En la revista Biodiversidad, sustento y culturas nº 61 (del 21 julio 2009) podemos leer "Plantaciones de árboles en América Latina" que redacta el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) donde hallamos:
Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles
"La actual expansión de los monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.
Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como “bosques” y desde entonces dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde de la “plantación de bosques”.
En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, FMI, BID, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.
Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación.
Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la “forestación” tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta. Nuevos mecanismos de promoción. Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la “forestación” a gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” se constituye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.
A su vez, «el nuevo negocio de los agro-combustibles» constituye otro aliciente para la promoción de la “forestación” a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile.
La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas: el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil (Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en el uso de las palabra “floresta” o “forest” (bosque) en los propios nombres de los esquemas, incluido el término “forestación”. Es decir, que para estos esquemas de certificación las plantaciones son “bosques”. A partir de esa y otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el carácter destructivo de las mismas.
Plantaciones de palma aceitera
Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera —también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos.
Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona.
Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.
Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, como se constatado en particular en Colombia.
En casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.
Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.
Explotación y contaminación industrial.
A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (muchas veces mujeres).
Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento.
Los motores del avance de la palma
Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte.
Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles
"La actual expansión de los monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.
Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como “bosques” y desde entonces dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde de la “plantación de bosques”.
En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, FMI, BID, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.
Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación.
Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la “forestación” tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta. Nuevos mecanismos de promoción. Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la “forestación” a gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” se constituye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.
A su vez, «el nuevo negocio de los agro-combustibles» constituye otro aliciente para la promoción de la “forestación” a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile.
La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas: el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil (Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en el uso de las palabra “floresta” o “forest” (bosque) en los propios nombres de los esquemas, incluido el término “forestación”. Es decir, que para estos esquemas de certificación las plantaciones son “bosques”. A partir de esa y otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el carácter destructivo de las mismas.
Plantaciones de palma aceitera
Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera —también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos.
Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona.
Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.
Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, como se constatado en particular en Colombia.
En casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.
Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.
Explotación y contaminación industrial.
A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (muchas veces mujeres).
Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento.
Los motores del avance de la palma
Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte.
Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector.
A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos, jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones (...)".
A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos, jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones (...)".
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