El economista de izquierda Claudio Katz entrevistado por Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info) desarrolla su propuesta de una gran campaña entre los de abajo por establecer el monopolio estatal y por participación de los trabajadores en el control de las cadenas formadoras de los precios.
(…)CK: He visto muchos trabajos circulando en estos días, de muchos compañeros y de analistas que me perece que hacen muy bien en poner el acento ahí, en reconstituir el monopolio estatal del comercio exterior con alguna versión actualizada de la Junta Nacional de Granos o algún otro organismo, no importa tanto el nombre.
Así como Venezuela maneja la renta petrolera, Argentina necesita controlar la renta sojera. No puede ser que 10 grupos exportadores controlen el 80% de la cosecha y nos hagan este chantaje de exportadores y acopiadores que retienen la soja esperando una mayor devaluación. Hay que cortar por ahí y me parece muy bueno cómo se está empezando a discutir el tema.
Creo que hay que aplicarlo rápido, antes que el Banco Central se quede sin reservas. No es cuestión de andar pulseando con esto hasta abril, cuando nos quedemos con la mitad de las reservas que tenemos actualmente. Hay que aplicarlo efectivamente. Tiene que ser monopolio estatal del comercio exterior manejando toda la comercialización privada, no en paralelo con las cooperativas o los grupos exportadores. Lo más importante es que hay que aplicarlo bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad. No se puede repetir lo de YPF. No podemos expropiar un día y varios meses después pagarle U$S 5000 millones de indemnización. Si vamos por ese lado son medidas que terminan agravando el problema porque irritan a los poderosos y no despiertan la confianza popular, entonces estamos en el medio del escenario agravando una situación y sin resolverla.
Creo que hay que lanzarse urgente a una gran campaña por la nacionalización, por el monopolio estatal del comercio exterior y a partir de ahí ir al plan integral. Porque todo el mundo dice: ‘no se necesitan parches, hay que ir a un plan integral’, pero el problema es de qué tipo.
Que los empleados de comercio tengan inmunidad estatal para controlar la remarcación
El plan que necesitamos, arrancando por el control de las divisas, de los dólares del comercio exterior, tiene que ponerle un techo efectivo a este alocado aumento de los precios. Hay que ir a un control de precios real. Todos estos experimentos de precios cuidados, administrados, negociados, son vías por las que no vamos a ningún lado. Hay que hacer una fiscalización directa de los costos, de la comercialización y las formadoras de precios.
Creo que la novedad tiene que ser que los trabajadores tengan atribución para controlar directamente en las fábricas y en los puestos de comercialización. Una idea que escuché el otro día a un compañero y me pareció excelente: que los empleados de comercio tengan inmunidad estatal para controlar la remarcación. Cuando a un empleado de comercio de ordenan ‘remarque’, tenga la posibilidad de contestar: ‘Yo aquí estoy haciendo un acto que va contra la ley’. Tiene que tener la posibilidad de decir eso y hay que aplicar la Ley de Abastecimiento. No puede ser que las cadenas puedan hacer este chiste de dejar algunos precios formalmente controlados, en realidad de productos desabastecidos, mientras todo lo demás se dispara sin ningún control. Hay que aplicar la Ley de Abastecimiento y prohibir ese tipo de acciones y que no vengan con el cuento que es inviable, ineficaz y solo el mercado puede fijar los precios. Si es así nos vamos a morir de hambre porque lo va a hacer para favorecer a los grupos dominantes y la mayoría de la población va a volver a lo que hemos sufrido en 1975, 1989 y 2001 y no queremos.
Control real de precios y de cambio en serio. Hay una gran campaña contra el cepo cambiario, pero los que la hacen quieren liberar el mercado cambiario, una devaluación más grande. Que el dólar se vaya de $ 8 a $ 12 y quieren hacer un dólar financiero como ya hay varios que lo están pidiendo, completamente libre. Una devaluación que vaya marcando un ritmo que no sabemos en dónde termina.
La izquierda y los sectores progresistas no debemos temer al uso de la palabra control de cambios. Necesitamos un control y no la liberación y ese control tiene que ser en serio, transparente, priorizar el uso de las divisas en función de las necesidades del país y no el capricho irracional que ha imperado en los últimos meses donde se regalan divisas para cualquier cosa. Se derrochan en turismo, en pago de la deuda, en subsidios a los grupos económicos.
Entonces, monopolio del comercio exterior con control de precios y cambio y, obviamente, esto sólo es factible si el sistema bancario, por donde transita todo este proceso está controlado por el Estado. Si hay una banca nacionalizada que impida que los bancos hagan esta política dual de aceptar formalmente las regulaciones que emanan del Banco Central y, en los hechos, ser los artífices de todo el desmadre económico que ha comenzado.
Estamos en una situación muy seria, muy complicada, la Argentina es nuevamente el centro de la atención mundial, no casualmente el New York Times, el Wall Street Journal, los grandes grupos de presión están poniendo el foco. Leer
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Para discutir esta propuesta tengamos en cuenta al siguiente artículo:
Control de precios y capitalismo “razonable”
Por Rolando Astarita
Por estos días, en Argentina, circula la idea de que se puede frenar la inflación con un adecuado control de precios del Estado, ayudado por el pueblo. Con matices, la propuesta del control de precios es un común denominador de la izquierda local: partidarios del “socialismo de Estado”, nacionalistas de izquierda, sindicalistas progresistas, economistas de izquierda y toda clase de “amigos del pueblo” son entusiastas defensores de la idea. Algunos se consideran cercanos a Marx; otros, más prácticos, se inspiran en la experiencia chavista. Sin embargo, a todos los une la convicción de que es posible poner al Estado (¿y al gobierno?) al servicio del control de precios, y en un sentido beneficioso para los explotados y oprimidos. Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner también convocó a la tarea; y en la misma vena, los integrantes de la kirchnerista Carta Abierta se ofrecieron a ir a los supermercados, planilla en mano, a combatir a la antipatria. Podemos decir entonces que estamos ante un “frente de unidad de acción”, de hecho, para imponer el manejo de los precios y torcerle la mano a los “oligopolios y especuladores” (que son cipayos, para colmo). En todo esto subyacen ideas concatenadas. Así, se piensa que:
a) los precios son manejados a voluntad por un “puñado de formadores de precios”, los grandes grupos económicos concentrados;
b) de manera que la inflación y la devaluación es obra de esos grupos (el sistema capitalista no tiene que ver en esto);
c) pero, felizmente, el Estado (incluso cuando se admite su carácter capitalista) puede ubicarse por encima de las contradicciones de clase, a condición de que el pueblo “presione”;
d) de manera que los precios pueden manejarse convenientemente, siempre que exista la presión necesaria desde el polo Estado + pueblo;
e) además, dada la concentración de la economía, basta controlar al puñado de grandes grupos para acabar de raíz la inflación.
Los más optimistas agregan que con el control de precios, y algún otro control (del comercio exterior, por ejemplo) se podrían aumentar los salarios, sin que se escaparan el dólar ni la inflación, con lo que resultaría una economía que, si bien capitalista (no todo es perfecto en la vida), sería bastante aceptable para los asalariados.
Propuesta sin bases sólidas
El principal problema del programa anterior es que está en las nubes. Es la visión característica del pequeño burgués que sueña con un capitalismo “razonable” (cuya clave de bóveda son las ganancias “razonables”), en que los trabajadores, con un poco de presión, y la colaboración del Estado, no padezcan las calamidades que derivan de las contradicciones objetivas del actual modo de producción. Son varias las razones que llevan a concluir que esta propuesta es pura ilusión ideológica.
- En primer lugar, la tesis de que los precios son decididos a voluntad por un grupo de oligopolios no tiene sustento, ni empírico ni teórico (ver, por ejemplo, notas sobre la tesis del monopolio, aquí); no sucede a nivel mundial, y Argentina no sale de la regla.
- En segundo término, la explicación de la inflación argentina por acción de los oligopolios tampoco se sostiene (ver aquí y aquí).
- En tercer lugar, el Estado no está por encima de las clases sociales; y en los conflictos fundamentales se ubica decididamente del lado del capital. Más en particular, y como he explicado en la nota anterior (aquí), el objetivo de hacer competitivo al capitalismo argentino vía devaluación y caída del salario es compartido por prácticamente todos los capitales afectados a la producción de bienes transables, sin distinción de grandes, medianos o pequeños.
Todos ellos apuestan hoy a que los salarios aumenten por debajo de los precios y del dólar, de manera de consolidar una redistribución regresiva del ingreso, desde los asalariados al capital de conjunto. En esto el gobierno K no está solo, lo acompaña casi todo el arco burgués, incluida la burguesía “no monopolista, no especuladora”.
Por otra parte, están la historia y la evidencia empírica. Han habido muchas experiencias de controles de precios, y los resultados nunca fueron los que pretenden sus defensores. Al vuelo, cito algunos casos: el control de precios del franquismo, en España; el de Onganía, con su plan de estabilización; el de Nixon, en EEUU, en los años 1970; el de Perón en 1973-4. Y por estos días, en Venezuela. ¿Cuál ha dado resultado? Se puede admitir que por un lapso de tiempo los controles lograron, a veces, moderar la inflación, pero nunca torcieron la tendencia, que termina imponiéndose. Nótese también que los controles no son patrimonio exclusivo de gobiernos izquierdistas.
Pero además, los controles de precios no solucionan ningún problema que tenga que ver con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los capitales no invierten -y en tanto esté vigente el modo de producción capitalista, la inversión es decisión de los capitalistas-, el control de precios es impotente para revertir la situación. Lo sucedido en Argentina en la última década en energía o ferrocarriles, para tomar dos casos importantes, es ilustrativo. Más clara todavía es la experiencia en Venezuela, del capitalismo estatal dirigido por el chavismo (véase aquí, por ejemplo).
¿Colaboración de clases para un capitalismo “razonable”?
Sin embargo, y esto es lo más importante, la propuesta que estoy analizando sí tiene un sentido político e ideológico, y éste es negativo. Es que una vez aumentada la diferencia entre precios (y dólar) y salarios, los controles sirven para desactivar los reclamos sindicales e inducir a los explotados a “cooperar” con el Estado, el gobierno y el capitalismo “no cipayo, no monopólico, no especulador”. En las condiciones de dominio del sistema capitalista, llamar a los trabajadores a que pongan el hombro, es convocar a la colaboración de clases. Lamento que gente de izquierda, que incluso se considera marxista, esté embarcada en esta campaña.
Vinculado a lo anterior, y desde un punto de vista ideológico general, la propuesta también inculca la idea de que el sistema capitalista puede funcionar bajo una suerte de “control de los trabajadores”, provisto que estos ejerzan la conveniente presión. Estamos ante la ilusión de que los capitalistas “se van a portar bien” si están bajo la atenta vigilancia de activistas y militantes populares. Es la perspectiva de un capitalismo idílico, que nunca existió, ni puede existir. Subrayo: no puede existir porque en el sistema capitalista rige la propiedad privada. En tanto subsistan estas relaciones de producción –propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio- será imposible manejar los precios y el mercado. Los precios, en última instancia, son regidos por los tiempos de trabajo socialmente necesarios; no son una creación artificial. Al lector interesado en profundizar, le recomiendo leer el capítulo 1 de El Capital. Este texto es para pensar política sobre bases científicas, y poder ver por detrás del fetiche mercantil.
Por otra parte, en la medida en que las economías se hacen más complejas, en que aumenta la interdependencia, se pone más en claro que el control tiene patas extremadamente cortas. Para que esto no quede como afirmación dogmática, hagamos un sencillo ejercicio. Tomemos la idea, que se repite a cada rato, de que los precios deben establecerse según una ganancia “razonable” (expresión del ministro de Economía argentino; también del presidente Maduro).
Pero… ¿cuánto es “razonable”? ¿10%, 20%, 25%? ¿Cómo se calcula esa tasa de ganancia “razonable”? ¿Por qué del 20% y no del 10% o del 30%? Además, ¿es tasa de rentabilidad sobre capital invertido, o se calculan precios teniendo en cuenta los márgenes de venta? En cuanto al capital invertido, ¿cómo se lo calcula? ¿A costos de reposición, o a precios históricos? Además, ¿se tratará de una tasa de ganancia igual para todas las ramas, o habría diferenciaciones, según las perspectivas de crecimiento de las ramas? Dentro de las ramas, ¿las tasas de ganancia deberían ser iguales para todas las empresas, sin importar su productividad? ¿Y qué se hace con las que gozan de economías de escala? En lo que atañe a los salarios, ¿deben adecuarse de manera que todas las empresas tengan las mismas tasas de rentabilidad, o al revés, hay que partir de salarios iguales (digamos, para los trabajos simples) en todas las ramas? Pero en este último caso, las tasas de ganancia no podrían igualarse. Y si se decide por la primera opción, los salarios no pueden ser iguales. ¿Cómo se arreglan estos embrollos desde el Estado “popular capitalista”? Menudos problemas, pero hay más. Por caso, las amortizaciones; ¿las establecemos iguales para todos los capitales? ¿Y a qué tasa? ¿Hay que buscar una “razonable”? Por otra parte, ¿cuántos son los beneficios que se permiten redistribuir a los accionistas, y cuántos los que se reinvierten? ¿Cómo se establece esa división? ¿También tiene que ser “razonable”? ¿Es igual para todas las ramas?
Advirtamos que con esto sólo estamos en los inicios del asunto, porque también hay que determinar cuál es la tasa de interés “razonable” que deberán pagar las empresas por endeudarse (¿y cómo se diferenciarán estas tasas, si las tasas de ganancia no convergen?); y las tasas de interés “razonables” para los consumidores; así como las rentas inmobiliarias “razonables” (afectadas por locaciones desiguales); como las primas “razonables” para los seguros. Sin olvidarnos, por supuesto, del tipo de cambio “razonable”. Al respecto, ¿habrá que adecuarlo por tipo de producto, para que todo esté “razonablemente” parejo para el pueblo? Y no nos olvidemos de los impuestos internos, ni de las tarifas aduaneras, que también deberían ser adecuados, para que nada se salga del cuadro “razonabilidad”. Y la lista sigue: ¿cuáles son los márgenes “razonables” de los intermediarios comerciales? ¿De las comisiones de las agencias inmobiliarias? ¿Y las tarifas “razonables” por servicios de abogados, médicos, contadores, etc., etc.? ¿Y del sector financiero?
Sin embargo, alguien podría argumentar que, aun reconociendo las dificultades del asunto, si se establecieran los precios “razonables” de los “grandes formadores de precios”, todo lo demás se ajustaría por obra de los “mercados populares”, controlados por militantes populares, con la colaboración de capitalistas populares, bajo la supervisión del Estado popular y sus funcionarios populares. Claro que en ese hipotético caso habría que detectar a los “formadores de precios”. Y aquí se tropieza con la interdependencia entre las ramas. Para verlo, tomemos una matriz de insumo producto, conformada por 300 ramas, donde cada una provee insumos básicos (lo que los economistas llaman una matriz no descomponible). Esto es, la industria del petróleo, por caso, recibe insumos de las ramas del acero, de la de máquinas herramientas, del pan, del vestido y otros bienes de consumo (porque el petróleo contrata obreros), del gasoil; y a su vez, la industria del petróleo provee, directa o indirectamente, insumos a todas las demás. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo individualizar las, supongamos, 10 industrias formadoras de precios? Para bajarlo a tierra: cuando YPF, bajo control del Estado “nacional y popular”, aumenta las naftas un 40% en un año, ¿lo hace porque es formadora de precios, o porque los precios de los insumos se le imponen? La realidad es que en un sistema de interdependencia, cada empresa (y cada rama, en última instancia) de la matriz básica es “formadora” porque a su vez recibe precios “formados”.
Pero además, lo anterior todavía es estático, no es más que un “corte transversal”. El sistema capitalista es dinámico; constantemente están cambiando las productividades por sectores, las tecnologías, las necesidades; la competencia externa se hace sentir, las clases sociales son dinámicas, y también los conflictos. ¿Cómo se mantiene todo esto en un equilibrio que permita la reproducción de las razones cuantitativas “razonables” establecidas? ¿De qué manera los controles populares pueden operar sobre esto, en tanto las decisiones de inversión continúan en manos de los capitalistas? Claro que en el mundo del reformismo, el capitalismo con precios bajo control popular (y comercio exterior, tipo de cambio y bancos convenientemente vigilados), habrá eliminado la anarquía de la producción (¿o la ley del valor no impone una regulación anárquica?) y con ella, también las crisis. Es el sueño supremo. Como decía Marx, quieren eliminar los males del sistema, sin acabar con el sistema. Sobre esta tontería se construye toda la propuesta.
Superación del mercado, una cuestión social y política
Naturalmente, con esto no estoy diciendo que el mercado no se puede superar. El mercado se puede superar, pero ésta es una tarea histórica, que solo podrán acometer sociedades altamente evolucionadas, que hayan dejado muy atrás la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción. En tanto esto no suceda, el mercado no puede superarse. Incluso una revolución socialista, en la que los trabajadores efectivamente tengan poder, deberá avanzar muy lentamente en su ofensiva contra el mercado. No es una cuestión técnica; tampoco se trata de un obstáculo que se pueda saltar con “apoyo popular” o “movilización popular” en tanto estemos en los marcos del sistema capitalista. Ni siquiera el régimen de la URSS, con cientos de miles de empleados abocados a la planificación (burocrática), y estando la industria, el transporte, la banca, el comercio y buena parte de la producción agrícola nacionalizadas, pudo eludir los rigores de la ley del valor trabajo. ¿Cómo se puede sostener entonces que se pueden manejar los precios desde el Estado capitalista? Alguna vez Lenin dijo algo tan simple como fundamental: para controlar hay que tener poder. Si no tengo poder, no controlo. Los capitalistas controlan porque tienen poder económico, y ese poder económico se asienta en la propiedad privada. El Estado, en tanto subsista esa base, no puede no ser capitalista. Y el mercado no puede no responder a las leyes de la producción capitalista. No hay “control” popular por encima o por fuera de estas constricciones. Un análisis materialista tiene que empezar por la base. Son las contradicciones sociales las que mueven, en última instancia, a las clases sociales. Estamos en el ABC del marxismo.
Una vez más, repito lo que dije alguna vez en este blog: hay que aprender a luchar sin ilusiones (aquí). No se gana nada prometiendo paraísos que sólo existen en la imaginación. Aunque quienes prometen sean personas bienintencionadas y deseosas de ayudar a la humanidad. No es una cuestión de voluntad, sino de relaciones sociales objetivas.
Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/
