La deuda argentina y el fallo del año 2000
Por: Alejandro Olmos Gaona
Cuando después de 18 años de moroso trámite el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero, emitió su sentencia, estableciendo que la deuda contraída durante la dictadura militar era mayoritariamente ilegal y que en las operaciones se había contado con la complicidad del FMI, se “olvidó” por decirlo de alguna manera, de decretar la nulidad absoluta de aquellos actos ilegales, tal como lo determina el artículo 1047 del Código Civil de la Nación. Además de ello tanto la legislación civil como el derecho administrativo contemplan que los actos ilegales e ilícitos son nulos de nulidad absoluta así como todas sus consecuencias.
A los efectos de obviar esa significativa omisión un grupo de calificados profesionales del derecho y la ciencia económica integrado por el Embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los Dres. Julio González, Néstor Forero y Graciela González, y el Lic. Héctor Giuliano, se presentaron al Juzgado Federal Nº 2 donde tramitó la referida causa, actualmente en forma interina a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, para solicitar se decretara la nulidad de los por lo menos 477 actos ilícitos decretados en la sentencia del año 2000. Cabe apuntar que las referidas personas, fueron designadas por el referido Juez para integrar un grupo de trabajo que apoyara las investigaciones llevadas a cabo en sede judicial, junto con el Dr. Omar Miliano, actual funcionario del Banco Central de la República Argentina.
Como respuesta a la petición, que se encontraba extremadamente fundada en la legislación y en la doctrina, el Juez Martínez de Giorgi destituyó a los presentantes, y no se expidió sobre la presentación efectuada.
Sin tener conocimiento de esta resolución, los diputados Fernando Pino Solanas, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Cecilia Merchán, Claudio Lozano y Victoria Donda se presentaron al tribunal haciendo suya esa petición, y solicitaron una audiencia al Juez , en razón de que en la Cámara de Diputados se había emitido dictamen para la creación de una Comisión Investigadora de la deuda pública desde 1976 hasta el último canje efectuado recientemente, sin que hasta la fecha el Juez se haya expedido sobre el tema.
Indudablemente la reacción del Tribunal es coherente con la actitud que ha venido teniendo la justicia federal sobre la problemática del endeudamiento público desde 1982, cuando mi padre iniciara su denuncia. El trámite duró 18 años, porque a la falta de interés del juzgado de investigar debidamente los hechos, se sumó la irresponsabilidad de los organismos del Estado como el Ministerio de Economía y el Banco Central a los que nunca les interesó colaborar con la investigación. A ello se agrega que en la causa donde se investiga el endeudamiento desde 1983 hasta la culminación del Plan Brady (1994), el tribunal se limitó a acumular pruebas y tomar algunas declaraciones, estando el expediente prácticamente inactivo desde hace años, junto con otra denuncia iniciada por Daniel Marcos y por mi en el año 2006, para que se investigara la deuda hasta el último canje hecho por el Dr. Kirchner en el año 2005. A tales hecho cabe agregar la extrema gravedad de no haber tramitado una causa por infracción a la Ley Penal cambiaria, donde habría más de 21.000 involucrados entre empresas y particulares, que le fuera enviada por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6.
Entre las particularidades con las que se ha manejado ese Juzgado en todas las causas de la deuda, está la de que toda su tramitación fue confiada únicamente a un Secretario Adjunto, el Dr. Juan Carlos Foerster, cuya manifiesta incompetencia en la materia puede observarse a través del examen del seguimiento de las diversas causas, además de la negligencia en la producción de pruebas fundamentales para demostrar la ilicitud de todas las negociaciones posteriores al año 1983. Y resulta extremadamente preocupante ante esta forma de proceder, el riesgo que pueda correr la voluminosa masa probatoria acumulada durante tantos años, que aún precariamente, ha demostrado la fraudulencia de la deuda desde 1976 hasta hoy.
Fuente: http://www.argenpress.info/ 24-09-2010
24 de septiembre de 2010
La impunidad de destinar 40% del presupuesto 2011 al pago de 'deuda'
Un nuevo perfil para la deuda pública argentina
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.
Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.
Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.
Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.
Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.
Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.
Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.
Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.
Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.
Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.
Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.
Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.
Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.
Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.
Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010
22 de septiembre de 2010
Entramado de poder económico, judicial, político y policial para la trata de mujeres y niñas
Esclavizadas para la explotación sexual: Mujeres desaparecidas en democraciaPor: PRENSA DE FRENTE
La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual es una de las caras más extremas de la violencia de género e implica la violación directa a los derechos de las humanas. La continuidad de las prácticas de tortura y sometimiento son amparadas por un entramado de poder económico, judicial, político y policial que les otorga el sagrado manto de la impunidad. Este flagelo que arrastra características y condiciones estructurales a lo largo de siglos, es un delito que somete a millones de personas a condiciones de esclavitud y ocupa el segundo negocio a nivel mundial después del tráfico de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2006), manifiesta que en la Argentina participan directa o indirectamente de este delito, unas 500.000 personas. Siendo, este país un lugar de origen, tránsito y destino, al que llegan ciudadanos y ciudadanas extranjeros/as captados/as y traficados/as de países limítrofes, principalmente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Bolivia y Paraguay, y en segundo lugar de Perú, República Dominicana, y hasta China y Corea. Sin embargo, aun no existen estadísticas oficiales sobre las desapariciones de mujeres, esto significa que todavía no hay políticas públicas activas, tanto para la persecución del delito, como para la prevención del mismo, contribuyendo a la invisibilización de este flagelo y a la impunidad que habilita el efectivo funcionamiento de los mecanismos de las redes.
El negocio de la esclavitud
La existencia de la red de trata de mujeres es parte de una sociedad que naturaliza prácticas como la prostitución, sin profundizar en la relación de dominio que subyace. La concepción del cuerpo femenino como propiedad de lo masculino, y por ende, mercancía que se consume, alquila y vende, es la base cultural que promueve a la explotación sexual.
Las mujeres víctimas de la redes de trata son cada vez más jóvenes, el 48 por ciento tiene menos de 18 años. En este sentido, Richard Poulin, profesor e investigador canadiense sobre los procesos de globalización de la industria del sexo, advierte sobre la complicidad de organismos multilaterales del crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento de la trata de jóvenes. En una entrevista para el diario Página 12, el investigador denuncia cómo las políticas neoliberales expresadas por el Banco Mundial y el FMI y los planes de ajuste estructural, incentivan a los países al fomento de la industria sexual a través de préstamos para desarrollar empresas de turismo y entretenimiento. Esta industria sexual se expande globalmente afectando a las poblaciones más vulnerables, en primer lugar, refugiadas políticas, niñas, migrantes ilegales, miembros de minorías raciales y étnicas.
Según los estudios realizados por las integrantes de la organización de mujeres La Casa del Encuentro, en este negocio se puede hallar la estrecha asociación entre la etapa del capitalismo actual y el patriarcado. Las zonas que definen los destinos de las mujeres, son las rutas de mayor actividad económica por excelencia. Por ejemplo, la ruta del petróleo en la zona patagónica, la de la soja, la del turismo carretera en Córdoba, los festivales, etc., lugares donde se garantiza la masiva presencia de “clientes”.
La falacia de la persecución del delito
En abril del 2008 se aprueba la Ley Nacional 26.364, para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sin embargo rápidamente las organizaciones sociales que venían trabajando sobre el tema denunciaron que no garantizaba la persecución del delito y dejaba espacios que generaban y consolidaban la impunidad con la que se mueven los tratantes en territorio argentino.
Claramente los números dan cuenta de la falta de eficacia en el desbaratamiento de las redes mafiosas, según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación desde 2008 rescataron a 654 mujeres (entre ellas 149 eran niñas de entre 12 y 18 años), desde ese momento hasta el 31 de mayo de 2010, se detuvieron a 543 personas acusadas de formar parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas, aunque se dieron sólo 5 condenas firmes, en las provincias de Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y ninguna de estas involucra a un tratante. “La mayoría de las personas que quedaron detenidas son perejiles y no fueron condenados a más de cuatro años de prisión”, explica Mercedes Assorati coordinadora del programa Esclavitud Cero, de la fundación El Otro.
El cuestionamiento a la ley radica principalmente en que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la mujer para ser tratada como esclava, presumiendo que alguien puede elegir ser victimizada renunciado a su propia vida, a su propio cuerpo y a su libertad; por otra parte también se discuten las bajas penas aplicadas a los proxenetas y tratantes que derivan en la posibilidad de excarcelación. Estos y otros aspectos están en discusión y prontos a ser tratados nuevamente en el Congreso, pero aún se dejó afuera la posibilidad de gestionar un programa nacional que se ocupe integralmente de la asistencia a esta mujeres y niñas secuestradas, torturadas, maltratadas, explotadas por el accionar de la redes de trata con la complicidad del estado y una cultura patriarcal que las invisibiliza.
Dinero fácil, cuerpos ultrajados
El Noroeste y Norte argentino se presenta como una región de captación o reclutamiento de personas con fines de explotación, en su gran mayoría mujeres para explotación del comercio sexual, según el trabajo realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (UFASE) de la Procuración General de la Nación. Mientras que las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son caracterizados principalmente como lugares de destino, atento a la vinculación de las actividades económicas.
Amparados en sistemas de protección y corrupción policial, burdeles, juego clandestino y droga, funcionan libremente con la connivencia de funcionarios locales o incluso con la “regulación” de la actividad como si se tratase de un emprendimiento comercial lícito. En Río Gallegos, por ejemplo, la zona de prostíbulos conocida como Las Casitas funciona a la vista de toda la población; allí uno de los primeros allanamientos para el rescate de víctimas de explotación sexual fue posible por el accionar de una jueza que actuó en el lugar de captación, en la localidad de Sáenz Peña, en Chaco. Al respecto la magistrada chaqueña señala que este pueblo “es uno de los lugares de la provincia que constituye un foco de origen importante del delito de Trata, ya que la marginalidad, por la deplorable situación económica, cultural y educativa, constituye y un paisaje sumamente tentador para los que comercian con seres humanos debido a que en definitiva, no tiene alternativas diferentes.”
El lugar de destino tampoco guarda mejores oportunidades para estas mujeres, cuando una de ellas llegó a la terminal de Río Gallegos y el regente del prostíbulo conocido como El Deseo la fue a buscar, no tardó en informarle que “tenia una deuda de $ 620,000 lo cual era la suma de los pasajes y plata para consumir durante el viaje y que sí o sí tenía que pagarla.” Días después el proxeneta la mostró en la ciudad, primero ante el Comisario para tramitar la identificación que le permitiría sacar la libreta sanitaria en el Hospital, entonces “comenzó a sentir miedo y que no tenía escapatoria”. Fuente: http://www.argenpress.info/2010/09/esclavizadas-para-la-explotacion-sexual.html
13 de septiembre de 2010
La 'democracia' aplica ley anti-terrorista a los mapuches para avanzar en ecocidio-etnocidio
Mapuches por Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)Desde la prisión y tras 60 días, 34 dirigentes mapuches están en huelga de hambre para protestar porque a sus reivindicaciones se ha respondido con una brutal represión, incluyendo la aplicación de la ley antiterrorista que somete civiles a la justicia militar, anula garantías procesales y triplica las condenas. Ante la dificultad para definir el terrorismo, todo queda a la arbitrariedad de un juez que bien puede conceptuar que se trata de un simple problema de orden público o aplicar esta normativa de la dictadura militar chilena, intocada por los gobiernos de la democracia.
Los indígenas están presos por incidentes ocurridos en la defensa de su Nación Mapuche, el último reducto que la “civilización” les ha dejado en el profundo sur de Chile. Pero hasta allá llegan los tentáculos del “progreso” en forma de centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras, forestales y similares que envenenan ríos, talan bosques milenarios, polucionan la atmósfera, ahuyentan la caza y la pesca, esterilizan suelos y desplazan a la población, convertida así en paria en su propia tierra, asalariados de miseria de multinacionales y finqueros o residentes incógnitos en los cinturones de marginación de las grandes urbes. Ante la incuria y la complicidad de las autoridades frente a la voracidad de las empresas, los mapuches se han lanzado a la lucha con bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta que, como siempre, terminan en duros enfrentamientos con la policía, encarcelamientos, muertes y persecución. A sus reivindicaciones tradicionales por la tierra los huelguistas agregan ahora la exigencia de un juicio civil para sus líderes y la derogación de la ley antiterrorista. Ignorados por los monopolios mediáticos intentan romper el cerco de silencio y conseguir la simpatía de la población para torcer la mano poderosa del estado. De momento han conseguido movilizar importantes sectores de la sociedad chilena y comienza a generarse un movimiento internacional de solidaridad.
La movilización social ha conseguido, por ahora, que hasta las autoridades y los parlamentarios reconozcan la necesidad imperiosa de eliminar la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Pero el proceso jurídico marcha con una lentitud incompatible con la urgencia de 35 personas cuya vida corre peligro (incluyendo a niños indígenas, igualmente acusados de terrorismo). En un ejercicio de cinismo sin límites, desde algunos sectores se propone que se amnistíe a los mapuches al tiempo que se haga lo mismo con los torturadores de la dictadura que están condenados o en proceso de serlo. Por supuesto los indígenas rechazan una propuesta de tales características que los igualaría a quienes si son efectivamente peligrosos terroristas. Solo exigen un juicio civil, justo y público de tal manera se conozcan las razones que les han llevado a oponerse a proyectos que las autoridades presentan como indispensables para el progreso, mientras descalifican a quien se oponen tildándolos de obstáculo al bienestar y enemigo de la civilización.
Aunque el objetivo de eliminar la ley antiterrorista ya es de por si loable, lo es mucho más poner de manifiesto las limitaciones del modelo económico vigente y la forma como se entiende el progreso y el desarrollo. Oponiéndose a la destrucción de su comunidad tradicional (en todos los sentidos) los indígenas chilenos están poniendo en tela de juicio el proyecto de sociedad que se ofrece como fórmula para alcanzar la democracia política, el bienestar material, la cohesión social y el acceso a la cultura de la modernidad. Aunque no resulte explícito en la reivindicación, aunque no sea la intención conciente de los afectados, el conflicto obliga a considerar factores globales y de largo plazo que superan con creces el estrecho marco de los cálculos empresariales y de la miopía e irresponsabilidad (cuando no de la corrupción) de las autoridades que permiten estos proyectos. Más allá del cálculo de beneficios inmediatos resulta pertinente preguntarse. ¿Cuáles son los costes reales de esos proyectos? Una central hidroeléctrica inundando grandes territorios, la extracción de petróleo y de gas, y en general de recursos minerales, así como la tala masiva de bosques, la construcción de grandes obras de infraestructura o la explotación comercial de la biodiversidad se justifican ante la ciudadanía como empresas indispensables para el progreso, como iniciativas de alta racionalidad económica que armonizan las ganancias de la empresa con los intereses del país. Pero las cuentas reales no respaldan tan optimistas aseveraciones, pues si es cierto que las empresas obtienen ganancias considerables no se puede afirmar la mismo para el conjunto del país, para comenzar, porque se descargan sobre la comunidad costes claves que la empresa no asume y se afectan recursos para ésta y futuras generaciones.
Con independencia entonces de las formas folclóricas que acompañan muchas veces tales movilizaciones populares contra una represa, una explotación minera o los permisos de saqueo que se otorgan generosamente a las multinacionales, resulta esencial considerar los beneficios reales que se derivan de tales proyectos, en unos casos porque son dañinos en alto grado, en otros, por la manera como se realizan. La minería del oro, por ejemplo, cuando es realizada de manera artesanal perjudica ríos y suelos en una medida que se potencia enormemente cuando la explotación es industrial. La extracción de petróleo, por su parte, encierra peligros semejantes aunque es posible limitar estos efectos si se obliga a las empresas a extremar las medidas de seguridad. Las grandes represas hidroeléctricas, símbolo del desarrollo económico en otras épocas, son hoy objeto de una consideración más cuidadosa habida cuenta de los daños que provocan en el medioambiente, la destrucción de otros recursos y lo limitado de su vida útil. La gran explotación agrícola, otro de los símbolos del modelo económico actual, recibe objeciones no menos graves y por razones similares: aquello que es ganancia neta para las empresas supone pérdidas –muchas veces irreparables- de recursos (agua, suelo, biodiversidad, bosques, dependencia de los grandes monopolios de la energía, la industria química y los productores de semillas, etc.) y algo no menos importante: la salud de la población.
¿Quién asume el coste efectivo de agotar un recurso? ¿Quién responde por los efectos perniciosos sobre la salud de ésta y las futuras generaciones? ¿ A quién se piden responsabilidades por los daños medioambientales? ¿En qué quedaría el balance optimista entre inversión y beneficios si se amplía el horizonte del cálculo y se toman en consideración todos los costes, en particular esos que se ocultan en la contabilidad de las empresas? Si resulta poco práctico un debate sobre propuestas de muy escasa realidad (un regreso a la vida rural y el abandono del industrialismo, por ejemplo) y se asume que el consumismo actual resulta inconveniente e insostenible (además de inalcanzable para la inmensa mayoría de la población mundial) se impone entonces la búsqueda de un modelo diferente de sociedad y de economía, resolviendo la disyuntiva que ofrece, de una parte, la estrategia que se fundamenta en el “desarrollo de las fuerzas productivas” como condición indispensable para progresar sobre bases ciertas y, por otra, el camino que proponen el “buen vivir” de los indígenas como única manera de alcanzar la armonía social y el equilibrio con el medio ambiente.
Y, algo central para estos países abocados a una desenfrenada exportación de materias primas y alimentos a las economías centrales del capitalismo: agotar recursos claves que comprometen el futuro desarrollo constituye un suicidio como colectividad nacional. Al final, como en los peores tiempos del colonialismo aquí quedarán los socavones vacíos, los mineros con silicosis y un panorama de desolación y tristeza. Los escasos beneficios para el país estarán generando intereses en bancos extranjeros en las cuentas numeradas de los funcionarios corruptos, tan solícitos cuando se trata de vender el país.
Los actuales mapuches son dignos sucesores de Lautaro, Colocolo,Tucapel, Rengo y en particular del gran Caupolicán que para ganar la jefatura militar contra los españoles soportó sin desfallecer por dos días con sus noches un pesado tronco sobre sus hombros. Tal como lo canta Alonso de Ercilla en La Araucaria:
Con un desdén y muestra confiada,
asiendo el tronco duro y nudoso,
como si fuera vara delicada,
se lo pone en el hombro poderoso:
la gente enmudecía maravillada
de ver el cuerpo fuerte tan nudoso.
Fuente: http://www.argenpress.info/2010/09/mapuches.html
9 de septiembre de 2010
Lucha por soberanía alimentaria y reforma agraria
"Argentina. Lucha por soberanía alimentaria y reforma agraria: "Caminar
lento y guardar las ansiedades"" titulan Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)su entrevista a Diego Montón, miembro de la Secretaría Operativa del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)que del 10 al 14 de setiembre realizará su primer congreso nacional en la provincia de Buenos Aires
―¿Continúan siendo la soberanía alimentaria y la reforma agraria los pilares del movimiento?
Montón.―Hoy más que nunca. Debido a la crisis internacional, las trasnacionales han volcado sus capitales a inversiones que tienen que ver con el territorio, los bienes naturales y la producción de alimentos. Se pone en mayor riesgo la vida campesina e indígena, y la humanidad entera, ya que no miden consecuencias. La problemática del calentamiento global nos muestra como su ambición de lucro hace que pierdan de vista que está en peligro la vida del planeta. La soberanía alimentaria y la reforma agraria son dos pilares, dos ejes de lucha, que no deberían ser sólo de los movimientos campesinos, sino de toda la sociedad.
―¿Cómo alcanzar a una y otra?
Montón.―Tenemos que lograr que la tierra cumpla su función social, tener una democratización de la tierra. Por un lado, aumentar la masa organizada que pueda impulsar las reformas necesarias en los Estados, que en lugar de ejercer un equilibrio entre el capital y el pueblo, inclinan la balanza en favor del capital. Por otro lado, generar estrategias concretas para lograr políticas públicas que mejoren las condiciones para defender los territorios que ya tenemos y para que las familias campesinas-indígenas puedan acceder a la tierra y a otros recursos como el agua de riego y los bienes de producción.
Nos parece estratégica la conexión entre las organizaciones campesinas y urbanas para generar nuevos mecanismos de intercambio de productos: el mercado como un encuentro entre el campo y la ciudad en el cual los campesinos puedan acercar sus productos sin intermediarios y a un precio justo. Un punto clave es que el Estado comience a comprar producción campesina para todos los programas estatales: centros de asistencia en los barrios, comedores escolares...; eso dinamizaría enormemente al sector.
El camino más certero
―¿Cuál es el mecanismo de participación de las 20.000 familias que componen el MNCI? ¿En cada organización hay una forma particular de hacerlo o existe una política común?
Montón.―El movimiento tiene algunos principios: la democracia de base, la dirección colectiva, la división de tareas. Apuntamos a que no exista concentración de poder ni personas que tengan la posibilidad de caer en desvíos o actos de corrupción. Apuntamos a que en todas las instancias haya equidad de género, una paridad entre hombres y mujeres, y una fuerte participación de la juventud. Son familias o comunidades de base que están en un mismo territorio, que comparten la misma problemática e historia. Pueden ir de 10 a 100 familias dependiendo de la zona y densidad.
Luego están las centrales: grupos de base que se encuentran en una región más grande, que articulan la relación con las municipalidades y dinamizan los intercambios productivos. Depende de la provincia, 5 ó 6 centrales, en otras 12, se organizan en una coordinación provincial; el movimiento está en 10 provincias del país, empezándose a desarrollar en otros lugares. A nivel nacional tenemos un plenario trimestral. Ese plenario está organizado por áreas de trabajo: formación, producción y comercialización, salud, territorio y derechos humanos, y la secretaría operativa, que coordina la relación y las alianzas con otras organizaciones, con el Estado.
―¿Cómo revertir la expansión del monocultivo transgénico? ¿La ley de bosques es un camino? El ordenamiento territorial que prevé esa norma ya está generando profundos debates en cada provincia. Y los resultados no parecen ser los mejores...
Montón.―A la ley de bosques la tomábamos como una herramienta importante a la hora combatir la criminalización de la lucha campesina: le agregaba una legitimidad jurídica a muchas de las acciones que hemos venido haciendo para detener topadoras e incluso para denunciar las fumigaciones ilegales. Nos parecía que era un avance importante... A nivel nacional se pudo avanzar mucho, pero sabíamos que en las provincias iba a ser más complicado. Es en los parlamentos provinciales donde se expresa más fuerte el poder de los agronegocios. Lo importante es que el tema se ha podido instalar. La sociedad está discutiendo y está al tanto de los males que acarrea el monocultivo, las semillas transgénicas y los agrotóxicos. El camino más certero continúa siendo la organización, trabajar la conciencia y la información.
Que no existan territorios abandonados sin producir
―Con la agricultura dominada por las grandes empresas trasnacionales, ¿piensan que una intervención más activa desde el consumo podría aportar en la construcción de la soberanía alimentaria?
Montón.―Mientras más posibilidades tengamos de desarrollar ferias y mercados campesinos en todos los pueblos del interior y, en un segundo punto, en las grandes las ciudades, podremos trabajar la organización de consumidores en dos planos: en los barrios populares, a los cuales podemos llegar con el mensaje de la necesidad de la organización y la lucha por una alimentación digna; y penetrar en las capas medias e instalar la discusión sobre qué es lo que consumimos, de dónde proviene y cómo está elaborado. Esas capas van a ayudar a impulsar otro modelo de agricultura.
―También afirman que la tierra y los bienes naturales deben ser regulados según su función social, ecológica y económica, ¿en qué consistiría esta regulación?
Montón.―Esos bienes no pueden ser considerados una mercancía, no pueden quedar a la regulación de un libre mercado, que tampoco es tal. Debe definirse el uso del territorio en función de un modelo de desarrollo con justicia social, un control social desde las organizaciones populares, incluso desde la construcción de Estados nacionales soberanos. Por lo tanto, la producción y el uso del territorio tienen que cumplir ese objetivo acompañados de una función ecológica: que las actividades no provoquen daños irreversibles en la naturaleza. También hablamos de una función económica: que no existan territorios abandonados sin producir mientras otros sectores de la sociedad estén necesitando trabajo y alimentos.
Nada por ganar
―Señalan que las empresas mineras se están instalando en los territorios campesinos e indígenas dañando el agua, el aire y el suelo, ¿a qué proyectos extractivos en particular hacen mención?
Montón.―En Mendoza una ley provincial prohíbe el uso de cianuro, sin embargo, la empresa Vale está extrayendo potasio. Va a dejar 200 hectáreas con una capa de más de un metro de sales, lo cual va a perjudicar enormente las napas subterráneas. Después está la Barrick Gold, una trasnacional que en toda la cordillera viene desarrollando emprendimientos con métodos que han sido prohibidos en Europa, los que les dejan mayores márgenes de ganancia y rentabilidad a costa de la contaminación, devastando cerros, hipotecando no solamente el presente, sino las posibilidades de desarrollo del futuro. Y con unas regalías muy por debajo de lo que sería justo: están dejando un 3%... Todo lo que tenemos es perder y nada por ganar.
¿Existen familias campesinas que se hayan visto despojadas de sus tierras por el avance de la actividad extractiva?
Montón.―Conocemos casos en San Juan y Catamarca: se secaron todos los arroyos que las abastecían de agua y, por lo tanto, tuvieron que irse. Las mineras, además de contaminar, consumen muchísima agua, porque el proceso de transporte y extracción del mineral lo hacen con agua. Esa agua no les va llegando a las comunidades que viven río abajo y eso ha generado que se tengan que ir de sus lugares. El río San Juan, sobre el cual se han construido dos diques para abastecer a las mineras, en su descarga terminaba abasteciendo a 11 comunidades en el llano. Ese río está prácticamente seco y 600 familias están muy complicadas con el agua para el consumo y la vida de los animales.
La alternativa más progresista
―¿Tienen como objetivo a largo plazo la participación directa dentro del Estado?
Montón.―Los movimientos sociales somos los encargados de impulsar una agenda desde la participación y no debemos involucrarnos directamente en la dinámica de los Estados y los gobiernos, para no caer en la trampa de la gobernabilidad y las contradicciones que eso depara. Deberán consolidarse partidos progresistas que asuman esa tarea.
―Ven en algunos logros parlamentarios de este gobierno ―estatización de las AFJP, ley de medios, Asignación Universal por Hijo―, incluso en el debate sobre las retenciones a las exportaciones de soja, un éxito alcanzado por las fuerzas políticas populares. ¿Creen que algo de esto se hubiera logrado sin el kirchnerismo? ¿Qué perspectivas ven para los próximos años, puesto que, según la oposición, los Kirchner tendrían los días contados al frente del Ejecutivo?
Montón.―Hay que resaltar la importancia de la resistencia popular a lo que fue el neoliberalismo, el saqueo y la devastación del Estado. Las organizaciones populares generaron condiciones para revertir esa etapa, en conjunto con una crisis internacional que de alguna manera habilitó un frente a la ofensiva del imperialismo. Los movimientos no estábamos preparados para asumir una propuesta de gobierno; entonces, el sector que mejor interpretó el momento fue el kirchnerismo, que de alguna manera leyó cuáles eran los pasos que debía dar para construir gobernabilidad. Hoy no hay otro grupo político que tenga reales posibilidades de acceder al poder y mantenerse como lo ha hecho el gobierno actual. Las alternativas, o plantean claramente un retroceso, o tienen un discurso progresista pero una práctica contradictoria, enredada en una táctica electoral que no ha mostrado una ética diferente. El kirchnerismo sigue siendo la alternativa más progresista para asumir en el gobierno, pero ese no debe ser el techo. Debemos ir construyendo una alternativa superadora.
Una gran contraofensiva del imperialismo
―Hablan de una nueva época latinoamericana con gobiernos dando pasos a favor de reformas agrarias y la soberanía alimentaria. En el Cono Sur, ¿de qué gobiernos estaríamos hablando? ¿No creen que ha perdido algo de fuerza en la región esta visión de los primeros mandatarios construyendo políticas junto a los movimientos sociales?
Montón.―Vemos una gran contraofensiva del imperialismo y de la derecha que tiene que ver con reacomodamientos de las fuerzas globales. Estados Unidos otra vez ha prestado atención a su patio trasero, que es Latinoamérica, y eso se vio en acciones concretas como las bases militares en Colombia y el golpe en Honduras, señales claras de que van a retomar su intento de controlar la región. Como contraste, el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) es una esperanza que muestra un proyecto alternativo concreto. Más allá de la utopía que siempre nos ha movilizado, ahí tenemos un modelo al cual debemos fortalecer. Muchas de las contradicciones que veíamos en el ALBA, la propuesta de matriz energética, la agricultura industrial y la extracción intensiva, el gobierno de Bolivia las ha combatido fuertemente.
La Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) ha jugado un rol importante a la hora de algunos conflictos, como el golpe en Honduras o la masacre de Pando en Bolivia, que fortaleció al ALBA o, de alguna manera, lo protegió de la ofensiva imperial. Es una coyuntura muy compleja, no es fácil discernir cúal es el movimiento que hay que hacer. Pero no debemos simplificarlo, desde la autonomía de los movimientos sociales tenemos que presionar a los gobiernos a ir hacia medidas cada vez más progresistas. Vamos a ponerle mucha energía a la propuesta del ALBA de los movimientos que, justamente, tiene que ver con generar una instancia continental en la cual podamos impulsar políticas comunes desde una posición autónoma para no tener que hacernos cargo de las contradicciones que se dan en la relación diplomática.
Caminar lento y guardar las ansiedades
―¿Qué esperan de este primer congreso nacional del movimiento?
Montón.―Es la culminación de una larga etapa de trabajo en conjunto, de muchas victorias y momentos complicados. Por lo tanto, tiene un carácter de fiesta, de ratificar toda la construcción de ideología y acuerdos que hemos venido haciendo durante estos 7 años. Por otro lado, mostrarle a la sociedad que hemos logrado construir un movimiento que no tiene semejanza en la historia de nuestro país. Es la primera vez que se puede consolidar un movimiento de estas características. Esperamos llegar con este mensaje a muchos lugares y también seguir fortaleciendo alianzas con otros sectores.
―¿Imaginaban en 2003 que les tomaría 7 años poder concretar el primer congreso? ¿O sienten que ese camino previo era necesario?
Montón.―Cuando comenzamos, incluso no imaginábamos llegar tan rápido. Lo que nos dirige siempre es la sabiduría campesina: los mejores caminos son siempre los más largos, los que dan más rodeos, los que nos permiten esquivar las sorpresas que siempre hay en el camino. Estamos acostumbrados a caminar lento y guardar las ansiedades, sabiendo que lo importante es llegar a paso firme; ha sido el proceso necesario. A partir de este congreso empieza una nueva etapa del movimiento. Creemos que estamos preparados para asumirla.
Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el desarrollo de conflictos por los bienes naturales en Argentina y el potencial de Internet para la distribución información.
http://www.autistici.org/f11/Raquel
Fuente: http://www.argenpress.info/ 09-09-2010
lento y guardar las ansiedades"" titulan Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)su entrevista a Diego Montón, miembro de la Secretaría Operativa del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)que del 10 al 14 de setiembre realizará su primer congreso nacional en la provincia de Buenos Aires
―¿Continúan siendo la soberanía alimentaria y la reforma agraria los pilares del movimiento?
Montón.―Hoy más que nunca. Debido a la crisis internacional, las trasnacionales han volcado sus capitales a inversiones que tienen que ver con el territorio, los bienes naturales y la producción de alimentos. Se pone en mayor riesgo la vida campesina e indígena, y la humanidad entera, ya que no miden consecuencias. La problemática del calentamiento global nos muestra como su ambición de lucro hace que pierdan de vista que está en peligro la vida del planeta. La soberanía alimentaria y la reforma agraria son dos pilares, dos ejes de lucha, que no deberían ser sólo de los movimientos campesinos, sino de toda la sociedad.
―¿Cómo alcanzar a una y otra?
Montón.―Tenemos que lograr que la tierra cumpla su función social, tener una democratización de la tierra. Por un lado, aumentar la masa organizada que pueda impulsar las reformas necesarias en los Estados, que en lugar de ejercer un equilibrio entre el capital y el pueblo, inclinan la balanza en favor del capital. Por otro lado, generar estrategias concretas para lograr políticas públicas que mejoren las condiciones para defender los territorios que ya tenemos y para que las familias campesinas-indígenas puedan acceder a la tierra y a otros recursos como el agua de riego y los bienes de producción.
Nos parece estratégica la conexión entre las organizaciones campesinas y urbanas para generar nuevos mecanismos de intercambio de productos: el mercado como un encuentro entre el campo y la ciudad en el cual los campesinos puedan acercar sus productos sin intermediarios y a un precio justo. Un punto clave es que el Estado comience a comprar producción campesina para todos los programas estatales: centros de asistencia en los barrios, comedores escolares...; eso dinamizaría enormemente al sector.
El camino más certero
―¿Cuál es el mecanismo de participación de las 20.000 familias que componen el MNCI? ¿En cada organización hay una forma particular de hacerlo o existe una política común?
Montón.―El movimiento tiene algunos principios: la democracia de base, la dirección colectiva, la división de tareas. Apuntamos a que no exista concentración de poder ni personas que tengan la posibilidad de caer en desvíos o actos de corrupción. Apuntamos a que en todas las instancias haya equidad de género, una paridad entre hombres y mujeres, y una fuerte participación de la juventud. Son familias o comunidades de base que están en un mismo territorio, que comparten la misma problemática e historia. Pueden ir de 10 a 100 familias dependiendo de la zona y densidad.
Luego están las centrales: grupos de base que se encuentran en una región más grande, que articulan la relación con las municipalidades y dinamizan los intercambios productivos. Depende de la provincia, 5 ó 6 centrales, en otras 12, se organizan en una coordinación provincial; el movimiento está en 10 provincias del país, empezándose a desarrollar en otros lugares. A nivel nacional tenemos un plenario trimestral. Ese plenario está organizado por áreas de trabajo: formación, producción y comercialización, salud, territorio y derechos humanos, y la secretaría operativa, que coordina la relación y las alianzas con otras organizaciones, con el Estado.
―¿Cómo revertir la expansión del monocultivo transgénico? ¿La ley de bosques es un camino? El ordenamiento territorial que prevé esa norma ya está generando profundos debates en cada provincia. Y los resultados no parecen ser los mejores...
Montón.―A la ley de bosques la tomábamos como una herramienta importante a la hora combatir la criminalización de la lucha campesina: le agregaba una legitimidad jurídica a muchas de las acciones que hemos venido haciendo para detener topadoras e incluso para denunciar las fumigaciones ilegales. Nos parecía que era un avance importante... A nivel nacional se pudo avanzar mucho, pero sabíamos que en las provincias iba a ser más complicado. Es en los parlamentos provinciales donde se expresa más fuerte el poder de los agronegocios. Lo importante es que el tema se ha podido instalar. La sociedad está discutiendo y está al tanto de los males que acarrea el monocultivo, las semillas transgénicas y los agrotóxicos. El camino más certero continúa siendo la organización, trabajar la conciencia y la información.
Que no existan territorios abandonados sin producir
―Con la agricultura dominada por las grandes empresas trasnacionales, ¿piensan que una intervención más activa desde el consumo podría aportar en la construcción de la soberanía alimentaria?
Montón.―Mientras más posibilidades tengamos de desarrollar ferias y mercados campesinos en todos los pueblos del interior y, en un segundo punto, en las grandes las ciudades, podremos trabajar la organización de consumidores en dos planos: en los barrios populares, a los cuales podemos llegar con el mensaje de la necesidad de la organización y la lucha por una alimentación digna; y penetrar en las capas medias e instalar la discusión sobre qué es lo que consumimos, de dónde proviene y cómo está elaborado. Esas capas van a ayudar a impulsar otro modelo de agricultura.
―También afirman que la tierra y los bienes naturales deben ser regulados según su función social, ecológica y económica, ¿en qué consistiría esta regulación?
Montón.―Esos bienes no pueden ser considerados una mercancía, no pueden quedar a la regulación de un libre mercado, que tampoco es tal. Debe definirse el uso del territorio en función de un modelo de desarrollo con justicia social, un control social desde las organizaciones populares, incluso desde la construcción de Estados nacionales soberanos. Por lo tanto, la producción y el uso del territorio tienen que cumplir ese objetivo acompañados de una función ecológica: que las actividades no provoquen daños irreversibles en la naturaleza. También hablamos de una función económica: que no existan territorios abandonados sin producir mientras otros sectores de la sociedad estén necesitando trabajo y alimentos.
Nada por ganar
―Señalan que las empresas mineras se están instalando en los territorios campesinos e indígenas dañando el agua, el aire y el suelo, ¿a qué proyectos extractivos en particular hacen mención?
Montón.―En Mendoza una ley provincial prohíbe el uso de cianuro, sin embargo, la empresa Vale está extrayendo potasio. Va a dejar 200 hectáreas con una capa de más de un metro de sales, lo cual va a perjudicar enormente las napas subterráneas. Después está la Barrick Gold, una trasnacional que en toda la cordillera viene desarrollando emprendimientos con métodos que han sido prohibidos en Europa, los que les dejan mayores márgenes de ganancia y rentabilidad a costa de la contaminación, devastando cerros, hipotecando no solamente el presente, sino las posibilidades de desarrollo del futuro. Y con unas regalías muy por debajo de lo que sería justo: están dejando un 3%... Todo lo que tenemos es perder y nada por ganar.
¿Existen familias campesinas que se hayan visto despojadas de sus tierras por el avance de la actividad extractiva?
Montón.―Conocemos casos en San Juan y Catamarca: se secaron todos los arroyos que las abastecían de agua y, por lo tanto, tuvieron que irse. Las mineras, además de contaminar, consumen muchísima agua, porque el proceso de transporte y extracción del mineral lo hacen con agua. Esa agua no les va llegando a las comunidades que viven río abajo y eso ha generado que se tengan que ir de sus lugares. El río San Juan, sobre el cual se han construido dos diques para abastecer a las mineras, en su descarga terminaba abasteciendo a 11 comunidades en el llano. Ese río está prácticamente seco y 600 familias están muy complicadas con el agua para el consumo y la vida de los animales.
La alternativa más progresista
―¿Tienen como objetivo a largo plazo la participación directa dentro del Estado?
Montón.―Los movimientos sociales somos los encargados de impulsar una agenda desde la participación y no debemos involucrarnos directamente en la dinámica de los Estados y los gobiernos, para no caer en la trampa de la gobernabilidad y las contradicciones que eso depara. Deberán consolidarse partidos progresistas que asuman esa tarea.
―Ven en algunos logros parlamentarios de este gobierno ―estatización de las AFJP, ley de medios, Asignación Universal por Hijo―, incluso en el debate sobre las retenciones a las exportaciones de soja, un éxito alcanzado por las fuerzas políticas populares. ¿Creen que algo de esto se hubiera logrado sin el kirchnerismo? ¿Qué perspectivas ven para los próximos años, puesto que, según la oposición, los Kirchner tendrían los días contados al frente del Ejecutivo?
Montón.―Hay que resaltar la importancia de la resistencia popular a lo que fue el neoliberalismo, el saqueo y la devastación del Estado. Las organizaciones populares generaron condiciones para revertir esa etapa, en conjunto con una crisis internacional que de alguna manera habilitó un frente a la ofensiva del imperialismo. Los movimientos no estábamos preparados para asumir una propuesta de gobierno; entonces, el sector que mejor interpretó el momento fue el kirchnerismo, que de alguna manera leyó cuáles eran los pasos que debía dar para construir gobernabilidad. Hoy no hay otro grupo político que tenga reales posibilidades de acceder al poder y mantenerse como lo ha hecho el gobierno actual. Las alternativas, o plantean claramente un retroceso, o tienen un discurso progresista pero una práctica contradictoria, enredada en una táctica electoral que no ha mostrado una ética diferente. El kirchnerismo sigue siendo la alternativa más progresista para asumir en el gobierno, pero ese no debe ser el techo. Debemos ir construyendo una alternativa superadora.
Una gran contraofensiva del imperialismo
―Hablan de una nueva época latinoamericana con gobiernos dando pasos a favor de reformas agrarias y la soberanía alimentaria. En el Cono Sur, ¿de qué gobiernos estaríamos hablando? ¿No creen que ha perdido algo de fuerza en la región esta visión de los primeros mandatarios construyendo políticas junto a los movimientos sociales?
Montón.―Vemos una gran contraofensiva del imperialismo y de la derecha que tiene que ver con reacomodamientos de las fuerzas globales. Estados Unidos otra vez ha prestado atención a su patio trasero, que es Latinoamérica, y eso se vio en acciones concretas como las bases militares en Colombia y el golpe en Honduras, señales claras de que van a retomar su intento de controlar la región. Como contraste, el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) es una esperanza que muestra un proyecto alternativo concreto. Más allá de la utopía que siempre nos ha movilizado, ahí tenemos un modelo al cual debemos fortalecer. Muchas de las contradicciones que veíamos en el ALBA, la propuesta de matriz energética, la agricultura industrial y la extracción intensiva, el gobierno de Bolivia las ha combatido fuertemente.
La Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) ha jugado un rol importante a la hora de algunos conflictos, como el golpe en Honduras o la masacre de Pando en Bolivia, que fortaleció al ALBA o, de alguna manera, lo protegió de la ofensiva imperial. Es una coyuntura muy compleja, no es fácil discernir cúal es el movimiento que hay que hacer. Pero no debemos simplificarlo, desde la autonomía de los movimientos sociales tenemos que presionar a los gobiernos a ir hacia medidas cada vez más progresistas. Vamos a ponerle mucha energía a la propuesta del ALBA de los movimientos que, justamente, tiene que ver con generar una instancia continental en la cual podamos impulsar políticas comunes desde una posición autónoma para no tener que hacernos cargo de las contradicciones que se dan en la relación diplomática.
Caminar lento y guardar las ansiedades
―¿Qué esperan de este primer congreso nacional del movimiento?
Montón.―Es la culminación de una larga etapa de trabajo en conjunto, de muchas victorias y momentos complicados. Por lo tanto, tiene un carácter de fiesta, de ratificar toda la construcción de ideología y acuerdos que hemos venido haciendo durante estos 7 años. Por otro lado, mostrarle a la sociedad que hemos logrado construir un movimiento que no tiene semejanza en la historia de nuestro país. Es la primera vez que se puede consolidar un movimiento de estas características. Esperamos llegar con este mensaje a muchos lugares y también seguir fortaleciendo alianzas con otros sectores.
―¿Imaginaban en 2003 que les tomaría 7 años poder concretar el primer congreso? ¿O sienten que ese camino previo era necesario?
Montón.―Cuando comenzamos, incluso no imaginábamos llegar tan rápido. Lo que nos dirige siempre es la sabiduría campesina: los mejores caminos son siempre los más largos, los que dan más rodeos, los que nos permiten esquivar las sorpresas que siempre hay en el camino. Estamos acostumbrados a caminar lento y guardar las ansiedades, sabiendo que lo importante es llegar a paso firme; ha sido el proceso necesario. A partir de este congreso empieza una nueva etapa del movimiento. Creemos que estamos preparados para asumirla.
Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el desarrollo de conflictos por los bienes naturales en Argentina y el potencial de Internet para la distribución información.
http://www.autistici.org/f11/Raquel
Fuente: http://www.argenpress.info/ 09-09-2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)