Un nuevo perfil para la deuda pública argentina
Por: Eduardo Lucita (LA ARENA)
Un reciente informe del Ministerio de Economía da cuenta del estado de la deuda pública nacional luego del último canje. Hay cambios en la composición de la misma pero todavía las erogaciones son importantes, insumen nada menos que el 36.5% de los gastos presupuestados para el año entrante.
En un reciente Seminario organizado por el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cartm) hubo oportunidad de analizar en detalle la de nuestro país. En el seminario hemos sostenido que las variaciones en la deuda argentina responden a etapas en el régimen de acumulación a escala mundial, que adquirió ritmos propios en cada país latinoamericano. Con cada régimen de acumulación se verifican cambios en el contenido, la composición, los tenedores de la deuda y el impacto de la misma sobre algunos indicadores macroeconómicos. Siguiendo la evolución de estos más de 30 años se puede apreciar como el FMI va dejando lugar primero a la Banca Comercial y luego a los Fondos de Inversión y de Pensión, este cambio se materializa con el Plan Brady, que inició la emisión de deuda. Antes el país no emitía bonos sino que tomaba préstamos, todo era más controlable y transparente.
La deuda era mayoritariamente externa y emitida en moneda extranjera. Esto cambió con el fin del modelo de valorización financiera y el inicio a partir de 2003 de una suerte de "neodesarrollismo". Con la reestructuración del 2005 (completada con los pagos al FMI con reservas y la reapertura del canje a principios de este año), se acentúan estos cambios que incluyen también un mayor peso de la deuda interna. No es un fenómeno sólo local. La deuda interna esta mucho menos estudiada que la externa, pero se conoce que creció mucho en todos los países en los últimos años, en América latina es el caso de Colombia, Brasil y México.
Reestructuración productiva
El golpe militar de 1976 en Argentina coincidió con el cierre de un ciclo económico a nivel mundial, que en América latina conocemos como de "sustitución de importaciones". Se inicia otro ciclo en que el capital reestructura sus espacios productivos y de servicios bajo la hegemonía del capital financiero, que no encontraba donde invertir en el sector productivo a tasas que le garantizaran la reproducción del capital. El endeudamiento forzado de nuestros países fue así una fuente de colocación de estos excedentes financieros.
Cuando la dictadura militar usurpó el gobierno de nuestro país la deuda externa era del orden de los 8000 millones de dólares. Siete años después el gobierno elegido por el voto popular encontró un país cuya deuda alcanzaba a los 45.000 millones.
En cada país el endeudamiento tomó formas propias, aquí tuvo que ver con la Reforma Financiera, que facilitaba la fuga de capitales; el alza de tasas y la tablita cambiaria para atraer capitales especulativos y la Resolución 6 de rebaja de aranceles y apertura de la economía. La contrapartida: obligaron a las empresas estatales a endeudarse sin necesidad, los dólares que ingresaron ayudaron a financiar la fuga de capitales (entre 1978 y 1981 + de 38.000 millones) y balancear las cuentas externas. Por si fuera poco también se endeudaron las empresas privadas (14.000 millones) este endeudamiento no fue para inversiones productivas o financiar capital de trabajo, sino para colocaciones en el exterior. Finalmente las deudas privadas fueron estatizadas. El círculo estaba cerrado con 37.000 millones de nueva deuda. El origen de la deuda permite encuadrarla en la figura de "Deuda Odiosa" para la cual hay jurisprudencia internacional.
Mecanismos de endeudamiento
En el inicio de los años '80 en América latina comienza a insinuarse la crisis de la deuda que estalló primero en México, luego Brasil y posteriormente Argentina que dijeron ya no estaban en condiciones de seguir pagando. En Argentina se dio una moratoria de hecho, no se la declaró pero desde 1988 hasta 1992 no hubo pagos ni refinanciaciones. Esta situación dio lugar a una política de Estado de los EEUU, los llamados Ajustes Estructurales, que mas adelante tomarían forma definitiva con el Consenso de Washington.
Primero fue el Plan Baker cuyo objetivo era salvar a la banca comercial -que recuperara el capital prestado- mediante mecanismos de capitalización de deuda vía la privatización generalizada de las empresas y servicios del Estado. Estas reformas, llamadas de primera generación, avanzaron muy lentamente tanto por las resistencias de los gobiernos como de de las propias empresas estatales. Por lo que el imperialismo recurrió al llamado Plan Brady, que es el inicio del endeudamiento con bonos para financiar déficits fiscales y como contrapartida avanzar en reformas estructurales.
Esta vez los actores principales no fueron los organismos financieros internacionales ni los bancos comerciales sino los Fondos de Inversión y de Pensión, que pasaron a ser los grandes financistas de la región. En nuestro país siguen luego el Megacanje y el Blindaje. Se imponía así la titularización y la dispersión de la deuda en miles de bonistas y una cantidad enorme de bonos con distintas características y condiciones.
Nuevo perfil del endeudamiento
La crisis del 2001 lleva a una suspensión unilateral de los pagos, que duró 38 meses, y a la reestructuración de la deuda. De acuerdo al informe del Ministerio de Economía al 30.06 de este año, luego de la reapertura del canje la deuda alcanza a los 156.691 millones de dólares la relación Deuda/PBI es ahora del 48.6 por ciento. En esta mejora sustancial inciden los pagos realizados en el período, 40.000 millones; el fuerte crecimiento del PBI y la apreciación del peso frente al dólar y el euro.
Nótese la vitalidad de la economía argentina a pesar de su crisis pagó 40.000 millones desde el 2005 y del 2007 a la fecha fugaron 50.000 millones.
Sin embargo el peso de la deuda no se mide sólo en relación al PBI, sino también por su composición (duración promedio, tasa, moneda en que está emitida, interna o externa). La duración promedio de la deuda es ahora de 11.1 años y es conocido que las tasas mejoraron con el canje de 2005. El 42 por ciento de la deuda vigente está emitida en pesos (de estos el 61 por ciento es ajustable por CER) el 58 por ciento restante en otras monedas, mayoritariamente dólar pero también euro y yenes. Por otra parte el 49.8 por ciento del total es considerada deuda interna.
Nuevo acreedor
A partir de la nacionalización de las AFJP debe hacerse una nueva digresión. Del total de deuda interna, 78.000 millones, el 52.6 por ciento está en poder de tenedores privados, mayoritariamente bancos y en forma minoritaria ahorristas del corralito, víctimas del Terrorismo de Estado, jubilados que ganaron juicios, proveedores del Estado, el resto 47.4%, unos 37.000 millones, es intraestatal, entre el sector público (Anses, BCRA, Banco Nación). Este dato es importante porque la deuda al interior del sector público es una porción significativa (23.2 por ciento) de la deuda pública total que no es estrictamente exigible como la del sector privado, por lo tanto eventualmente reduce las necesidades de financiamiento.
Luces y sombras
Estos cambios en la composición de la deuda dan más flexibilidad al gobierno para manejarse con ella. Esto es lo que explica la tendencia general a la inversión en los mercados domésticos, porque sus pagos están en la coyuntura prácticamente garantizados. Es sobre esta base que el Banco Mundial sugirió a los gobiernos recurrir cada vez más al endeudamiento público interno, recomendando también a los inversores extranjeros que invirtieran en los mercados de deuda doméstica.
Sin embargo, los servicios de la deuda pública total (capital + intereses) siguen pesando significativamente en nuestra economía. Alcanzan a los 36.100 millones de dólares (27,300 de capital + 8.800 de intereses) para el 2011. Poco menos del 10 por ciento del PBI proyectado y un 36.5 por ciento de los gastos contemplados en el proyecto presupuesto 2011 elevado al Congreso. Este gasto es 7 veces lo asignado a educación y 20 veces la partida para salud.
El ciclo expansivo de la economía ha mejorado las cuentas públicas, a costa de mantener altos niveles de pobreza e indigencia, manteniendo postergados los sistemas de salud y educación; y poniendo en juego los fondos jubilatorios.
La suspensión unilateral de los pagos mientras se sustancie una auditoría de la deuda que determine la legitimidad o no de la misma, que es lo que debe pagarse y que no, sigue vigente. Recientemente se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de investigación de la deuda pública. Es un paso adelante.
Fuente:Argenpress.info/ 24-09-2010
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