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14 de noviembre de 2016

La participación no puede constituirse en un factor de legitimación del modelo capitalista, dependiente y extractivista.

La participacion como 
ejercicio de antagonismo político
8 de noviembre de 2016
Por Felipe Polanía (Rebelión)

Reflexiones sobre la participación de la sociedad en la negociación política en Colombia, en particular de la población en situación de migración y exilio
El 27 de octubre debía instalarse la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) en la ciudad de Quito, Ecuador. A última hora el gobierno decidió unilateralmente cancelar la instalación argumentando acuerdos incumplidos por el ELN. Por su parte, la organización insurgente ha planteado que el gobierno malinterpreta los compromisos adquiridos y reiteró su decisión de cumplir con lo acordado, pero en los marcos originales del acuerdo.
El gobierno colombiano empezó las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN sobre la base de no negociar el modelo económico del país, ni la institucionalidad política, ni su doctrina e institucionalidad militar, los “inamovibles” se les ha llamado a estos puntos. El gobierno colombiano ve las negociaciones como un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de las fuerzas guerrilleras. La posibilidad de generar procesos de transformación social que mejoren las condiciones de vida de millones de colombian*s1 no está dentro de los planes del gobierno. Por el contrario, el gobierno quiere culminar el desarme de las guerrillas en el mandato político de Juan Manuel Santos, para perpetuar su nombre en los anales de la historia nacional, con premio nobel incluido. De ahí la idea de una negociación expresscon el ELN. El lobby de Juan Manuel Santos lo ha llevado a la realizar la primera visita al reino unido como jefe de estado colombiano, en donde va a ofrecer a Colombia como país seguro para las inversiones de empresari*s británic*s.
La Paz para el gobierno es un problema de lobby, de marketing, de propaganda. En los discursos mediales y políticos la paz ha sido equiparada a la cesación del conflicto armado con los grupos guerrilleros. Los contextos políticos y sociales que han generado la lucha armada han sido invisibilizados y los discursos reducen el conflicto a una confrontación fratricida generada por las guerrillas que ha devastado al país y que debe parar.
Por su parte el ELN entiende la participación de la sociedad como forma fundamental de las negociaciones y asi fue fijado en la agenda. En los últimos años en Colombia se vienen construyendo procesos de movilización social y popular, que ahora se preparan para participar en esas negociaciones con voz propia. También en los últimos meses después del triunfo del NO en el plebiscito sobre los acuerdos de la Habana el tema de la participación de la sociedad se ha puesto en el centro del debate y se han generado dinámicas de movilización social exigiendo la implementación de los acuerdos por una parte y por la otra el inicio de las negociaciones con el ELN.
Estas manifestaciones de participación social no son compatibles con el modelo de gobierno de Santos y la oligarquía colombiana, que ya hace largo tiempo han promovido la entrega de las riquezas del país al capital transnacional, han limitado las garantías laborales en beneficio del capital nacional y transnacional y han fortalecido los mecanismos clientelistas y corruptos en el ejercicio de la política institucional. Para los movimientos sociales y político en Colombia el modelo de gobierno de la oligarquía ha representado y sigue representando represión. Baste mirar las prácticas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en el tratamiento a la protesta social, el nuevo código de policía que sigue disminuyendo las garantías de protección para l*s ciudadan*s de a pie y finalmente la impunidad real que sigue acompañando el accionar de los grupos paramilitares.
El gobierno de Juan Manuel Santos está hoy confrontado con la exigencia de participación desde los movimientos sociales y políticos mientras negocia la implementación de los acuerdos de la Habana con otros sectores de la burguesía, incluyendo el sector militarista que encabeza el partido Centro Democrático y la perspectiva conservadora y reaccionaria que representan algún*s pastor*s evangélic*s. Los movimientos sociales y políticos por su parte no paran en su demanda de participación y han venido construyendo espacios propios para el ejercicio de la democracia desde abajo. Es así como por ejemplo el pasado jueves 3 de noviembre se ha instalado la Mesa Nacional para la Paz como un espacio de participación desde las propias reivindicaciones de los movimientos sociales en la solución al conflicto armado en el país.
La participación de la sociedad en las negociaciones finalmente se viene consolidando como consenso en la opinión pública. Sin embargo, las perspectivas desde la que se entiende la participación son variadas y diferentes. La participación de las comunidades en el sentido de tener acceso con capacidad vinculante a los espacios de decisiones políticas en la sociedad difiere de la perspectiva del gobierno y la burguesía que vé en la participación una estrategia para fortalecer y extender el consenso político sobre su proyecto de dominación capitalista.
La participación en las negociaciones de la Habana fue muchas veces sólo un despliegue publicitario que pretendía legitimar la mesa de negociaciones sin plantearse realmente el problema del monopolio de la palabra por parte del Gobierno y las FARC. Baste recordar que lascomunidades y organizaciones indígenas y negras fueron invitadas ya en la recta final de las conversaciones que habían empezado cuatro años atrás y sólo tres meses antes de la firma del acuerdo final. De alguna manera se puede entrever con qué criterios se invitó a estas comunidades a la Habna.
En el nuevo proceso de negociación con el ELN como también en la lucha de los sectores sociales y de las iniciativas ciudadanas por la implementación de los Acuerdos de la Habana se vienen gestando otros entendimientos de participación. La participación tiene que dejar de ser la coartada para el ejercicio clientelista de la democracia y debe ser más un proceso de formación y organización política que garanticen el ejercicio de la política de forma sustentable y libre de la violencia de las armas y del terrorismo de Estado. Esta participación sólo se puede dar si las organizaciones y movimientos sociales son escuchados en la definición de políticas que afecten la vida de las comunidades y poblaciones que representan.
En las siguientes líneas trataré de plantear una perspectiva para la participación en general a partir del caso concreto de la población colombiana emigrada y en exilio en Europa. Gran parte de estas reflexiones hacen parte de debates que actualmente tienen lugar al interior del Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Europa, (CdP_Europa) organización del exilio y la migración colombianas de la cual hago parte.
Participación continuada y desde la propia realidad
Creemos que la participación no debe ser reducida a un momento de representación, pues estos momentos pueden ser utilizados como legitimación de una política unilateral y de actores que aboguen para sí mism*s una representación de los movimientos sociales. La tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio plantea en sus conclusiones que, la participación no se concreta en eventos o foros puntuales porque debe mirarse como un proceso a largo plazo que requiere de un esfuerzo sostenido. El Congreso de los Pueblos por sus particularidades mismas no puede pretender representar a la totalidad de las personas migradas, no sería legítimo ni justo abogarnos ése papel. En ese sentido el CdP_Europa promueve una participación pluralizada, es decir una participación que se construya desde las diversas realidades de la migración y el exilio.
Para el CdP_Europa la diáspora colombiana debe participar desde sus especificidades y condiciones en tanto que personas migradas y en condición de exilio y/o refugio. Esta participación debe hacerse con un enfoque diferencial teniendo en cuenta el género, la generación, las diversidades sexuales y étnicas, las razones o causas de la migración y/o exilio, el lugar en donde se vive y el estatus de residencia o trabajo que se tiene . Algunos debates en el CdP reflejan la preocupación por asumir una voz única y homogénea desde la situación de diáspora. El CdP considera que l*s migrantes y exilid*s no pueden caber en una sola definición. Hay muchas razones para salir del país e igualmente hay diferentes marcos legales, sociales y culturales que condicionan la presencia en los países de destino y por lo tanto las subjetividades que se construyen son también diferentes. Por lo tanto hay también distintas necesidades y reivindicaciones desde la población en el exterior y reducir al conjunto de ésta población como víctimas del conflicto y suponer como reparación fundamental el derecho al retorno con garantías. El CdP_Europa considera la migración y el exilio como una multiplicidad de procesos que no puede centrar su participación en los marcos de la definición de víctima, sino que debe buscar la reafirmación de personas migrantes y en exilio como sujetos de derechos y con capacidad de auto-representación, tanto en los marcos del Estado nacional colombiano como en los de los Estados de exilio y migración .
La participación no puede reducirse a un par de eventos con personalidades de la política y la cultura colombianas, sino que debe ser un proceso permanente de organización, formación desde la base que genere una nueva práctica política, refrendada por la movilización popular. EL CdP_Europa en sAsmamblea en Otxandio lo formula de la siguiente forma: Esa participación debe hacerse en todos los espacios y etapas del proceso. En consecuencia, ella debe hacerse en los institucionales que se generen en las negociaciones entre el gobierno y las insurgencias y en aquellos que vaya construyendo la sociedad. No hay un solo interlocutor y debemos construir caminos y prácticas que nos permitan hablarle a todos los grupos sociales y políticos.
Es de resaltar, que desde el CdP se ve la necesidad, que las comunidades participen dese sus espacios propios de organización. No se puee pretender una participación con perspectiva popular, si no es a partir de construir espacios propios, libres de las dinámicas represivas y clientelistas de la política estatal colombiana.
Participación desde abajo y antagónica
Los discursos que se construyeron alrededor de los acuerdos de la Habana plantearon a menudo que la paz era el resultado de los acuerdos. La perspectiva de perdón y reconciliación que estructuró los acuerdos hizo que muchas veces se olvidará el carácter de clase del conflicto armado y social en Colombia. Bajo la supuesta urgencia de reconciliar el país, se dejó olvidado que el modelo económico y la institucionalidad militar han golpeado y victimizado grandes sectores de la población colombiana y que por lo tanto no habrá reconciliación posible mientras esto siga siendo asi.
El país medial que se construye en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los discursos oficiales ha descontextualizado la exigencia y el clamor de la población por el cese al conflicto armado y por la democratización de las estructuras políticas para que la violencia no determine el ejercicio de la política. La participación se ha entendido desde el Estado como la invitación a las comunidades para que participe en espacios preestablecidos por el mismo gobierno, muchas veces más con carácter de marketing político, que con el interés de abrir un espacio de decisión para las organizaciones sociales.
El CdP-Europa es de la opinión que la participación no se puede ver desde la concepción jerarquizada o jerarquizante en donde un actor institucionalizado nos abre un espacio. El poder busca legitimar sus formas de dominación y debemos estar atent*s a que estos espacios no sean la coartada que les ayude a hacerlo. (…) Un proceso de participación, unos acuerdos o una dinámica puede también ser contraproducente para las personas y el movimiento social. Más que hablar de participación se debe hablar y trabajar para construir poder popular como sinónimos de comunidad que se organiza.(…) Más vocación de pueblo y menos ambición de gobierno. Hacia el pueblo el discurso no debe ser solo de “participación” sino de “construcción”. Estar en esos espacios sí, pero no perder de vista la construcción de poder desde abajo. Participamos en consecuencia desde una postura antagónica, desde la reivindicación de la rebeldía de los movimientos sociales, desde la protesta, el paro, la minga, con una lectura y práctica de clase, contra el sistema patriarcal, jerarquizante, racista, excluyente e insostenible.

Participación a través de una voz plural, decolonial y anti-patriarcal.
La Participación debe recoger la multiplicidad de la Migración y el exilio. Esto significa entonces que no se puede pretender una interlocución única, sino que la interlocución debe permitir a diferentes procesos y formas organizativas de la comunidad en el exterior. De igual manera se debe generar una interlocución desde la perspectiva decolonial, es decir una participación que también indague por las responsabilidades de los estados europeos y el modelo económico global, como también de las empresas y consorcios multinacionales. El discurso por la paz debe también cuestionar y desenmascarar el doble discurso de los estados europeos, que por un lado se muestran como promotores de la paz y la democracia y por el otro persiguen y encierran en centros de detención y deportan a personas por el solo hecho de no tener un permiso de residencia, como también construyen alambradas y destinan ejércitos para impedir el arribo a Europa de l*s refugiad*s.
La Perspectiva decolonial consiste en entender el conflicto colombiano en un contexto de dominación imperialista y neocolonial, que no es más que el desarrollo del modelo colonialista que empezó en 1492 y que ha hecho de Europa el centro de la historia mundial y que ha condenado al sur global a la expoliación de sus recursos y la subordinación de sus culturas y saberes. Como personas emigradas en Europa no podemos olvidar que el racismo que afecta nuestras vidas cotidianas está emparentado con el modelo de dominación que ha llevado a Colombia y el conjunto del sur global al empobrecimiento estructural y a la guerra.

La perspectiva anti-patriarcal
Es consenso en el CdP_Europa que el debate sobre la exclusión social y política de las mujeres en el país, debe ser parte fundamental del nuevo modelo de país. No podemos pensar un nuevo país libre del imperativo de la violencia en la política, si no transformamos las estructuras que hacen posible la violencia contra las mujeres en lo cotidiano y en lo institucional. Esas estructuras son el entramado del Patriarcado. La superación de la violencia implica a nuestro parecer necesariamente la superación del sistema patriaracal en la economía, en la educación, en el sistema de justicia y por supuesto en la política. El patriarcado basa su lógica en el desprecio y el sometimiento de todo lo que no represente la figura del hombre heterosexual, racional, pretigioso y rico. Por eso también las personas LGBTI y los hombres que se plantean su identidad de género desde otras perspectivas son igualmente subordinadxs y sometidxs a las dinámicas competitivas, agresivas, intolerantes, antisolidarias y misóginas del patiarcado.
Reivindicar el derecho a ser diferente y divergir de la norma patriarcal es urgente en la construcción de un nuevo país. Frente a los argumentos conservadores de la familia monoparental y heteronormativa que sectores de la derecha fundamentlista religiosa pregonan como voluntad nacional, quienes queremos construir un país incluyente no podemos renunciar a la lucha por la diversidad sexual y de género, no podemos renunciar al derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos, a la lucha por el respeto a las formas autoorganizadas de las mujeres y de la comunidad LGBTI , ni a la lucha contra la violencia de género.
Para finalizar quiero citar el comunicado público de la tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio, en donde a mi parecer se expresa la perspectiva estratégica de la participación desde abajo:
La búsqueda de esa salida concertada no puede llevarnos a olvidar, que los intereses estratégicos de la oligarquía colombiana y del capital transnacional no van resolver nunca las necesidades vitales ni de la población colombiana marginada y empobrecida ni de la clase trabajadora. Entendemos la participación en los procesos de paz como continuidad de la oposición política con una visión de país diferenciada de la visión burguesa, colonialista y patriarcal de la oligarquía colombiana. En este punto afirmamos la necesidad de una participación desde el antagonismo de clase. La participación no puede constituirse en un factor de legitimación del orden dominante burgués y del modelo capitalista, dependiente y extractivista.
Nota:
1  El uso del plural en Sustantivos y adjetivos que supongan el uso del masculino como forma generalizada en la diversidad de géneros será marcado en el presente artículo por un asterisco como forma de rechazar el uso androcéntrico del idioma y la invisibilización de otros géneros.
Felipe Polanía. Refugiado político en Suiza desde 1997. Integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Europa

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218892

II. Luchas desde las diversidades de abajo por afirmar las autonomías de los pueblos y contra el capitalismo e imperialismos.

México: razón de Estado y 

resistencia de los pueblos
18 de febrero de 2014

Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios.

Por Magdalena Gómez
Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.

En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales: pelean de cara al Estado pero con la mira puesta en las transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la exclusión para los pueblos indígenas al trivializar los reconocimientos constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de expresiones huecas.
Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.
Si bien aún existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las maneras en que administran las políticas o a la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y del Banco Mundial, que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales -hoy transformados en lógica neoliberal.
Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El Estado nacional, en la nueva lógica, garantiza la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho sobre el territorio se encuentra ausente y ello no se subsana al considerarles retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.
En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad. Se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes mayorías que han sido marginadas y excluidas).
Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está recomponiendo a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los territorios ancestrales de los pueblos.
Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en México y en el resto del continente.
Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal, pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.
A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial en torno a la supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de Francia. Coexisten varios pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes, zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen nada y que los proyectos son del Estado mexicano y se realizarán aún en contra de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras ejidales y comunales.
Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en unidad, pues en esta nueva etapa del despojo se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora quieren destruir los cimientos, señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos año con año porque así nos mandaron”.
Hacia el norte encontramos las batallas del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.
Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.
Toda esta serie de amenazas se ciernen sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años, por qué veneran, por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar la importancia de los ritos y de los lugares rituales.
Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado reordenamiento territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan Sabines de las ciudades rurales, que son formas de concentrar a la gente, “urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo. Mientras, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por los paramilitares, mediante programas y proyectos que no mitigan la pobreza.
Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de Temacapulín ha dado la batalla legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en Michoacán, con su cauda de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.
Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho, así como la oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán, Michoacán, que logró instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan ¿hasta dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?
Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]
Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países, aunque la mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de sobrevivencia.
Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.
Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.
Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios. Urge romper el ciclo de resistencias meramente reactivas y trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o progresistas.
Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.
A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.
Nota:
[1] Casos planteados en reunión con movimientos indígenas realizada el 30 de noviembre de 2011 en el IIE UNAM.

I. Luchas desde las diversidades de abajo por afirmar las autonomías de los pueblos y contra el capitalismo e imperialismos.

VIII Foro Social Panamazónico
Declaración Foro Nacional Perú 
en camino al VIII FOSPA–Tarapoto

7 de noviembre de 2016
Por Foro Social Panamazónico Perú (forosocialpanamazonico.com)

Las mujeres, los hombres y los jóvenes de la Amazonía, de los Andes y la Costa peruana, representados por las organizaciones indígenas, organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil y movimientos sociales asistentes, sostenemos que el sistema capitalista y la globalización viene imponiendo un modelo de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles, que amenaza la seguridad de los territorios indígenas y no prioriza el cuidado de los bienes de la naturaleza. Este modelo genera deforestación, contaminación de cabeceras de cuenca y ríos, y destrucción de la naturaleza, con lo cual somos testigos de la alteración de los ecosistemas y el agravamiento de los impactos negativos del cambio climático.
Asistimos a un proceso acelerado de acaparamiento de tierras y monocultivos que pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y que se expresa entre otras cosas en el incremento de la migración, la fragmentación del territorio y la deforestación. Este proceso se ve facilitado por las inadecuadas e inaplicables políticas agrarias que contribuye a la pérdida de productos tradicionales por promover principalmente productos para la exportación como la palma aceitera, cacao, etc., funcionales a la lógica del mercado, que no contribuyen a lograr soberanía y seguridad alimentaria.
A esto se añade el no reconocimiento del aporte de las mujeres amazónicas, andinas y costeñas y la consecuente pérdida de conocimientos ancestrales que atenta contra el cuidado y promoción de la biodiversidad, aspecto central para el bienestar de la humanidad.
Este modelo de desarrollo no responde a las necesidades de nuestros pueblos ni se enriquece de nuestros modelos de Vida plena/Buen Vivir, pero además nos afecta porque agudiza la inseguridad alimentaria, la pérdida de saberes ancestrales como aporte a la lucha contra la pobreza y cambio climático, poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones y recortando sus posibilidades de desarrollo, así como la vida del planeta.
Este modelo de desarrollo favorece exclusivamente a las empresas y las grandes inversiones privadas mediante leyes que rebajan los estándares ambientales y atropellan los derechos de los pueblos, especialmente los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, y aumenta los conflictos socioambientales. Los megaproyectos extractivos y de infraestructura impactan con mayor fuerza a las mujeres (trata de mujeres y niñas, violaciones, embarazos adolescentes, niños/as abandonados/a). Con ello viola los derechos fundamentales de los pueblos.
Desde la unidad ecológica y diversidad cultural de la Amazonía y los Andes, donde los ríos amazónicos nacen en los Andes y los bosques amazónicos llevan las lluvias a los Andes, en un vínculo indesligable de reciprocidad y complementariedad, los pueblos que los habitamos compartimos la visión integral del territorio como espacio de vida y relación armónica con la naturaleza, de saberes ancestrales y ejercicio de su libre determinación, y enfrentamos las mismas amenazas.
En defensa de nuestros territorios y de los bienes de la naturaleza, acudimos al llamado del bosque y DECLARAMOS:
Nosotros y nosotras rechazamos la intensificación del modelo de desarrollo que prioriza la extracción de los bienes de la naturaleza y pone en un segundo plano la vida de nuestros pueblos.
Nos afirmamos en la defensa de la vida y los bienes de la naturaleza como elementos fundamentales para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo.
Hacemos un llamado a movilizarnos rumbo al VIII FOSPA y expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de todos los países de la Panamazonía en su lucha por la defensa de su territorio y la autodeterminación de los pueblos.
Demandamos al Estado:
  • El reconocimiento del territorio integral ancestral de los pueblos indígenas u originarios, con la titulación colectiva de sus territorios para el ejercicio de su autogobierno en la construcción del Buen Vivir / Vida Plena. Reconocimiento de la gestión indígena de los territorios, bosques y bienes naturales.
  • Desde un diálogo auténticamente intercultural con los pueblos indígenas, la implementación efectiva del Convenio N° 169 de la OIT, garantizando la participación de las mujeres y los jóvenes.
  • La construcción, con las organizaciones indígenas, de una sólida, representativa y participativa institucionalidad estatal para los pueblos indígenas. Planteamos crear un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios.
  • La derogatoria de los tratados de libre comercio y no firma del TPP, porque vulneran los derechos humanos y colectivos y atentan contra la soberanía y seguridad alimentarias.
  • Derogatoria de los paquetazos ambientales y de todas las normas que atenten contra los bienes de la naturaleza.
  • Intangibilidad de las cabeceras de cuencas. Siembra y cosecha de agua de lluvia, protección y cuidado de los ojos de agua. Tratamiento de aguas residuales y establecimiento de rellenos sanitarios.
  • Establecer, junto con las comunidades campesinas, comunidades nativas y la sociedad civil, mecanismos de alerta temprana frente a conflictos socioambientales. Diseñar participativamente estrategias nacionales de vigilancia y monitoreo ambiental.
  • Creación de un distrito electoral indígena, para la elección directa de representantes de los pueblos indígenas u originarios en todos los niveles de gobierno.
  • En materia educativa, un diseño curricular diversificado con enfoque ambiental e intercultural. Revaloración de la identidad cultural en todos los niveles educativos. Reconocimiento oficial de la educación intercultural comunitaria.
  • Suspensión de permisos forestales y de megaproyectos de infraestructura (carreteras, represas, líneas de transmisión).
  • Que se respete la labor de las mujeres indígenas amazónicas y andinas como Defensoras de los Derechos, de la vida, territorios y la naturaleza, que se asegure su labor de Defensoras para que no sigan siendo violentadas en sus comunidades por las empresas y el Estado. Exigimos derogar las leyes que criminalizan la protesta.
  • Reconocimiento de los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, así como de sus aportes en la mitigación y la adaptación. Protección y promoción de los saberes ancestrales de las mujeres indígenas.
  • Prevenir y enfrentar de manera efectiva todas las formas de violencia que los megaproyectos extractivos y de infraestructura llevan a las comunidades. Las políticas de Estado por la equidad y contra la violencia de género deben tener e implementar un enfoque intercultural.
  • Promoción y articulación de modelos alternativos, con respeto a pluriculturalidad y la libre determinación de los pueblos: experiencias productivas y económicas propias. Formación de asociaciones productivas. Desarrollo del turismo ecológico y comunitario. Agricultura alternativa: agroforestería y agroecología. Reforestación con plantas nativas, piscigranjas. Valor agregado a productos del bosque no maderables.
  • Priorizar, favorecer la agricultura familiar como forma de lograr la seguridad y la soberanía alimentaria, mediante la aprobación de la ley de seguridad alimentaria y nutricional. Como parte de ello, desarrollar políticas y programas para promover la recuperación, conservación y cultivo de nuestras semillas amazónicas y andinas. Implementar la ley de agricultura familiar.
  • Garantizar presupuestos para combatir el cambio climático con enfoque de riesgos. Promover las energías renovables.
  • Elaborar, con los pueblos indígenas u originarios, los mapas de riqueza que identifiquen los bienes naturales para su protección y conservación. Recuperación de áreas degradadas y reparación de pasivos ambientales. Recuperación de especies en peligro de extinción. Protección de la biodiversidad.
  • Para garantizar la defensa de los derechos, del territorio y los bienes de la naturaleza, exigimos un referéndum para una nueva Constitución Política del Estado, que cambie el modelo extractivista primario exportador por un nuevo modelo encaminado hacia el Buen Vivir / Vida Plena.
Nos comprometemos a:
  • Articularnos en un gran colectivo nacional para la vigilancia, monitoreo, movilización e incidencia en torno a una agenda nacional articulada.
  • Fortalecer las capacidades y los liderazgos en nuestras organizaciones. Incidencia pública en los medios de comunicación.
  • Vigilar a las autoridades elegidas y el cumplimiento de sus planes de gobierno presentados en campaña electoral.
  • Realizar incidencia política en los gobiernos regionales y locales para proteger el bosque y las reservas naturales.
  • Promover las reformas de los estatutos comunales para el reconocimiento pleno de las mujeres como comuneras calificadas, para que también decidan sobre la gobernanza de los territorios, bienes naturales y bosques. Incorporar en los planes de vida de las comunidades las demandas de las mujeres indígenas. Darles participación en los mecanismos de justicia comunales para erradicar la violencia familiar.
  • Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en nuestras organizaciones, con equidad de género en las directivas. Que sus voces sean escuchadas y sus aportes reconocidos en todos los espacios de diálogo y decisión.
  • Sensibilizar y difundir la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria.
  • Promover, revalorizar, actualizar e intercambiar conocimientos y prácticas sobre la medicina tradicional, adaptación y mitigación del cambio climático, protección de los bosques, agricultura orgánica, soberanía alimentaria.
  • Enfrentar el consumo depredador generando estilos de consumo responsables.
  • Conocer más a fondo los mecanismos para la reducción de emisiones. Implementar mecanismos de alerta respecto a la piratería del carbono.
  • Construir una sociedad de paz y armonía entre los pueblos y con la naturaleza.
Tarapoto, 29 de octubre de 2016