Se trata de cuestionar a
qué
democracia representan.
Es bueno proceder a resistir la represión en Jujuy y a organizar la
solidaridad pero recortar el presente del pasado reciente y de la dictadura
genocida, resulta contribuir a la permanencia de la opresión que causa
miseria y terror en la provincia. Se tendría que haber hecho cuanto se
hace por Milagro (que es únicamente para liberarla y todo siga igual) en apoyo al
Centro de Acción Popular
Olga Marquez de Aredez que era asumir la memoria de l@s 30.000 atacando
a los impunes de acumular riquezas y poder con terrorismo de estado y
democracia de baja intensidad:
“Blaquier
representa el genocidio del poder económico”
2 de octubre de 2012
2 de octubre de 2012
Integrantes del Centro de Acción Popular Olga Marquez de Aredez estuvieron en
Rosario, invitados por Ate Rosario, para impulsar actividades con el fin de
visibilizar los juicios de lesa humanidad que suceden en Jujuy y la
responsabilidad del Ingenio Ledesma y su presidente Pedro Blaquier en estas
causas donde, entre otras, se investiga la desaparición de Luis Aredez. A su
vez, denuncian la contaminación ambiental que provoca a través del bagazo, el
principal complejo agroindustrial del país que concentra en Jujuy más de 150 mil
hectáreas de tierra. Con ellos, estuvo
enREDando.
Por María
Cruz Ciarniello
I.
Tierra, aire, nombres
Bagazosis,
una enfermedad que perfora los pulmones. La caña de azúcar. El imperio Ledesma.
Los Blaquier. Los Aredes. Olga y Luis.
Libertador
General San Martín convertido en feudo. Paradojas de los nombres que llevan
algunos lugares de nuestra tierra argentina.
Jujuy,
aquella hermosa provincia del norte donde, además de quebradas y resistencias
indígenas, la injusticia muestra la postal más descarnada de la concentración
económica. Más de 150 mil hectáreas de tierra están en manos de una sola
familia: Blaquier-Arrieta, y de ellas, sólo 25 mil son utilizadas para la
producción de caña de azúcar.
II. Triángulo
15 -apenas
15- de esas 150 mil hectáreas fueron ocupadas, en julio de 2011, por 700
familias que no tenían un techo digno para vivir. Ante el incumplimiento durante
más de 4 años del gobierno provincial -que había prometido expropiar parte de
esa tierra para la construcción de viviendas-, la Corriente Clasista y Combativa
realizó la toma en el Triángulo. El saldo: 4 personas asesinadas por la policía
de la provincia tras una orden de desalojo dictada por el juez Sammar. “Además
se vio a vigilantes de Ledesma marcando a la gente que ocupaba la tierra”, se
detalla en el periódico de la Central de Trabajadores Argentinos del mes de
agosto de 2012.
“Imagínese
un huevo frito. La yema es el pueblo y la clara, es Ledesma. Todo lo que nos
rodea es de ellos. Entonces, si la gente no tiene dónde vivir o se va o tiene
que ocupar”, manifestó en ese entonces, la abogada Mariana Vargas en diálogo con
lavaca. “Ledesma hace inteligencia y conoce a cada uno de los que reclama. Es
como un Estado paralelo: funciona con su propia logística. Y ese Estado paralelo
cuando lo necesita, hace trabajar al Estado formal para dejar en claro quién
manda a quién. Esto fue una carnicería en nombre de la defensa de la propiedad
privada”.
Según nota
del periódico Miradas al Sur “el departamento de Libertador general San Martín
es el segundo en tamaño en Jujuy. Tiene unos 3.200 kilómetros cuadrados de
tierras. El 80 por ciento de ese territorio es de la familia Blaquier, dueña de
Ledesma. “En los ’70 vivían en la zona unos 30 mil habitantes. Casi la mitad,
unos 14 mil, trabajaban en Ledesma. Hoy en el departamento de Libertador viven
unas 85 mil personas, y sólo unas 2.800 trabajan en el ingenio.” El saldo: una
empresa que no ha dejado de crecer y un pueblo que no ha dejado de empobrecerse.
“ (7/8/2011)
Dos meses
después de los asesinatos, Ledesma cedió 40 hectáreas. El acuerdo fue firmado
por referentes de la Corriente Clasista y Combativa y de la Municipalidad de
Libertador. Según afirma la Central de Trabajadores Argentinos, hasta la fecha,
los lotes no cuentan con los servicios básicos para vivir como la luz y el agua
potable.
III
El apagón y la marcha
Delitos de
lesa humanidad que comienzan a ventilarse en el recinto de los Tribunales y,
también, en las calles, el lugar donde la condena social a los genocidas
–militares y civiles- de los años 70, se construye palmo a palmo. Así se comenzó
a realizar la mítica Marcha del Apagón en la provincia de Jujuy. Esta marcha se
realiza todos los años. Miles y miles de personas acompañan el paso firme de los
familiares de los más de 40 desaparecidos del Departamento Ledesma de Jujuy.
Continúan las huellas de la lucha que dejaron las Madres de Plaza de Mayo, entre
ellas, Olga Aredez.
Es un
reclamo de justicia por lo que sucedió en Libertador General San Martín en las
madrugadas del 20 al 27 de julio de 1976, donde se secuestraron a más de 400
personas. “La
usina de Libertador Gral. San Martín corta el suministro eléctrico en todo el
departamento de Ledesma, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de
la empresa comienzan a allanar y saquear viviendas en los pueblos de Libertador,
de Calilegua y El Talar. En vehículos de la empresa son trasladados más de
cuatrocientos trabajadores, estudiantes, profesionales y hasta familias enteras
a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecen días y
meses atados y encapuchados. Tras la tortura e interrogatorios, varios son
liberados, algunos son enviados a comisarías o cuarteles militares; otros
aparecen en cárceles de distintas provincias. El apagón se repite tres noches
después. Mediante los apagones del terror, con el secuestro y desaparición de
activistas políticos, gremiales y sociales, la empresa reafirma su control y
disponibilidad absoluta sobre personas e instituciones. Hoy contabilizamos 41
desaparecidos en el departamento Ledesma en Jujuy. Y se han denunciado 33
centros de tortura en la zona. Desde 1983 un pequeño grupo de madres comienzan
las rondas de los jueves en la plaza de Libertador General San Martín, a pocas
cuadras del acceso al ingenio Ledesma.”
En ese
entonces, ya era emblemática la figura del Dr. Luis Aredez, médico pediatra
quien, durante la década del 60, inicia un proceso en defensa de la salud de los
obreros azucareros que provocaría su despido de uno de los principales ingenios.
Luis fue intendente de Libertador San Martin en 1973 y hasta 1976. Es destituído
con el Golpe de estado, secuestrado y liberado un año después. Como intendente,
impulsó una reforma legislativa para que el Ingenio Ledesma (el más grande del
país) pagara los impuestos que debía y desde allí, también, denunció la
contaminación que provoca el mayor complejo azucarero de Latinoamérica. Dice su
hija, Adriana, en diálogo con el periódico de la CTA: “Por supuesto que mi padre
sabía que los niños se morían de alergia. Mi mamá murió de bagazosis, por eso
pedimos que no se consuman los productos de Ledesma.”
A Luis
Aredes se lo llevaron por última vez el 13 de mayo de 1977 y desde entonces,
está desaparecido.
Desde ese
día, su esposa, Olga, y sus cuatro hijos, no se cansaron de exigir justicia.
“Olga Aredez hasta el fin de su vida denunció el atropello empresario, la
destrucción de las selvas, contaminación de los ríos con gran mortandad de peces
por residuos de la fábrica de azúcar y papelera, apoyó el derecho a las tierras
de las comunidades indígenas del NOA y la defensa de un ambiente sano y digno
para los habitantes.”
IV. Olga
contra todo
Olga fue una
mujer inmensa. Sola, comenzó a rondar por la plaza de Libertador, el lugar donde
Ledesma es dueña de casi todo. Sola, se decidió a denunciar una y otra vez, la
contaminación que produce el Ingenio y que provoca bagazosis, la enfermedad que
le ganó el 17 de marzo de 2005. “Lo que produce bagazosis no es la quema de la
caña, sino la degradación de la celulosa que la hacen con un licor de hongos y
bacterias. Eso por ley debe estar cubierto, pero está eternamente descubierto y
todo el pueblo lo aspira. Los hongos y las bacterias se depositan en los
pulmones que es un lugar húmedo y producen fibrosis pulmonar y cáncer y eso se
llama bagazosis”, decía Adriana Aredez.
Pero Olga no
murió sola. Esa marcha que inició con su pañuelo blanco fue multiplicada en
miles. Acompañada cada año por las Madres de Plaza de Mayo, por más jóvenes,
militantes, organizaciones sociales y de derechos humanos. Antes de morir, Olga
presentó un recurso
de amparo, junto al Comité para la Defensa de la Salud, la Ética
y los Derechos Humanos, contra Ledesma. “A fin de que se evite la contaminación
producida por el bagazo de azúcar que afecta los derechos humanos a la salud y
al medio ambiente de los vecinos de Libertador General San Martín”, en los
Tribunales de Jujuy y al que oportunamente se le diera lugar. Este es el primer
amparo ante la justicia jujeña, ya que hasta el momento ninguno de los
habitantes de General San Martín se animaron a litigar contra la única fuente de
trabajo de la zona.
Las montañas
de bagazo se huelen a kilómetros de distancia. “Constantemente hay casos de
contaminación, el principal es el bagazo, la pudredumbre de la caña con la que
se hace el papel, esas son montañas gigantescas que cuando vas a Libertador, el
olor es imponente, además de los líquidos que utilizan para blanquear el papel y
también está el desvío de los ríos que se hicieron para que los cañaverales
crezcan más rápido. Con respecto al método para hacer papel, ellos utilizan el
peor método. Ellos usan cloro puro, eso lo fuimos denunciando. Hace poco hubo un
juicio y la justicia fallo obligándolos a colocar un filtro en las chimeneas.
Cuando llegas la impresión primera es el olor, y ver esas chimeneas es
increíble. Y en la actualidad, esos filtros no están funcionando en absoluto”.
Esto lo afirman integrantes de Capoma, una organización que nació en el 2005 con
un único objetivo: denunciar lo que sucede en el feudo que controla la familia
Blaquier en Jujuy.
V.
Olor a miedo
En
Libertador San Martín, muchas veces, se huele el miedo
“Yo tengo
conocimiento de que Blaquier llamó a toda la Comisión Directiva de la fábrica y
a sus delegados amenazándolos para que ninguno viniera a la marcha porque iba a
ver problemas. Han venido haciendo un trabajo de sembrar el terror, diciendo que
al Ingenio lo van a vender. La respuesta creo que es más que contundente, el
grueso de la gente es de acá lo que demuestra que más alla de esta campaña que
afecta y mucho (…) hoy la gente igual se moviliza (…) señaló Nando Acosta,
Secretario de Interior de la CTA, en la última marcha del Apagón, la caminata
que une los kilómetros que separan Calilegua de Libertador San Martín. Todos los
años, el último jueves del mes de julio, miles de personas vencen el terror
impuesto en esta localidad. Salen a la calle, por la memoria de los
desaparecidos, de Olga y Luis Aredez.
“Decidimos
conformarnos como grupo para tener un lugar y que la lucha de Olga no se pierda
y no sea en vano. Es la responsabilidad nuestra la de tener el pañuelo como
símbolo de resistencia y lucha de las madres que recayó en nosotros porque
asumimos un compromiso, seguir los pasos de Olga y de todas las madres de
libertador general san martin que tienen los hijos desaparecidos”, explican los
integrantes de Capoma, quien también hablan de “aprietes” a los trabajadores que
son amenazados con el cierre de la fábrica . “Hay pueblos enteros donde no se
puede hablar en contra de Ledesma”, advierten preocupados.
En Ledesma,
se realizó un abrazo solidario al Ingenio en el mes de julio de 2011, a la que
concurrieron vecinos de esta localidad, tal vez, como muestra más significativa
del poder que concentra la empresa en esta zona.
VI
Juicio
El 12 de
julio comenzaron en Jujuy los juicios por lesa humanidad donde se están juzgando
los crímenes y detenciones ilegales que se llevaron a cabo en toda la provincia.
Uno de ellos involucra la causa donde se investiga la detención y desaparición
de Luis Aredez. En los testimonios de sus hijos se mencionó la complicidad del
Ingenio Ledesma en los secuestros y desapariciones durante la noche del apagón.
En esta causa está denunciada la participación de Carlos Pedro Blaquier dueño de
Ledesma SAAI y Alberto Lemos, administrador de la empresa azucarera en el
momento de la desaparición de Arédez.
En total, se
reconstruye lo sucedido con 43 víctimas del terrorismo de estado en Jujuy y son
juzgados los represores Luciano Benjamin Menéndez, Rafael Braga, Eduardo
Bulgheroni y Antonio Vargas. Pedro Blaquier está imputado en dos causas. “En
ambas se lo convoca por su –en términos legales– presunta participación en los
delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos. En el primero de los
casos es por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón, que se
sucedieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Ledesma, Calilegua y General San
Martín, las tres localidades que entonces componían la zona de influencia del
ingenio. La otra causa es la referida al ex intendente de General San Martín,
Luis Arédez, secuestrado en mayo de 1977 y aún desaparecido.”
Desde
Capoma, en diálogo con enREDando, amplian: “está implicado por violación de
domicilio y ahora por una ampliación en la imputación por homicidio y secuestro
y en la cual a raíz de eso la fiscalía pide la exención de prisión porque no es
excarcelable, y el juez de instrucción aun no decidió. En esa causa, ya hubo una
declaración indagatoria por la violación de domicilio que es cuando Blaquier declara
por videoconferencia y
en la cual todavía el juez de instrucción esta en plazo para ver si dicta o no
dicta el procesamiento y si se decide por la prisión preventiva o no.”
Este juicio
es fundamental. En principio, porque por primera vez, un empresario de la
magnitud de Pedro Blaquier es imputado por causas de lesa humanidad. Para los
familiares, significa una instancia muy importante. “Para nosotros es parte del
camino recorrido, sabemos que esto no termina acá, porque también está el tema
de la contaminación pero es una etapa importantísima, después de 36 años se hace
justicia. Los familiares y los ex detenidos tuvieron un rol muy importante
porque fueron ellos los que estuvieron buscando las pruebas, los testimonios,
recordemos que Jujuy no es como Buenos Aires.
En Jujuy hay una empresa que es un
feudo, controlado por una familia que sigue oprimiendo a la población con el
miedo”, dicen desde la organización que articula a numerosas personas en todo el
país y que tiene como norte, la mirada de Olga Aredez.
“Por lo
menos esto es un avance porque comienza a generarse el debate acerca del poder
económico como ideólogo de la dictadura militar.”
Para tomar
dimensión del poder de la empresa: el ingenio Ledesma creció y diversificó sus
producciones en los años 70, donde empieza a transformase en un poderoso
complejo agroindustrial. En 1970, después de 18 años de funciones ejecutivas,
Carlos Pedro Blaquier asumió la presidencia de la empresa, la que ejerce hasta
el presente. Durante su presidencia se incorporaron la fábrica de jugos
concentrados, la planta de molienda húmeda de maíz, el negocio de gas y
petróleo, la planta de cuadernos y repuestos escolares y comerciales, y la
producción agropecuaria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.
Ledesma es
el primer productor de azúcar de la Argentina con 330.000 toneladas anuales, que
es el 20% del país.
En 1982,
Ledesma comenzó la molienda húmeda de maíz. Actualmente alcanza las 185.000
toneladas anuales.
Ledesma es
el principal productor de papel obra para impresión y escritura del país,
elabora 105.000 toneladas anuales de papel, aproximadamente el 40% de la
producción nacional.
Además,
produce alcohol, frutas y cereales.
Ledesma no
es solo una gran empresa en Jujuy, afirma Capoma. “Es un monopolio”,
VIII
Memoria
Capoma es la
única Casa de la Memoria que funciona en la región del Noa. Allí, la comunidad
puede encontrar documentación local, nacional e internacional, material de
archivo que sintetizan el vínculo entre el terrorismo de Estado y el
conglomerado industrial Ledesma. Además, cumplen “la función de nexo con las
distintas organizaciones que deseen orientar, asesorar y ayudar a todas aquellas
personas o grupos que sientan que sus derechos humanos están siendo vulnerados”.
Capoma nace,
hace, construye.
Por eso, no
dudan en continuar avanzando, en el recinto de los tribunales para juzgar a
Blaquier. Afuera, en la calle, para seguir denunciando la contaminación
silenciosa e impune del imperio Ledesma, “el más grande de Latinoamérica y el
que peor le paga a los obreros”, según nos dicen.
IX Complicidades
El poder
político, judicial y la policía constituyen partes fundamentales del engranaje
cómplice que rodea a Ledesma.
Así lo
detallan los integrantes de Capoma: “Olivera Pastor fue uno de los jueces que
cajoneó durante años la causa Ledesma. No quería que se llame así, sino causa
Guerrero que fue uno de los centros clandestinos. Con este juez, nunca se
conformaba un tribunal provincial en la provincia. Olivera Pastor tuvo que
renunciar debido al fuerte empuje de las organizaciones sociales que el 24 de
marzo salieron a pedir la renuncia de este juez. Esta es la impunidad que tiene
Blaquier en el poder judicial. Carolina Perez Rojas es otra jueza que fue la que
dio la orden para reprimir en el Triángulo el año pasado y es la misma jueza que
le generó causas judiciales a obreros del ingenio cuando tomaron la planta en el
ingenio la Esperanza. Y el abogado defensor de Blaquier, había sido entre los
años 70 y 80, un juez de Jujuy. Habiendo sido un ex juez de la provincia, hoy es
abogado de Blaquier. Esta es la vinculación que tiene el poder judicial. El
juicio de contaminación que inició Olga Oredez, de los cuatro jueces, solo uno
dijo que Ledesma contaminaba, fue Héctor Tizón que falleció hace poco.”
En la última
marcha del apagón, Nando Acosta de la CTA, expresó: “es llamativo que donde hay
caña de azúcar como en Jujuy, Salta y Tucumán no haya casos de bagazosis pero sí
en Córdoba. Hay un convenio, un acuerdo entre las clínicas de derivarlos a
Córdoba, donde no hay ingenios. Recién los vuelven a traer cuando les
diagnostican cáncer.”
Desde Capoma
advierten: “En una de las oficinas de la empresa, se encontraron los archivos de
espionajes de compañeros que estuvieron en la marcha del 2005 que fue una de las
más importantes, porque allí se esparcieron las cenizas de Olga en la plaza de
Libertador. De esa marcha, se encontró una carpeta con nombre y apellido de
personas que estuvieron, identificando sus movimientos, sus autos, etc. Es la
impunidad del espionaje. Son pequeñas grandes cosas que no hay que olvidar
porque Ledesma representa todo eso: la impunidad desde hace 100 años”.
Agencia CTA
(Periódico ACTA N° 89, Agosto de 2012)
Para contactarte con Capoma, conocer sus actividades o buscar información,
ingresá a www.contraledesma.org.ar.
Escuchamos hoy sobre las relaciones del gobierno de Macri con Blaquier pero es
política de estado porque el de Cristina Fernández también está implicado en
posibilitar esa conciliación de clases.
En efecto:
Los negocios de Blaquier con el Gobierno, detrás de la ruptura de
la UIA
10 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
LaPolíticaOnline (LPO)
Ledesma
fue el gran favorecido por el reparto de la cuota interna anual de bioetanol.
Así, la firma de Blaquier junto a Tabacal y La Florida concentran alrededor del
60 por ciento de este mercado. Las opiniones en privado de Blaquier sobre el
kirchnerismo y cómo se gestó la entrega del cupo. El empresario fue uno d elos
grandes impulsores de la candidatura de Madanes que terminó fracturando a la UIA.
El gobierno
nacional dio a conocer la distribución del cupo de abastecimiento de bioetanol
destinado al mercado interno para ser mezclado con nafta durante el transcurso
de 2011, según lo dispuso la resolución 1673/10 de la Secretaría de Energía.
Y como era de esperar para los conocedores del mercado azucarero
que dialogaron con La Política Online, la empresa más beneficiada fue Bioledesma,
integrante del Grupo agropecuario Ledesma, que pertenece al multimillonario
Carlos Pedro Blaquier (83 años).
Es que, según lo determinó dicha resolución firmada por el secretario de Energía Daniel Cameron, la firma jujeña recibió un cupo de 48.996 metros cúbicos, una cifra superior al 20 por ciento del total de la cuota interna de unos 210.619 metros cúbicos.
Las otras dos firmas mayormente favorecidas fueron Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos, que junto con Ledesma concentran el 60 por ciento del cupo 2011 de etanol.
El 40 por ciento restante se distribuyó entre otras ocho empresas del sector azucarero, entre las cuales se cuentan, Bio San Isidro, Bionergía La Corona, Biotrinidad, Compañía Bioenergía Santa Rosa, Energías Ecológicas de Tucumán, Río Grande Energía, Biomadero, y Promaíz.
En este contexto, algunos empresarios del sector azucarero levantaron sus sospechas ante una supuesta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Energía en la distribución del cupo de bioetanol 2011.
Al parecer, según señalaron las fuentes consultadas, Blaquier mantiene aceitados contactos con funcionarios del Gobierno nacional, incluso con Guillermo Moreno, a quien llegó a elogiar en público.
Incluso, en privado y con los suyos, el dueño de Ledesma se manifiesta a favor de las políticas que implementa el kirchnerismo en lo que se refiere al apoyo brindado a la industria nacional (a pesar de no considerarse peronista).
“Pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional como éste y por esto vamos a seguir invirtiendo en la Argentina”, confió Blaquier en una de las últimas reuniones de directorio del Grupo Ledesma, según pudo saber LPO.
Es que, según lo determinó dicha resolución firmada por el secretario de Energía Daniel Cameron, la firma jujeña recibió un cupo de 48.996 metros cúbicos, una cifra superior al 20 por ciento del total de la cuota interna de unos 210.619 metros cúbicos.
Las otras dos firmas mayormente favorecidas fueron Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos, que junto con Ledesma concentran el 60 por ciento del cupo 2011 de etanol.
El 40 por ciento restante se distribuyó entre otras ocho empresas del sector azucarero, entre las cuales se cuentan, Bio San Isidro, Bionergía La Corona, Biotrinidad, Compañía Bioenergía Santa Rosa, Energías Ecológicas de Tucumán, Río Grande Energía, Biomadero, y Promaíz.
En este contexto, algunos empresarios del sector azucarero levantaron sus sospechas ante una supuesta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Energía en la distribución del cupo de bioetanol 2011.
Al parecer, según señalaron las fuentes consultadas, Blaquier mantiene aceitados contactos con funcionarios del Gobierno nacional, incluso con Guillermo Moreno, a quien llegó a elogiar en público.
Incluso, en privado y con los suyos, el dueño de Ledesma se manifiesta a favor de las políticas que implementa el kirchnerismo en lo que se refiere al apoyo brindado a la industria nacional (a pesar de no considerarse peronista).
“Pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional como éste y por esto vamos a seguir invirtiendo en la Argentina”, confió Blaquier en una de las últimas reuniones de directorio del Grupo Ledesma, según pudo saber LPO.
La interna de la UIA
Con el correr de las semanas empezaron a trasceder detalles de la irrupción del dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la interna de la UIA reclamando elecciones internas, que terminó provocando la renuncia de Héctor Méndez y un profundo enfrentamiento entre los dos sectores mayoritarios, las listas “Industriales” y “Celeste y Blanca”.
Fuentes de la entidad, confirmaron a LPO que uno de los principales promotores d ela irrupción de Madanes fue Blaquier, que sumó al titular de Fiat, Cristiano Rattazzi a la embestida. Es que todos integran sectores de la economía muy favorecidos por la política kirchnerista y temen que una UIA comandada por Techint los lleve a una confrontación con el Gobierno perjudicial para sus intereses.
Es que ahora le tocaba a Industriales poner al presidente de la UIA y este sector lo lidera la siderúrgica de la familia Rocca. Si bien las fuentes agregaron es que hasta ahora no hay evidencias de que el gobierno haya estado detrás de la movida de Blaquier, Madanes y Ratazzi, todos coinciden en la UIA que el dueño de Ledesma se cansó del estilo autoritario de Rocca: “Se cree el Papa y que todos tienen que ir a besarle el anillo”.
Con el correr de las semanas empezaron a trasceder detalles de la irrupción del dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la interna de la UIA reclamando elecciones internas, que terminó provocando la renuncia de Héctor Méndez y un profundo enfrentamiento entre los dos sectores mayoritarios, las listas “Industriales” y “Celeste y Blanca”.
Fuentes de la entidad, confirmaron a LPO que uno de los principales promotores d ela irrupción de Madanes fue Blaquier, que sumó al titular de Fiat, Cristiano Rattazzi a la embestida. Es que todos integran sectores de la economía muy favorecidos por la política kirchnerista y temen que una UIA comandada por Techint los lleve a una confrontación con el Gobierno perjudicial para sus intereses.
Es que ahora le tocaba a Industriales poner al presidente de la UIA y este sector lo lidera la siderúrgica de la familia Rocca. Si bien las fuentes agregaron es que hasta ahora no hay evidencias de que el gobierno haya estado detrás de la movida de Blaquier, Madanes y Ratazzi, todos coinciden en la UIA que el dueño de Ledesma se cansó del estilo autoritario de Rocca: “Se cree el Papa y que todos tienen que ir a besarle el anillo”.
Blaquier que lidera el sector “Celeste y Blanca” no entiende porque tiene que arriesgar su relación con el Gobierno por un capricho de Rocca. De hecho, se mano derecha Federico Nicholson, acompañó a Cristina en la visita a Doha, a pesar de que intentaba tranquilizara Industriales afirmando que ellos iban a cumplir con el pacto y votarían a quien propongan para la presidencia de la UIA.
De todas maneras, se comenta que en este caso, Blaquier no tuvo que realizar demasiadas gestiones para que el gobierno lo favoreciera dado que la distribución del cupo ya estaba pactado tiempo atrás cuando el Gobierno decidió implementar la política de mezclar nafta con etanol.
De hecho, en la entrega del anterior cupo correspondiente al año 2010, Ledesma recibió un total de 49.000 metros cúbicos sobre un total de 180.400 entregados a las empresas (el otro favorecido fue Tabacal con 36.000 metros cúbicos).
En esta oportunidad, solamente un grupo de emisarios del empresario se encargaron de comunicarse días atrás con funcionarios nacionales para terminar de cerrar el número final de cuota interna que le pertenecería a Ledesma.
Observemos que la política
de estado para garantizar y promover la expansión de la oligarquía
diversificada al que pertenece Blaquier tiene éxito por incorporarse
al sistema capitalista mundializado. En ese camino de la acumulación
oligopólica de riquezas y poder se da el boom de los agrocombustibles
que va contra la producción de alimentos o sea genera miseria y hambre.
El poder corporativo: los agrocombustibles y la expansión de las agroindustrias
26 de octubre de 2007 | Biodiversidad - Oct 2007
26 de octubre de 2007 | Biodiversidad - Oct 2007
GRAIN
En los últimos años, el interés de las empresas por los agrocombustibles ha
pasado de un trote suave a una estampida a toda velocidad. Para los grupos
empresariales y los políticos, los agrocombustibles ciertamente son una de las
formas de energía “renovable” más potables porque encajan fácilmente en la
economía imperante basada en el petróleo. Pero también ofrecen oportunidades de
lucro que los promotores del nuevo esquema de los negocios “ecológicos” captaron
muy rápido. Cuantiosas cantidades de dinero se vuelcan ahora en todo el mundo a
proyectos de agrocombustibles—con consecuencias trascendentes.
La ola de inversiones en agrocombustibles está
replanteando el agronegocio mismo. Hay nuevos y poderosos actores que convergen
en el sector. Las empresas de cosméticos están vendiendo biodiésel. Grandes
petroleras compran plantaciones. Especuladores de Wall Street firman acuerdos
con barones feudales del azúcar. Todo el caudal de dinero que circula por el
mundo reorganiza e intensifica las estructuras transnacionales, vinculando a la
más brutal clase terrateniente del Sur con las más poderosas empresas del Norte.
Este documento analiza la expansión de las
inversiones empresariales en agrocombustibles y el control que asumen sobre
ellos. Brinda un panorama de quiénes están invirtiendo en agrocombustibles y
adónde va el dinero. Busca esclarecer los modos en que las empresas
transnacionales promueven las “ventajas ambientales” y los “beneficios
económicos” que dejarían a los agricultores, absorbiendo en sus estrategias de
lucro el desarrollo de estos combustibles como si fueran alternativos.
Quién pone el dinero para agrocombustibles
¿Es una tendencia, una burbuja o una
reconfiguración estructural? Es difícil decirlo a esta altura. Calificarla de
inundación es tal vez la forma más apropiada de describir el incremento de
inversiones en agrocombustibles ocurrido en los últimos años. Difícilmente pasa
un día sin que en algún lado se dé la noticia de que se echó a andar una nueva
refinería millonaria de agrocombustible. ¿Quién está invirtiendo en esta nueva
articulación?
Como cabría suponer, los grandes de los
agronegocios son uno de los principales respaldos. Compañías de materias primas
agrícolas como Archer Daniels Midland (ADM), Noble y Cargill realizan ya fuertes
inversiones. También las compañías que se especializan en el comercio del
azúcar, el aceite de palma y, en menor medida, la forestación.
También está el dinero del sector energético.
Grandes compañías petroleras como British Petroleum (BP) y Mitsui están
realizando inversiones sustanciales. También lo hacen las compañías petroleras
más directamente vinculadas a las agendas de sus gobiernos en materia de
agrocombustibles, como es el caso de Petrobrás de Brasil y PetroChina, y
empresas más pequeñas como pt Medco de Indonesia y la Compañía Nacional de
Petróleo de Filipinas.
Pero tal vez la más agresiva fuente de
inversiones en agrocombustibles provenga del mundo de las finanzas. Varias de
las casas más poderosas e importantes del capital globalizado se han trepado al
juego de los agrocombustibles. El financiamiento proviene de bancos tales como
Rabobank, Barclays y Société Générale, y de fondos de capital como Morgan
Stanley y Goldman Sachs, especializados en compras de empresas y que pueden
transferir rápidamente miles de millones de dólares de una parte a otra del
mundo.
Además, están los multimillonarios: George Soros, el gurú de los
fondos de cobertura, es dueño de operaciones en el rubro etanol/agronegocios en
Brasil; Bill Gates posee una de las empresas productoras de etanol más grandes
de Estados Unidos; Vinod Khosla, famoso en Google, es un importante
inversionista en una gama de negocios dentro del rubro de producción y
tecnología de agrocombustibles; y el dueño del Grupo Virgin y ahora Virgin Fuels,
Sir Richard Branson, tiene una abultada cartera de inversiones en
agrocombustibles. Estos titanes de la globalización no solamente aportan sus
cuantiosas fortunas a la fiebre de oro de los agrocombustibles, sino también su
fuerte peso político.
Por supuesto, detrás de todo esto,
reduciéndoles los riesgos a los grandes “especuladores” del mundo, están los
gobiernos y los organismos internacionales de préstamo, tales como el Banco
Mundial y los bancos de desarrollo regionales. Los miles de millones que ofrecen
a través de subvenciones directas, exenciones impositivas, construcción pública
de rutas de transporte, sistemas de comercialización de carbono y préstamos
blandos son lo que hace económicamente viable el negocio de los agrocombustibles.
Adónde va el dinero
“El
negocio va a estar en la producción del cultivo” Nancy
DeVore, Bunge Global Agribusiness.
Ciertamente hay
una conexión entre la efervescencia de los agrocombustibles y el salto en los
precios del petróleo que comenzó hace un par de años. Pero un aumento del precio
del crudo no termina de explicar el tipo de inversiones a largo plazo que los
grandes jugadores están realizando actualmente en agrocombustibles. El precio
del petróleo, aun en el caso de que las reservas mundiales estuvieran mermando,
está determinado todavía por la especulación, que tiene una relación muy suelta
con la oferta y la demanda. Con la misma rapidez que puede aumentar el precio
del petróleo, también puede caer, liquidando en el proceso a los productores de
agrocombustibles. Esto es precisamente lo que le ocurrió a la industria del
etanol en la década de 1980.
La característica actual del mercado de los agrocombustibles no es tanto el precio del petróleo sino el nivel de respaldo de los gobiernos. Por una serie de razones políticas, sin duda relacionadas con el creciente interés de las empresas en combustibles “renovables”, los gobiernos de los principales países consumidores de petróleo han dispuesto o están en vías de dictaminar que el combustible para transporte contenga porcentajes mínimos de etanol y biodiésel. En conjunto, las subvenciones y esta demanda garantizada sientan las bases de un gran mercado cautivo para las corporaciones de agrocombustibles.
Aun así, la
viabilidad de los agrocombustibles sigue en duda, y sus ganancias todavía están
a merced de otra variable importante —el precio de la materia prima, del vegetal
utilizado para producir el agrocombustible.
Los costos de producción de un cultivo pueden viabilizar o frustrar una operación de agrocombustibles, y no es fácil para un productor controlar el precio porque la industria de los agrocombustibles está siempre en competencia con otros mercados, especialmente el de alimentos, que depende de los mismos cultivos o de las mismas tierras. En efecto, el éxito de los agrocombustibles —manifestado en su creciente utilización— provoca un aumento en los precios de los cultivos al convertirlos en materia prima y reduce las existencias. Y un aumento en los precios puede ser letal porque las compañías de agrocombustibles tienen pocas opciones de transferir los costos.La forma más segura de resolver este dilema es que las compañías de agrocombustibles controlen la producción y la oferta de sus propias materia prima. Es por esto que actualmente la mayoría de las fábricas de agrocombustibles se construyen con inversiones simultáneas en la producción de cultivos. Hay una tendencia clara a la formación de redes transnacionales en pos de agrocombustibles, totalmente integradas, que juntan todo, desde las semillas al flete.
Aquí las
corporaciones agroindustriales, con sus cadenas mundiales de mercancías
agrícolas estructuradas, tienen una ventaja sobre sus competidores. En el futuro
cercano, los insumos producidos en cantidades suficientes como para abastecer
las operaciones de agrocombustibles en gran escala serán cultivos —soja, maíz,
palma aceitera y azúcar— cuya producción y comercio están dominados por un
pequeño número de empresas transnacionales. No causa sorpresa, pues, que gran
parte del dinero invertido en los agrocombustibles provenga de estas empresas o
se canalice a través de ellas. Los agrocombustibles, pues, traen consigo un
doble dividendo para las grandes corporaciones agroindustriales: hacen dinero no
solamente con la producción y venta de agrocombustibles sino también a través
del auge mundial de los productos básicos que esta nueva fuente de producción
ayuda a generar (ver el
capítulo “El nexo palma aceiterabiodiésel”).
Sin embargo, hay
algunos límites a cuán profunda y rápidamente podrán avanzar las grandes
agroempresas con su inversión en los agrocombustibles. Cargill, por ejemplo, ha
declarado abiertamente su preferencia por invertir en los canales de
alimentación humana y animal, llegado el momento. ¿Para qué quedar atado con la
venta de soja a los productores de agrocombustibles cuando es posible ganar más
dinero convirtiéndola en aceite comestible? [1]
adm puede ser el mayor productor de etanol del mundo, pero su negocio principal
sigue siendo la conversión de maíz en alimento animal o en almíbar de maíz con
alto contenido de fructosa para compañías como CocaCola y Pepsi, y no querría
que el aumento de precios del maíz pusiera en riesgo esos mercados. [2]
Esas grandes agroempresas están felices de vender agrocombustibles, pero
únicamente bajo su cuidadosa coordinación y control, sin perder su preciada
flexibilidad y los tradicionales canales de ganancias. [3]
Como consecuencia
de esto, el dinero excedentario destinado a los agrocombustibles que no es
absorbido por las grandes agroempresas se desvía a la creación de redes
transnacionales alternativas de productos básicos con sus propias cadenas de
producción y oferta de materia prima. Este aumento de la inversión especulativa
está generando una oleada de nuevas alianzas y agrupamientos comerciales, que
reúnen a compañías financieras, empresas fleteras, intermediarios y productores.
En algunos casos, grandes fondos de inversión como el Grupo Carlyle, crean
incluso sus propias redes de agronegocio y energía totalmente integradas (ver el
cuadro “Wall Street se va al campo”).
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Wall Street se va al campo
George Soros compró la compañía argentina Pecom Agribusiness en 2002,
que le dio más de 100 mil hectáreas de tierras en Argentina para cría de
ganado para cárnicos y lácteos, y producción de soja, maíz, trigo, arroz
y girasol. [4]
Luego, en 2004, la compañía de Soros, llamada ahora Adenco, se expandió
en Brasil, comprando 27 mil hectáreas de tierra en los estados de
Tocantins y Bahia, para la producción de algodón y café. En 2006, Adenco
ingresó en una sociedad con la familia Vieira de Brasil, un clan
cafetero de Minas Gerais, para establecer un enclave industrial con una
capacidad productiva de un millón de toneladas anuales de caña de
azúcar. La familia Vieira es accionista ahora de Adenco y maneja las
operaciones del grupo en Brasil. El grupo continúa expandiéndose y se
espera que pronto sus cuatro plantas de procesamiento de azúcar en
Brasil muelan 12 millones de toneladas de caña de azúcar, convirtiendo
gran parte de las mismas en etanol. Mientras tanto, en Estados Unidos,
Soros anunció que su empresa construye una planta para la fabricación de
etanol a partir del maíz, que procesará 50 millones de toneladas de
maíz, y está considerando la instalación de fábricas similares en
Argentina.
Goldman Sachs,
uno de los bancos de inversión más grandes del mundo no solamente tiene
entre manos el financiamiento de muchas de las principales empresas en
materia de agrocombustibles, sino que también es uno de los principales
inversionistas en energía “renovable”, habiendo invertido ya más de mil
millones de dólares, gran parte de ellos en agrocombustibles. [5]
Es copropietario de Iogen, una empresa líder en la investigación de
etanol celulósico, así como de las compañías de distribución de energía
Kinder Morgan y Green Earth Fuels, que trabajan juntas en la instalación
de una fábrica de biodiésel de más de 325 mil millones de litros y una
terminal de almacenamiento en Texas con capacidad para 8 millones de
barriles de biodiésel. Adentrándose aún más directamente en los
agronegocios, en 2006 Goldman Sachs pasó a ser copropietario de las dos
mayores compañías de carne de China, lo que convirtió al banco de
inversiones en el mayor inversionista de China en este sector. [6]
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Otras empresas
están eludiendo las cadenas de productos básicos ya formadas y ubican la
producción en zonas geográficas donde las agroempresas están menos presentes y
donde los costos de producción son bajos. Varias empresas chinas concretaron
acuerdos en Filipinas e Indonesia a principios de 2007 para convertir un millón
de hectáreas en cada país a la producción de cultivos energéticos para
exportación. [7]
Los productores brasileños de etanol expanden la producción de caña azucarera al
vecino Paraguay, donde se calcula que los costos de producción son incluso más
bajos que en Brasil. De igual modo, Maple Corporation, una compañía de energía
estadounidense, está estableciendo una plantación de caña de azúcar y una
fábrica de etanol en Perú, para sacar ventaja de los bajos costos de producción
del país así como de sus condiciones favorables de acceso a la exportación de
etanol a Estados Unidos. [8]
Otra forma de
eludir los problemas de la oferta es produciendo cultivos menos controlados por
las grandes agroempresas. Tanto BP como Conoco Phillips han formalizado acuerdos
con importantes procesadores de carne para abastecer con grasas animales la
producción de biodiésel. [9]
BP, junto con varias otras compañías, también trabaja con la jatropha como
cultivo base, mientras que hay empresas chinas y sudcoreanas ocupadas en cerrar
tratos en Nigeria e Indonesia para la producción en gran escala de mandioca.
Sin embargo, en
el sector de la investigación, la mayoría del dinero se destina al etanol
celulósico, la supuesta próxima generación de agrocombustibles. Mucha gente
dentro de esta industria cree que pronto se descubrirán métodos económicamente
viables para convertir la materia celulósica de las plantas en etanol, lo que
abriría camino a la utilización en gran escala de la producción de cultivos para
agrocombustible, tales como el pasto aguja (switchgrass)
y los árboles, o al uso de toda la planta de la caña de azúcar y el maíz
—cultivos que ya se utilizan para agrocombustibles— en vez de tan sólo la
extrusión del fluido en la caña o el uso de la mazorca del maíz, como ocurre
actualmente.
Quienes
desarrollen y patenten esas tecnologías celulósicas obviamente ganarán un enorme
grado de influencia dentro de la cadena de productos básicos para
agrocombustibles, así que no causa sorpresa que las grandes petroleras canalicen
estratégicamente sus inversiones a este sector o que compañías biotecnológicas
como Monsanto busquen asegurar el monopolio de las semillas y los genes de
promisorios cultivos de próxima generación, como la jatropha o el miscanthus. Ya
hay unas pocas empresas, con grandes carteras de patentes y estrechas alianzas
con importantes empresas de agrocombustibles, que dominan la investigación y el
desarrollo de las enzimas necesarias para hacer viable el etanol celulósico.
Vientos políticosLos agrocombustibles no tienen que ver solamente con los negocios, por supuesto. Son sumamente políticos y las empresas que controlan su producción forjan y siguen las cambiantes corrientes políticas. Si bien la mayoría de los gobiernos tiene una euforia general por los agrocombustibles, las políticas nacionales están influidas por las diferentes dinámicas que circulan entre los grupos industriales, los intereses geopolíticos y las políticas comerciales. Los gobiernos y las empresas de China, Corea del Sur y Japón están buscando otros países que produzcan y abastezcan de materias las primas. Brasil quiere abastecer al mundo de etanol y de las tecnologías asociadas y ha estado negociando paquetes con países de todos los continentes con tal finalidad. Estados Unidos y Europa ven los agrocombustibles como la respuesta a todo, desde el cambio climático a las crisis en el campo y los problemas con los Estados petroleros “truhanes”. El resultado es que se están concretando acuerdos en todos lados, definiendo dónde se producirán los agrocombustibles, por quiénes y para quiénes, y, quizás lo más importante, cómo se comercializan. No hay otro sector en que esto se torne tan visible como en la evolución del mercado mundial para el etanol de caña de azúcar (ver “El nexo caña de azúcar-etanol”).
¿Agroempresas ecológicas?: que no nos engañen
No hay nada nuevo
en la agricultura destinada a la energía. La mayoría de las fincas rurales han
producido siempre la energía que utilizan sus familias y animales para trabajar
la tierra. La diferencia con los agrocombustibles, sin embargo, es que éstos
convierten a la agricultura para energía en mercancía, que, como tal, está
completamente integrada en los circuitos de la agroindustria y las finanzas
transnacionales. La producción de agrocombustibles, por tanto, sigue los
dictados de los administradores del dinero mundial, los directores de los bancos
de inversión o las agroempresas, quienes presiden inmensas concentraciones de
riqueza y quienes, en esta época de globalización neoliberal, pueden barajarlas
y ubicarlas en el lugar que les genere mayores ganancias.
Debido al
compromiso profundo y a largo plazo de los gobiernos, ahora hay mayor certeza de
que los agrocombustibles serán rentables. De manera que el dinero grande entra a
raudales, apurando a las agroindustrias y a su modelo de producción de
exportación a moverse más rápida y drásticamente que nunca en su conquista de la
agricultura mundial.
Un modelo claro
de esta inversión en agrocombustibles es que el dinero se dirige cada vez más a
la construcción de redes de agrocombustibles totalmente integradas, que implican
la producción, el envío, el procesamiento y la distribución. También fluye hacia
unos pocos centros de producción de bajo costo, especialmente Brasil para la
caña de azúcar, Estados Unidos para el maíz e Indonesia para el aceite de palma,
si bien también hay sumas importantes que se dirigen a países que firman
acuerdos especiales con Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, o tienen un
acceso comercial preferencial a esos países. La producción y el control de la
oferta de cultivos son decisivos, y casi todos los nuevos proyectos de
agrocombustibles conllevan ahora planes para instalar plantaciones de alta
tecnología o acuerdos de siembra por contrato, a menudo manejados por las
agroempresas locales y con frecuencia en tierras utilizadas para la producción
de alimentos o tierras comunales de pastoreo y bosque.
Así, los
proyectos de agrocombustibles dan lugar a nuevas alianzas o expanden las
existentes entre los productores y los proveedores locales de cultivos y las
empresas extranjeras. Lo típico es que los inversionistas extranjeros creen
empresas conjuntas con compañías controladas por grandes familias terratenientes
y con poder político, haciendo que esas familias controlen el sector de la
producción. Los agrocombustibles profundizan, de esta forma, las relaciones
entre el capital transnacional y las élites locales, con profundas consecuencias
para las luchas por la tierra y la producción local de alimentos.
Con el tiempo,
esta red de producción mundial y de rutas comerciales para la extracción y
exportación de agrocombustibles quedará cada vez más férreamente controlada por
empresas. La tecnología para la próxima generación de cultivos para
biocombustible está en manos de unas pocas empresas y sus socios comerciales,
quienes utilizarán patentes y otros derechos monopólicos para cerrar el paso a
competidores y controlar el mercado.
Además, las
empresas ya están comenzando a recurrir a marcas y normas como una forma de
consolidar sus dividendos mercantiles. [10]
Nada de esto
tiene algo que ver con impedir el cambio climático o incluso disminuir la
dependencia del petróleo, como gusta argumentar el gobierno de Estados Unidos.
El aspecto
fundamental de toda esta situación es que los agrocombustibles ofrecen a las
empresas, los especuladores y los poderosos barones del agro otra oportunidad
para hacer más dinero, vender más mercancías y consolidar su control sobre el
planeta.(...)
Leer
En
consecuencia,
abajo y a la izquierda, nos urge
generalizar la percepción sobre la acumulación gran capitalista desde
los setenta hasta hoy. Exige el incesante cuestionamiento a las miradas
y lecturas conque los dos bandos intérpretes del capitalismo local
nos inducen a actuar, por ejemplo, en contra del gobierno de turno y
constituyendo
unidades de acción sin perspectivas emancipatorias. Nos ubican en el
presente o en el pasado reciente como realidades concretas pero desde
visiones
conformistas por desentendimiento de porqué confrontaban l@s 30.000 con
el capitalismo e imperialismos. Hacia esa cerrazón mayoritaria a pensar
en horizontes revolucionarios concurre la focalización en liberar a
Milagro Sala como si fuese lo más intolerable de la situación límite de
la actualidad.
También converge el dejar de enfocar el papel fundamental de Milagro Sala en la conciliación
con los opresores y en ir contra alternativas piqueteras como las de los
MTD. Por ejemplo su freno a
las luchas de vecinos autoconvocados y la unión de 33 comunidades
indígenas contra la megaminería. Sobre todo consideremos su protagonismo
en imposibilitar el resurgimiento de la
organización sindical y multisectorial con potencial social de
enfrentamiento a los poderes instituidos contra los pueblos. Analicemos
la maduración política en Jujuy durante los noventa.
El cabildo ha
abierto: El Frente de Gremios Estatales y
la caída de Ricardo de Aparici como
gestación de la resistencia. 1987‐1990
Por
Mauro Berenagan
Trabajo y Sociedad Sociología del trabajo –
Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias NB - Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet) Nº 27,
Invierno 2016, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871 -
www.unse.edu.ar/trabajoysociedad
RESUMEN
A partir del año 1987
se dio en la provincia de Jujuy un proceso de lucha obrera y social que
generó las bases organizativas de la resistencia de toda la década
venidera. El Frente de Gremios Estatales, y en él la figura de Carlos
“El Perro” Santillán, fueron la columna vertebral de un ciclo de
protesta que vio transitar a ocho gobernadores en diez años. En este
artículo abordamos el inicio de esta crisis orgánica, reconstruyendo con
fuentes primarias y desde una mirada que retoma herramientas gramscianas
de análisis, un hecho escasamente recuperado por los estudios
históricos: el cabildo abierto de octubre de 1990. Acontecimiento
multisectorial de impulso obrero y novedosas formas de lucha que, con
más de veinticinco mil personas reunidas en el estadio La Tablada, logró
la caída del gobernador Ricardo de Aparici, asumiendo tempranamente las
características que marcaron la resistencia al ajuste neoliberal en todo
el país.
Introducción
Como hace 180 años el gobierno provincial no tiene respaldo de nadie y
ahora está aquí todo el pueblo jujeño para decirle que se vaya. Este
artículo caminará por las sendas escasamente retransitadas del llamado
cabildo abierto. Cosecha de una siembra iniciada tres años atrás, el
cabildo fue un encuentro que reunió el 25 de octubre de 1990 en el
céntrico estadio jujeño “La Tablada”, a más de veinticinco mil personas
fruto de una amplísima articulación social, configurando un proceso
novedoso de resistencia que logró quebrar desde los cimientos un
gobierno cuyas políticas anunciaban ya la debacle neoliberal.
Las estructuras de articulación allí constituidas –como el Frente de Gremios Estatales o la Multisectorial-, los liderazgos de nuevo tipo –como el del “Perro” Santillán-, y las prefigurativas medidas de resistencia del movimiento obrero, en conjunto con otros sectores sociales, permanecerán incólumes durante toda la década venidera, configurando un quiebre en el pacto de gobernabilidad que hará desfilar por el espinoso sillón de Plaza Belgrano -por motivos diversos claro- a ocho gobernadores en nueve años. Creemos que la magnitud de estos hechos contrasta llamativamente con la escasa atención que ha suscitado tanto en los estudios históricos como en la memoria colectiva de los cuerpos militantes. Pero también con las vetas que dicho estudio puede abrir para repensar la configuración del proceso de resistencia que encontrará en el 19 y 20 de diciembre del 2001 su punto cúlmine, por confluir allí en el centro del poder. Resultado de la investigación llevada adelante para la tesis de Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, en este artículo nos proponemos entonces desarrollar tres objetivos referidos a dicho trabajo.
En primer lugar, y como objetivo central, exhibir una reconstrucción
descriptiva de lo sucedido que, a riesgo de extendernos en el texto,
ayude a allanar el camino de la memoria ante el vacío encontrado. Los
antecedentes de investigación sobre el hecho son muy escasos2,
por lo que la reconstrucción se basó fundamentalmente en tres tipos de
fuentes primarias: periodísticas, con un seguimiento y digitalización de
los diarios El Pregón y El Tribuno de Jujuy alojados en la Hemeroteca de
la Biblioteca Provincial de Jujuy, documentales, abordando proclamas y
declaraciones de las organizaciones involucradas, y orales a través de
las entrevistas realizadas durante la investigación a su principales
protagonistas. Respecto del recorte del objeto de estudio, es difícil
hallar una fecha puntual que de inicio al camino que desembocará en La
Tablada; tal vez no la haya, como en todos los procesos, pero
encontramos una singular medida de protesta ocurrida el 4 de agosto de
1987 un puntapié inicial: el basurazo llevado adelante por los empleados
municipales. Este ciclo de protesta3, iniciado ya en un marco
inflacionario, no se detendría en los años subsiguientes. La provincia
habría de vivir una aguda crisis fiscal producida por una doble vía: la
reducción de los ingresos percibidos por coparticipación federal, y el
aumento simultáneo y desmedido de la planta provincial estatal. Con el
ajuste como único paradigma de gobierno para resolver la crisis, los
caminos de la protesta estaban marcados.
En esta descripción abordaremos
los condicionamientos que llevaron al gobierno provincial a insistir con
vehemencia en el ajuste, atendiendo a la situación estructural
provincial, a las alianzas del poder político, al derrumbe del apoyo
partidario al joven gobernador, y a la relación entre provincia y
nación, tanto en la dependencia económica como en los lineamientos
políticos. Veremos también cómo, una vez producida la renuncia del
gobernador, se configuró un estado de acefalía durante el cual algunos
sectores de la policía llegaron a apoyar a los representantes del
cabildo, enfrentándose entre sí. Mas una Casa de Gobierno absolutamente
abandonada y con un grado de movilización en la población sin
precedentes, no llevó a los voceros del proceso, al “núcleo duro del
Frente”, a intentar ocupar ese estado acéfalo. Muy por el contrario, las
negociaciones emprendidas con el vice gobernador, de la cual esta
monumental muestra de fuerza y unidad obtendría tan sólo un cargo en la
cartera de economía, generan aun hoy entredichos y sospechas entre los
principales protagonistas del cabildo. La vuelta a la institucionalidad
se daría entonces de un modo tan abrupto como el quiebre del pacto de
gobernabilidad. El vice gobernador, Huascar Alderete, asumiría sus
funciones una semana después de producido el cabildo, y los gremios
movilizados acompañarían con el cese de las medidas de lucha y la vuelta
a las mesas de diálogo; representando el corte final en el objeto de
estudio de nuestra investigación.
Así, la problemática estará centrada no sólo en dilucidar las características centrales del cabildo abierto en cuanto a las políticas de gobierno que lo generaron, los reclamos esgrimidos, y las medidas de protesta adoptadas; sino también en comprender el alcance y los límites de un proceso que, con una articulación sin precedentes, derrotó al poder político y no buscó ocupar su lugar. El segundo objetivo del artículo será entonces abordar algunos lineamientos analíticos que den cuenta de estas problemáticas. (...).
Marcelo Gómez identifica tres niveles reivindicativos: uno estructural
en cuanto al uso y reproducción de la fuerza de trabajo, el cual
comprende a las reivindicaciones por estabilidad laboral, por salario y
por condiciones de trabajo; uno corporativo en cuanto al desarrollo de
las capacidades organizativas, es decir protección jurídica, eficacia y
accionar de las instituciones sindicales, legitimidad, etc.; y uno
político en cuanto a la potencialidad de las prácticas: la inclusión de
demandas externas, reivindicaciones generales como la resistencia al
modelo económico, etc. (Gómez, 1994: 48-49). La hipótesis del trabajo
propone entonces que este proceso representa el inicio de una crisis de
autoridad que se extendería por toda la década y que caracterizamos como
fundante en sus medidas de lucha, formas de liderazgos y estructuras de
articulación. Proceso que fue superando en el período abordado los
niveles económicos-corporativos de clase para alcanzar la disputa
política en el sentido antes dicho, consiguiendo una articulación y
representatividad sin precedentes. Pero que finalmente no buscó
construirse como alternativa hegemónica, como dirección política de la
sociedad (volveremos más adelante sobre estos conceptos gramscianos); si
no que una vez conseguido el objetivo de la caída del gobierno, la
dirigencia pareció replegarse y negociar, y la bases los acompañaron. El
freno a la disputa y la abrupta vuelta a la institucionalidad encuentran
en nuestra investigación una multiplicidad de aspectos que en este
artículo no podremos más que mencionar, centrados en el factor subjetivo
de los sectores movilizados respecto de la toma del poder. Por último,
como tercer objetivo y como perspectiva de análisis a futuro, nos
proponemos ubicar el cabildo abierto en el proceso general de
implementación del neoliberalismo en nuestro país, lo que nos llevará a
relativizar ciertas cronologías dominantes en la temática.
La resistencia organizada al aluvión neoliberal parece colocar su piedra basal en el santiagueñazo. Encontramos sí estudios que se abocan a las formas organizativas y las medidas de acción en el marco de la vuelta de la democracia, analizando la gran cantidad de conflictos protagonizados por el movimiento obrero a partir de 1984; pero sabemos que estos asumieron unas características totalmente diferentes a las que tomarían a partir de las privatizaciones de las empresas estatales, los despidos, la precarización laboral, los ajustes sucesivos, las “relaciones carnales” y los cohetes estratosféricos de pasajeros a Japón. Una vez allí, la amplitud de las articulaciones sociales, devenidas en “puebladas”, las novedosas medidas de lucha, la reestructuración y realineamiento del movimiento obrero y la aparición del movimiento piquetero -entre otras características- serán la regla. Esto ha alimentado una visión según la cual los primeros pasos del plan privatizador se habrían efectuado con un relativo consenso social, en una “fase descendente de la lucha” (Carreras, 2001: 173).Sin embargo cuatro provincias verían caer sus gobernadores entre 1990 y 1993. Creemos que el abordar el estudio de los procesos anteriores al santiagueñazo puede habilitar una relectura de la periodización de nuestra historia reciente y el rol que el movimiento obrero, en articulación con otros sectores sociales, adquirió ya en el alba del menemato.
La alfombra del cabildo abierto
Para arribar a una
reconstrucción de los hechos abarcados en el recorte de estudio, es
necesario previamente establecer algunos lineamientos generales que den
cuenta de la “alfombra” del cabildo abierto; retrotraer a escena la
coyuntura nacional y local -fundamentalmente en lo referido a los
aspectos económicos y de conflicto obrero- que producirían la crisis.
Ello nos será también de utilidad para la correcta ubicación del proceso
en la cronología neoliberal.
Nivel nacional
Marcelo Lagos y Mirta Gutiérrez, en la extensa obra sobre la historia de Jujuy coordinada por Ana Teruel, entienden que “cuando una economía (regional) se encuentra integrada, como es el caso de Jujuy desde fines del siglo XIX, y tiene una ligazón financiera de los poderes centrales, sean estos de facto o democráticos, difícilmente pueda adoptar posturas propias o contrarias” (Lagos y Gutiérrez, 2006: 255).
Marcelo Lagos y Mirta Gutiérrez, en la extensa obra sobre la historia de Jujuy coordinada por Ana Teruel, entienden que “cuando una economía (regional) se encuentra integrada, como es el caso de Jujuy desde fines del siglo XIX, y tiene una ligazón financiera de los poderes centrales, sean estos de facto o democráticos, difícilmente pueda adoptar posturas propias o contrarias” (Lagos y Gutiérrez, 2006: 255).
Tomando esta perspectiva, valga recordar respecto de la coyuntura económica nacional, en su relación con el sistema productivo de la provincia, que en el anochecer de su gobierno los militares acrecentaron las exenciones impositivas a las grandes empresas, implementaron el cambio libre para las exportaciones agropecuarias y asumieron la deuda externa e interna del sector privado. Tres medidas que, como veremos, tuvieron repercusiones en la gran empresa oligopólica de la provincia: el Ingenio Ledesma. Estas políticas generaron un enorme déficit fiscal en la nación que superaría el 15%, con una reserva en el banco central que rozaba los 100 millones de dólares, y una inflación que alcanzaría el 180% en 1981, 311% en 1982 y 411% en 1983. Sumado a ello, ya en el umbral de la democracia institucional, los trabajadores organizados ejercieron una fuerte presión para la recuperación del salario real que, sólo en el primer año de dictadura, había caído un 32% (Peralta Ramos, 2007: 165). Así, la problemática económica de toda la década se hacía presente ya el primer día del gobierno radical: incremento de la deuda externa, déficit fiscal, crisis inflacionaria, presión salarial y puja económica entre distintas facciones del capital.
Es imposible, considerando la extensión
de un artículo, realizar un repaso por cada uno de los proyectos
económicos del alfonsinismo. Sin duda, son sustanciales las diferencias
entre las políticas impulsadas por Bernardo Grinspun, calificadas por
Julio César Neffa como “fuertemente intervencionistas y de tipo
keynesiano” (1998: 285), y su sucesor en la cartera de economía, Juan
Vital Sourrouille con la apertura a la inversión externa y el impulso a
la exportación agrícola como banderas, así como su profundización en el
Plan Primavera. De todas maneras, es de destacar que ninguno de estos
proyectos lograrían ser impuestos por el ejecutivo. La puja económica y
la puesta en jaque de la institucionalidad por élites del poder, así
como la derrota electoral en las legislativas y la lucha obrera que
veremos a continuación, lo impedirían. En cuanto a esta lucha, vemos que
la coyuntura que inicia este período encontraría a un movimiento obrero
desarticulado y a la defensiva. La dictadura había no solo diezmado a
sus principales dirigentes mediante la tortura, le ejecución y el
exilio, sino que, con el inicio de la implementación del modelo
neoliberal, comenzaba a mostrarse obsoleta una estructura gremial nacida
en el crecimiento industrial y el pleno empleo y, en sentido más amplio,
en el modelo fordista-taylorista como forma de producción y dominación
del capital. Completan este panorama el marcado y constante incremento
del sector terciario en la economía como amparo de la expulsión de
trabajo industrial, hecho que será primordial en la comprensión del
objeto de estudio de esta investigación.
Por otra parte, algunos de los
avances represivos sobre el movimiento obrero, más allá de representar
el sector con mayor cantidad de desaparecidos durante el proceso
militar, estarían dados por las intervenciones a los sindicatos con
fuerzas militares, la derogación del derecho de huelga, los despidos
masivos, y las medidas legales punitivas como la ley de prescindibilidad
que permitía despidos por motivos ideológicos, la ley 21.400 de
seguridad industrial que buscaba eliminar la “subversión fabril”, la
suspensión de la ley de negociaciones colectivas, y la ley 21.476 que
restringía las condiciones de trabajo obtenidas mediante convenios
colectivos. Así, como sostiene Carlos Dasso (1985: 57), la situación
defensiva del movimiento obrero en la década del 80 se manifestaría, en
el plano político-institucional, en la búsqueda de la recuperación
democrática de las organizaciones gremiales y de los derechos perdidos
durante el proceso dictatorial; y, en el plano económico, en la
oposición y resistencia al ajuste “modernizador” del Estado.
Coincidiendo entonces con Dasso, reafirmamos que la
desindustrialización, la caída del salario, el desempleo, la
desarticulación organizativa sindical y la atomización política del
movimiento obrero -que arrastraba la división primero de la central
obrera y luego entre la comisión nacional de los 25 y las 62
organizaciones- constituyen rasgos históricos del debilitamiento social
y político del poder sindical. (1985: 58).
Así caracterizada la situación obrera, vemos que la década estará de todas formas marcada por el conflicto social y la lucha trabajadora. El año 1984 registra 906 conflictos laborales (sumando sectores público, privado y mixto), de allí hasta 1989 la cantidad de luchas obreras irá decreciendo, pero siempre manteniendo un alto nivel de conflictividad cuya variación estará en íntima relación con los procesos inflacionarios y la implementación de los planes económicos Austral y Primavera (Bonanotte, 1994: 73-82). Si bien volveremos más adelante, valga señalar que estas premisas sobre los motivos inmediatos que producen la lucha obrera nos muestran que, a pesar de sus variaciones, nos encontramos en el nivel de disputa económico-reivindicativa recién descripto, el preservarse como clase a través del empleo, recuperando cierto nivel en las condiciones de vida. Así, durante toda la década, los conflictos quedarían en general aislados a nivel de fábrica, lo que por otro lado radicalizaba las medidas de acción. Las excepciones a esta sentencia sin duda existen, principalmente vinculadas al ubaldinismo y las huelgas generales de la CGT, pero creemos que la caracterización es válida en sí misma y más aun si se la compara con el período posterior.
Nivel
provincial
En la década del 80 el Estado provincial atravesaría una enorme crisis fiscal que llevaría a un ajuste y atraso salarial creciente y permanente, dando impulso a las movilizaciones que culminarán en el cabildo abierto.5 Con una estructura latifundista centrada en los grandes ingenios azucareros que no aportaban al erario público sumas impositivas significativas, y una serie de industrias camino al desmantelamiento como Altos Hornos Zapla; la provincia dependía en demasía de los fondos de coparticipación de impuestos que el gobierno nacional iría reduciendo durante todo el período. De hecho Alfonsín promulgaría en 1988 una nueva ley de coparticipación federal (Ley 23.548) que, si bien en el porcentaje general -coparticipación primaria- otorgaba más recursos a las provincias, en el reparto por provincias -coparticipación secundaria- Jujuy se vería fuertemente perjudicada, alcanzando tan solo un 2.95% del reparto total. “Ni para defender lo suyo sirven estos” opina Carlos Aramayo durante la entrevista realizada en un bar frente a la casa de un encumbrado político local.
En la década del 80 el Estado provincial atravesaría una enorme crisis fiscal que llevaría a un ajuste y atraso salarial creciente y permanente, dando impulso a las movilizaciones que culminarán en el cabildo abierto.5 Con una estructura latifundista centrada en los grandes ingenios azucareros que no aportaban al erario público sumas impositivas significativas, y una serie de industrias camino al desmantelamiento como Altos Hornos Zapla; la provincia dependía en demasía de los fondos de coparticipación de impuestos que el gobierno nacional iría reduciendo durante todo el período. De hecho Alfonsín promulgaría en 1988 una nueva ley de coparticipación federal (Ley 23.548) que, si bien en el porcentaje general -coparticipación primaria- otorgaba más recursos a las provincias, en el reparto por provincias -coparticipación secundaria- Jujuy se vería fuertemente perjudicada, alcanzando tan solo un 2.95% del reparto total. “Ni para defender lo suyo sirven estos” opina Carlos Aramayo durante la entrevista realizada en un bar frente a la casa de un encumbrado político local.
A su vez, la dictadura militar como brazo gobernante del
capital concentrado, había reducido la ya exigua suma de aportes del
sector agro-azucarero a la provincia, amén de las razias con que había
exterminado la organización obrera en su seno, siendo tristemente
célebre el apagón de Ledesma del 27 de julio de 1976. Pero no sólo se
recaudaba menos: ya desde la dictadura, el Estado comenzaba a funcionar
como receptor de la mano de obra expulsada del sector privado. Para 1975
la planta total provincial entre permanentes y contratados era de 14.614
trabajadores. En 1983 se había incrementado a 19.455. Y en 1987
-transcurrida la gobernación de Carlos Snopek- a 27.658. Esta
combinación de factores se tradujo en una fuerte caída del poder
adquisitivo de los empleados estatales. El costo recaería sobre Ricardo
de Aparici, pues este incorporaría -en el cenit de la fiebre clientelar-
a 4.065 nuevos empleados a la planta permanente de la provincia en los
tres primeros meses de 1988, al mismo tiempo que entraba en vigencia la
nueva ley de coparticipación federal. Este sería el trasfondo económico
de la debacle política.
Respecto del panorama político, si bien el alfonsinismo suscitaba entusiasmos y se imponía por sobre las pretensiones internas del posteriormente “célebre” Fernando de la Rúa, Jujuy es y ha sido siempre una provincia peronista, destacando además el hecho de que su dirigencia político-partidaria histórica se mantenía aun intacta: los pilares Carlos Snopek, Horacio Guzmán y José Martiarena, no eran los únicos cuya actividad arrastraba ya un curriculum de más de tres décadas. El primero de ellos, viejo conocido en la provincia como “el ingeniero” y máximo representante del peronismo local, lograría la victoria en las elecciones de octubre de 1983 con la fórmula Snopek-Cabana frente a Horacio Meyer, a quien no le alcanzó el oleaje radical a nivel nacional para llegar a la gobernación. De todas formas, el 21% alcanzado por Horacio Guzmán, caudillo del Movimiento Popular Jujeño (MPJ) -fundado por él mismo en 1964 bajo las alas de la UCRI- muestra que de haberse concretado una alianza entre ambas fuerzas como posteriormente se daría, el peronismo no hubiera podido alzarse con la gobernación. Mas las divisiones internas del peronismo a nivel nacional a partir del surgimiento de la renovación, repercutían fuertemente en el espacio local.
Las elecciones legislativas de 1985 encontrarían dos listas
peronistas: el gobernante FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) y
el “Partido Celeste y Blanco” liderado por el joven (dato sobresaliente)
Ricardo de Aparici, quien ya se inclinaba por la línea renovadora. Los
resultados fueron: UCR 33%, FREJULI 23%, PCyB 18%. José Humberto
Martiarena por su parte se mantenía como la ortodoxia peronista, con
estrechas relaciones con Herminio Iglesias. Ante el avance de la
renovación y el crecimiento electoral radical, Snopek -quien no podía
aspirar a una reelección por la nueva reforma de la constitución
provincial- buscaría un acercamiento con la nueva corriente. Así, las
elecciones de septiembre de 1987 darían la victoria, facilitada por la
división opositora, a Ricardo de Aparici acompañado por el “snopista”
Huáscar Alderete. Contra todo pronóstico, en una fecha tan temprana, y
con los tres dirigentes históricos de la provincia en actividad, un
joven simpatizante de la renovación se alzaba con la gobernación. Pero
se abría paso ya la última gran interna en la fuerza peronista: mientras
que el nuevo oficialismo jujeño se inclinaba, como casi todos los
gobernadores, por la renovación de Antonio Cafiero, Snopek, que mantenía
la presidencia del Partido Justicialista, apoyaría abiertamente a Carlos
Menem, y -electoralmente- no se equivocaría: la dupla Menem-Duhalde
obtenía un sorpresivo triunfo materializado en la provincia en los
14.207 votos frente a los 8.341 del binomio Cafiero-De la Sota. Y tal
resultado en el electorado jujeño no debe sorprendernos: habiendo jugado
Menem -con gran habilidad- con la “poética” peronista, retrotrayendo a
primera escena no sólo los símbolos históricos del movimiento -Evita, la
marcha, el bombo, la lealtad, lo popular- frente a un peronismo “de saco
y corbata”, sino también a aquellos que la tradición histórica liberal
había denostado, el federalismo de las montoneras y, fundamentalmente,
el caudillismo rosista; la simpatía de la última provincia del país se
haría evidente. La dirigencia política provincial abrazaba a Carlos
Menem, y este respondería iniciando todas sus campañas posteriores en la
localidad de Perico, 40 Km. al sureste de la capital; el interior del
interior.
Del Basurazo a La Tablada
La lucha obrera camino al cabildo.
1987-1990 Como punto de partida propusimos el año 1987, pues allí se
produjeron una serie de conflictos que derivaron en la conformación del
Frente de Gremios Estatales, estructura que mantendría su centralidad en
la lucha del movimiento obrero en toda la década venidera. La lucha de
los estatales se inscribía en los reclamos por una recomposición
salarial, en el marco nacional y provincial ya descripto. Pero en
términos específicos sería el pedido por una “ley de enganche” el que
nuclearía los reclamos estatales. Surgida como propuesta del gremio de
judiciales, la exigencia era la de “atar” la suba de salarios de todos
los trabajadores judiciales a los aumentos de dietas de los jueces. Lo
propio harían el resto de los gremios: trabajadores municipales con el
jefe comunal, trabajadores del poder legislativo con los legisladores,
etc.
Como señalan Kindgard y Gómez en su ponencia, la medida era exigida por
cada gremio por separado a su interlocutor natural, pero irían
confluyendo con el resto de los trabajadores tanto en un espacio físico
-el ministerio de economía provincial- como en un reclamo particular (Kindgard
y Gómez, 2005: ponencia). El seguimiento realizado a partir del diario
Pregón entre mediados de Junio y mediados de Agosto muestra un ciclo
constante: medida de acción directa de cada gremio por separado6,
ofrecimiento del gobierno y proclamación de la solución del conflicto,
rechazo gremial al ofrecimiento, nuevas medidas de acción y nuevo
ofrecimiento. Este ciclo facilitaba el encuentro de los distintos
gremios estatales: municipales, judiciales, trabajadores de la salud,
viales, personal civil, agua potable, etc. Comenzando agosto, ya eran
seis los gremios estatales que habían declarado la huelga, extendiendo
el conflicto también al interior provincial. El 4 de agosto se convoca a
una manifestación a Plaza Belgrano, sede de la casa de gobierno, la
legislatura provincial, la central policial y la iglesia catedral. De
esta importante movilización participan UPCN (Unión del Personal Civil
de la Nación), ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina)
y APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración
Pública).
Por su parte desde el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales) habrían de marchar primero hacia la municipalidad, luego a
casa de gobierno, y por último transitarían por la zona central de la
ciudad, desparramando la basura acumulada de varios días de paro por
calles y veredas. El día pasaría a la historia como “el Basurazo”. “No
la habíamos planificado con hacer el basurazo. La bronca de los
compañeros hizo que empezaran a patear las bolsas de basura. Si uno se
alejaba un poco y lo miraba, me decía un amigo mío que salía del
trabajo, porque fue a la una de la tarde, parecía que venía una comparsa
de carnaval tirando papel picado porque volaban las bolsas y era todo lo
que caía, papel picado, serpentina… era basura (…).” (Entrevista
Santillán: 2012)”. La reacción de la prensa ante la medida sería
categórica: el diario Pregón titula el día 5 de agosto: “La ciudad con
tonos de catástrofe” y en algunos apartados de la nota central puede
leerse: “...los jujeños no han podido salir de su sorpresa y asombro
durante la jornada de ayer, como observadores del estado catastrófico de
la ‘Tacita de Plata’. Sepultada con la basura que, como señal de
protesta, fue retirada de sus recipientes habituales y desparramada por
las calles y aceras con un delirio incalificable…” (Diario Pregón,
05/08/1987). Como vemos, el foco de la noticia estaría puesto en aislar
a los gremios, y especialmente al SEOM, del apoyo de la sociedad,
presentándolos como una especie de “malón de Atila” que había saqueado
la ciudad. Pero en una de las entrevistas realizadas durante la
investigación a Carlos “el Perro” Santillán, quien durante este proceso
se convertiría en el principal referente del movimiento obrero de la
provincia y posteriormente en una figura nacional, señala: “Vilte
(secretario general del SEOM) pronunció un discurso muy importante en la
puerta del diario Pregón. En la gente en un comienzo quizá no impactó
bien, pero el discurso fue importante y se comprendió. La gente seguiría
apoyando (Entrevista Santillán: 2012)”.
La continuidad del conflicto parece darle la razón a Santillán. La
marcha del día 5 de agosto convocaría a más de 5.000 personas según el
mismo periódico, con delegaciones del interior y una importante muestra
de unidad de los distintos gremios convocantes. Finalmente, el gobierno
provincial enviaría un proyecto de ley denominado “Ley de autorización
para fijar una política salarial provincial y reestructuración de la
administración pública”, mediante la cual se autorizaban aumentos
salariales que superaban el 30%, además de atender a reclamos puntuales
de cada sector. Los distintos gremios aceptaron la oferta, pero
explicitaron que la solución era parcial. Como vimos, el 6 de septiembre
el ex legislador Ricardo De Aparici ganaría las elecciones a gobernador.
Tan solo un mes después los legisladores provinciales aumentarían su
sueldo en un 50% por unanimidad, sobre tablas y sin enganche alguno. Las
promesas del gobernador durante su campaña electoral no duraron siquiera
lo necesario para enfriar los ánimos de lucha. El conflicto volvía a
comenzar. El año 1988 estaría marcado desde un comienzo por la
conflictividad obrera.
Vimos el condicionamiento económico que llevó a Ricardo De Aparici al
ajuste. Este se materializó en el decreto 1078 de abril de 1988 que,
entre otras medidas, congelaba los salarios, terminaba con las horas
extras, dejaba sin efecto los convenios colectivos de trabajo, congelaba
las vacantes en la planta permanente y suspendía la contratación de
nuevas obras públicas. Decreto que sería finalmente anulado ante la
movilización provocada. Evitando un seguimiento exhaustivo de la
evolución de la conflictividad, lo fundamental del período sería la
conformación del Frente de Gremios Estatales, valuarte obrero de la
década venidera, y la preponderancia que en él adquiría el SEOM y su
máximo dirigente, Carlos Santillán. En las entrevistas Santillán y
Aramayo coinciden en marcar el período de lucha contra el decreto 1078
como el nacimiento del Frente. Kindgard y Gómez (2005) señalan por su
parte que el acto del primero de mayo puede considerarse como su
nacimiento formal, convocando a las actividades los siguientes gremios y
asociaciones: SEOM, APUAP, ATE, CEDEMS, SITRAVIP (Sindicato de
Trabajadores Viales Provinciales), Obras Sanitarias, APEL (Asociación
Provincial de Empleados Legislativos), SOEME (Sindicato de Obreros y
Empleados de Minoridad y Educación), Luz y Fuerza, Asociación de
Empleados del Tribunal de Cuentas, Federación de Sindicatos Municipales
de la Provincia de Jujuy, Federación de Jubilados Provinciales, y la
Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy.
Conjuntamente, durante este proceso se configuró un “núcleo duro”
dispuesto a llevar adelante medidas de acción cada vez más
radicalizadas, núcleo que coincidía con los sindicatos más numerosos y
con mayor capacidad de movilización: el SEOM, ATE, ATSA, CEDEMS, ADEP y
APUAP. Así, entre 1988 y 2002, con el SEOM como “punta de lanza”, el
Frente de Gremios Estatales habría de convertirse en un instrumento
fundamental de la resistencia del movimiento obrero -e incluso de otros
sectores sociales de la provincia- en su camino de piedra por un mundo
neoliberal que los negaba. Para junio y julio de 1988, las negociaciones
y conflictos entre el Frente y el gobierno intentaron encausarse a
través de la “Mesa de Concertación Económica y Social” impulsada por el
gobierno. En ella se establecieron comisiones de trabajo, inscribiéndose
los representantes del Frente en la llamada “Comisión de Políticas de
Desarrollo y Programas de Inversión”. En este marco, el Frente
presentará un documento -reproducido por el diario Pregón- en el que se
vislumbra ya su intención de presentar a la comunidad aspectos
propositivos en lo que hace a la generalidad de la vida pública.
Pudiéramos adelantar: superando la acción reivindicativa
económico-corporativa, buscando soluciones y políticas para toda la
sociedad; aspecto fundamental para el posterior desarrollo del cabildo
abierto.
Como sabemos, la hiperinflación marcaría el ritmo de 1989. Aramayo nos
muestra su magnitud: en octubre de 1988 el salario mínimo era de 1.310
australes, equivalentes a 87 dólares; en julio de 1989 se llevó a 20.000
australes, pero su equivalencia cayó a 30 dólares (2009: 93). El
principal conflicto, en este marco, sería la sanción de la ley 4439 con
la que el gobierno provincial avanzaba sobre algunos de los puntos del
rechazado decreto 1078. Paralelamente el 29 de mayo Alfonsín declaró el
Estado de Sitio. El SEOM lo desconoció y realizó una “toma” pacífica de
la Iglesia Catedral exigiendo nuevamente la vuelta atrás de las medidas
dictadas por la nueva ley. El cambio de gobierno nacional generaría
ciertas expectativas en algunos de los dirigentes del Frente,
materializadas en la confección del FREJUPO (Frente Justicialista
Popular) a cuyos partidos menores muchos de ellos pertenecían. Pero las
expectativas desaparecerían mucho más temprano que tarde. Hacia fin de
año el conflicto se agudizaría, pues los magros aumentos salariales
otorgados por el gobierno ante las medidas de fuerza de los gremios
estatales eran rápidamente absorbidos por la inflación. El año 1990 casi
no tendría receso en su altísimo grado de conflictividad. Ya desde
enero, en continuidad con el incremento en la lucha de fines de 1989, se
sucederían las medidas de fuerza centradas en acercar el salario a la
galopante inflación, siendo la medida más importante la huelga de hambre
por seis días de la mayoría de los secretarios generales de los
distintos gremios del Frente, acompañados por muchos de sus
trabajadores. Un documento conjunto del Frente con la CGT del día 17 de
enero exigía elevar el salario a 221.000 australes, aumento que sería
finalmente otorgado. Vemos que la fuerza adquirida por los distintos
sectores estatales nucleados en el Frente era tal que podía tanto frenar
medidas del gobierno provincial -como fue el caso del decreto 1078- como
imponer ciertos condicionamientos en sus pedidos.
Mas la situación de crisis se mantenía, pues las condiciones estructurales que la generaban -la hiperinflación a nivel nacional, el aumento de la planta estatal de la provincia, la reducción en la coparticipación, la pérdida de puestos de trabajo, etc.- excedían por mucho lo que un aumento salarial atrasado podía lograr. Durante los meses de marzo y abril esta dinámica de conflictividad continuaría en aumento. En cuanto a las medidas de lucha, vemos que los docentes primarios y secundarios no iniciaron las clases, a la vez que la totalidad del Frente de Gremios Estatales realizaba paros con asistencia al lugar de trabajo primero, y luego paro total de actividades en algunos casos. Asimismo, para el día 13 de marzo se efectuaron diversos (y tempranos) cortes de calles, uno de los cuales terminó con cuatro heridos al ser envestidos por un automovilista. Se volvió a recurrir a las huelgas de hambre, de las cuales participaron algunos legisladores, mientras el obispo de Jujuy daba una misa frente a la legislatura pidiendo por la superación de la crisis. Por último, se efectuaron tres marchas multitudinarias: el 21 de marzo con aproximadamente 5000 personas, el 30 de marzo con más de 10000 personas, y el 1 de abril, en el marco del aniversario de la toma de Malvinas, con una concurrencia de 5000 personas (Kindgard y Gómez, 2005: ponencia). Finalmente, en el mes de abril el Frente y la CGT presentarán, a partir del análisis del la crisis financiera provincial realizado también en un rico documento anterior, el llamado “Proyecto de Ley de Emergencia Impositiva” elaborado por los mismos trabajadores. Recibido por legisladores de los distintos partidos con representación parlamentaria, y bajo la promesa de pronto tratamiento, el documento nunca sería abordado. Este reclamo se mantendría en la columna vertebral de la lucha hasta la caída de De Aparici.
El cabildo abierto en La
Tablada
Si bien como ya dijimos el año 1990 no tendría receso alguno, el conflicto renacería con renovada intensidad para el mes de septiembre, en el cual se adeudaban sumas salariales pertenecientes a los meses de mayo y junio, y ya no habría de detenerse hasta la renuncia del gobernador. Nuevamente, como sucedió con el decreto 1078, el gobierno provincial intentaría saldar las cuentas a partir del ajuste. Así, el primer estallido importante se daría el 2 de octubre cuando una manifestación convocada por el Frente terminaría en un fuerte enfrentamiento con la policía en la legislatura. En una conferencia de prensa Nando Acosota, secretario general de ATE, declara: “podríamos haber ido a la casa de gobierno, pero nosotros entendemos que con el poder ejecutivo no hay nada más que hablar” (Diario El Tribuno, 03/10/1990). Este hecho, y los conflictos internos del gobierno, llevarían a la renuncia del ministro de economía de la provincia, pero sin llegar a establecer una tregua. El SEOM venía de un paro por tiempo indeterminado, a los que se sumaron el día 7 otros gremios o sectores de distintas extracciones sociales, principalmente los médicos y enfermeros del hospital Pablo Soria.
Si bien como ya dijimos el año 1990 no tendría receso alguno, el conflicto renacería con renovada intensidad para el mes de septiembre, en el cual se adeudaban sumas salariales pertenecientes a los meses de mayo y junio, y ya no habría de detenerse hasta la renuncia del gobernador. Nuevamente, como sucedió con el decreto 1078, el gobierno provincial intentaría saldar las cuentas a partir del ajuste. Así, el primer estallido importante se daría el 2 de octubre cuando una manifestación convocada por el Frente terminaría en un fuerte enfrentamiento con la policía en la legislatura. En una conferencia de prensa Nando Acosota, secretario general de ATE, declara: “podríamos haber ido a la casa de gobierno, pero nosotros entendemos que con el poder ejecutivo no hay nada más que hablar” (Diario El Tribuno, 03/10/1990). Este hecho, y los conflictos internos del gobierno, llevarían a la renuncia del ministro de economía de la provincia, pero sin llegar a establecer una tregua. El SEOM venía de un paro por tiempo indeterminado, a los que se sumaron el día 7 otros gremios o sectores de distintas extracciones sociales, principalmente los médicos y enfermeros del hospital Pablo Soria.
El día 8 el Frente profundiza el plan de lucha: se inicia una huelga de
hambre de seis enfermeras del Hospital de Niños que iría extendiéndose
hasta convertirse en el eje vertebral de la protesta, a la vez que los
médicos instalaban una carpa blanca en Plaza Belgrano con la idea de que
“ante el desmantelamiento que sufren los hospitales públicos, la
atención que puede brindarse en los consultorios es la misma que se
puede brindar en una carpa" (Diario Pregón, 18/10/1990). Los días se
sucederían con las calles céntricas engalanadas de lucha. Si bien se
venía generando desde el inicio del período estudiado, y con más fuerza
a comienzos del año 1990, la nota distintiva del conflicto de
septiembre-octubre, que culminará con el cabildo abierto, sería la cada
vez más amplia articulación social. Partido del “núcleo duro” del
Frente, se habían sumado ya durante el proceso el Colegio Médico, los
padres de alumnos de primario y secundario, y los judiciales. Finalmente
el comercio -sector no muy afín al paro de las actividades- se sumaría a
la lucha a mediados de mes. A su vez, en el interior se daban
importantes manifestaciones e incluso tomas de edificios gubernamentales
como la del Consejo Deliberante en la localidad de Tilcara. El día 22, y
a instancias del diálogo entre el SEOM y los representantes del Colegio
Médico, se conformaría la Multisectorial Jujuy, compuesta por 23
organizaciones entre el Frente de Gremios Estatales, la CGT, estudiantes
universitarios, colegios profesionales, pequeños comerciantes y centros
vecinales. Santillán declara: “Distintos sectores estaban afectados. Los
hospitales y las escuelas venían de huelgas larguísimas… con el colegio
médico entrarían muchísimas organizaciones más. La lucha se fue
radicalizando, desde lo salarial hasta pedir la cabeza del gobernador”
(Entrevista, 2012). El documento fundacional sería sumamente crítico con
el gobierno y con quienes apoyaron sus maniobras para frenar la lucha a
partir de la mesa de diálogo abierta por el ejecutivo.
Para el 23, marcando la irreversibilidad de la crisis política, los
dirigentes de las distintas fuerzas políticas abandonaron la
concertación de la que venían formando parte. “La Concertación es
maquillaje para el insepulto cadáver de De Aparici” afirmaban desde el
SEOM (Diario Pregón: 20/10/1990). Finalmente la Multisectorial convoca a
un cabildo abierto para el día 25 a la 11am en el estadio de futbol “La
Tablada”, ubicado sobre avenida Córdoba a escasas cuadras del centro de
la ciudad. Se cumplía a su vez el decimosexto día de huelga de las
cuatro enfermeras y dos madres del Hospital de Niños, impulso que teñía
de heroicidad la lucha. “Ese día hubo unos 20 o 30mil compañeros, fue
impresionante, todo el pueblo estaba allí” declara Santillán
(Entrevista, 2012) “Una multitud llenó el viejo estadio de futbol La
Tablada. La convocatoria al Cabildo Abierto, un hecho histórico por su
envergadura y características, sacudió a la clase política provinciana”
publica el diario Pregón (26/10/1990). Las referencias a las huelguistas
fueron constantes: “obreros junto a profesionales, empleados junto a
estudiantes, padres de familia junto a comerciantes, marcaron una
presencia heterogénea que pidió a las huelguistas de hambre que
abandonen la medida que, ahora, seriamente, pone en riesgo sus vidas”
(Diario Pregón 26/10/1990). También, como vemos, la alusión a la
composición social del Cabildo fue constante, tanto en los medios como
en los dirigentes gremiales. Mas la consigna central sería la renuncia
del gobernador. Una pancarta que apenas se divisa en el fondo de una
fotografía publicada en el diario El Tribuno reza “para que se vaya el
gorilazo hace falta un jujeñazo” (26/10/1990). El secretario General de
la CGT Azopardo, Pedro Lozano, declaraba “como hace 180 años el gobierno
provincial no tiene respaldo de nadie y ahora está aquí todo el pueblo
jujeño para decirle que se vaya”. Y Santillán, más punzante, decía “si
el gobierno no soluciona los problemas vamos a tener agallas para
cortarle la cabeza la próxima semana” (Diario El Tribuno, 26/10/1990).
El Cabildo (a instancias de la multisectorial) produciría también un rico documento en el que daba cuenta del proceso de lucha que, desde 1988, venía llevando a cabo el pueblo jujeño, y proponía un plan de acción para salir de la crisis a partir de cuatro grandes apartados: principios elementales para las finanzas públicas, principios para la salud pública, bases de una educación popular y análisis de la situación de la obra pública; para terminar aseverando que “el problema es una crisis política y moral antes que económica, y no podrá hacerse ninguna propuesta válida de reactivación ni saneamiento económico, hasta no revertir primero esas crisis de fondo en quienes detentan el poder” (Aramayo, 2009: 359). Vemos que se excedían los reclamos económicos y particulares, para abarcar el amplio abanico social representado. Los días posteriores al cabildo mantendrían un altísimo grado de conflictividad y movilización, hasta la caída del gobernador que se produciría recién una semana después. Éste, por su parte, acompañado de su gabinete el día del cabildo, convocó a "una gran concentración popular provincial en defensa de las instituciones y a defenderse contra una maniobra de la izquierda que golpea al peronismo en su conjunto" (Kindgard y Gómez, 2005: ponencia). Su convocatoria sería más bien moderada, y chocaría en los días posteriores con las movilizaciones impulsadas por la Multisectorial. De Aparici asistió a la Legislatura al día siguiente, buscando apoyo en sus legisladores y apostando a la Mesa de Concertación. Pero el intento de relativización de la movilización que emprendió el gobierno no surgió efecto alguno. Todos los partidos de oposición abandonaron la Mesa de Concertación. Al gobierno sólo le quedaba negociar de modo directo la cuestión salarial con los gremios, pero el grado de unidad mostrado por la Multisectorial echaría por tierra también estos intentos.
La Multisectorial convocó a una gran movilización para el día 30 con el
fin de exigir a los legisladores que formularan el pedido de renuncia al
gobernador. Según relata el diario Pregón, los manifestantes no dejarían
salir a los legisladores del recinto hasta que no se presentara el
pedido de renuncia, hecho que finalmente se daría horas después, aunque
no sería tratada por la legislatura sino hasta el día 2 de noviembre. El
día 31 de octubre representaría el ápice de la confrontación entre los
sectores gremiales y el gobierno desde la asunción de De Aparici dos
años antes. De Aparici había convocado a sus filas a defender su
posición. Organizó una movilización de las unidades básicas de escasa
repercusión, a la vez que once manifestantes iniciaban una huelga de
hambre solicitando el rechazo de la renuncia del gobernador presentada
horas antes. Siquiera el “aparato” peronista apoyaba a De Aparici. La
alianza que, a nivel político-partidario, lo había llevado a la
gobernación dos años antes estaba ya totalmente desarmada. La
concentración chocó con un grupo de la movilización convocada por la
multisectorial. El saldo del enfrentamiento armado sería de 15 heridos,
y la posterior judicialización de algunos gremialistas de la
multisectorial, entre ellos Carlos Santillán.
El 1º de noviembre transcurriría en un estado acéfalo y de
incertidumbre. Un titular de gran envergadura en el diario El Tribuno
reza “Intervención federal si hoy no funciona la legislatura. Llegarán
fuerzas de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional para asegurar el
orden”; refiriendo -también en primera plana- a Julio Aráoz, ex
Subsecretario de Energía de la Nación, como interventor de la provincia,
según declaraciones del Ministro del Interior Mera Figueroa (Diario El
Tribuno, 02/11/1990). Finalmente la legislatura sesiona el día 2,
aceptando la renuncia del gobernador por 42 votos a favor, 1 abstención
y 2 en contra. Sería la cumbre del anhelo cumplido, la concreción de un
pedido encarnado en una multiplicidad de sectores sociales. La crisis
provincial y nacional, y las medidas de gobierno adoptadas, habían
afectado diversos intereses en un amplio abanico de la estructura
económica, lo que posibilitó la alianza popular. Pero sin duda ello no
puede explicar la magnitud y la concreción de una pueblada que pareció
idear cada uno de sus pasos en un ventarrón inaugural. Recién entonces
se levantó la huelga de hambre de las enfermeras que llevaba 23 días y,
ya en estado crítico, se había convertido en el símbolo heroico que
expresaba la decisión inexpugnable del soberano. El vicegobernador
Huascar Eduardo Alderete juramentó el mismo 2 de noviembre a las 13:00hs
como nuevo gobernador, pues se buscaba evitar una nueva situación
acéfala. Esa misma noche emitió un discurso por la Red Provincial de
Radiodifusión llamando a una tregua “para poder emerger con una luz de
esperanza de la crisis”, mientras que el Frente de Gremios Estatales
anunciaba la suspensión de las medidas de lucha a la espera de los
nuevos acontecimientos. (Diario El Tribuno, 02/11/1990). Se abriría un
marco de negociaciones a partir del cual Carlos Aramayo asumiría un
cargo en la cartera de economía provincial. El objetivo del Frente era
presentar un proyecto de ley que, entre otras cosas, actualice la
valuación de la propiedad rural, lo que por ejemplo sextuplicaría el
pago impositivo del ingenio Ledesma. Tras una enconada campaña
empresarial y mediática en contra del proyecto, Aramayo renunciaría a su
cargo apenas un mes después de haberlo presentado. Finalmente, la nueva
ley se aprobaría desvirtuada del proyecto y sin generar modificaciones
impositivas sustanciales.
Como ocurriría una década después en el centro nacional del poder, la vuelta a la institucionalidad se daba de un modo tan abrupto como su aparente enterramiento. Mas la crisis estaba abierta.
Análisis y
perspectivas
Descripto ya el proceso, repasaremos algunas de las características que encontramos más distintivas sobre el ciclo de protesta que llevó al cabildo abierto. Seguidamente, y tomando la perspectiva de progresión gramsciana de la correlación de fuerza en la disputa por la hegemonía planteada en la introducción, veremos brevemente cómo este proceso fue superando el momento económico-reivindicativo y qué límites alcanzó al lograrse la reanuncia del gobernador. Finalmente, a modo de cierre, intentaremos mostrar que el cabildo abierto adquirió tempranamente las características que se desplegarían en todo el país en la resistencia a la implementación del modelo neoliberal. Partimos esta investigación tomando una medida de fuerza inaugural que mostraba ya la inventiva y combatividad del sector más movilizado del Frente: el basurazo impulsado por el SEOM. Vimos que su realización fue más bien espontánea, y que causó un gran efecto polarizador en la sociedad y en la relación del SEOM con el gobierno. Pero recordamos que si bien las medidas de lucha generan el conflicto, no constituyen su causa. Debe buscarse en las políticas patronales, en el “reclamo” de la medida, su motivación. En esta articulación entre reclamo y medida se observa la gradación -o categorización- en la composición y confrontación de clases (Gómez, 1994: 47). Como analizamos para el período de recuperación de la democracia, estas primeras medidas corresponden a acciones directas vinculadas al mantenimiento, uso, y reproducción de la fuerza de trabajo, centrados en reclamos salariales a partir de los atrasos en los pagos generados por el comienzo de la crisis económica provincial. A partir del basurazo las medidas continuaron en constante alternancia: concentraciones y movilizaciones masivas, cortes de rutas y puentes en la ciudad, paros con diversas modalidades -donde comenzaba a practicarse la noción de paro activo por sobre los “paros domingueros”-, ocupaciones de edificios públicos, huelgas de hambre, sentadas en colegios y hospitales, “largas marchas” desde el interior a la capital, enfrentamientos tanto con la policía o gendarmería como con grupos de choque sin uniforme, elaboración de documentos y proclamas con una importante amplitud de demandas en su contenido, banderazos, ollas populares, acampes, etc.
Descripto ya el proceso, repasaremos algunas de las características que encontramos más distintivas sobre el ciclo de protesta que llevó al cabildo abierto. Seguidamente, y tomando la perspectiva de progresión gramsciana de la correlación de fuerza en la disputa por la hegemonía planteada en la introducción, veremos brevemente cómo este proceso fue superando el momento económico-reivindicativo y qué límites alcanzó al lograrse la reanuncia del gobernador. Finalmente, a modo de cierre, intentaremos mostrar que el cabildo abierto adquirió tempranamente las características que se desplegarían en todo el país en la resistencia a la implementación del modelo neoliberal. Partimos esta investigación tomando una medida de fuerza inaugural que mostraba ya la inventiva y combatividad del sector más movilizado del Frente: el basurazo impulsado por el SEOM. Vimos que su realización fue más bien espontánea, y que causó un gran efecto polarizador en la sociedad y en la relación del SEOM con el gobierno. Pero recordamos que si bien las medidas de lucha generan el conflicto, no constituyen su causa. Debe buscarse en las políticas patronales, en el “reclamo” de la medida, su motivación. En esta articulación entre reclamo y medida se observa la gradación -o categorización- en la composición y confrontación de clases (Gómez, 1994: 47). Como analizamos para el período de recuperación de la democracia, estas primeras medidas corresponden a acciones directas vinculadas al mantenimiento, uso, y reproducción de la fuerza de trabajo, centrados en reclamos salariales a partir de los atrasos en los pagos generados por el comienzo de la crisis económica provincial. A partir del basurazo las medidas continuaron en constante alternancia: concentraciones y movilizaciones masivas, cortes de rutas y puentes en la ciudad, paros con diversas modalidades -donde comenzaba a practicarse la noción de paro activo por sobre los “paros domingueros”-, ocupaciones de edificios públicos, huelgas de hambre, sentadas en colegios y hospitales, “largas marchas” desde el interior a la capital, enfrentamientos tanto con la policía o gendarmería como con grupos de choque sin uniforme, elaboración de documentos y proclamas con una importante amplitud de demandas en su contenido, banderazos, ollas populares, acampes, etc.
Pero el marco de originalidad de las medidas de lucha no estuvo dado sólo por las acciones novedosas, o por tomar de otros sectores medidas tradicionalmente ajenas al movimiento obrero -como el caso de la huelga de hambre- sino también por imprimir nuevos sentidos y características a modalidades tradicionales. Los entrevistados para la investigación aluden constantemente a elementos culturales en las manifestaciones: escenas teatrales, construcción de muñecos, entonación de coplas, etc. La simbología utilizada por los dirigentes gremiales generó también un efecto novedoso. Estos buscaron adoptar en su imagen un reflejo de su condición de dirigentes de base, en contraposición a la visión clásica de los “gordos de chaqueta” del sindicalismo. Cualquiera que haya transitado los 90` recordará la bincha en la frente y la muñequera en el puño en alto que dominaban las imágenes que desde Jujuy recorrieron el país. Por último, la radicalidad y el grado combativo de las medidas llegó al extremo de producir intercambios con armas de fuego, enfrentar con topadoras municipales a móviles de la policía o realizar atentados a camiones recolectores de basura. Pero tal vez el aspecto más importante a tratar, y el que representa el mayor quiebre con el período anterior, tenga que ver con el grado de articulación conseguido. Como vimos, y dicho en términos lacónicos, durante la lucha obrera de los años 80` los conflictos tendieron a quedar aislados tanto a nivel social como en la articulación gremial; y lo que aquí sucedió fue una pueblada.7
En la descripción del proceso abordamos la
conformación de una creciente articulación que podría ser sintetizada en
una ramificación que comprende: SEOM - otros gremios estatales - Frente
de Gremios Estatales - CGT - gremios del interior - estudiantes
universitarios - colegios de profesionales - centros vecinales -
sectores del pequeño comercio - multisectorial - iglesia. Kindgard y
Gómez, en su recapitulación sobre el cabildo abierto, dan cuenta de cómo
la crisis fiscal del Estado provincial llevó al ejecutivo a afectar con
sus medidas distintas fracciones y capas sociales: los asalariados
estatales, sea en su composición obrera como el caso del SEOM o de la
pequeña burguesía como APUAP o el CEDEMS, a través de los recortes, la
inflación, los atrasos salariales, etc.; los proveedores y prestadores
del Estado, por el atraso o la suspensión de los pagos; y a la pequeña
burguesía ligada al comercio por la disminución del consumo. Sin dudas,
este marco estructural otorga una base para la comprensión del
encuentro, mas estas condiciones no son suficientes para producir un
proceso de articulación como el del cabildo abierto. En el relato de los
hechos, vimos como las decisiones e intervenciones adecuadas de los
protagonistas también coadyuvaron para dicha relación.
Veamos
entonces la progresión de los “momentos” de la lucha propuestos para el
análisis. Si tomamos la clasificación realizada por Marcelo Gómez -en
base a los planteos gramscianos vemos que durante el período aquí
abordado se fueron superando los niveles reivindicativos hasta alcanzar
la disputa política. Tomamos como punto de partida el año 1987,
por considerar que en este año germina todo el proceso a partir de las
medidas de luchas llevadas adelante principalmente por el SEOM. En este
primer período, las reivindicaciones se condicen con las descriptas para
el nivel estructural o “económico-reivindicativo”: estabilidad laboral,
salario, condiciones de trabajo, etc. Asimismo la articulación, de
existir, queda restringida a algunos gremios cercanos.
A partir del siguiente año se estructura y consolida la columna
vertebral de la protesta: el Frente de Gremios Estatales.
Las reivindicaciones se mantienen, pero sin duda las capacidades organizativas del sector dan un salto cualitativo a partir de una articulación más amplia hacia todo el abanico gremial-estatal (incluida la central obrera) y hacia el interior de la provincia. Así, el momento “económico-corporativo” da cuenta de la capacidad y eficacia del accionar de las instituciones gremiales y los grados de legitimidad adquiridos, expandiendo los recursos defensivos de la clase. Por último, para 1990 dicha capacidad se extiende para incluir demandas de otros sectores sociales, así como reivindicaciones de carácter general en cuanto al “modelo político”, “la ética de gobierno”, “el sistema económico”, etc. Se alcanza así, en principio, el “accionar político” de la clase en la tipificación de Gómez. (Gómez, 1994: 47).Ya en el primer párrafo del “Documento de la Multisectorial para el Cabildo Abierto” vemos que quienes escriben se sitúan como “parte esencial del pueblo jujeño”, el cual se encuentra “inserto en una profunda crisis política y moral” antes -o más allá de- la crisis económica.8 El énfasis no está puesto ya -como en los primeros documentos- ni en el sector obrero estatal, ni en sus demandas corporativas. Vemos que un conjunto de demandas se encuentran sintetizadas y estructuradas en el documento. Si a ello agregamos el seguimiento discursivo de los referentes de los distintos sectores efectuado durante la investigación, vemos que la idea promisoria de multisectorialidad estuvo muy presente durante el proceso estudiado. Y, por supuesto, el plano de las acciones, con la realización del cabildo abierto como cima, así parece ratificarlo. Asimismo, el proceso demuestra que no se trataron de consignas esgrimidas desde sectores partidarios carentes de una encarnadura en los obreros, maestros y maestras, profesionales, estudiantes, etc.; sino que, por el contrario, se constituyeron a partir de una síntesis de sus demandas. Sin embargo vimos que esta gran movilización y articulación sin precedentes, que caminó hacia el momento político de la disputa, que logró por primera vez la renuncia de un gobernante, y que inauguró una década de crisis de autoridad, no consiguió cambios significativos y no apostó a tomar el gobierno y constituirse en alternativa.
Reflexionemos con
Mauro Berenagan
que continúa observando la diferencia de la lucha política en los noventa de
Jujuy con las de los setenta.
Retrotrayéndonos a la situación recordamos que en
uno de los momentos más álgidos de la lucha, pasado ya el cabildo
abierto, se configuró un estado de acefalía que se prolongó desde el
pedido de renuncia del gobernador hasta su aceptación por parte de la
legislatura. Santillán plantea que de las luchas de toda la década, con
cuatro gobernadores que no lograron terminar su mandato por presión
popular, la de 1990, justamente en su carácter novedoso, podría haber
sentado bases de un gobierno de los sectores movilizados. En términos
analíticos, recurramos a Gramsci para esclarecer esta visión de crisis
de autoridad, configurada como vemos en un momento acéfalo del gobierno
surgido de la deslegitimación de sus miembros: “Si la clase dominante ha
perdido el consentimiento, o sea, ya no es “dirigente”, sino sólo
“dominante”, detentora de la mera fuerza coactiva, ello significa que
las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no
creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste
precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en
ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos”. (Gramsci,
2004: 313).
Es decir que nos encontramos ante un “interregno”:
la articulación de los sectores sociales en conflicto ha disputado con
eficacia la hegemonía de la clase dominante y ha construido un programa
y unos dirigentes contrahegemónicos; mientras que el sector dominante ha
perdido el consenso, ya no dirige, sólo domina en su posesión estatal
que ha caído en riesgo. Si bien tanto Aramayo como Santillán reiteran en
varias ocasiones en las entrevistas actuales el “aunque durásemos unas
horas”, aludiendo a que lo importante no era la posibilidad de
permanecer en el gobierno, sino la de mostrar un camino; sostenemos en
la investigación que las condiciones para lograrlo influyen de manera
directa sobre los distintos sectores que participaron.
Así, ni quienes dirigieron el proceso, “el núcleo
duro del frente”, ni los sectores movilizados en su amplitud, parecen
haber visto en su momento la posibilidad de asumir el gobierno como algo
factible, siquiera planteado previamente. Respecto de la dirigencia,
registramos en nuestra tesis de grado acusaciones cruzadas vinculadas a
la pertenencia partidaria de los dirigentes centrales del Frente de
Gremios Estatales, y su negociación política con el vicegobernador. Mas
creemos que esta forma de análisis “personalizada” en algunos
dirigentes, que permanece en el terreno de los voluntarismos, no explica
de modo cabal la disyuntiva a la que la movilización se enfrentó. Nos
centramos entonces en el freno de los sectores movilizados. En primer
lugar vimos que en las convocatorias, en las discusiones previas, en las
marchas y asambleas o en los documentos producidos, la alternativa de
gobierno no estaba presente. Encontramos sí una “plataforma”, un
programa, un qué hay que hacer de modo general, mas como se destaca en
las entrevistas siquiera se había insinuado la posibilidad de la toma
del gobierno.
Sumado a ello, pensamos que la no toma del gobierno sea tal vez parte embrionaria de la ruptura, de lo nuevo. Lo que parece no haber estado es el impulso en los sectores movilizados, no sólo la falta de decisión en la dirigencia política. Pensamos en un factor subjetivo, en un clima de época, tomando elementos como la última dictadura militar aun demasiado cercana y sus dos demonios hechos ley en buena parte de la población, a riesgo de caer en uno; la crisis naciente de los grandes relatos de liberación o revolución; la ruptura descripta de la imagen gremial hacia un nuevo tipo, distinta a la del saco y corbata que se codea con los de arriba. Y también la heterogeneidad de los sectores sociales movilizados. Lo nuevo, lo que vendrá en los 90`, no se condice con la posibilidad de tomar el poder por la fuerza y establecer un gobierno popular. Si bien no podemos desarrollar aquí cada uno de estos aspectos, sostenemos que la triunfante movilización se encontró, ante el vacío de gobierno, con una disyuntiva que no se había planteado con anterioridad al menos de un modo abierto, ni en su dirigencia ni mucho menos en sus bases. Y que esta no planificación se decidió por el lado de la negociación y la vuelta a la institucionalidad por no encontrarse condiciones subjetivas para la toma del gobierno. Hubo entonces una disputa política, pero no en el sentido de la posibilidad de vencer y gobernar, sino en la de frenar acciones de gobierno, destituir gobiernos, y superar las reivindicaciones meramente económicas.
No pretendemos utilizar los postulados
gramscianos para determinar hacia dónde debieron haber marchado los
acontecimientos y por qué no lo hicieron. Por el contrario, tomamos de
sus análisis algunas herramientas para comprender los caminos por lo que
transcurrió el período. En este sentido, Gramsci plantea distintas
salidas a las crisis orgánicas, recordando que “…la clase dirigente
tradicional, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y
programas y reasume el control que se le estaba escapando con una
celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas” (Gramsci,
1984: 58). Las clases dirigentes del Estado provincial lograron
reconstituirse con cierta renovación, volviendo a la institucionalidad,
mas la crisis orgánica no se detuvo, es decir no se reconstruyó una
hegemonía de un grupo dominante sobre el resto de la sociedad. Tampoco
se dio una salida de tipo “bonapartista”, donde un líder carismático
asume el control ante la imposibilidad de los sectores progresistas de
hacerlo y ante la incapacidad de los sectores dominantes de encontrar
una solución orgánica. Como mencionamos, toda la década transcurriría en
esta dinámica. El período aquí abordado representa el nacimiento de esta
crisis.
Para finalizar, vemos que la composición de
clases de todo el proceso de lucha estuvo marcada por la presencia
preponderante de un sector de neta extracción obrera: el SEOM. Este fue
quién dirigió y dinamizó el conflicto, determinado el camino andado y
las proclamas esgrimidas por sobre los sectores de profesionales o de la
pequeña burguesía, que se sumaron hacia el final del proceso. Kindgard y
Gómez (2005) señalan que el no haber sumado al sector industrial, y el
haber mantenido una política negativa (de mero rechazo a medidas
gubernamentales) es muestra de que la dirección del movimiento
permaneció en el terreno de los intereses burgueses. Si recordamos las
medidas a las que se enfrentaba y las reivindicaciones erigidas desde
los distintos discursos, documentos y acciones, vemos que es difícil
negar el carácter superador de lo meramente económico, esconder el
contenido popular y en algunos lineamientos clasista de la programática,
y minimizar las intenciones propositivas de su contenido, más allá de lo
efectivamente logrado. Por otro lado valga recordar que algunos sectores
industriales privados acompañaron la lucha a partir de la conducción
local de la CGT, y que la ausencia relativa del trabajador industrial
será una constante en la lucha de la década venidera a nivel nacional.
No podemos hablar de ningún modo de una preponderancia de los intereses
burgueses, aunque tampoco de un proceso clasista del movimiento obrero.
Fue, según lo que intentamos
demostrar en este trabajo, un proceso que, guiado por un sector
netamente obrero, alcanzó un importante grado de articulación social,
representando y condensando las demandas de distintos sectores sociales
de las clases populares y medias de buena parte de la provincia. El
cabildo ha abierto La concreción del cabildo abierto representó el ápice
de la construcción de poder de los sectores movilizados. En este
artículo fuimos reconstruyendo y analizando esta viñeta de la historia
que iría tornándose cada vez más común a lo largo de la década. Así, la
mirada insinuó aires inaugurales en su caracterización, tanto por sus
estructuras nacientes, como por la forma que habría de adquirir la
triada política de gobierno - reclamo de los sectores afectados -
medidas (novedosas) de lucha. Nos queda, para finalizar, sintetizar
brevemente una hipótesis secundaria trabajada en nuestra tesis: la
ubicación del proceso en el inicio de la resistencia al modelo
neoliberal privatizador aplicado por Carlos Menem. El desarrollo de las
luchas de los distintos sectores afectados por la profundización del
modelo neoliberal en la década del 90 es bien conocido.9 Sin dudas las
características de este ciclo de protesta que se presentan como
novedosas son múltiples y pertenecen a distintos aspectos de la lucha
obrera y social. Mas si intentamos reducirlas a una enumeración
podríamos destacar los siguientes: la novedad en las formas y medidas de
lucha, la amplitud en las articulaciones hacia la confluencia de
diversos sectores sociales, el carácter en general defensivo de las
demandas, la práctica asamblearia de base, los realineamientos y los
cambios profundos en las estructuras del movimiento obrero, la
reaparición de las demandas campesinas e indígenas, la consolidación de
la cuestión de género y el rol de la mujer en las organizaciones
populares, y -quizá la nota central- la aparición de un nuevo actor
social: el movimiento piquetero. Esperamos que ciertos aspectos de esta
enumeración retrotraiga al lector a los apartados precedentes. Repasamos
al comenzar el artículo algunos lineamientos de la conflictividad obrera
en la década del 80, con un movimiento obrero centrado en demandas
económicas-reivindicativas, desarticulado y desvinculado de otros
sectores sociales. Vemos ahora que son otras las características del
cabildo abierto. Son, según proponemos en este repaso, las que la mayor
parte de la bibliografía citada sobre la historia reciente destaca para
los procesos que vendrán a partir de 1993. Baste retrotraer una vez más
el grado de articulación alcanzado, la novedad en los medidas de lucha,
el quiebre del sistema de gobierno, el contenido de los reclamos, etc.
Asimismo, si recordamos que Carlos Menem asumió
la presidencia el 8 de julio de 1989, hasta el desarrollo del cabildo
abierto se habían dictaminado ya las leyes de Reforma del Estado y de
Emergencia Económica, bases de todo el proceso, los primeros pasos
privatizadores que afectarían tempranamente a la provincia, las leyes de
indulto a los militares, la reforma tributaria con el aumento del IVA,
los planes económicos de Bunge y Born, la reglamentación del derecho de
huelga, las medidas de Ajuste de Erman Gonzales, que incluía el
congelamiento de las partidas presupuestarias a las provincias si estas
no adoptaban las medidas impulsadas desde la nación, y algunas leyes de
flexibilización laboral, entre otras medidas. Vemos así que tanto las
políticas implementadas a las que se resistía, como las formas que fue
adquiriendo dicha resistencia, podrían ser asimiladas a un proceso de
lucha y organización tendientes a contrarrestar los efectos de la
política neoliberal privatizadora del menemismo. Recordemos ahora la
periodización propuesta por Iñigo Carreras y María Celia Cotarelo: “Si
bien hubo intentos de resistencia a la nueva situación que se quería
imponer (por ejemplo la “Plaza del No” o el corte de ruta de los
trabajadores de Hispam en Sierra Grande en 1991),
estuvieron marcados,
generalmente, por el aislamiento social de los obreros y el consenso
(que se desarrolla entre la coacción y la corrupción) de buena parte de
la sociedad, incluyendo a muchos de esos mismos trabajadores. De manera
que desde 1989/90 en adelante nos encontramos en una fase que
caracterizamos como descendente. A fines de 1993, con el motín de
Santiago del Estero, podemos señalar un punto de inflexión en el
movimiento de protesta”. “(…) A diferencia de las luchas
producidas antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores
logran, si no evitar la aplicación de políticas de gobierno que apuntan
a eliminar conquistas históricas, al menos evitar que se apliquen de la
manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretende.”
(…) “También puede observarse que en el motín de 1993 y en algunos de
los cortes, se pone en evidencia una ruptura en la relación
pueblo-representantes”. (Carreras y Cotarelo; 2001: 173-174).
Como vemos, lo que se destaca como embrionario de lo que vendrá, como quiebre e inflexión en el santiagueñazo, como comienzo de la “fase ascendente de la lucha”, estuvo presente en el desarrollo del cabildo abierto: una política “consciente” y propositiva respecto de la crisis y de aquello que se reclamaba; el arco de medidas novedosas que se tomaron para superarla; un marco organizativo con políticas estratégicas impulsadas desde el seno del Frente de Gremios Estatales; el freno a las políticas de ajuste del gobierno; y el evidente quiebre en la relación pueblo-representantes. Esto no significa suponer un estado general de lucha y protesta nacional ni bien iniciado el frío amanecer menemista, ni negar que el discurso privatista político-mediático haya encontrado cierta acogida en el “sentido común” de la época. Mas vemos que la construcción de la fase “descendente” y “ascendente” de la lucha toma como punto de inflexión un hecho quizás tardío y con características menos embrionarias que el proceso aquí abordado, y omite otros procesos de luchas en los cuales tres gobernadores no terminaran su mandato en el primer año menemista. Proponemos la posibilidad de repensar la periodización de la protesta fundamentalmente para cuestionar el supuesto consenso para con las políticas privatizadoras que se deriva de la idea de casi cuatro años de cierta quietud en la protesta. Que el interior del país prefiguró con antelación el estallido del 2001 en la capital es comúnmente aceptado, falte tal vez dilucidar cuánto antes lo hizo, lo que -como vemos- no se trata meramente de una cuestión de cronologías. Bibliografía:(...)
Fuente: http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/27%20BERENAGAN%20Jujuy%20open%20cabildo.pdf
En la Argentina operan 23 ingenios azucareros ubicados en el norte del país, la mayoría concentrados en Tucumán que tiene 15 establecimientos dedicados a la producción de caña de azúcar.
Luego le siguen Jujuy -donde se encuentra Ledesma- con tres plantas; Salta, con dos; Santa Fe con otras dos; y Misiones, con un establecimiento ubicado en el sur de la provincia cerca de Apóstoles.
Las 23 empresas están nucleadas en el Centro Azucarero Argentino (CAA), fundado en 1894 y que actualmente preside Fernando Nebbia.