacional (2011) generan un marco de brutal excepcionalidad permanente y generalizada, con numerosas similitudes a la región centroamericana, en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En Suramérica, Colombia destaca como régimen constituido en buena medida por la excepcionalidad y por ser un área geopolítica de pivote (o bisagra), siendo que el escenario post-conflicto no supone necesariamente que se interrumpa el proceso de militarización imperante (con procesos actuales de intensa represión social y desaparición de activistas) y el crecimiento de la asistencia militar por parte de los EEUU [13] .
A su vez, en los países de gobiernos progresistas latinoamericanos se han producido intensas disputas socio-políticas atravesadas por actores rivales nacionales e internacionales, lo cual incrementa los niveles de conflictividad general, y por ende, los procesos de militarización y escenarios de excepcionalidad, siendo Venezuela el caso donde esto se desarrolla con más intensidad.
La Amazonía aparece como una zona clave en la evolución de estos procesos de conflicto. Del mismo, modo destacan formas de militarización urbana (ej. caso brasileño) y las complejas dinámicas fronterizas en toda la región (ej. la Triple Frontera o la frontera Colombo-venezolana).
Por último, aunque países como Chile, Uruguay o Costa Rica no se señalen como grandes áreas estratégicas, de riesgo o de insubordinación, pueden señalarse procesos de este tipo en menor escala o sectorizados, como ocurre con la creciente militarización y conflicto en la araucanía chilena.
Finalmente, es esencial insistir en que el costo político, económico y social, y las enormes dificultades que conllevan la ejecución y mantenimiento de un régimen total de excepcionalidad permanente a escala nacional, plantean la pertinencia para el status quo del impulso de políticas sectorizadas y de contingencia.
El fin de ciclo no tiene que ser pensado única y necesariamente como un tsunami arrasador. Una restauración conservadora en América Latina o una radicalización de la acumulación por desposesión parece ir ensamblándose progresivamente, mediante políticas que, aunque puedan llegar a ser violentas y de ampliación del despojo social, se configuran de maneras selectivas y diferenciadas.
Más allá de estos dispositivos desplegados desde arriba, es necesario también examinar cómo estos también pueden expandirse desde las propias tramas de la vida social, analizar cómo se van configurando desde abajo.

Gestionar el caos desde abajo: autoritarismos delincuenciales y el tejido social como campo de batalla
Pese al progresivo ensamblaje de todos estos dispositivos de control, los marcos de la legalidad y de los aparatos e instituciones formales están siendo cada vez más desbordados por las dinámicas sociales, culturales, metabólicas y territoriales que se desarrollan en las entrañas de la región, y que hemos descrito anteriormente.
El crecimiento de redes de narcotráfico, de amplios entramados de economías informales y comercio de contrabando, muchos de ellos de carácter transfronterizo, y la acelerada expansión de la minería ilegal, principalmente en la región amazónica, están constituidos por grupos socio-políticos que logran ejercer cada vez más poder sobre los territorios, configurar economías locales con cada vez mayor arraigo popular, generar crecientes daños ambientales, e impactar significativamente sobre los tejidos sociales y los procesos de producción cultural y de subjetividad.
El control territorial de los cárteles mexicanos en varias regiones del país; el avance político de las “maras” en Centroamérica (recordemos el paro de transporte convocado por Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, en julio de 2015 [14] ), las estructuras de poder de grupos armados irregulares y bandas criminales urbanas y rurales en Colombia, y la forma acelerada como han crecido estas en Venezuela; la expansión del tráfico de commodities en la Amazonía y otras zonas del sub-continente (especialmente en las nuevas fronteras de la extracción); son expresión de cómo estos grupos pueden incluso crear sus propios regímenes políticos, sus propias formas de excepcionalidad, los cuales podemos entenderlos como autoritarismos delincuenciales regionalizados.
En estos circuitos y territorializaciones, no hay área protegida, zonas de reserva, derechos humanos, regulaciones económicas y jurídicas que cuenten, no solo porque no se impone una institucionalidad formal que los haga respetar, sino porque al mismo tiempo se van institucionalizandodesde abajo estos otros formatos de lo “paralelo”-ilegal-informal.
Es común endilgar la ocurrencia de estos fenómenos a una “ausencia de Estado”, y aunque en efecto esto puede revelar un abandono o desplazamiento de la institucionalidad estatal, conviene también analizar procesos de cooperación y articulación que se están produciendo entre los ámbitos de lo formar/legal y lo informal/ilegal.
El capital y el Estado pueden configurar una poderosa biopolítica que opera en un doble ámbito de acción: no solo en la militarización de la vida y su lógica de control de espectro amplio, impulsada desde arriba, sino también buscando cooptar las pulsiones contrahegemónicas, desde abajo. Esto básicamente implica intentar canalizar el malestar popular, el desbordamiento social, las pulsiones de sublevación y de poder, poniendo especial atención en las poderosas estructuras delincuenciales, para favorecer formas de control territorial y apropiación local del trabajo, los recursos, los cuerpos y el territorio, al tiempo que se pueda dividir, fragmentar y vulnerar aún más el tejido social que podría conformar la alternativa contrahegemónica. De esta forma, el tejido social se convierte en campo de batalla.
La consigna mexicana a raíz de la tragedia de Ayotzinapa (2014) de “No fue el narco, fue el Estado”, que expresa un régimen de co-gobierno o entrecruzamiento de aparatos represivos formales y grupos delincuenciales; las variadas expresiones cooperativas entre sectores militares y los grupos que impulsan la expansión de la minería ilegal en la región amazónica; o bien el importante rol que van adquiriendo las instituciones policiales en el propio auge de la delincuencia urbana; por mencionar algunos ejemplos, revelan un patrón de poder que tiene un carácter multi-escalar, corporativo y reticular, en el cual las fronteras entre lo formal/legal y lo informal/ilegal se van haciendo cada vez más borrosas. Esto nos trae de nuevo a la recurrente pregunta sobre qué es el Estado, pensándolo ahora desde América Latina en el siglo XXI.
Tomando en cuenta el auge de los poderes territoriales delincuenciales y las ramificaciones y desbordamientos de los Estados más allá de los márgenes de lo formal/legal, nos preguntamos también si solo se trata de una tendencia coyuntural o bien estamos ante la configuración histórica de nuevas formas de estatalidad en la región. En el marco de la geopolítica latinoamericana, ¿estamos ante una tendencia regional estructurada y determinada por las intensas disputas inter-capitalistas mundiales? ¿Son los ejemplos africanos y asiáticos (como el Boko Haram o el ISIS), referentes de un patrón de apropiación radical en los territorios del Sur Global?
En la biopolítica de la disputa mundial, la batalla trascendental se está produciendo sobre los tejidos sociales y los territorios/ecosistemas. Es fundamental tomar en cuenta estas tendencias en los análisis de los tiempos por venir para la región. Se trata de una cuestión vital.

Lo común en el caos: pensarnos desde el conflicto, disputar el antagonismo, tejer comunidad
El caos sistémico es también la revelación de un sistema extraordinariamente agrietado, por donde siempre podrán colarse las pulsiones de la revuelta y la transformación para la emancipación. El agotamiento del “ciclo progresista” muy probablemente va a suponer la apertura de nuevos ciclos de luchas populares en América Latina, las cuales a su vez podrían promover el surgimiento y expansión de nuevas modalidades, narrativas y formatos de operación en las mismas. Pero un desenlace de la actual encrucijada regional, lo más favorable posible para un proyecto popular-ecológico-emancipatorio, pasa por reconocer los códigos de operación de estos agresivos regímenes de poder multi-escalares.
Decir que los propios tejidos socio-territoriales son un campo de intensa batalla, como nunca antes en la historia del capitalismo, supone reconocer que la fuerza destructiva del capital penetra en las redes de la vida –su fuerza ecocida– y en la propia constitución de lo popular-comunitario. ¿Cómo se desarrolla y se desarrollará el antagonismo de lo popular, el antagonismo de los pobres y de los excluidos, en tiempos de caos sistémico? ¿Qué formas toma o puede tomar?
Intervenir violentamente en la propia producción constitutiva de lo popular-comunitario busca transformar su potencia en máquinas fragmentadas de guerra, en campo fértil para la distopía; canalizar el descontento social hacia formas orgánicas de fascismo; formatear la comunidad para el combate a lo que está fuera de ella –las maras centroamericanas pueden ser interpretadas como comunidades/máquinas de guerra–; y así volver inviable la masividad de una revuelta emancipatoria.
No basta pues, sólo promover el antagonismo contrahegemónico, sino incluso disputarlo para intentar encauzarlo a un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico, en donde lo humano se funde con la realidad material de su geografía inmediata, de su ecosistema, y la reproducción y afirmación de la vida.
Esto implica privilegiar una política desde los territorios y por ende, alcanzar una meta que hasta ahora no se ha conseguido en el grueso de los proyectos y narrativas de la izquierda: descentrar el rol del Estado en las transformaciones sociales. No se trata de ignorar su presencia, operación y poder, ni tampoco, como han insistido algunos autores, reivindicar un “horizonte localista”, sino impulsar una estrategia multi-escalar en la cual la lucha territorial y la reproducción material de la vida son centrales y punto de partida de toda la lucha emancipatoria.
Cuando pensamos en las estrategias y narrativas en la escala global, la regional e incluso la nacional, ¿qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas, esas que pueden unir numerosas subjetividades y agrupaciones en torno a un proyecto común? ¿El socialismo? ¿El desarrollo? ¿La democracia?
Ante el desbordamiento de los contratos sociales y la configuración de la guerra como factor de organización social por excelencia, ¿debemos defender hasta el máximo los principios y marcos mínimos de los estados de derecho, de garantías mínimas sociales, los pilares del ideal de la democracia? ¿Qué queda como proyecto para la convergencia de luchas, más allá del parapeto de las estructuras institucionales de la modernidad? ¿Es posible resignificar los pilares fundamentales de la llamada democracia? ¿Una democracia radical y ecológica podría y debería ser un eje narrativo y programático que articule diversas iniciativas populares de lucha? ¿Podemos avanzar juntos sin un gran proyecto movilizador?
Tal vez una de las paradojas de los tiempos que vivimos reside en la forzosa combinación de una esperanza a la cual no podemos renunciar, con la franqueza y valentía de reconocer que el desborde del conflicto, su masividad, su multiplicidad, nos habita cada vez más. ¿Es el estallido social del Caracazo en 1989 en Venezuela solo un acontecimiento histórico o la expresión de la configuración de un nuevo escenario político urbano, de la inviabilidad de las ciudades latinoamericanas, de la latencia de su desbordamiento?
Las intensas luchas de resistencia indígenas y campesinas en el Perú; las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán, México; las retenciones de militares por parte de pueblos indígenas en Colombia y Venezuela; los cortes de ruta y asambleas populares en comunidades como Famatina, Argentina; los bloqueos a excavadoras y múltiples métodos de acción directa para la resistencia, realizados en numerosas localidades latinoamericanas; ¿son conflictos convencionales o la respuesta ante un radical avance belicista hacia las nuevas fronteras de las commodities? Creemos que pensar las alternativas pasa también necesariamente por pensarnos desde el conflicto.
Tal vez convenga reivindicar el “principio de esperanza” no únicamente anclado en un horizonte ideal por conseguir, sino también orientado a una disposición que rodea y queda contenida en el hacer, en el devenir, sea cuando las aguas están calmas o bien cuando haya avisos de tormenta. Mientras tanto, tejer y tejer comunidad, en cada ámbito y escala de lucha, parece un objetivo vital en estos tiempos. Y no olvidar que el juego sigue abierto.
Caracas, diciembre de 2016
*Emiliano Teran Mantovani, sociólogo venezolano, master en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador.
Fuentes consultadas
- AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%. Diario Pyme. Sin fecha. Disponible en http://www.diariopyme.com/oit-empleo-informal-en-america-latina-alcanza-el-50/prontus_diariopyme/2016-06-21/144744.html
- Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo. 14 de mayo de 2016. Disponible en http://albaciudad.org/2016/05/decreto-estado-excepcion-estado-emergencia-mayo-2016/
- BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador. 29 de julio de 2015. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729_america_latina_el_salvador_maras_pandillas_paro_transporte_aw
- CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe. HABITAT III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Quito, 17 a 21 de octubre de 2016. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40658/1/S1601057_es.pdf
- Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html
- EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible enhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo
- Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? BBC Mundo. 29 de mayo de 2014. Disponible enhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_economia_trabajo_informal_wbm
- Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East. International Affairs 92: 1 (2016) 97–113. Disponible en https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_05_Krieg.pdf
- Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema. OPSur-Oilwatch Latinoamérica. septiembre 28, 2016. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/
- Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016. 17 de junio de 2016. Disponible en http://www.telesurtv.net/news/Brasil-declara-estado-de-excepcion-para-Olimpicos-Rio-2016-20160617-0043.html
- Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). Documentos de Trabajo Celarg, 2014, vol. 5, p. 1-27. Disponible en http://www.celarg.org.ve/Espanol/Imagenes/avances%20de%20investigacion/5.%20Documento%20N%C2%B05.%20Emiliano%20Teran%20(corregido).pdf
- Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina. Rebelión. 6 de febrero de 2014. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450 .
- The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia. 4 de febrero de 2016. Disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace-colombia-new-era-partnership-between-united-states-and
- UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America. 2013. Disponible en http://www.unep.org/dewa/portals/67/pdf/RecentTrendsLA.pdf
- United Nations. World Urbanization Prospects 2014. United Nations New York, 2014. Disponible en https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
- United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD. 15 octubre 2016. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/america-latina-debe-impulsar-un-modelo-de-crecimiento-urbano-que-genere-riqueza-sugiere-el-pnud/


[1] Sobre esta discusión, véase por ejemplo: Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East.
[2] Véase: United Nations. World Urbanization Prospects 2014; y CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe.
[3] Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema.
[4] UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.
[5] United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD.
[6] Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%.
[7] Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).
[8] Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina.
[9] Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo.
[10] EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo.
[11] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán
[12] Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016.
[13] The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia.
[14] BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220341

A quince años del 19y20,en Bolivia, organización y lucha abajo por el poder y capacidad de decisión del pueblo.

Democracia boliviana en perspectiva
12 de diciembre de 2015
Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión
En otro artículo realicé algunas reflexiones acerca de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí se efectúa un rápido repaso sobre el actual estado de situación de la democracia en los últimos 10 años. (Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217900&titular=democracia-en-el-estado-plurinacional-).
Aquí intentaré efectuar un análisis sobre las perspectivas que surgen como resultado de los acontecimientos y el contexto nacional, en un periodo que parte de mediados de los años 80, (cuando se impuso el modelo y gobiernos neoliberales), hasta la actualidad. Es decir, se tratará de efectuar un abordaje a partir de los hechos, antes que de principios, valores o visiones (de carácter más intelectual, conceptual o esquemático), que pueda tenerse sobre la democracia. El propósito es escudriñar el tipo y las características que la democracia ha ido tomando en nuestra realidad, para perfilar el futuro.
Se ve la conveniencia de efectuar este tipo de abordaje, en el entendido de que la democracia es un constructo que responde más a la dinámica de los acontecimientos históricos y sociales, antes que constituir un referente imaginario que responde a preocupaciones intelectuales o conceptuales (cosa que por supuesto no es desdeñable en sí misma). Por consiguiente, lo que se quiere resaltar es la forma, los mecanismos y la dinámica de los acontecimientos que dan lugar a la conformación y construcción de un determinado tipo de democracia en los hechos, antes que remitirse a un imaginario que surge más bien de lo que pudiera esperar o desearse para que se produzca en la realidad.
Hay una diferencia sustancial entre concebir y propugnar una idea de democracia emergente de la imaginación de algún intelectual, o extraída del modelo de una sociedad (como por ejemplo del estilo uruguayo, chileno o inglés), que construir una forma de democracia que responda a la propia realidad y la manera cómo los acontecimientos sociales han generado su forma de gobierno.

El descabezamiento y la desmembración material e ideológica.
La situación actual de la democracia en Bolivia, es imposible entenderla sin tomar en cuenta la Marcha Nacional por la Vida de los mineros en el año 1986. Este acontecimiento histórico marcó no solamente la demolición material e ideológica del proletariado y la clase obrera boliviana (que eufemísticamente terminó “relocalizada”; es decir despedida, dispersa y atomizada a lo largo del país), sino que en términos democráticos acabó con la fuerza de contrapeso que la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y las clases obreras habían creado y constituido frente al poder del Estado y las tentaciones autoritarias y despóticas que regularmente surgían en asonadas golpistas.
Esta derrota que impuso el largo periodo neoliberal en Bolivia hasta finales del siglo XX, también implicó un largo periodo de desideologización y desmontaje de las organizaciones sociales que habían quedado huérfanas de su referente político y organizativo, que hasta ese momento representaban la poderosa COB y la FSTMB.
Desde entonces, hasta que estallan las revueltas sociales de la Guerra del Agua (en el año 2000) y Octubre Negro (en el 2003) [1] /, la relación entre el Estado y la sociedad se había caracterizado por débiles acciones interpelatorias en vista del vacío dejado por la COB, y la consecuente predominancia de gobiernos y regímenes que aprovecharon esa especie de anomia organizativa y la ausencia de su referente popular, para apostar por el neoliberalismo y la enajenación de la nación y el Estado.
Dispersos y atomizados, a los sectores sociales que formaban parte de la COB y otras organizaciones matrices, no les quedaba otro camino que expresarse y pugnar (en muchos casos aisladamente), por la reivindicación y conquista de sus derechos que eran sistemáticamente conculcados por el modelo impuesto (con el respaldo y entusiasta iniciativa de los organismos internacionales, que no dudaron en hacer prevalecer sus directrices).
El neoliberalismo tuvo varios años para regodearse por su arremetida. Sin embargo y sin proponérselo, ni sospechar; al desmembrar y fraccionar a la COB que durante décadas se había constituido en el contrapeso necesario de la sociedad frente al poder del Estado, el neoliberalismo estaba logrando todo lo contrario de lo que se había propuesto y todo lo contrario de lo que sus intereses aconsejaban. Es decir, abrieron una nueva fase de múltiples y diversos conflictos que estallaban en las situaciones y los lugares más inesperados. Allí, los sectores sociales (que anteriormente canalizaban en forma unitaria su protesta por medio de la COB), terminaron rechazando y poniendo en jaque la “democracia pactada” que le había servido a las élites dominantes tradicionales para gobernar y turnarse en el poder.
Descabezada y fraccionada material e ideológicamente la COB, el largo periodo neoliberal sólo tuvo la oposición de incipientes sectores sociales que emergían tímidamente por la sistemática conculcación y violación de sus derechos y el tácito desconocimiento y descalificación de sus organizaciones matrices que literalmente habían sido destruidas. Tan brutal había sido el golpe contra las clases obreras y sus organizaciones matrices, que los sectores sociales no sólo perdieron un referente ideológico, sino que tuvieron que rehacerse partiendo de la desmovilización provocada por el neoliberalismo. Es decir, volver a rearticularse habiendo perdido el horizonte y partiendo de la elemental reacción cuando se vulneran derechos básicos. La iniciativa para perfilar un nuevo tipo de sociedad y Estado, había quedado embargada en manos del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, a su turno, no tuvo mejor idea que enajenar el Estado, sus recursos y la misma nación.
Como secuencia natural del nuevo modelo impuesto, se producía el sistemático achicamiento del aparato del Estado (y consiguientemente de sus facultades, o las posibilidades de crear una fuerte institucionalidad por ejemplo), porque se decidió favorecer a los intereses privados (nacionales y extranjeros), entregándoles las facultades para “organizar” y apropiarse de las empresas, los recursos naturales y la economía del país, atendiendo las directrices neoliberales y privatizadoras que ordenaban los organismos internacionales y las empresas transnacionales.
A medida que se producía la paulatina pero sistemática enajenación de las empresas, los recursos y el propio Estado nacional; los sectores sociales y sus demandas fueron cobrando cada vez mayor fuerza, esta vez sin la necesidad de contar con un único referente organizativo como era la COB en el pasado. A pesar de la eventual dispersión inicial de las luchas, probablemente el mayor logro de este proceso signado por las demandas sectoriales (muchas veces con carácter corporativo y excluyente), haya sido la construcción y fortalecimiento de espacios de deliberación, interpelación y acción colectivas. Como correlato, esta fuerza era movilizada en las calles, primero para que sean escuchadas y atendidas sus demandas y, posteriormente, (cuando la acumulación y potencia social alcanzaron la fuerza necesaria), para establecer la agenda nacional de transformaciones.

RECONFIGURACIÓN Y MOMENTO CONSTITUTIVO.
La democracia en este punto, tal y como se había inscrito en el imaginario social, evidentemente estaba cercada y jaqueada. El Estado no sólo estaba políticamente deslegitimado por la recurrencia permanente a los “pactos electorales” que burlaban la voluntad del pueblo, sino que había sido sistemáticamente achicado por sus propios detentores que decidieron ponerlo al servicio de intereses privados y transnacionales. Es decir, era imposible reclamar un mínimo de respeto, porque sencillamente el pueblo percibía que ese ya no era su Estado, sino todo lo contrario, un ente al servicio de intereses antinacionales.
A diferencia de lo que ocurrió el 86 con el asedio militar, el cerco y la amenaza de bombardeo a la Marcha por la Vida que terminó desmembrando y fraccionando ideológica y materialmente a la COB; las revueltas populares del 2000 y 2003, deben ser entendidas como un verdadero momento constitutivo. Dicha coyuntura no solamente marca la derrota y expulsión de intereses transnacionales y corporativos, así como el establecimiento de una agenda popular que establecía el mandato de la Constituyente y las nacionalizaciones; sino porque el propio concepto y praxis de la democracia adquiere un nuevo sentido. Se trata de lo que podría denominarse como una democracia plebeya, mucho más arraigada a la participación directa, la deliberación y la decisión que el pueblo y los sectores sociales tomaban para sí en la acción y las movilizaciones, rescatando una larga tradición asambleística, las propias formas de decisión comunitaria y los innumerables episodios de lucha social. Muy en contrario de lo que los sectores reaccionarios y conservadores quieren hacer creer (para defender y preservar sus mezquinos intereses), como si se tratase de acciones subversivas y conspirativas contra orden democráticamente establecido; en realidad constituyen una respuesta alternativa y legítima, ante la pretensión y tácito intento neoliberal de embargarla y enajenarla en manos de intereses extranjeros y antinacionales.
Es por eso que el desenlace posterior que terminó en la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (muy a pesar de haber sido viciada posteriormente por modificaciones acordadas con la derecha y la reacción conservadora), no puede ser considerada como un acontecimiento despreciable, fortuito o aislado, puesto que se trata de un momento histórico de confluencia colectiva, que deja de ser una reivindicación o demanda sectorial, para convertirse en una voluntad nacional que marca un momento constitutivo de una nueva fase democrática.
Por eso, no por nada se insertan en la Constitución las nuevas formas de democracia comunitaria y participativa (además de la representativa que corresponde a la antigua visión liberal y republicana), así como la configuración de un nuevo tipo de Estado.

PERSPECTIVAS A FUTURO.
A 7 años de la aprobación de la nueva Constitución y más de 10 del gobierno que fue elegido mayoritariamente para encarar y cumplir aquellos mandatos populares y constitucionales, la democracia y la relación Estado – pueblo, ha adquirido características y connotaciones diferentes a las esperadas.
Los sectores sociales y populares que se constituyeron innegablemente como los protagonistas para la apertura y puesta en marcha de aquel proceso de cambio y transformación, han terminado cooptados, prebendalizados y corrompidos por el manejo clientelar de una buena parte de sus dirigentes, que a su turno han permitido el secuestro y usurpación de su independencia organizativa y política, que constituía la única herramienta para garantizar el control social sobre la gestión gubernamental y el Estado.
Como retribución a la desmedida pretensión de conservar y reproducir el gobierno “cueste lo que cueste”, que (traicionando y abandonando las tareas de transformación y cambio), se ha convertido en el principal objetivo del gobierno del Presidente Evo Morales y los sectores sociales oficialistas que lo respaldan; se ha generalizado la práctica del cuoteo y la asignación de puestos legislativos y canonjías en todo el aparato del Estado y sus instituciones. Los cargos y prebendas son repartidos entre sectores afines y dirigentes, como pago por las adhesiones y el respaldo electoral que les permite reproducirse y crear las nuevas élites económicas y políticas del país.
Antes que ejercer el control social en base a la independencia organizativa y política que les había permitido ganar la fuerza y potencia necesarias en el pasado; los sectores sociales y sus dirigentes, permitieron su cooptación para convertirse en funcionarios y burócratas del Estado. De esa manera se condenaron a una suerte subsunción y sometimiento a los intereses electorales para conservar el poder a como dé lugar, que se había adueñado del gobierno.
El resultado de esta perversa distorsión del proceso de cambio (incluyendo las novedosas formas democráticas que se perfilaban), ha sido la corporativización del poder y la pérdida de independencia (organizativa e ideológica) de los sectores sociales que prefirieron medrar por cuotas de poder en el aparato del Estado. Así, perdieron toda oportunidad para ser el contrapeso indispensable que controle los excesos de poder y el gobierno (así como sus desvaríos y tentaciones autoritarias y prorroguistas). Tampoco pudieron exigir el cumplimiento de aquella agenda nacional que estaba orientada a construir una nueva democracia y un nuevo Estado.

Por eso se puede sostener que los sectores oficialistas y el propio gobierno se han extraviado y persisten terca y obstinadamente, en el propósito de reelegir otra vez más (y muy a pesar de haber perdido un referéndum nacional que mayoritariamente decidió que no), nada menos que para “cumplir” y ejecutar una agenda salvajemente extractivista y desarrollista que se encuentra en la antípoda del mandato popular y Constitucional.
Tal es el extravío y la traición, que las propias megaobras, el incesante despilfarro de los recursos públicos, el salvaje extractivismo (incluida la quema, como el propósito de inundar grandes extensiones de bosques y biodiversidad), así como la incesante tarea de endeudar el país con el argumento de conseguir “inversiones” extranjeras; constituyen el mentís principal y la más grande prueba de que han hecho todo, menos cumplir aquello que manda la Constitución y ni siquiera las elementales y básicas tareas para garantizar derechos esenciales para la vida, como el agua para la gente.


A más de 10 años de gobierno, parece que aquella idea de construir una manera diferente de gestionar el Estado y la democracia, cuya lógica se empate con la construcción de un nuevo paradigma que se enfrente y resista al sistema capitalista; hubiese quedado en el pasado. Peor aún, queda(ría) demostrado que un verdadero “gobierno del pueblo” (demos=pueblo; kratos=gobierno), nunca puede constituirse como parte del aparato del Estado, porque se burocratizará, pervertirá y jerarquizará las decisiones que le competen a la comunidad y el mismo pueblo (tal como se puede apreciar de la actual gestión gubernamental). Que el poder corrompe si es que no está del lado del pueblo y en sus bases.

Es decir, que existe un correlato directo entre la forma de gobierno y el tipo de democracia que se ejerce, dependiendo de si el poder reside y permanece en el pueblo, o más bien es secuestrado por el Estado y el aparato de gobierno (aun cuando diga hacerlo a su nombre).

·         En el primer caso, cuando el poder y la capacidad de decisión residen en el pueblo, se sientan las bases y condiciones para horizontalizar el Estado, anulando la jerarquización burocrática que tiende a imponer intereses sectarios. En este caso, en la medida en que la sociedad y sus organizaciones sociales ejercen libre e independientemente la capacidad de participar y decidir, entonces cuentan y tienen las condiciones para constituirse en un verdadero contrapeso que evita y controla las tentaciones autoritarias y despóticas, al mismo tiempo de conservar su capacidad propositiva.
·         En el segundo caso, cuando el poder es absorbido en el Estado y el aparato de gobierno, naturalmente se tiene a reducir y coartar las libertades que constituyen la fuente de acumulación y secuestro del poder en manos de los grupos o sectores que se han hecho cargo (o han tomado) el gobierno. No es casual que todo proceso democrático en el marco del sistema capitalista, de manera natural, tenderá a desplazar unos sectores para catapultar y perfilar nuevos actores emergentes y nuevas élites. Se reconstituye el tejido social y se tiende a reproducir un nuevo ciclo de acumulación económica, con nuevos sectores beneficiados y la emergencia de nuevas élites dominantes. Bajo este régimen democrático (incluida la versión republicana y liberal que propugna la construcción del Estado de derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad y la vigencia de los derechos humanos), se perpetúa el criterio de construir poder sobre la sociedad (por eso aparece como importante la institucionalidad o la independencia de poderes que “equilibren”), y no construir libertad y autodeterminación para devolverle al pueblo la capacidad de decisión y autogestión. En realidad y muy a pesar de que idílicamente se la quiera mostrar como un régimen perfecto de equilibrios por contrapeso, respeto a los derechos humanos, fortaleza institucional basada en el estado de derecho; finalmente mantiene aquella jerarquización tan útil para preservar las decisiones y el poder en manos de unos pocos (y con ella la corrupción y los males consiguientes del sistema).

Retornando a lo que ocurre en la realidad nacional y comprobada la distorsión y manoseo de un proceso que había despertado tantas esperanzas, como sacrificadas luchas sociales; la sociedad desencantada con los sectores sociales y el propio gobierno por su franca traición, ha ido construyendo innumerables colectivos, redes, plataformas, grupos de diverso propósito e interés, para hacer patente su presencia.
Desengañados y en muchos casos furiosos por el desempeño, la cooptación y el envilecimiento de los dirigentes, así como del caudillismo predominante que se lo entiende como uno de los peores males de las organizaciones y los sectores sociales, porque únicamente han servido de escalera para acomodarse y usufructuar del poder y el mando; diversos movimientos sociales se organizan (inclusive fugazmente), para infinidad de propósitos.
Una característica resaltante es su rechazo a la formalización, una institucionalidad forzada y la definición de jerarquías y “jefes”, para hacer prevalecer la horizontalidad, el respeto a la diferencia y el disenso y la voluntad para alcanzar objetivos concretos. Es como si existiera un escarmiento respecto de las institucionalidades organizativas, las jerarquías y los caciques.
Se trata de una potente como innumerable fuerza que se manifiesta periódicamente haciendo conocer su criterio en diversos campos, logrando coincidencias masivas en temas de interés nacional.

Así como no se puede hablar de una militancia (mucho menos permanente y continua, de acuerdo al modo clásico), destacan grupos y colectivos que se han dado a la tarea de resolver por propia iniciativa problemas que les atañen directamente, así como impulsar iniciativas comunitarias de autogestión que encaran la satisfacción de necesidades que el Estado o el aparato de gobierno y las instituciones competentes no realizan, ni cumplen.
Se trata de movimientos sociales que aunque su característica es la dispersión, al tener problemas comunes, sufrir la desatención del Estado, o formar parte de aquellos colectivos histórica y tradicionalmente excluidos y desamparados, suelen confluir en movilizaciones de mayor envergadura y establecer alianzas coyunturales.

Este germen, cada vez más influyente y masivo a medida que el gobierno y los sectores sociales afines van encapsulándose y pretendiendo retener el poder a cualquier costo, no expresan ni parecen tener ninguna afinidad con una alternativa democrática al estilo occidental, máxime si se extrapola lo sucedido con movimientos similares que decidieron lo que decidieron en EE.UU. Colombia, Inglaterra, etc. En todo caso, parece claro que aquella idea de una democracia idílica con Estado de derecho, institucionalidad, jerarquías y preservación del orden (conservador) constituido, etc., no parece ser parte de su imaginario y la forma de gobierno que quieren, aunque en el corto plazo tengan que volver a acudir a las urnas para elegir un nuevo gobierno. 

Notas[1] / Es ampliamente conocido que se trata de movilizaciones populares cuya envergadura y trascendencia implicaron, en el primer caso, la expulsión de una corporación transnacional que pretendía privatizar y apropiarse de un recurso vital como es el agua, así como anular el acceso, uso y ejercicio del derecho al agua que constituye un recurso esencial para la vida. Y en el segundo caso, agendar el proceso Constituyente, así como establecer el mandato de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y las empresas estratégicas del país, que finalmente fueron instituidos en la Constitución Política del Estado. 

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Noviembre 30 de 2016.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220318


14 de noviembre de 2016

La participación no puede constituirse en un factor de legitimación del modelo capitalista, dependiente y extractivista.

La participacion como 
ejercicio de antagonismo político
8 de noviembre de 2016
Por Felipe Polanía (Rebelión)

Reflexiones sobre la participación de la sociedad en la negociación política en Colombia, en particular de la población en situación de migración y exilio
El 27 de octubre debía instalarse la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) en la ciudad de Quito, Ecuador. A última hora el gobierno decidió unilateralmente cancelar la instalación argumentando acuerdos incumplidos por el ELN. Por su parte, la organización insurgente ha planteado que el gobierno malinterpreta los compromisos adquiridos y reiteró su decisión de cumplir con lo acordado, pero en los marcos originales del acuerdo.
El gobierno colombiano empezó las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN sobre la base de no negociar el modelo económico del país, ni la institucionalidad política, ni su doctrina e institucionalidad militar, los “inamovibles” se les ha llamado a estos puntos. El gobierno colombiano ve las negociaciones como un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de las fuerzas guerrilleras. La posibilidad de generar procesos de transformación social que mejoren las condiciones de vida de millones de colombian*s1 no está dentro de los planes del gobierno. Por el contrario, el gobierno quiere culminar el desarme de las guerrillas en el mandato político de Juan Manuel Santos, para perpetuar su nombre en los anales de la historia nacional, con premio nobel incluido. De ahí la idea de una negociación expresscon el ELN. El lobby de Juan Manuel Santos lo ha llevado a la realizar la primera visita al reino unido como jefe de estado colombiano, en donde va a ofrecer a Colombia como país seguro para las inversiones de empresari*s británic*s.
La Paz para el gobierno es un problema de lobby, de marketing, de propaganda. En los discursos mediales y políticos la paz ha sido equiparada a la cesación del conflicto armado con los grupos guerrilleros. Los contextos políticos y sociales que han generado la lucha armada han sido invisibilizados y los discursos reducen el conflicto a una confrontación fratricida generada por las guerrillas que ha devastado al país y que debe parar.
Por su parte el ELN entiende la participación de la sociedad como forma fundamental de las negociaciones y asi fue fijado en la agenda. En los últimos años en Colombia se vienen construyendo procesos de movilización social y popular, que ahora se preparan para participar en esas negociaciones con voz propia. También en los últimos meses después del triunfo del NO en el plebiscito sobre los acuerdos de la Habana el tema de la participación de la sociedad se ha puesto en el centro del debate y se han generado dinámicas de movilización social exigiendo la implementación de los acuerdos por una parte y por la otra el inicio de las negociaciones con el ELN.
Estas manifestaciones de participación social no son compatibles con el modelo de gobierno de Santos y la oligarquía colombiana, que ya hace largo tiempo han promovido la entrega de las riquezas del país al capital transnacional, han limitado las garantías laborales en beneficio del capital nacional y transnacional y han fortalecido los mecanismos clientelistas y corruptos en el ejercicio de la política institucional. Para los movimientos sociales y político en Colombia el modelo de gobierno de la oligarquía ha representado y sigue representando represión. Baste mirar las prácticas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en el tratamiento a la protesta social, el nuevo código de policía que sigue disminuyendo las garantías de protección para l*s ciudadan*s de a pie y finalmente la impunidad real que sigue acompañando el accionar de los grupos paramilitares.
El gobierno de Juan Manuel Santos está hoy confrontado con la exigencia de participación desde los movimientos sociales y políticos mientras negocia la implementación de los acuerdos de la Habana con otros sectores de la burguesía, incluyendo el sector militarista que encabeza el partido Centro Democrático y la perspectiva conservadora y reaccionaria que representan algún*s pastor*s evangélic*s. Los movimientos sociales y políticos por su parte no paran en su demanda de participación y han venido construyendo espacios propios para el ejercicio de la democracia desde abajo. Es así como por ejemplo el pasado jueves 3 de noviembre se ha instalado la Mesa Nacional para la Paz como un espacio de participación desde las propias reivindicaciones de los movimientos sociales en la solución al conflicto armado en el país.
La participación de la sociedad en las negociaciones finalmente se viene consolidando como consenso en la opinión pública. Sin embargo, las perspectivas desde la que se entiende la participación son variadas y diferentes. La participación de las comunidades en el sentido de tener acceso con capacidad vinculante a los espacios de decisiones políticas en la sociedad difiere de la perspectiva del gobierno y la burguesía que vé en la participación una estrategia para fortalecer y extender el consenso político sobre su proyecto de dominación capitalista.
La participación en las negociaciones de la Habana fue muchas veces sólo un despliegue publicitario que pretendía legitimar la mesa de negociaciones sin plantearse realmente el problema del monopolio de la palabra por parte del Gobierno y las FARC. Baste recordar que lascomunidades y organizaciones indígenas y negras fueron invitadas ya en la recta final de las conversaciones que habían empezado cuatro años atrás y sólo tres meses antes de la firma del acuerdo final. De alguna manera se puede entrever con qué criterios se invitó a estas comunidades a la Habna.
En el nuevo proceso de negociación con el ELN como también en la lucha de los sectores sociales y de las iniciativas ciudadanas por la implementación de los Acuerdos de la Habana se vienen gestando otros entendimientos de participación. La participación tiene que dejar de ser la coartada para el ejercicio clientelista de la democracia y debe ser más un proceso de formación y organización política que garanticen el ejercicio de la política de forma sustentable y libre de la violencia de las armas y del terrorismo de Estado. Esta participación sólo se puede dar si las organizaciones y movimientos sociales son escuchados en la definición de políticas que afecten la vida de las comunidades y poblaciones que representan.
En las siguientes líneas trataré de plantear una perspectiva para la participación en general a partir del caso concreto de la población colombiana emigrada y en exilio en Europa. Gran parte de estas reflexiones hacen parte de debates que actualmente tienen lugar al interior del Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Europa, (CdP_Europa) organización del exilio y la migración colombianas de la cual hago parte.
Participación continuada y desde la propia realidad
Creemos que la participación no debe ser reducida a un momento de representación, pues estos momentos pueden ser utilizados como legitimación de una política unilateral y de actores que aboguen para sí mism*s una representación de los movimientos sociales. La tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio plantea en sus conclusiones que, la participación no se concreta en eventos o foros puntuales porque debe mirarse como un proceso a largo plazo que requiere de un esfuerzo sostenido. El Congreso de los Pueblos por sus particularidades mismas no puede pretender representar a la totalidad de las personas migradas, no sería legítimo ni justo abogarnos ése papel. En ese sentido el CdP_Europa promueve una participación pluralizada, es decir una participación que se construya desde las diversas realidades de la migración y el exilio.
Para el CdP_Europa la diáspora colombiana debe participar desde sus especificidades y condiciones en tanto que personas migradas y en condición de exilio y/o refugio. Esta participación debe hacerse con un enfoque diferencial teniendo en cuenta el género, la generación, las diversidades sexuales y étnicas, las razones o causas de la migración y/o exilio, el lugar en donde se vive y el estatus de residencia o trabajo que se tiene . Algunos debates en el CdP reflejan la preocupación por asumir una voz única y homogénea desde la situación de diáspora. El CdP considera que l*s migrantes y exilid*s no pueden caber en una sola definición. Hay muchas razones para salir del país e igualmente hay diferentes marcos legales, sociales y culturales que condicionan la presencia en los países de destino y por lo tanto las subjetividades que se construyen son también diferentes. Por lo tanto hay también distintas necesidades y reivindicaciones desde la población en el exterior y reducir al conjunto de ésta población como víctimas del conflicto y suponer como reparación fundamental el derecho al retorno con garantías. El CdP_Europa considera la migración y el exilio como una multiplicidad de procesos que no puede centrar su participación en los marcos de la definición de víctima, sino que debe buscar la reafirmación de personas migrantes y en exilio como sujetos de derechos y con capacidad de auto-representación, tanto en los marcos del Estado nacional colombiano como en los de los Estados de exilio y migración .
La participación no puede reducirse a un par de eventos con personalidades de la política y la cultura colombianas, sino que debe ser un proceso permanente de organización, formación desde la base que genere una nueva práctica política, refrendada por la movilización popular. EL CdP_Europa en sAsmamblea en Otxandio lo formula de la siguiente forma: Esa participación debe hacerse en todos los espacios y etapas del proceso. En consecuencia, ella debe hacerse en los institucionales que se generen en las negociaciones entre el gobierno y las insurgencias y en aquellos que vaya construyendo la sociedad. No hay un solo interlocutor y debemos construir caminos y prácticas que nos permitan hablarle a todos los grupos sociales y políticos.
Es de resaltar, que desde el CdP se ve la necesidad, que las comunidades participen dese sus espacios propios de organización. No se puee pretender una participación con perspectiva popular, si no es a partir de construir espacios propios, libres de las dinámicas represivas y clientelistas de la política estatal colombiana.
Participación desde abajo y antagónica
Los discursos que se construyeron alrededor de los acuerdos de la Habana plantearon a menudo que la paz era el resultado de los acuerdos. La perspectiva de perdón y reconciliación que estructuró los acuerdos hizo que muchas veces se olvidará el carácter de clase del conflicto armado y social en Colombia. Bajo la supuesta urgencia de reconciliar el país, se dejó olvidado que el modelo económico y la institucionalidad militar han golpeado y victimizado grandes sectores de la población colombiana y que por lo tanto no habrá reconciliación posible mientras esto siga siendo asi.
El país medial que se construye en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los discursos oficiales ha descontextualizado la exigencia y el clamor de la población por el cese al conflicto armado y por la democratización de las estructuras políticas para que la violencia no determine el ejercicio de la política. La participación se ha entendido desde el Estado como la invitación a las comunidades para que participe en espacios preestablecidos por el mismo gobierno, muchas veces más con carácter de marketing político, que con el interés de abrir un espacio de decisión para las organizaciones sociales.
El CdP-Europa es de la opinión que la participación no se puede ver desde la concepción jerarquizada o jerarquizante en donde un actor institucionalizado nos abre un espacio. El poder busca legitimar sus formas de dominación y debemos estar atent*s a que estos espacios no sean la coartada que les ayude a hacerlo. (…) Un proceso de participación, unos acuerdos o una dinámica puede también ser contraproducente para las personas y el movimiento social. Más que hablar de participación se debe hablar y trabajar para construir poder popular como sinónimos de comunidad que se organiza.(…) Más vocación de pueblo y menos ambición de gobierno. Hacia el pueblo el discurso no debe ser solo de “participación” sino de “construcción”. Estar en esos espacios sí, pero no perder de vista la construcción de poder desde abajo. Participamos en consecuencia desde una postura antagónica, desde la reivindicación de la rebeldía de los movimientos sociales, desde la protesta, el paro, la minga, con una lectura y práctica de clase, contra el sistema patriarcal, jerarquizante, racista, excluyente e insostenible.

Participación a través de una voz plural, decolonial y anti-patriarcal.
La Participación debe recoger la multiplicidad de la Migración y el exilio. Esto significa entonces que no se puede pretender una interlocución única, sino que la interlocución debe permitir a diferentes procesos y formas organizativas de la comunidad en el exterior. De igual manera se debe generar una interlocución desde la perspectiva decolonial, es decir una participación que también indague por las responsabilidades de los estados europeos y el modelo económico global, como también de las empresas y consorcios multinacionales. El discurso por la paz debe también cuestionar y desenmascarar el doble discurso de los estados europeos, que por un lado se muestran como promotores de la paz y la democracia y por el otro persiguen y encierran en centros de detención y deportan a personas por el solo hecho de no tener un permiso de residencia, como también construyen alambradas y destinan ejércitos para impedir el arribo a Europa de l*s refugiad*s.
La Perspectiva decolonial consiste en entender el conflicto colombiano en un contexto de dominación imperialista y neocolonial, que no es más que el desarrollo del modelo colonialista que empezó en 1492 y que ha hecho de Europa el centro de la historia mundial y que ha condenado al sur global a la expoliación de sus recursos y la subordinación de sus culturas y saberes. Como personas emigradas en Europa no podemos olvidar que el racismo que afecta nuestras vidas cotidianas está emparentado con el modelo de dominación que ha llevado a Colombia y el conjunto del sur global al empobrecimiento estructural y a la guerra.

La perspectiva anti-patriarcal
Es consenso en el CdP_Europa que el debate sobre la exclusión social y política de las mujeres en el país, debe ser parte fundamental del nuevo modelo de país. No podemos pensar un nuevo país libre del imperativo de la violencia en la política, si no transformamos las estructuras que hacen posible la violencia contra las mujeres en lo cotidiano y en lo institucional. Esas estructuras son el entramado del Patriarcado. La superación de la violencia implica a nuestro parecer necesariamente la superación del sistema patriaracal en la economía, en la educación, en el sistema de justicia y por supuesto en la política. El patriarcado basa su lógica en el desprecio y el sometimiento de todo lo que no represente la figura del hombre heterosexual, racional, pretigioso y rico. Por eso también las personas LGBTI y los hombres que se plantean su identidad de género desde otras perspectivas son igualmente subordinadxs y sometidxs a las dinámicas competitivas, agresivas, intolerantes, antisolidarias y misóginas del patiarcado.
Reivindicar el derecho a ser diferente y divergir de la norma patriarcal es urgente en la construcción de un nuevo país. Frente a los argumentos conservadores de la familia monoparental y heteronormativa que sectores de la derecha fundamentlista religiosa pregonan como voluntad nacional, quienes queremos construir un país incluyente no podemos renunciar a la lucha por la diversidad sexual y de género, no podemos renunciar al derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos, a la lucha por el respeto a las formas autoorganizadas de las mujeres y de la comunidad LGBTI , ni a la lucha contra la violencia de género.
Para finalizar quiero citar el comunicado público de la tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio, en donde a mi parecer se expresa la perspectiva estratégica de la participación desde abajo:
La búsqueda de esa salida concertada no puede llevarnos a olvidar, que los intereses estratégicos de la oligarquía colombiana y del capital transnacional no van resolver nunca las necesidades vitales ni de la población colombiana marginada y empobrecida ni de la clase trabajadora. Entendemos la participación en los procesos de paz como continuidad de la oposición política con una visión de país diferenciada de la visión burguesa, colonialista y patriarcal de la oligarquía colombiana. En este punto afirmamos la necesidad de una participación desde el antagonismo de clase. La participación no puede constituirse en un factor de legitimación del orden dominante burgués y del modelo capitalista, dependiente y extractivista.
Nota:
1  El uso del plural en Sustantivos y adjetivos que supongan el uso del masculino como forma generalizada en la diversidad de géneros será marcado en el presente artículo por un asterisco como forma de rechazar el uso androcéntrico del idioma y la invisibilización de otros géneros.
Felipe Polanía. Refugiado político en Suiza desde 1997. Integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Europa

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218892