NO NOS PATENTEN LA VIDA
Una nueva amenaza de las
corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación
de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto
para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973)
que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su
versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última
revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un
fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio
global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del
extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la
desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa
estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas
forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al
patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de
América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años
por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto,
fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.
A pesar de la crisis económica y del
cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario-
continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino
impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el
complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los
productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica
superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En
tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva
devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la
crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso
inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las
funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se
profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las
corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo
agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de
sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para
corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de
la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques
nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos
problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones),
superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de
los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del
monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato).
Todo
ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de
la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías
regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida
comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en
busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los
cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los
cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el
gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con
la anuencia de gran parte de la oposición. Así , la institucionalización
progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA
2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste
en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos
(fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento
brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de
has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales
magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias
socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de
los modelos extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan cuenta de la
orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo
de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996
hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional
de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para
30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a
corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer,
AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el
total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el
principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las
aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin
controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio.
Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos
transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las
propias empresas.
En este contexto general, luego de
aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por
Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de
semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de
apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las
cadenas alimentarias.
El anteproyecto para reformar
la ley de semillas
El gobierno nacional y las
corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en
materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera
lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del
agronegocio para reformar la
antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el
fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de
las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad
intelectual.
En nuestro país contamos con dos
sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las
creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la
actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el
patentamiento de plantas.
Es importante destacar que los
Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado
que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que
descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el
agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la
libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.
Esto cambiaría sustancialmente en
caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo
encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se
vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre
almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e
intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en
el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone
la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el
intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así
como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se
adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento
de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones,
inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros
obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento
forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo
que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los
últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas.
Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre
empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a
desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB 4 resistente a la
sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional
del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo
directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo
Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho
evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación
y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad
intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es
importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura
hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla
y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético
mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como
consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del
productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se
impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose
que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes
de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial
eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por
las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las
empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las
variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en nuestro país
la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de
plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las
semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada
de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces
surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la
semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las
semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de
la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme
primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su
producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por
ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y
la agricultura familiar
Otra de las particularidades del
anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la
pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros,
minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos
visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el
punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de
manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El planteo de la
convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura
familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas
asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico.
Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para
modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la
“excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados
“agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias
empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin
tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del
Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa”
hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las
principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los
asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de
arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a
los principales actores a conformar una "Mesa de Diálogo" convocada
por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las
corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones
campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y
representantes de la
Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima
cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy
distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la
“pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la
imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es
la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.
Estos nuevos humores culturales que
circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas
organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la
agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los
agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año
como el “Año de la
Agricultura Familiar ” y que, repentinamente, haya reconocido
la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a
las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento
de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013).
Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del
capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante
entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos
de la Vía Campesina
denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial
del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la
expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del
pasado.
Estos mandatos internacionales se
articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que
rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA,
etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo
estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la
alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América
Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en
muchos países.
En definitiva, el avance de la
frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva
extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con
sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial,
profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la
devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación
urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos
forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros
mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de
construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles
consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta
a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas
centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no
convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica
fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron
el año pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón.
A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los
pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y
bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables
resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones
megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en
defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las
Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones
sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible
lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras
transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran
en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico
colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra
para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad
de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar
resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva
sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de
situación manifestamos:
- No a la privatización de las
semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de
saberes y culturas. La vida no se patenta.
- No al avance del agronegocio y en
particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus
versiones.
- No la tramposa operación política
desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el
agronegocio”.
- Nos pronunciamos por un modelo
alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación
urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima,
bosques artificiales y papeleras.
- Con transgénicos no hay Soberanía
Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el
repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la
recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los
pueblos.
- Por encima de cualquier ley estará
siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía
Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos
convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales,
campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para
desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir
el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos
en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de
discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.
Las adhesiones son recibidas en
Firmas:
Organizaciones y espacios:
Acción Reverdeciente
Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA
Cultivarte
Frente de Lucha por la Soberanía
Alimentaria Argentina :
Agrupación Visión Sostenible - CTA - Estudiantes Críticos en el
Frente Popular Darío Santillán - Fundación Che Pibe - Grupo de Reflexión Rural
(GRR) - Mishkila Alimentos - Red Tacurú – Sopita Ropita- Autoconvocadxs por la
libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria - Programa de Extensión
"Por una nueva economía, humana y sustentable" de la Carrera de
Comunicación Social (UNER) - Centro de Educación Agroecológico ASHPA de
Guernica - Proyecto Sur Pcia. de Bs.As. en Corriente Nacional Emancipación Sur
- La Usina Cultural
del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur- Sobre Rieles
UnLa - Los Pies en La Tierra - Oro del Inca Cooperativa - Reforestala "Proyecto
Compartir" - Colectivo desde el Pie - Bandera Negra UNQ.
Red Ecosocialista (MST+Independientes)
Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto
La Revolución de la Cuchara Argentina
Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta
iniciativa del EZLN)”
Individuales:
Nora Cortiñas - Mirta Baravalle - Félix Diaz - Miguel Teubal –
Norma Giarracca – Jorge E. Rulli – Jorge Falcone – Alejandro Bodart – Vilma
Ripoll – Laura Isod - Lucila Díaz Rönner – Patricia Langlais - Maristella
Svampa - Miguel Bonasso - Enrique Viale - Soledad
Barruti - Eduardo González.
Internacionales:
Raúl Prada
Alcoreza. Grupo Comuna, Bolivia.
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa